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El narcotraficante Óscar «El Lobo» Valencia, aseguró este lunes que pagó «más de 10 millones de dólares en efectivo» al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, esto como parte del juicio que se lleva a cabo contra el exfuncionario mexicano en Estados Unidos.

«Le di más de 10 millones en efectivo procedente de la droga», dijo el testigo de la fiscalía, en el juicio que este lunes retomó actividades, luego de que iniciara la semana pasada. Se trata del funcionario mexicano de más alto nivel que ha pasado por el banquillo de la justicia estadounidense.

Valencia, que admitió haber enviado a Estados Unidos «más de 100,000 kilos de cocaína», contó que se había reunido personalmente dos veces con García Luna y que la última, cuando estaba al frente de las fuerzas de seguridad del país, acudió a las oficinas de un negocio de lavado de autos de un amigo en Guadalajara.

«Para poder tener la reunión tuvimos que pagar 500,000 dólares para verle a través de (Luis) Cárdenas Palomino», su hombre de confianza en la secretaría, dijo el testigo.

Se reunieron durante unos «15 minutos». «¿Le dio dinero a García Luna?», le preguntó la asistente de fiscal Marietou Diouf. «Teníamos que darle 3 millones de dólares» en total, dijo el testigo, aunque admitió que fue su «compadre ‘El Pilo'», dueño del negocio, quien le dio la parte que faltaba «en la parte de abajo» del local.

El testigo, detenido en octubre de 2009, aseguró que se había reunido en otra ocasión con el exsecretario en una casa de Arturo Beltrán Leyva, después de un operativo en el puerto de Manzanillo, en 2007, en el que la Marina decomisó al menos 20 toneladas de cocaína, tras un supuesto aviso de las autoridades estadounidenses, en dos cargamentos distintos que estaban destinados al propio ‘Lobo’, entonces jefe del cartel de los Valencia, y al líder de los Beltrán Leyva.

García Luna recibía «dinero en metálico», dijo ‘El Lobo’, en referencia a que siempre se le daba el dinero en efectivo.

La primera vez fue en 2006. «Nos dijeron que teníamos que colaborar en una polla (recaudación) para asegurarnos el apoyo de las fuerzas de seguridad para el paso de la droga», explicó «El Lobo» Valencia, quien aseguró haber entregado entonces 2.5 millones de dólares.

Según él, también pagaban sobornos a «otros funcionarios del gobierno», así como a autoridades municipales, agentes de la policía federal y responsables de los puertos y aeropuertos para que los «dejaran sacar los cargamentos» de droga. El aeropuerto de la capital mexicana era una de las principales puertas de entrada de la droga procedente de Colombia en el país, aseguró.

‘El Lobo’ corrobora el testimonio del primer testigo de la fiscalía, Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», quien reveló la semana pasada los supuestos pagos al llamado arquitecto de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón, que está acusado de haber ayudado al cartel de Sinaloa de Joaquín «El Chapo» Guzmán a introducir más de 53 toneladas de cocaína en Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró este martes que es «vergonzoso» para el país el juicio que inició ayer en Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública acusado de narcotráfico.

“Es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de (Felipe) Calderón (2006-2012) y que tenía una doble función, según las acusaciones», manifestó el mandatario.

López Obrador exhibió un recuento del primer día del juicio en Nueva York, donde Sergio Villarreal Barragán, alias «El Grande», aseguró que vio «en varias ocasiones (a García Luna) para pagarle sobornos de parte del cartel de Sinaloa».

Además, la Fiscalía federal de Estados Unidos acusó a García Luna de traicionar a México, aunque la defensa alegó que no hay «dinero, ni fotos, ni videos, ni grabaciones, ni textos, ni pruebas» de las acusaciones.

López Obrador reconoció que «hasta ahora no ha habido pruebas fehacientes», pero citó las acusaciones en contra del exsecretario, como «que acumuló una fortuna de muchísimo dinero de alrededor de 1,000 millones de dólares».

«Al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública protegía a uno de los cárteles o uno de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso», sostuvo.

AMLO adelantó que expondrá a diario en su conferencia matutina los avances del juicio, al argumentar que no confía en «los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores».

“Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, pero es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia, y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere», dijo.

Recordemos que García Luna, detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, afronta un juicio por cinco delitos, cuatro de ellos relacionados con el narcotráfico: participar en una empresa criminal y conspiración para la distribución internacional, para la posesión y para la importación de cocaína.

El quinto corresponde al supuesto falso testimonio que prestó a las autoridades estadounidenses.

Finalmente, López Obrador reiteró su postura sobre las alternativas que hay en torno a la culpabilidad o inocencia de Genaro García Luna: que García Luna no sea culpable; que García Luna es culpable y actuó por su cuenta engañando a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y que García Luna es culpable y tenía el consentimiento de los expresidentes.

El exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna se presentó en su primer día de juicio por narcotráfico, donde el primer testigo de la Fiscalía de Estados Unidos lo acusó se haber recibido sobornos millonarios del Cártel del Sinaloa durante años.

El fiscal Philip Pilmar acusó a García Luna de traicionar a México y a Estados Unidos por aceptar sobornos de narcotraficantes a cambio de ayudarles en sus actividades; la Fiscalía presentó uno de sus testigos estrella: Sergio Villarreal Barragán, alias «el Grande», que aseguró haber presenciado el pago de dichos sobornos con sus propios ojos.

De Castro, de pie frente a los 12 miembros del tribunal, adelantó la que será la estrategia de la defensa, al subrayar que la Fiscalía no tiene pruebas «objetivas»: ni documentos, ni fotos, ni conversaciones grabadas, ni mensajes de texto que incriminen a su cliente.

Según De Castro, todo se basa en rumores y «especulaciones de asesinos, secuestradores y traficantes de droga», muchos de los cuales, según De Castro, fueron encarcelados en la época en la que García Luna fue responsable, abriendo el camino de la venganza a través de sus testimonios.

La fiscal Erin Reid se encargó de dirigir el interrogatorio de «El Grande», que habló en español y fue traducido de manera simultánea por un traductor de la Corte.

«El Grande» aseguró haber visto «en varias ocasiones (a García Luna) para pagarle sobornos de parte del Cártel de Sinaloa entre 2001 y 2006».

Según el testigo, «con la ayuda del Gobierno (mexicano) el cartel creció en lo referente al territorio» e insistió en que también gracias a la ayuda de García Luna el grupo que estaba dirigido por el capo Joaquín «El Chapo» Guzmán pudo aumentar la importación de cocaína a México y deshacerse de grupos rivales».

Villarreal Barragán, que se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos y cumple una condena rebajada, aseguró que desde su grupo criminal se fomentaba la corrupción de los funcionarios del Ejército y del gobierno, tanto municipal como estatal y federal de dos formas.

«Hay dos tipos de corrupción, el que se voltea para un lado y deja pasar, y otra, la de los funcionarios forman parte de las actividades de la organización», dijo «El Grande» antes de aclarar, a petición de la fiscal, que García Luna era del segundo tipo.

En concreto, apuntó que el ex responsable de la Seguridad Pública daba información sobre operativos de seguridad e investigaciones en contra de miembros del grupo, facilitaba el nombramiento y el cese de agentes en cualquier parte de México y compartía información para golpear a los grupos enemigos.

Asimismo, la Agencia Federal de Investigación (AFI),que García Luna dirigió entre 2001 y 2005, ayudó al Cártel de Sinaloa en varios estados en su guerra contra el Cartel del Golfo, grupo rival.

«El Grande» precisó que el encargado de los pagos a García Luna era Arturo Beltrán Leyva, amigo suyo y uno de los líderes del Clan de los Beltrán Leyva (parte del Cartel de Sinaloa), y agregó que él «estuvo en algunas ocasiones» presente en dichas transacciones, que, según su declaración, aumentaban a medida que el cartel crecía.

El ahora colaborador de la fiscalía estadounidense detalló que cuando él comenzó a trabajar para los Beltrán Leyva en el año 2001, García Luna ya estaba en la nómina del cártel y se le siguió pagando hasta la muerte de Arturo Beltrán Leyv , en 2009.

De acuerdo a lo declarado,cuando García Luna era el director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), él y otros altos cargos de seguridad recibían entre un millón y un millón y medio de dólares mensuales por sus servicios.

«Los pagos eran puntuales» dijo desde la tribuna «El Grande», que aseguró que los Beltrán Leyva y García Luna hablaban frecuentemente.

Asimismo, durante la sesión salieron a colación varios nombres de narcos y supuestos policías corruptos que se movían en la órbita de García Luna o tuvieron contacto con él.

Además de Arturo Beltrán Leva y sus hermanos Héctor y Alfredo, fueron citados Ismael «El Mayo» Zambada, «El Rey» Zambada, Ignacio Coronel o Édgar Valdez, alias «la Barbie».

Asimismo, se hizo referencia a varios exmiembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos Luis Cárdenas Palomino (exmando de la Policía Federal), y que supuestamente estuvieron presentes en entregas de sobornos a García Luna.

La Fiscalía contra Delitos Económicos de Grecia abrió este jueves una investigación criminal preliminar contra la exvicepresidenta del Parlamento Europeo (PE), la socialdemócrata Eva Kailí, por la presunta comisión del delito de lavado de dinero y soborno pasivo.

Kailí, quien actualmente está en prisión preventiva en Bruselas, ha sido ya imputada por un juez belga por los delitos de presunta participación en organización criminal, lavado de dinero y corrupción en el marco de las investigaciones por la presunta trama de sobornos que implican al gobierno de Qatar y a la Eurocámara. Al caso ya se le conoce como el ‘Qatargate’.

La investigación en Grecia se refiere a presuntos delitos cometidos por parte de Kailí que las autoridades belgas no han investigado hasta el momento, ya que una persona no puede ser imputada o procesada penalmente dos veces por el mismo delito.

El fiscal, Jristos Vardakis, ha pedido que se solicite a las autoridades judiciales belgas el expediente que tienen contra Kailí para que esclarezca que lo hechos que investigará no están siendo ya examinados por la belga.

La europarlamentaria se encuentra actualmente en la cárcel de Harem de Bruselas a la espera de su audiencia con un juez el próximo 22 de diciembre, en la que se decidirá si permanece en prisión preventiva o no.

El italiano Francesco Giorgi, compañero sentimental de Kailí y también involucrado en el caso, admitió hoy su culpabilidad ante la policía y ante el juez belga de instrucción en los interrogatorios, y señaló como cerebro de la trama al exeuroparlamentario italiano Pier Antonio Panzieri.

Según el diario italiano La Repubblica, Giorgi defendió durante en su interrogatorio a Kailí, con la que tiene una niña de dos años, al señalar que ella no tiene nada que ver con el caso. Por eso, insistió Giorgi, las autoridades tienen que liberarla.

Sin embargo, reconoció que actuaba para los gobiernos de Qatar y Marruecos, en una trama para influir en cuestiones europeas.

La Autoridad contra el lavado de dinero de Grecia ya había ordenado el pasado lunes el embargo de los bienes (inmuebles, cuentas bancarias, empresas) de Kailí, con el fin de localizar rápidamente y bloquear el posible traslado de dinero o bienes muebles que pudieran probar los delitos de los que se le acusa.

Adicional, este jueves se informó que los diputados del Parlamento Europeo plantearon exigirse a sí mismos una declaración de bienes al acabar sus mandatos, además de los ya requeridos al inicio de la legislatura, para poder demostrar que su patrimonio declarado se corresponde con los ingresos percibidos ante una eventual «acusación fundada».

Esta será parte de las propuestas de reforma que la Eurocámara se ha comprometido a emprender ante el presunto caso de corrupción.

«Una declaración de bienes de los miembros al principio y final de cada mandato ofrecería salvaguardias adicionales contra la corrupción», consideran los eurodiputados, en una resolución aprobada por 541 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.

A estas declaraciones, añaden, sólo deberían tener acceso las autoridades pertinentes y en el caso de que haya «alegaciones sustanciadas» en contra de un diputado concreto, para comprobar «si los bienes declarados coinciden con los ingresos declarados».

Los diputados piden también una propuesta urgente a nivel europeo para prohibir en toda la UE «las donaciones de terceros países a diputados y partidos políticos» y se exigirán a sí mismos «plena transparencia de los ingresos paralelos de los eurodiputados» y el veto a «toda financiación externa del personal de los diputados y los grupos».

Se verán afectados por este cambio, entre otros aspectos, la tramitación legislativa de la exención de visados a qataríes, que ya ha quedado congelada, y la visita de la comisión de Asuntos Exteriores a este país que iba a tener lugar la próxima semana y que ahora se limitará sólo a Arabia Saudí.

También piden impedir el acceso de «representantes de los intereses qataríes» a la institución hasta que la investigación sobre el presunto caso de sobornos se resuelva y sugieren que los representantes de terceros países y exeurodiputados deben estar obligados a inscribirse en el Registro de Transparencia, órgano que debe, dicen, tener más presupuesto y personal.

Una nueva filtración de documentos revela que Odebrecht pagó en México al menos 9.2 millones de dólares en sobornos, adicionales a los 10.5 millones de dólares que hasta ahora se conocían, y que involucran a por lo menos 6 funcionarios.

El pago de sobornos de Odebrecht iniciaron en 2006, a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán, según consta en un expediente de 334 páginas con información de nuevos sobornos en América Latina, al que tuvo acceso la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El monto revelado ahora es distinto a los sobornos que hasta ahora se conocían, pues Odebrecht había confesado ante tribunales de Estados Unidos que realizó pagos ilegales en México por 10.5 millones de dólares, entre 2010 y 2014.

Ahora se conoce que la red de corrupción en nuestro país venía por lo menos desde hace 15 años y los sobornos podrían alcanzar los 20 millones de dólares e involucrar más obras, de acuerdo a documentos de la Procuraduría de Brasil.

MCCI tuvo acceso al expediente que contiene cientos de códigos secretos de distintos países, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato, coordinado por la organización Convoca, de Perú.

La obra de Michoacán a la que se hace referencia en dichos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores del estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La información ahora conocida de Odebrecht no menciona que los gobernadores o presidentes hayan recibido algún tipo de soborno, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios, pero llama la atención pues Cárdenas Batel es el actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la contabilidad alterna de Odebrecht se asignaban códigos secretos para ocultar la identidad de los personajes sobornados. En los nuevos documentos aparecen en total, en dos planillas distintas, seis códigos secretos de personas vinculadas a la obra hidráulica.

Investigación completa en MCCI

Se pospuso, hasta el 4 de octubre, la audiencia inicial contra Ricardo Anaya, quien es acusado de recibir sobornos de Odebrecht. La razón de aplazar la audiencia: porque no tuvo acceso a la carpeta de investigación, tal como aseguró en sus últimos mensajes.

«Toda vez que el imputado no ha tenido acceso a la carpeta de investigación, el juez, en aras de garantizar su derecho a una defensa adecuada, reprograma para el día lunes 4 de octubre, a las 9:00 horas», informó el Consejo de la Judicatura Federal.

Contra todo pronóstico, Anaya participó por videoconferencia en la audiencia, que se celebró en una prisión de Ciudad de México. Durante la sesión, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor con sede en el Reclusorio Norte, hizo la aclaración de que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse dentro de territorio nacional.

El excandidato presidencial aseguró que la Fiscalía usa como pruebas dos casas que recibió de su madre en 1993 y de su suegra en 1996.

Los delitos que le estaría imputando serían cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. En la audiencia participaron Anaya, su defensa, la Fiscalía y la UIF.

Y es que la Fiscalía confirmó este miércoles que propondría al juez de control la vinculación a proceso de Anaya por haber recibido un soborno de 6.8 millones de pesos en relación a la trama de la firma brasileña Odebrecht.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que «según consta en diligencias ministeriales» ese soborno fue entregado a Anaya «por una persona de confianza» del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014.

Lozoya denunció el año pasado que en 2014 recibió la orden de entregar 6.8 millones de pesos a Anaya para que votara a favor de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto.

«Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia» de que Ricardo Anaya «votó a favor de la misma», añadió la Fiscalía.

Además, dijo que dos testigos «manifestaron haber presenciado diversas visitas» de Anaya y otros legisladores a las oficinas de Lozoya en la sede de Pemex.

Tras el comunicado, Anaya respondió en Twitter que en la Fiscalía son unos «incompetentes» ya que su voto a favor de la reforma fue ocho meses antes de la supuesta entrega denunciada por Lozoya.

El excandidato presidencial anunció el fin de semana pasado que se exiliaría, presuntamente a Estados Unidos, al denunciar que López Obrador lo quiere meter a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024.

El presidente López Obrador ha venido negando estas acusaciones y rechazó que exista una «persecución» en contra de su ex contrincante, por lo que pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.

Recordemos que Lozoya cerró un acuerdo con la FGR mediante el cual delató a diversos políticos a cambio de afrontar su proceso en libertad. Acusó al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray de haber orquestado la trama.

Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Adicional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23.

Un juez impuso prisión preventiva para el exsenador Jorge Luis Lavalle, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos relacionados con el caso Odebrecht.

Tras la imposición de la medida, fuentes judiciales confirmaron que el senador fue ingresado esta madrugada al Reclusorio Norte, luego de que el juez del caso estimara riesgo de fuga por parte del acusado.

La audiencia donde ocurrió la vinculación a proceso inició ayer a las 11:00 horas y culminó minutos después de las 06:00 horas de este martes.

Lavalle se convirtió así en el primer político en pisar la cárcel, de una decena de personajes que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, denunció dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.

La Fiscalía acusa al exsenador de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho; la audiencia se retomará el próximo lunes.

El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia concedió a la defensa y a la Fiscalía un periodo de tres meses para realizar su investigación complementaria, es decir, hasta el 13 de julio próximo, por lo que en dicho tiempo Lavalle Maury permanecerá en el Reclusorio Norte.

«Los argumentos que vertimos no fueron atendidos en esta instancia por el juez, tenemos buenas oportunidades de apelación, consideramos que algunos de los argumentos que utiliza el juez van en contra inclusive de la forma en que debe operar el nuevo sistema en donde las pruebas que obtienen las partes, me refiero concretamente a la defensa, deben ser valoradas de la misma manera en que merecen las que recaba la Fiscalía», declaró José Joaquín Zapata, abogado el exlegislador.

Recordemos que Lozoya, acusado de haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, denunció en agosto del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto, y a su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber orquestado la trama de sobornos.

Señaló que en 2013 varios legisladores del PAN, entre los que figura Lavalle, recibieron dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética impulsada por el gobierno de Peña Nieto.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles sobornos que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ahora de parte de empresas ligadas a OHL, constructora que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones durante la administración de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo a una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el diario español El País, quienes accedieron diversos documentos de la carpeta de investigación de la Fiscalía, se hace mención a transferencias por cerca de 5 millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Se indica que dichas transferencias son diferentes de los 10.5 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3.4 millones de dólares que Lozoya Austin recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta de fertilizantes.

Los documentos refieren que en un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

La investigación incluye reportes bancarios enviados por las autoridades de Suiza a México, en los que aparecen detalladas las transferencias realizadas entre 2010 y 2013 a una cuenta en el banco UBS a nombre de Tochos Holding Limited, empresa que según la FGR fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de AHMSA y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en la Ciudad de México, y en Ixtapa, en Guerrero.

La Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas proporcionó los documentos en los que consta que la empresa Tochos había sido creada el 10 de septiembre de 2008, con Lozoya como beneficiario final, mientras que el 2 de julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos, en Ginebra, Suiza, y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya.

En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero que recibiría Tochos provendría de Grupo Villar (al que pertenece OHL), de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias. Fue hasta el 9 de noviembre de 2010 cuando se realizó una primera transferencia, proveniente de una empresa ligada a OHL.

En los documentos bancarios de Suiza, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios.

La mayor transferencia, por 1.9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los “Panamá Papers” y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas, según los autos del magistrado español.

El concepto de ese pago a Tochos fue “cuota por servicios relacionados con obra civil fase I/II en México”, de acuerdo con reportes bancarios. No ofrecen detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental la asignó.

Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato.

“El hecho es que el señor Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administración de una empresa de concesión de construcción de carreteras denominada OHL México. Sus actividades en la intermediación de construcción de carreteras están fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL”, dice el documento, el cual está integrado al expediente de la FGR. En 2013, con Lozoya como director, PEMEX asignó tres contratos a OHL por 2 mil 396 millones de pesos. 

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana jueves que se va a investigar al gigante Vitol, con sede en Suiza, que recientemente admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios en Petróleos Mexicanos (Pemex), tanto de la anterior administración, como de la autodenominada 4T.

La semana pasada, la subsidiaria de Vitol en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense de que el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo pagó más de dos millones de dólares en Brasil, Ecuador y México.

«Se investiga y, de ser cierto, se castigará a los responsables», dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina refiriéndose a Vitol, un socio habitual de la estatal Pemex. «Nosotros no somos tapadera de nadie».

Tras el escándalo, la estatal Petroecuador decidió excluir a Vitol de su lista de proveedores y clientes. En México, sin embargo, no ha habido un anuncio público de Pemex a pesar de las sospechas de irregularidades.

En abril de 2018, Pemex lanzó una licitación para importar etano líquido por primera vez a fin de cumplir con un contrato de suministro a una sociedad entre la brasileña Braskem y el local Grupo Idesa.

A fines de mayo de ese año, la oferta de 231.3 millones de dólares de la saudí SABIC ganó el concurso para suministrar el hidrocarburo hasta 2020, según el fallo de la licitación-

Pero según reportes de mercado, el trato con SABIC no se llegó a firmar y Pemex se decidió por el segundo postor, Vitol, que pidió 6.3 millones de dólares más por enviarle la misma cantidad de etano a Pemex Etileno, según un acta de la evaluación técnica a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

Al respecto, esta tarde se informó que PMI-Pemex suspendió temporalmente sus relaciones comerciales con Vitol.

«Conforme a las políticas de debida diligencia y anticorrupción aplicables, PMI ha tomado la decisión de suspender temporalmente las relaciones comerciales de las empresas a la que les presta servicios con Vitol, hasta en tanto no se esclarezca su situación actual», sostuvo la filial comercial de Pemex.

Otro tema que AMLO dijo se investigará, fue lo dado a por El Universal, acerca de la empresa Decoaro y Supervisión SA de CV, que está a cargo de la limpieza en Palacio Nacional, y que se encuentra bajo el esquema de outsourcing con al menos mil 500 trabajadores. A dicha empresa se le han entregado más de 183 millones de pesos en contratos en el gobierno federal y que tiene denuncia de violaciones laborales.

López Obrador dijo que si hay alguna irregularidad se revisará, e indicó que su gobierno debe de dar el ejemplo. «Si hay alguna irregularidad se va a revisar, que bien que lo estás denunciando y ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación y el ejemplo lo tiene que dar el gobierno, que se investigue todo».

Incluso agradeció al diario, pues dijo: «ayudan, esto es lo que debemos hacer, que no haya corrupción que no haya impunidad».

Este jueves, El Gran Diario de México informa que el actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación  de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó esta mañana al exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores de la administración anterior, Luis Videgaray, se presente a declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht.

AMLO insistió en la importancia de acudir a declarar de manera voluntaria porque «el que nada debe, nada teme»; dijo que ante los señalamientos que se han hecho, el declarar ayudará a que no tengan que pagar «justos por pecadores».

Destacó que los procesos judiciales no deben ser arbitrarios y deben basarse en pruebas, por lo que añadió que es mejor no esperar a que haya un juicio para declarar.

«Si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme», dijo en su conferencia matutina.

López Obrador dijo que si Videgaray no se presenta voluntariamente a declarar, se tendrá que esperar a que se cumplan los procedimientos, que indicó no deben ser arbitrarios, que tiene que basarse en pruebas, y para los cuales se tienen que integrar las averiguaciones y el juez tiene que otorgar una orden de aprehensión.

Y es que esta semana trascendió que el colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto ha sido acusado de «traición a la patria» por parte de la FGR, por supuestos delitos de soborno y desvío de recursos a las campañas electorales del PRI.

Videgaray Caso fue señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha reconocido haber recibido 10.5 millones de dólares de Odebrecht, mismos que repartió y entregó a distintos actores por ordenes de Videgaray.

Y aunque ayer el presidente López Obrador dijo que un juez rechazó otorgar la orden de detención que solicitó la FGR, fue la propia Fiscalía quien emitió un comunicado donde asegura que el Ministerio Público federal no ha recibido de un juez de control «ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ‘V'».

Luis Alberto de Meneses Weyll, cabeza de Odebrecht en México, quien ha reconocido entregó sobornos a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, equivalentes a 10.5 millones de dólares a Lozoya (2012 y 2014), desmiente los señalamientos que Lozoya Austin ha ofrecido a la Fiscalía General de la República (FGR).

Meneses Weyll afirma, a través de su abogado Carlos Kauffmann, que Odebrecht no entregó dinero para la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, ni para sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma energética, ni para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón, tal como lo indicó Lozoya en su declaración con la que buscó el criterio de oportunidad y así convertirse en testigo colaborador a cambio de que evitar la acción penal en su contra.

“El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya (…) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (…) Si alguien está intentando colocar en Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir”, dijo Kauffmann a QUINTO ELEMENTO LAB.

El abogado del director de Odebrecht negó que se haya entregado dinero expresamente para financiar la campaña de Peña. Afirmó que los sobornos fueron exclusivamente para Lozoya. “Con el pretexto de haberme auxiliado en el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, me dijo que entendía que debía hacer un pago en su favor del orden de cinco millones de dólares”, según consta en sus declaraciones a las autoridades brasileñas. de 2016.

Y aunque Lozoya afirmó que hubo dos encuentros entre Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll con Peña Nieto y Luis Videgaray, Kauffmann asegura que el exdirector de Odebrecht en México no tuvo contacto con ningún otro exfuncionario público que no fuera Lozoya.

“Luis Weyll solo tuvo contacto directo con Emilio Lozoya. Nunca tuvo contacto con el presidente ni con otros legisladores”. Aclaró que pese a entregar el dinero de los sobornos, indicó que no estaban al tanto del destino de los recursos. “Lo que Emilio Lozoya hizo con los pagos, eso no le competía a Luis Weyll decidir ni cuestionar (…) El único que sabe lo que hizo es Emilio Lozoya”.

Sobre las declaraciones de Lozoya Austin de que la empresa brasileña no solo buscó contratos y beneficios del gobierno, también que participó activamente en la política energética del país, Carlos Kauffmann dijo que Odebrecht Infraestructura nunca tuvo interés en la reforma energética ni se benefició con ningún contrato derivado de su aprobación. “Si no había un interés y si no se querían celebrar contratos de la reforma energética, ésta (Odebrecht) no pagaría a legisladores para que actuaran en la reforma”, dijo el defensor de Meneses Weyll.

El abogado de Meneses Weyll también rechazó que su cliente haya realizado algún pago por la adjudicación del contrato a Braskem, filial de Odebrecht, correspondiente a la planta Etileno XXI en Veracruz. “No existen relatos en ese sentido, no hay motivo (…) Si hubiera habido pagos, Luis Weyll ya lo hubiera dicho”.

Kauffmann adelantó que su cliente está a disposición de las autoridades mexicanas para informar lo que sea necesario. «Weyll está comprometido solo con la verdad».

Para que las autoridades mexicanas puedan interrogar al exdirector de Odebrecht, deben firmar un acuerdo en el que se comprometen a no utilizar las pruebas obtenidas contra el propio Meneses Weyll tanto en el ámbito penal, civil o administrativo.

Sobre el caso, el diario Reforma informó esta mañana que la Fiscalía General de la República solicitó una orden de captura contra el excolaborador de Peña Nieto, Luis Videgaray, por presuntamente operar el financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas políticas en México, así como por los delitos de cohecho y traición a la patria.

Y aunque la FGR solicitó dicha orden en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, se devolvió el expediente pues presentaba deficiencias. Las fuentes consultadas por el diario adelantaron que el Fiscalía haría una nueva solicitud.

La imputación contra Videgaray se basa en los testimonios de Emilio Lozoya. Se le acusa de traición a la patria al ser supuestamente el responsable del financiamiento de Odebrecht a las campañas del PRI.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los sobornos entregados a la campaña del presidente López Obrador, a partir de la difusión de los videos donde aparece su hermano Pío López Obrador y el funcionario federal, David León Romero.

El panista dijo que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene la oportunidad histórica de demostrar que efectivamente es independiente, investigando los presuntos sobornos para la campaña de López Obrador.

Indicó que en caso no actuar, se confirmará que sólo sirve a los intereses presidenciales de desprestigiar a sus adversarios políticos, utilizando a un delincuente confeso, en referencia a Emilio Lozoya.

«Si el presidente quiere demostrar que sus palabras contra la corrupción son algo más que simple demagogia para engatusar a sus seguidores, ahora tiene la oportunidad de predicar con el ejemplo, procesando a su hermano. En su toma de posesión dijo que procedería incluso contra sus familiares. Vamos a ver si es cierto”, declaró el dirigente del PAN.

Al decir que en el partido están en contra de la corrupción del pasado y del presente, exigieron se cumpla con el debido proceso para que los delincuentes terminen en la cárcel y no sólo en las «hogueras mediáticas».

Al respecto, esta mañana el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, utilizó sus redes sociales para reiterar su apoyo al presidente en relación a los videos de su hermno.

Monreal indicó que AMLO es un hombre auténtico y honesto, que no detendrá su lucha contra la corrupción, aun cuando se trate de familia o amigos.

En la denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya revela la existencia de una «Egoteca» del presidente Enrique Peña Nieto (EPN).

En el apartado en que habla sobre Juan Armando Hinojosa, fundador de Grupo HIGA y el uso indebido del poder y trafico de influencias que hubo en el sexenio de Peña, Lozoya relata que fue el propio presidente quien ordenó a su «compadre» hacer negocios con Pemex pues necesitaban tener «sumas cuantiosas» de dinero ya que estaban construyendo la «Egoteca».

«Yo no entendía qué quería decir con esto, pero más tarde entendí que se trataba del ‘Museo del Presidente'».

Lozoya Austin detalla que al inicio de la gestión de EPN, le instruyó directamente coordinarse con el Secretario Técnico del gabinete, en referencia a Roberto Padilla Domínguez, para que Pemex contratara a un «fotógrafo».

Fue Padilla Domínguez quien le comentó que se iniciaría la construcción de una casa, ubicada en el Estado de México, para cuando el presidente concluyera su mandato; ésta contaría con un «Museo del Presidente», de tal forma que el fotógrafo se encargaría de tomar las fotografías de los eventos relevantes.

El contrato de dicho «fotógrafo» sería de entre dos y tres millones de pesos mensuales, monto que fue corroborado por Lozoya con el propio Peña Nieto y Luis Videgaray. Finalmente, Pemex contrató a dicho proveedor.

Lozoya refiere que Antero Rodarte, quien manejaba el dinero en efectivo de EPN, preguntó cómo iba la contratación del fotógrafo, pues Juan Armando Hinojosa ya había iniciado la construcción de la casa y el museo.

Detalla que Pemex pagó los honorarios del fotógrafo, aunque cuando la contraloría hizo una observación sobre dichos recursos, ya no fue sostenible seguir cubriendo el gasto, por lo que se lo informó a Roberto Padilla.

Antero Rodarte, colaborador de Peña Nieto, indicó a Lozoya en 2015, que la casa y el museo estaban concluidos, y que sería ahí donde se colocarían los regalos, reconocimientos e historial del presidente.

Antero Rodarte y Roberto Padilla eran los únicos que conocían la ubicación del inmueble.

Añade que fue Rodarte, quien según Lozoya en una cena en Los Pinos, bajo estado de ebriedad, se quejó de lo poco que le pagaban, en comparación con las maletas llenas de fajos de billetes que tenían en la bodega del «Museo de Peña».

Lozoya Austin relata que en el marco de las celebraciones del «Día de Marina», en Veracruz, el entonces gobernador del Estado, Javier Duarte, se le acercó en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta al presidente.

«Al subir al avión presidencial, Enrique Peña Nieto nos dijo: ‘miren lo que me regaló el gober’, mostrándonos, en esos momentos, la parte interior de la carpeta», cuenta Lozoya.

En dicha carpeta estaba las fotos de un Ferreri (auto) con el texto ‘este Ferrari perteneció al Presidente López Mateos’ y a un lado estaban las llaves del auto. Añade que EPN entregó la carpeta a un asistente y pidió al mesero a bordo del avión abrir un par de botellas de ‘Vega Sicilia’ para celebrar.

Días después, Antero Rodarte confirmó que el Ferrari ya se encontraba en la bodega del «Museo del Presidente».

Lozoya refiere que la casa donde se encuentra la «Egoteca» de Peña Nieto, es la misma que el mandatario le refirió era con la que Grupo Higa le estaba «apoyando».

Tras la filtración de la denuncia de hechos, íntegra, que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR), se pudo conocer los nombres de los acusados por el exdirector de Pemex de recibir sobornos o ser beneficiados por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

En la denuncia, se señala directamente, por nombre y apellido, a diversos personajes de la política, el ámbito empresarial y periodístico.

Ante los señalamientos, muchos de los señalados se han posicionado y han respondido a las acusaciones.

La periodista Lourdes Mendoza, a quien Lozoya señala de recibir «regalos» de Luis Videgaray, aseguró que son absolutamente falsas las acusaciones en su contra.

«Que lo pruebe. Mis columnas hablan por mi, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré», señaló Mendoza en referencia a Lozoya Austin.

En entrevista con Radio Fórmula, la periodista aseguró que tal como se dice, «el que nada teme, nada debe», por lo que está dispuesta a dar la cara. Afirmó que muestra de ello, es que fue la primer periodista, en el sexenio de Peña Nieto, en hablar sobre los actos de corrupción que se llevaban a cabo al interior de Pemex.

Además, dijo que a Luis Videgaray siempre lo criticó. «Le escribí no mal, lo que le sigue», debido a la reforma fiscal que defendió el secretario, y que ella consideró atentaba contra todos los contribuyentes.

Entre risas, dijo que a ella nunca le llegó la supuesta bolsa que Videgaray ordenó comprarle. «Mi trabajo si habla por mí, y su trabajo también habló por él, y ahí están los dichos y los números de cada quien».

Por su parte el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, dijo que los señalamientos de Lozoya en su contra son «absolutamente falsas».

Indicó que las acusaciones, además de falsas, son absurdas, pues «no resisten el más mínimo análisis». Explicó que según lo expuesto por Lozoya, el presunto soborno se entregó en agosto de 2014, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados; sin embargo, dijo que se separó del cargo en marzo de 2014.

«Además de corrupto, salió muy malo para mentir Lozoya». Detalló que en ese momento, él se desempeñaba como secretario general del PAN, y no precandidato a gobernador de Querétaro.

Además, dijo que si existiera una supuesta «complicidad» como lo señala el exdirector de Pemex, cuando encabezó la dirigencia nacional del PAN no habría presentado la denuncia contra Lozoya por el caso de Agronitrogenados, o bien, no hubiera ofrecido durante su campaña presidencial, procesar a Lozoya y al expresidente Peña Nieto.

Anaya Cortés adelantó que pasaría de las palabras a los hechos, por lo que este jueves presentó una denuncia contra Lozoya por daño moral.

Llamó una mentira infame los dichos de Lozoya en su contra. «Si alguien cometió un acto de corrupción y existen pruebas, que se le castigue con todo el peso de la ley»; pidió que el gobierno federal no utilice el caso Lozoya para «embarrar» a todos los opositores de López Obrador.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón utilizó sus redes sociales para posicionarse sobre el tema. Sostuvo que el manejo ilegal y mediático del caso Lozoya confirma que el exdirector de Pemex, con el chantaje de tener presa a su mamá, es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política.

«No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas», dijo el exmandatario.

Otro de los señalados en la denuncia, el excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, utilizó sus redes sociales para negar los señalamientos, y asegurar que su vida pública la ha dedicado a construir un mejor país, siempre con honorabilidad y legalidad.

Dijo que el criterio de oportunidad al que se busca apegar Emilio Lozoya, sirve para conocer la verdad, más no para acusar sin pruebas a quienes aseguró, han denunciado ilícitos. Adelantó que será respetuoso de las investigaciones, y dio a conocer que «anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos».

José Antonio González Anaya, quien también es mencionado en la denuncia, negó los señalamientos de Lozoya en su contra, que dijo, carecen de sustento o lógica alguna.

«Solo se entienden como un acto desesperado de quien sabiéndose culpable, pretende esquivar la justicia mediante el abuso del criterio de oportunidad y vengarse de quien denunció ante la PGR en enero del 2017 las irregularidades de Odebrecht», declaró el exfuncionario federal.

Afirmó que no participó en la aprobación de la reforma energética, en la contratación de Etileno XXI o en la compra de Agronitrogenados. Refirió que en esos años desempeñaba funciones alejadas del sector energético.

El exlegislador panista, Jorge Luis Lavalle, emitió un comunicado en el que aseguró que Emilio Lozoya miente en su denuncia.

Dijo que durante su paso por el servicio público actuó siempre con rectitud, por lo que se apersonará a la carpeta de investigación para defender su honorabilidad.

«Emilio Lozoya no puede probar sus dichos, por la sencilla razón de que que son rotundamente falsos», sostiene Lavalle Maury.

Coincidió en que las acusaciones en contra de los que aparecen en la denuncia, tienen motivaciones políticas.

Quien también reaccionó a lo señalamientos de Lozoya, fue el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, quien dijo que son falsas las acusaciones en su contra. Afirmó que siempre ha servido de manera honorable y honesta en todos los encargos públicos que ha tenido. «Mi reputación y forma de vida así lo demuestran».

 

Sobre la filtración de la denuncia de Lozoya, la FGR rechazó que haya sido el responsable de la filtración del documento.

Informó que iniciaron una Carpeta de Investigación por la filtración del documento, «para citar a quienes hayan tenido acceso a ese documento y para realizar todas las diligencias ministeriales necesarias». Incluso «invitó» a quienes la recibieron para que proporcionen el origen de dicho envío.

El equipo legal de Emilio Lozoya también se pronunció al respecto, y dijo que se deslindaba del documento filtrado, reiterando su respeto a las instituciones.

«Será la vía institucional la que seguirá rigiendo nuestro actuar, en el ánimo de que se procure e imparta justicia con respeto a los valores del Estado Democrático de Derecho».

En un apartado de la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que se filtró ayer, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, incluye un apartado titulado «Otros hechos que reflejan el uso indebido del poder y tráfico de influencias».

En dicho apartado, Lozoya Austin refiere que como ejemplo del «abuso sistemático que se ejercía a escala gubernamental», Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda al momento de los hechos, ordenó la compra de una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a una amiga, la periodista Lourdes Mendoza.

Relata que la bolsa, con un costo de entre 4 mil y 5 mil dólares, fue comprada cuando recibieron las maletas con dinero en efectivo que Luis Videgaray consiguió en efectivo; detalla que el artículo fue comprado en una tienda de Polanco y entregada a la periodista, quien mandó decir que «se veía muy guapa» con ella.

Sin embargo, Lozoya Austin refiere que Mendoza habría pedido «considerar» el pagar la colegiatura de su hijo/hija, pues la empresa que solía ayudarle con ese pago, solía retrasarse.

«Pregunté a Luis Videgaray Caso cómo hacía para mantener una prensa favorable, me dijo: ‘tu no sabes usar el poder. Yo tengo una lista de periodistas, como Lourdes Mendoza, a quienes mantengo contentos con cañonazos de $50,000.00 a $100,000.00 pesos mensuales».

Videgaray habría mencionado que solo con la ayuda de la prensa, es que pudo tener el control y «ganarle» a Miguel Ángel Osorio Chong, quien dijo, lo quería «desplazar».

Además, del caso de Lourdes Mendoza, la denuncia de Lozoya menciona el caso de «El Financiero», grupo que acudió a Luis Videgaray para conseguir un crédito con NAFIN por 100 millones de dólares, ya que el grupo estaba a punto de quebrar.

Videgaray «consiguió que Bancomext hiciera el préstamo (…) a menos de un año del otorgamiento de dicho crédito ya había impagos y fue reestructurado de nueva cuenta, con riesgos financieros para el Estado», menciona Lozoya.

Otros casos, a los que el exdirector de Pemex llama «métodos» que llevaron a cabo Peña Nieto y Luis Videgaray para conseguir recursos, Lozoya Austin menciona el apoyo que dieron a Grupo HIGA, para adjudicarse proyectos de ingeniería y obra; refiere que luego del escándalo de ‘La Casa Blanca’, HIGA se dedicó a intermediar entre empresas de construcción, SCT y Pemex.

«Es de mi conocimiento -por voz propia de Juan Armando Hinojosa- que recibía este tipo de comisiones que, normalmente, oscilaban entre el 2 y el 5% del total de costo final de las obras». Dichas comisiones eran entregadas en efectivo a Juan Armando Hinojosa y, éste, a su vez, las compartía con Enrique Peña Nieto.

Relata que el empresario, fundador de HIGA, le mencionó que Peña Nieto le ordenó hacer negocios con Pemex pues requerían «liquidez» pues estaban construyendo una «Egoteca», que tras el paso del tiempo supo se trataba del llamado «Museo del Presidente».

Lozoya asegura que Hinojosa se refería a Peña Nieto como su «socio».

Cuenta que Hinojosa extorsionó a una reconocida empresa de servicios petroleros, para que invirtiera con él en la compra de una plataforma marítima de perforación, prometiéndole a dicha empres que él conseguiría una adjudicación directa de Pemex para la rente de este equipo.

De hecho asegura que al negarse a dar dicho contrato, Hinojosa lo amenazó con pedirle a Peña Nieto que lo removiera del cargo. El 5 de febrero de 2016, cuando se reunió con EPN, el presidente le dijo que había sido un «obstáculo en el cumplimiento de mis instrucciones respecto de mi compadre Juan Armando y constantemente te negaste a obtener recursos para mi proyecto político».

El fundador de HIGA habría presumido que él fue quien «salvó el pellejo» de Luis Videgaray, ya que para pagar el crédito que había obtenido de la empresa para la adquisición de la famosa casa de Malinalco, proporcionó a Videgaray diversas obras de arte que utilizó para liquidar la deuda.

Incluso, Lozoya Austin revela que el proyecto del tren México-Querétaro, se canceló a causa del compra de de Peña Nieto.

«Es que tenemos un problema Videgaray y yo porque Higa le facilitó la casa de Malinalco a Luis y a mi me está apoyando con otra casa», explicó el presidente a Lozoya al preguntarle las razones de cancelar dicho proyecto. Él habría sugerido al mandatario dejar fuera del proyecto a Grupo HIGA para que no hubiera problema, sin embargo, EPN decidió sacrificare el proyecto y la relación con China, para intentar esconder el tema de las casas, siendo una de ellas, ubicada en el Estado de México, donde se encuentra el «Museo del Presidente».

Otro de los casos que menciona Lozoya en su denuncia, es el relacionado al grupo Tradeco, del empresario Federico Martínez Urmenta.

Relató que durante un foro empresarial en Cali, Colombia, en mayo de 2013, el empresario se le acercó a Peña Nieto para decirle que él y su socio, Carlos Salinas de Gortari, estaban operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales, por lo que el presidente le ordenó a Lozoya recibir a Martínez Urmenta.

«Por instrucciones de Enrique Peña Nieto, recibí a Federico Martínez, quien tenía una serie de peticiones sobre obras que tenía con Pemex, pero todas presentaban quejas, retrasos e incumplimiento». El empresario habría pedido modificar los contratos y perdonar penalidades,

Lozoya Austin dedica un apartado especial a la «Gestión de Contratos por Carlos Salinas de Gortari y el robo de combustible».

Señala que el día de la entrega/recepción en Pemex, José Antonio González Anaya recibió al menos cuatro llamadas de Carlos Salinas, para «asesorarlo»; en una de ellas, le indicó temas relativos a los proyectos que Pemex encausaría.

Emilio Lozoya apunta a que el expresidente cabildeaba a favor de los proyectos de su hijo, entre los cuales se encontraba pagarle a la empresa TRESE más de 15 millones de dólares, porque Pemex le había cancelado el contrato de una plataforma marítima.

El extitular de Pemex hace énfasis en el robo de combustible, el llamado huachicol. Pese que al asumir la dirección de la paraestatal propuso la creación de un grupo de trabajo de cara a enfrentar dicho problema, que obtuvo importantes resultados, tras su salida, sus sucesores decidieron dar por finalizado dicho programa al considerarlo un gasto.

Sin embargo, revela que hubo rumores que señalaban que había pactos, en cierto estados del país, entre directivos de Pemex para financiar campañas de allegados a José Antonio González Anaya, Luis Videgaray y José Antonio Meade.

Lozoya menciona además los casos de la planta de Agronitrogenados, que involucran a Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México S.A. (AHMSA).

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que uno de los exfuncionarios del Senado que aparecen en el video filtrado a inicios de semana, recibiendo fajos de billetes atribuidos a supuestos sobornos por parte de personal de Pemex, es contratista del actual gobierno federal.

El IMSS informó que del 2018 al 2019, las delegaciones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han signado 56 contratos con la empresa Comercializadora Integral Rayfour S.A. de C.V., en la cual Rafael Jesús Caraveo Opengo es el socio mayoritario.

Los 56 contratos que se tienen con la empresa de Caraveo Opengo son para la compra de material de curación y de aseo.

53 de los contraros fueron para la delegación de Campeche; dos en Yucatán y uno en Quintana Roo; en total, los contratos equivalen a un monto de 1.8 millones de pesos. El monto en promedio de cada compra es por 33 mil pesos.

Sin embargo, el Instituto aclaró que de manera centralizada, no ha hecho compras con dicha empresa.

Tras conocerse el video en que aparece el excolaborador de los senadores del PAN, el IMSS señaló que iniciará una investigación a los contratos que se firmaron en 2019, para que en caso de encontrarse alguna observación se de aviso a los órganos de fiscalización.

Detalló que 49 de los contratos se concentraron en el primer semestre del 2019, es decir, el 89; seis se concentraron en el segundo semestre, el 11%.

El IMSS enfatizó que todos los contratos que ha suscrito están publicados en el portal Compranet, y reiteró que las licitaciones y contrataciones se realizan conforme a la legislación aplicable, «con base en la transparencia, publicidad y legalidad y por ningún motivo se dará pie a actos de corrupción».

Rafael Caraveo Opengo fue secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República encabezada por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, a quien según las declaraciones de Lozoya Austin, se le entregaron sobornos por ordenes de Luis Videgaray con el fin de apoyar la aprobación de la reforma energética.