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El exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, condenado a principios de este año en Estados Unidos por haber aceptado millones de dólares en sobornos de narcotraficantes, está buscando un nuevo juicio, argumentando que ha encontrado pruebas de que testigos clave mintieron.

Los abogados del exfuncionario mexicano, quien de 2006 a 2012 encabezó la lucha contra los cárteles de la droga, dijeron en un expediente judicial este viernes que también habían encontrado evidencia de que los testigos que cooperaron con los fiscales se habían comunicado inadecuadamente entre sí antes del juicio.

“El señor García Luna fue declarado culpable de cargos de los que es inocente”, escribieron sus abogados en un memorando presentado ante el tribunal federal de Brooklyn, donde se celebró el juicio a inicios de año. “Dejar que se mantenga el veredicto sería una injusticia manifiesta”, agregaron.

Los fiscales deben responder a la petición de la defensa de García Luna, antes de que el juez de distrito Brian Cogan decida en última instancia si ordena o no un nuevo juicio. Todo indica que solicitarán que se desestime la solicitud y se mantenga el proceso que ya se llevó a cabo.

García Luna, de 55 años, es uno de los funcionarios mexicanos de más alto rango jamás acusado de vínculos con el narcotráfico.

Fue condenado por cinco cargos criminales después de que los fiscales dijeran que aceptó sobornos del Cártel de Sinaloa, liderado en el pasado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de protección, paso seguro para cargamentos de cocaína y avisos sobre próximas operaciones policiales.

García trabajó estrechamente con las agencias de inteligencia y antinarcóticos de Estados Unidos como parte de la ofensiva del expresidente Calderón contra los cárteles.

Los abogados defensores también dijeron que los fiscales no entregaron pruebas que demuestren que la DEA, la CIA y otras agencias gubernamentales de Estados Unidos realizaron verificaciones de antecedentes de García ni de los servicios de seguridad con los que trabajó mientras estuvo en el cargo.

El juez deberá resolver antes del 1 de marzo si concede el nuevo juicio o no, fecha en que se tiene programado el dictado de sentencia.

El juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, podría concluir mucho antes de las ocho semanas inicialmente previstas, según un escrito de la fiscalía estadounidense.

“El gobierno anticipa que probablemente terminará su alegato el martes por la mañana”, se lee en una carta dirigida al juez instructor Brian Cogan, y que fue firmada por el fiscal del tribunal de Brooklyn que instruye el caso, Breon Peace.

No obstante, se espera que una vez finalizados los alegados de la fiscalía, la defensa presente sus propios testigos, para luego dar paso a los alegatos finales.

Inicialmente, el juez había estimado una duración de en torno a ocho semanas para el juicio contra el funcionario mexicano de mayor rango juzgado en Estados Unidos.

Según la fiscalía neoyorquina, el que fuera director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2005 y secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 ayudó al Cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua por la justicia estadounidense, a introducir 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos, convirtiéndose en un “miembro” más de la conspiración delictiva.

En la carta, la fiscalía anuncia que hoy pretende interrogar a cuatro testigos más, aunque debido a problemas de logística con uno de los testigos más “significativos”, la sesión concluirá antes.

El último testigo, el exfiscal del estado de Nayarit Edgar Veytia, que cumple 20 años de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas, aseguró que según le habían dicho, Calderón instruyó a funcionarios del gobierno a que apoyaran al cártel de Sinaloa, aunque no presentó pruebas de dichas acusaciones.

Calderón contestó vía redes sociales negando “categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy (martes) el testigo Veytia. Lo que señala sobre mi es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”.

A lo largo de dos semanas y media han desfilado una serie de testigos de la fiscalía, entre ellos, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, que acusaron a García Luna de recibir millones de dólares en sobornos para ayudar al cartel de Sinaloa, ofrecerle información sobre operaciones y “poner y quitar comandantes” para perjudicar a sus competidores.

La defensa del que fuera el hombre de confianza de Felipe Calderón, intenta socavar la credibilidad de los testigos, la mayoría detenidos en Estados Unidos, cuyas penas de cárcel se han visto o pueden verse reducidas por colaborar con la justicia.

El Juez Brian Cogan, que preside el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, decidió excluir el testimonio del narcotraficante Tirso Martínez Sánchez, presentado ayer por la Fiscalía al calificarlo de “rumor” y de “pérdida de tiempo”.

Martínez, testigo cooperante de la Fiscalía, se identificó como la persona encargada del envío de cocaína del cártel de Sinaloa a Estados Unidos por tren desde México a tres ciudades estadounidenses: Los Ángeles, California; Chicago, Illinois y Nueva York.

La Fiscalía esperaba incidir a través de este testigo en que García Luna cooperaba de manera habitual con la banda criminal y que se encontraba disponible para ser contactado por distintos miembros.

Estaba previsto que este miércoles Martínez contara que dos socios suyos, identificados como Jorge y Anselmo, le ofrecieron en un momento la posibilidad de hablar con García Luna para pagarle sobornos con el objetivo de garantizar la seguridad de los cargamentos de droga durante su paso por territorio mexicano.

Asimismo, declararía que lo tranquilizaron asegurándole que toda la Policía estaba comprada, incluido el exsecretario de Seguridad Pública.

“Teniendo en cuenta que no sabemos los nombres completos de Jorge o Anselmo, o si estos son sus nombres reales, la corte no permitirá que el jurado escuche lo que equivale a un rumor de culpabilidad del acusado”, sentenció el juez Cogan en un escrito.

Además, el magistrado dio la razón a la defensa, que se había quejado de que los hechos que relataba el testigo se remontaban a los años noventa hasta 2000 y “quizá” 2001, cuando a García Luna lo están imputado por delitos supuestamente cometidos entre 2001 y 2012.

En este sentido, incidió en su decisión el descartar el testimonio de Martínez y lo describió como “un acontecimiento secundario y una pérdida de tiempo”.

Desde ayer, Cogan mostró sus reservas sobre el testimonio de Tirso Martínez Sánchez, y anunció que decidiría entre la noche de ayer y la mañana de este miércoles sobre su relevancia.

Martínez Sánchez subió al estrado después de que Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, asegurara que presenció a partir de 2001 el pago de sobornos al exsecretario a cambio de su ayuda al cártel de Sinaloa en su negocio y en la lucha contra clanes rivales.

El abogado de García Luna, César De Castro, además de insistir en el carácter criminal de “El Grande”, que ya cumplió condena en Estados Unidos y vive en libertad, subrayó que no había grabaciones de audio o videos de los encuentros de los miembros del clan con García Luna, a pesar de que, como declaró el narco, el clan de los hermanos Beltrán Leyva, para el que trabajaba, solía grabar sus conversaciones con dirigentes y políticos.

Asimismo, el abogado puso en duda que, como aseguró “El Grande”, García Luna se reuniera con una asiduidad mensual con Arturo Beltrán Leyva en la Ciudad de México, donde miembros del cártel lo recogían supuestamente en un estacionamiento de un supermercado antes de llevarlo a una “casa segura” donde se reunían.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con el periodista Jorge Fernández Menéndez, sobre el juicio de García Luna, y lo que se ha revelado hasta ahora.

Dos testigos comparecieron este martes en el Congreso de Estados Unidos sobre la llamada que hizo el presidente Donald Trump al mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, el pasado 25 de julio: uno la calificó de “impropia” y la otra de “inusual”.

Ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes acudieron el teniente coronel del ejército Alexander Vindman, adscrito al Consejo de Seguridad Nacional y Jennifer Williams, parte del equipo asesor del vicepresidente Mike Pence.

El proceso se centra en denuncias de que Trump presionó a Ucrania para que investigue a sus adversarios políticos.
“Lo que yo escuché fue inapropiado”, dijo Vindman ante el panel.

Por su parte Williams indicó que “me pareció inusual esa llamada del 25 de julio porque, a diferencia de otras llamadas presidenciales que he escuchado, involucraba una discusión sobre lo que parecía ser un tema de política interna”.

Vindman, quien fue traído de Ucrania por sus padres cuando era un pequeño, se expresó agradecido de vivir en un país donde él puede hacer denuncias contra el gobierno, algo que no se permite en muchas otras partes del mundo.

En el público estaba su hermano gemelo, quien también trabaja en el Consejo de Seguridad Nacional y una de las personas a las que Vindman le confesó sus inquietudes sobre las acciones de Trump. En palabras dirigidas a su padre ahora fallecido, Vindman declaró: “No te preocupes, estaré bien siempre que diga la verdad”.

Williams, funcionaria de carrera en el Departamento de Estado que ha trabajado para tres presidentes, dijo que la llamada telefónica es la primera en que escuchó mencionar temas ucranianos.

“La referencia a Biden sonó como algo político”, expresó Williams. Añadió que le pareció “inusual” la llamada porque las referencias sobre Joe Biden y su hijo Hunter tenían una naturaleza política.

El republicano de mayor rango en la comisión, David Nunes, trató de presionar a los testigos a que divulguen el nombre del denunciante cuya queja detonó el proceso contra Trump. Nunes preguntó a los testigos a quiénes más habían reportado sus inquietudes, insistiendo más cuando Vindman reconoció que se trató de alguien de las agencias de inteligencia.

“Yo no sé quién es el denunciante”, afirmó Vindman, quien ya anteriormente había dicho que no era él.

Ambos testigos ya antes habían declarado a puertas y cerradas y las transcripciones de esas comparecencias ya habían sido publicadas. Tanto Williams como Vindman destacaron haber escuchado la palabra “Burisma” durante la llamada, una referencia sobre la compañía de gas ucraniana en la que Hunter Biden era miembro de la junta directiva.

Ambos contaron que Zelenskiy había mencionado la compañía durante la llamada, pero que no estaba en la transcripción publicada por La Casa Blanca.

Este jueves, un abogado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán aseguró que los extraficantes de droga que testificaron en el juicio al capo mexicano mintieron descaradamente para que sea declarado culpable.

Dijo asimismo que Guzmán fue víctima de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien -según afirmó- pagó millones en sobornos a funcionarios mexicanos para evitar ser arrestado y que la atención recayera en ‘El Chapo’.

Jeffrey Lichtman sugirió en sus argumentos de cierre del juicio que el soborno de 100 millones de dólares que un testigo dijo que Guzmán pagó al expresidente Enrique Peña Nieto fue realmente pagado por Zambada.

“A medida que crecía el perfil y la notoriedad de Guzmán, más atención recaía en él (por parte de las autoridades) y menos recaía en Zambada”, dijo Lichtman.

El abogado también destacó que no tiene sentido que Guzmán pagara ese soborno, ya que pasó años escondido de las autoridades, en las montañas, y que además no tenía dinero.

“Guzmán se convirtió en el desafortunado punto de mira de las autoridades mexicanas”, señaló el abogado.

Excolaboradores de Peña Nieto han negado que éste recibiera ningún soborno.

Por otro lado, Lichtman pidió a los 12 miembros del jurado que decidirán el destino de Guzmán que no crean a los 14 cooperantes y excolaboradores del acusado que el gobierno estadounidense les ha puesto delante y a quienes llamó “idiotas”.

El juez que preside el caso, Brian Cogan, dijo que el jurado empezará a decidir su veredicto el lunes.

En Estados Unidos se teme que sicarios intenten asesinar o secuestrar a testigos que podrían declarar en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Ante esto, en los alrededores del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan y del Tribunal Federal de Brooklyn, se han implementado fuertes medidas de seguridad.

Este martes, se llevará a cabo el llamado juicio del año en Nueva York, en el que “El Chapo” Guzmán será juzgado por un jurado conformado por siete mujeres y cinco hombres.

Cabe recordar que Estados Unidos acusa al líder del cártel de Sinaloa, de 61 años de edad, de los delitos de narcotráfico, y de encabezar una organización criminal desde hace 20 años.

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, busca que el gobierno de Estados Unidos divulgue la identidad de los testigos cooperantes con que arman el caso contra su cliente, debido a que lo contrario afectaría su defensa.

 

En una moción dirigida al juez Brian Cogan, de la corte del distrito este de Nueva York, el abogado Eduardo Balarezo objetó la petición de la fiscalía de mantener en secreto la identidad de testigos cooperantes a fin de proteger su seguridad y la de sus familias.

 

“Escribo en nombre del señor Guzmán Loera para objetar la solicitud del gobierno de una orden que permita la divulgación diferida de materiales que identifican a los testigos cooperantes, expresó Balarezo.

 

Semanas atrás la fiscalía destacó que “estos testigos, junto con sus familias, enfrentarían serios riesgos a su seguridad si su cooperación y estatus como posibles testigos del juicio fueran revelados en este momento, sin embargo Balarezo precisó que las condiciones de encierro de Guzmán hacen imposible que el narcotraficante mexicano pudiera divulgar los nombres de testigos a personas en el exterior ajenas a su defensa.

 

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO