Ana Paula Ordorica
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Morena pide que la SCJN se excuse en discusión de amparos vs desaparición de fideicomisos

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se excuse de participar en la discusión de las controversias constitucionales relacionadas con la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

El morenista dijo que esta abstención es crucial, ya que los fideicomisos están vinculados a recursos significativos en los cuales los ministros y magistrados de la SCJN son beneficiarios directos.

Igualmente, explicó que “estamos trabajando en la preparación de una solicitud, a través de la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la Junta de Coordinación Política instruya al abogado de la Cámara de Diputados a defender la soberanía que corresponde al Poder Legislativo”.

El coordinador parlamentario hizo hincapié en que, al igual que el Poder Judicial exige el respeto a su independencia y autonomía, “nosotros también exigimos que el control presupuestal que la Constitución otorga a la Cámara de Diputados sea respetado por el Poder Judicial”.

Mier Velazco recordó que Arturo Zaldívar se excusó cuando se analizaba el artículo décimo transitorio tercero, que planteaba la posibilidad de extender su mandato como presidente de la SCJN y de la Judicatura Federal.

El llamado de Ignacio Mier llega luego de que ayer se confirmara que un grupo de trabajadores y jubilados del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentara el primer amparo en contra de la eliminación de los fideicomisos en cuestión.

Trusan y Roma Abogados, firma de litigio constitucional, administrativo y de servidores públicos. informó en redes sociales que presentaron el primer amparo a nombre de 761 trabajadores y jubicados, ante los juzgados del primer distrito en materia administrativa.

“Este es el primer amparo que se presenta en todo México, y esperamos que a más tardar el próximo viernes de esta semana tengamos la admisión y la suspensión de las normas que se están impugnando”, dijo el abogado.

El recurso legal cuestiona la eliminación de los fideicomisos que prevén recursos que representan derechos adquiridos para los empleados, tales como jubilaciones, servicios médicos complementarios y recursos para la implementación de reformas constitucionales en materia penal y del trabajo.

El equipo legal a cargo del caso negó que la desaparición de los fideicomisos afecte solo a altos funcionarios como lo ha dicho el presidente y diversos líderes de Morena.

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La Suprema Corte despenaliza el aborto a nivel federal

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este miércoles despenalizar el aborto a nivel federal.

La Corte resolvió que es “inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

En un paso previo, hace dos años exactamente, la SCJN determinó que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo unánime de este miércoles.

El aborto voluntario ha sido despenalizado en al menos 11 de los 32 estados del país. El gobierno de la Ciudad de México fue la primera entidad en legislarlo, y también la primera jurisdicción latinoamericana en autorizarlo en 2007.

El fallo se derivó de una petición del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La organización señaló que con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, encabezaron junto a otros actores una estrategia jurídica nacional que consistió en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.

Explicó que con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte en septiembre de 2021, presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.

“Hoy, la Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar”, celebró GIRE al conocer la decisión de la Corte.

Recordaron que al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.

Y es que con esta resolución, el IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud.

Foto: GIRE

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El INAI volverá a sesionar. La SCJN le concede suspensión

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó conceder al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) la suspensión solicitada, para que el Pleno pueda sesionar con sus cuatro integrantes.

Y es que recordemos que el INAI presentó un recurso para que se le permitiera sesionar con los comisionados actuales,  debido a que el Senado de la República no ha cumplido con los nombramiento de los comisionados pendientes.

La decisión de los magistrados, tres de los cuatro presentes en la votación, llega tras más de 140 días sin que el INE pudiera sesionar.  Ahora, el Pleno del INAI quedará habilitado para celebrar sesiones ordinarias, en las que presentará, discutirá y resolverá los más de 8 mil recursos de revisión acumulados.

Los ministros que votaron a favor de conceder la suspensión fueron: Alberto Pérez Dayán; Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez. Solo la ministra Yasmín Esquivel votó en contra, en tanto la ministra Loretta Ortiz se ausentó de la sesión.

El 27 de marzo de este año, el INAI interpuso ante la SCJN la controversia constitucional 280/2023, en la que demandó la omisión del Senado de la República para nombrar a tres Comisionados y solicitó la suspensión de la aplicabilidad del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia, para que el Pleno pudiera sesionar con su integración actual.

Al admitir a trámite la controversia constitucional, la ministra Loretta Ortiz negó dicha suspensión, hecho que fue impugnado por el INAI. Al valorar los argumentos, este miércoles la Segunda Sala de la SCJN otorgó tal suspensión.

El Pleno del INAI está actualmente conformado por la comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena; las comisionadas Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara, y el comisionado Adrián Alcalá Méndez.

Reconocieron “el compromiso de la Segunda Sala de la SCJN con la defensa de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. El fallo da muestra de la importancia de los equilibrios de poder en el país, así como de la vigencia de un Estado de Derecho, en el que prevalezca el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los derechos humanos”, indicó el INAI al reaccionar a la decisión de la Corte.

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Morena va por juicio político contra ministros de la Suprema Corte

Diputados de Morena presentaron una demanda de juicio político contra los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante su negativa a reducir su salario como lo establece la ley, con el fin de que ganen menos que el Presidente de la República.

En la demanda aparecen los nombre de los ministros Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.

Además de Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar.

En conferencia de prensa, el diputado de Morena Manuel Alejandro Robles anunció que junto a otros compañeros de bancada presentaron la demanda contra los ministros por la presunta violación sistemática del artículo 127 constitucional, al no bajarse el sueldo y lograr amparos.

Reducir los sueldos de los altos funcionarios del sector público fue una de las principales promesas de “austeridad republicana” que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien impulsó la reforma legal para ello en noviembre de 2018, un mes antes de asumir la Presidencia el 1 de diciembre de ese año.

Sin embargo, recordaron que la Suprema Corte invalidó la reforma en 2019 tras controversias constitucionales promovidas por la Cofece, el Banco de México y el INE, pero el Congreso aprobó una nueva con modificaciones en 2021.

“En esta demanda se propone hacer conciencia en los ministros para que se sujeten a lo que dice nuestra Constitución, hay una definición que se tomó por parte del pueblo de México en 2018 y es precisamente que hay austeridad de parte de todo el servicio público”, expuso el diputado.

Pese a ello, el pasado 3 de julio, la Suprema Corte aclaró al gobierno federal que los salarios de los ministros no podrán ser reducidos por actos provenientes de otros poderes.

Una semana antes, la nueva titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente mexicano.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe, en donde recordaron que desde el 8 de enero de 2019, los ministros decidieron reducir su salario un 25%, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

La SCJN detalló que el artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

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Era de esperarse una respuesta leguleya: AMLO sobre sueldos en la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la respuesta que la Suprema Corte dio sobre sus sueldos y las acciones que se han llevado a cabo para ajustarse al artículo 127 Constitucional, derivado la consulta

“Era de esperarse una respuesta así, leguleya”, lanzó el mandatario, quien explicó que “es muy claro el artículo 127 de la Constitución”, el cual lo están violando los ministros de la Corte.

Cuestionó qué interpretación se le puede dar a un artículo que, según él, establece con mucha claridad que todos los servidores públicos no pueden percibir una remuneración mayor a la del titular del Ejecutivo.

En ese sentido, y en tono de burla, dijo que su respuesta solo aplicaría si los ministros no fueran servidores públicos. “Que en término estricto alguno no lo son, son servidores privados”, lanzó el mandatario.

Aseguró que los ministros de la Corte ganan de cuatro a cinco veces más que él y volvió a presentar los “40 excesos del Poder Judicial” que en repetidas ocasiones se han expuesto en la conferencia matutina.

El mandatario insistió en que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución, para que se detalle de forma más precisa todo lo relacionado con las remuneraciones en la administración pública, para no dar margen a que los ministros afirmen que “no está clara la Constitución”.

Indicó que mandará la iniciativa de ley al Congreso el próximo año, cuando se integre la próxima legislatura, pues dijo, esperará a ver si su movimiento logra la mayoría calificada que se necesita para reformar la Constitución.

La semana pasada, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe.

Sin embargo, la Corte recordó que desde el 8 de enero de 2019, los ministros decidieron reducir su salario un 25%, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Aunque detalló que el artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

Además, en la respuesta de la SCJN recordó que determinó desde mayo de 2019 que el articulado que establece que ningún funcionario podía recibir mayor sueldo que el presidente mexicano “carecía de parámetros objetivos”.

“Se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral”, indicó.

Además, consideró que esto permite una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública.

Finalmente, en la respuesta de la Corte también se indicó que no existe un precepto jurídico que permita a la Secretaría de Gobernación a solicitar a la SCJN un informe respecto del cumplimiento de algún artículo constitucional.

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¿SEGOB tiene la facultad para vigilar a la Suprema Corte?

Tal como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la nueva titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Luisa María Alcalde, solicitó a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, un informe sobre las acciones que ha realizado para cumplir con el mandato del artículo 127 de la Constitución.

Dicho artículo señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República.

La SEGOB indicó que la solicitud se realizó conforme al artículo 27, fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la SEGOB para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país.

Precisó que dicho artículo concede un plazo de cinco días para que se emita una respuesta, en este caso de parte de la SCJN, sobre las medidas que se han adoptado para acatar el texto constitucional.

Especialistas en derecho como Javier Martín Reyes han señalado que la Secretaría de Gobernación no tiene ninguna facultad para vigilar a la Suprema Corte, como lo señaló la dependencia

“La facultad que citan (art. 27, fr. VII, LOAPF) sólo aplica para la Administración Pública Federal —y no al Poder Judicial—”, precisó el abogado.

Tras la orden de AMLO a Gobernación, el diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que ha instruido al secretario técnico de su bancada a que elabore una carta dirigida a los organismos autónomos solicitándoles justifiquen los salarios que superan lo que establece la Constitución y la ley secundaria.

“Pidió que justifiquen por qué ganan más que él, legalmente que justifiquen. Lo celebro, es más, yo diría: por qué no lo hicimos antes nosotros, si aquí nació la Ley de Remuneraciones. Bueno, celebro que lo haga el Presidente y creo que debe de ser extensiva”, añadió.

Indicó que se le preguntará lo mismo a todos los organismos constitucionalmente autónomos que actualmente están ganando por encima de lo que establece la Constitución y lo que establece la Ley de Remuneraciones.

Recordó que los organismos autónomos presentaron amparos y están en su derecho; sin embargo, también es adecuado que respondan si “moralmente eso es válido o no”. “Es un tema de empatía, es un tema de ser funcional a lo que está viviendo México. A los nuevos tiempos que vive la nación. Es un asunto de interiorizar, de reflexión interna, personal”.

El morenista también informó que la presidenta de la SCJN, Norma Piña, respondió a su invitación para reunirse, indicándole que consultará con el pleno de la Corte su eventual asistencia.

“Ayer tuve la oportunidad de obtener la respuesta por parte de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que seguramente nos vamos a ver la próxima semana, una vez que ellos puedan resolver la agenda que ya tienen establecida y podamos reunirnos la próxima semana”, apuntó.

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Poder Judicial, refugio de los delincuentes de cuellos blanco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó este viernes contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dijo, defiende a una “minoría corrupta”, esto luego de invalidar el segundo paquete de las reformas electorales que impulsó, con lo que puso fin al llamado ‘Plan B’.

“Yo interpreto esto, más que nada, como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México”, expresó López Obrador en su conferencia matutina al ser consultado sobre el tema.

Ayer la Suprema Corte invalidó, con nueve votos a favor y dos en contra, la segunda y última parte de la iniciativa impulsada por el mandatario al considerar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso, donde Morena y aliados lo aprobaron fast track.

El presidente respondió que respeta el fallo, pero acusó a la Corte de invadir las facultades de otros poderes.

“Somos respetuosos de la división y el equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo, ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo, lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder”, sostuvo.

La Suprema Corte había desechado ya la primera parte del “Plan B” el mes pasado bajo el mismo argumento.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.

En su totalidad, la iniciativa desechada recortaba 3,500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE). También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, por lo que la oposición y organizaciones civiles acusaron al gobierno de querer cambiar las reglas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El fallo abrió un nuevo frente entre el Poder Judicial y López Obrador, quien acusó a los ministros de la SCJN de ser “empleados” de los conservadores que quieren volver al poder.

“Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrada en el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuellos blanco que tanto daño le han hecho al país”, señaló.

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Ministros sepultan el ‘Plan B’ electoral de López Obrador

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por completo este jueves la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el llamado “Plan B”.

Con nueve votos a favor y dos en contra, la Corte dejó sin validez la segunda y última parte de las reformas al reiterar que existieron violaciones al proceso legislativo en el Congreso.

Con un argumento similar, la Suprema Corte desechó la primera parte del “Plan B” en mayo pasado al señalar que la mayoría en el Congreso, Morena y aliados, violaron el proceso legislativo durante su aprobación en fast track.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido actualmente por la veda electoral.

En su totalidad, el “Plan B” proponía recortar 3,500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), lo que generó incertidumbre de cara al proceso electoral del próximo año.

También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

En la discusión de hoy, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que con esta reforma se vulneró el principio de democracia deliberativa y en este caso se registraron más vicios de gravedad que en la primera parte del “Plan B”, pues apuntó que se sumaba que el dictamen violó el sistema bicameral de aprobación de leyes.

En tanto, el ministro Luis María Aguilar externó la importancia de respetar la Constitución. “Si no la respetamos y defendemos desde los poderes públicos traicionaríamos nuestro deber de lealtad a la voluntad del pueblo de México”, argumentó.

Al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, cercanas a López Obrador, quienes llegaron a la Corte a propuesta de él, votaron en contra de invalidar la legislación.

Previo a la sesión de la Corte, López Obrador acusó en su conferencia matutina a la Corte de “intromisión” en el Poder Legislativo y reprochó que el proyecto presentado por el ministro Javier Laynez no revisara el fondo de la reforma electoral sino que planteó su invalidez por no respetar el proceso legislativo.

“Considero que es una invasión, una intromisión al Poder Legislativo. Le van a corregir la plana al poder Legislativo”, criticó el mandatario.

Al reconocer que el paquete de reformas sería invalidado, adelantó que en su momento presentará una iniciativa constitucional para la elección de los ministros por voto del pueblo, y así evitar que estos funcionarios representen solo a “una élite”.

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El ‘Plan B’ de la reforma electoral de AMLO tiene las horas contadas

Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute el proyecto de resolución que pretende invalidar la segunda parte del decreto del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena.

Según lo resuelto con el primer paquete, el ‘Plan B’ presentó violaciones desde un inicio al proceso legislativo, por lo que  se declaró su invalidación. Se prevé que la segunda parte que se discute hoy, siga el mismo camino.

Al respecto, la Consejería Jurídica (CJ) de la Presidencia señaló que el ministro Javier Laynez, a cago del proyecto que se discute hoy, pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar Plan B electoral”.

En un comunicado, la CJ señaló que en su proyecto de sentencia, el ministro pretende incorporar un hecho no invocado por la oposición para invalidar el ‘Plan B’ electoral, lo cual, dijo, “vulneraría el principio de imparcialidad que debe regir el actuar de todo órgano jurisdiccional, tal y como lo dispone expresamente el artículo 17 constitucional”.

El martes pasado, el presidente López Obrador acusó a los ministros de la SCJN de estar “alineados” con los conservadores por proponer invalidar la segunda parte de su reforma electoral.

El mandatario se pronunció después de que un día antes se difundiera un proyecto de sentencia del ministro Laynez Potisek.

En su pronunciamiento, la Consejería Jurídica de la Presidencia señaló que el ministro Laynez Potisek “propone declarar la invalidez total del decreto impugnado sin entrar a un verdadero estudio de fondo de las normas cuestionadas, lo cual retrasa injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano”.

También dijo que el ministro instructor refiere en su proyecto que hubo “una confusión” que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. “La confusión que atribuye el ministro a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas”.

“Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa” y a la conducción de la Mesa Directiva a cargo del diputado Santiago Creel, “no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, dijo la Consejería Jurídica.

También señaló que en caso de aprobarse el proyecto del ministro instructor, “la SCJN se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias”.

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AMLO da por muerto su ‘Plan B’ en material electoral. Se lanza contra la SCJN

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó este martes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de estar “alineados” con los “conservadores” para invalidar la segunda parte de su reforma electoral, conocida como “Plan B”.

“Los ministros están alineados, la mayoría, al bloque conservador. Todo el Poder Judicial. Es un poder al servicio de una minoría, no están al servicio del pueblo, no se imparte justicia tomando como factor principal al pueblo, es un poder al servicio de una élite”, expresó el mandatario.

Las declaraciones de López Obrador llegan luego de que ayer se difundiera el proyecto de sentencia a cargo del ministro Javier Laynez, quien propone al pleno de la SCJN invalidar la segunda y última parte de la reforma electoral por violaciones al proceso legislativo.

Con un argumento similar, la Suprema Corte invalidó la primera parte del “Plan B” en mayo porque la mayoría en el Congreso, liderada por Morena y partidos aliados, violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.

La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.

En ese sentido, el mandatario dio por hecho que la SCJN invalidará por completo su reforma, que en su totalidad recortaba 3,500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE). También eliminaba el 85% del servicio profesional electoral, y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

“Es que ¿cómo creen ustedes que van a dejar vigente esa ley, si ahí se establece que nadie debe ganar más que el presidente, como lo ordena la Constitución en el artículo 127, y los ministros son los primeros que violan la Constitución porque ganan tres y hasta cuatro veces más que el presidente”, lanzó al presidente.

El INE había denunciado que las reformas “merman la autonomía del Instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata, a la par que desequilibra el modelo de comunicación social y perjudica la equidad en la contienda”.

Ante su inconformidad, López Obrador reiteró que propondrá una reforma constitucional para que los ciudadanos elijan de forma directa a los ministros de la SCJN, e insistió en la necesidad de llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial

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Oposición presenta ante la SCJN ‘amicus curiae’ contra el ‘Plan B’ de AMLO

Organizaciones civiles presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un ‘amicus curiae’ (amigo de la corte) con el respaldo de 360,000 firmas ciudadanas contra la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocida como “Plan B”.

“Presentamos el amicus curiae ciudadano, que demuestra a la SCJN la inconformidad absoluta de las mexicanas y mexicanos en la aprobación de este ‘Plan B’”, señalaron las organizaciones Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.

Las organizaciones, que conforman el movimiento Unid@s, manifestaron que el segundo paquete del “Plan B” de López Obrador, promulgado el 2 de marzo pasado, es inconstitucional y viola los derechos políticos electorales de la ciudadanía.

También advirtieron de afectaciones a otros derechos humanos como el derecho de identidad, la protección de datos personales, la libertad de expresión, y el acceso a la justicia.

Unid@s expresó que con este recurso jurídico se pretende demostrar al Supremo que el “Plan B” atenta contra los pilares democráticos de México y cambia las reglas electorales sin importar los principios constitucionales, “sin consenso y diálogo alguno”.

El ‘amicus curiae’ se entregó en la Suprema Corte por los consejeros de UNE, Beatriz Leycegui y Juan Torres Landa, acompañados de simpatizantes vestidos de rosa, entre ellos Claudio X. González.

Recordemos que la SCJN invalidó a inicios de mayo la primera parte del “Plan B”, al considerar que la mayoría oficialista de Morena incurrió en graves violaciones al proceso legislativo, por lo cual analistas señalaron que ese podría ser el destino del segundo paquete de la reforma electoral, ya que su aprobación siguió la misma ruta.

A través de un comunicado, la Corte confirmó que analizará y resolverá sobre el Decreto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023.

Indicó que el proyecto, a cargo del ministro Javier Laynez, propone declarar la invalidez de la segunda parte del “Plan B” pues se estima que, durante la aprobación del Decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo, “las cuales son suficientes para invalidar la totalidad del decreto impugnado”.

La SCJN reiteró que la Cámara de Diputados jamás expuso razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; además de que señaló que los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

“Tampoco gozaron de un plazo razonable para conocer lo que estaban votando, pues en total se trataba de reformas a más de quinientas disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión (11:04 de la noche) y que se aprobaron en tan solo cuatro horas”, añadió.

Foto: Twitter @SocCivilMx

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FGR separa del cargo a dos fiscales por incumplir sentencia de la SCJN

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que separó de su cargo a dos de sus fiscales, esto en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que los señaló como culpables de desacatar una orden judicial.

La SCJN ordenó proceder contra los dos servidores públicos luego de que se comprobó que “no hicieron nada y al contrario, procuraron obstaculizar una sentencia de amparo” que ordenaba cotejar el número de joyas aseguradas por la FGR en un investigación, con las facturas y autorizaciones de importación que presentó su presunto dueño.

Los imputados desacataron una orden judicial para verificar el origen lícito de unos diamantes valuados en 235 millones de pesos, propiedad atribuida a un presunto contrabandista.

En ese sentido, la FGR informó que acatará el fallo de la Suprema Corte y anunció que separó de su cargo al Agente del Ministerio Público de la Federación, Víctor Manuel “M”, y a su superior jerárquico inmediato Celia “A”.

Esto, “por haber incumplido, en tiempo y forma, con lo ordenado por un Juez Federal de Amparo, iniciando asimismo la carpeta correspondiente para su consignación (judicialización)”.

Recordó que este asunto comenzó mediante una averiguación previa por contrabando en 2014, por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en Cancún, Quintana Roo, y los bienes correspondientes “fueron decretados por abandono a favor del Estado y entregados a las instancias federales competentes”.

Se detalló que el incumplimiento “consistió en no haber realizado, en tiempo y forma, por parte del Ministerio Público y de su superior inmediato, todas las diligencias que el Juez les ordenó”, y cuando le hicieron llegar a la autoridad judicial la información respectiva, “los plazos ya habían sido incumplidos”.

La dependencia señaló que por lo que toca al incidente de “inejecución”, la institución “cumplirá cabalmente con los plazos y diligencias ordenadas que sean necesarias, a través de los Agentes del Ministerio Público que se encargarán de este caso”.

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Presentan iniciativa para que ministros de la SCJN sean elegidos por voto directo

La bancada del PT en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma, a fin de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos para el cargo a través del voto ciudadano, tal como lo ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El propósito es establecer en nuestra Carta Magna que los integrantes de uno de los tres poderes públicos, el Judicial, accedan al cargo a través de un proceso electoral en el que la población mexicana, ejerciendo su voto libre, directo y secreto, los elija”, precisó la diputada Araceli Celestino Rosas del PT.

La legisladora explicó que si las y los integrantes del Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo son electos por la población de manera directa, mediante el voto, no existe razón para que los del Poder Judicial lleguen al cargo a través de otro mecanismos.

“No encontramos razón alguna para que el personal de la Suprema Corte no pueda, también, ser electos por el mismo pueblo”, añadió.

Se detalló que las modificaciones proponen que el cargo de ministro dure 6 años, en lugar de 15, como actualmente se establece; asimismo, para que la elección del presidente de la SCJN sea cada dos años y no cada cuatro.

“Tenemos la certeza de que las y los ministros de la Suprema Corte deben ser electos mediante el voto universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, en los términos que se disponga en la Ley Electoral”, sostuvo la petista.

Además, se plantea que para cada uno de los ministros es necesario que exista un suplente, quien sólo podrá ocupar el cargo ante la ausencia temporal o definitiva de la o el propietario.

Agregó que el PT considera fundamental abrir los mecanismos de participación para elegir a los integrantes de los tres Poderes que rigen a la nación, “máxime que la sociedad mexicana está en un proceso continuo de fortalecer el sistema democrático, y esta iniciativa tiene ese propósito”, remató.

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Santiago Creel impugna ante la SCJN el nuevo ‘decretazo’ de AMLO

Santiago Creel Miranda, diputado del PAN y aspirante a la candidatura presidencial en el bloque opositor, presentó una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del nuevo decreto de el pasado 18 de mayo el gobierno federal publicó por medio del cual declaró como de seguridad nacional e interés público, la construcción y operación de determinadas obras de infraestructura de transportes.

Creel Mirando explicó que el recurso lo presentó en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En un mensaje a difundido a través de sus redes sociales, el panista informó que impugnó el nuevo decreto con el que el gobierno busca que ciertas obras de infraestructura de su gobierno sean consideradas de seguridad nacional, y con ello negar toda información relacionada, a la que tienen derecho de acceder todas y todos los mexicanos.

Recordemos que el nuevo ‘decretazo’ se refiere a obras como el Tren Maya, del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

Dicho decreto llegó apenas unas horas después de que la Corte invalidara el decreto que que emitió el gobierno federal en noviembre de 2021, con el cual buscaba blindar todos los proyectos y obras de infraestructura que lleva a cabo el gobierno.

“Se trata de un acto arbitrario del Presidente de la República que atenta contra nuestro derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo los principios de transparencia, de acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad”, añadió Santiago Creel.

Creel Miranda adelantó que si este decreto se vuelve a invalidad, tal como sucedió con el primero en mayo pasado, “de inmediato, a nombre de la Cámara de Diputados, volveré a impugnar su actuación, y así lo haré las veces que sean necesarias”.

Finalmente, Creel Miranda mandó un mensaje al presidente López Obrador: Sí Presidente, la Constitución es la Constitución y la ley es la ley”.

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Arrancan “conversatorios” impulsados por Morena sobre designación de ministros en la SCJN

Mañana arrancan los conversatorios que Morena y aliados impulsaron en la Cámara de Diputados, en torno a la propuesta de llevar a cabo una consulta popular sobre la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y una eventual reforma al Poder Judicial.

La bancada de Morena anunció que para el primer conversatorio se contará con la participación del jurista Diego Valadés; de los especialistas en derecho electoral y constitucionalistas, Amador Rodríguez Lozano, Andrés Norberto García Repper, Rafael Estrada Michel y Jaime Cárdenas García.

El moderador del primer panel, que lleva por título: Soberanía popular, fortalecimiento de la democracia directa y vinculativa ciudadana para revisar y modificar del régimen de designaciones de carga en la Suprema Corte, será el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y se llevará a cabo mañana martes 30 de mayo a las 11 horas.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, afirmó que los conversatorios, o ejercicios de “diálogo y análisis”, tienen la finalidad de devolver al pueblo de México el derecho a la información sobre una cuestión de la que han sido privados en anteriores administraciones.

El morenista aseguró que en el pasado el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes, y éstos olvidaron que es el pueblo el que manda.

Por ello, señaló que lo que se quiere hacer es, “antes de preguntarles a las y los mexicanos, si ellos consideran que se debe de modificar la forma en la que se eligen a los ministros; antes de eso queremos explicarles, que sepan cómo se eligen los ministros, cuántos se eligen, qué es la Suprema Corte de Justicia”, entre otros puntos.

Y es que comentó que el 70% de los mexicanos desconoce sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ante ello, señaló “que la gente debe saber que la Suprema Corte de Justicia, los ministros, son los jefes de todos los magistrados y de todos los jueces”, para que el panorama sobre la impartición de justicia en el país no esté limitada, y se comprenda a cabalidad el verdadero engranaje de este órgano superior.

Mier Velazco recordó que de los tres poderes de los que se compone el Estado Mexicano, sólo el Judicial no ha tenido una revisión sobre la forma en que se designan a los titulares del máximo órgano de justicia en México.

Finalmente, comentó que el propósito de estos espacios, es que durante los próximos 5 meses la población se entere de la propuesta y del funcionamiento del Poder Judicial, para que puedan con todas estas herramientas, opinar durante la consulta.

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AMLO llama ‘eriza’ la convocatoria de la marcha en defensa de la Corte

Ayer se llevó a cabo una marcha que movilizó a miles de personas en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de México(SCJN), que derivó en enfrentamientos entre quienes salieron a defender a la Corte y simpatizantes de la 4T que, en línea con el discurso presidencial, rechazan y critican el actuar de los ministros.

Los enfrentamientos, según se reportó, ameritó la intervención de la policía para separar a los grupos, y para desalojar al grupo que mantenía un plantón a las afueras de la Corte.

Los incidentes ocurrieron al final de la movilización, cuando cientos de manifestantes concentrados a las puertas de la Corte comenzaron a lanzar objetos e insultar a un grupo que mantenía desde hace varias semanas un plantón, donde colocaron carteles y consignas contra los ministros.

Mientras los manifestantes gritaban al unísono “el pueblo unido jamás será vencido”, el grupo crítico de la Corte les respondía “provocadores, provocadores”.

Algunos de los manifestantes comenzaron a arrancar los carteles contra los ministros que estaban en las puertas de la Corte y derribaron un pequeño kiosco que tenían los participantes del plantón.

Horas antes, miles de personas vestidas de blanco se concentraron en el Monumento a la Revolución, para unirse a la movilización convocada por organizaciones civiles en respaldo a los ministros de la Corte que han sido objeto de críticas y protestas en las últimas semanas luego de diversos reveses al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante esto, López Obrador ha endurecido su posición en contra del Poder Judicial luego que el mes pasado el máximo tribunal declaró inconstitucional una reforma que transfería el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A esto, se sumó el hecho de que la Corte invalidara la primer parte del llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que la mayoría oficialista del Congreso aprobó en diciembre y permitía a los funcionarios públicos expresar opiniones políticas sin riesgo de sanciones por incurrir en propagada electoral, tal como se establece en la actualidad.

Las tensiones aumentaron luego que el pasado 18 de mayo el máximo tribunal invalidó un decreto presidencial del 2021 que ordenaba a las dependencias públicas acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura se pudieran ejecutar sin dilaciones, el llamado ‘decretazo’.

Sin embargo, López Obrador desafió a la Corte emitiendo el mismo día de la sentencia otro decreto en el que declaró al Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como la construcción de cuatro aeropuertos en el sur del país como proyectos de “seguridad nacional”.

“Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados”, afirmó el presidente la semana pasada al reiterar que ante el “divorcio completo” de los jueces de las necesidades de la mayoría de los mexicanos “hace falta una reforma en el poder judicial”.

López Obrador adelantó que en el último año de su sexenio, 2024, promoverá una reforma constitucional para que los ministros de la Corte, magistrados y jueces sean electos por voto ciudadano. En la actualidad la Constitución faculta al Presidente de la República para presentar una terna de candidatos al Senado, los cuales requieren de los votos de las dos terceras partes de la cámara para su elección.

La presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, ha sido el principal blanco de los ataques, del presidente y de sus seguidores.

En marzo, en medio de una concentración que organizó el gobierno en el Zócalo capitalino por el aniversario de la expropiación petrolera, manifestantes llevaron una figura de cartón con el rostro de la ministra presidenta a la que le prendieron fuego al grito de “fuera Piña”.

El máximo tribunal consideró el incidente como un acto de odio y violencia de género contra la ministra y manifestó preocupación de que “el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige el orden constitucional redunde en una confrontación”.

Piña, quien asumió la presidencia de la Corte en febrero, ha mantenido silencio ante las críticas de López Obrador, pero en diferentes intervenciones públicas ha defendido la independencia de los jueces.

Recientemente, el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que “estamos fuertes, convencidos de lo que hacemos. Nada nos va a doblar”, en clara alusión a las tensiones que han surgido entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

En reacción a la movilización de ayer en la CDMX, que se replicó en diversos estados del país, el presidente dijo que fue una convocatoria muy “eriza”, asegurando que los reportes que él tiene indican que participaron sólo 3 mil personas.

“Tienen que echarle más ganas, no tienen causa”, dijo al mandatario, quien volvió a insistir en que los ministros no respetan la Constitución, pues ganan más que él.

También dijo que quienes salieron a manifestarse en defensa de la Corte “actuaron con prepotencia”, pues señaló, “no debieron ir y quitarles las mantas” a quienes se manifestaban en contra.

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