Tag

RECURSOS PÚBLICOS

Browsing

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, por unanimidad, que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral federal 2023-2024.

Según explicó el Tribuna, el asunto inició cuando el titular del Ejecutivo federal, durante su conferencia matutina del pasado 19 de abril, expresó su deseo de que la próxima legislatura se integre con una mayoría calificada de integrantes de su movimiento político, a la que denomina cuarta transformación.

Explicó que esto era crucial para contrarrestar una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que impidió la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Ante sus dichos, la dirigencia nacional del PRD presentó una queja contra el presidente y el director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), entre otros, alegando que las expresiones infringieron los principios rectores del proceso electoral y representaban un uso indebido de recursos públicos.

La Sala Regional Especializada determinó que dichas expresiones vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral federal, y que constituyeron un uso indebido de recursos públicos, porque las expresiones pedían el voto a favor de las candidaturas de su movimiento y, para su realización y difusión, se emplearon recursos del Estado.

Las personas denunciadas no estuvieron de acuerdo con esa decisión y acudieron ante la Sala Superior.

Sin embargo, a propuesta de la magistrada Janine Otálora Malassis, el Pleno confirmó la sentencia cuestionada. Se razonó, principalmente, que la Sala Especializada es competente y fundamentó y motivó debidamente su determinación.

Se determinó que las expresiones denunciadas no están amparadas por la libertad de expresión y afectaban negativamente la imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso electoral federal 2023-2024.

La representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), presentó una denuncia en contra del consejero presidente, Lorenzo Córdova, y al coordinador de Comunicación Social, por el uso indebido de recursos públicos, al haber ordenado levantar encuestas que sirvieron de promoción personalizada.

Mario Rafael Llergo, representante de Morena ante el INE, acusó al área de Comunicación Social del Instituto de haber “instruido levantar encuestas para conocer la opinión del pueblo sobre la Reforma Electoral y sobre la imagen del consejero presidente, violando con ello, los principios de transparencia, economía y otros de la función electoral”.

“Por ello, solicitamos al Órgano Interno de Control del INE que investigue y en su caso, determine faltas administrativas graves en contra de Córdova y su coordinador de Comunicación Social”, señaló el morenista.

Y es que Mario Rafael Llergo dio a conocer extractos de los sondeos que el Instituto ha mandado realizar, en abril y septiembre de este año, en los que se observa que se ha medido el conocimiento de la imagen del consejero presidente, Lorenzo Córdova.

“Dice Córdova que sus encuestas son para evaluar su estrategia de comunicación social. Entonces, ¿por qué utilizó recursos públicos para medir si el Pueblo lo conoce o no? ¿Se prepara para el 2024?”, cuestionó el también diputado.

Señaló que, a pesar de que el ejercicio fue para evaluar el trabajo del INE y en el caso del primer levantamiento, para medir la consulta de revocación de mandato, se midió la aprobación del presidente López Obrador.

Lo que destacaron, fue que se consulta si conocen o no a Lorenzo Córdova.

“En democracia, cualquier mexicano puede aspirar legítimamente a un encargo público, pero ¿Por qué se mide con recursos públicos? ¿Estamos ante un vulgar caso de culto a la personalidad o cómo beneficia al Pueblo esta información?” sostuvo Mario Rafael Llergo.

Al conocerse la información, Euripides Flores, representante suplente de Morena ante el INE preguntó en redes sociales si Lorenzo Córdova se alista para encabezar la oposición ahora que termina su gestión como consejero presidente.

La representación de Morena también cuestionó que, en medio de las fuertes críticas que pesan sobre el ocultamiento de las encuestas y la medición de su imagen, el consejero presidente prefiere salir del país a recibir un reconocimiento en Costa Rica.

Rubén Álvarez, coordinador de Comunicación Social del INE, respondió a los señalamientos hechos por Morena, asegurando que el objetivo de los  ejercicios era evaluar la imagen y la percepción de la ciudadanía sobre el Instituto, sus funciones, el cumplimiento de sus objetivos y, a partir de estos estudios, evaluar y definir las estrategias de comunicación y difusión.

Defendió que en ese sentido era importante conocer la forma en que es percibida la persona titular del INE, ya que “quien preside o encabeza una institución es quien tiene a su cargo funciones de representación en diversos espacios institucionales (dentro y fuera del país), de vocería en materia de comunicación (aunque no sea la única) y de toma de decisiones al interior de la institución, entre otras funciones”.

El funcionario sostuvo que con la información que se obtuvo de las encuestas, no se implementó ninguna medida que pudiera implicar, sugerir o evidenciar promoción personalizada. Además, reiteró en que Lorenzo Córdova ha manifestado que no busca “candidatura alguna de elección popular, incluyendo la presidencial, para el 2024″.

El auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, entregó ayer a la Cámara de Diputados el tercer y último paquete de informes de las auditorías a la Cuenta Pública 2017, en el que reportó irregularidades y observaciones pendientes de aclarar por un monto de 68 mil 136 millones 500 mil pesos.

Este monto, acumulado a los 11 mil 706 millones sin aclarar que se reportaron en la segunda entrega, en octubre pasado, más los 7 mil 700 millones de la primera entrega en junio, acumulan pérdidas por un total de 87 mil 542 millones de pesos en 2017.

Colmenares Páramo informó también a los legisladores que de las últimas 653 auditorías logró recuperar 131 mil 09 millones de pesos, y de las mil 675 de todo el año se recuperaron 147 mil 334 millones.

Detalló que sólo de marzo pasado –cuando asumió la titularidad de la ASF– a la fecha, presentó ya 54 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, “derivado de las revisiones de ejercicios anteriores, y estamos en un proceso de revisión de lo atrasado con la Fiscalía General de la República, para el seguimiento, coadyuvancia y presentación de las denuncias de hechos”.

En su informe resaltó que de las auditorías realizadas al gasto público ejercido en ese año “el gasto promedio anual por niño atendido en las 9 mil 399 estancias infantiles en 2017 de Sedesol fue de 11 mil 500 pesos, esto es de 958 pesos mensuales. Cabe mencionar que tanto el IMSS como el ISSSTE tienen un servicio de guardería que atiende a hijos de derechohabientes”, observó.

El auditor informó también que, sobre la entrega de recursos federales a los municipios, “14 estados tuvieron observaciones, al no entregar a los municipios las participaciones que por Ley les corresponden. Debido a esta irregularidad se observó un monto de 429.4 millones de pesos. Además, 27 estados tuvieron retrasos en la entrega de las participaciones a los municipios, lo que generó rendimientos financieros por un importe de 81 millones de pesos, los cuales no habían sido pagados a los municipios”.

Luego de que el PAN denunciara a diversos funcionarios de Chihuahua y al candidato presidencial José Antonio Meade, por el uso de recursos públicos y vulneración a los principios de imparcialidad y equidad, la sala especializada del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) resolvió que los servidores públicos violaron la ley.

Todo se derivó de la asistencia en días y horas hábiles a diversos actos proselitistas a favor del entonces precandidato del PRI-PVEM-PANAL, realizadas el 8 de febrero; además se denunció al PRI por faltar a su deber de cuidado.

La Sala Especializada resolvió que los servidores públicos incumplieron el artículo 134 al hacer uso indebido de recursos públicos vulnerando los principios de imparcialidad y equidad, por haber asistido en un día hábil a una reunión con militantes, ya que se trató de un evento proselitista.

En consecuencia, se ordenó dar vista a las autoridades competentes para que procedan como en derecho corresponda.

Asimismo, determinó que las senadoras Graciela Ortiz González y Lilia Guadalupe Merodio Reza aun cuando asistieron al evento no vulneraron la norma porque en la fecha referida el Senado les había autorizado una licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Finalmente, se resolvió que el PRI no incumplió con su deber de cuidado, porque los partidos políticos no tienen responsabilidad sobre los servidores públicos que deciden asistir a los eventos que se realizan.

 

Esta tarde se llevó a cabo la firma de la Declaración por la democracia y la legalidad para el Proceso Electoral 2018, entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), el Instituto Nacional Electoral (INE), y la  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de cara a las elecciones del próximo 1 de julio.

 

 

En su calidad de presidente de la CONAGO, Arturo Núñez, gobernador de Tabasco, indicó que quienes gobiernan las diversas entidades del país están obligados a garantizar el uso responsable e imparcial de los recursos públicos que administran, sobre todo en lo relativo al manejo de los programas sociales.

 

Pidió a sus homólogos no caer en la tentación de intervenir en las elecciones mediante el uso ilícito de recursos públicos, pues dijo, es la ciudadanía la gran protagonista de la democracia, y son los ciudadanos quienes tienen el derecho y la obligación de sufragar para elegir a sus gobernantes.

 

Nuñez añadió que los aspirantes deben comprometerse a no poner en riesgo la unidad nacional debido a sus diferencias. “Hemos ido fortaleciendo la conciencia de que ningún triunfo o derrota electoral es para siempre y de que en la competencia política ni se gana ni se pierde todo en unos comicios”.

 

Por su parte el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que con la firma de la declaratoria, se sintetiza un compromiso de los jefes de la administración pública de cada entidad para que la elección más grande de nuestra historia democrática se desarrolle al margen de influencias indebidas que alteren la equidad e imparcialidad.

 

Dijo que la mejor forma de que las elecciones cumplan con su función civilizatoria es que todos, autoridades, partidos, candidatos, coaliciones, aspirantes independientes y gobiernos, cumplan el rol que les toca en la recreación de la vida democrática.

 

Con información de Reforma / Foto. Twitter

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por mayoría de votos la resolución de la Sala Regional Especializada (SRE) que señala inexistentes actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y violación a las reglas sobre rendición de informes de labores por parte de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

 

El procedimiento sancionador derivó de la queja presentada por el PAN, en la que señalaba la difusión de un video sobre la aspiración de Rodríguez Calderón de ser candidato independiente a la Presidencia de República, trasmitido a través de la red social Facebook, en el cual se utilizó la frase “Aquí y Ahora”, misma que se empleó en diversos mensajes de propaganda gubernamental y en relación a su segundo informe de labores.

 

En la misma queja, el PAN denunció utilización de recursos públicos para difusión de propaganda sobre la aspiración a la candidatura en las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, de Nuevo León.

 

La SRE determinó que no existieron las infracciones alegadas, ya que, en los mensajes denunciados, las palabras “Aquí y Ahora” fueron utilizadas solamente en dos ocasiones, por lo que resultaría desproporcionado determinar que su uso genera un posicionamiento ante el electorado a Rodríguez Calderón, a pesar de que fueron empleadas previamente en la propaganda del Gobierno de Nuevo León.

 

El PAN impugnó esta conclusión ante la Sala Superior, alegando que la resolución de la SRE no está debidamente motivada. Al resolver el SUP-REP-8/2018, el Pleno de la Sala Superior señaló que contrario a lo que afirmó el PAN, la SRE sí plasmó claramente las consideraciones que estimó pertinentes para justificar la decisión que adoptó.

 

Por tanto, la mayoría del Pleno estimó que, al margen de que tales apreciaciones sean correctas o no, lo cierto es que, no existió la violación alegada por el inconforme, esto es, la ausencia de motivación en algunos aspectos y la indebida motivación en otros.

 

Respecto a la difusión de propaganda en las pantallas del Sistema de Transporte Colectivo de Nuevo León, pues el espacio publicitario fue concesionado a un tercero, con quien el denunciado celebró un contrato de prestación de servicios, por lo que el uso de las pantallas fue producto de una operación mercantil que no puede considerarse utilización de recursos públicos.

 

Un grupo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles afirmaron que el conflicto entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en torno al pago de tres convenios por 780 millones de pesos “ha puesto en el debate nacional una de las causas más importantes de la corrupción en el sector público: la discrecionalidad en el ejercicio del gasto por parte de la autoridad hacendaria”.

 

Asociaciones como Causa en común, Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Primero, México, ¿cómo vamos?, México Evalúa, entre otras, reiteraron que “esta es una oportunidad para exigir un cambio profundo en los mecanismos de asignación y control sobre el gasto público”.

 

Señalaron que la Secretaria de Hacienda tiene la capacidad para aprobar una gran cantidad de recursos adicionales y modificar los presupuestos aprobados y asignados, mediante el Ramo 23 (Previsiones Salariales y Económicas) y a través de las adecuaciones presupuestales. Por lo que dichos mecanismos colocan a la SHCP en una “posición de poder y privilegio, desde la que puede usar políticamente los recursos públicos de manera unilateral y arbitraria para premiar o castigar a los aliados o adversarios del gobierno en turno”.

 

Las asociaciones indicaron que es necesario abrir un debate sobre las reformas legales necesarias que frenen el “uso discrecional, político y electoral del presupuesto. A ese efecto exhortamos a los legisladores a convocar al Secretario de Hacienda a una comparecencia con el fin de explicar los detalles del uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23”.