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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la iniciativa que el senador de Morena, Ricardo Monreal, presentó para regular las redes sociales; aunque dijo que el legislador estaba en su derecho de presentar la propuesta de reforma.

“Se trata de temas polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

La iniciativa que presentó Monreal, que solo fue en texto ya que indicó que esperaría los comentarios de expertos para poder formalizarla en el Congreso, regularía las redes sociales con más de un millón de usuarios, a las cuales les exigiría tener una autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), e impondría multas de hasta 89,62 millones de pesos si llegaran a “violar la libertad de expresión” al cancelar cuentas.

“No debe haber censura, prohibido prohibir, lo único es que se garantice la libertad. Eso sí es importante porque cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos, se puso verde la Estatua de la Libertad”, manifestó AMLO. Y es que tanto el presidente como algunos morenistas han cuestionado a Facebook y Twitter por “censurar” a Donald Trump, a quien acusaron de postear mensajes que incitaron a la violencia durante el asalto al Capitolio.

Al indicar que Monreal está en su derecho y libertad de prensar las iniciativas que considere, AMLO señaló que no solo se trata de presentarla, sino que tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas.

Sin embargo, ha sido el propio presidente quien también se ha lanzado contra las redes sociales, en especial contra Twitter, al acusar a su director en México de tener afinidad con la oposición, ya que anteriormente trabajó en proyectos relacionados con el PAN.

El mandatario reiteró que él no acepta la censura y menos cuando proviene de particulares que no representan el interés de los ciudadanos. “Que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las plataformas estas, famosas, cuando silenciaron al presidente Trump”, manifestó.

Al tema de la iniciativa de Monreal, se suma la iniciativa que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados prepara para modificar el artículo 73 de la Constitución, para que las noticias falsas o “fake news” sean consideradas como un ataque a la seguridad nacional.

De acuerdo con el dictamen, el tema de la seguridad cibernética y la protección de los derechos humanos en el ciberespacio, se ha convertido en un objetivo para los gobiernos, ya que puede afectar los derechos de los cibernautas en cuestiones tales como ciberacoso, ciberbullying, fraudes cibernéticos, acoso sexual, extorsión a las empresas mediante el secuestro, por ejemplo, de su contabilidad, y afectaciones a la seguridad nacional.

Se propone una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que incluya un fuerte marco jurídico; promover buenas prácticas; formar especialistas; colaborar con la iniciativa privada; y vigorizar la ciberdefensa.

“Igualmente, considerando el impacto de las redes sociales, así como que se convirtieron en el medio masivo de información, los ciberataques también se pueden actualizar con las noticias falsas que comprometen, en muchas ocasiones, la toma de decisiones de la sociedad, y no menos importante e incluso potencialmente delicado, la seguridad infantil, por el tipo de información a la que los menores son vulnerables, así como el acoso infantil a través de internet o ciberbullying”, se lee en el dictamen presentada por el diputado de Morena, Javier Salinas Narváez.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmara una iniciativa de reforma para prohibir la subcontratación laboral y establecer reglas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) acusó al gobierno de violentar acuerdos internacionales.

La Confederación dijo que con dicha iniciativa, el gobierno no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas.

Recordó que según datos del Censo Económico 2019, la iniciativa pondría en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en el país bajo la modalidad de subcontratación, e incluso advirtió que podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC.

La Coparmex denunció que la iniciativa también tendrá efectos fiscales adversos. Dijo que resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

“El sector patronal está de acuerdo en que se debe combatir el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal”, dijo la organización que dirige a nivel nacional Gustavo de Hoyos.

Y aunque se dijeron a favor de cualquier esfuerzo para acabar con actividades fraudulentas, pidieron no perder de vista que existe una muy importante actividad económica y de generación de empleo formal y digno, que se genera por medio de la subcontratación laboral. “Se debe regular, no prohibir”.

Explicó que la subcontratación laboral es una figura utilizada y reconocida en todo el mundo que, empleada correctamente, conforme a las leyes, obligaciones sociales y fiscales a los trabajadores, fomenta el empleo, la economía formal y la inversión.

La Coparmex lamentó que aunque se tenía el compromiso del gobierno federal de lograr consensos con el sector privado, no lo cumplió.

Finalmente, la Coparmex instó al Congreso de la Unión y al gobierno federal a retomar el compromiso de diálogo social que permita llegar a una propuesta de apuesta triple: que proteja a los trabajadores, facilite la recuperación de empleos perdidos y flexibilice el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo.

El pasado 22 de mayo de 2020, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019 que se refiere a los Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos específicos para la aplicación de la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 a organizaciones electorales en todos los niveles de gobierno.

A raíz de su publicación, se ha señalado que la dependencia busca regular a las organizaciones electorales de todos los niveles de gobierno a través de una Norma Oficial.

Al respecto, la SE explicó que dicho proyecto de norma mexicana fue elaborado, emitido y desarrollado exclusivamente por el Organismo Nacional de Normalización denominado Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. (IMNC), sin que la dependencia haya tenido participación alguna en su desarrollo o contenido.

Sin embargo aclaró, es obligación de la Secretaría de Economía gestionar y obtener la publicación de los proyectos de normas mexicanas elaborados por los Organismos Nacionales de Normalización ante el DOF, a fin de que, bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, se sometan a consulta pública para que cualquier interesado presente sus comentarios ante ellos.

“Es el IMNC el único responsable del contenido y alcance de dicha iniciativa”, indicó en un comunicado

Al recordar que las normas mexicanas son de aplicación voluntaria y tienen como propósito establecer estándares de calidad en los procesos de diversas materias, aclaró que la norma propuesta no “busca interferir en las atribuciones del INE ni de los Organismos Públicos Locales Electorales cuya autonomía está garantizada en nuestra Carta Magna”.

“La Secretaría de Economía reconoce y respeta íntegramente el sistema electoral previsto en la Constitución y en las diferentes leyes de la materia, así como las atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE)”.

Por su parte el INE se dijo “sorprendido” de la publicación de la norma para hacer una consulta pública sobre procedimientos electorales, cuando son materia del Congreso de la Unión.

“Cualquier intención de instaurar normas distintas a las establecidas en la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), es violatorio de las atribuciones que tiene el INE. Consideramos que este proyecto de Norma Mexicana atenta contra el orden político electoral establecido”, dijo el Instituto.

Remató afirmando que defenderá sus atribuciones legales y las reglas que los actores políticos se han dado constitucional y legalmente, para organizar los procesos electorales a través de los cuales la ciudadanía elige en libertad a sus autoridades.

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Tras el intento que hizo en noviembre pasado por eliminar las comisiones bancarias, el líder de bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, habría alcanzado ya un acuerdo con bancos y autoridades para materializar la Ley para regular las comisiones bancarias.

Sin embargo, dijo su asesor Juan Garay en entrevista con Bloomberg, la nueva versión del proyecto de ley elimina las prohibiciones generales que se planteaban en la propuesta original, aunque mantiene que los bancos ofrezcan cuentas sin costo a los clientes de bajos ingresos.

“El propósito es disminuir el número de comisiones que actualmente existen en el sistema financiero nacional, beneficiar la transparencia de las prestaciones de servicios que brindan las instituciones de crédito, asegurar una política económica que garantice una justa distribución del ingreso y la riqueza y brindar mayor seguridad a los pequeños actores del sistema financiero”, señaló Monreal al presentar la propuesta.

En la nueva protesta se prohíbe a los bancos cobrar por transacción en los cajeros automáticos, incluidos los retiros realizados en los bancos donde no tienen cuentas, aunque estaría limitado para los clientes que usen el servicio más de tres veces al mes.

Se espera que el proyecto sea votada por el Senado en las próximas semanas, pues según representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) shabía “pocas objeciones” a la nueva propuesta.

Luego de que el gobernador de Puebla, Tony Gali, indicara que su gobierno trabaja en una iniciativa para regular los servicios de transporte privado, por lo que se sometería a una suspensión temporal a Uber, el mismo gobernador salió a rectificar la medida e indicó que la empresa podrá seguir operando en la entidad.

 

En un inicio, Gali afirmó que en lo que se preparaba y presenta la iniciativa “para regular de manera definitiva (…) a todas las empresas que trabajan aparentemente de manera regular pero que no ponen ninguna interés a quién maneja estos vehículos”, Uber tendría una suspensión de labores.

 

Más tarde y tras un posicionamiento de la empresa al respecto, en el que indicó que  lamentaba el asesinato de una joven, mismo que “no sucedió durante un viaje a través de nuestra aplicación y que la información proporcionada por Uber contribuyó a la pronta detención del involucrado”, el panista reconoció que “Uber no está suspendida”.

 

“Hasta que se presente esta iniciativa, pueda pasar por el congreso y sea revisada por las empresas, y si se acatan los lineamientos no tendrán problema, y si no, pues tomarán otras medidas”, indicó Gali Fayad a través de sus redes sociales.

 

Toda la discusión surge luego de que un conductor de la empresa Uber se viera implicado en el asesinato de la joven Mariana Fuentes.

 

 

Con información de Medios / Foto: Twitter