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La empresa estadounidense de cosméticos Mary Kay obtuvo un amparo provisional contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que prohíbe la subcontratación laboral u «outsourcing», informó este viernes el Poder Judicial.

«Se concede la suspensión provisional», estableció al fallo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo con sede en el estado de Nuevo León, donde la compañía tiene un centro de distribución.

Mary Kay es una de las primeras grandes empresas en ampararse contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes que promulgó el gobierno el pasado 24 de abril para limitar el «outsourcing», que considera herencia del «periodo neoliberal».

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente conservador Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50% de costos.

Aunque de esa modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente López Obrador la tachó de «abusiva», estimando que más de 6,000 empresas de subcontratación ilegal evadían al fisco por más de 21,000 millones de pesos al año.

El amparo de Mary Kay, que realiza ventas por catálogo, sorprendió porque las principales cámaras del sector privado, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno de la 4T, así como con los sindicatos en una reunión el pasado 5 de abril.

La jueza María del Carmen Leticia Hernández no detalló públicamente los argumentos para conceder el recurso a la compañía y fijó para el próximo viernes la audiencia incidental en la que determinará si concede una suspensión definitiva.

Desde la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las compañías tenían 90 días para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de «outsourcing». Ahora, con el recurso, Mary Kay podrá seguir por ahora con la externalización que tenía antes de la nueva legislación.

La batalla legal ocurre mientras sindicatos estadounidenses han iniciado las primeras quejas bajo el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al detectar empresas que presuntamente no cumplen con el respeto a los derechos laborales y de asociación.

Durante su visita esta semana a México, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ofreció el apoyo de su país a los sindicatos nacionales para proteger sus derechos, incluyendo un paquete de 130 millones de dólares para que el gobierno implemente la reforma laboral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró este viernes la reforma a la ley que permite la eliminación de la subcontratación a los trabajadores del país, pues dijo, se podrá poner fin a los abusos que se cometieron por años.

«Es un muy buen acuerdo, una muy buena noticia», manifestó el mandatario durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Indicó que con estas reformas se logra hacer a un lado «la simulación», ya que dijo, la subcontratación que en casi todos los casos se llevaba a cabo para no reconocerle derechos a los trabajadores.

A inicios de semana, luego de un proceso largo de discusión, el Senado aprobó el proyecto que reforma diversas leyes de subcontratación laboral o «outsourcing» en el sector privado y público. El mandatario explicó que fueron ocho las leyes que se modificaron.

López Obrador puntualizó que esta ley aplicará en el sector privado y público, por lo que «ya no habrá subcontratación en el gobierno», esto pese a que en recientes semanas el gobierno federal ha asignado contratos a empresas de subcontratación, como el que asignó para la limpieza de Palacio Nacional.

Sobre el reparto de utilidades, el mandatario dijo que si se cuida que la ley se aplique se repartirán mayores utilidades que ascienden a más de 154,000 millones de pesos.

Adelantó que la reforma se publicará hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que las empresas tendrán 90 días para regularizarse.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, comentó que se logró un acuerdo histórico en la materia entre los sectores, por lo que se elimina la subcontratación ilegal y se entregarán hasta 90 días por el concepto de reparto utilidades.

Explicó que con la práctica de la subcontratación, además de violentar los derechos de los trabajadores, se dañó a la hacienda pública. «Se tenía una competencia desleal entre las empresas» y había afectaciones a los institutos de seguridad social.

Detalló que con los cambios en la ley se prohíbe la subcontratación de personal. Aunque se autoriza en servicios y obras especializados.

Además, las empresas dedicadas al «outsourcing» deberán contar con un registro obligatorio ante la Secretaría del Trabajo. Asimismo, las empresas que reciben servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores por incumplimiento.

Aunado a ello se evita la simulación fiscal y se endurecerán las sanciones en caso de incumplimiento. Explicó que se estableció un plazo de tres meses para que las empresas se regulen y cada tres años tendrán que actualizar su registro ante la dependencia federal.

Sobre el reparto de utilidades, indicó que se reformó el artículo 127 de la ley Federal del trabajo con lo que se tendrá un incremento de 154% en este rubro y prácticamente todos los sectores se verán beneficiados.

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), resaltó que el acuerdo para eliminar la subcontratación es único y ejemplo de cómo se pueden abordar los problemas del país con diálogo, debate, información y transparencia, logrando las mejores decisiones.

Finalmente, Fernando Salgado, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), dijo que es un acuerdo muy importante para el sector porque pone al día los compromisos de derechos de los trabajadores.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen sobre subcontratación laboral, el llamado outsourcing, una propuesta legislativa acordada entre el gobierno federal y los empresarios tras meses de negociaciones.

El documento reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Impuesto Sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros puntos.

Con 348 votos a favor, 77 en contra y 32 abstenciones fue aprobado el dictamen que fue remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

Entre lo aprobado por la Cámara de Diputados, se prohíbe la subcontratación de personal, para lo cual se derogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación. También diferencia la subcontratación de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

Establece que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito. Además, indica que las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

«Menciona que al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que de no hacerlo se presumirá que no cuenta con ella», se señala en el texto.

Durante la discusión del dictamen, la diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, dijo estar a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, y de que no existiera engaño con fines de simulación fiscal; sin embargo, alertó que el dictamen fue apresurado y no logró consenso entre los que serán los afectados directos, además de que implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo.

Por parte del PRI, el diputado Carlos Pavón Campos expresó que el dictamen, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, los perjudica al establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades cuando en muchas ocasiones perciben más que eso; advirtió que beneficia únicamente a las empresas, ya que traerá más inseguridad e informalidad laboral por no cumplir con lo que se tiene que cumplir. «Es meramente recaudatoria», dijo.

Recordemos que el pasado 5 de abril, el gobierno federal, los líderes empresariales y los sindicatos cerraron un acuerdo que limitaba la subcontratación laboral en el país y modificaba el reparto de utilidades para los trabajadores después de tres meses de negociaciones.

La subcontratación fue retomada por López Obrador, quien a finales del año pasado anunció su intención de desaparecer el outsourcing al considerarlo un abuso en contra de los trabajadores, aunque finalmente se acordó regularla en lugar de prohibirla.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva» y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de «outsourcing».

Pese a que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó y se lanzó en contra de la subcontratación, e incluso aseguró que dicha práctica no tendría cabida en su gobierno, la Oficina de Presidencia de la República entregó la tarde ayer un contrato a una empresa de outsourcing.

Dicho contrato se refiere a servicios de limpieza de las oficinas del Ejecutivo federal, bajo la licitación IA-002000999-E14-2021, en la que participaron dos empresas: Malpim Servicios de México S.A. de C.V. y Asbiin S.A. de C.V.

Finalmente, fue Asbiin S.A. de C.V. quien obtuvo el contrato que involucra un monto mínimo de un millón 300 mil y máximo de tres millones 250 mil pesos, para brindar servicios a partir de este jueves 1 de abril y hasta el próximo 31 de diciembre de 2021.

Presidencia aseguró que la empresa se vio beneficiada, ya que «el monto mensual ofertado por elemento en su proposición resulta ser económicamente más bajo(…) generan las mejores condiciones de contratación para la Oficina de la Presidencia de la República si se tomen consideración que cuenta con capacidad de respuesta inmediata así como los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios para cumplir con el servicio requerido ya que su actividad comercial está directamente relacionada con el servicio objeto del contrato a celebrarse celebrarse».

En el fallo se indica que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) verificó que Asbiin S.A de C.V. cumplía con los requisitos para la contratación. 

El servicio contratado: «Limpieza a Bienes Muebles e Inmuebles de la Oficina de Presidencia de la República”, consiste en mantener y conservar limpios y en condiciones óptimas de salubridad e higiene las áreas interiores y exteriores de los inmuebles destinados a la operación de oficinas administrativas y de atención al público, e incluye pisos de madera, duela y parket, piso laminados y de mármol, alfombras, escaleras, elevadores, estacionamiento, azotea y áreas comunes.

Se especifica que los baños tendrán que ser lavados y desinfectados dos veces al día y se tendrá que reponer papel de baño, incluyendo jabón para lavado de manos, las veces que sean necesarias. También se deberán de asear escritorios, carpetas, charolas, accesorios de escritorio, sillas y sillones, así como equipos electrónicos. En tanto que los cestos de basura tendrán que ser vaciados las veces que sean necesarios y el personal de limpieza tendrá que retirar las gomas de mascar una vez a la semana.  En los espacios de cocina, se deberán limpiar los refrigeradores y hornos de microondas una vez al día.

En un intento por «evadir» lo que tanto criticó el presidente, se indica que la empresa queda obligada, durante la vigencia del contrato, a cumplir con la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del personal que brinde el servicio en el inmueble, mismo que laborará en tres horarios de trabajo: matutino, vespertino y nocturno; de lunes a domingo, y días festivos.

“Para verificar su cumplimiento deberán entregar de manera mensual a la Oficina de Presidencia de la República, el comprobante de las cuotas obrero-patronales. En caso de no presentar el documento, se aplicarán las penas convencionales establecidas en el contrato específico”, indica el contrato.

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La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) manifestaron su desacuerdo con el acuerdo alcanzado entre representantes de la Iniciativa Privada y el gobierno federal en material de subcontratación.

Indicaron que la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende limitar la subcontratación atenta contra la creación y preservación de empleos formales.

Advirtieron que su aprobación en los términos en que se encuentra ahora dañaría seriamente a la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas.

«Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada», indicaron.

Enfatizaron que rechazan que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, y por el contrario, señalaron que la responsabilidad sustancial por las actividades irregulares que han sucedido en el pasado recae en la falta de supervisión adecuada de las autoridades como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Infonavit  y el IMSS, en sus actividades de fiscalización.

Aunque mostraron su desacuerdo, indicaron que están a favor de las prácticas legales que favorezcan la creación de empleos y promuevan a inversionistas con dimensión social, por ello dijeron que resulta absurdo que se pretenda generalizar y responsabilizar de las malas conductas a todas las empresas cuando los ilícitos hayan sido cometidos por una absoluta minoría.

Reiteraron su disposición al diálogo para lograr un acuerdo que reconozca y vaya en el sentido de su posición Regulación sí, Prohibición no.

«Este diálogo debe darse bajo las premisas de que la subcontratación, al ser una actividad lícita y conveniente, debe respetar las libertades de trabajadores y empresas para celebrar los contratos sin restricciones y como mejor convenga a sus intereses», señalaron.

El gobierno federal, la Iniciativa Privada (IP) y el sector sindical firmaron esta mañana un acuerdo para iniciar «de inmediato» la regularización de trabajadores subcontratados.

Con el acuerdo, se solicitó al Congreso aplazar a 2021 el debate de la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió para limitar dicho modelo de contratación.

El presidente López Obrador anunció en noviembre pasado una polémica reforma que buscaba prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del «outsourcing» y solo autorizarla en casos puntuales, lo que generó molestia en la IP.

En el convenio suscrito por el gobierno y los líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), las partes se comprometieron a resolver el abuso de la subcontratación de personal.

«Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal», dijo la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, al leer el documento en la conferencia matutina del presidente.

Detalló que entre los cuatro puntos que conforman el acuerdo está el compromiso de resolver el problema del abuso de subcontratación, por lo que las empresas iniciarán un proceso para regularizar plantillas en el marco de ley. Se discutirá un nuevo esquema de reparto de utilidades según la ley para no subcontratar personal y que la nómina quede bien definida. Se verá el impacto operativo del modelo en las empresas, las cuales pidieron un tiempo de maduración y fijaron para febrero de 2021 la discusión parlamentaria para que en 30 días posteriores a esa fecha se apruebe la iniciativa.

Finalmente, se hizo un llamado a las empresas que manejan nóminas para que dejen de desarrollar prácticas irregulares como dar de baja a trabajadores de manera masiva en el mes de diciembre.

Al retrasar el debate legislativo, se les dará mayor espacio a los patronos para adaptarse a los cambios que se requieren.

La titular de la STPS enfatizó que en el acuerdo se establece que si se detectan irregularidades se procederá administrativa o penalmente contra las empresas.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el acuerdo logrado con el gobierno y los sindicatos permitirá mejorar la propuesta de ley y «tener el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada».

Mencionó que ahora se tiene una visión distinta de lo que se puede hacer a futuro moderando el contrato de empleados en las empresas y mencionó que las empresas siempre estarán en contra de cualquier medida que afecte al trabajador.

«Los empresarios jamás defenderemos cualquier irregularidad», destacó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

AMLO dijo que el acuerdo alcanzado fue fruto de «las solicitudes de diálogo y consulta» para llegar a un acuerdo en torno a la subcontratación y el reparto de utilidades.

Finalmente Carlos Aceves, dirigente de la CTM, reconoció que hay un «outsourcing blanco y uno negro», este ultimo el que ya empezó a despedir obreros para no pagar aguinaldos ni reparto de utilidades y el cual debe ser eliminado.

El gobierno federal propuso al Congreso aplazar para el próximo año el debate de la iniciativa de ley que limita la subcontratación, según una carta entregada por el Ejecutivo a los legisladores y a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

En el documento, cuya autenticidad fue confirmada a Reuters por un funcionario y una fuente legislativa, el gobierno solicitó «respetuosamente» a los parlamentarios posponer la discusión legal de la iniciativa hasta febrero, cuando regresan de su receso.

«Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso», dice la carta.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en noviembre que la reforma buscaría prohibir la existencia de empresas dedicadas exclusivamente a subcontratar personal bajo la figura del «outsourcing» y solo autorizar la figura en casos puntuales.

Los líderes gremiales han mantenido varios encuentros con el gobierno sobre el plan, para buscar acuerdos sobre diversos puntos como definir un plazo de entrada en vigor que les permita a las empresas cumplir con lo dispuesto.

López Obrador había instado al Congreso, donde Morena tiene la mayoría, a aprobarlo lo antes posible la iniciativa.

Retrasar el debate en la Cámara de Diputados hasta febrero les daría más espacio a los empresarios para adaptarse.

Cabe señalar que el gobierno y representantes de la Iniciativa Privada se reunieron por última vez la noche del viernes en Palacio Nacional. Ayer, López Obrador dijo en su conferencia matutina que se llegaría a algún tipo de acuerdo en los próximos días y destacó que las conversaciones avanzaban bien. Incluso dijo que habría una nueva reunión la tarde de ayer.

«Estamos en muy buenos términos dialogando con el sector empresarial para que no se afecte a los trabajadores con la subcontratación (…) No existe una oposición de parte de los empresarios, ellos están de acuerdo en que no debe de haber estas injusticias. Lo que ellos quieren es que se pueda diferenciar entre los que necesitan esa subcontratación, por la especialidad de algunas empresas, y los que utilizan este mecanismo para afectar a los trabajadores. Eso es lo que estamos resolviendo», sostuvo el mandatario.

La carta entregada a los legisladores agrega que la discusión de la iniciativa se señalará como preferente para que en un plazo no mayor a 30 días pueda discutirse y en su caso aprobarse el año entrante.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reúne con integrantes del sector empresarial para explicarles y discutir la iniciativa de ley que ya envió a la Cámara de Diputados para acabar con el mecanismo de subcontratación, el llamada outsourcing.

«El propósito es que no se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo la subcontratación, en actividades que lo requieran. Y en el resto de actividades, lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores, empresas y trabajadores, ahí no permitirlo para que no se les quiten prestaciones a los trabajadores, porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social, no se le den prestaciones», explicó el mandatario.

AMLO insistió en que muchas empresas, cuando se le tiene que entregar a los trabajadores aguinaldo y otras prestaciones como las utilidades, despiden a sus trabajadores para evitar dichos pagos, y los vuelven a contratar a inicios de año.

El presidente acusó que la reforma laboral del 2012 se hizo durante el periodo neoliberal y se justificó de que, con dicho esquema, la empresa se iba a dedicar sólo a producir o a prestar servicios y que iban a tener la opción de contratar a una empresa para que se hiciera cargo de toda la relación laboral.

Sin embargo dijo, con el paso del tiempo se ha demostrado que dicha reforma significó un abuso, pues creció mucho el número de trabajadores que están bajo el sistema de subcontratación.

López Obrador dijo que se está haciendo una revisión para que no se den irregularidades, pues aunque sus detractores dicen que al prohibir la subcontratación se van a perder empleos, no tiene caso promover empleos mal pagados. Fue en ese sentido donde dijo que es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras o en El Salvador sea más elevado que en México.

El mandatario dijo que la subcontratación de acabará en general, aunque justo la revisión que se hará es para ver en qué casos sí hay una justificación para que se mantenga dicho mecanismo. Dijo que el gobierno sí tiene disposición para modificar la iniciativa si es que los empresarios prueban la necesidad, pues de otra forma, no se permitirá el modelo.

López Obrador concluyó diciendo que en el servicio público ya está resuelto el tema, pues no va a haber ninguna subcontratación.

Al exponerle los casos de maestros que se encuentran subcontratados por parte de las autoridades educativas tanto en la Ciudad de México como en otras entidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que tal como lo expuso al presentar la iniciativa que presentó al Congreso, es ilegal la subcontratación, por lo que en el gobierno desaparecerá dicha figura.

«Puede ser que en las escuelas privadas exista ese mecanismo, pero en la educación pública el responsable de la contratación es el gobierno, sea el gobierno del estado o sea el gobierno federal. No existe, no debe de existir (la subcontratación)», dijo el mandatario.

Insistió en que la subcontratación se está evitando, porque se abusó durante mucho tiempo de dicha figura; recordó que despedían a los trabajadores a finales de año para no otorgar las debidas prestaciones tales como aguinaldos, o reparto de utilidades y los volvían a contratar a inicios de año..

AMLO dijo que los buenos empresarios tienen que atender bien a sus trabajadores. Señaló que ahora con la pandemia muchos, a pesar de que cerraron sus negocios, procuraron mantener a sus trabajadores y actuaron con mucho humanismo.

Sin embargo dijo que los empresarios que usaban el mecanismos de outsourcing fueron los primeros en despedir a miles de trabajadores.

«Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia empezaron a quejarse y empecé a recibir quejas de trabajadores de estas franquicias famosas que a todos los habían despedido sin darles nada por ese mecanismo, injusto completamente. Entonces, eso vamos a buscar eliminarlo».

Al cuestionarle que el gobierno tiene contratados servicios de outsourcing, y qué pasaría con esos trabajadores si es que la iniciativa de reforma que presentó es aprobada en el Congreso, López Obrador dijo que «donde haya se termina».

Sostuvo que todos los trabajadores del gobierno que ahora estén contratados por outsourcing, el gobierno pasará a hacerse cargo de ellos y será quien siga pagando sus sueldos, pues lo que se pretende es que se regularicen todas esas plazas.

«Todo lo que pueda existir de subcontratación se termina en el gobierno (…) No creo que haya ningún problema para la regularización, no tenemos por qué tener intermediarios», añadió el presidente.

Sobre la posición de diversos líderes empresariales que criticaron la iniciativa que presentó, AMLO dijo que sí se han acercado a él distintos empresarios, a quienes les ha dicho que se iniciará un diálogo sobre el tema, aunque les ha dejado claro que «no me pidan que yo me convierta en cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores. No soy encubridor, ya para que mejor desistan».

López Obrador remató indicando que si el Congreso, si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres de así decidirlo pues es un poder independiente, pero él, el Ejecutivo, no quiere que existan dichos mecanismos que afectan a los trabajadores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó este jueves una iniciativa para prohibir la subcontratación de trabajadores, el llamado outsourcing, una práctica de la que acusó el gobierno, se ha abusado en el país  y con la que las empresas evitan cumplir con las prestaciones de ley a sus trabajadores.

La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) explicó que hay empresas que suelen subcontratar empleados a agencias temporales o empresas externas con el fin de evitar gastos. Esos trabajadores laboran frecuentemente en las instalaciones de la compañía pero reciben de otra empresa su salario, que muchas veces está por debajo del de mercado. A su vez, es común que sean despedidos cada cierto tiempo para no generar derechos.

En este sentido, el presidente López Obrador denunció que la tendencia es el despido masivo de trabajadores a fin de año para que no tengan antigüedad.

Luisa Alcalde explicó que la propuesta prohibirá la subcontratación de trabajadores salvo que sea para servicios u obras especializadas y establecerá que las agencias de empleo sólo puedan reclutar o formar a trabajadores pero no contratarlos en sustitución de sus clientes.

«El trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía, por ello proponemos una reforma integral en beneficio de los trabajadores, de empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública», dijo Alcalde.

La funcionaria enfatizó que habrá multas para quienes no cumplan la norma y hasta acusaciones de defraudación fiscal.

Alcalde ofreció dos ejemplos reales aunque no identificó a las compañías: un grupo empresarial que tiene más de 250,000 trabajadores que no se dedican a ninguna actividad y sólo se transfieren a otras empresas y un hotel del Caribe con 802 trabajadores de los cuales sólo dos tienen contrato directo con dicho hotel.

La secretaria del Trabajo detalló que según estimaciones oficiales hay alrededor de 4.6 millones de ciudadanos trabajando bajo ese esquema, que calificó de «simulación en la relación laboral» y que les perjudica en su antigüedad, pensiones, indemnizaciones por despido y bajas por maternidad o accidente.

Recordemos que el presidente López Obrador ya había adelantado hace semanas su intención de terminar con esta modalidad de contratos. Con la propuesta se busca además controlar el subregistro, el despido de trabajadores en diciembre y la afectación a Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La iniciativa que firmó esta mañana en Palacio Nacional será enviada este mismo jueves a la Cámara de Diputados. AMLO confió en que los legisladores aprobarán la propuesta «ojalá se pueda hacer pronto para evitar estos abusos».

Las contradicciones en el gobierno de la Cuarta Transformación no acaban. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha anunciado su intención de acabar con empresas que se dedican a la subcontratación, el llamado outsourcing, su administración ha asignado contratos por al menos 5 mil millones de pesos a una docena de compañías dedicadas a este mecanismo.

Apenas ayer el presidente criticó a dichas empresas, a las que calificó de “coyotes y traficantes de influencias».

«Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros, y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencia, que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores y se afecta a los trabajadores».

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que entre 2019 y 2020 el gobierno federal a asignado más de 50 contratos a empresas de outsourcing, por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos.

Dichos contratos han abarcado prácticamente todas las áreas del gobierno: Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, Marina, Sedena, Cultura y Educación, así como en Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, INEA y centros de investigación.

MCCI señala que en 2019 los contratos superaron los 3 mil millones de pesos, aunque la mayoría tenían cobertura por más de un año. Hasta inicios de octubre de 2020 se habían sumado casi 2 mil millones de pesos más en asignaciones a empresas de outsourcing.

Como ejemplo señala al Banco del Bienestar, uno de los proyectos emblema del gobierno de López Obrador. Dicha dependencia es la que más dinero ha gastado en contratar empresas de outsourcing. En 2019 pagó 408 millones de pesos a cuatro empresas de este tipo y en lo que va de 2020 el monto se elevó a 463 millones.

“Se considera plenamente justificada la necesidad de llevar a cabo la contratación de los servicios técnicos y administrativos por outsourcing, ya que al no contar con dichos servicios, el impacto negativo en lo social, económico y financiero sería muy alto, aunado a que podría traer como consecuencia la falta de credibilidad en el actual gobierno, ya que uno de sus principales ejes rectores es la entrega de recursos de programas sociales”, se menciona en un anexo del contrato asignado por el Banco de Bienestar a la empresa KOM Business SA de CV.

De esta manera, la 4T ha defendido el esquema de outsourcing, pese a la postura pública que esta semana asumió el presidente, quien ha dicho que la subcontratación ayuda a eludir el pago de prestaciones a los trabajadores.

 

Investigación completa disponible en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles que buscará prohibir la subcontratación laboral, el outsourcing, pues reiteró, permite la evasión fiscal de «mucho más» de 21,000 millones de pesos.

«Ya lo intentamos, pero hay quienes no ayudan. Son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores. Hay muchos empresarios responsables, pero hay otros y en sentido estricto ni siquiera son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias», afirmó esta mañana en su conferencia de prensa.

Previo a la pandemia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reportó la existencia de 6,000 empresas que se dedican a la «subcontratación abusiva» y de 5 millones de trabajadores bajo el esquema de «outsourcing».

«Cuando empezó la pandemia, empezaron a manifestarse muchos trabajadores, que los estaban despidiendo sin reconocerles ningún derecho y no era propiamente una empresa», denunció el presidente.

La intención de AMLO, expresada desde ayer, ocasionó diversas reacciones entre as que se encuentra la de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que alertaron que desaparecer esta figura resultaría en despidos masivos.

«La subcontratación es una modalidad de la relación laboral que se debe preservar. Muchas empresas realizan esa actividad con legalidad. La amenaza del presidente de promover una iniciativa para prohibir el ‘outsourcing’ implicaría la pérdida de millones de empleos», afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex.

Aunque prometió analizar los reclamos, el mandatario insistió en que hará una reforma que «no puedan burlar de nuevo» al reiterar que todos los empleados formales deben recibir un «salario justo» y estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

López Obrador presentó esta mañana datos del IMSS que muestran que sólo 59% de las cerca de 20 millones de plazas formales registradas son permanentes, mientras que el resto son eventuales. Aseguró que eso permite despedir a trabajadores a finales de año para evitar el pago de prestaciones y después recontratarlos en enero sin derecho a antigüedad.

Recordemos que el outsourcing es parte de la reforma laboral de 2012, que promulgó el expresidente Felipe Calderón, y permite que una empresa pueda delegar a una tercera la prestación de servicios, lo que permite hasta 50% de reducción de costos.

«Se abusó. Son las llamadas reformas estructurales, que no se hicieron pensando en beneficiar los trabajadores, no se hicieron pensando en beneficiar al pueblo: se hicieron pensando en beneficiar a un grupo, a una minoría», remató López Obrador.

El Gobierno de México informó esta mañana que se detectó un total de mil 200 empresas con posibles esquemas de subcontratación ilegal que concentran a 862 mil 489 trabajadores que ven afectados sus derechos laborales.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se explicó que se investiga a las compañías que violan la ley. Además se refirió que en el último mes de 2019 despidieron de manera masiva a miles de trabajadores.

“Fueron 380 mil trabajadores despedidos en diciembre y esto tiene que ver con todas las prácticas que vienen de tiempo atrás para no reconocer los derechos de los trabajadores, no pagar impuestos. Queremos informar sobre este tema porque ya se modificó la ley, por lo cual ya es un delito la evasión de impuestos. Vamos a actuar y se aplica la ley, no se pueden permitir estos casos», dijo el mandatario.

Por su parte la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Maria Alcalde, explicó que las prácticas de subcontratación ilegal han ido creciendo en el país, pues para el 2019 se contabilizan 5 millones de trabajadores en este esquema y 6 mil empresas que realizan subcontratación abusiva.

En tanto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, aseguró que las prácticas agresivas de subcontratación afectaron a más de 64 mil trabajadores en México, y refirió que las grandes empresas que operan en este esquema son mineras, de servicios informáticos, call centers y producción de alimentos, entre otras.

Robledo indicó que dichas prácticas ilegales afectarán a las empresas que las realizan, porque se someterán a revisiones dentro de los operativos organizados por dependencias como la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal.

En ese sentido, el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, exhortó a las empresas a no hacer uso del outsourcing o subcontratación ilegal y a que se acerquen a las autoridades correspondientes para regularizar su situación, pues ahora la ley permite castigar a quienes lleven a cabo esta práctica.

Indicó que luego de las reformas hechas, ahora es posible perseguir como delincuencia organizada a todas aquellos empleadores que mantengan esquemas de subcontratación ilegal para evadir impuestos.

Romero Aranda mencionó que quien contrate servicios de outsourcing ilegal o de compra de facturas falsas, incurrirá en el delito de delincuencia organizada y puede tener una condena de hasta 14 años de prisión.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su rechazo a la iniciativa que busca modificar la regulación de la subcontratación, actualmente en la Ley Federal del Trabajo.

Expuso que lo anterior afecta a las empresas productivas y sostenibles, las cuales utilizan el trabajo bajo el régimen de la subcontratación (outsourcing) y podría inhibir la creación de más empleos y ahuyentar a inversionistas.

En un comunicado, la Coparmex enfatizó que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de subcontratación y que se encuentra en proceso en el Senado de la República, representa “un grave error».

Indicó que dicha proyecto busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo.

Consideró que la Ley Federal del Trabajo no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas.

Al sector empresarial, subrayó, le preocupa que algunos legisladores, al referirse a la tercerización o subcontratación, digan que se debe limitar a actividades indirectas que sean ajenas a las preponderantes o prioritarias en una empresa.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) también se refirió sobre dicho proyecto. Acusó que el senador de Morena, Napoléon Gómez Urrutia, convocó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social que preside, para, de manera unilateral y sin diálogo previo, aprobar la reforma que prohíbe la subontratación.

«Se trata de una iniciativa preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, que tendría consecuencias gravísivas para la economía de México y de todos los mexicanos», indicó el CCE.

Coincidió en la idea de que la reforma generará un alto grado de incertidumbre, y pondría en riesgo la inversión nacional y extranjera.