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¿Cuándo acaba la responsabilidad de un exgobernante y cuándo comienza la del entrante? Estas dos preguntas no tienen respuesta clara actualmente. López Obrador asumió la presidencia hace ya más de cinco años y sigue culpando al pasado por los errores del presente. Si bien no es sensato pretender un cambio de la noche a la mañana, menos aún con décadas de abusos, ¿qué de todas las promesas de López Obrador podemos considerar que fueron mentiras a más de un lustro de su presidencia?

La primera y más grande mentira es la de regresar al Ejército a sus cuarteles. La no a la militarización a la seguridad pública y el retiro de las Fuerzas Armadas de estas tareas. Esto fue una promesa de Andrés Manuel López Obrador cuando candidato. Una vez en la presidencia dio un giro de 180 grados. No solo no retiro al Ejército de estas labores sino que les ha dado aún más encomiendas. La más reciente, el manejo de aeropuertos. Y para que no les falten recursos en esta nueva tarea, el gobierno acaba de dar un manotazo en la mesa con el decreto para reducir la TUA en los aeropuertos propiedad de la iniciativa privada y otro para aumentar la contraprestación de sus concesiones. De un plumazo cambió la forma de calcular el retorno al capital y con ello las contraprestaciones de las concesiones pasaron de representar un 5 por ciento de los ingresos brutos a un 9 por ciento.

Para mantener contento al Ejército y a flote su labor al frente de los aeropuertos, López Obrador se ingenia una nueva competencia desleal y comete dos actos arbitrarios que golpean la credibilidad y el atractivo de invertir en México.

Prometió no militarizar al país, pero mintió. Prometió respetar las inversiones y mintió.

A las grandes mentiras de AMLO le podemos sumar la construcción de la refinería Olmeca. El presidente prometió que el costo de Dos Bocas sería de la friolera cantidad de 8 mil millones de dólares. Digo friolera porque para un país con las necesidades y carencias de México, destinar recursos públicos para refinar combustibles fósiles es un sinsentido, como tantas veces se ha señalado. Pero ahora Pemex acaba de informar a la SEC en EUA que ha recibido 17 mil 700 millones de dólares para Dos Bocas. Así que multipliquemos por dos la friolera cantidad de recursos públicos para este proyecto del gobierno de López Obrador.

Todas estas mentiras vienen a colación ahora que el presidente ha estado repitiendo en sus conferencias mañaneras que es un hombre de palabra y que por ello los trabajadores del Poder Judicial le deben de creer cuando les dice que la cancelación de los fideicomisos no los dañara. Que lo que está haciendo es para acabar con los privilegios de los Ministros de la Corte.

Si de acabar con privilegios se trata, quizás sería mejor que comience por los que tiene en casa, o mejor dicho, en Palacio. Me refiero simplemente a uno: el chef personal que tiene en la nómina de presidencia, Ramón Antonio Torres Morales.

El periodista Alberto Valiente, de Latinus, encontró en Guacamaya Leaks que Torres Morales se encuentra dentro de la estructura de la Secretaría Particular de la Presidencia con un sueldo de 62 mil pesos mensuales.

Todas estas mentiras nos afectan como país. Implican un despilfarro de recursos en un gobierno que se dice austero y nos dejan con los enormes problemas que venimos cargando desde el pasado sin resolver. El golpe para México es por partida doble.

Columna completa en El Universal

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que miércoles que mañana será un día importante, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si acepta la solicitud que presentó para someter a consulta ciudadana, el investigar y en su caso enjuiciar a los expresidentes de México.

AMLO dijo que no se trata solo de la consulta a los expresidentes, sino que la decisión de la Corte es si acepta o no, en los hechos, la democracia participativa.

“Eso es lo que está en cuestión, si realmente queremos que haya democracia participativa, si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, que es la esencia de la democracia”.

Sobre el sentido en el que va el proyecto presentado por el Ministro Luis María Aguilar, AMLO dijo que argumentar que si se lleva a cabo la consulta ciudadana se estarían violando los derechos humanos de los exmandatarios, no debería considerarse como “argumento fundamental”, pues aseguró que no habría tal violación,

Explicó que en la solicitud de presentó se señala que en el caso de que el pueblo decidiera que sean investigados los expresidentes, se actuaría de conformidad con los procedimientos legales, respetando el debido proceso, por lo que los acusados tendrían derecho a la defensa y por ende, no se les estarían violando sus garantías.

AMLO dijo que en caso de que la Corte rechace la solicitud de consulta, se estaría considerando como una simulación, “letra muerta”, lo expresado en la Constitución sobre la democracia participativa. Incluso dijo que al ser uno de sus compromisos, estaría enviando una iniciativa de reforma al artículo 35 para que no se cancele esa posibilidad.

Fue en ese punto donde señaló que en caso de que la respuesta sea negativa para su solicitud, ´´el se estaría deslindando, y dejaría que cada poder asuma sus responsabilidades.

“No significa que si mañana se aprueba la consulta, con juicios sumarios se va a castigar a los presidentes si se les encuentra culpables. Son procesos, va a intervenir la fiscalía, intervienen los jueces”, justificó el mandatario.

López Obrador insistió en que si bien se debe aplicar un auténtico Estado de derecho en el país, eso no justifica que haya impunidad y que no se castigue por igual a todos los mexicanos, que no haya privilegios para algunos.

En conferencia de prensa, autoridades del gobierno de la Ciudad de México asumieron su responsabilidad en los hechos que provocaron la muerte de María Guadalupe Fuentes Arias, quien falleció en el exterior del Metro Tacubaya en febrero pasado.

Fue la directora del Metro, Florencia Serranía, quien relató cómo sucedieron los hechos. Dijo que el sábado 16 de febrero a las 7:15 de la mañana, elementos de la policía bancaria y comercial, contratados por el Metro atendieron a una usuaria que había sufrido un desmayo en el andén, misma que fue trasladada en camilla al cubículo anexo a la jefatura de estación donde se solicitó la presenció la presencia de un trabajador del área de seguridad industrial, quien procedió a valorar a la usuaria de acuerdo a protocolos y requirió la presencia de una ambulancia.

A las 8:55 de la mañana, la ambulancia número 4 de protección civil de la alcaldía Miguel Hidalgo, brindó primeros auxilios a la señora Guadalupe y diagnosticó “estado etílico y con PB, consumo de enervantes”. Derivado de este, prescribieron, aplicaron un suero y declinaron el traslado argumentando que en 3 horas podría salir por su propio pie.

Fue ahí donde dijo que cerca de las 10 de la mañana, “evidentemente inconsciente fue desalojada por seis policías y abandonada, la señora Guadalupe fue abandonada en el exterior donde permaneció más de 29 horas”.

Entre lágrimas y voz entrecortada, la directora del Metro reconoció que “claramente los procedimientos y la actuación de algunos funcionarios públicos involucrados fueron inhumanos y por lo tanto imperdonables, su actuar atentó contra el más básico principio de preservar la vida de una persona y de procurar una atención médica”.

Detalló que el 20 de marzo pasado, la jefa de estación de Tacubaya fue cesada del Metro para que enfrentara los cargos que le podrían ser imputados de acuerdo a las evidencias presentadas.

Por su parte el titular de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, Jesús Orta, reconoció “de manera personal e institucional”, la mala y deficiente actuación de los seis elementos de la policía bancaria e industrial que participaron en los hechos.

“Estos elementos actuaron de manera deshumana y sin apego al protocolo de actuación alguna”, dijo al informar que los elementos están sujetos a una investigación en asuntos internos y a un proceso ministerial en la Procuraduría General de Justicia.

Tras lamentar la muerte de María Guadalupe Fuentes Arias, presento su “más sincera disculpa por la actuación de mis elementos asumo la responsabilidad que me corresponde por estos hechos”.

Foto: Twitter

La consejera de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, afirmó que sin autonomía la evaluación de la educación corre el riesgo de debilitarse, de hacerse a modo y de experimentar una inflación de resultados como ya ocurrió con la prueba ENLACE.

Al participar en el foro ‘Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niñas, niños y jóvenes’, que organizó el Senado, alertó sobre la pérdida de la instancia que vela con independencia por la mejora continua y el cumplimiento del derecho de todas las niñas, niños y jóvenes a una educación de calidad.

La consejera resaltó que el propósito de la autonomía de un órgano evaluador de la educación es asegurar que sus evaluaciones y mediciones de componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional produzcan información capaz de detonar procesos de mejoramiento de la calidad de la educación obligatoria de México.

Schmelkes del Valle manifestó que la creación de órganos autónomos permite que sea especializado y políticamente neutral quien diagnostique, analice y emita recomendaciones acerca de asuntos públicos de carácter estratégico.

Recordó que la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo señala que el INEE debe cancelarse “porque se le percibió como un instrumento persecutor del magisterio”; sin embargo cuestionó de dicha percepción no hay evidencia ni del acto imputado.

La consejera lamentó que al INEE se le atribuyan, de manera injusta, responsabilidades que rebasan con mucho su rol regulatorio de los procesos de evaluación docente.

Finalizó reiterando que en el INEE se reconoce y se valora a los maestros, y destacó que no contar con un organismo autónomo que evalué el cumplimiento del derecho asentado en la constitución es volver al oscurantismo.

 

El Presidente Nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, encabezó esta tarde una conferencia de prensa en la que hicieron un llamado a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a tomar en serio los problemas que afectan al país, y se comporte como el futuro presidente que es.

Al hablar sobre la consulta ciudadana que se realizará a petición de AMLO para definir el futuro del nuevo aeropuerto, Torres Cofiño le pidió al tabasqueño que que deje de jugar y de pensar que sigue en campaña, “la campaña ya concluyó, el proceso concluyó, igualmente y, por supuesto, le exigimos seriedad”.

Los panistas exigieron que López Obrador asuma sus responsabilidades, y no ponga en juego el futuro económico de México, de nuestro país. “Es claro y es evidente que López Obrador no le ha caído el veinte, que está próximo, a un mes, de asumir la presidencia del país, y México necesita a un presidente serio, a un presidente responsable, a un hombre de Estado”.

Acompañado por los coordinadores del PAN en la Cámara de Diputados y el Senado, Juan Carlos Romero Hicks y Damián Zepeda, respectivamente, el dirigente del blanquiazul cuestionó que se pretenda consultar a la población sobre un tema eminentemente técnico, en el que se deben de privilegiar las opiniones de los especialistas.

Advirtió que una mala decisión en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México afectaría al turismo, el ingreso de miles de familias, la seguridad jurídica, el Estado de derecho, así como la estabilidad del país frente a los mercados internacionales.

 

Tras los señalamientos que se han hecho en los últimos días sobre los presuntos desvíos de recursos en el Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, el candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, reconoció que cuando él asumió en la Secretaría, detectó irregularidades en el manejo de los recursos, mismos que denunció.

 

Meade indicó que cuando tomó las riendas de Sedesol, tras la salida de Robles Berlanga, sí encontró irregularidades correspondientes al programa de adultos mayores, por lo que procedió a hacer las denuncias correspondientes, que derivaron en la sanción de 460 funcionarios involucrados en el caso.

 

“A mí me tocó, cuando estuve en Sedesol, hacer una investigación que se tradujo en que se suspendieron servidores públicos”, dijo esta tarde el ex titular de Hacienda luego de ser cuestionado sobre si se deslindaba de las acciones de su excompañera de Gabinete.

 

Indicó que lo que a él lo corresponde es el deslinde de responsabilidades, más que de funcionarios, “el resto del deslinde le toca a la autoridad competente y hay que ser respetuosos de ella. La que tiene que deslindar la responsabilidad es la Auditoría Superior y la PGR”.

 

El equipo de campaña de Meade, reiteró en conferencia de prensa que durante su gestión como Secretario de Hacienda, el ahora candidato no firmó ninguno de los contratos que son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que involucran a Rosario Robles, por lo que rechazaron los señalamientos que se le han hecho.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APAO

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, señaló que se están trabajando 156 carpetas de investigación derivadas del sismo del pasado 19 de septiembre que dejó a 228 personas sin vida luego de diversos derrumbes.

 

Mancera añadió que el objetivo de las insetigaciones que se siguen, es “llevar la justicia pronto a mucha gente que lo está pidiendo en la Ciudad de México y que es nuestra obligación conforme a derecho agilizar las indagatorias”.

 

Mancera indicó que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX trabaja para determinar si hay líneas de corrupción o si hay cualquier vicio de haber vulnerado la ley, y que pudiera haber influido en el colapso de edificios en la capital del país. “Se va a sancionar en estricto apego a la ley”, enfatizó el mandatario local.

 

Reiteró que será la próxima semana cuando se abordará el tema de citatorios, diligencias a juzgados y con jueces para las personas o empresas a las que se están imputando responsabilidades.

 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la dependencia a su cargo está siguiendo hasta sus últimas consecuencias las decisiones que se tomen sobre las auditorias al Paso Exprés y “quiénes tengan responsabilidad: se trate de servidores públicos, se trate de empresas privadas o se trate de funcionarios locales, tendrán que asumirla”.

 

 

 

Sobre la auditoria que presentó en esta semana la Secretaría de la Función Pública (SPF), el funcionario señaló que “nos hemos sumado, se los he comentado a ustedes desde un principio, le hemos aportado elementos, le hemos aportado documentos, le hemos dado comentarios que se han escuchado dentro del sector, de un lado y del otro, sector privado, sector público, para que tengan todos los elementos para tomar lo más rápido posible las determinaciones. Es un procedimiento que es legal”.

 

Ruis Esparza sostuvo que debido a que la SPF tiene que apegarse a derecho, “los funcionarios, los servidores públicos observados” tienen la obligación responder a las observaciones realizadas en un periodo máximo 45 días.

 

“N  es conveniente adelantar juicios, tiene cada quien que tener su derecho de defensa, lo van a ejercer ante la Función Pública”, indicó sobre los señalamientos que se han hecho a funcionarios públicos federales y locales de la Secretaría.

 

 

 

 

 

 

Foto: Twitter