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La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, ofreció esta tarde una conferencia de prensa para hacer un balance sobre el estado que guarda la reconstrucción de viviendas luego de los sismos de septiembre pasado que dejaron miles de afectados en diversos estados del país.

 

 

La funcionaria federal indicó que de acuerdo a los cálculos que tienen, para el último día de noviembre se espera que estén prácticamente el 100% de la viviendas reconstruidas, pues dijo, el Gobierno federal ha puesto el total de los recursos que le correspondían, y solo quedan pendientes los recursos estatales.

 

“Las que no se construyan, insisto, no es responsabilidad del Gobierno federal, la gente ya tiene su recurso y es su responsabilidad reconstruir su vivienda, eso quiero decirlo diez veces, porque no quiero que el 30 de noviembre digan ‘el Gobierno dejó botadas no sé cuántas viviendas’, no, el Gobierno ya cumplió al entregar el recurso”, dijo la encargada de Sedatu.

 

Detalló que la inversión total que se hizo para atender a los afectados fue cerca de 9 mil millones de pesos, de los cuales han sido depositados 7 mil 544 millones, y al día de hoy 6 mil 437 millones han sido retirados por los damnificados.

 

Ofreció detalles sobre la reconstrucción:

  • 59 mil 656 casas que reportaron daño total
    • 41 mil 564 están en proceso de reconstrucción
    • 2 mil ya fueron terminadas
    • 12 mil reportan el 75% de avance; 11 mil 472, el 50%; 7 mil 140, el 25%, y 8 mil 700 ya iniciaron la reconstrucción
    • 56 mil titulares de viviendas con daño total ya recibieron sus tarjetas Bansefi
    • 2 mil 960 aún no las reciben

 

Sobre el avance de reconstrucción por entidad, la Ciudad de México es en donde se avanza con mayor lentitud, pues hasta ahora cuenta con el 46% de viviendas reconstruidas; Morelos con el 67%; Oaxaca con el 73%; Chiapas con el 78%; Puebla con el 80%; Estado de México con el 94%, y el estado que más avance presenta es Guerrero con el 97%.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

Tras los señalamientos que se han hecho en los últimos días sobre los presuntos desvíos de recursos en el Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, el candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, reconoció que cuando él asumió en la Secretaría, detectó irregularidades en el manejo de los recursos, mismos que denunció.

 

Meade indicó que cuando tomó las riendas de Sedesol, tras la salida de Robles Berlanga, sí encontró irregularidades correspondientes al programa de adultos mayores, por lo que procedió a hacer las denuncias correspondientes, que derivaron en la sanción de 460 funcionarios involucrados en el caso.

 

“A mí me tocó, cuando estuve en Sedesol, hacer una investigación que se tradujo en que se suspendieron servidores públicos”, dijo esta tarde el ex titular de Hacienda luego de ser cuestionado sobre si se deslindaba de las acciones de su excompañera de Gabinete.

 

Indicó que lo que a él lo corresponde es el deslinde de responsabilidades, más que de funcionarios, “el resto del deslinde le toca a la autoridad competente y hay que ser respetuosos de ella. La que tiene que deslindar la responsabilidad es la Auditoría Superior y la PGR”.

 

El equipo de campaña de Meade, reiteró en conferencia de prensa que durante su gestión como Secretario de Hacienda, el ahora candidato no firmó ninguno de los contratos que son investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que involucran a Rosario Robles, por lo que rechazaron los señalamientos que se le han hecho.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APAO

Este miércoles, Rosario Robles, actuar titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se presentó en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a las acusaciones que se le han hecho por presuntos desvíos de recursos cuando ejerció la titularidad de Sedesol y ahora en Sedatu.

 

 

La funcionaria federal aseguró que no existe una relación entre las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y su persona, por lo que pidió le sea otorgado el derecho de réplica que la Ley le concede ante las notas periodísticas difundidas por el diario Reforma.

 

Indicó que en ambas dependencias, giró instrucciones para que en las áreas observadas por la ASF se hicieran las investigaciones pertinentes para aclarar si había alguna responsabilidad de carácter administrativo. Sostuvo que “si se desprenden responsabilidades penales contra cualquier funcionario público, incluida yo, he sostenido y sostengo, se actúe con todo el peso de la ley”.

 

Tal como adelantó la tarde de ayer a través de sus redes sociales, pidió al periódico Reforma presentar los contratos que se mencionan en su investigación; los documentos que acrediten las transacciones financieras entre las empresas mencionadas y ella, así como documentos que probarán que Rosario Robles desvió 1,300 millones de pesos.

 

Robles afirmó que no existe ninguna documentación y no hay ninguna prueba que la vincule con una triangulación de recursos. “Estoy aquí porque siempre he dado la cara ante este tipo de situaciones, porque siempre he sostenido que la que nada debe, nada teme”.

 

Refirió que incluso el encargado del despacho de la ASF afirmó que “los informes de las auditorías están siendo publicados. No hay imputaciones de carácter personal, nosotros como Auditoria Superior de la Federación no determinamos culpables, no podemos asegurar aquí ninguna clase de presuntos culpables”.

 

 

A su llegada a las oficinas de la PGR, la funcionaria federal fue abordada por el Diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez  Máynez, quien le entregó un expediente en el que aseguró se sustenta el desvío de recursos e incluso se mencionaba su participación en los desfalcos, por los cuales él interpuso dos denuncias, de las cuales la PGR ha hecho caso omiso.

 

Por su parte Robles cuestionó que en los documentos recibidos existiera alguno que la vinculara, y dijo que en caso de que así fuera, se necesitaba fueran presentadas las denuncias ante las instancias correspondientes. “Queremos pruebas”, remató.

 

Tal como lo reveló este lunes el diario Reforma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la tercera entrega de resultados correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, en la que se incluían tres que se realizaron a la Sedesol y la Sedatu, dependencias que ha encabezado Rosario Robles.

 

La ASF concluyó que los recursos que podrían haberse desviado ascienden a 2 mil 130.9 millones de pesos, ejercidos entre2014 y 2015.

 

En el informe se detalla que desde Sedesol se desviaron presuntamente 955 millones 311 mil pesos en 2014 y 2015; mientras que desde la Sedatu, el presunto desvío alcanzó los mil 175 millones 675.6 miles de pesos, durante los años 2015 y 2016.

 

Se detalla que el esquema de simulación que se empleó para el aparente desvío de recursos fue el haber firmado convenios con las diferentes entidades públicas para servicios relacionados con el diseño, producción y difusión de mensajes institucionales, los cuales nunca se realizaron aunque las dependencias federales sí pagaron por ellos.

 

Los recursos fueron dispersados a diferentes empresas, detectándose casos en los que las empresas tenían relación entre sí, ya sea por tener el mismo apoderado legal o el mismo domicilio fiscal.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de que esta mañana se difundiera una investigación sobre el supuesto desvío de recursos en la SEDESOL y la SEDATU cuando Rosario Robles estuvo al frente de dichas dependencias, fue la funcionaria federal quien negó las acusaciones y retó al diario que dio a conocer la información a probar sus acusaciones.

 

 

En un primer mensaje, Robles aseguró que es falsa la información difundida, y aunque si bien no negó que en las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se hayan encontrado irregularidades en las dependencias, sostuvo que “no hay una sola línea o señalamiento que diga que yo Rosario Robles haya realizado un desvío de recursos”.

 

Indicó que debido a que el país se encuentra en un proceso electoral y para evitar guerras políticas, solicitó a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública investigar sus cuentas bancarias y su evolución patrimonial, además de que autorizó se haga pública su situación financiera rechazando el secreto bancario. Dijo “la que nada debe nada teme”.

 

Aprovechó su red social para asegurar que prueba de la falsedad de la acusación, es la investigación que se le realizó en 2001 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la investigó “hasta por debajo de las piedras y no se encontró ninguna irregularidad”.

 

 

Retó al periódico Reforma a que sea este miércoles en punto de las 12 del día, para que acudan ante la Procuraduría General de la República (PGR) para acreditar con documentos la relación que existe entre las empresas mencionadas en la investigación y su figura. “Están obligados a probar su acusación”.

 

Luego de que el año pasado el Auditor Superior de la Federación autorizara una serie de auditorías a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mismas que ha encabezado Rosario Robles, se detectaron desvíos que ascienden a los mil 311 millones de pesos (mdp).

 

Las auditorías que permitieron conocer el millonario desvío fueron concluidas el pasado 19 de enero, a las cuales el diario Reforma tuvo acceso, y en las que se pudo detectar que hacen referencia a recursos ejercidos en 2014 y 2015, periodos en que Robles ejerció la titularidad, y en donde los recursos fueron a parar a cuentas de Monex y a CI Banco, dispersados en varios países.

 

Al dirigir SEDESOL, donde Robles estuvo al frente de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015, firmó convenios y contratos con Radio y Televisión de Hidalgo, cuyos contratos se firmaron en marzo, mayo y septiembre de 2014, así como en enero y febrero de 2015; en SEDATU a donde llegó el 27 de agosto pasado y en donde permanece, firmó contratos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015.

 

Según lo señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las dependencias federales firmaron convenios con estas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 

Se espera que en las próximas semanas, las auditorías sean entregadas a la Cámara de Diputado, quienes tendrán que aclarar las irregularidades encontradas, y en caso de no hacerlo, la ASF podrá interponer las denuncias correspondientes ante la PGR.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO