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El gobierno federal se comprometió a que haya una «elección libre» en la votación del nuevo dirigente del sindicato de Pemex, que está prevista que se lleve a cabo el próximo 31 de enero.

«La gran diferencia de antes y ahora es que son los trabajadores los que van a definir, los que van a decidir. ¿Qué pasaba anteriormente? El Gobierno imponía a los líderes sindicales», dijo la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Y es que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tiene pendiente la renovación de su dirigencia desde 2019, cuando Carlos Romero Deschamps, renunció en medio de investigaciones de la Fiscalía por delitos de corrupción.

La elección se realizará el 31 de enero y será la mayor elección en la que se aplicarán las nuevas reglas de la reforma laboral de 2019 del gobierno de López Obrador, que garantiza que los comicios se realicen con voto libre y secreto, y con la inspección de la Secretaría de Trabajo para evitar cualquier práctica irregular.

El STPRM ya ha renovado sus 36 secciones a lo largo de 2021, en donde, por primera vez, la oposición ganó en cuatro. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto esta mañana por Alcalde, durante el proceso de renovación se han recibido 772 inconformidades, de las cuales 4 se resolvieron con la repetición de los comicios.

En la votación participarán 89,000 trabajadores en una plataforma electrónica desarrollada por la Secretaría. Los requisitos para los candidatos son ser socio activo y tener al menos 10 años de antigüedad en la empresa. Hasta ahora más de 50 mil trabajadoras y trabajadores petroleros se han registrado a la plataforma para poder emitir su voto.

Luego de las denuncias que han aparecido en redes sociales, donde trabajadores acusan a sus empresas de obligarlos a pagar una prueba COVID como condicionante para laborar, la Secretaría del Trabajo federal indicó que esto no debe ser así.

«De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo. En ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores», dijo la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.

La Secretaría recordó a los y las trabajadoras que no deben acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, pues hacerlo implicaría un riesgo potencial de contagio para otras personas.

Y es que además de las quejas que se han presentado sobre el pago de las pruebas, los trabajadores se enfrentan a la escases de éstas y al alto costo en laboratorios privados. Se ha reportado que incluso personas han pernoctado a las afueras de los kioscos que se habilitaron por parte de los gobiernos locales, para alcanzar una prueba.

Recordemos que el gobierno federal y algunos locales han dicho que más allá de buscar una prueba, lo importante es que si se presentan síntomas, lo preferible es comenzar un aislamiento, con el fin de evitar contagios.

En ese sentido, en días pasados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el “Permiso COVID-19. Versión 3.0”, ante el incremento de contagios del virus SARS-CoV-2, derivado de la alta contagiosidad de la variante Ómicron.

«Esta realidad está afectando notablemente a los trabajadores y a las empresas afiliadas al IMSS, y a la capacidad de respuesta de las unidades médicas encargadas de la gestión de las incapacidades», reconoció la Institución.

Señaló que la presencia de los trabajadores con síntomas en las empresas incide desfavorablemente en la salud de sus compañeros y en el ciclo productivo, además de que su desplazamiento, así como el tiempo de espera para acreditar su condición en los establecimientos médicos, no es benéfico para la población en general.

Por ello, el “Permiso COVID-19. Versión 3.0” permitirá que con base a una aplicación digital o en la página web del IMSS, se responda un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes, lo que permitirá acceder al “Permiso COVID-19”, asimilable a una incapacidad hasta por 7 días y recibir el pago correspondiente en su cuenta bancaria.

El IMSS ya había hecho un llamado a las empresas a no pedir pruebas COVID con costo a los trabajadores para su regreso a los centros laborales.

El gobierno federal prometió este viernes garantizar que la elección del nuevo líder del sindicato de Pemex, acusado en sexenios anteriores de diversas prácticas de corrupción, sea «libre y democrática» en un ejercicio «inédito».

“Van a poder votar de manera libre, todos van a elegir al secretario general del sindicato petrolero y garantizando que sea voto directo y secreto, esto es algo inédito, esto no sucedía anteriormente”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esta mañana al encabezar el informe de la jornada.

Con la elección, que se realizará el 31 de enero, se elegirá al sucesor del polémico Carlos Romero Deschamps, quien controló por 26 años el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) hasta su renuncia en 2019.

Recordemos que Romero Deschamps ocupó puestos en el Congreso bajo el cobijo del PRI, además de que afrontó dos denuncias en marzo pasado por depósitos irregulares de 309 millones de pesos, según reveló entonces el propio López Obrador.

Ahora, el presidente prometió que la votación será «limpia, libre y secreta», con un modelo que se replicará en otros sindicatos. «Que sean los trabajadores sin ninguna presión, amenazas, sin estar recibiendo dádivas, puedan elegir a sus representantes de manera democrática», manifestó.

Esta será la primera elección del sindicato petrolero tras la reforma laboral de 2020, que México aprobó como condición para la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

“Por primera vez, las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general conforme a esta nueva legislación», dijo por su parte la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.

En la votación participarán 89,000 trabajadores en una plataforma electrónica desarrollada por la STPS, que lleva por nombre ‘Sivolab’. El día de la elección, los trabajadores contarán con cinco minutos para elegir a su secretario o secretaria general.

Además, la dependencia desplegará a 400 servidores públicos para realizar el registro de los trabajadores y entregar la plataforma para la elección. Esto permitirá tener elecciones pacíficas, argumentó la secretaria de Trabajo.

“Será la primera vez que se utilice este mecanismo de votación electrónica, convencidos de que con ello se puede garantizar que de manera pacífica y libre puedan participar todas y todos los trabajadores ese día de la elección”, añadió Alcalde.

Detalló que calendario que se seguirá para el proceso de elección: el 6 de diciembre se emitirá la convocatoria, del 17 al 19 de enero se registrarán candidatos y el 31 de enero será la elección. Los requisitos para los candidatos son ser socio activo y tener al menos 10 años de antigüedad, comentó Alcalde.

Los cuerpos de otros tres mineros fueron extraídos ayer de la mina de carbón en Coahuila que se inundó y derrumbó el pasado viernes, con lo que aumentó a cuatro el número de muertos confirmados.

Según informes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aún hay otros tres mineros desaparecidos, a quienes se les sigue buscando.

La coordinación nacional de Protección Civil señaló que los equipos de rescate venían trabajado sin interrupción. En un principio, las autoridades informaron que seis mineros habían quedado atrapados, pero el gobierno de Coahuila confirmó el domingo que había siete en total en la mina al momento del accidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se había roto una presa, lo que provocó la inundación.

Las labores de rescate están enfocadas en bombear el agua para sacarla de la mina, mientras que el Ejército desplegó a un equipo de 28 miembros que se especializa en la búsqueda de víctimas en derrumbes, y está utilizando dos perros entrenados.

La mina de Micarán, ubicada en el municipio de Múzquiz, aparentemente es un pozo abierto estrecho y profundo, con muros de tierra inclinados y al menos un túnel en la excavación inferior. La zona se ubica unos 130 kilómetros al suroeste de Eagle Pass, Texas.

No es la primera vez que hay un accidente de esta magnitud en las minas de carbón de la zona. El 19 de febrero de 2006 ocurrió uno en la mina de Pasta de Conchos, en el que perdieron la vida 65 mineros, aunque sólo se recuperaron dos cuerpos. Las autoridades mexicanas suspendieron esa búsqueda y cerraron la mina cinco días después del accidente, argumentando que era inseguro continuarla debido a la presencia de gases tóxicos.

Los familiares dijeron que uno de los cuerpos recuperados de la mina de Micarán era de un minero que se había quejado sobre las condiciones de seguridad del lugar. En inspecciones recientes, aseguraron, encontraron a mineros que trabajaban con zapatos deportivos y sin equipo de seguridad, agua potable ni monitores de niveles de gas.

López Obrador escribió en sus cuentas en las redes sociales que las fuerzas federales están apoyando las labores, y señaló: «Deseamos que el rescate sea favorable para las familias y para todos».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró positivo que por primera vez se use el mecanismo rápido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asuntos laborales tras una demanda de los trabajadores de General Motors en México.

Cuestionado sobre este asunto, López Obrador dijo que de inmediato se va a responder a la petición de Estados Unidos.

«Porque es parte en efecto del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tiene que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente y también de manera democrática a sus representantes sindicales», dijo.

AMLO dijo que si en una empresa que «exporta» a Estados Unidos hay «malos tratos a los trabajadores» y no «se están pagando salarios justos y no hay democracia, se tiene que intervenir».

Indicó que se establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla con sus obligaciones laborales.

Y es que el gobierno de Estados Unidos pidió a nuestro país, a través de un mecanismo del T-MEC, que investigue los informes sobre posibles violaciones graves de los derechos de los trabajadores de una planta de General Motors en Guanajuato.

Esta petición se hizo a través de la Oficina del Representante de Comercio (USTR), organismo encabezado por Katherine Tai.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

«En el marco de este proceso, la STPS acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación», dijo la dependencia a través de un comunicado.

Por ello se declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.

«A través de la implementación de estas medidas, la STPS ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral», concluyó el boletín.

En tanto, Katherine Tai dijo este miércoles que se aliará con el gobierno de nuestro país para tratar de evitar una feroz competencia salarial para los trabajadores estadounidenses y mexicanos.

Tai dijo ante el Comité de Finanzas del Senado que utilizará las nuevas disposiciones laborales específicas para las fábricas que están contempladas en el T-MEC para abordar los problemas laborales en México.

«Este uso del mecanismo de respuesta rápida demuestra que actuaremos cuando a los trabajadores en ciertas instalaciones se les nieguen sus derechos bajo las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones laborales de México», dijo Tai.

Este caso coincide con la primera denuncia laboral que se presenta contra México en Estados Unidos bajo el T-MEC por parte de la AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos.

La petición de la AFL-CIO establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros se les negó representación sindical independiente en violación del tratado. Según se ha reportado, cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por un nuevo sindicato que encabeza la activista y abogada Susana Prieto.

Prieto ha denunciado que cerca de 600 trabajadores de Tridonex fueron despedidos el año pasado, los cuales apoyaban la formación del nuevo sindicato, por lo que dichos despedidos han sido señalados como represalia.

La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, que tiene sede en Filadelfia, y es controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este viernes la reforma a la ley que permite la eliminación de la subcontratación a los trabajadores del país, pues dijo, se podrá poner fin a los abusos que se cometieron por años.

«Es un muy buen acuerdo, una muy buena noticia», manifestó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Indicó que con estas reformas se logra hacer a un lado «la simulación», ya que dijo, la subcontratación que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores.

A inicios de semana, luego de un proceso largo de discusión, el Senado aprobó el proyecto que reforma diversas leyes de subcontratación laboral o «outsourcing» en el sector privado y público. El mandatario explicó que fueron ocho las leyes que se modificaron.

López Obrador puntualizó que esta ley aplicará en el sector privado y público, por lo que «ya no habrá subcontratación en el gobierno», esto pese a que en recientes semanas el gobierno federal ha asignado contratos a empresas de subcontratación, como el que asignó para la limpieza de Palacio Nacional.

Sobre el reparto de utilidades, el mandatario dijo que si se cuida que la ley se aplique se repartirán mayores utilidades que ascienden a más de 154,000 millones de pesos.

Adelantó que la reforma se publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las empresas tendrán 90 días para regularizarse.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, comentó que se logró un acuerdo histórico en la materia entre los sectores, por lo que se elimina la subcontratación ilegal y se entregarán hasta 90 días por el concepto de reparto utilidades.

Explicó que con la práctica de la subcontratación, además de violentar los derechos de los trabajadores, se dañó a la hacienda pública. «Se tenía una competencia desleal entre las empresas» y había afectaciones a los institutos de seguridad social.

Detalló que con los cambios en la ley se prohíbe la subcontratación de personal. Aunque se autoriza en servicios y obras especializados.

Además, las empresas dedicadas al «outsourcing» deberán contar con un registro obligatorio ante la Secretaría del Trabajo. Asimismo, las empresas que reciben servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores por incumplimiento.

Aunado a ello se evita la simulación fiscal y se endurecerán las sanciones en caso de incumplimiento. Explicó que se estableció un plazo de tres meses para que las empresas se regulen y cada tres años tendrán que actualizar su registro ante la dependencia federal.

Sobre el reparto de utilidades, indicó que se reformó el artículo 127 de la ley Federal del trabajo con lo que se tendrá un incremento de 154% en este rubro y prácticamente todos los sectores se verán beneficiados.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resaltó que el acuerdo para eliminar la subcontratación es único y ejemplo de cómo se pueden abordar los problemas del país con diálogo, debate, información y transparencia, logrando las mejores decisiones.

Finalmente, Fernando Salgado, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que es un acuerdo muy importante para el sector porque pone al día los compromisos de derechos de los trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este miércoles la presentación de la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral, que indicó permitirá a México cumplir con lo dispuesto en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Este acto significa poner en práctica la reforma laboral que se aprobó el año pasado. Suele pasar, suceder, que se hacen modificaciones en la Constitución, en las leyes, pero esos principios, esas normas no se aplican, no se llevan a la práctica. Por eso es importante este acto porque ya se inicia el procedimiento”, explicó el mandatario.

Señaló que el Nuevo Modelo Laboral está caracterizado por la conciliación entre trabajadores y empleadores para solucionar sus diferencias, sin ir a juicio, con el apoyo de mediadores profesionales, en un ambiente confidencial y seguro que privilegie el diálogo y la búsqueda de equilibrios.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde, indicó que los tres pilares del sistema son una nueva justicia laboral, fortalecer la democracia sindical y garantizar la negociación colectiva.

“Estos cambios consolidan la visión del proyecto de nación de garantizar la democracia en todos sus ámbitos, muestra el compromiso firme asumido frente a nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, plasmados en el T-MEC, y dan respuesta a una deuda histórica”, afirmó Alcalde.

Y es que las condiciones laborales en nuestro país eran uno de los principales reclamos de los sindicatos en Estados Unidos y Canadá para avalar el T-MEC, que en julio sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Bajo el T-MEC, las empresas de otros países pueden interponer controversias laborales ante los paneles comerciales que podrían derivar en aranceles o restricciones al comercio.

Se detalló que el principal cambio consiste en reemplazar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen del poder Ejecutivo, por tribunales laborales a cargo del poder Judicial para erradicar la corrupción e ineficacia en la resolución de conflictos laborales.

La reforma también exige un voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en la elección de sindicatos, proporcionalidad de género en las directivas sindicales, transparencia y verificación de procesos democráticos. Asimismo, demanda que los contratos colectivos cuenten con el respaldo de al menos 30% de los trabajadores con revisiones cada dos años.

El presidente precisó que por ahora, el nuevo modelo arrancará en ocho estados: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, y se comprometió a que la nueva reforma no quede en «letra muerta».

«Poco a poco vamos a cubrir todo el país. Se va a aplicar la reforma en todo México y vamos a dejar las bases para una relación nueva en esta materia de justicia laboral. Es todo un acontecimiento el que se esté llevando a la práctica esta reforma”, dijo el mandatario.

A nivel nacional, el 87% de las empresas cumplen con la operatividad y medidas sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria del COVID-19, informó este lunes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la funcionaria reveló que derivado de los operativos de inspección federales del trabajo en el marco de la emergencia, se detectó que el 13% de las empresas no cumplen con las medidas.

En otros resultados, el 50% de las empresas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica son de la industria automotriz (28%), industria textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).

También se negaron a cerrar las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).

«El 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia», señaló Luisa Alcalde.

La funcionaria reveló algunos nombres de las empresas que sí cumplen con las medidas de sana distancia, tales como Dentix México Health; Juguetron; Grupo Calzado Flexi; SE BORDNETZE México; TERNIUM México, Faurecia, GM, Volkswagen, FCA.  Mientras que las empresas que se negaron a cerrar son Andrea, Carnival, Coppel y Bolim.

La titular de la STPS afirmó que no ha tenido quejas de alto funcionarios públicos por el decreto que baja su salario y elimina la prestación del aguinaldo.

La funcionaria enfatizó que todos los integrantes del gobierno federal están conscientes de la crisis económica que está generando el COVID-19 y han accedido voluntariamente a bajar sus sueldos.

“Se tratan de medidas voluntarias que serán determinadas por cada funcionario que la mayoría, todos, al ser parte de un proyecto de nación entienden lo que significa lo que estamos viviendo», aseguró Alcalde.

Y es que el pasado 24 de abril, el mandatario federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que de manera voluntaria, se pedía a altos funcionarios reducir su salario en un 25% y renunciar al aguinaldo.

Esta medida forma parte de las acciones que el gobierno federal impulsa para hacer frente a la crisis económica que genera la pandemia del COVID-19 en el país.

Sin embargo, voces como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo se han manifestado en contra de esta medida ya que es violatoria de lo contratos colectivos.

Al respecto, Ana Paula Ordorica platicó con Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sobre si la medida es legal y efectiva.

 

En el país se han perdido poco más de 346 mil puestos de trabajo formales durante la contingencia sanitaria por el coronavirus, informó este miércoles la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.

«A partir del 13 de marzo comenzamos a ubicar una caída en el empleo formal», dijo la secretaria durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alcalde dijo que del 13 al 31 de marzo se perdieron 198,000 empleos y otros 148,000 del 1 al 6 de abril.

Los estados del país más afectados son Quintana Roo, donde se localiza Cancún, uno de los principales destinos turísticos del país; la Ciudad de México; Nuevo León y Jalisco.

La funcionaria aseguró que no existe fundamento legal que permita a las empresas despedir trabajadores por la contingencia. «No existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época», indicó.

Por su parte, el presidente López Obrador, dijo que las empresas pequeñas «están actuando de manera muy responsable, heroica» al no despedir a sus empleados y acusó que las grandes empresas de ser las que principalmente están despidiendo a sus trabajadores, a las que pidió rectificar esa decisión.

Su llamado llega a pesar de que ha rechazado la solicitud del sector privado de impulsar un plan de apoyo a los empresarios que han tenido que parar la producción y los servicios por la contingencia sanitaria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana el informe del proceso de rescate de 63 mineros de Pasta de Conchos.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que el grupo de expertos nacionales e internacionales que se conformó para analizar el caso consideró que es técnico y teóricamente viable el rescate de los cuerpos, por lo que en octubre de este año iniciará la fase final.

Indicó que será el próximo mes cuando el Sistema Geológico Mexicano determinará el método final del rescate, duración del mismo y cuantificación de costo.

Adelantó que se desarrollarán nuevos inclinados de acceso porque se ha determinado que son los métodos más adecuados para sacar los cuerpos.

Recordó que el pasado 18 de noviembre dieron inicio los trabajos preliminares en los terrenos de la mina Pasta de Conchos, pues se debe determinar la situación actual en el subsuelo de la mina.

La secretaria detalló las fases:

  • Abril-Mayo 2020 – Contratación de las ingenierías finales.
  • Junio 2020 – Licitación de la obra de rescate.
  • Octubre 2020 – Inicio de la fase final del rescate.

Destacó que el pasado martes, Grupo México anunció la entrega de la concesión de la mina Pasta de Conchos al gobierno federal para facilitar las labores de rescate. Las secretarías de Economía y del Trabajo trabajan en coordinación para analizar las opciones a futuro.

El Gobierno de México informó esta mañana que se detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley. Además se refirió que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.

“Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos. Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos», dijo el mandatario.

Por su parte la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.

En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, aseguró que las prácticas agresivas de subcontratación afectaron a más de 64 mil trabajadores en México, y refirió que las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras.

Robledo indicó que dichas prácticas ilegales afectarán a las empresas que las realizan, porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

En ese sentido, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.

Indicó que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todas aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos.

Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de hasta 14 años de prisión.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no ha reconocido a Manuel Limón como nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), aclaró esta mañana la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Alcalde desmintió los señalamientos que comenzaron a circular en la prensa este lunes, y aseguró que el sindicato petrolero deberá organizar elecciones, de acuerdo con la nueva Reforma Laboral, para definir quién será su nuevo secretario general.

“El próximo secretario general del Sindicato Petrolero deberá de ser electo de manera democrática, a través del voto personal, libre, directo y secreto. La STPS en coordinación con Segob verificará que la convocatoria se emita este mismo año y la elección se realice conforme a la nueva ley”, explicó la funcionaria.

Adicional, informó que el 80% de los contratos colectivos en el país que se firmaron en años pasados fueron realizados a espaldas de los trabajadores, entre líderes sindicales y los patrones.

Alcalde Luján detalló los cambios que se establecerán a partir de la nueva Reforma Laboral y dijo que se trata de “un cambio profundo para pasar a un modelo de democracia en los sindicatos».

Alcalde explicó que son tres pilares fundamentales: el primero tiene que ver con la impartición de justicia, en donde se eliminaron las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se crearon los Tribunales Laborales; el segundo es la democracia sindical, que tiene que ver con el voto libre, directo y secreto para elección de dirigentes sindicales; y el tercero es la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Foto: Twitter Canal Catorce

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, extendió la constancia en la que reconoce la dirigencia de Manuel Limón Hernández al frente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) hasta 2024.

Sin embargo, dicha constancia ha generado múltiples críticas, ya que el nuevo secretario general de los petroleros era secretario del Interior del gremio y mano derecha de Carlos Romero Deschamps, quien dejó el cargo el pasado 16 de octubre.

Limón Hernández se desempeña actualmente como diputado federal plurinominal del PRI por la tercera circunscripción de Veracruz.

Al ser consultado al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a que haya elecciones en el sindicato, pues dijo, debe «haber democracia sindical. Es un compromiso”.

AMLO ofreció que invitar a la secretaria del Trabajo a una de sus mañaneras de esta semana, para que explique el plan de democratización sindical. “Vamos a pedirle en esta semana (a Luisa Alcalde) que venga, que nos informe cómo está lo del sindicato petrolero y cómo está lo del cumplimiento de la ley para llevar a cabo la democracia en los sindicatos”, indicó.

Sobre la permanencia de Manuel Limón Hernández en el Sindicato, AMLO indicó que habría que ver en qué consistió la toma de nota y, en caso de ser cierta la información de que se mantendrá en el cargo hasta finales del sexenio, habrán de dar una explicación.

´Por su parte, la secretaria del Trabajo indicó que será mañana martes que acompañe al presidente en su conferencia de prensa matutina, donde aclarará lo relacionado al sindicato petrolero. Adelantó que es falso que la dependencia que encabeza haya reconocido a Limón Hernández como nuevo Secretario General hasta 2024.

«Este cargo está vacante y así consta en la resolución de la Secretaría», escribió Alcalde en su cuenta de Twitter.

Las inscripciones para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que coordina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fueron cerradas este 1 de agosto.

Así lo confirmó la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, quien anunció que ya no registrará a más jóvenes en lo que resta de 2019, reactivándose las afiliaciones en 2020.

Alcalde indicó que la decisión de cerrar las inscripciones se tomó al haberse alcanzado la meta de 900 mil jóvenes vinculados, que dijo, era la meta establecida por la dependencia.

«Ya llegamos a las metas de este año, se trata de que todos los jóvenes que ya se incorporaron van a continuar. Vamos a reiniciar en el programa el próximo año. Nos vamos a dedicar en estos meses a seguir con estas evaluaciones de como ha venido funcionando el programa, qué mejoras podemos hacer, y vamos a tener mucho dialogo con empresa que son las que han recibido a los jóvenes», dijo la funcionaria.

Sin embargo, pese a haber «alcanzado» la meta fijada por la STPS, dicha meta está por debajo de lo señalado por el presidente López Obrador, quien el pasado 1 de julio, en su informe de gobierno, indicó que la meta sería de un millón de jóvenes vinculados.

Incluso la propia secretaria afirmó durante la firma de convenio con Aeroméxico que se preveía llegar al millón de jóvenes inscritos en el programa al cierre de 2019. Adelantó que para el 2020 se llegaría a los 2 millones 300 mil jóvenes vinculados.

Este viernes, el gobierno federal anunció un aumento salarial de entre 1 y 3 por ciento anual a los servidores públicos que ganen menos de 200 mil pesos netos anuales. Lo anterior, en respuesta a una promesa de campaña del presidente López Obrador.

En conferencia de prensa, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, explicó que los trabajadores de base que tengan un salario de hasta 100 mil pesos anuales recibirán un incremento de 3 por ciento. Mientras tanto, aquellos con ingresos de entre 100 y 150 mil pesos tendrán un aumento de 2 por ciento.

Finalmente, el sector de los funcionarios con salarios de 150 mil pesos anuales y hasta 200 mil tendrán un alza en sus remuneraciones del 1 por ciento. Añadió que los recursos se obtendrán de un “guardadito” de 3 mil 500 millones de pesos previsto en el Presupuesto de Egresos.

Estos aumentos son independientes al incremento porcentual ordinario de 3.35 por ciento señalado para 2019, precisó el secretario Urzúa.

“Esto es un extra al incremento salarial que corresponde a la inflación que calculamos para este año y representa un incremento en el poder de compra de los funcionarios públicos que tienen menores ingresos, es decir los que ganan en términos netos menos de 200 mil pesos al año”, detalló.

Mientras tanto, Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, indicó que el aumento salarial es una promesa hecha por el presidente a los servidores públicos de los escalafones más bajos del gobierno federal.

“Para los de abajo y ahora en este momento estamos hablando de los que menos ganan en la administración pública federal centralizada como ya se hizo en el norte del país”, afirmó.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que a los beneficiarios del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ que se habían incorporado en 15 organizaciones de la sociedad civil  están siendo reubicados ante las irregularidades reportadas.

Alcalde Luján señaló que “hay casos donde se les está pidiendo cambiar su centro de trabajo derivado de irregularidades en la capacitación encontradas en 15 organizaciones de la sociedad civil”, sin embargo aclaró que ningún aprendiz del programa ha sido dado de baja de su capacitación.

«La STPS manifiesta que quienes han solicitado su incorporación a Jóvenes Construyendo el Futuro cuentan con diversos canales de comunicación directa con la dependencia, por lo que les advierte que no se requiere de ningún intermediario, organización política, sindical o de la sociedad civil para poder ingresar, permanecer o adherirse a cada uno de los beneficios de este programa del Gobierno de México», dijo la dependencia

La funcionaria hizo un llamado a los jóvenes a denunciar cualquier acto en el que se les solicite “moche” para obtener algún beneficio del programa que busca atender a un sector de la población que dijo, se encontraba olvidado.

El llamado a no dejarse sorprender por algún intento de fraude fue tanto para los jóvenes como para los tutores.

Finalizó indicando que en poco más de cuatro meses, el programa sumó a 534 mil aprendices y les atiende de manera directa a través de la plataforma mediante sus claves de incorporación.