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Este es un año electoral y el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer del voto una elección entre el saqueo del pasado o la transformación que él ofrece. Así lo dijo ayer en la conferencia mañanera.

“¿Quién va a decidir si quiere que regrese la política de saqueo y de corrupción? ¿Quién va a decidir si continúa o no? Pues el pueblo, los ciudadanos.” Esa es la disyuntiva que ve el presidente López Obrador sin darse cuenta de que la decisión no es entre saqueo o la transformación. Que más bien estamos viendo la transformación del saqueo.

Porque en el pasado hubo saqueo. Sin duda tiene razón el presidente cuando dice que tras la crisis de 1995, el remedio fue convertir las deudas privadas de unos cuantos, de los banqueros, de las grandes corporaciones, en deuda pública, en referencia al Fobaproa. Pero cuando remata con que en su gobierno son distintos, le falta aclarar que son otros nombres, pero que el saqueo continúa. La transformación está en las manos que lo reciben. Y en algunos casos ni los nombres han cambiado, si nos remitimos al Director General de la CFE, Manuel Bartlett.

¿Cómo justificar que la disyuntiva es entre el saqueo y la redención de México si el actual gobierno sigue manteniendo la impunidad de quienes incurren en casos de corrupción? López Obrador desmanteló varios fideicomisos bajo el argumento que eran unas cajas opacas de gastos pero su transformación del saqueo lo ha llevado, por ejemplo, a crecer casi en un mil por ciento el Fideicomiso de Administración y Pago de Equipo Militar, el Fidape.

Al finalizar el gobierno de Peña Nieto, el Fidape tenía un saldo de 5 mil 40 millones de pesos, pero 2020 lo cerró con cerca de 50 mil millones de pesos. Este fideicomiso no rinde cuentas sobre sus gastos a nadie y es actualmente el tercero más grande del gobierno federal.

Entonces, quitarle dinero a unos fideicomisos a los que acusa de ser opacos para trasladarlo a otro fideicomiso que también es laxo en transparencia no es más que la transformación del saqueo.

La disyuntiva electoral del 2021 es bastante pobre para México. Primero porque la oposición no logra presentar una agenda atractiva ni una verdadera solución a los problemas del país. Segundo, porque es más que evidente que al presidente López Obrador le quedó grande la tarea de transformar a México. La mejor prueba de ello es que lleva más de dos años señalando al pasado por las fallas del presente. A estas alturas, parece que la disyuntiva electoral del 2021 será entre darle más o menos poder al presidente López Obrador vía los pesos y contrapesos de la Cámara de Diputados. ¿Saqueo o transformación? No…sólo transformación del saqueo.

Apostilla: El presidente dijo, al regresar a la mañanera después de recuperarse de COVID que “se decidió la gratuidad en servicios de salud y todos los que han sido atendidos en centros de salud, que es la inmensa mayoría, porque son muchísimos más los atendidos en hospitales públicos que en hospitales privados, todos han recibido atención médica gratuita. Eso no sucedía anteriormente. En los institutos de salud, que son de lo mejor que tiene el país, hay gratuidad en atención médica, no sólo a enfermos de COVID, sino a todos los enfermos.”

El que se ha atendido de forma gratuita ha sido él. Su tratamiento corrió a costa de nuestros impuestos. Para la gran mayoría de los que nos hemos contagiado de COVID el tratamiento, por más básico, ha sido bastante caro.

 

Columna completa en El Universal

Javier Coello Trejo, abogado de el exdirector de Pemex Emilio Lozoya quien esta acusado de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, dijo que su cliente narrará en próximos días cómo sucedieron los hechos que se le imputan y detallará el saqueo de la petrolera por parte de la administración pasada.

En entrevista con Grupo Fórmula, al abogado detalló “En los próximos días, el licenciado Lozoya va a salir ante la opinión pública y va a narrar exactamente cómo sucedieron todos los hecho; tanto de la injusta imputación que le hacen de Odebrecht, que incluso la Fiscalía se comió una prueba (…) y obviamente va explicar lo de Agro Nitrogenados, lo de Fertinal y va explicar cómo la administración anterior saqueó Petróleos Mexicanos”.

Además el abogado indicó que Pemex sufrió un saqueo, ya que no se combatió el robo de hidrocarburos, conocido como “huachicol”, además que hubo un incremento de tomas clandestinas, una caída en la producción de petróleo y una desatención del gas.

De acuerdo con el abogado, el testimonio de Lozoya se difundirá a través de redes sociales.

Javier Coello Trejo dijo “Yo no estoy diciendo que se lo robaban; se lo llevaban a la Secretaría de Hacienda y tengo los comprobantes y los oficios donde el subsecretario (Miguel) Messmacher le pide al director de Pemex que le envíe 60 mil millones en 2013 y 75 mil en 2014”.

Y resaltó que todas las declaraciones estarán sustentadas en pruebas, lo cual responde a que hay una coincidencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador en que hay que combatir la corrupción, “pero no, no más con las mulas de mi compadre; todos los que hayan robado que vayan para dentro”.

Sobre el tema de Gilda Austin, madre de Emilio Lozoya, el abogado aclaró que nunca huyó del país, sino que se encontraba como todos los veranos de vacaciones con sus nietos en Alemania, donde fue detenida por autoridades policiacas.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la calificadora Fitch Ratings después de que ésta bajara la nota crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex).

«Son unos hipócritas, nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex», dijo el presidente en conferencia de prensa.

López Obrador afirmó que la calificadora no ha tomado en cuenta variables, como el ahorro que traerá el combate al robo del combustible, y dijo además, que la nota de Fitch era un intento por desprestigiar a su gobierno.

«Tratan de desprestigiarnos cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral, en el país, al interior del país, la gente se siente orgullosa de que se está enfrentando el problema de la corrupción. En el mundo somos un ejemplo por lo que estamos haciendo», señaló el mandatario.

Asimismo, López Obrador indicó que si bien le importa esta nota, los técnicos de las calificadoras no son jueces infalibles, por lo que tiene derecho a disentir con ellos.

 

Luego de alcanzar un acuerdo con la Procuraduría General de la República, el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; por lo que fue condenado a 9 años de prisión y el pago de una multa de 58 mil 890 pesos.

En una audiencia celebrada en el Centro Penal de Justicia Federal, Duarte se acogió al procedimiento abreviado que consiste en aceptar su responsabilidad en los delitos que se le imputan a cambio de una reducción en la condena que se le impone.

El Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia dictó la sentencia condenatoria tras preguntar directamente a Javier Duarte si aceptaba su responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Frente al juez, el ex gobernador respondió que “por los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría”.

El juzgador federal también decretó el decomiso de 41 inmuebles distribuidos en Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo y el Estado de México que fueron adquiridos con recursos del gobierno de Veracruz.

En el saqueo de más de 700 millones de pesos en efectivo a la Sedesol y la Sedatu, la empresa Servicios Empresariales Helte recibió en sus oficinas 493.6 millones de pesos en costales.

No obstante, quien figura como socio y administrador único de la empresa, Dionicio Domínguez H., trabaja como repartidor de gas desde hace 40 años, por lo que considera haber sido víctima de un robo de identidad.

De acuerdo con el periódico Reforma, Domínguez tiene un salario de 7 mil pesos mensuales más propinas, vive desde hace 20 años en una casa del Municipio de Tecamac, en el Estado de México, y asegura que no tiene ningún otro negocio, ni tiene relación alguna con el dinero que llegó a las oficinas de Helte, en Polanco.

Al igual que Helte, existen otras 75 “empresas” que sirvieron para dispersar los recursos que fueron desviados entre 2014 y 2016 de la Sedesol y de la Sedatu durante la gestión de Rosario Robles, según informes de la Auditoría Superior de la Federación.