reorientación Archivos - Ana Paula Ordorica

Los grupos parlamentario del PAN, del PRI y del PRD, integrados en la alianza legislativa “Va por México”, presentaron en la Cámara de Diputados una propuesta alterna al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022.

En conferencia de prensa, el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, dijo que el documento fue elaborado durante varios meses de manera conjunta, porque “queremos un presupuesto que esté a la altura de nuestra nación y no estamos de acuerdo en que sea de un solo hombre”.

Señaló que el presupuesto debe ser una herramienta del Estado para garantizar el desarrollo nacional, pero ahora con Morena en el poder, la Secretaría de Hacienda ha perdido dicha convicción y lo único que ha hecho es adecuar al capricho de un hombre las finanzas públicas del país.

Indicó que se pasó de una supuesta austeridad republicana a un austericidio que no contempla, por ejemplo, dinero suficiente para las medicinas para los niños con cáncer.

El documento de la propuesta elaborada por la oposición se presentó el 4 de noviembre al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por lo que dijo, hay dos presupuestos: el que ha mandado la Federación; y el de la coalición “Va por México”.

Espinosa Cházaro explicó que de los poco más de 7 billones de pesos que se prevén en Ley de Ingresos, “5.2 no pueden tocarse, con toda responsabilidad lo reconocemos y lo expresamos. El pago de deuda interna, el pago de deuda exterior, los gastos de operación y los programas sociales se dejan intocados. Sin embargo, señalan los 1.8 billones restantes, que sí se puede reasignar. Proponen que se reasignen 380 mil millones, cerca del 30% de dicho monto.

La oposición plantea: restarle un 50% a las obras faraónicas del gobierno federal, tales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y el Aeropuerto Felipe Ángeles. También proponen modificar la federalización del gasto: para carreteras de los municipios 27 mil millones de pesos; Fortaseg, para el tema de seguridad, vía los municipios, 10 mil millones de pesos; Fondo Metropolitano, que actualmente está en cero, a 6 mil 978; Fondo de Capitalidad, que está en la ley y que en 2016 se elevó a rango constitucional, y que también aparece en cero, 2 mil 500 millones; FonRegion 3 mil millones de pesos. Y entre el Fonden y el Fondo de Prevención de Desastres, 14 mil millones de pesos para que no se continúe abandonando a municipios en desgracia.

En tanto, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador de la bancada del PAN, aseguró que la propuesta del Gobierno Federal “no corresponde con lo que son las auténticas prioridades hoy en este país. Nadie pidió un Tren Maya, nadie pidió una refinería, son proyectos plurianuales, habrán de servir muy bien, ya el tiempo lo dirá, pero este presupuesto alternativo lo que atiende es lo que hoy pide la gente”.

Precisó que no fue culpa de este gobierno una pandemia, pero sí la responsabilidad de cómo atenderla, y después cómo ayudar a la gente que se quedó sin un empleo o que perdió al sostén de la familia. En ese sentido, detalló que buscan redireccionar los recursos públicos a la economía familiar.

Para el programa de fomento al empleo proponen 2 mil 500 millones de pesos; para el programa de empleo temporal, 2 mil millones de pesos; para el seguro de desempleo, 7 mil 500 millones de pesos; y 7 mil 500 millones de pesos a un programa de apoyo a Mipymes, a micro, pequeñas y medianas empresas. Además, buscan restituir el Seguro Popular, las estancias infantiles, un FASDEM, antes llamado FONDEN, los refugios para las mujeres violentadas e infraestructura carretera y escolar.

Finalmente, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, dijo que la propuesta alterna del PAN, PRI y PRD modifica más de 92 programas presupuestarios, y que la propuesta se sostiene en cuatro grandes ejes: federalismo, reactivación económica, impulso a la mujer y política social.

Detalló que en materia de política social se propone un incremento de casi 59 mil 500 millones de pesos, destinados principalmente a fortalecer la salud y la educación; en materia de salud se propone un incremento de 24 mil 317 millones de pesos para fortalecer el sistema de salud, a través de programas que establecen mecanismos y lineamientos de ejecución claros con certeza en la cobertura de enfermedades y acceso universal a servicios de salud para mitigar los efectos de la pandemia.

En materia educativa, la propuesta equilibra los recursos destinados al sector, ya que se reorientan para la construcción mantenimiento y ampliación de la infraestructura educativa. Se sugiere incrementar en más de 8 mil 300 millones de pesos los recursos a los sectores sensibles de la población, como pueblos indígenas, migrantes y personas con discapacidad. Para el campo se proponen recursos adicionales por más de 20 mil 478 millones de pesos.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que con la iniciativa presidencial presentada el jueves que busca adicionar el artículo 21 Ter de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el presidente López Obrador “recurre a un perverso propósito de quitar atribuciones consagradas en la Carta Magna al Poder Legislativo en materia presupuestal”.

Indicó que ante la emergencia por la pandemia del Covid-19, la propuesta propone establecer un procedimiento bajo la figura de “emergencia económica”, para reorientar recursos a decisión de la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, los diputados panistas señalan que la propuesta del presidente no precisar tal concepto (emergencia económica), o quién lo determinará; por cuánto tiempo estaría vigente y cuáles serían sus medios de control, además de que no considera a la Cámara de Diputados para la realización de las adecuaciones presupuestales.

El líder parlamentario enfatizó que la postura de los diputados panistas de ninguna manera va contra la asignación de recursos para quienes se han visto sumamente golpeados en su salud, sus ingresos por la pandemia del Covid-19, pero aseguró que la iniciativa presidencial pretende ignorar, deliberadamente lo establecido en el artículo 74 de la Constitución.

Detalló que pese a que la fracción cuarta de dicho artículo especifica que “son atribuciones del Congreso de la Unión aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus asignaciones”, ahora se quiere entregar ese mandato y dejar manos libres al Ejecutivo federal.

“De manera abierta, la iniciativa presidencial vulnera la separación de poderes, pone en riesgo el funcionamiento del sistema democrático y denota un afán de concentrar más poder hacia el Ejecutivo que, además, lo ha ejercido con serias deficiencias”, indicó Romero Hicks.

Al decir que el decreto habla de una “emergencia económica”, y a falta de precisiones, se deja abierta la puerta a que dicha declaratoria puede inspirarse en otro tipo de causales, como la implementación de políticas públicas erróneas e ineficaces en materia de inversión y empleo.

Afirmó que el presidente pretende blindar los proyectos prioritarios que le interesan, como el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, haciendo a un lado las necesidades más urgentes de la población en salud, empleo y atender los reclamos de los sectores social y privado.

Alertaron que como está el planteamiento, podría quedar a la discrecionalidad del presidente la reorientación de los recursos y programas y proyectos para atender una emergencia económica.

Y es que el pasado jueves, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió del Ejecutivo federal la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La iniciativa adiciona el artículo 21 Ter de la mencionada ley para quedar como sigue:

“En caso de que durante el ejercicio fiscal se presenten emergencias económicas en el país, la Secretaría (SHCP) podrá reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarios de la administración pública federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.