El gobierno federal anunció este viernes la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento en electricidad que sean considerados ilegales, al menos 110, tras la declaración de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ayer por parte de la Suprema Corte.

“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77,000 socios-clientes, ya que se compravenden energía eléctrica y capacidad”, destacó la presidencia en una tarjeta informativa.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su respaldo al modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

En la nota informativa, la Presidencia remarcó que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró “totalmente improcedente la pretensión de inconstitucionalidad” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de senadores de oposición.

“Los ministros también rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la reforma es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados de libre comercio”, añadió.

Por ello, instó a que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor el 9 de marzo de 2021, sea aplicada por las autoridades competentes.

“Los pronunciamientos establecidos por la Corte en favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tiene a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. El presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido”, agregó.

Según resaltó la tarjeta informativa de Presidencia, el Alto Tribunal fue “claro y preciso” y ello tiene “consecuencias favorables” para el Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Apuntó que la CFE podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación.

También mencionó que las hidroeléctricas tendrán un “despacho prioritario”; se trata de 60 hidroeléctricas con 12,125 megawatts que aportan un 10% de energía en el sistema eléctrico y llegarán a aportar el 18% del sistema eléctrico nacional.

“El acceso a las redes eléctricas solo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. A partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico”, agregó el texto, que señaló que los productores privados mantenían el “monopolio” del “despacho preferente”.

Además, ahora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) usará su facultad para decidir el despacho de las centrales eléctricas en función de la “confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional”.

También se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue, aseguró Presidencia.

A modo de conclusión, el gobierno de la 4T aseguró que así “se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)”.