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El Gobierno de México informó esta mañana que se detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley. Además se refirió que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.

“Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos. Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos», dijo el mandatario.

Por su parte la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.

En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, aseguró que las prácticas agresivas de subcontratación afectaron a más de 64 mil trabajadores en México, y refirió que las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras.

Robledo indicó que dichas prácticas ilegales afectarán a las empresas que las realizan, porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

En ese sentido, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.

Indicó que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todas aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos.

Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de hasta 14 años de prisión.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su rechazo a la iniciativa que busca modificar la regulación de la subcontratación, actualmente en la Ley Federal del Trabajo.

Expuso que lo anterior afecta a las empresas productivas y sostenibles, las cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación (outsourcing) y podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas.

En un comunicado, la Coparmex enfatizó que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de subcontratación y que se encuentra en proceso en el Senado de la República, representa “un grave error».

Indicó que dicha proyecto busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo.

Consideró que la Ley Federal del Trabajo no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas.

Al sector empresarial, subrayó, le preocupa que algunos legisladores, al referirse a la tercerización o subcontratación, digan que se debe limitar a actividades indirectas que sean ajenas a las preponderantes o prioritarias en una empresa.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también se refirió sobre dicho proyecto. Acusó que el senador de Morena, Napoléon Gómez Urrutia, convocó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside, para, de manera unilateral y sin diálogo previo, aprobar la reforma que prohíbe la subontratación.

«Se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísivas para la economía de México y de todos los mexicanos», indicó el CCE.

Coincidió en la idea de que la reforma generará un alto grado de incertidumbre, y pondría en riesgo la inversión nacional y extranjera.