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El Fiscal General de los Estados Unidos William Barr junto a otros fiscales federales acusaron formalmente este jueves al presidente Nicolás Maduro y a otros 14 funcionarios venezolanos ​​de narcotráfico, corrupción y otros cargos penales.

Se indicó que Maduro y los funcionarios venezolanos de alto rango, tanto actuales como anteriores, se asociaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para «inundar» a los Estados Unidos de droga.

«El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción», dijo el Fiscal General Barr. “Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, causando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran las comunidades estadounidenses», añadió.

Se precisó que el anuncio de hoy busca erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a aquellos en los niveles más altos del gobierno.

«Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde Sudamérica ni promover sus esquemas criminales», añadieron.

Además de Maduro, entre los acusados figuran Diosdado Cabello; Hugo Armando Carvajal Barrios; Clíver Antonio Alcalá Cordones; Luciano Marín Arango; Seuxis Paucis Hernández Solarte; Vladimir Padrino López; Maikel José Moreno Pérez;  Tareck Zaidan El Aissami Maddah, entre otros.

Según lo anunciado, Maduro y los otros acusados ​​tenían la intención expresa de «inundar» los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar del país. Describieron que Maduro desplegó deliberadamente cocaína como arma.

Acusaron que durante la última década, funcionarios del gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente a Venezuela con miles de millones de dólares. “Con demasiada frecuencia, estos funcionarios corruptos y sus co-conspiradores han usado bancos e inmuebles del sur de la Florida para ocultar y perpetuar su actividad ilegal», dijo la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

Los fiscales indicaron que las acusaciones presentadas hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes del mundo de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la  justicia estadounidense. Precisaron que el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas continuarán protegiendo al pueblo estadounidense de los traficantes de drogas, sin importar quiénes sean o dónde vivan.

Derivado de las denuncias, el Departamento de Estado de EUA a través de su programa de recompensas de narcóticos, ofrece hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Maduro, y hasta 10 millones  y 5 millones respectivamente por información que conduzca al arresto y/o condena del resto de los funcionarios acusados.

En las denuncias se añade que en su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció envíos de toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de grado militar a las FARC; coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó asistencia de los líderes de las FARC para capacitar a un grupo de milicianos no autorizados que funcionaba, en esencia, como una unidad de las fuerzas armadas para el Cártel de Los Soles.

 

Familiares cercanos de Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rébsamen, serán los beneficiarios de la recompensa de 5 millones de pesos que la Procuraduría General de Justicia capitalina ofreció en abril pasado por la captura de ‘Miss Moni’.

Así lo confirmaron autoridades capitalinas, quienes dijeron que la información aportada por las personas cercanas a García Villegas fue lo que derivó en su aprehensión en un restaurante, el pasado sábado 11 de mayo.

Las autoridades explicaron que desde el 30 de abril, cuando se ofreció la recompensa de 5 millones de pesos por la captura de la directora, se intensificaron los llamados a la procuraduría capitalina de personas que decían saber su paradero.

Detallaron que entre las personas que se acercaron a la dependencia capitalina fueron algunos de sus vecinos y una expareja de la dueña del Rébsamen.

Sin embargo, precisaron que fueron los familiares cercanos a ella quienes verdaderamente aportaron los datos que llevaron a su detención en un restaurante Toks, ubicado en calzada de Tlalpan.

La clave llegó la mañana de aquel sábado cuando en un correo que llegó a la dependencia capitalina les dijeron que tenían información importante y de ahí se entabló el contacto para dar con ella.

De acuerdo con las autoridades, se pensó que se trataba de un llamado más, como los muchos que recibieron en donde les decían que ya casi “la ponían”, sobre todo porque los agentes de investigación acudieron a un Toks y no hallaron a la mujer.

Sin embargo, hubo insistencia y corrección de que no estaba en el lugar visitado por los policías sino en el ubicado en Tlalpan, casi esquina con eje 5 Sur, colonia Las Américas, con dirección al sur.

Fue entonces que se presentaron en el lugar y efectivamente descubrieron, en principio al padre de García Villegas, a quien también se tenía plenamente identificado.

“En principio no se identificó a la dueña del Rébsamen, tenía la fisonomía cambiada. Cabello teñido, lentes, estaba bien disfrazada”, dijeron, pero tras hablar con el padre, este les confirmó la identidad de la mujer.

La procuraduría capitalina afina el mecanismo para el pago de los 5 millones de pesos. Mediante una mesa de trabajo, encabezada por la subprocuradora Alicia Rosas Rubí, se analizan los detalles jurídicos de la entrega.

García Villegas fue aprehendida por policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México el sábado en un restaurante que se encuentra en la alcaldía Tlalpan.

‘Miss Mónica’ es acusada de la muerte de 26 personas -entre ellas 19 menores de edad- por el derrumbe del colegio Rébsamen.

El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy la apertura de un nuevo proceso criminal contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, al que responsabiliza del secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena.

 

En una rueda de prensa en la sede de la DEA, las autoridades estadounidenses también anunciaron la inclusión en la lista de fugitivos más buscados del FBI a Caro Quintero, apodado como «Narco de Narcos» y uno de los capos de la droga mexicanos más importantes en la década de 1980.

 

En su escrito de acusación, el Gobierno de Estados Unidos afirma que Caro Quintero sigue activo y lo acusa de delitos de narcotráfico entre 1980 y 2017.

 

 

Adicional, el Gobierno estadounidense incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI al líder del cartel de Sinaloa. Es la primera vez que un fugitivo de la DEA entra en esta lista.

 

La publicación señala que se ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por el mexicano.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensas de hasta un millón y medio de pesos por información que lleve a la aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio en contra de periodistas mexicanos que han sido asesinados en los últimos meses.

 

La dependencia oficializó el ofrecimiento a al publicar 6 acuerdos en el Diario Oficial de la Federación, mismas en las que se detalla que la recompensa será para quien o quienes «proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a la aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio contra los periodistas Cecilio Pineda Birto, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y Sonia Córdova Oceguera».

 

Aclaró que las gratificaciones serán definidas de manera proporcional con la veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de la información que llevé a la captura de los responsables.

 

La PGR detalló que los acuerdos entrarán en vigor el día de su suscripción (que se llevó a cabo el pasado 9 de junio) y dejará de surtir sus efectos en el momento en que hayan sido identificados, localizados, detenidos o aprehendidos los probables responsables de la comisión del delito.

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter

 

La agencia Bloomberg se pregunta la razón por la que apenas un pequeño numero de personas han pagado «la recompensa» que los hackers han pedido por su información tras el ataque cibernético global de la semana pasada.

 

Después de que el ransomware comenzó a infectar a los usuarios el viernes pasado, se les dio 72 horas para pagar $300 doláres en bitcoin, elegido por los hackers porque es una moneda criptográfica, misma que es más difícil de rastrear que los pagos convencionales o pagar el doble. Si se negaron a pagar después de siete días, su computadora estaría permanentemente bloqueada, un problema grave para aquellos que no han respaldado sus datos.

 

A principios de semana, sólo unos 50 mil dólares habían sido pagados en rescates, según Elliptic Enterprises Ltd., una compañía con sede en Londres que controla el uso ilícito de bitcoin. La compañía calculó el total basado en pagos rastreados a bitcoin con direcciones especificadas en las demandas de rescate.

 

«La cantidad es realmente baja», dijo Michela Menting, director de investigación de seguridad digital de ABI Research. «Esto es probablemente debido al hecho de que las organizaciones han iniciado sus procedimientos de copia de seguridad y recuperación.»

 

Por otra parte, para los que no guardaron sus datos en un respaldo, pagar un rescate no es como comprar algo de Amazon en donde introducen su información de tarjeta de crédito o de débito. A pesar de que los hackers proporcionan un vínculo útil para los nuevos usuarios que van a pagar en bitcoin, la moneda criptográfica es una caja negra para la mayoría de la gente.

 

«Si se le presenta algo que dice pagar esta cantidad en bitcoin, la mayoría de la gente no sabe por dónde empezar», dijo James Smith, CEO y cofundador de Elliptic.

 

Hay varios pasos. En primer lugar, una persona o empresa tiene que obtener los bitcoins por registrarse con uno de los diversos intercambios en línea y pasar por su proceso de verificación. Después de eso, el dinero puede ser depositado en el intercambio. Para aquellos que viven en países que no tienen un intercambio, incluyendo Reino Unido, el dinero debe convertirse en otra moneda.

 

Una vez que el dinero se deposita en el intercambio, los bitcoins se pueden enviar a la dirección proporcionada por el extorsionador. «Parece una larga y confusa serie de textos», dijo Smith. Después de que se paga la tarifa, los hackers supuestamente liberan el ordenador afectado.

 

«Una gran cantidad de bitcoin es en realidad una fuente rápidamente difícil», dijo Alex Sunnarborg, analista de la empresa de investigación de bitcoin CoinDesk, agregando que podría tomar unos días para crear una cuenta en una correduría (intercambio bitcoin), conectar a una cuenta bancaria, y luego recibir el bitcoin final.

 

Una diferencia de este ataque es que los hackers demandaron una cantidad relativamente pequeña de dinero, pero a un gran número de personas, dijo James Chappell, director de tecnología y cofundador de la compañía de seguridad de Estados Unidos, Digital Shadows.

 

Con mayor frecuencia, los piratas informáticos demandan un rescate de grandes cantidades para desbloquear todas las máquinas infectadas. «Muy a menudo están en los miles en lugar de los cientos de dólares», dijo. «Es inusual ver este enfoque fragmentario, computadora por computadora.»

 

Aunque es más difícil que el seguimiento de un pago bancario tradicional, la búsqueda de los pagos bitcoin será una forma clave para que las autoridades puedan localizar a los responsables. Es casi imposible saber quiénes los perpetradores, pues están escondidos en las direcciones bitcoin que dan a las víctimas, pero una vez que los bitcoins se mueven de esa dirección, se puede rastrear, potencialmente ayudando a conducir a los culpables.

«Hay cosas que puedes hacer para identificar a los actores detrás de direcciones o transacciones sospechosas», dice Kevin Beardsley, jefe de desarrollo de negocios de Elliptic, que también trabaja con la policía.

 

 

Con información de Bloomberg / Foto: Archivo APO