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El Gobierno federal dará incentivos fiscales a empresas de 10 sectores económicos que deseen reubicarse en el país por el fenómeno conocido como ‘nearshoring’.

Según informó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, los beneficios incluyen deducciones aceleradas de inversiones de entre el 56% y 89% en 2023 y 2024, así como una deducción adicional del 25% durante tres años para gastos de capacitación de trabajadores.

Yorio señaló que dichos incentivos están disponibles en todos los estados y municipios del país, lo que dijo, permitirá ampliar la ventana de oportunidad por una año para las empresas interesadas.

Los diez sectores que incluye el decreto son: componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía.

El decreto señala que es “pertinente” otorgar beneficios a las compañías que buscan optimizar sus operaciones mediante la estrategia del nearshoring.

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“Al dirigir los estímulos fiscales hacia las empresas exportadoras, se promueve la competitividad, la innovación y la inversión en tecnología, lo que contribuye a la generación de empleo y atrae inversión extranjera directa”, justifica Hacienda en el decreto.
Añadió que la actividad exportadora aumenta el ingreso de divisas al país y mejora la balanza comercial, lo que a su vez aumenta la confianza de inversionistas y socios comerciales en el país.

Tal como se había advertido la semana pasada, cuando trascendió sobre la intención de la Secretaría de Salud federal (SSA) de llevar a cabo cambios en la actual estructura del sistema regulatorio en materia de salud, ayer se confirmaron dichos cambios.

Fue el director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, quien ventiló que el pasado 27 de julio, durante una reunión del Gabinete de Salud, se plantearon los cambios que dijo, ya tenían el respaldo de la Presidencia.

La noche de ayer se dio a conocer el acuerdo que “actualiza e integra” las áreas de adscripción de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud.

“Se ha determinado reubicar a diversas instancias de la Secretaría de Salud como el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y otros órganos desconcentrados que seguirán jerárquicamente subordinados a la dependencia, así como a diversas unidades administrativas, bajo el principio básico de que el criterio científico-técnico debe prevalecer en todo momento sobre cualquier otro”, indicó la SSA.

En dicho acuerdo se establece que la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud; la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; la Comisión Nacional de Bioética; la Oficina del Abogado General; la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social; la Dirección General de Comunicación Social; la Dirección General de Relaciones Internacionales; la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud, pasan a reportarle directamente al titular de la dependencia, Jorge Alcocer.

Sin embargo, destacan las atribuciones que se le dan al Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien “amarró” 13 oficinas: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); la Comisión Nacional contra las Adicciones; el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades; el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA; el Centro Nacional para la Salud de la infancia y la Adolescencia; el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea; los Servicio de Atención Psiquiátrica; la Dirección General de Epidemiología; la Dirección General de Promoción de la Salud; la Dirección General de Información en Salud; el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes.

En el caso específico de la Cofepris, se indicó que al dar atención a más de 300 trámites diferentes, necesita una “reestructuración y una optimización de sus procesos” que ayuden al combate a la corrupción y que fortalezcan la transparencia en su desempeño.

Detallaron que para fortalecer la regulación, el control y el fomento sanitarios, se necesita replantear las prioridades de la Cofepris, hacia un énfasis en la vigilancia sanitaria de productos, servicios y establecimientos de salud, la farmacovigilancia, la tecnovigilancia y la emisión de autorizaciones y registros sanitarios de medicamentos eficaces, seguros y de calidad farmacéutica, así como en el fortalecimiento de los procesos de identificación y pronóstico de riesgos basados en evidencia irrefutable.

A la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud se le adscribieron seis áreas, tales como la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública y las Direcciones de Desarrollo de la Infraestructura Física, de Programación y Presupuesto, entre otras.

La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, se hará cargo del Centro Nacional de Transplantes; las direcciones de las Coordinaciones de Hospitales Federales de Referencia y Regionales de Alta Especialidad, entre otros.

Finalmente, la Unidad de Análisis Económico de la SSA tendrá a su cargo el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, y las direcciones de Calidad y Educación en Salud; de Planeación y Desarrollo en Salud y de Evaluación del Desempeño.

El profesor-investigador del CIDE, y actual presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertoriviski, aseguró que con los cambios anunciados “ya no habrá separación entre quien regula y quien compra las vacunas”, por lo que calificó dicha decisión como un retroceso en el sistema de salud mexicano.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca oficinas para reubicar a dos mil 300 trabajadores luego del incendio registrado el sábado que provocó afectaciones a sus instalaciones en Insurgentes Sur.

En el piso 9 del edificio de las oficinas de Conagua fue donde, se cree, comenzó el incendio el sábado pasado alrededor de las 8:00 de la mañana.

Felipe Martínez Mejía, comandante de Seguridad de Conagua, entró a trabajar el sábado a las 7 de la mañana, poco después se dio cuenta de que había humo en el edificio.

Tras desalojar a todos los trabajadores, Felipe y dos policías regresaron al piso 9 y después subieron a la azotea.

“Llegamos hasta la plataforma, entonces ya veíamos que ya venían las lenguas de fuego de los dos lados, a lo lejos veíamos que venía un helicóptero, yo pensé que nada más iba de paso; ya cuando pidieron la autorización para el aterrizaje, fue cuando por mi radio yo les dije que procedieran”, expuso Felipe Martínez Mejía.

Tras dos horas, 120 bomberos lograron sofocar el fuego.

“Hay daños a partir del piso 9. El día de ayer encontramos que había una fuga de agua que también dañó los pisos de 5 para abajo”, indicó Blanca Jiménez Cisneros, directora de Conagua.

 

 

Con información de Noticieros Televisa

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se reunió con los secretarios de educación y los titulares de los institutos de infraestructura de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, para revisar los avances en la segunda fase del regreso a clases, que consiste en asegurar que todos los alumnos de escuelas con daños estructurales sean reubicados, ya sea en otros planteles o en aulas temporales.

 

El secretario pidió a los funcionarios estatales centrar la atención en la reubicación de los alumnos que aún no estén en clases y les indicó que la meta es lograr que el 100% de los alumnos estén en clases al término de las primeras dos semanas de diciembre.

 

Nuño Mayer reiteró que la prioridad es garantizar la seguridad e integridad de niños y maestros, por lo que solicitó a las autoridades educativas locales impedir que se den clases a la intemperie o en la vía pública.

 

En la reunión, se revisó a detalle el avance en la dictaminación de las escuelas con reporte de daños, proceso que está prácticamente concluido. También se discutió la instalación de aulas temporales seguras para reubicar a los alumnos de aquellas escuelas que no están en condiciones de operar, cuya reconstrucción comenzará a partir del 6 de noviembre. Finalmente, se revisaron avances en la entrega de apoyos para la reparación de las cerca de 11 mil escuelas con daños menores.

 

En total, casi 16 mil escuelas sufrieron algún tipo de afectación como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre. Todas serán reparadas con recursos públicos; en ningún caso se solicitarán contribuciones económicas a los padres de familia para la reconstrucción.