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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que la inseguridad ha llegado a niveles alarmantes en todo el país, lo cual es muestra de que México se encuentra corroído por la impunidad y la falta de Estado de Derecho.

A través de su última ‘Señal Coparmex’ indicó que tan solo de enero a septiembre de este año, se tienen registrados 21 mil 383 homicidios dolosos. “Al paso que vamos, 2018 será el año más violento en la historia de nuestro país, superando al 20172.

Recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, cada año una tercera parte de las empresas fueron víctimas del delito, con crímenes como el robo, extorsión y corrupción, y que han causaron un costo promedio de 66 mil pesos para cada empresa victimizada y con un costo total de 155.8 mil millones de pesos.

La Confederación señaló que se requiere urgentemente el fortalecimiento de las instituciones que puedan prevenir, perseguir, combatir y castigar la violencia que vive el país, para lo cual se deben desarrollar estrategias de prevención del crimen, profesionalizar e incrementar el estado de fuerza de loss cuerpos de seguridad y ministerios públicos, rediseñar la arquitectura institucional relacionada a la seguridad pública, y avanzar en la consolidación de una fiscalía autónoma para combatir la impunidad.

En ese sentido enfatizaron que se debe deslindar a la Secretaría de Gobernación de las tareas de seguridad pública y reinstaurar la Secretaría de Seguridad Pública, propuesta que ha sido impulsada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Instamos al gobierno que todavía está en funciones, al gobierno del Presidente Peña Nieto, a que tome medidas urgentes para controlar la ola de criminalidad que ataca nuestro país. El Presidente de la República no debe bajar la cortina antes de tiempo”, indicó la Coparmex.

Pidieron que el presidente Peña Nieto no deje la responsabilidad de la seguridad del país al gobierno electo, y para ello indicaron que el proceso de transición debe ser un momento en el que el gobierno entrante se empape del diagnóstico y los aprendizajes hechos por el gobierno saliente, y el gobierno saliente asume la responsabilidad que mantiene en la materia.