Ana Paula Ordorica
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53% de los mexicanos considera que es necesario un cambio de rumbo en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene un nivel de aprobación del 60%, según reveló este martes una encuesta del diario Reforma.

Seis de cada 10 mexicanos aprobaron “la forma como López Obrador está haciendo su trabajo como presidente” durante agosto, la misma proporción que la última medición del diario en mayo pasado.

En cambio, el 38% de la ciudadanía desaprobó su gestión, un punto porcentual menos que en el sondeo anterior.

https://twitter.com/Reforma/status/1696594817239880102

La encuesta mostró que dos tercios de los mexicanos, el 67%, cree que la inseguridad “es el principal problema que hay en el país hoy en día”, nueve puntos porcentuales más que el 58% registrado en la medición anterior.

Esto refleja que pese a los informes que el gobierno presenta y en los que se basa para decir que la inseguridad y violencia han cedido, la ciudadanía percibe otra cosa. Apenas ayer, el presidente calificó los recientes actos de violencia en Michoacán como actos de propaganda.

El 10% de los encuestados por Reforma consideró la corrupción como el mayor problema de México; el 7% señaló la economía; el 3 % el desempleo y el 1% la pobreza.

Además, más de la mitad de los mexicanos, el 53%, considera que “es necesario un cambio de rumbo”, mientras que 44% piensa que “es mejor que continúen las cosas como van”.

La encuesta se publica a días de que se definan los candidatos presidenciales para las elecciones de 2024.

El partido de López Obrador, Morena, definirá su candidatura presidencial el próximo 6 de septiembre, mientras que el frente opositor lo hará el 3 de septiembre.

En ese sentido, el 52% de los encuestados opinaron que están a favor de que el mandatario opine sobre las elecciones, y el 38% se mostraron en contra.

El 56% de ellos dijeron que están en contra de que el presidente ataque a candidatos de oposición, y solo 32% se mostró a favor.

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Presentan reforma constitucional para evitar empalme de Legislaturas

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, suscribió, junto con el senador Eduardo Ramírez, una iniciativa de reforma constitucional para evitar que entren en funciones de manera simultánea dos Legislaturas.

Los legisladores explicaron que la propuesta busca reformar el artículo 65 de la Constitución para establecer el 1 de septiembre como la fecha de instalación del Congreso General.

Señalaron que, a través de la reforma electoral de 2014, se adelantó, sin argumentos suficientes, el inicio del periodo de sesiones por un mes en el año en que inicia su encargo el Presidente de la República, a pesar de las profundas implicaciones que esto tendría en la agenda legislativa.

“La duración de los periodos legislativos no debería estar vinculada a la sincronización de los ciclos electorales y presidenciales, sino más bien a una duración uniforme que permita una planificación efectiva, una toma de decisiones informada y una representación equitativa”, detallaron.

En el documento se advierte que, ante el riesgo de socavar la independencia y el papel del Congreso de la Unión como órgano de representación popular, se tiene la necesidad de restaurar el texto original de la Constitución y dar certeza al inicio del primer periodo de sesiones ordinaras el 1 de septiembre de 2024, y así sucesivamente.

Se hace referencia a que la reforma de 2014 introdujo una variación injustificada a la duración en el ejercicio del cargo de las y los diputados federales, en tanto que su responsabilidad duraría 37 meses en relación con el inicio del periodo del Ejecutivo federal.

“Si su elección coincide con el año en el que inicia el periodo constitucional del Presidente de la República, su encargo duraría 37 meses, pero en el año en el que no coincidieran, las y los diputados electos durarían 35 meses en el cargo, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 51 constitucional”, explica la iniciativa.

Y es que recordemos que la reforma de 2014 refiere que el nuevo Congres, que emane de los resultados de las elecciones federales de2024, deberá entrar en funciones el 1 de agosto; los actuales diputados y senadores rindieron protesta para un periodo constitucional que concluirá el 31 de agosto del 2024.

Considerando eso, sería un mes en que habría dos Congresos, lo que se busca eliminar con la iniciativa que se presentó.

En ese sentido, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), Mier Velazco, había adelantado que la iniciativa contaría con el respaldo de la mayoría.

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Cualquier reforma debe garantizar independencia, dicen ministros de la Corte a Diputados

Tal como lo había adelantado el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, el ministro Javier Laynez Potisek recibió las conclusiones del conversatorio de participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación, que organizó el partido del presidente López Obrador.

Laynez Potisek acudió acompañado de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, y ante la presencia de las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (JUCOPO), se comprometió a presentar el informe ante Pleno de la Corte.

El ministro Laynez Potisek hizo un llamado a que cuando se hable del Poder Judicial de la Federación, no se piense en las y los once ministros, sino en los más de 45 mil servidores públicos, entre personal administrativo y jurisdiccional.

“No somos los 11 de Pino Suárez dos, somos más de 45 mil servidores públicos, actuarios, notificadores, secretarias, secretarios de estudio y cuenta, desde luego juezas y jueces, magistradas y magistrados”, dijo el ministro al recordar que “las decisiones que ellos toman en sus circuitos, y se los digo cuando voy, muchas veces son mucho más importantes que las que toma la Suprema Corte”.

Laynez Potisek afirmó que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo y Ejecutivo tienen una asignatura pendiente: el mejoramiento y fortalecimiento de la justicia local, pues apuntó, “es la puerta de entrada del ciudadano a la justicia”.

La ministra Esquivel Mossa destacó que el diálogo entre Poderes de la Unión es fundamental para el desarrollo equilibrado de las funciones que les competen para el ejercicio armónico del poder público y se dijo a favor de “reflexionar” sobre una gran reforma estructural de los poderes judiciales, tanto federales como locales.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz mencionó que, como integrantes de órganos judiciales y con el fin de desempeñar adecuadamente su labor, es necesario garantizar la absoluta independencia de los poderes judiciales.

En ese sentido, sostuvo que “cualquier reforma al poder judicial debe asegurar que estas garantías mínimas de independencia sean consagradas constitucional y legalmente como presupuestos fundamentales para asegurar el acceso a la justicia a través de la garantía al debido proceso y el derecho de protección judicial”.

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AMLO confirma reforma para reconocer los derechos de los animales

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró esta mañana que propondrá una iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los animales y declararlos como seres sintientes.

“Sí, estamos de acuerdo, hay que continuar con el proceso en el Congreso para que se apruebe en el Senado la reforma legal y sí vamos nosotros a presentar una iniciativa para la reforma al artículo 4 (de la Constitución)”, expresó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina.

Aunque la Cámara de Diputados aprobó una reforma para proteger los derechos de los animales en marzo pasado, la iniciativa quedó estancada en el Senado, que ahora debe esperar al próximo inicio de sesiones en septiembre.

En este contexto, López Obrador prometió una iniciativa propia para modificar el artículo 4 de la Constitución, que entre otras cosas garantiza el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda y a la cultura.

“Lo puedo asegurar, vamos a esperar el nuevo periodo de sesiones, pero ya vamos a empezar a trabajar”, sostuvo.

La lucha por declarar a los animales como seres sintientes ha crecido en los últimos años, con entidades como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Durango que ya lo han establecido en sus legislaciones locales.

Se estima que en México siete de cada 10 animales de tipo domésticos sufren de algún tipo de maltrato, con más del 70% de los perros y 60% de los gatos en situación de calle, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la reforma al artículo 4 de la Constitución que enviará López Obrador también establecerá la pensión universal para adultos mayores a partir de los 65 años y un apoyo económico universal para personas con discapacidad.

“Y esto que tiene que ver con el trato humano, respetuoso a los animales, para la reforma en el Artículo 4 a la Constitución”, remarcó el mandatario.

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No se busca acabar con la división de poderes, asegura Morena al defender el ‘Plan C’

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, insistió en que el llamado “Plan C” no busca debilitar la división de poderes, sino por el contrario, afirmó que su objetivo es robustecerla.

“No queremos reformar el poder público en México, no queremos acabar con la división de poderes, queremos fortalecer la división de poderes”, manifestó el legislador.

Advirtió que es necesario que las y los mexicanos estén informados y puedan decidir si quieren que se revise el procedimiento para la elección de las y los ministros.

Mier Velazco apuntó que en esta semana, junto a legisladores de Morena, presentarán las fechas y modalidades para la discusión de la reforma, que dentro del partido están impulsando.

“Previo en la Cámara de Diputados vamos anunciar por parte de un grupo de diputados de Morena, cuál es la propuesta, la mecánica y la dinámica para la realización de los debates, los conversatorios y los foros para recoger la opinión, con relación, solo a lo que se refiere a la consulta”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que la consulta popular no busca definir un procedimiento, “si es a través del voto directo y universal de la gente, en una elección, sino que los mexicanos a través de la consulta sepan qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se integra, cuántos la integran, cuáles son las atribuciones y cómo se designan”.

Respecto al procedimiento de elección de las y los ministros, apuntó, puede ser diferente a como se eligen los diputados o el Presidente, “puede ser incluso por insaculación, reconociendo méritos, trayectoria, los que han dado resultados, los que son honestos, los que son imparciales, los que tiene un compromiso realmente con la justicia.

“Con un comité técnico que evalúe quiénes son los mejores, hombres y mujeres, que abiertamente los medios de comunicación los conozcan y que después un comité técnico los evalúe y se puedan insacular”, refirió.

El morenista reiteró la necesidad de reformar al Poder Judicial al asegurar que solo favorece a quienes tienen dinero, mientras tanto, miles de mexicanos continúan sin recibir justicia.

“En México no hay justicia, miles de mujeres violentadas no han encontrado respuesta en la impartición de justicia; muchas mujeres desesperadas, destrozadas porque vieron cómo sus hijas perdieron la vida, no han encontrado respuesta en el Poder Judicial”, afirmó.

Aseguró que esta reforma es necesaria al no poder eliminar la inseguridad y la delincuencia “porque los jueces no están haciendo su trabajo.

“El dinero es lo que los mueve, y la gente que no tiene recursos, que no tiene para un abogado, no encuentra respuesta; y por eso hay que hacer una reflexión, sin apasionamientos, serena, tranquila, pensando en México, en la gente, creo que les conviene”, añadió.

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Si el Ejecutivo quiere disminuir o cancelar programas sociales, que lo justifique: PRI

La bancada del PRI en la Cámara de Senadores busca reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer la obligación de que el Ejecutivo justifique la disminución o cancelación de cualquier programa social.

La propuesta refiere que se presente información pormenorizada, estadística, técnica, pertinente y relevante, cuando el presidente decida disminuir el presupuesto de un programa social o pretenda cancelarlo.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, dijo que los programas sociales representan un gran apoyo para mejorar la calidad de vida de algunos sectores de la sociedad, por lo que es de vital importancia mantener la permanencia de varios de ellos, sin importar el periodo sexenal en el que fueron creados, ya que hay varios que deben asegurar su continuidad.

Indicó que la propuesta, publicada en la Gaceta del Senado el 28 de abril y turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

Añorve Baños refirió que tal es el caso del Programa de Estancias Infantiles, que al inicio de la presente administración sufrió una reducción de alrededor del 50% de su presupuesto; así como el Programa de Comedores Comunitarios, que ni siquiera fue contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

“Lamentamos la decisión del Gobierno federal respecto al recorte presupuestal, y en su caso desaparición de diversos programas sociales, toda vez que las problemáticas a las que iban dirigidos aún no están resueltas y no existe argumento alguno por el cual se justifiquen dichos recortes, afectando directamente a las familias que menos tienen”, expresó.

Por ello, apuntó, es fundamental obligar al Gobierno a que brinde información pormenorizada, cuando se modifique el presupuesto de cualquier programa social, ya que se trata de políticas públicas que tienen repercusión de manera directa en un importante sector de la sociedad mexicana.

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Morena va por consulta popular sobre elección de los ministros de la SCJN

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que propondrá una consulta popular para que sea “el pueblo de México”, quien decida si las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser electos por voto directo.

El legislador anunció que esta propuesta se hará conforme a la ley y consideró que Morena y sus aliados ayudarán; “seremos casi el 60 por ciento”.

Expresó que la ruta buscaría que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley.

Indicó que mediante este mecanismo, la gente podría decidir si las y los ministros deben ser electos por voto directo, con un proceso previo al reconocimiento, a la meritocracia y a su currículo, formación, eficacia y experiencia dentro del Poder Judicial.

Y es que en línea con el discurso de Palacio Nacional, el morenista advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial, porque se dictan sentencias injustas o no hay sentencias; tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto como del fuero común, como en el fuero federal.

“Estoy consciente que son temas espinosos, son temas que pisan callos y pisan llagas, pero lo peor que puede pasar es que nos quedemos callados”.

Reiteró que en el Poder Judicial y los organismos constitucionalmente autónomos, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ganan más que el presidente de la República, porque se ampararon.

“Ganando más que el Presidente de la República, el que se lleva la medalla de oro, por excesos, despilfarro, dispendio y abuso, son en el Poder Judicial, pero dentro de las medallas de oro, la de platino se la lleva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los 11 ministros de la Corte”, dijo.

Enfatizó que existen privilegios, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y promoción, no en función del Servicio Profesional de Carrera, sino “de los cuates”, la imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y, aún más, en los que tiene que ver con competencia económica o de carácter administrativo.

Mier Velazco denunció que las y los ministros violentaron la autonomía del Poder Legislativo, siendo jueces y parte en muchos asuntos promovidos desde la oposición. Señaló que los privilegios que tienen las y los ministros responden a otros intereses, y no al anhelo de contar con un Poder Judicial que permita leyes eficaces y justas.  

En ese sentido, dijo que la propuesta de una reforma de fondo al Poder Judicial no es arbitraria ni una ocurrencia, sino consecuencia de los graves problemas que padecen los mexicanos en materia de administración de justicia.

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Morena confirma que ya hay una iniciativa para reformar el Poder Judicial

El senador de Morena, Alejandro Armenta, insistió en la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean electos de manera directa y en los términos que disponga la ley electoral, pues así serán designados democráticamente y no por una minoría que establezca una justicia de subordinación.

Dijo que las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados es de suma importancia, pues son la base estructural del Estado que se encarga de desarrollar una sociedad justa. “De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular”.

Recordó que el pasado 27 de abril, enlistó en la Gaceta Parlamentaria un proyecto para reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el propósito de que la elección del Poder Judicial sea directa y en los términos que disponga la ley electoral.

“Si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial”, subrayó en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

Y es que recordemos que en línea con lo expuesto desde Palacio Nacional y por diversas voces dentro de Morena, Armenta dijo que la decisión para invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la primera parte del ‘Plan B’, “tiene una implicación política, no una implicación legal”.

Alejandro Armenta subrayó que en los últimos meses se denota una actitud de rechazo, por parte de la Suprema Corte, hacia el trabajo de diputados y senadores, por lo que para los legisladores es un exceso el hecho de querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo.

Alejandro Armenta planteó que la SCJN no tiene transparencia, pues la rendición de cuentas se hace a través del Consejo de la Judicatura Federal, pero ese órgano regulador, encargado de atender las posibles faltas o abusos de los ministros, tiene como titular a la propia presidencia de la Corte.

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El Poder Judicial “está podrido”, dice AMLO tras revés a su ‘Plan B’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el próximo año enviará una iniciativa de reforma constitucional para que sean los ciudadanos quienes elijan de forma directa a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del presidente (Benito) Juárez, que los ministros los elegía el pueblo”, expuso el mandatario.

Su anunció se producen después de que la SCJN invalidara ayer la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral, al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

En ese sentido, el presidente detalló que enviará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el gobierno, pero tras las elecciones del próximo año en las que se renovará el Congreso y en las que confía los partidos que integran la autollamada Cuarta Transformación se haga de las dos terceras partes necesarias del Legislativo para reformar la Constitución.

“Esa mafia solo el pueblo (puede enfrentarla), solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma”, argumentó AMLO.

López Obrador denunció que el Poder Judicial está en crisis porque los antiguos gobiernos, emanados de las filas del PRI y del PAN, se repartieron los espacios en la Corte.

“Que los elija el pueblo. ¿Por qué esa crisis en el Poder Judicial? ¿Por qué se atrofió por completo ese poder? Porque lo utilizaron como moneda de cambio cuando hicieron los acuerdos entre el PRI y el PAN”, indicó.

Tal como lo ha venido señalando desde tiempo atrás, insistió en que el Poder Judicial “está podrido”. “No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa”, expresó el mandatario.

Y es que recordemos que con nueve votos a favor y dos en contra, el pleno de la SCJN invalidó el primer paquete de las reformas, específicamente la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del ‘Plan B’.

La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que los funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo antes prohibido por la veda electoral.
El presidente acusó a los ministros de la Corte de estar al “servicio del bloque conservador, que es sinónimo de una pandilla de rufianes, muy corruptos”.

“En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros”, remató.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Miguel Carbonell, abogado constitucionalista, sobre la decisión de la Corte y sus implicaciones.

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Nada de negociación. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito: AMLO a la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de “politiquería” e “indignidad” tras el fallo contra la militarización de la Guardia Nacional.

El presidente acusó a Piña de buscar una negociación en un desayuno con la secretaria de Seguridad del Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, para retrasar la entrada en vigor de la decisión que invalidó ceder al Ejército el control de la Guardia Nacional.

“Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, ¿pero cómo te quejas, si tú vas a manejar la Guardia Nacional?’. Politiquería ramplona, abriéndole el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional”, denunció AMLO desde Veracruz.

Eso sirvió a López Obrador para reiterar sus señalamientos hacia los ministros de la SCJN de “corruptos e irresponsables”, por haber declarado inconstitucional el miércoles pasado, la reforma legal que él promulgó en septiembre para trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, que él creó en 2019 como una corporación civil.

Después del fallo, la Suprema Corte dio como plazo hasta enero de 2024 para cumplir con la orden, por lo que el mandatario los acusó de “arrepentirse” y buscar negociar con el gobierno.

Sin embargo, López Obrador habría girado instrucciones a la secretaria de Seguridad y al titular de Gobernación, Adán Augusto López, de no comunicarse con la Corte.

“Les dije: ni les contesten el teléfono”, narró. “No, nada de negociación, eso tiene que ver con la dignidad, nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito”, sostuvo.

Y es que la Guardia Nacional ha sido la principal apuesta del presidente para contener la violencia en el país.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Esto es solo un episodio más del enfrentamiento que AMLO mantiene con la Corte y el Poder Judicial.

Cuando Piña resultó electa como primera presidenta de la Corte, López Obrador reconoció “diferencias” con ella porque “siempre ha votado en contra de las iniciativas” promovidas por su gobierno.

Después, hubo una polémica en redes sociales contra Piña, orquestado por seguidores de la 4T, por no ponerse de pie para aplaudirle a López Obrador durante la conmemoración de la Constitución el 5 de febrero.

Semanas después, López Obrador minimizó las amenazas de muerte contra la presidenta de la Corte que surgieron después de que él la acusó de “desatar una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes”.

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La Corte defendió las prácticas del régimen autoritario y corrupto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó este miércoles que insistirá en transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tras el fallo de la Suprema Corte, que invalidó dicho movimiento.

Fiel a su estilo, el mandatario se lanzó contra la Corte, a la que acusó de haber actuado de manera “facciosa”.

“Actuaron (los ministros de la Corte) de manera facciosa el día de ayer, y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia”, dijo el mandatario.

López Obrador se refirió al fallo de la Suprema Corte, que ayer declaró inconstitucional la reforma legal que él promulgó en septiembre del año pasado, para trasladar al Ejército la Guardia Nacional, corporación que él creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

Con ocho votos a favor del proyecto, la Corte invalidó la ley al señalar que durante la creación de la Guardia, que ahora cuenta con cerca de 130,000 integrantes, se estableció que la corporación debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a la decisión, López Obrador avisó que “la Guardia Nacional continuará recibiendo, porque esto no lo impidieron en la Corte ayer, la orientación, la formación profesional y el respaldo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

También indicó que mantendrá como comandante de la corporación al general retirado David Córdoba Campos. Indicó que ya dio instrucciones a la secretaria de Seguridad de actuar en ese sentido.

Adicional, ordenó a Rosa Icela Rodríguez visitar “todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país” para informar a los elementos “que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las Fuerzas Armadas”.

“En la Constitución se establece que, tanto la Secretaría de Defensa como la Secretaría de Marina pueden ayudar en tareas de seguridad pública y necesitamos unir voluntades, esfuerzos, recursos para proteger a los mexicanos”, defendió López Obrador.

Tras retractarse de su promesa de mantener civil la Guardia Nacional, el mandatario propuso en 2022 una reforma legal para trasladar su control al Ejército al admitir que no tenía los votos necesarios en el Congreso para modificar la Constitución.

Por ello, anunció que esperará a septiembre de 2024 para presentar otra propuesta de reforma constitucional, confiando en que en las elecciones del próximo año su movimiento tenga mayoría calificada, es decir, dos tercios del Congreso.

La reforma causa controversia porque organizaciones civiles e internacionales han acusado al Ejército de violar derechos humanos, como en febrero pasado, cuando militares mataron a cinco jóvenes en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos.

Pero López Obrador aseveró que “los ministros de la Corte, evidentemente, están al servicio de las cúpulas del poder y no con la mayoría del pueblo de México” al citar que las Fuerzas Armadas son una de las instituciones con más confianza ciudadana.

También acusó a los ministros de seguir apostando por el modelo de seguridad de gobiernos anteriores, específicamente el de Felipe Calderón con Genaro García Luna.

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In Nacional

Morena acusa a Santiago Creel de ‘sabotear’ acuerdo sobre reforma al TEPJF

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseveró que Santiago Creel Miranda, del PAN, con su rechazo a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está protegiendo al dirigente nacional de su partido, Marko Cortés.

A través de un comunicado, el Mier Velazco indicó que “en Morena se dijo que quedará establecida la paridad en la elección de las dirigencias de los partidos” algo con lo que Marko Cortés no estuvo de acuerdo.

Por ello, señaló que desde la presidencia de la Mesa Directiva, Creel Miranda saboteó la decisión colegiada que tenía la firma y el respaldo de todos los líderes de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

“Si la palabra no vale en la política y la firma menos, qué le podemos creer a Acción Nacional”, reclamó el morenista.

Mier Velazco pidió “revisar” en los partidos nacionales, qué mujer ha ocupado un cargo. “Ahí encontrarán la razón de Creel, ¿A quién está protegiendo Creel? En Acción Nacional nunca ha habido una dirigente mujer y en los otros partidos tampoco”, aseveró.

Recordó que los únicos partidos que han tenido mujeres como dirigentes son el PRI y el Morena.

De igual manera, refirió que el diputado panista tampoco quiso respaldar la decisión de que un porcentaje del 10% se establecieran para acciones afirmativas, es decir, de las 500 candidaturas de los partidos políticos para la Cámara de Diputados y de las 128 para el Senado de la República, fueran 50 y 12, respectivamente.

“Esto garantizaba las cinco acciones afirmativas reconocidas en México: discapacidad, grupos indígenas, migrantes, diversidad sexual y afromexicanos”, comentó.

Y aunque los coordinadores de los otros partidos no han querido revelar los puntos que llevaron a que no se alcanzara el acuerdo en torno a la reforma al TEPJF, Mier Velazco comentó que el PAN no quiso lo relativo a la acciones afirmativas.

El también presidente de la Junta de Coordinación Político (Jucopo) compartió el dictamen original con las “cosas” que el PAN no permitió, para que la sociedad conozca los términos en que estaba la propuesta.

“Morena se mantendrá si se aceptan las acciones afirmativas y la participación de la paridad expresada en la Constitución para elección de dirigencias”, añadió.

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In Internacional

Sindicatos en Francia llaman a “mega movilización” contra reforma de pensiones

Los sindicatos de trabajadores en Francia convocaron una “gran movilización popular” para el 1 de mayo, esto luego de que el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, la principal medida de la reforma de las pensiones aprobada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, dijo que la concentración debe ser un momento “histórico” para frenar la reforma. Pidió al presidente Macron que “vuelva al sentido común” y retorne la ley a la Asamblea Nacional para que los diputados la puedan debatir y votar”, ya que se aprobó sin un voto en esa cámara.

Recordemos que el gobierno activó un artículo constitucional que le permitía avanzar con la reforma sin someterla en la Asamblea.

La sindicalista advirtió de que, si la reforma se promulga, “ninguna organización sindical irá a reunirse con el presidente para tratar otra cosa que no sea esta reforma”, y acusó a Macron de “gobernar el país contra su pueblo”.

Los ocho principales sindicatos del país se reunirán el próximo lunes para estudiar nuevas medidas de protesta, después de doce jornadas de huelgas y movilizaciones a nivel nacional desde el mes de enero.

Y es que este viernes, el Consejo Constitucional francés validó este viernes el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años. Además, el organismo rechazó la solicitud de que la reforma de las pensiones sea sometida a un referéndum de iniciativa ciudadana, según anunció en un comunicado.

Sin embargo, invalidó seis artículos de la ley, especialmente dos relativos al fomento de la contratación de trabajadores mayores de 55 años en las grandes empresas, al considerar que no tenían lugar en una ley de financiación de la Seguridad Social.

Una fuente del organismo explicó a la prensa que, al validar el aumento a 64 años, sus nueve miembros tuvieron en cuenta “que el legislador busca la supervivencia del sistema por repartición, teniendo en cuenta además el aumento de la esperanza de vida”.

También indicó que las deliberación se extendieron durante 16 horas seguidas, pero rechazó decir si la decisión fue o no por unanimidad.

La fuente anunció que el Consejo Constitucional estudiará el próximo 3 de mayo una nueva solicitud de referéndum de iniciativa ciudadana, pero con una cuestión diferente a la planteada hasta ahora.

La nueva petición incluye esta vez una disposición que propone un nuevo impuesto relacionado con el mantenimiento del sistema de pensiones que sí que supondría “un cambio del estado de derecho” admisible por el Consejo.

En todo caso, el gobierno tiene la intención de promulgar la ley este mismo fin de semana, según dijeron fuentes oficiales a medios locales, tras un veredicto que generó reacciones contrapuestas en la clase política francesa.

La primera ministra, Élisabeth Borne, señaló que, con su decisión, el Consejo Constitucional considera que “tanto en el fondo como en el procedimiento”, la reforma está de acuerdo con la Constitución.

En reacción, la presidenta del grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, dijo que la decisión del Consejo Constitucional supone un “precedente peligroso”, porque el Gobierno podría seguir utilizando la figura legal de un presupuesto rectificativo para “hacer aprobar reformas importantes”.

Por su parte la líder ultraderechista, Marine Le Pen, advirtió por su parte de que la entrada en vigor de “esta reforma brutal e injusta” va a marcar “la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Emmanuel Macron”.

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In Nacional

Partidos insisten: reforma al TEPJF no atenta contra la institución ni le quita atribuciones

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que se continúa confeccionando la reforma constitucional relativa a las atribuciones del TEPJF, con el fin de que se pueda reanudar la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y se dictamine.

“Se integró un grupo de trabajo para hacer una revisión a la redacción de los tres artículos que se reforman y esperamos que en el transcurso de las próximas horas ya se tenga un anteproyecto y se pueda reanudar la sesión de la Comisión”, señaló en un breve encuentro con los medios de comunicación.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) indicó que se acordó que habría un posicionamiento de los grupos parlamentarios para aclarar los “mitos y mentiras” que se han dado en torno a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El morenista reiteró que el falso que en esta reforma se le quiten atribuciones al TEPJF, pues lo único que se le estipula es que las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, establecidas en la Constitución, no sean invadidas.

“Se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, como también nosotros respetamos las exclusivas del Poder Judicial, y sólo es un tema de la interpretación de la ley, pero es sólo eso”, precisó.

Además, dijo, no se violenta ningún derecho de procuración y administración de justicia, como lo ha dicho algunas voces.

En línea con el discurso de Morena, Mier Velazco apuntó al Claudio X. González, de querer frenar la reforma constitucional al TEPJF.

“Él tiene miedo a la transformación, es un opositor a la transformación, es un cuadro que quiere retornar a los viejos privilegios, a utilizar los instrumentos del Estado mexicano a su antojo, en función del dinero, de corromper conciencias, voluntades y manipularlas con el uso del dinero”, remató.

Y es que la reforma, que sigue analizándose, ha generado polémica pues es un proyecto que cuenta con el apoyo de todos los partidos, incluidos los de oposición (PAN, PRD, PRI); el único partido que se ha posicionado en contra es Movimiento Ciudadano.

Al respecto, el diputado y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el anteproyecto de dictamen relativo a la reforma del Tribunal Electoral está siendo modificado con la finalidad de tener un documento de consenso.

“Se está trabajando (el anteproyecto de dictamen) porque va a sesionar la Comisión de Puntos Constitucionales. Se está haciendo un documento de consenso. Están todos participando en ese dictamen, y va a ser un buen dictamen. Va a ser un dictamen que genere certeza, certidumbre, tiempos, participación, competencias”, dijo el priista.

Cuestionado sobre si al interior del Grupo Parlamentario del PRI hay diputadas y diputados que estén inconformes con el anteproyecto de dictamen, como señaló la diputada de Morena Irma Juan Carlos, el líder del PRI indicó que “yo no veo ninguna inconformidad. Para nada. Hemos escuchado a todos. Es un tema de precisiones, y hay mucha desinformación”.

Moreno Cárdena subrayó que la eventual reforma al TEPJF “en nada atenta” contra esta institución.

“Esto es un ejemplo de fortaleza en apoyo y respaldo total a las mujeres, a las acciones afirmativas. Lo que hay es progresividad. Es dar certeza y certidumbre en los temas que quedarán plasmados en la Constitución. Es un tema de garantía, de certeza, de certidumbre, de definir facultades y competencias”, finalizó.

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Aprueban modificar la edad mínima para ser diputados y secretarios de Estado

Con 438 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma la fracción II del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.

El dictamen establece en el artículo 55, que para ser diputado se requiere tener 18 años cumplidos el día de la elección, actualmente la edad es de 21 años.

En el caso del artículo 91, se precisa que para ser secretario de Estado se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos; a la fecha, se fija una edad de 30 años.

En lo particular, el dictamen fue avalado por 439 votos a favor, en sus términos.  El documento fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La diputada Andrea Chávez de Morena, expresó que el dictamen proviene de una serie de iniciativas de legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios, con la finalidad de reducir la edad mínima para ser diputada o diputado federal, de 21 y 18 años, así como bajar la edad mínima para ser integrante del gabinete federal, de 30 a 25 años.

Indicó que se busca abonar a los principios de no discriminación establecidos en la Constitución Política y de igualdad, “ya que no es posible que de las 500 diputadas y diputados que somos, no seamos ni diez con menos de 30 años; estamos excluyendo a casi 30 por ciento de la población mexicana por ese mosaico de representatividad, por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica”.

En los posicionamientos, la diputada Ali Sayuri Núñez Meneses del PAN afirmó que se garantizan los derechos de las juventudes a no sólo ejercer el voto sino aspirar a un cargo público y ser votados sin discriminación alguna por razón de edad.

“Se trata de avanzar en los derechos políticos de los jóvenes, abonar en su inclusión y fortalecer la cultura de su participación política. Más jóvenes tendrán la oportunidad de expresarse aquí y representar a un sector que tiene mucho que aportar”, sostuvo.

Rommel Pacheco Marrufo, también diputado del PAN, mencionó que hoy se defendió a las juventudes para que ese 30% que no está representado en la Cámara tengan un espacio y representatividad.

“Las y los jóvenes son el presente que está construyendo y trabajando para tener un mejor México. Esperamos que las juventudes tengan la responsabilidad de prepararse y que la edad no sea una condicionante”.

La diputada Karla Ayala Villalobos del PRI afirmó que esta reforma es un hecho histórico porque los jóvenes podrán ejercer sus derechos políticos sin simulaciones y sin mentiras.

Agregó que la ciudadanía decidirá si los perfiles de los jóvenes son con los que se siente más identificados. “En la Cámara de Diputados están representados diversos sectores de la población, pero pocos jóvenes. Algo que le hace falta a la política es perspectiva nueva y revolucionaria”.

Del Partido Verde, el diputado Kevin Angelo Aguilar Piña consideró pertinente la modificación a la Carta Magna para disminuir la edad mínima para ocupar el cargo de diputado federal y el de secretario de Estado para que la juventud tenga más oportunidad de ser escuchada.

El diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro de Movimiento Ciudadano afirmó que la juventud importa porque representa la innovación y defensa de las causas. “Hoy se están poniendo los guantes para organizarse y señalar lo que está mal para exigir soluciones. Hoy está en tendencia que participen, pero no se trata sólo de contar con una población de nuevas generaciones, sino de que tengan convicciones”.

Finalmente, la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia del PRD dijo estar a favor de la reforma porque tiene el objetivo de ayudar a hacer efectivo el goce de un derecho de las juventudes.

“Es tiempo de saldar una deuda histórica, demostrar que la juventud no es sinónimo de incapacidad o de inexperiencia, sino de rebeldía, de cambio, de capacidad de sumar y proponer. Tienen la capacidad para asumir y afrontar con responsabilidad los cargos públicos de representación”, remató.

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Diputados retoman hoy la discusión sobre reforma al TEPJF

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, informó que la reunión que se tenía prevista para ayer, donde se discutiría el dictamen a la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia electoral, se pospuso para hoy.

El morenista explicó que la decisión se debió a que los grupos parlamentarios solicitaron más tiempo para revisar los alcances del documento y construir consensos al interior.

Sin embargo, rechazó que haya resistencia de las bancadas por lo que pueda pasar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y adelantó que si hoy se vota se buscará que se lleve inmediatamente al Pleno.

“Yo no diría que hay resistencia al interior de las bancadas, lo que puedo decir es que en varios grupos parlamentarios necesitan explicar de una manera detallada el alcance de la propuesta de reforma porque se agregaron al texto principal, que proponía establecer criterios jurídicos para que el Tribunal dictara y determinara el perfil de los actos parlamentarios, aquellos que no se consideran de materia electoral, cuestiones que tiene que ver con acciones afirmativas y paridad de género”, indicó el legislador.

Subrayó que no se merma para nadie la posibilidad de impugnar cualquier afectación en materia político-electoral en la Cámara de Diputados o fuera de ella, en los partidos políticos o en cualquier agencia. “Son recursos y la manera de defenderse y plantearla ante los tribunales, eso queda inamovible”, aclaró.

El diputado destacó que en el dictamen se mandata a los partidos políticos a que establezcan sus propias reglas para asegurar el respeto al principio de paridad de género y a las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables.

Además, enfatizó, se resalta de manera explícita la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de acciones afirmativas y cumplimiento del principio de paridad de género.

“No se le está quitando a nadie nada, sucede que la materia por la cual un asunto como este pueda ir al TEPJF es exclusivamente lo que tiene que ver con asuntos con derechos políticos-electorales, pero no es nada tiene que hacer el Tribunal en paridad de género o en acciones afirmativas o en los otros extensísimo y variados ámbitos de la vida social, por ejemplo, las escuelas, las oficinas de trabajo, las fábricas y tantos otros lugares donde el tema de la paridad de género y la necesidad de impulsar acciones afirmativas debe corresponder a la ley”, aclaró.

El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, celebró que se haya dado más tiempo para revisar el dictamen, algo que calificó como un “nuevo triunfo de la ciudadanía”.

Se refirió a la propuesta como una “regresiva iniciativa, que fortalece a las dirigencias partidistas y debilita a la militancia”.

El coordinador parlamentario indicó que la iniciativa debilita a las ciudadanas y ciudadanos sin partidos que tienen una legítima aspiración a que los partidos se democraticen, a que la ley se haga valer, y a que las contiendas sean equitativas, que exista un árbitro electoral fuerte, vigilante y que garantice la imparcialidad y la certeza en los procesos electorales.

A diferencia del resto de los partidos que apoyan la iniciativa, Movimiento Ciudadano ha acusado que los dos principales bloques: Morena y Va por México, quieren un Tribunal a modo.

Y es que mucho se ha señalado que la reforma busca limitar las facultades del Tribunal Electoral. Busca modificar los Artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, al indicar que el TEPJF se ha excedido en sus responsabilidades, invadiendo las competencias del poder Legislativo.

En Broojula, Javier Martín, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, conversa con Ana Paula Ordorica sobre esta iniciativa, y sus efectos de cara a la elección presidencial de 2024.

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