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El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó por unanimidad de votos la sanción impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del candidato electo a la gubernatura del estado de Nuevo León, Samuel García.

Indicó que en el caso relacionado con su esposa, Mariana Rodríguez, no se tomó en cuenta la presunción de espontaneidad de las publicaciones que realizó ella a favor del político en sus redes sociales, además de que la sanción tampoco consideró a tutela de sus derechos político-electorales, ni la relevancia que en el caso tiene su vínculo matrimonial.

Así, echó atrás la sanción impuesta por el INE, quien había determinado que Samuel García recibió en su campaña aportaciones en especie por parte de su esposa, consistentes en la difusión de diversas publicaciones en la red social Instagram y por la aparición de ella en el video “Arráncate Nuevo León Rock”.

Las magistradas y los magistrados señalaron que en las publicaciones objeto de la denuncia se dieron a conocer aspectos de la vida privada de Mariana Rodríguez en ejercicio de su libertad de expresión y en apoyo a su esposo, por lo que no resultaba válido que el carácter de influencer o la cantidad de seguidores fueran elementos para limitar el ejercicio de tal derecho.

El proyecto aprobado consideró que las publicaciones realizadas por Rodríguez fueron derivadas del vínculo matrimonial que los une, lo cual debe considerarse como una relación que implica un acompañamiento constante que genera una presunción fuerte de que las manifestaciones de apoyo tienen un carácter auténtico, por lo que no puede considerarse como un beneficio cuantificable en materia de fiscalización.

Al emitir su voto, el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que el argumento del vínculo matrimonial era “una espada de doble filo” que podría utilizarse para sostener la espontaneidad como para argumentar coordinación en la emisión de expresión propagandísticas.

Señaló que el hecho de que se haya registrado una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bajo el nombre de Mariana Rodríguez, no desvirtúa dicha presunción, ni pone en evidencia el uso o aprovechamiento de una marca comercial.

Sin embargo, el Pleno de la Sala Superior confirmó la sanción impuesta en cuanto a la aparición de la esposa del candidato electo a la gubernatura de Nuevo León en el video “Arráncate Nuevo León Rock”, toda vez que este fue producido de manera profesional y tuvo la participación de cantantes profesionales, lo cual, señalaron los ministros, da un contexto y una connotación distinta al caso de las publicaciones en la cuenta de Instagram.

Samuel García se dijo contesto con la resolución del Tribunal Electoral, que le dio la razón a sus argumentos. «La ley está de nuestro lado».

«Se estableció que su libertad de expresión, y sobre todo el vinculo matrimonial entre ambos, tutela un umbral mucho mayor y por ende ella estaba en toda su posibilidad de entrar a lo publico y obviamente de apoyarme en esta campaña», dijo el gobernador electo a través de un video en sus redes sociales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que declaró fundado el procedimiento EN contra de Movimiento Ciudadano (MC) y su candidato a la gubernatura en Nuevo León, Samuel García, por incumplir con la obligación de rechazar aportaciones de entes prohibidos.

El caso analizado por las y los magistrados se basó en que en el mes de abril y mayo los partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional presentaron tres quejas en contra de MC y su candidato a la gubernatura en Nuevo León por diversas infracciones en materia de fiscalización, entre ellas, recibir aportaciones de entes prohibidos, es decir, personas morales.

Sustentaron sus denuncias en una entrevista en la que Samuel García manifestó que tres familiares suyos realizarían aportaciones a su campaña.

Una vez desahogado el procedimiento, el Consejo General del INE determinó que quedaron acreditadas distintas aportaciones a MC por personas morales realizadas por conducto de los familiares del candidato a la gubernatura, por un monto total de 14 millones 026 mil 500 pesos. En consecuencia, al estar prohibida esta conducta en la normativa electoral, se sancionó a MC con una multa por 28 millones 053 mil 000 pesos, el 200% del valor involucrado.

Ante la Sala Superior, MC y Samuel García argumentaron que la Unidad Técnica de Fiscalización había sido omisa en requerir información de todos los involucrados, principalmente, de las personas morales y los familiares que hicieron las aportaciones.

Por ello, las magistradas y los magistrados revocaron la decisión del INE por lo que le devolvieron el asunto para que continuara con la investigación y emitiera una nueva resolución en el plazo de 15 días naturales.

Principalmente, determinaron que la resolución del procedimiento no fue exhaustiva en dos cuestiones. En primer lugar, razonaron que se acreditó una falta de debida diligencia en el ejercicio de sus facultades de investigación del INE al no haber requerido a todos los sujetos involucrados (familiares y personas morales).

En este sentido, advirtieron que la autoridad llegó a una conclusión sin haber conocido la versión de los hechos de todos los que supuestamente participaron en las aportaciones. En segundo término, concluyeron que el Consejo General del INE únicamente se pronunció sobre una parte del monto aportado y su destino a la campaña del candidato, pero no del total.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Yon de Luisa, aseguró este lunes que acatará el castigo que le impongan a la selección por los gritos homofóbicos, el cual dará a conocer en las próximas horas.

En una rueda de prensa, De Luisa explicó que la comisión de apelaciones de la FIFA se reunirá este martes para abordar el tema, y después anunciar las sanciones.

«Seremos respetuosos», indicó el directivo, que de manera reiterada ha criticado las ofensas y cómo afectan al fútbol mexicano, que podría incluso ser vetado del Mundial.

Desde hace años, en los partidos del fútbol y en los de los equipos nacionales, los aficionados han repetido un grito homofóbico en contra del guardameta de los equipos rivales; la Federación y la Liga Mx han desarrollado una labor de convencimiento en los aficionados, pero no ha dado resultado.

Según los medios, la Federación ya fue notificada sobre una multa económica que deberá pagar, además de que el Tri no podrá jugar con público el 2 de septiembre ante Jamaica en el Estadio Azteca, en el inicio de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022, pero la información será oficial en unas horas.

De Luisa reiteró que la selección nacional se preparará para alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo, algo que jamás consiguió en un Mundial fuera del país y sí han logrado en este siglo dos selecciones de la Concacaf, Estados Unidos y Costa Rica.

«Será más fácil llegar al quinto partido si tenemos una estructura entre las ocho mejores del mundo; tenemos acuerdos con varias Federaciones y con la UEFA y esperamos que seamos consistentes», dijo al referirse a la posibilidad de que México repita en su selección mayor los triunfos de los equipos sub’17, sub’20 y sub’23, colocados varias veces entre los mejores del mundo.

México asumirá la eliminatoria mundialista con una liga de jóvenes y experimentados, varios involucrados en ligas europeas, a los que Gerardo ‘Tata’ Martino sigue desde hace más de dos años.

Después de enfrentar a Jamaica, México visitará a Costa Rica, el 5 de septiembre, y a Honduras, el 10; y recibirá a Canadá, el 8 de octubre, en otro duelo con riesgo de que transcurra a puerta cerrada.

Foto: Twitter FMF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el recuento de la totalidad de votos en la elección a gobernador en el estado de Campeche, celebradas el pasado 6 junio, en las que ganó la candidata de Morena, Layda Sansores.

La Sala Superior del Tribunal aprobó por mayoría de 4 votos a favor y 3 en contra, ordenar el recuento de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 21 Distritos Electorales Locales.

Los magistrados y magistradas se pronunciaron en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral estatal, en las que declaraba improcedente la realización de un nuevo escrutinio de cómputo de la votación recibida, pese a las quejas recibidas, por lo que consideraron necesario ordenar el recuento total de las casillas para garantizar el principio de certeza.

El triunfo de Sansores fue sumamente cerrado; ganó los comicios con el 33.2% de los votos, seguido del candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, quien obtuvo el 31.6% de los sufragios; mientras que Christian Castro, de la alianza Va por México, obtuvo el 30.8%. Además, los 8 mil votos nulos registrados en la elección superan los 6 mil sufragios de diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar.

Apenas el miércoles pasado, el Instituto Electoral de Campeche entregó la constancia de ganadora a Sansores.

Otro de los temas que resolvió el Tribunal Electoral fue sanción en contra del Partido Verde, por la difusión de mensajes en redes sociales por parte de 104 influencers durante la veda electoral, previo a la jornada electoral.

La Sala Superior ratificó la sanción económica impuesta por el INE en contra del Verde, equivalente a 40 millones 933 mil 568 pesos, así como la interrupción de la difusión de su propaganda electoral dentro del tiempo asignado por el INE en la pauta ordinaria por el periodo de un año calendario.

Recordemos que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE inició un procedimiento de queja oficioso en materia de fiscalización derivado de las publicaciones de figuras públicas en Instagram, a favor del PVEM en plena veda electoral.

En su momento el INE advirtió que la conducta del Partido Verde se trataba de una conducta similar, con elementos comunes, a la cometida en 2015, cuando el partido aliado de Morena, recurrió a una estretagia similar en Twitter.

Pese a la sanción que le impusieron hace dos años de las compras públicas, Laboratorios Solfrán, empresa del ex superdelegado, Carlos Lomelí, le siguió vendiendo al gobierno federal mediante una red de distribuidores.

En una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se identificó que Solfrán utilizó una red de intermediarias para eludir la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en septiembre de 2019, que le impedía vender sus productos por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.

Tan sólo 7 de sus distribuidores obtuvieron 57 contratos posteriores a la sanción, por 11.5 millones de pesos, para vender los fármacos fabricados por Solfrán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sólo uno de esos contratos se dio por licitación, los otros 56 fueron adjudicaciones directas.

A los pocos días de que la SFP anunció la sanción, el laboratorio propiedad del excandidato a gobernador de Jalisco por Morena emitió oficios de respaldo a dos de sus distribuidores, para que enviaran cotizaciones al IMSS de sus productos. De esa forma, pudo seguir vendiendo su producto, pese a la inhabilitación.

Esto podría constituir una participación ilícita, según establece el artículo 67 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que dice textual: “se considera participación ilícita en procedimientos administrativos cuando un particular intervenga en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar”.

En 2019, nueve empresas farmacéuticas vinculadas con el entonces delegado del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, habían obtenido en 7 años más de 2 mil 263 millones de pesos en contratos gubernamentales. De las nueve empresas, sólo cuatro fueron reconocidas por Lomelí como propias, una de ellas Laboratorios Solfrán.

La SFP inició una investigación sobre los contratos y el 13 de septiembre de 2019 publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución en la que ordenó a cualquier dependencia gubernamental abstenerse de contratar a Solfrán por un plazo de 2 años y medio.

Ese mismo día, la SFP precisó en un comunicado que se había castigado a Solfrán por haber falseado información al participar en contrataciones públicas.

Investigación completa en MCCI

Al resolver 491 quejas y procedimientos administrativos sancionadores, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó sanciones por un monto global de 129.8 millones de pesos (mdp) a los partidos políticos y sus candidaturas por diversas conductas indebidas en materia de fiscalización.

Del monto global, 40.9 millones de pesos fueron impuestos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y más de 83 millones de pesos a Movimiento Ciudadano

En el caso de la queja en contra del Partido Verde, se le sancionó con una multa de 40 millones 933 mil 568 pesos y con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita dentro del tiempo federal asignado por el Instituto, por un periodo de un año, a partir del mes de agosto próximo, por la campaña publicitaria a través de 104 ‘influencers’ el día de la Jornada Electoral.

Se acreditó que los ‘influencers’ fueron contratados por el partido a través de empresas y que se trató de una campaña propagandística con el objetivo de influir en el ánimo de los electores a favor del PVEM en plena veda electoral.

“Se arriba a la conclusión de que existió una acción concertada o planeada con un fin específico que es el de influir e influenciar el voto de la ciudadanía a favor del partido, lo que se hizo a través de acciones que denotan sistematicidad en la difusión de esa campaña propagandística a través de influencers en las mismas fechas y horarios”, especificó la Consejera Favela.

Se cuantificó cada intervención de los influencers en 10 mil dólares, lo que se traduce en una aportación de más de 20.4 millones de pesos como monto involucrado.

La Consejera Claudia Zavala sostuvo que el Partido Verde fue reincidente en el «fraude atípico, en el fraude a la ley», por lo que justificó la severidad de la sanción. “Tenemos la reincidencia en la generación de un esquema simulado para posicionar al Verde en un tiempo prohibido, en aplicar gastos para generar un beneficio”, abundó.

El Consejero José Roberto Ruiz consideró que la sanción debía ser severa, la económica es la adecuada, aunque no encontró «ningún sentido, justificación o sustento» a la suspensión de las prerrogativas en radio y televisión.

Por su parte el Consejero Martín Faz sugirió una modificación del proyecto para referirse al “periodo ordinario”, en lugar del “tiempo federal asignado” en la sanción del proyecto.

La Consejera Dania Ravel destacó la importancia del periodo de reflexión, también conocido como veda electoral, pues su finalidad consiste en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la información recibida durante las campañas electorales y reflexione el sentido de su voto, y al no respetarse este periodo se puso en riesgo la equidad en la contienda.

Por su parte, la Consejera Carla Humphrey estacó el apego de los ‘influencers’ a una guía o procedimiento en cuanto a sus publicaciones y en las respuestas brindadas a la autoridad, las cuales guardaban alto grado de similitud.

Tras confirmarse la sanción, la dirigencia nacional del Partido lamentó la medida impuesta y reiteró que «jamás realizó contratación o pago alguno, por sí ni por terceras personas, a ningún ciudadano o ‘influencer'».

Incluso cuestionó el hecho de a quién se le llama ‘influencer’, pues preguntó cuántos seguidores debe tener una persona para ser considerada ‘influencer’.

«Lamentamos que el INE haya decidido sancionar a este instituto político, sin siquiera haber acreditado la contratación de influencers o la realización del pago o pagos señalados a los mismos, que incluso, cabe mencionar, de haber sido recibidos se hubieran tenido que reportar a la autoridad hacendaria», señaló la autoridad.

Cuestionó el sesgo que existe en torno al uso de las redes sociales, pues dijo, no queda claro quién o quiénes pueden utilizarlas y con qué fin, pues recordaron que existieron campañas abiertas durante la veda electoral sobre el llamado voto útil, que claramente fueron orquestadas para beneficiar al PAN el día de la elección, y que no están siendo valoradas en toda su dimensión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabeza esta mañana un informe de actividades con motivo del tercer aniversario de su triunfo electoral en 2018.

El evento se lleva a cabo en el Patio de Honor del Palacio Nacional, donde el mandatario es acompañado de su gabinete legal y ampliado, así como de invitados especiales, entre los que se encuentran gobernadores y dirigentes de partidos políticos, además de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

Según el adelanto de la presidencia de la República, AMLO dará a conocer las acciones en materia de salud, educación, seguridad, desarrollo y bienestar que su gobierno ha impulsado.

Recordemos que desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador da cuatro informes o discursos al año para repasar los avances de su administración.

Sobre sus informes, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la sentencia contra el mandatario por hacer propaganda durante la presentación de su primer informe de gobierno de 2021, el cual ocurrió en plena campaña electoral.

Por unanimidad de votos, los magistrados determinaron que el discurso emitido por el presidente el 30 de marzo «sí constituyó propaganda gubernamental personalizada en periodo prohibido».

La Sala Superior del Tribunal confirmó así la sentencia de la Sala Especializada, la cual ordenó a la Oficina de la Presidencia retirar de las redes el discurso y publicar el fallo.

En un comunicado, el Tribunal Electoral explicó que López Obrador hizo propaganda indebida cuando ya habían comenzado las campañas electorales en los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora para las elecciones del 6 de junio.

Por tanto, se confirmó se «la indebida utilización de recursos públicos» por 185,515 pesos, que fue el costo reportado del evento.

Los magistrados exhortaron al portavoz del presidente y encargado de la comunicación del Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, a «ser particularmente escrupuloso al participar en la transmisión mensajes que pueden ser difundidos por los medios de comunicación, ya que corre el riesgo de incurrir en una infracción».

En el discurso del 30 de marzo, impugnado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), López Obrador defendió las tareas del Ejército en seguridad pública y encomió la gestión de su gobierno en el combate a la corrupción y a la pandemia de COVID-19.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) imponer una sanción a su colaboradora, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, pues incurrió en una violación a la ley electoral al difundir propaganda gubernamental en periodo de campañas.

La sanción deriva de una denuncia que el partido Movimiento Ciudadano presentó en contra de Nahle, luego de que difundiera dos mensajes de sus redes sociales el 30 de abril y el 12 de mayo respectivamente, donde exponía logros y acciones en Pemex.

«En el caso concreto, las publicaciones constituyen propaganda gubernamental que se difundió en periodo prohibido, sin que encuadren en ninguna de las excepciones, por tanto es exigente la difusión de propaganda gubernamental durante los periodos de las campañas electorales federal y 32 locales», resolvieron los magistrados.

Recordaron que en el pasado periodo electoral,  sólo se permitía propaganda oficial relacionada con temas de salud, educación y protección civil.

Y aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la funcionaria retirar los mensajes de su cuenta de Twitter, en una publicación con fecha de ayer, Nahle retomó dichos mensajes y aún pueden apreciarse en sus redes sociales.

El proyecto ratificado por los magistrados del Tribunal, aclaró que dichos mensaje no se trató de una actitud que haya violado la equidad de la contienda, pues no se promocionaba explícitamente a un partido político en ellos.

Adicional, esta semana, la Sala Superior también confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada en la que se determinó que Morena incurrió en una infracción al atribuirse de forma indebida el programa nacional de vacunación contra el COVID-19, hecho por el cual se le impuso al partido una multa que asciende a 268 mil 860 pesos.

Las y los magistrados confirmaron que Morena cometió una infracción al difundir el pasado 20 de marzo, a través de Twitter un mensaje alusivo a la campaña de vacunación implementada por el gobierno federal con el mensaje: “Por eso distribuimos y aplicamos la vacuna contra el COVID-19 de manera gratuita para todas y todos”.

La Sala Superior recordó que los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de los programas sociales como parte del debate público para conseguir un mayor número de adeptos y votos, porque ello fomenta el debate político. Sin embargo, no pueden apropiarse de su uso y difusión como si ellos mismos participaran en su ejecución e implementación, ya que eso podría confundir a la ciudadanía.

Y aunque el mensaje en Twitter fue borrado, lo que sirvió a Morena para señalar que eran insuficientes las pruebas para acreditar la infracción, se halló el tuit denunciado en 16 cuentas de esa red social, en las que se advierte que efectivamente el mensaje existió.

Luego de que en los últimos días se reportara que la Unidad Técnica de Fiscalización perfilaba cancelar el registro de Mónica Rangel, actual candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, fue el consejero electoral el INE, Ciro Murayama, quien desmintió dicha información.

A través de sus redes sociales, Murayama indicó que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral había determinado únicamente imponer sanciones económicas a las candidatas de Morena en San Luis Potosí que incurrieron en omisiones de fiscalización durante la etapa de precampañas.

«Las versiones de que habría cancelación de candidaturas fueron mera especulación y falsa victimización», escribió el consejero del INE.

Y es que recordemos que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el INE pretendía «dar otro golpe a nuestro movimiento» al retirarle el registro a Rangel Martínez en SLP.

«Es increíble que a 2 meses del inicio de campaña y a 4 semanas de la elección pretendan retirar candidaturas», escribió el morenista haciendo un llamado al INE a actuar con imparcialidad.

Y aunque Murayama no ofreció mayores detalles, trascendió que las sanciones aplicaban a Mónica Rangel, y a precandidatas Paloma Rachel Aguilar Correa, María del Consuelo Jonguitud Munguía y Luz María Lastras Martínez.

Sobre el tema, a finales de abril, Mónica Rangel negó que su candidatura estuviera en riesgo. «No existe peligro para mi candidatura, he sido respetuosa del marco jurídico».

En más temas del INE, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que la construcción de la democracia es resultado de un trabajo colectivo que garantiza que hoy en México únicamente el voto de la ciudadanía sea el que defina quién gobierna y quién representa al país.

Indicó que a siete años de su creación, el INE cuenta con la confianza de la sociedad debido a la satisfactoria organización de 200 procesos electorales.

“El balance después de siete años, de cara a esta elección, es un balance positivo. ¿El sistema electoral es mejorable? Siempre lo va a ser. ¿Habrá cosas que valdrá la pena revisar en el futuro? Sin duda sí, pero ojalá en alguna eventual reforma en el futuro sea una reforma que consolide y fortalezca nuestro sistema electoral y no una contrarreforma que eche a perder lo que durante 30 años hemos venido construyendo cada vez mejor”, sostuvo.

A poco menos de un mes de las elecciones más grandes y complejas de la historia, Córdova Vianello dijo que la autoridad electoral deberá demostrarle a la ciudadanía que el trabajo que se realiza es apegado a la legalidad y en los términos que han permitido la alternancia en el país.

Lorenzo Córdova reiteró que la autoridad electoral respeta y cuida el cumplimiento de la ley, sin distinciones de partidos o candidatos, porque esa es su responsabilidad frente a la sociedad.

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) ratificó la noche de ayer el retiro de la candidatura a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio, por omitir presentar sus reportes ingresos y gastos durante el periodo que se negaba a reconocer como precampaña.

Además, Salgado Macedonio es acusado de delitos sexuales, y ante la sanción que recibió por parte de la autoridad electoral lanzó amenazas contra los consejeros electorales, de los que días después se desdijo. Sin embargo, tras conocerse el nuevo fallo del INE, Morena y sus dirigentes llamaron a la movilización.

Por seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE confirmó anoche su decisión de retirar el registro de la candidatura de Salgado Macedonio, que llegó luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara la revisión de la medida en respuesta a la impugnación que presentó Morena.

Durante el debate, que se extendió por más de tres horas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respondió a las críticas de López Obrador y de otros políticos asegurando que el organismo electoral «no está contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político. Quién diga lo contrario simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley sea quien sea. El INE está con la Constitución».

Asimismo, Córdova descartó que el INE vaya a ceder a presiones: «A estas consejeras y a estos consejeros electorales nadie los va amedrentar ni si quiera con amenazas directas y abiertamente ilegales».

Fuera de la sede del organismo en Ciudad de México y ante decenas de seguidores, Salgado Macedonio anunció que impugnará la «arbitraria decisión» ante el TEPJF. En abierto reto a las autoridades electorales, el político dijo que «su tiempo está contado (.) el INE se tiene que ir», a lo que sus seguidores respondieron «el INE va a caer».

Por su parte el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que algunos Consejeros Electorales le han dado un golpe a la democracia y calificó su decisión como un «atentado».

Delgado Carrillo convocó a toda la militancia y simpatizantes del Morena a organizarse y, por la vía pacífica y legal, dar la batalla.

“No van a poder evitar la transformación porque no les asiste la razón ni el derecho, no les asiste la razón histórica. Vamos a seguir luchando, vamos a impugnar el atraco que acabamos de ver esta noche. Vamos a redoblar los esfuerzos para dar la batalla por la vía legal, pacífica y popular”, dijo Delgado desde el plantón que mantienen en el INE.

Asimismo, señaló que la lucha por vivir en una auténtica democracia nunca ha sido fácil, por lo que convocó a las y los morenistas a que “en estos momentos tan críticos para el futuro de nuestra democracia” recuerden las enseñanzas de Andrés Manuel López Obrador, quien también sufrió ataques, mentiras y robos, y que a pesar de ello siempre condujo al movimiento por la vía legal y pacífica, pero también “por la vía de nunca rendirnos en la lucha por un México con elecciones libres y transparentes”.

“Hoy más que nunca: unidad y movilización, en defensa de la esperanza. Vamos a demostrar que somos más los mexicanos y mexicanas que queremos transitar hacia una auténtica democracia y continuar con los gobiernos de la Cuarta Transformación”, finalizó.

En tanto, Raúl Morón lamentó que el INE haya reincidido en su decisión «excesiva, desproporcional e injusta», que aseguró atenta contra su derecho a ser votado y el derecho de las y los michoacanos a elegir libremente a sus gobernantes. 

Lamentó que el instituto se niegue a aceptar la razón que presentaron, y advirtió al igual que Salgado Macedonio, que acudirán de nueva cuenta al TEPJF para impugnar la nueva decisión y así defender la democracia.

Desde el plantón que mantienen en las instalaciones de la autoridad electoral, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, sostuvo que el día de hoy los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tienen la opción de elegir entre dos caminos: comportarse de manera correcta e imparcial, o actuar a favor de la mafia de la corrupción.

Esto en alusión a la decisión que deberán tomar sobre la sanción que impondrán a Félix Salgado Macedonio, a quien le fue retirada la candidatura a la gubernatura de Guerrero, sobre lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió anular, y devolvió al tema al INE para que individualizara las sanciones y resolviera cuál sería la más adecuada, aunque dejó abierta la puerta para volver a confirmar la anulación de la candidatura.

Mario Delgado dijo que en caso de que los consejeros del INE decidan retirar la candidatura al morenista, estarían confirmando que «algunos de ellos son empleados del PRIAN».

Desde lo que han llamado «la caravana por la democracia», el presidente nacional de Morena subrayó que lo que se busca es que se actúe con justicia y honestidad, sancionando de manera proporcionada los hechos.

El dirigente también recalcó que es primordial que se garantice que el pueblo de Guerrero, Michoacán y de todo el país sea quien elija a sus gobernantes, y no el grupo de consejeros del INE.

“Hasta que logremos vivir en una auténtica democracia, en Morena estaremos en pie de lucha, así como por muchos años lo ha hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque la esencia de este movimiento es terminar con los fraudes electorales, como el de 2006, además de acabar con lo gobiernos antidemocráticos y corruptos, como el de 2012. Tenemos un gran líder y no le vamos a fallar”, declaró Delgado.

Al respecto, este tarde se filtró a la prensa el proyecto de acuerdo que el Consejo General someterá a votación, en el que mantiene su decisión de negar la candidatura de Salgado Macedonio, así como la de Raúl Morón en Michoacán.

Se sanciona al ciudadano Félix Salgado Macedonio, con la cancelación del registro en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos en los considerandos 2 y 4 apartado A, inciso I de la presente Resolución de la presente Resolución», se lee en proyecto que ha sido difundido y que consta de 124 páginas.

En caso de que el proyecto presentado sea aprobado, Morena tendría 48 horas para hacer la restitución de las candidaturas.

En el proyecto se indica que las faltas en que incurrió Salgado Macedonio, afectaron «directamente la rendición y revisión de cuentas efectiva, que genera consecuencias reales en la contienda electoral, dotándola así de una correcta equidad entre los actores políticos e impidiendo que agentes prohibidos tengan injerencia en la vida política del país». Recordó que dicho aspecto (fiscalización) fue uno de los pilares que dieron origen a la última reforma trascendental en materia política-electoral, por lo que «su afectación pone en duda la equidad de la contienda».

Se apunta que la conducta del morenista lesionó gravemente la rendición de cuentas, transparencia en los recursos y equidad en la contienda, ya que además de no presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña, intentó engañar a la autoridad fiscalizadora negando la realización de actos de precampaña y presentando un informe en ceros.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este jueves de tres inhabilitaciones en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por seis meses a dos servidores públicos y a un exfuncionario, quienes incurrieron en irregularidades en el ejercicio y comprobación de recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) en el ejercicio 2019.

«Las tres sanciones derivan de las auditorías que realizamos entre 2019 y 2020, a raíz de denuncias ciudadanas y de la instrucción que nos dio el presidente Andrés Manuel López Obrador de revisar a detalle el ejercicio de dichos recursos», indicó la dependencia.

La SFP indicó que cada sanción es resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidad administrativa, además de que se impusieron considerando la reincidencia y el nivel jerárquico de los funcionarios.

Las sanciones son para Israel Benítez, quien en agosto pasado recibió la sanción de destitución por la Función Pública, ya que omitió supervisar la correcta comprobación de los gastos para los deportistas de alto rendimiento, incumpliendo a cabalidad con sus responsabilidades

La segunda persona sancionada es Arturo Contreras, exdirector de Alto Rendimiento quien en julio pasado había sido suspendido indefinidamente por las irregularidades encontradas en una auditoria, en donde fue señalado en cinco de las seis observaciones detectadas en el desvío de 50.8 millones de pesos del Fondo. Se determinó que ahora autorizó de forma irregular la liberación de recursos públicos del Fodepar, destinados a cubrir las necesidades de los atletas.

Finalmente, Tania Ibeth Sierra González, jefa del Departamento de Inversión y Evaluación Fiduciaria fu sancionada por aprobar y autorizar de manera indebida el reintegro al Fodepar, con documentación incompleta y que no cumplía con las disposiciones oficiales

La dependencia recordó que a la fecha, en la presente administración, la Función Pública ha sancionado a una decena de servidores públicos de la Conade.

Detalló que de las investigaciones realizadas por el OIC en la Conade se desprenden también presuntas faltas tipificadas como graves relacionadas con la entrega indebida de recursos, por tal motivo el expediente del caso ya fue enviado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al que corresponderá en su caso sancionar, conforme a la legislación vigente.

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, por unanimidad de votos, que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, violó los principios de imparcialidad y equidad en la contienda durante el proceso electoral 2019-2020.

La sanción a Blanco se debió a su asistencia a un evento proselitista de Daniel Andrade Zurutuza, entonces candidato a presidente municipal de Huejutla, Hidalgo, durante el proceso electoral local 2019-2020.

Y es que el Partido Acción Nacional (PAN) presentó denuncias al respecto, por la participación del mandatario estatal en el evento de cierre de campaña del candidato, lo cual acusó pudo generar presión o influencia indebida entre el electorado, dado el contexto de la realización del evento y por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente al gobernador.

Por otra parte, se le atribuyó responsabilidad indirecta al entonces candidato Daniel Andrade (PES) por lo que se le impone una multa.

Derivado de la decisión de los magistrados, se dio vista al Congreso de Morelos, para que lleve a cabo el procedimiento correspondiente para que determine la sanción que resulte aplicable al gobernador.

Finalmente, también se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de la República (FGR) para que actúe en consecuencia.

Los magistrados también concluyeron que en dicho caso no se acreditó, como lo denunció en su momento el PAN, uso de recursos públicos.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, anunció una sanción de 10 años de inhabilitación al extitular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, al acreditarse que incurrió en conflicto de interés durante su desempeño al frente de la Comisión.

«Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada Reforma Energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos», indicó la dependencia en un comunicaco.

Explicaron que la sanción al titular de la CRE es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo.

Precisó que al participar en este tipo de trámites sin excusarse, como lo exige la norma, se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos. Esta disposición, desde luego, aplicaba para todas las personas que se desempeñaban en la Administración Pública Federal, incluidos los órganos reguladores de energía.

La SFP indicó que a lo largo de todo el procedimiento, García Alcocer tuvo derecho a una defensa adecuada, al tener la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas.

En línea con el discurso que ha sostenido el presidente López Obrador, Sandoval Ballesteros aseguró que en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, lo que puso en riesgo la soberanía energética de la nación.

Recordemos que durante sus primeros meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que existía un probable conflicto de intereses con García Alcocer, debido a que algunos de sus familiares trabajaban en el sector energético.

El 18 de febrero de 2019, Irma Eréndira Sandoval expuso que García Alcocer había reconocido un probable conflicto de intereses respecto a su cuñado Mario Barreiro y un primo-hermano de su esposa Santiago García, quienes trabajan para dos empresas: Eólica Vestas y  Santa Fe Natural Gas, respectivamente, esta última filial de Fermaca, empresa permisionada de la CRE.

Se informó que tras una revisión, se encontró un permiso para transporte de gas natural otorgado a Fermaca, vinculada al entonces titular de la CRE. El 3 de junio de 2019, Guillermo García Alcocer presentó su renuncia.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió este martes la sanción que el gobierno federal había impuesto a la revista Nexos, por supuestamente incurrir en el uso de «información falsa».

El tribunal otorgó medidas cautelares a Nexos para protegerla de una multa de casi 1 millón de pesos, y de la inhabilitación con la que el gobierno le impedía participar en contratos públicos por dos años.

«La suspensión de las sanciones habilita nuevamente a Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura para celebrar contratos con dependencias que utilizan recursos federales. Se suspende también, provisionalmente, la multa», informó la revista a través de un comunicado.

Adicional, la Secretaría de la Función Pública debe retirar a Nexos de su portal de proveedores inhabilitados.

Recordemos que la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) se trató de un procedimiento administrativo iniciado en 2018 contra la revista fundada en 1978, cuyo director es el periodista, novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, crítico del presidente López Obrador.

La SFP acusó al medio de proporcionar información falsa para lograr un contrato por adjudicación directa en la campaña institucional del Instituto Mexicano para el Seguro Social (IMSS) para promover la salud pública del país llamada «Chécate-mídete-muévete».

Y aunque la dependencia detalló la investigación, la sanción despertó la preocupación de diversos sectores, especialmente la de los analistas e intelectuales, quienes se refirieron a dicha acción como una represalia a las críticas hacia el gobierno.

Ante el falló de hoy, miembros del comité editorial de Nexos celebraron la decisión del Tribunal como una muestra de la independencia judicial.  «Afortunadamente todavía hay instituciones en el Estado mexicano dispuestas a frenar los abusos del gobierno», comentó el periodista Leo Zuckermann.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones internacionales han calificado la sanción impuesta a Nexos como otro de los intentos del presidente López Obrador de estigmatizar la prensa en uno de los países más peligrosos para el periodismo.

Al menos nueve comunicadores mexicanos han sido asesinados este año, según el recuento más reciente de la SIP.

La red social Twitter informó este martes de que ha limitado el acceso a la cuenta de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, tras publicar un vídeo que contenía desinformación sobre la pandemia de Covid-19 y que violaba las reglas de la plataforma.

El vídeo que tuiteó el hijo del mandatario estaba relacionado con el uso de la hidroxicloroquina para tratar a pacientes con Covid-19, un fármaco cuyo uso efectivo contra el virus no ha sido demostrado y que el presidente ha recomendado utilizar en varias ocasiones.

En las imágenes, se habla de la hidroxicloroquina como una cura contra el virus e incluía a varias personas que afirmaban ser doctores y que argumentaban falsamente que «no se necesitan máscaras» y que los estudios que demuestran que el medicamento puede no ser efectivo son «ciencia falsa».

La sanción de la red social al hijo de Donald Trump, que también difundió el mismo vídeo, durará doce horas durante las cuales solo podrá refrescar la aplicación y leer el contenido, pero no se le permitirá tuitear, seguir a otras cuentas o dar «me gusta».

Fuentes de Twitter señalaron a medios locales que Donald Trump Jr. había violado las políticas de uso de la plataforma tras «difundir información engañosa y potencialmente dañina relacionada con Covid-19», si bien insistió en que solo habían borrado el tuit en el que se hacía mención a la hidroxicloroquina y que el resto de contenido previamente publicado seguía siendo accesible.

Un portavoz de Donald Trump Jr., Andy Surabian, apuntó a través de un comunicado que la decisión de Twitter de suspender la cuenta «por compartir un vídeo viral de profesionales médicos discutiendo sobre el uso de la hidroxicloroquina es una prueba más de que las grandes compañías tecnológicas están intentando matar la libertad de expresión online en otro intento de interferir en las elecciones presidenciales y silenciar las voces republicanas».

En los últimos meses, Twitter ha intensificado sus medidas en contra de la desinformación y el acoso en su plataforma, algo que ha instigado a algunos tertulianos y políticos conservadores en Estados Unidos a señalar que la red social está sesgada, especialmente desde que Twitter dijese que varios tuits del presidente «glorificaban la violencia» durante las protestas por la muerte de George Floyd el pasado mayo.