La Cámara de Diputados aprobó, con 268 votos a favor y 213 en contra, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.
La propuesta, presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna de Morena, establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público.
Es decir, con esta iniciativa ahora aprobada por los Diputados, se establece que la difusión de la Revocación de Mandato no sea considerada propaganda gubernamental.
Así, de acuerdo a la interpretación que se hace a lo que establece la Constitución, se señala que no constituye propaganda las expresiones de las personas servidoras públicas y establece, entre otras cosas, que no podrán aplicarse sanciones por analogía o mayoría de razón, entre otras cosas:
Posteriormente, con 267 votos a favor, 210 en contra y cero abstenciones, se aprobaron los artículos reservados para su discusión en lo particular en términos de la iniciativa. Se procedió a enviar al Senado la iniciativa para sus efectos constitucionales.
La bancada del PAN rechazó el “albazo legislativo de Morena y sus aliados”, para aprobar el proyecto, con el que acusaron, Morena y aliados buscan que las expresiones de servidores públicos sobre la consulta de Revocación de Mandato no sean consideradas propaganda gubernamental.
El diputado Marco Humberto Aguilar dijo que esta desvergonzada maniobra parlamentaria de Morena pretende quebrar de manera definitiva el sistema de división de poderes sobre el que está constituido el Estado mexicano; “literal, el proyecto se duele de la evolución de los criterios interpretativos que en materia de utilización indebida de recursos del Estado, para favorecer a una fuerza o actor político”, afirmó.
Recordó que el Congreso de la Unión no cuenta con la facultad para interpretar las leyes que expide, en todo caso, dijo, puede interpretar a su régimen interno, parlamentario y administrativo.
Denunció que existe un monitoreo de páginas de internet y de redes socia-les, en donde Morena y sus aliados, violaron la restricción legal y aplicaron recursos públicos en diversos eventos de la recolección de firmas.
Por su parte el diputado Santiago Torreblanca Engell acusó que lo que pretende la “indigna mayoría”, no es interpretar una ley, sino realmente legislar violando el proceso legislativo.
“Esta interpretación que pretende la indigna mayoría, no únicamente va a tener efectos para la Revocación de Mandato, ellos pretenden que en futuros procesos electorales, se lleve a cabo esta interpretación y, que, por lo tanto, un gobernador pueda usar los medios de comunicación del Estado, en área de comunicación social y todos los recursos que no estén expresamente etiquetados para ese fin, para exaltar su figura, la de su candidato, la de su partido político, y usar su poder y su tribuna para denostar a sus opositores”, afirmó Torreblanca Engell.
En tanto, la diputada Marcela Guerra Castillo del PRI afirmó que el planteamiento de la iniciativa de Morena relativa a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la de Revocación de Mandato es erróneo y carece de fundamentación jurídica.
Aseguró que los y las morenistas otorgan un beneficio directo al Ejecutivo mediante el decreto por el que se da una nueva interpretación al concepto de propaganda gubernamental, en la legislación electoral y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.
La diputada explicó que la nueva legislación permitirá hacer uso de organizaciones, de instituciones y de servidores públicos “para manifestar posturas que a todas luces violentan la veda electoral ya establecida por el Instituto Nacional Electoral”.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano señaló que apenas ayer presentaron la iniciativa, y lo sometieron a votación en el Pleno, sin siquiera ser turnado a comisiones.
Acusaron que la iniciativa buscaba eludir las sanciones que ha marcado el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Scheinbaum, entre otros actores afines a la 4T.
“No solo es un albazo al violentar el proceso legislativo, su propuesta viola el artículo 105 constitucional, que impide modificar leyes de materia electoral por lo menos 90 días antes de alguna contienda. Permitir a los servidores públicos intervenir en los procesos claramente violenta la legalidad y la equidad de la contienda. Con esta aprobación Morena busca rebasar las funciones del Poder Legislativo. El Tribunal Electoral ha fallado tres veces ya en contra de las determinaciones de Morena y nada parece frenar su intención de violar permanentemente la ley”, señaló la bancada.
Finalmente, Movimiento Ciudadano promovió una moción suspensiva para detener la aprobación de este dictamen.
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