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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que Marath Bolaños López, actual encargado del programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, y subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, será el nuevo secretario del Trabajo.

Bolaños López llega en sustitución de Luisa María Alcalde Luján, que ayer fue designada secretaria de Gobernación en reemplazo de Adán Augusto López.

López Obrador sostuvo que con este nombramiento, el gabinete Legal vuelve a ser paritario, es decir, contará con la misma cantidad de hombres y mujeres.

El mandatario destacó que el nuevo secretario es la misma edad que Alcalde Luján, lo que refuerza que el gobierno federal da a jóvenes la oportunidad de impulsar la Cuarta Transformación. Defendió que las nuevas generaciones representan el relevo que el país necesita para continuar los cambios profundos en beneficio del pueblo.

Voces detractoras del gobierno han cuestionado la formación de Marath Bolaños López, pues es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, y tiene estudios de maestría en Estudios Latinoamericanos. En ambos grados desarrolló investigaciones de cultura política y tradición comunitaria popular.

Los cargos que ha ocupado son secretario particular del titular de Relaciones Exteriores de 2018 a 2020; fue diputado por Morena en la Asamblea Constituyente; es catedrático de la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Bolaños López asumirá una secretaría que ha adquirido notoriedad en este gobierno por ser responsable de cinco aumentos consecutivos al salario mínimo, resolver los conflictos laborales dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), e implementar la reforma laboral que estableció la democracia sindical.

También será responsable de vigilar el cumplimiento de las nuevas legislaciones laborales, como la prohibición a la subcontratación conocida como “outsourcing”, la norma del teletrabajo, la reforma de pensiones privadas y la duplicación de vacaciones obligatorias.

Como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Bolaños López ha sido encargado del programa insignia del gobierno federal ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, un programa social implementado por López Obrador para pagar una beca de 6,310 pesos mensuales a más de 2.3 millones de aprendices laborales.

El mandatario ha exportado este programa a Centroamérica con el argumento que es un freno a la migración.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana la designación de Luisa Alcalde, hasta ahora titular de la Secretaría del Trabajo, como nueva secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán Augusto López, quien este lunes comenzó su gira en el proceso interno de Morena rumbo al 2024.

“Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes”, dijo el mandatario Andrés Manuel López Obrador en su conferencia, al anunciar el nombramiento.

Por el momento no se conoce quien sustituirá a Alcalde, de 35 años, en la dependencia que encabeza desde que inició la administración.

El nombramiento que Alcalde Luján llega a días de que se indicara que Alejandro Encinas, actual subsecretario de Derechos Humanos, había quedado como encargado de despacho de la dependencia.

Ahora, Luis María Alcalde será la responsable de la política interior y de las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes del país.

A través de sus redes sociales, la funcionaria agradeció la confianza del mandatario para asignarle el encargo, y dijo que “será, sin duda, el honor de mi vida acompañarlo desde esa nueva responsabilidad en esta última etapa fundamental para la consolidación de la Transformación”.

López Obrador recordó que Alcalde fue previamente legisladora y destacó su participación en las negociaciones para concretar aumentos anuales al salario mínimo nacional, desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2024.

Bajo la administración de la funcionaria se aprobó también una reforma laboral y se incrementaron las pensiones y los días de vacaciones de los trabajadores.

Este cambio llega junto al que se hiciera la semana pasada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que con la salida de Marcelo Ebrard, quien también participa en el proceso de Morena, fue relevado en el cargo por Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la CEPAL.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estima que hay un total de 4 mil 904 pasajeros afectados por el cese de operaciones de Aeromar, que se confirmó ayer tanto por la compañía como por las autoridades.

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dijo que el año anterior, Aeromar transportó 388,188 pasajeros en quince destinos. Y aunque dijo que su participación en el mercado era pequeña, lamentó el cierre de operaciones.

“En Profeco estamos atentos para que se resguarden los derechos de pasajeros afectados”, que dijo, los casi 5 mil afectados comprende a quienes adquirieron boletos para vuelos de entre el 15 de febrero y noviembre próximo.

La Procuraduría precisó que a partir del cierre de operaciones de Aeromar, no se han recibido quejas formales por parte de los usuarios. “Sólo se han brindado nueve asesorías a través de Teléfono del Consumidor”, agregó.

En tanto, el gobierno federal indicó que implementa un plan de apoyo para el público usuario y trabajadores de Aeromar, ante el cese de sus operaciones.

Adelantó que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se inició la comunicación con diversas empresas del ramo para buscar el mecanismo legal idóneo para incorporar a los trabajadores afectados.

“En apoyo al público usuario que adquirió boletos de avión con la empresa AEROMAR para volar a partir del 15 de febrero de 2023 en adelante, la SICT buscará que otras líneas aéreas hagan válido su ticket para viajar con ellos y no se vean afectados en sus itinerarios, esto sujeto a la disponibilidad de cada aerolínea”, detalló la dependencia.

En tanto, la Secretaría del Trabajo confirmó que hay emplazamiento a huelga, para esta tarde a las 18 horas por parte de los trabajadores, quienes precisó, tendrán garantizada la continuidad en la prestación de servicios de atención médica y hospitalaria por parte del IMSS, así como la suspensión de cobros de créditos hipotecarios y procedimientos extrajudiciales que se encuentren a cargo del INFONAVIT.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Fernando Gómez Suárez, experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, sobre la quiebra de Aeromar y la crisis que atraviesa el sector.

Pemex y sus trabajadores acordaron un aumento al salario del 4% y a las prestaciones del 2.25% para el periodo 2022-2023.

Petróleos Mexicanos expresó en un comunicado que con esta alza “se garantiza a las trabajadoras y trabajadores el respeto y cumplimiento de sus derechos y prestaciones establecidos en la ley”.

También detalló que el aumento al salario y a las prestaciones de los trabajadores, representados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Stprm), fue presentado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia encargada de vigilar e impartir justicia en las relaciones y posibles conflictos laborales en México.

“Al término de las negociaciones, ambas partes coincidieron su voluntad en la construcción de un acuerdo justo en beneficio de la comunidad petrolera y garantizar su bienestar laboral”, añadió Pemex.

La empresa productiva del Estado calificó de “fructífero” el diálogo con el Stprm por el que se dio el incremento del 4% al salario de los trabajadores de Pemex y destacó que muestra la buena relación y el objetivo de consolidar la soberanía energética del país.

“Pemex y el Stprm continúan con la cimentación de una relación constructiva, fincada en el respeto, la eficiencia y la disciplina financiera; con el propósito de fortalecer a la institución como palanca del desarrollo nacional para consolidar la soberanía energética de nuestro país”, resaltó.

Recordemos que la revisión salarial entre Pemex y el sindicato de trabajadores petroleros comenzó desde el pasado 26 de julio, el cual se acompañó de la auditoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal.

Este último aumento al salario de los trabajadores de Pemex fue mayor al acuerdo de octubre pasado, por el que se dio un alza a sus percepciones salariales del 3.4% y de 1.76% a sus prestaciones para el periodo 2021-2023.

En su más reciente reporte financiero, Pemex reportó un beneficio neto en el primer semestre de 2022 de poco más de 253 mil millones de pesos, un dato positivo que se compara con las pérdidas de casi 23 mil millones de pesos del mismo periodo de 2021.

Ricardo Aldana, hombre cercano a Carlos Romero Deschamps, fue elegido como el nuevo dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Aldana, quien ha sido durante años tesorero de este sindicato, sucede en la dirigencia precisamente a Romero Deschamps, quien estuvo al frente del STPRM por 26 años, hasta su renuncia en 2019.

Según informó el sindicato, Aldana ganó con 44,983 votos, obteniendo una amplia ventaja respecto a la segunda aspirante con más votos, Cecilia Margarita Sánchez, con 4,116 sufragios. En total, se recibieron 63,700 votos, de un total de 72,311 trabajadores registrados para participar en el proceso.

“Resultando triunfador Luis Ricardo Aldana Prieto, al obtener el mayor número de votos emitido en la jornada electoral”, informó el sindicato.

En 2019, tras la renuncia de Carlos Romero Deschamps, el gobierno federal impulsó elecciones “libres” dentro del sindicato, en el marco de la nueva reforma laboral.

Ricardo Aldana está ligado desde hace décadas al PRI, partido por el que ha sido diputado y senador. Según información de la propia Cámara de Diputados, lleva vinculado desde 1978 a Pemex, donde se desempeñaba como tesorero del sindicato.

Por estar en dicho cargo se le acusó de ser uno de los protagonistas del “Pemexgate”, el desvío de fondos millonarios del sindicato a la campaña del candidato presidencial del PRI en 2000, Francisco Labastida Ochoa.

Al respecto, esta mañana durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo desconocer la denuncia e investigación que hay en contra de Ricardo Aldana.

Indicó que no hay que acusar sin pruebas, además de que defendió que la jornada de ayer se trató de una elección democrática y libre. Dijo que ya no son los tiempos de antes donde se imponía a los dirigentes. “No se designa a nadie desde la Presidencia”.

“Por primera vez en la historia reciente se llevó a cabo una elección en donde participaron la mayoría de los trabajadores, sindicalizados, una muy buena participación y se garantizó el voto libre y secreto”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Miles de trabajadores de Pemex votan el lunes para elegir a su nuevo líder sindical, entre una veintena de candidatos, algunos señalados como “delfines” del exdirigente Carlos Romero Deschamps.

Unos 72,000 empleados de Pemex en todo el país emiten sus votos a través de la plataforma que habilitó la Secretaría del Trabajo. Se trata de la primera elección directa en los 86 años del sindicato, después de que el dirigente Romero Deschamps dimitiera tras ocupar por 26 años el cargo, en medio de diversas acusaciones de corrupción.

La jornada se produce un día antes de otra votación sindical importante, de la firma automotriz General Motors en Silao, Guanajuato, donde un sindicato independiente emergente pretende tomar el control del contrato colectivo.

La Secretaría del Trabajo indicó que a partir de las 00:01 horas, se dispersaron exitosamente los mensajes de texto y los correos electrónicos que contenían la liga de acceso a la votación y el token individualizado, para que las y los trabajadores pertenecientes al STPRM que se registraron en la plataforma Sirvolab pudieran elegir a su próximo dirigente.

La dependencia recordó que la elección se hace por primera vez a través del voto personal, libre, directo y secreto desde sus computadoras o dispositivos móviles. La jornada y la plataforma cerrará a las 19 horas y se espera que este mismo lunes se conozcan los resultados, pasadas las 21:00 horas.

La candidatura del principal aliado de Romero Deschamps, Ricardo Aldana, actual tesorero del sindicato, ha despertado la preocupación entre los otros aspirantes, trabajadores y políticos, tal como lo expusieron la semana pasada durante las exposiciones que hicieron en la mañanera del presidente.

La aspirante Cecilia Sánchez, senadora de Morena, ha increpado en Twitter a la Secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde, diciendo que se permitía a los viejos jefes quedarse al mando, pero la funcionaria ha defendido la votación como democrática y justa.

No olvidemos que durante décadas, Pemex ha sido señalada como un centro crítico para la corrupción; el sindicato de trabajadores petroleros fue acusado en 2000 de canalizar decenas de millones de dólares de la empresa a la campaña presidencial del PRI en Francisco Labastida, en un escándalo conocido como “Pemexgate”, aunque nadie fue sancionado por aquel caso que terminó cerrándose con Vicente Fox en el poder.

El gobierno federal se comprometió a que haya una “elección libre” en la votación del nuevo dirigente del sindicato de Pemex, que está prevista que se lleve a cabo el próximo 31 de enero.

“La gran diferencia de antes y ahora es que son los trabajadores los que van a definir, los que van a decidir. ¿Qué pasaba anteriormente? El Gobierno imponía a los líderes sindicales”, dijo la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, al intervenir en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Y es que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tiene pendiente la renovación de su dirigencia desde 2019, cuando Carlos Romero Deschamps, renunció en medio de investigaciones de la Fiscalía por delitos de corrupción.

La elección se realizará el 31 de enero y será la mayor elección en la que se aplicarán las nuevas reglas de la reforma laboral de 2019 del gobierno de López Obrador, que garantiza que los comicios se realicen con voto libre y secreto, y con la inspección de la Secretaría de Trabajo para evitar cualquier práctica irregular.

El STPRM ya ha renovado sus 36 secciones a lo largo de 2021, en donde, por primera vez, la oposición ganó en cuatro. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto esta mañana por Alcalde, durante el proceso de renovación se han recibido 772 inconformidades, de las cuales 4 se resolvieron con la repetición de los comicios.

En la votación participarán 89,000 trabajadores en una plataforma electrónica desarrollada por la Secretaría. Los requisitos para los candidatos son ser socio activo y tener al menos 10 años de antigüedad en la empresa. Hasta ahora más de 50 mil trabajadoras y trabajadores petroleros se han registrado a la plataforma para poder emitir su voto.

Luego de las denuncias que han aparecido en redes sociales, donde trabajadores acusan a sus empresas de obligarlos a pagar una prueba COVID como condicionante para laborar, la Secretaría del Trabajo federal indicó que esto no debe ser así.

“De acuerdo con la legislación vigente en materia laboral, es ilegal obligar a las y los trabajadores a pagar por las pruebas COVID-19, como requisito para ingresar a los centros de trabajo. En ningún caso se debe trasladar el costo de las pruebas a los trabajadores”, dijo la dependencia que encabeza Luisa María Alcalde.

La Secretaría recordó a los y las trabajadoras que no deben acudir a los centros laborales o reuniones sociales si se presentan síntomas compatibles con COVID-19, pues hacerlo implicaría un riesgo potencial de contagio para otras personas.

Y es que además de las quejas que se han presentado sobre el pago de las pruebas, los trabajadores se enfrentan a la escases de éstas y al alto costo en laboratorios privados. Se ha reportado que incluso personas han pernoctado a las afueras de los kioscos que se habilitaron por parte de los gobiernos locales, para alcanzar una prueba.

Recordemos que el gobierno federal y algunos locales han dicho que más allá de buscar una prueba, lo importante es que si se presentan síntomas, lo preferible es comenzar un aislamiento, con el fin de evitar contagios.

En ese sentido, en días pasados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el “Permiso COVID-19. Versión 3.0”, ante el incremento de contagios del virus SARS-CoV-2, derivado de la alta contagiosidad de la variante Ómicron.

“Esta realidad está afectando notablemente a los trabajadores y a las empresas afiliadas al IMSS, y a la capacidad de respuesta de las unidades médicas encargadas de la gestión de las incapacidades”, reconoció la Institución.

Señaló que la presencia de los trabajadores con síntomas en las empresas incide desfavorablemente en la salud de sus compañeros y en el ciclo productivo, además de que su desplazamiento, así como el tiempo de espera para acreditar su condición en los establecimientos médicos, no es benéfico para la población en general.

Por ello, el “Permiso COVID-19. Versión 3.0” permitirá que con base a una aplicación digital o en la página web del IMSS, se responda un cuestionario de síntomas, historial de vacunación y padecimientos preexistentes, lo que permitirá acceder al “Permiso COVID-19”, asimilable a una incapacidad hasta por 7 días y recibir el pago correspondiente en su cuenta bancaria.

El IMSS ya había hecho un llamado a las empresas a no pedir pruebas COVID con costo a los trabajadores para su regreso a los centros laborales.

El gobierno federal prometió este viernes garantizar que la elección del nuevo líder del sindicato de Pemex, acusado en sexenios anteriores de diversas prácticas de corrupción, sea “libre y democrática” en un ejercicio “inédito”.

“Van a poder votar de manera libre, todos van a elegir al secretario general del sindicato petrolero y garantizando que sea voto directo y secreto, esto es algo inédito, esto no sucedía anteriormente”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) esta mañana al encabezar el informe de la jornada.

Con la elección, que se realizará el 31 de enero, se elegirá al sucesor del polémico Carlos Romero Deschamps, quien controló por 26 años el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) hasta su renuncia en 2019.

Recordemos que Romero Deschamps ocupó puestos en el Congreso bajo el cobijo del PRI, además de que afrontó dos denuncias en marzo pasado por depósitos irregulares de 309 millones de pesos, según reveló entonces el propio López Obrador.

Ahora, el presidente prometió que la votación será “limpia, libre y secreta”, con un modelo que se replicará en otros sindicatos. “Que sean los trabajadores sin ninguna presión, amenazas, sin estar recibiendo dádivas, puedan elegir a sus representantes de manera democrática”, manifestó.

Esta será la primera elección del sindicato petrolero tras la reforma laboral de 2020, que México aprobó como condición para la entrada en vigor del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

“Por primera vez, las y los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general conforme a esta nueva legislación”, dijo por su parte la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde.

En la votación participarán 89,000 trabajadores en una plataforma electrónica desarrollada por la STPS, que lleva por nombre ‘Sivolab’. El día de la elección, los trabajadores contarán con cinco minutos para elegir a su secretario o secretaria general.

Además, la dependencia desplegará a 400 servidores públicos para realizar el registro de los trabajadores y entregar la plataforma para la elección. Esto permitirá tener elecciones pacíficas, argumentó la secretaria de Trabajo.

“Será la primera vez que se utilice este mecanismo de votación electrónica, convencidos de que con ello se puede garantizar que de manera pacífica y libre puedan participar todas y todos los trabajadores ese día de la elección”, añadió Alcalde.

Detalló que calendario que se seguirá para el proceso de elección: el 6 de diciembre se emitirá la convocatoria, del 17 al 19 de enero se registrarán candidatos y el 31 de enero será la elección. Los requisitos para los candidatos son ser socio activo y tener al menos 10 años de antigüedad, comentó Alcalde.

Los cuerpos de otros tres mineros fueron extraídos ayer de la mina de carbón en Coahuila que se inundó y derrumbó el pasado viernes, con lo que aumentó a cuatro el número de muertos confirmados.

Según informes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aún hay otros tres mineros desaparecidos, a quienes se les sigue buscando.

La coordinación nacional de Protección Civil señaló que los equipos de rescate venían trabajado sin interrupción. En un principio, las autoridades informaron que seis mineros habían quedado atrapados, pero el gobierno de Coahuila confirmó el domingo que había siete en total en la mina al momento del accidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que se había roto una presa, lo que provocó la inundación.

Las labores de rescate están enfocadas en bombear el agua para sacarla de la mina, mientras que el Ejército desplegó a un equipo de 28 miembros que se especializa en la búsqueda de víctimas en derrumbes, y está utilizando dos perros entrenados.

La mina de Micarán, ubicada en el municipio de Múzquiz, aparentemente es un pozo abierto estrecho y profundo, con muros de tierra inclinados y al menos un túnel en la excavación inferior. La zona se ubica unos 130 kilómetros al suroeste de Eagle Pass, Texas.

No es la primera vez que hay un accidente de esta magnitud en las minas de carbón de la zona. El 19 de febrero de 2006 ocurrió uno en la mina de Pasta de Conchos, en el que perdieron la vida 65 mineros, aunque sólo se recuperaron dos cuerpos. Las autoridades mexicanas suspendieron esa búsqueda y cerraron la mina cinco días después del accidente, argumentando que era inseguro continuarla debido a la presencia de gases tóxicos.

Los familiares dijeron que uno de los cuerpos recuperados de la mina de Micarán era de un minero que se había quejado sobre las condiciones de seguridad del lugar. En inspecciones recientes, aseguraron, encontraron a mineros que trabajaban con zapatos deportivos y sin equipo de seguridad, agua potable ni monitores de niveles de gas.

López Obrador escribió en sus cuentas en las redes sociales que las fuerzas federales están apoyando las labores, y señaló: “Deseamos que el rescate sea favorable para las familias y para todos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró positivo que por primera vez se use el mecanismo rápido del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para asuntos laborales tras una demanda de los trabajadores de General Motors en México.

Cuestionado sobre este asunto, López Obrador dijo que de inmediato se va a responder a la petición de Estados Unidos.

“Porque es parte en efecto del tratado, es algo bueno, porque antes el tratado no contemplaba la situación laboral y ahora el tratado contempla de que los trabajadores tiene que recibir salarios justos y prestaciones, pero además que tienen que elegir libremente y también de manera democrática a sus representantes sindicales”, dijo.

AMLO dijo que si en una empresa que “exporta” a Estados Unidos hay “malos tratos a los trabajadores” y no “se están pagando salarios justos y no hay democracia, se tiene que intervenir”.

Indicó que se establece un diálogo de gobierno a gobierno y se le pide a la empresa que cumpla con sus obligaciones laborales.

Y es que el gobierno de Estados Unidos pidió a nuestro país, a través de un mecanismo del T-MEC, que investigue los informes sobre posibles violaciones graves de los derechos de los trabajadores de una planta de General Motors en Guanajuato.

Esta petición se hizo a través de la Oficina del Representante de Comercio (USTR), organismo encabezado por Katherine Tai.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el pasado 20 y 21 de abril, en la planta de General Motors de Silao, Guanajuato, se realizó el evento de consulta para la legitimación de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

“En el marco de este proceso, la STPS acreditó diversas causales de invalidez de la consulta, incluyendo irregularidades graves que fueron determinantes para su desarrollo y para el resultado de la votación”, dijo la dependencia a través de un comunicado.

Por ello se declaró la nulidad del procedimiento y ordenó al sindicato reponerlo en un plazo improrrogable de 30 días naturales.

“A través de la implementación de estas medidas, la STPS ratifica su compromiso en reparar la afectación a los derechos de democracia sindical y negociación colectiva, y hacer valer los principios establecidos en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en los convenios y tratados internacionales que México ha suscrito en materia laboral”, concluyó el boletín.

En tanto, Katherine Tai dijo este miércoles que se aliará con el gobierno de nuestro país para tratar de evitar una feroz competencia salarial para los trabajadores estadounidenses y mexicanos.

Tai dijo ante el Comité de Finanzas del Senado que utilizará las nuevas disposiciones laborales específicas para las fábricas que están contempladas en el T-MEC para abordar los problemas laborales en México.

“Este uso del mecanismo de respuesta rápida demuestra que actuaremos cuando a los trabajadores en ciertas instalaciones se les nieguen sus derechos bajo las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones laborales de México”, dijo Tai.

Este caso coincide con la primera denuncia laboral que se presenta contra México en Estados Unidos bajo el T-MEC por parte de la AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos.

La petición de la AFL-CIO establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros se les negó representación sindical independiente en violación del tratado. Según se ha reportado, cientos de trabajadores han buscado desde 2019 ser representados por un nuevo sindicato que encabeza la activista y abogada Susana Prieto.

Prieto ha denunciado que cerca de 600 trabajadores de Tridonex fueron despedidos el año pasado, los cuales apoyaban la formación del nuevo sindicato, por lo que dichos despedidos han sido señalados como represalia.

La empresa matriz de Tridonex es Cardone Industries, que tiene sede en Filadelfia, y es controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este viernes la reforma a la ley que permite la eliminación de la subcontratación a los trabajadores del país, pues dijo, se podrá poner fin a los abusos que se cometieron por años.

“Es un muy buen acuerdo, una muy buena noticia”, manifestó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Indicó que con estas reformas se logra hacer a un lado “la simulación”, ya que dijo, la subcontratación que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores.

A inicios de semana, luego de un proceso largo de discusión, el Senado aprobó el proyecto que reforma diversas leyes de subcontratación laboral o “outsourcing” en el sector privado y público. El mandatario explicó que fueron ocho las leyes que se modificaron.

López Obrador puntualizó que esta ley aplicará en el sector privado y público, por lo que “ya no habrá subcontratación en el gobierno”, esto pese a que en recientes semanas el gobierno federal ha asignado contratos a empresas de subcontratación, como el que asignó para la limpieza de Palacio Nacional.

Sobre el reparto de utilidades, el mandatario dijo que si se cuida que la ley se aplique se repartirán mayores utilidades que ascienden a más de 154,000 millones de pesos.

Adelantó que la reforma se publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las empresas tendrán 90 días para regularizarse.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, comentó que se logró un acuerdo histórico en la materia entre los sectores, por lo que se elimina la subcontratación ilegal y se entregarán hasta 90 días por el concepto de reparto utilidades.

Explicó que con la práctica de la subcontratación, además de violentar los derechos de los trabajadores, se dañó a la hacienda pública. “Se tenía una competencia desleal entre las empresas” y había afectaciones a los institutos de seguridad social.

Detalló que con los cambios en la ley se prohíbe la subcontratación de personal. Aunque se autoriza en servicios y obras especializados.

Además, las empresas dedicadas al “outsourcing” deberán contar con un registro obligatorio ante la Secretaría del Trabajo. Asimismo, las empresas que reciben servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores por incumplimiento.

Aunado a ello se evita la simulación fiscal y se endurecerán las sanciones en caso de incumplimiento. Explicó que se estableció un plazo de tres meses para que las empresas se regulen y cada tres años tendrán que actualizar su registro ante la dependencia federal.

Sobre el reparto de utilidades, indicó que se reformó el artículo 127 de la ley Federal del trabajo con lo que se tendrá un incremento de 154% en este rubro y prácticamente todos los sectores se verán beneficiados.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resaltó que el acuerdo para eliminar la subcontratación es único y ejemplo de cómo se pueden abordar los problemas del país con diálogo, debate, información y transparencia, logrando las mejores decisiones.

Finalmente, Fernando Salgado, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que es un acuerdo muy importante para el sector porque pone al día los compromisos de derechos de los trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este miércoles la presentación de la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral, que indicó permitirá a México cumplir con lo dispuesto en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Este acto significa poner en práctica la reforma laboral que se aprobó el año pasado. Suele pasar, suceder, que se hacen modificaciones en la Constitución, en las leyes, pero esos principios, esas normas no se aplican, no se llevan a la práctica. Por eso es importante este acto porque ya se inicia el procedimiento”, explicó el mandatario.

Señaló que el Nuevo Modelo Laboral está caracterizado por la conciliación entre trabajadores y empleadores para solucionar sus diferencias, sin ir a juicio, con el apoyo de mediadores profesionales, en un ambiente confidencial y seguro que privilegie el diálogo y la búsqueda de equilibrios.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde, indicó que los tres pilares del sistema son una nueva justicia laboral, fortalecer la democracia sindical y garantizar la negociación colectiva.

“Estos cambios consolidan la visión del proyecto de nación de garantizar la democracia en todos sus ámbitos, muestra el compromiso firme asumido frente a nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, plasmados en el T-MEC, y dan respuesta a una deuda histórica”, afirmó Alcalde.

Y es que las condiciones laborales en nuestro país eran uno de los principales reclamos de los sindicatos en Estados Unidos y Canadá para avalar el T-MEC, que en julio sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Bajo el T-MEC, las empresas de otros países pueden interponer controversias laborales ante los paneles comerciales que podrían derivar en aranceles o restricciones al comercio.

Se detalló que el principal cambio consiste en reemplazar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen del poder Ejecutivo, por tribunales laborales a cargo del poder Judicial para erradicar la corrupción e ineficacia en la resolución de conflictos laborales.

La reforma también exige un voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en la elección de sindicatos, proporcionalidad de género en las directivas sindicales, transparencia y verificación de procesos democráticos. Asimismo, demanda que los contratos colectivos cuenten con el respaldo de al menos 30% de los trabajadores con revisiones cada dos años.

El presidente precisó que por ahora, el nuevo modelo arrancará en ocho estados: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo, y se comprometió a que la nueva reforma no quede en “letra muerta”.

“Poco a poco vamos a cubrir todo el país. Se va a aplicar la reforma en todo México y vamos a dejar las bases para una relación nueva en esta materia de justicia laboral. Es todo un acontecimiento el que se esté llevando a la práctica esta reforma”, dijo el mandatario.

A nivel nacional, el 87% de las empresas cumplen con la operatividad y medidas sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria del COVID-19, informó este lunes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la funcionaria reveló que derivado de los operativos de inspección federales del trabajo en el marco de la emergencia, se detectó que el 13% de las empresas no cumplen con las medidas.

En otros resultados, el 50% de las empresas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica son de la industria automotriz (28%), industria textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).

También se negaron a cerrar las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).

“El 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia”, señaló Luisa Alcalde.

La funcionaria reveló algunos nombres de las empresas que sí cumplen con las medidas de sana distancia, tales como Dentix México Health; Juguetron; Grupo Calzado Flexi; SE BORDNETZE México; TERNIUM México, Faurecia, GM, Volkswagen, FCA.  Mientras que las empresas que se negaron a cerrar son Andrea, Carnival, Coppel y Bolim.

La titular de la STPS afirmó que no ha tenido quejas de alto funcionarios públicos por el decreto que baja su salario y elimina la prestación del aguinaldo.

La funcionaria enfatizó que todos los integrantes del gobierno federal están conscientes de la crisis económica que está generando el COVID-19 y han accedido voluntariamente a bajar sus sueldos.

“Se tratan de medidas voluntarias que serán determinadas por cada funcionario que la mayoría, todos, al ser parte de un proyecto de nación entienden lo que significa lo que estamos viviendo”, aseguró Alcalde.

Y es que el pasado 24 de abril, el mandatario federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que de manera voluntaria, se pedía a altos funcionarios reducir su salario en un 25% y renunciar al aguinaldo.

Esta medida forma parte de las acciones que el gobierno federal impulsa para hacer frente a la crisis económica que genera la pandemia del COVID-19 en el país.

Sin embargo, voces como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo se han manifestado en contra de esta medida ya que es violatoria de lo contratos colectivos.

Al respecto, Ana Paula Ordorica platicó con Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sobre si la medida es legal y efectiva.

 

En el país se han perdido poco más de 346 mil puestos de trabajo formales durante la contingencia sanitaria por el coronavirus, informó este miércoles la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.

“A partir del 13 de marzo comenzamos a ubicar una caída en el empleo formal”, dijo la secretaria durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Alcalde dijo que del 13 al 31 de marzo se perdieron 198,000 empleos y otros 148,000 del 1 al 6 de abril.

Los estados del país más afectados son Quintana Roo, donde se localiza Cancún, uno de los principales destinos turísticos del país; la Ciudad de México; Nuevo León y Jalisco.

La funcionaria aseguró que no existe fundamento legal que permita a las empresas despedir trabajadores por la contingencia. “No existe fundamento para poder correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época”, indicó.

Por su parte, el presidente López Obrador, dijo que las empresas pequeñas “están actuando de manera muy responsable, heroica” al no despedir a sus empleados y acusó que las grandes empresas de ser las que principalmente están despidiendo a sus trabajadores, a las que pidió rectificar esa decisión.

Su llamado llega a pesar de que ha rechazado la solicitud del sector privado de impulsar un plan de apoyo a los empresarios que han tenido que parar la producción y los servicios por la contingencia sanitaria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó esta mañana el informe del proceso de rescate de 63 mineros de Pasta de Conchos.

La secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, informó que el grupo de expertos nacionales e internacionales que se conformó para analizar el caso consideró que es técnico y teóricamente viable el rescate de los cuerpos, por lo que en octubre de este año iniciará la fase final.

Indicó que será el próximo mes cuando el Sistema Geológico Mexicano determinará el método final del rescate, duración del mismo y cuantificación de costo.

Adelantó que se desarrollarán nuevos inclinados de acceso porque se ha determinado que son los métodos más adecuados para sacar los cuerpos.

Recordó que el pasado 18 de noviembre dieron inicio los trabajos preliminares en los terrenos de la mina Pasta de Conchos, pues se debe determinar la situación actual en el subsuelo de la mina.

La secretaria detalló las fases:

  • Abril-Mayo 2020 – Contratación de las ingenierías finales.
  • Junio 2020 – Licitación de la obra de rescate.
  • Octubre 2020 – Inicio de la fase final del rescate.

Destacó que el pasado martes, Grupo México anunció la entrega de la concesión de la mina Pasta de Conchos al gobierno federal para facilitar las labores de rescate. Las secretarías de Economía y del Trabajo trabajan en coordinación para analizar las opciones a futuro.