El nombre de Joaquín Gamboa Pascoe, entonces líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y uno de los pilares del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue localizado entre los 13.4 millones de registros revisados en el Paradise Papers, la nueva cobertura global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con base en información conseguida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Se detalla que desde 1982, Gamboa Pascoe creó en Islas Caimán el fideicomiso Burma 2000 como una fachada para ocultar los movimientos de efectivo en Karin Corporation, una offshore panameña. Ambas funcionaban como capas de una cebolla; una escondía a la otra.  En ese año, el líder sindical surgido de la industria textil terminaba su primer periodo como integrante de la Cámara Alta, el más importante de su trayectoria política porque llegó a  ser presidente de la Gran Comisión del Senado y líder de la bancada del PRI. Era el fin del sexenio de José López Portillo, uno de los gobiernos más cuestionados por actos de corrupción.

El dirigente obrero no fue el único mexicano que apareció en el Paradise Papers, existen otros, empresarios en su mayoría, quienes llevaron sus inversiones en paraísos fiscales.

La firma Appleby, que cuenta con una historia de 119 años, estuvo involucrada con uno de los grandes negocios del multimillonario Carlos Slim. La semilla de Telecom Américas fue sembrada a través de ese despacho en Bermudas, en el año 2000, cuando esa isla figuraba como uno de los paraísos fiscales más opacos. Los inversionistas acudían ahí porque no se cobraban impuestos –tasa cero- a los capitales extranjeros y se ofrecía el anonimato.

En aquel año, Slim hizo una alianza con la compañía canadiense Bell y con la estadounidense SBC Communications para expandirse en el aún incipiente mercado de la telefonía móvil.  En aquellos días, apenas una de cada 10 personas contaba con un celular en América Latina.

Como parte de los Paradise Papers también surgieron pruebas sobre cómo Pemex e inversionistas extranjeros usaron la opacidad de los paraísos fiscales para pactar contratos por unos 1,000 millones de dólares usando empresas hechizas.

En los documentos que se comenzaron a conocer ayer a nivel mundial quedó el rastro de cómo inversionistas extranjeros y, sobre todo, reaseguradoras trasnacionales lucraron desde esos paraísos fiscales mediante las coberturas que gobiernos de México contrataron como seguro para los desastres naturales, sismos y huracanes, resultando en un pésimo negocio para el país ya que se han perdido millones de dólares en procesos de contratación que encima fueron discrecionales.

En los expedientes también aparecen empresas ligadas a dos ex funcionarios de primer nivel: Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y Alejandro Gertz Manero, secretario de  Seguridad Pública con el gobierno de Vicente Fox.

Aspe es fundador de Protego Asesores, una firma que en 2016 se fusionó con Evercore México Capital Partners para establecer en la isla de Barbados la sociedad Glisco Partners Inc. Las compañías asociadas han apoyado a la renegociación de deudas de distintos gobiernos, incluido el Estado de México cuando era Gobernador el actual Presidente Enrique Peña Nieto. En Protego colaboró durante ocho años Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y actual canciller.

Alejandro Gertz, por su parte, aparece como miembro de la sociedad de inversión Jano Limited, establecida en 1995 en las Islas Caimán con su hermano Federico, ya fallecido. Gertz aseguró a la revista Proceso, que forma parte del equipo mexicano que analizó los Paradise Papers, que no sabía de la existencia de esa sociedad, pese a que fue designado vicepresidente de la misma en 1998 y en la que aparece como beneficiario final.

Los negocios de los mexicanos localizados en paraísos fiscales están esparcidos, en su mayoría, en Bermudas, Islas Caimán, Barbados y Malta, que según los documentos contenidos en el Paradise Papers. Hay otros tantos que se encuentran las Islas Vírgenes Británicas, pero esos archivos no formaron parte de esta investigación.

Otro mexicano que aparece, es Marcial Maciel y la congregación de Los Legionarios de Cristo montaron una estructura fiscal en Bermudas e Islas Vírgenes, en la que incluyeron a los rectores de sus universidades en México y mediante la cual pudieron esconder sus ganancias de dos décadas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

También figura el nombre de Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, quien operó en Luxemburgo la filial de una empresa que estuvo involucrada en Estados Unidos en un presunto fraude bursátil. De acuerdo con una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) realizada en 2004, Salinas habría obtenido una ganancia ilícita por 109 millones de dólares al comprar y posteriormente revender deuda de la telefónica Unefon.

Para esta operación, según la pesquisa de la SEC, se utilizó una empresa de nombre Codisco Investments LLC, la cual había sido creada el 12 de junio de 2003 en un despacho del estado de Delaware,  apenas cuatro días antes de reestructurar la deuda de Unefon con la telefónica canadiense Nortel. A partir de su investigación, la SEC promovió una demanda por fraude contra Salinas por no haber informado a los accionistas sobre la operación, y entre las pruebas que aportó estuvieron transferencias de las ganancias a Luxemburgo, en donde se había creado una filial de Codisco en septiembre de 2003, a los tres meses de que ocurrió la negociación de la deuda de Unefon.

La demanda fue cerrada en septiembre de 2006, luego de que Salinas Pliego acordó pagar una multa de 7.5 millones de dólares, aunque el empresario siempre negó haber incurrido en fraude. En su momento, calificó las acusaciones de falsas y de mala fe.

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