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Las autoridades migratorias del país evalúan otorgar tarjetas de visitante por razones humanitarias a los miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos y haitianos, que integran la caravana que salió el fin de semana pasado de Tapachula, Chiapas, y que se encuentra en su camino a la Ciudad de México

La caravana, conformada cerca de 5 mil personas, llegó este viernes a Acacoyagua, aún en Chiapas, tras avanzar unos 5 kilómetros desde su última parada. En este municipio el activista Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana (CDH), explicó a medios que se reunió con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) para evaluar esta posibilidad.

La reunión de migrantes y activistas se dio con Héctor Martínez Castuera, director general de Coordinación de Oficinas de Representación del INM en la región, para poder dialogar y analizar la propuesta de regularización.

“Las palabras textuales del funcionario Héctor Martínez Castuera es que es una propuesta del Estado mexicano y un compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de regularizar a los miembros de la marcha”, apuntó García Villagrán.

Esos documentos de regularización se tendrían que entregar en al menos unos tres días, pero lo primero que se va hacer es determinar la logística y operatividad, pues se está proponiendo enviar a los migrantes a seis estados del país, agregó.

Ayer, el INM ya había informado que, bajo los principios de respeto a la unidad familiar, salvaguarda de los derechos humanos e interés superior de la niñez, se otorgarán tarjetas de visitante por razones humanitarias a mujeres embarazadas y menores de edad que integran la caravana de personas migrantes.

El anuncio del INM alegró y llenó de esperanzas a los migrantes que forman esta caravana, donde viajan muchas familias con niños y adolescentes.

La caravana ha avanzado unos 90 kilómetros en total tras partir de Tapachula, de los más de 1,100 kilómetros que hay hasta la Ciudad de México, donde quieren llegar para exigir papeles migratorios, antes de avanzar hacia Estados Unidos.

La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año, con un flujo histórico de 147,000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplaudió que la denuncia que hiciera, en repetidas ocasiones en sus conferencias matutinas, sobre la entrega de tarjetas por parte del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León tuviera “efecto”.

“Qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia porque es un mal que se entreguen tarjetas o despensas o se compren votos en las elecciones”, dijo AMLO.

Y es que el mandatario fue cuestionado sobre que la práctica de entregar tarjetas de apoyo económico como promesa de campaña por parte de otros candidatos en diversas partes del país, entre los que se encuentran abanderados de Morena y del Partido Verde, aliado de su gobierno.

Al respecto, AMLO pidió que se denuncien todos los intentos de compra de votos “sean del partido que sean”.

“Hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada”, expresó el mandatario.

Recordemos que a menos de un mes de las elecciones del próximo 6 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que investiga por delitos electorales a los candidatos a gobernador de Nuevo León del Movimiento Ciudadano (MC) y del PRI, Samuel García y Adrián de la Garza, respectivamente, ambos punteros en las encuestas.

López Obrador reveló ayer que su gobierno está detrás de esta investigación, lo que provocó que en redes sociales se señalara que candidatos de Morena, como Clara Luz Flores en Nuevo León, o Carlos Lomelí, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, o Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde al gobierno de San Luis Potosí. Todos, se ha documentado, han prometido tarjetas con apoyos económicos si ganan los comicios.

López Obrador opinó que ofrecer dinero de esta manera “está muy mal” y “es antidemocrático”, puesto que “el voto tiene que ser libre y secreto”. “Si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno”, añadió.

Al respecto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que López Obrador rompió el principio de “imparcialidad” al admitir que había “metido las manos en la elección” con su denuncia contra los candidatos opositores.

Sin embargo, AMLO restó importancia a las declaraciones del consejero del INE, e incluso acusó que Córdova “no es un demócrata” y que “lo ha demostrado suficiente”. “Un demócrata no puede permitir que se compren votos, no se puede hacer la vista gorda ante un fraude”, arremetió.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México informó que tras el proceso de Licitación Pública Nacional, la empresa encargada de la producción y gestión de recursos de las tarjetas que se entregarán al sector de transporte público por concepto de bonos de combustible será: Sí Vale México, S.A. de C.V.

“Con esto se permitirá dar puntual seguimiento y comenzar a materializar los acuerdos establecidos con el sector de transporte público colectivo concesionado en febrero 2020, en el marco del Programa Integral de Mejoras en el Transporte Público para la Ciudad de México”, indicó la dependencia.

Recordó que la Licitación fue publicada el 27 de abril en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y compraron las bases para participar: Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V.; Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V.; Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.; Infraestructura Omega & ZION, S.A. de C.V.; EFECTIVALE, S. de R.L. de C.V.; Edenred México, S.A. de C.V.; FINUTIL, S.A. de C.V. y Sí Vale México, S.A. de C.V.

Al revisar la documentación legal, administrativa, así como propuesta técnica y económica de cada una de las personas morales participantes, las finalistas resultaron ser: Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V.; Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V. y Sí Vale México, S.A. de C.V.

Sin embargo, la empresa ganadora fue Sí Vale México, S.A. de C.V., ya que SEMOVI indicó que cumplió con la totalidad de los requerimientos legales, técnicos y económicos. Asimismo, presentó la oferta económica más competitiva y una amplia cobertura de puntos de venta de combustible de entre todas las empresas participantes.

La licitación se produjo luego de que el gobierno capitalino anunciara la entrega de apoyos para la adquisición de combustible, durante 5 meses, por un apoyo económico de 4 mil pesos, para unidades de rutas  de transporte, y de 6 mil pesos para corredores de transporte público colectivo concesionado.

Los apoyos buscan hacerle frente a las afectaciones que el transporte en la capital ha sufrido debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, respondió a través de un comunicado, a las diversas quejas de usuarios que se han presentado en los módulos de tarjetas recargables (con personal de apoyo en el periodo de transición), donde se solicita el reembolso de saldo, pues sus plásticos no fueron reconocidos por el lector del torniquete.

Se indicó que personal del Metro, tras realizar la verificación, detectaron que se trata de tarjetas antiguas, recubiertas con la imagen de la nueva Tarjeta de Movilidad Integrada “#MiTarjeta”.

Se informó que las tarjetas con saldo ilícito, se adquirieron y/o recargaron de forma ilegal y al momento de presentarlas en el sensor, son rechazadas con la leyenda “Saldo inválido o “Tarjeta no autorizada.

Aclaró que, en caso de ser una tarjeta lícita que haya sido recargada en un lugar no autorizado, el saldo será anulado y no podrá ser recuperado. El Metro indicó que el plástico podrá usarse sólo si se recarga en las taquillas o máquinas expendedoras autorizadas.

Del 21 de enero al 1 de febrero, se han rechazado más de 23 mil tarjetas con saldo ilícito en las 195 estaciones de la red.

“Del 21 de octubre al 1 de febrero, la Gerencia de Atención al Usuario del Metro CDMX tiene registro de 906 tarjetas de Movilidad Integrada que fueron llevadas por usuarios a los módulos de Tarjeta Recargable para solicitar reposición de saldo, sin embargo, en la verificación de los plásticos se detectó que fueron intervenidos con recargadas de saldo ilícito, por lo que éste se invalidó al pasar por los torniquetes”, señaló el organismo.
Finalmente, el Metro hizo un llamado a los usuarios a adquirir y recargar la tarjeta de Movilidad Integrada, únicamente en taquillas y máquinas expendedoras del STC o bien, en los transportes que conforman la Red de Movilidad Integrada, “hacerlo evitará que sean víctimas de fraude”.

A días de que se lleve a cabo la jornada electoral del 2 de junio, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que la entrega de las tarjetas del Bienestar, por las que el gobierno federal entrega los apoyo de los programas sociales, no afecta la equidad en la contienda.

Y es que la Comisión declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador; la Secretaría de Bienestar y Morena, por presunta promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental, uso indebido de recursos públicos y coacción del voto.

La Comisión determinó improcedentes las medidas cautelares respecto a la distribución de la carta que acompaña a las tarjetas, en las cuales, el PAN señaló que se incluyen expresiones vinculadas con el triunfo de Morena en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, lo cual podría constituir promoción personalizada y difusión de propaganda gubernamental en período prohibido.

“No se desprende indicio alguno respecto de la existencia y distribución de la carta referida, por lo que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una perspectiva preliminar, no es posible dictar una medida cautelar respecto de hechos cuya existencia no está acreditada”, concluyó la Comisión.

En lo que respecta al uso indebido de recursos y coacción del voto derivado de la entrega de las tarjetas, la Comisión concluyó declarar improcedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas, debido a que indicaron que no está prohibida per se la entrega de beneficios de los programas sociales durante  los procesos electorales, aunado a que la distribución de dichas tarjetas se realiza a domicilio; a través de servidores públicos adscritos a la mencionada Secretaría o, se recoge por parte del beneficiario en las oficinas de las delegaciones referidas, sin que exista evidencia de que su entrega se realice en eventos masivos o en otra modalidad que pudiera afectar la equidad en la contienda electoral, además de que no se realiza la entrega de propaganda gubernamental que pudiera coaccionar o influir el voto de los ciudadanos en los estados con Proceso Electoral Local 2019.

Recordemos que este 2 de junio se celebrarán elecciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

La excandidata del PVEM a la alcaldía de Puebla, Paola Migoya, utilizó sus redes sociales para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y acusarlo de condicionar la entrega de apoyos gubernamentales.

Migoya compartió la imagen de un tarjeta del Bienestar, mediante la que se entregan los apoyos de los programas sociales. Se intuye que en este caso se trata de un beneficiario de los apoyos a los adultos mayores.

En la imagen, la poblana acusa que al recibir el apoyo, a los beneficiarios se les prohíbe criticar al gobierno federal, votar por los candidato de Morena cual fuera su trayectoria política, así como acatar fielmente todo lo que la 4T les indique.

Sin embargo, los internautas rápidamente contestaron a lo expuesto por la excandidata y le sugirieron tomar algunos cursos de photoshop, debido a que la imagen que compartió era un montaje, es decir, una ‘fake news’.

Los usuarios le hicieron notar la verdadera imagen, en donde se leen instrucciones de cómo usar la tarjeta, tales como firmar el plástico, no compartir el NIP,  no aceptar la ayuda de entraños cuando acudan al cajero, entre otras.

Cuestionaron el papel de Migoya como “oposición” al gobierno federal, pues indicaron que lejos de inventar acusaciones, deberían de trabajar por problemas que realmente afecten al país y a los mexicanos.

Este domingo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó el lanzamiento del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”.

El evento se llevo a cabo a las 11:00 horas en Valle de Chalco, Estado de México.

Acompañado por el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, el tabasqueño comenzó con el reparto de las primeras tarjetas en donde se depositaran los recursos a las personas de la tercera edad. Cabe recordar que el duplicar la pensión fue una de sus principales promesas de campaña.

El mandatario explicó que tendrán acceso a este programa los adultos de más 68 años, y desde los 65 años en las comunidades indígenas.

El presidente señaló que al programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” se destinarán 100 mil millones de pesos y aseguró que ya se realiza un censo para que personas pensionadas reciban también este apoyo.

Asimismo, destacó que a partir de mañana, 2 millones 500 mil adultos mayores recibirán sus tarjetas.

De igual forma, el tabasqueño comentó que la entrega de estos apoyos será de manera directa, sin organizaciones o personas intermediarias, con el fin de que los recursos lleguen intactos.

 

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó que a partir del martes 1 de enero de 2019 dejará de recibir, en las 133 plazas de cobro que administra, el pago de peaje mediante tarjetas de crédito y débito.

Indicó que la medida tiene como propósito brindar un mejor servicio y agilizar el cruce de los usuarios por la red de puentes y autopistas que opera el organismo en el país.

Aclaró que los pagos vía dispositivos de pago, TAG, seguirá vigente como hasta ahora.

Adelantó que al aceptar pagos en efectivo y vía TAG, el ahorro en el tiempo de cruce se reducirá significativamente, ya que el lapso destinado para el cobro con tarjetas de crédito o débito era hasta seis veces mayor.

Caminos y Puentes Federales exhortó a los usuarios a que adquieran un TAG-IAVE para hacer más eficiente sus traslados, pues indicó que no habrá prórrogas en la entrada en vigor de la nueva disposición.

 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral descartó la aplicación de medidas cautelares en contra de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, por la repartición de tarjetas del programa Ingreso Básico Universal, lo cual había sido denunciado como una acción de presunta compra y coacción del voto.

De acuerdo a lo señalado por la presidenta de la comisión, Adriana Favela, las tarjetas en cuestión son propaganda que busca dar a conocer una propuesta y debido a que todas cuentan con los mismos 16 dígitos de una tarjeta bancaria, no podrían funcionar de forma personalizada.

“Tienen como finalidad dar a conocer esa propuesta, si fuéramos más allá, y uno puede advertir que tienen los mismos números, no hay una tarjeta como tal porque es un cartón. Es exactamente el mismo número de la tarjeta”, dijo Favela.

Luego de descartar las solicitudes que fueron presentadas por el PRI y Morena, al señalar que la entrega de tarjetas no influye en la decisión de los votantes, la consejera electoral dijo que lo que debe analizarse sobre el caso, es la obtención de datos como el domicilio o el nombre de los ciudadanos.

Y es que, de acuerdo con algunos reportes, varias tarjetas que promueven este programa del candidato panista fueron entregadas en domicilios particulares, en sobres personalizados con los datos de los inquilinos.

Tras la decisión,  la consejera Pamela San Martín, quien participó de la discusión con voz, pero sin voto, afirmó que estas tarjetas atentan contra la libertad del sufragio, pues podrían ser una forma de presionar a la ciudadanía.

Luego de que se revelaran presuntas irregularidades en el reparto de tarjetas del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para los damnificados del sismo de septiembre pasado, el Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero (Bansefi), Virgilio Andrade, reconoció que mil 485 tarjetas estaban repetidas por un “error de censo”.

 

En conferencia de prensa el funcionario federal aseguró que el dinero correspondiente a dichas tarjetas no fue utilizado, sino que hubo una devolución a la cuenta concentradora de Bansefi desde donde se administran los recursos del Fonden.

 

“Los 68.8 millones de pesos están en manos de Bansefi, debidamente entregados o en la cuenta concentradora que el Banco tiene (…) había repetición de nombres, fueron canceladas y regresadas desde el 18 de diciembre”, dijo el funcionario federal.

 

Andrade adelantó que existen expedientes de cada una de las tarjetas duplicadas con los datos de quien las recibió, y que será lo que entreguen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el próximo 6 de febrero. “Es lo que vamos a entregar a la autoridad para explicar que no hay un solo peso desviado, no ha ido a ninguna parte, ni está en un escondite, ni en incertidumbre de dónde fue el dinero. Nadie dispuso de ese dinero”.

 

Explicó que la duplicación de tarjetas se debió a que tras una operación rápida para atender la emergencia del sismo del 7 de septiembre, se desplegó a un numero elevado de funcionarios y colaboradores de Sedatu, y “se requirió toda la infraestructura del Gobierno, varias personas participaron. Lo hicieron en el campo donde pueden pasar varias veces (a un mismo domicilio) o dependencias distintas”.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de la polémica que se desencadenara al saberse de la presunta clonación de tarjetas que Bansefi entregó a los damnificados del sismo de septiembre pasado como parte del programa de Fonden, la institución negó que cualquier fraude o desvío de recursos.

 

 

A través de un comunicado, Bansefi negó “la existencia de fraude o desvío de recursos en el proceso de entrega de tarjetas bancarias Fonden” que dicha dependencia controló. Detalló que “toda la ayuda ha sido depositada debidamente a los beneficiarios conforme al tipo de daño determinado por la autoridad”.

 

El banco reconoció que “se presentaron incidencias en las operaciones y en la información de los potenciales beneficiarios derivadas de la urgente necesidad de emprender su atención inmediata”, sin embargo aclaró que todo el proceso de entrega tendrá “actualizaciones y correcciones”.

 

A pesar de que en la entrega de ayer, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalló que buscó a Bansefi para obtener su posicionamiento al respecto y ésta no quiso dar declaración alguna, la institución “invitó” a MCCI a que “acudan a nuestra institución y requieran toda la información que sea útil para efectos de máxima transparencia”.

En un segunda entrega de la investigación que se ventiló ayer, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer este martes que si bien Bansefi clonó a damnificados del sismo, se detalla cómo fue que se operó el retiro de los recursos.

 

Compras realizadas, con poco tiempo de diferencia, en lugares alejados de Oaxaca y Chiapas de donde son los damnificados que en cuestión; cientos de transacciones por un solo peso y retiros efectuados, incluso, antes de que llegaran los plásticos a manos de los afectados por los terromotos. Para extraer el dinero se utilizaron terminales bancarias de un supermercado, dos pizzerías y una tienda de telefonía celular ubicadas en Veracruz, Jalisco y Quintana Roo. Hasta ahora, sólo se confirmó la clonación de 249 tarjetas; el número podría ser mayor.

 

La CNBV señala que Bansefi carece de mecanismos para detectar y bloquear estas transacciones fraudulentas.

 

A unas siete cuadras de la playa de Boca del Río, en Veracruz, está la tienda Chedraui en donde, durante once días, del 23 de octubre y hasta el dos de noviembre de 2017, se hicieron cargos a 82 tarjetas entregadas a los afectados por los sismos de septiembre pasado; el supermercado de Boca del Río es uno de los cuatro establecimientos comerciales que de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se mencionan como los sitios desde donde se realizaron cargos a las tarjetas de débito clonadas a damnificados de Chiapas y Oaxaca. Los otros tres comercios son una pizzería de Guadalajara, Jalisco; otra del Puerto de Veracruz; así como una tienda de celulares en Cancún, Quintana Roo.

 

Buena parte de los cargos se realizaron, incluso, antes de que se entregaran las tarjetas a los afectados por los terremotos. Y esto ocurrió porque Bansefi, instancia responsable de depositar el dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a las tarjetas y de repartirlas, carece de mecanismos que permitan prevenir fraudes en los plásticos que emite, de acuerdo con la investigación de la CNBV.

 

Hasta el pasado 22 de noviembre, 258 damnificados habían denunciado que las tarjetas entregadas por Bansefi registraban cargos que ellos no reconocían. La CNBV confirmó que 96.5% de esas tarjetas sí fueron hackeadas y se extrajeron a través de ellas, de manera ilegal, dos millones de pesos.

 

El fraude, sin embargo, podría ser mayor: la CNBV encontró que el mismo modus operandi se utilizó para realizar transacciones irregulares en cientos de tarjetas más, de las cuales no se tenía denuncia hasta el 22 de noviembre.

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El Secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero, reprochó al gobierno federal no darle celeridad  al tema de la reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado en Oaxaca y Chiapas y  de manera fraudulenta utilicen los recursos económicos para fines electorales, afectando gravemente a las familias damnificadas.

 

“Es imperdonable que el gobierno federal no haya puesto la atención suficiente y se hayan dado tarjetas para la reconstrucción con el mismo nombre a más de 30 personas  y que con ello se cometiera  fraude, es un tema muy sensible y vulnerable para  la sociedad mexicana quienes  esperan  ayuda y atención por las pérdidas materiales que sufrieron” enfatizó el perredista.

 

Recalcó que ese dinero de las tarjetas, “dinero saqueado”, tenga tintes electorales en dichos estados y se juegue con la pobreza de la ciudadanía en lugar de generar políticas públicas para acortar la desigualdad.  “Desafortunadamente es sabido que ese es el juego y el actuar de los gobiernos priistas para obtener votos, aprovechándose de la condición de pobreza de las personas”, enfatizó.

 

Finalmente el Secretario General demandó que el desvío de recursos utilizados para la “reconstrucción” sea investigado a fondo y que los culpables sean sancionados y se les finquen responsabilidad penal, sean de Bansefi  o de cualquier dependencia federal.

 

“La gente espera de manera desesperada apoyo para la reconstrucción de sus viviendas y es imperdonable que no se haya atendido esta lamentable situación de manera inmediata por parte del gobierno federal”, finalizó Ávila Romero.

 

Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) encontró irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre pasado, y es la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad quien ventila el expediente.

 

De acuerdo a lo difundido, Bansefi habría emitido múltiples tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios. La autoridad bancaria documentó que a esos plásticos se depositaron 68.8 millones de pesos, y fue MCCI quien buscó a los  damnificados cuyos nombres aparecen con más de 34, 26, 18, 16 y hasta 14 tarjetas, y de todos ellos, hay quienes ni siquiera recibieron una tarjeta.

 

Reynaldo Molina Espinoza, de la comunidad de Tenochtitlán, Villaflores en Chiapas, sigue trabajando en la reconstrucción de su casa, misma que fue marcada como apta para ser demolida; sin embargo Reynaldo decidió no tirarla pues sólo recibió una tarjeta con 15 mil pesos, “con eso no alcanza para hacer de nuevo la casa”, dijo a MCCI.

 

Sin embargo en los registros de  Bansefi, el nombre de Reynaldo Molina Espinoza aparece en 34 tarjetas, a las cuales se les depositó un total de 510 mil pesos.

 

 

De acuerdo con la pesquisa de 90 páginas, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para 1,495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3,079 plásticos de más. En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 millones de pesos; es decir poco más de 3.6 millones de dólares.

 

En la investigación de la autoridad bancaria se mencionan los once nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos. Además, señala que otras 1,484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, solo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo.

 

MCCI localizó a cinco de esos once damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 34 y 10 tarjetas. Los cinco viven en comunidades marginadas de Chiapas, ninguno recibió tarjetas de más. Incluso, a dos de ellos no se les ha entregado ningún tipo de apoyo federal: ni una tarjeta.

 

Para corroborar que las cinco personas que se localizaron son los mismos que se menciona en la investigación de la CNBV, MCCI buscó sus nombres en una base de datos de damnificados por los sismos, a la cual se tuvo acceso, y en la cual aparece la totalidad de los once casos resaltados por la autoridad bancaria a cuyos nombres se emitieron más tarjetas de las debidas. En esa base de datos se incluye la comunidad en la que viven, así como el número de folio y de tarjeta que les dieron. Cuando se visitó a cinco de esos damnificados en sus comunidades y se revisó sus números de folio y de tarjeta, estos eran exactamente los mismos registrados en la base de datos.

 

 

 

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), por unanimidad, determinó sancionar a los partidos políticos que contendieron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 con un monto global que asciende a 36.9 millones de pesos, por el contrato de tarjetas para el pago de representantes de casilla.

 

 

El Instituto señaló que dicha conducta, constituye una aportación de ente prohibido, a través de la dispersión de recursos en tarjetas BBVA Bancomer, cuya contratación fue realizada por la empresa Logística Estratégica Asismex en beneficio a representantes generales y de casilla.

 

Los partidos que se vieron involucrados y sus sanciones fueron:

 

Sanciones

Coalición Compromiso por México

PRI

$29,340,004.00

PVEM

$964,000.00

Coalición Movimiento Progresista

PRD

$1,500,000.00

PT

$1,648,000.00

PMC

$964,000.00

PAN

$1,484,000

Nueva Alianza

$978,000.00

 

 

El Consejero Electoral Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, afirmó que este es un ejemplo de financiamiento paralelo, irregular y opaco para pagar la operación electoral de aquel 1 de julio de 2012. “Una empresa con las características típicas de una empresa fachada o fantasma, que se fondea de recursos de empresas igual de irregulares, hace un contrato con una Institución Bancaria para dispersar recursos a miles de personas, y realiza pagos a cuatro días de la Jornada Electoral”.

 

Por su parte el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, refirió que este asunto es un ejemplo de lo que se quiere lograr con la fiscalización, y cuyo propósito “no es hundir a nadie ni sancionar a los partidos políticos como si éste fuera un fin en sí mismo, sino recuperar la dignidad de la política democrática, entendida ésta como el juego limpio, como el juego transparente por el poder político”.

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó, por unanimidad de votos, el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

 

Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Morena, Verde Ecologista de México (PVEM) y Acción Nacional (PAN), interpusieron diversos recursos de apelación, con el propósito de revocar las modificaciones, por considerarlas contrarias a disposiciones constitucionales y legales, así como a los principios de certeza jurídica, objetividad, legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

 

Si bien los magistrados del TEPJF indicaron que el INE no vulneró los principios de certeza y legalidad con las modificaciones realizadas al Reglamento de Fiscalización, debido a que no implicaron modificaciones sustanciales o fundamentales de alguna etapa de los procesos electorales o del modelo de fiscalización.

 

En cambio, el Pleno del TEPJF dio marcha atrás a las disposiciones donde específicamente se prohibía la entrega de tarjetas durante las campañas electorales. “Porque la responsable incorpora en el reglamento una hipótesis que está reservada, a mi modo de ver, al legislador ordinario, sobre qué pueden o no hacer los partidos políticos y candidatos independientes durante los procesos electorales, así como las consecuencias que se generarían en caso de ser inobservada dicha disposición”, dijo el magistrado José Luis Vargas.

 

Con dicho posicionamiento se abre la puerta para que en su momento, el tribunal sea quien determine la legalidad de este tipo de propaganda que fue utilizada por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con su llamada “tarjeta rosa”.

 

 

Entre los cambios que realizó el organismo, estuvo la revocación de la intención de la autoridad electoral de eliminar la obligación de publicar en el Diario Oficial cualquier reglamento nuevo. Adicional reconocieron que el gasto que se erogue por concepto de representantes de casilla serán considerados gastos de campaña; mismo caso respecto a los conteos rápidos y las encuestas que los partidos paguen, y que deberán ser considerados gastos de campaña.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO