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El saldo de muertos que dejó el terremoto de hace una semana, que afectó a Turquía y Siria, ascendió este lunes a más de 35,000 víctimas.

Se cumple una semana del sismo magnitud 7.8, y a pesar del tiempo que ha transcurrido, 182 horas, los medios turcos siguen reportando que los rescatistas han logrado sacar supervivientes de entre los escombros.

El balance confirmado es de 35,224 muertos, 31,643 en Turquía y 3,581 en Siria, lo que convierte a este terremoto en el quinto más mortífero desde el inicio del siglo XXI.

En la localidad turca de Kahramanmaras, cerca del epicentro, se instalaron 30,000 tiendas de campaña y hay 48,000 damnificados en escuelas y otras 11,500 personas albergadas en centros deportivos.

El vicepresidente turco, Fuat Oktay, dijo ayer que 108,000 edificios fueron dañados en toda la zona afectada por el sismo y que 1.2 millones de personas están siendo albergadas en habitaciones estudiantiles y 400,000 damnificados fueron evacuados de la región.

En Turquía crece la indignación por la mala calidad de los edificios y la respuesta gubernamental, quien ante las escasas probabilidades de encontrar supervivientes, ha centrado sus esfuerzos en ayudar a los cientos de miles de personas que se quedaron sin hogar.

La situación es especialmente compleja en Siria, donde Bab al Hawa es el único punto por el que puede entrar ayuda internacional a zonas bajo control rebelde después de casi 12 años de guerra civil.

La ONU denunció el fracaso del envío de ayuda para Siria. Los suministros son vitales para un país donde el sistema de salud y la infraestructura están en ruinas tras el conflicto que opone el gobierno de Bashar al Asad con varios grupos rebeldes que controlan parte del territorio.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reunió ayer en Damasco con Asad y dijo que el líder sirio afirmó estar dispuesto a abrir más pasos fronterizos para ayudar a ingresar ayuda a zonas bajo rebeldes.

“Las crisis combinadas de conflicto, covid, cólera, declive económico y ahora el terremoto, han tenido un costo insoportable”, declaró Tedros tras visitar la ciudad siria de Alepo.

El Parlamento de Turquía aprobó este jueves el estado de emergencia propuesto por el presidente Recep Tayyip Erdogan, que entró oficialmente en vigor en las diez provincias más afectadas por los terremoto del pasado fin de semana.

El estado de emergencia, en vigor durante los próximos tres meses, se basa en la Constitución turca que permite decretarlo en caso de catástrofes naturales.

Durante el estado de emergencia, se pueden imponer a los ciudadanos obligaciones monetarias, patrimoniales y laborales, y se pueden limitar o suspender temporalmente los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

Erdogan se refirió hoy a los casos de saqueo en las provincias golpeadas por el terremoto y adelantó que el Estado luchará contra ellos con el poder del estado de emergencia.

La declaración del estado de emergencia fue aprobada por la mayoría parlamentaria que tiene el gobernante partido islamista conservador AKP junto con su socio, el partido nacionalista MHP.

El número de muertos rebasó los 19,000, de los cuales 16,170 se han contabilizado en Turquía y 3,192 en Siria. Además, se reportan unos 70,000 heridos de distinta consideración.

En Turquía el número de heridos alcanza los 64,194, mientras que el recuento de edificios derruidos por los temblores se mantiene igual respecto a ayer, con 6,444.

El último balance de víctimas lo ofreció el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

En Siria, la cifra oficial de muertos asciende a 3,192 y la de heridos a 5,235, mientras las labores de rescate continúan en las cinco provincias del país más afectadas con pocas esperanzas de hallar supervivientes.

Los rescatistas alertaron de que las cifras podrían seguir subiendo, ya que muchas personas continúan atrapadas bajo los escombros en el cuarto día de operaciones de emergencia tras el sismo inicial registrado el fin de semana, y al que han seguido múltiples réplicas.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconoció este miércoles “deficiencias” en la respuesta a los terremotos que sacudieron su país y Siria.

“Por supuesto, hay deficiencias, es imposible estar preparado para una catástrofe así”, dijo el jefe de Estado, que visitó la provincia de Hatay, una de las más afectadas, en la frontera con Siria.

Erdogan anunció que cada familia damnificadas por los terremotos recibirá 10,000 liras turcas, cerca de 500 euros, al tiempo que ha afirmado que Ankara lanzará “operaciones masivas de vivienda” en las diez provincias afectadas.

“Nuestros ciudadanos no deben preocuparse. Nunca permitiremos que se queden en la calle”, ha manifestado, antes de incidir en que las víctimas pueden alojarse por ahora en varios hoteles en las provincias de Antalya, Anlanya y Mersin.

“Tenemos una capacidad significativa de habitaciones (en hoteles). Si nuestros ciudadanos no quieren quedarse aquí en tiendas de campaña, les buscaremos acomodo en hoteles”, prometió.

Los rescatistas siguen trabajando en Turquía y Siria en busca de señales de vida entre los restos de los miles de edificios que colapsaron.

Autoridades han informado que la cifra de fallecidos superó las 11.000 personas, lo que lo convierte este episodio como el más letal en más de una década.

La agencia de gestión de desastres de Turquía reportó este miércoles que la cifra de decesos registrados en el país había superado las 8,500 personas. Los fallecidos en las zonas del norte de Siria controladas por el gobierno subieron a 1,200, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Damasco, y al menos 1,400 más murieron en la región controlada por los rebeldes, según el grupo de emergencias Cascos Blancos. Ni Turquía ni Siria han dado cifras sobre el número de desaparecidos.

Rescatistas llegados desde más de dos docenas de países se unieron a las decenas de miles de efectivos locales mientras el país comenzaba a recibir la ayuda comprometida.

Hasta 23 millones de personas podrían verse afectadas en la región, indicó Adelheid Marschang, responsable de emergencias en la Organización Mundial de la Salud, que calificó la situación como una “crisis sumada a múltiples crisis”.

Erdogan señaló que 13 de los 85 millones de habitantes del país se vieron afectados por el sismo y declaró el estado de emergencia en 10 provincias. Más de 8,000 personas han sido sacadas de entre los escombros.

Los trabajos para recuperar los cuerpos de los 10 mineros que quedaron sepultados el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete en Coahuila, siguen adelante, así lo informó este jueves el gobierno federal.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNCP) detallaron que la titular de la CNPC, Laura Velázquez, hizo un recorrido por El Pinabete junto con los familiares de los mineros y autoridades para dar a conocer los avances de la construcción del tajo a cielo abierto que se anunció que se haría para lograr rescatar los cuerpos.

“Se dio a conocer el progreso en la excavación, el cual es parte de la segunda etapa del programa establecido por la CFE para el rescate de los mineros, y que implica acciones como estudios geotécnicos e hidráulicos para definición de sitios de tapones hidráulicos de galerías inundadas, suministro e instalación de cercado perimetral e inicio de la construcción de un bordo de protección contra inundaciones al sur del tajo”, indicaron las autoridades.

En reunión privada con la CFE, la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) y familiares, detalla el documento, Velázquez dio a conocer que se ha trabajado conforme al programa establecido por CFE, por lo que al concluir la primera etapa se alcanzó un volumen de excavación de 267,176 metros cúbicos, y en esta segunda etapa se registran 446,425 metros cúbicos excavados, dando un total a la fecha de 733,801 metros cúbicos.

Durante el recorrido, Velázquez recordó a los familiares que esta visita fue en cumplimiento de la promesa del gobierno federal de acudir cada mes al lugar a darles un informe sobre los avances en la recuperación de los cuerpos.

“Con estas acciones se reafirma el compromiso del gobierno de México de mantener los trabajos conjuntos e ininterrumpidos que permitan la recuperación de los mineros que resultaron atrapados tras el colapso en la mina El Pinabete el pasado 3 de agosto, y de mantener un canal de comunicación permanente con los familiares”, termina el comunicado.

Recordemos que el derrumbe reactivó la polémica por la actuación de las mineras en la región carbonífera, en Coahuila, donde se han registrado más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería, de acuerdo con la Familia Pasta de Conchos, que agrupa a familiares de fallecidos en el derrumbe de 2006 en la mina del mismo nombre.

Las familias de los 10 mineros atrapados en El Pinabete denunciaron condiciones de precariedad y acusaron al gobierno de actuar tarde y lento en el rescate de los trabajadores.

El gobierno federal precisó que sí se hará un tajo a cielo abierto para lograr el rescate de los 10 mineros que siguen atrapados en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, y una vez que se logre se procederá a construir un memorial en su honor.

“Ya hay acuerdos, ha sido un poco largo, llevamos varios días platicando, pero vamos muy bien, llegamos a un acuerdo que se consolidó de una manera muy importante, se va a realizar el tajo a cielo abierto, empezaremos ya, cuanto antes”, dijo la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez.

La funcionaria indicó que en breve comenzará el proyecto, que calificó como una obra de ingeniería “magna, muy importante”; en dicha obra participará de manera importante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Concluyendo el tajo se hará el memorial, como ellos mismas (familiares) lo solicitaron. Quieren algunos detalles específicos, vamos a cumplir con ellos, sin problemas e indemnización, por supuesto”, expuso Velázquez.

Precisó que todavía no se ha definido la cantidad exacta que se le dará a cada familia, aunque dijo que será una indemnización “muy seria y digna”.

Así fue como la funcionaria hizo frente a las declaraciones que los familiares de mineros atrapados comenzaron a hacer en los últimos días, refiriendo que los trabajos de rescate se suspenderían y que no habría tajo y los cuerpos quedarían sepultados.

Los familiares dijeron que se les informó que solo habría una capilla memorial para recordar a los trabajadores.

De acuerdo con declaraciones al periódico Reforma de Juanita Tijerina, hermana de Hugo Tijerina, uno de los mineros atrapados, las esposas de los trabajadores aceptaron una indemnización y que el lugar será propiedad de las familias para que no se vuelva a extraer carbón en la zona.

Apenas el domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que las familias de los mineros ya habían aceptado el plan para el rescate, el cual tardaría algunos meses.

“Mandamos consultar con familiares se pusieron muy tristes, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada, y ya, pues han aceptado”, apuntó López Obrador.

Además, esta mañana durante su conferencia matutina, confirmó lo informado por Laura Velázquez.

“Vamos nosotros a responsabilizarnos para pagar las indemnizaciones, no solo lo convencional sino más, por la situación, no solo de agravio por perder a sus familiares, que es muy triste, sino también por la situación de pobreza en que vive la gente”, declaró.

Indicó que “ya se tiene un acuerdo con los familiares” y que este martes podría haber una reunión para suscribir un documento con ellos.

Los familiares de los 10 trabajadores que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, aceptaron el plan de rescate presentado por el gobierno federal, y que inicialmente habían rechazado porque tomaría hasta 11 meses.

“Ya hay un consenso, las 10 familias están de acuerdo en que se lleve a cabo este trabajo, y no aceptaban por el tiempo, porque nos va a llevar más tiempo el rescate”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este fin de semana desde Nuevo León.

El jueves pasado, la Coordinación Nacional de Protección Civil presentó el plan de rescate a los familiares de los mineros, lo que causó inconformidad pues podría tomar entre seis y once meses.

El viernes, el presidente defendió que los expertos que trabajan en el rescate buscarán acortar los tiempos en la medida de lo posible.

El derrumbe que dejó a los mineros atrapados desde el 3 de agosto de dio cuando se abrió un orificio en la mina El Pinabete, provocando que el agua acumulada en el vecino complejo Conchas Norte se desbordará hacia el lugar donde trabajaban.

Cinco obreros lograron salir, pero en todo este tiempo no ha sido posible establecer contacto con los 10 mineros atrapados, cuyo estado se desconoce.

En el acto público de este domingo, López Obrador dijo que buscarán “sacar los cuerpos” lo más pronto posible, sin hacer referencia a la posibilidad de que aún puedan estar vivos.

Los familiares temen que a medida que pase más tiempo hay menos posibilidades de volver a ver a sus seres queridos con vida.

Según explicó el jueves la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, se evalúan tres “opciones” para el rescate, una de las cuales consiste en abrir un túnel con “rampas de acceso inclinado” para alcanzar las galerías de la mina, además del bombeo de agua.

La estrategia inicial era que buzos militares intentaran descender verticalmente a través de los pozos por donde suelen acceder los obreros, cuando la inundación estaba a poco más de un metro. Pero el nivel del agua aumentó a más de 30 metros el 14 de agosto y se ha mantenido.

López Obrador instruyó al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a reforzar el apoyo en las tareas de rescate de 10 mineros, a la par que anunció que los familiares de las víctimas recibirán una indemnización superior a los montos que originalmente estaban establecidos.

También recordó que continúan los trabajos en la mina de Pasta de Conchos por respeto a la decisión de 11 de 65 familias que pidieron la recuperación de los restos de los mineros atrapados en 2006 en el municipio San Juan de Sabinas en Coahuila.

El rescate de 10 trabajadores que quedaron atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, desde el pasado 3 de agosto podría alargarse hasta 11 meses, según informaron autoridades federales a las familias de los mineros,

“Nos dicen que se tardarían entre seis meses y once meses para sacarlos. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no podemos aceptar esto”, dijo a la agencia AFP Juani Cabriales, hermana de uno de los mineros, quien estuvo presente en la presentación del plan presentado de rescate.

En una conferencia posterior a dicha reunión, María Elena Chávez, esposa de uno de los mineros atrapados, confirmó la información que indica que el rescate podría demorar entre seis y los once meses.

En la reunión, la directora nacional de Protección Civil Laura Velázquez, habría reiterado que la mejor opción era realizar un tajo abierto con obras de rampas de acceso desde la superficie, tal como se expuso esta semana en la conferencia matutina.

Los familiares acusaron que las autoridades les han estado cambiando la información y las alternativas de rescate que se han propuesto. Y aunque indicaron que les ofrecieron una indemnización, señalaron que no la aceptarán si no se logra el rescate de los trabajadores.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que hoy no se había presentado la actualización del caso, pues confirmó que se estaba “haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados. Hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares”.

El gobierno federal se reunió ayer con la empresa alemana DMT y la estadounidense Phoenix First Response para compartir y discutir la estrategia que se ha implementado en las últimas dos semanas para el rescate de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

Al participar en la conferencia de Palacio Nacional, la funcionaria indicó que la comunicación se dio a través de una videoconferencia con DMT, en la que también participaron el Instituto de Seguridad Minera de Alemania, la Embajada de México en Alemania, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el equipo técnico asesor que está en la mina El Pinabete.

Los especialistas alemanes concluyeron, según Velázquez, que los rescatistas deben identificar por dónde entra el agua que mantiene la mina inundada desde hace más de dos semanas y que impide la entrada para evacuar a los trabajadores.

“También hubo coincidencia en el sellado de las entradas de agua, como se tiene planeado, y también continuar con los estudios del río Sabinas y posibles filtraciones de lluvia”, dijo Velázquez.

La asesoría ocurre a poco más de dos semanas del accidente, donde el sitio en el que laboraban los mineros se inundó tras un derrumbe de una mina contigua abandonada, Conchas Norte.

Los rescatistas se disponían a entrar el domingo pasado a la mina tras un bombeo de agua que disminuyó los niveles, pero una nueva inundación detuvo el operativo.

Laura Velázquez aseveró que la empresa DMT coincidió con la estrategia que el gobierno mexicano ha adoptado, como “continuar con el bombeo de agua hasta que bajan los niveles”, ha sido el adecuado.

En tanto, la compañía Phoenix First Response de Estados Unidos habría declaró que el equipo técnico del gobierno en la zona es “solvente” y “afortunadamente se valida el trabajo” de las autoridades, según Velázquez.

“En concreto, señor presidente, la estrategia que se ha implementado en la mina Pinabete para el rescate de nuestros 10 mineros es la adecuada”, sostuvo la titular de Protección Civil.

En tanto, el gobierno de Coahuila confirmó que los expertos estadounidenses se reunieron coningenieros mexicanos para intercambiar información, quienes presentaron los datos recabados por la empresa Mimosa, entre los que se encuentran las mediciones hidrológicas, geológicas, litológicas y la estimación del minado, así como datos de las minas aledañas.

También dijo que los especialistas alemanes reconocieron que se ha implementado una estrategia adecuada en las labores de rescate.

Hasta ahora, los más de 600 elementos que permanecen en la zona han extraído 391,941 metros cúbicos de agua con 13 bombas instaladas y siguen sustrayendo el líquido a una razón de 651 litros por segundo, detalló la funcionaria.

“Vamos a continuar con este trabajo de rescate, que no nos detengamos por falta de recursos, de equipos, de personal”, prometió López Obrador.

Luego de casi 15 días atrapados, una empresa de Estados Unidos se incorporar este miércoles a las tareas de rescate de los 10 trabajadores en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, informó el gobierno federal.

“Por parte de la SRE establecimos contacto con dos compañías, una de Alemania y otra de Estados Unidos, para validar todas las acciones que hemos realizado, atendiendo a una solicitud de las familias de los mineros.”, dijo la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

La funcionaria confirmó que ayer también se estableció comunicación con autoridades de Alemania con el propósito de recibir asesoría y retroalimentación en la estrategia de rescate.

«Tuvimos una llamada con el embajador de Alemania, quien también es ingeniero en minería, y nos ha hecho comentarios de que aquí en México se encuentran ingenieros especializados de alto prestigio y que pueden orientarnos. Afortunadamente son quienes encabezan este equipo», agregó Velázquez.

Autoridades informaron que al día de hoy suman 327 horas ininterrumpidas de labores en la mina, desde el derrumbe que se registró el pasado 3 de agosto. Señalaron que se trabaja en una tomografía eléctrica, que permitirá encontrar nuevas oquedades y posibles zonas de aportación de agua hacia la mina.

Además, se mantienen los estudios geofísicos que abonarán en la creación de un mapa detallado sobre el estado del subsuelo en la mina. Los resultados finales estarán listos en el transcurso de esta semana, lo que permitirá el rediseño de la ubicación de barrenos a fin de bajar los niveles de agua existentes.

Aunque en los últimos días se ha defendido el actuar del equipo de trabajo que participa en las labores de rescate, las autoridades señalaron que consideran importante tener una segunda opinión, que valide todas las determinaciones que se han tomado.

Y es que las familias de los trabajadores, que han permanecido en el sitio, han solicitado a las autoridades y a los responsables del rescate: que “nos los entreguen, vivos o muertos, pero que no los vayan a dejar ahí abajo”, según reportó El Universal.

Han reprochado la falta de resultados en las labores de rescate, y es que recordemos que la semana pasada, en al menos dos ocasiones, las autoridades habían asegurado que estaban a horas de poder bajar e iniciar el rescate de los mineros. Los familiares afirman que con cada minuto que pasa “disminuyen las posibilidades de éxito” en el rescate.

Las autoridades federal anunciaron que se trabaja en un plan para sellar las filtraciones hacia la mina inundada, donde permanecen desde hace 12 días 10 mineros atrapados.

Señalaron que este plan se contempla luego de que el volumen del agua aumentara súbitamente este fin de semana.

El nivel de agua en el pozo que ofrecía las mayores esperanzas para el ingreso de los rescatistas se hallaba este lunes en 38,49 metros, frente a 1,30 metros en la madrugada del domingo, dijo la titular de Protección Civil, Laura Velázquez.

La nueva estrategia tiene como fin evitar que entre más agua en la mina El Pinabete, donde se encuentran atrapados los mineros en el poblado de Agujita, en Sabinas, Coahuila.

Para ello se planea “perforar 20 barrenos de seis pulgadas, a una profundidad de 60 metros, en las galerías de Conchas Norte”, así como inyectar cemento a través de esos orificios “para su sellado”.

“He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan (…). No vamos a dejar de trabajar para rescatar a los mineros”, dijo por su parte López Obrador, aunque Velázquez no detalló cuánto tiempo durará este plan de sellado, propuesto por un equipo técnico asesor.

Según la funcionaria, en las galerías de la mina de Conchas Norte hay “casi dos millones de metros cúbicos; desde esta mina se filtran dos millones de litros por segundo a El Pinabete, mientras que las bombas de los equipos de rescate solo están sacando 371 litros por segundo, detalló.

Las autoridades trabajan con la hipótesis de que esta última mina se inundó cuando los obreros abrieron un boquete en una pared contigua a Conchas Norte, provocando que el agua entrara en el lugar donde maniobraban.

El aumento abrupto de la inundación el domingo echó abajo las esperanzas de los familiares de los mineros, que aseguran sentirse “desesperados” ante el lento progreso del rescate y expresaron su desconfianza en el liderazgo del operativo.

Y aunque durante la semana pasado se dijo en al menos dos ocasiones que estaban a horas de poder entrar y concretar el rescate de los mineros, Laura Velázquez reconoció hoy que tomará varios días volver a disminuir el nivel de agua y con ello, poder entrar.

“Todavía falta mucho, faltan muchos días de trabajo. Primero hacer ese gran muro de cemento para que ya no entre más agua; simultáneamente seguir bombeando para bajar los niveles. Tenemos casi 15 días acá haciendo esto, seguramente serán otros tantos, no lo sé, porque vamos a incrementar el bombeo”, dijo la funcionaria.

También se indicó que no se descarta la posibilidad de solicitar ayuda internacional para las labores de rescate, y por el contrario, dijo que la propuesta sí está sobre la mesa, aunque recalcó que en el equipo que se encuentra actualmente trabajando en el operativo de rescate se cuenta con los mejores expertos “que conocen muy bien estas minas”.

Fue el presidente López Obrador quien afirmó que se analiza la ayuda de equipos de rescate internacionales.

“No se descarta (la ayuda de rescatistas internacionales) todo lo que se tenga que hacer para sacar a los mineros. Y la familia tiene razón, ellos quieren a sus familiares”, comentó.

El mandatario matizó que antes de pedir la ayuda se tiene “que ver si hace falta”, una vez que se constate si la estrategia que se está siguiendo va a funcionar.

Autoridades federales aseguraron esta mañana que ya existen las condiciones necesarias para ingresar a rescatar a los 10 mineros que llevan atrapados más de 200 horas en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila.

“Ya estamos en un 97% ya de extracción de agua, así es que ya tenemos todas las condiciones para bajar el día de hoy. Toda la madrugada retiraron material para ingresar ya en estos momentos a la búsqueda y el rescate”, aseguró Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Aunque las autoridades habían confiado en entrar a realizar el rescate desde el pasado miércoles, se enfrentaron al nivel de agua en el sitio, que tuvo un derrumbe el pasado 3 de agosto, cuando se inundó por el colapso de un muro de una mina contigua abandonada.

“Para poder entrar, retirar el escombro e iniciar la búsqueda y rescate, se necesitaba tener los niveles de agua adecuados, que no pusieran en riesgo a los rescatistas, estamos llegando a ello”, añadió Velázquez.

En el lugar hay más de 600 elementos de las Fuerzas Armadas y civiles que han extraído agua en un promedio de hasta 300 litros por segundo. Se perforarán cuatro barrenos más por si hay necesidad de seguir extrayendo agua e ingresar a revisar las condiciones de los tres pozos, añadió.

“Ya estaremos en unos minutos revisando esta posibilidad, podemos ingresar ya a los tres pozos y se tienen preparados los recursos necesarios para iniciar las acciones de búsqueda y rescate”, sostuvo la funcionaria federal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este viernes la lentitud del rescate porque “los pozos tenían una profundidad de agua de 30 metros aproximadamente, entonces han ido bajando el nivel del agua, pero todavía falta”.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que imputará al presunto dueño de la mina colapsada, por su presunta responsabilidad en los actos de dirección y administración y en la explotación ilícita del subsuelo.

Mediante un comunicado, la FGR señaló que ya solicitó una audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Torreón, y refirió el nombre de Cristian “S”, a quien medios identificaron como Cristian Solís Arriaga.

“Esos hechos, a juicio de la Fiscalía General de la República, constituyen el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la Nación, previsto y sancionado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales, tratándose de un delito de acción permanente y dolosa, en los términos señalados en el Código Penal Federal, fundamentalmente, en sus artículos 8, 9 y 13”, apuntó.

Además, dijo que en la imputación se señalarán las personas que han declarado al respecto, así como todos los datos de prueba, como dictámenes en documentación fotográfica, en materia criminalística de campo, en ingeniería y arquitectura, en investigación criminal, así como las inspecciones y entrevistas correspondientes.

También se adjuntaron diversos documentos de autoridades locales y federales, competentes en esta materia y como dato de prueba se adjunta la declaración ministerial del imputado Cristian “S” y toda la documentación y diligencias procedentes al caso.

Autoridades indicaron esta mañana que estarían a “horas” de poder ingresar a la mina de Coahuila donde 10 mineros permanecen atrapados desde hace una semana.

Los 672 elementos de las Fuerzas Armadas y civiles que han estado 158 horas continuas en el operativo están por extraer el agua suficiente para ingresar a la mina en Sabinas, que se inundó tras un derrumbe, indicó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

“Ha sido una semana intensa, de muchos compromisos y esperamos que estemos a horas de realizar este rescate”, manifestó la funcionaria por videoconferencia durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Velázquez recordó que las autoridades trabajan, desde el miércoles pasado, cuando a las 13:35 hora habitantes de Sabinas reportaron el colapso de una mina de carbón en la comunidad de Las Conchas, en el paraje de Agujita, tras una inundación.

Para ingresar al sitio a salvar a los mineros, las autoridades han tenido que extraer hasta ahora 125,453 metros cúbicos de agua, según la titular de Protección Civil.

En los tres pozos inundados de la mina, donde se presume que podrían estar los trabajadores, aún quedan tirantes por bombear de hasta 10.2 metros, agregó Velázquez.

Especialistas también monitorean los niveles de gas metano para evitar una explosión cuando ingresen los buzos.

“Otro nivel muy importante que se mide constantemente son los niveles de explosión, los cuales son óptimos. No hay ningún problema para los rescatistas para que puedan ingresar en cualquier momento. Así es que estamos ya a muy poco, señor presidente, de poder ingresar”, aseveró.

El derrumbe de la mina, de donde solo cinco trabajadores lograron escapar aunque resultaron heridos, recuerda lo sucedido en 2006 en Pasta de Conchos, donde se registraron más de 100 muertes de personas dedicadas a la minería.

El presidente López Obrador ha afrontado reclamos de los familiares de la mina de Sabinas, pero ha prometido atenderlos y fincar responsabilidades. “Seguimos mandando nuestro abrazo, solidaridad, nuestra fe a los familiares de los mineros”, manifestó este miércoles.

Al menos 1,030 personas murieron y más de 1,500 resultaron heridas por el terremoto de 5.9 grados que sacudió anoche el este de Afganistán, un número de víctimas que se espera que vaya en aumento a medida que avanza la operación de rescate.

El movimiento telúrico se registró anoche a unos 46 kilómetros de Khost, capital de la provincia homónima, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que informó también de una réplica de 4.5 grados. El mayor número de víctimas se produjo en la ciudad de Paktika.

Numerosas organizaciones humanitarias ya trabajan sobre el terreno en coordinación con las autoridades talibanes para rescatar a los supervivientes de la catástrofe, según informó en un comunicado la Oficina de la ONU para la para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Cinco helicópteros del Ministerio de Defensa afgano, más de 50 ambulancias y múltiples equipos de trabajadores sanitarios han sido desplegados en las provincias de Paktika y Khost, principales afectadas, para acelerar las labores de rescate y el traslado de heridos a los hospitales más cercanos.

Sin embargo, las fuertes lluvias y el viento que azotan la zona no permitieron que varios de los helicópteros aterrizaran en sus tareas, continuó la OCHA, por lo que el traslado de los heridos a los centros hospitalarios se están llevando a cabo por carreteras convencionales que han sido cortadas al tráfico civil.

“Por el momento, al menos 130 heridos han sido trasladados” e ingresados en hospitales, apuntó la OCHA, que señaló que hasta 1,800 viviendas han sido destruidas y dañadas en Gayan, lo que representa el 70% del total de viviendas del distrito.

Afganistán suele sufrir terremotos que dejan decenas de víctimas, especialmente en la zona conocida como Hindu Kush, de gran actividad sísmica y habitual punto de origen de movimientos telúricos en la región.

Algunas de las mayores catástrofes en Afganistán provocadas por terremotos ocurrieron en 1998 en el norte del país, cuando en febrero dos terremotos de 5.9 y 6 grados causaron la muerte de unas 4,000 personas. Pocos meses después, a finales de mayo, un terremoto de 7 grados dejó unos 5.000 muertos.

Foto: Twitter @Seba_Sismos_CL

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la decisión “histórica y patriota” de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SJCN) de avalar algunos de los cambios de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

“Quiero informar al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley (de la Industria) Eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Dijo que no se quería “hablar mucho antes” de la importancia de que la Suprema Corte resolviera sobre el asunto porque “sabíamos de la trascendencia” de la resolución.

En este sentido, reiteró que se estaba “abusando” del marco legal y se buscaba destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tener como “rehenes” a todos los consumidores para hacer jugosos negocios y para lucrar.

“Se reparó el daño, ayer, se protegió a la gente, para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz”, dijo el mandatario, tras expresar que estaba “muy contento”.

Puso como ejemplo a las hidroeléctricas, pues en la “ley tramposa” anterior, aprobada en 2014 con corrupción tras sobornar a los legisladores, no se contemplaba esta energía como limpia, agregó. En este sentido, señaló de nuevo a algunas empresas extranjeras para beneficiarse de la situación y además remarcó que la energía solar y eólica que producen las firmas privadas son un pretexto.

“Solo utilizan de pretexto o de excusa o de pantalla el que les importa mucho la energía limpia. Mentira, ¿cuánto se produce con eólica o solar? Ni el 10% de la energía que se requiere. Todo lo demás es energía que usan las particulares con gas”, agregó.

López Obrador dijo que el debate en la Suprema Corte se demuestra que hay un “auténtico Estado de derecho”.

Ayer, la Suprema Corte dio su respaldo al nuevo modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

Aunque hubo muchas objeciones a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional. Sin embargo, la mayoría de los ministros se manifestaron en contra de ella; les faltó un solo voto para desecharla.

Cuestionado sobre la reforma constitucional en el sector eléctrico, que se debatirá la próxima semana en el Legislativo, el presidente dijo: “Ahora viene la reforma constitucional, pero la verdad, con lo que se consiguió ayer se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la CFE y rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo”.

Sobre el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que se señaló que la decisión de la Suprema Corte de declarar constitucional la LIE, abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión, el presidente afirmó que no se viola ningún tratado por lo que si recurren a tribunales internacionales, México haría lo propio.

“Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pero nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre”, recalcó AMLO al decir que Salazar tiene presiones por parte de legisladores y políticos que reciben dinero de corporaciones empresariales, pues dijo, así es el modelo en Estados Unidos.

Las autoridades interceptaron a 1,266 migrantes de 33 países diferentes en diversos operativos en un lapso de apenas 24 horas, informó este jueves el Instituto Nacional de Migración (INM).

Entre los migrantes, que “transitaban de manera irregular por 22 entidades del país, había 203 menores de edad, de los que 165 viajaban no acompañados, detalló en un comunicado el INM.

Los migrantes eran en su mayoría de cinco países: 303 de Colombia, 268 de Honduras, 181 de Guatemala, 143 de Cuba y 100 de El Salvador. El resto provenían de naciones como Somalia, Canadá, Rusia, Pakistán, Suiza, Etiopía, Afganistán, China, Turquía, Ghana, Italia y Armenia, entre otros.

Las autoridades interceptaron a la mayor cantidad de migrantes en la Ciudad de México (258), seguido de Chiapas (246) y Tabasco  (167), además de Baja California (96) y Nuevo León (88).

El INM también “destacó la atención a 120 personas extranjeras en un autobús de turismo en Acajete, Puebla; más de 100, sin agua ni alimento, en la caja de un camión tipo torton abandonado en la autopista Córdoba-Minatitlán, Veracruz, y 59 en Allende, Nuevo León, escondidos en compartimentos”.

Las detenciones, que el INM llama “rescates”, son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Recordemos que México deportó a más de 114,000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob). Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131,448 solicitudes de refugio en 2021. De estos, más de 51,000 fueron haitianos.

De 1 al 30 de enero de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación, rescató a 16 mil 740 personas extranjeras con estancia irregular en el país, que viajaban a pie o en vehículos en caravana, camiones, autobuses y, a últimas fechas, en motocicletas, camarotes de tráiler y ambulancias clonadas.

Cabe señalar que 2 mil 421 (14.5%) son niñas, niños y adolescentes menores de 17 años, de los cuales 780 fueron identificados sin compañía. Del total, 987 son mujeres y mil 434 hombres. En tanto, 14 mil 319 son personas adultas: 10 mil 810 hombres (64.6%) y 3 mil 509 mujeres (21%).

Por nacionalidad, 10 mil 443 provienen de Centro y Sudamérica, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; el resto, 6 mil 297, son originarios de Asia, África, Europa y Oceanía.

Se precisa que, durante el periodo del 1 al 30 de enero de 2022 fueron rescatados 7 mil 334 personas extranjeras irregulares más que en el mismo lapso de 2021.

Entre los rescates masivos, se destacan el de 966 personas en condición de hacinamiento en las cajas secas de tractocamiones o tráileres, en Veracruz, Oaxaca y Coahuila, y un contingente de 319 que caminaban en caravana en el estado de Chiapas.

Así como, 328 en autobuses de pasajeros localizados en Puebla y Oaxaca; 92 en motos u autos en caravana en Chiapas y Tabasco; 91 en camarotes de tráileres en Tabasco, Chiapas y Veracruz; 68 en camionetas particulares; 62 en camionetas tipo ambulancias y de empresas de servicios, y 25 en una casa de huéspedes en Oaxaca.