La Cámara de Diputados aprobó, con mayoría calificada de 444 votos a favor, cero en contra y una abstención, el dictamen que modifica el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política, en materia de periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, lo cual busca evitar dobles Congresos.
El dictamen aprobado señala que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 1 de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
En los transitorios, el documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala que la duración en el cargo de las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXV Legislatura del Congreso de la Unión será del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024.
Mientras que la duración en el cargo de las senadoras y los senadores electos para las LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión se computará a partir del 1 de septiembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2024.
Además, las diputadas federales y los diputados federales electos para la LXVI Legislatura durarán en el ejercicio de su cargo 36 meses, es decir, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027.
En tanto que, las y los senadores electos para las LXVI y LXVII Legislaturas durarán en el ejercicio de su cargo 72 meses, del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2030.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena, aclaró que el dictamen no es una reforma electoral, pues no altera el proceso donde compitan los partidos ni se empalma con el siguiente periodo electoral.
“No es una reforma legal, sino es una reforma que propone que la parte sobre el inicio de los trabajos del Congreso quede como estaba antes del año 2014 (…) precisar algo que quedó confuso en el artículo 65 y que podría causar problemas al grado de que imaginariamente hubiera dos Legislaturas empalmadas en un mes de calendario legislativo”, señaló.
El diputado del Morena, Alejandro Robles Gómez, acusó que el problema que había se debía a “como se legislaba en los tiempos en los que solamente había ‘PRIAN’ con lo mismo, cuando no había debate, ni discusión, aquí sí había sólo levantadedos en aquel entonces”.
Afirmó que el fondo del decreto de 2014 fue la privatización del petróleo; no había consulta y se hacía constitucional la corrupción en el país. Acusó a los partidos de oposición de ser los responsables de lo que ahora se soluciona.
