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El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, informó este lunes de que la Guardia Nacional ha creado una nueva unidad para interceptar migrantes en la frontera, a medida que aumenta el flujo migratorio de cara al fin de una de las políticas migratorias adoptadas desde el gobierno de Donald Trump.

“Estamos desplegando una nueva unidad llamada Fuerza Táctica Fronteriza de Texas, que estará en los puntos calientes a lo largo de la frontera para interceptar, repeler y devolver a los migrantes que traten de cruzar de forma ilegal”, dijo Abbott, que ha alertado de que el fin de la emergencia fronteriza supondrá “una catástrofe”.

El republicano se refirió al fin del Título 42, que permite a la Administración negar la oportunidad de solicitar asilo a los migrantes por cuestiones sanitarias y que fue impuesta a raíz de la pandemia de coronavirus.

“Las tropas estarán equipadas con aviones, barcos, equipos antidisturbios para estar preparados ante cualquier cosa que puedan encontrar en la frontera”, explicó Abbott, según reportó el diario ‘The Washington Times’.

Texas ya desplegó unos 10,000 efectivos de la Guardia Nacional junto a 1,200 policías del Departamento de Seguridad Pública del estado, quienes el gobierno de Abbott ha dicho, lograron impedir la entrada de 37,000 personas que trataban de cruzar la frontera.

Además de la creación y despliegue de esta nueva unidad, Abbott anunció que están preparando leyes para considerar un “delito grave” la entrada ilegal y permitir la expulsión de los migrantes.

El gobernador tampoco dejó pasar la oportunidad para acusar al presidente Joe Biden de la situación que se vive en la frontera, la cual prevén que se complique aún más.

“Estamos tratando con un número de personas nunca visto antes que han cruzado la frontera y este año estableceremos un nuevo récord histórico”, dijo.

Adelantó que para finales de mes quiere aprobar una nueva ley estatal para declarar delito grave la entrada de inmigrantes. Una norma, apuntó, que otorgue a la autoridades la potestad de “detener a estas personas en la cárcel por un delito grave o, como alternativa, devolverlos a México”.

Además declaró que también se planteará penalizar con un mínimo de diez años de cárcel a aquellas personas que ayuden a “esconderse” a los migrantes sin papeles.

Al menos ocho personas murieron y otras diez resultaron heridas ayer tras ser embestidas por un vehículo en Brownsville, Texas, en la frontera con México, frente a un centro de refugio para migrantes.

Las fuerzas de seguridad informaron que, por el momento, el incidente era tratado como accidente, aunque un testigo dijo a la agencia AFP que el conductor había gritado insultos al grupo antes de acelerar.

“Recibimos una llamada por una camioneta gris que se pasó una luz roja y atropelló a varias personas. Confirmamos que hay siete personas que fallecieron y otras que han ido al hospital”, dijo Martín Sandoval, portavoz de la policía de Brownsville.

Medios locales informaron después que otra persona murió en un hospital, por lo que el número de fallecidos se elevó a ocho.

El oficial dijo a la prensa que las personas estaban esperando en una parada de autobús cuando fueron arrolladas.

“Tenemos que son casi como diez (heridos) pero puede haber más. El chofer del vehículo lo tenemos detenido, está bajo arresto, pero lo tenemos en el hospital porque él también recibió varias heridas”, agregó Sandoval.

El conductor del vehículo será procesado por conducción temeraria, pero podría ser objeto de otros cargos, según dijo la policía.

Al respecto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro pidió investigar el suceso en el que murieron varios venezolanos.

“Venezuela exhorta a las autoridades estadounidenses (…) a investigar en profundidad los hechos y esclarecer sus causas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia”, indicó la Cancillería en un comunicado, sin precisar el número de migrantes de ese país muertos.

El obispo de Brownsville, Daniel Flores, dijo en un comunicado que los fallecidos eran “hombres inmigrantes de Venezuela” y exhortó a “resistir la tendencia corrosiva de desvalorar las vidas de los inmigrantes, los pobres y los vulnerables”.

El incidente tuvo lugar cuando el gobierno de Estados Unidos se prepara para el levantamiento del Título 42, una medida que por la pandemia de COVID ha permitido a los agentes de la patrulla fronteriza deportar o rechazar a los migrantes sin siquiera aceptar sus solicitudes de asilo.

El vencimiento de esta norma, programada para este jueves, hace que las autoridades teman un aumento en el número de migrantes que ingresan ilegalmente por el sur de Estados Unidos.

El arrollamiento masivo tuvo lugar frente al Centro Ozanam, un albergue de acogida de personas sin hogar y migrantes muy activo en las últimas semanas debido a “la afluencia actual” de personas que cruzan la frontera desde México.

Las víctimas se encontraban en un grupo de unas 25 personas que esperaban en una parada de autobús, relató Víctor Maldonado, director ejecutivo del centro de acogida. Describió como una “escena espeluznante”, con partes de cuerpos a lo largo de la calle. Indicó que el grupo era compuesto únicamente por venezolanos que acababan de desayunar en las instalaciones.

El centro Ozanam está abierto 24 horas, explicó Maldonado. Comentó que alojan a personas que vienen migrando desde Chile, Colombia, Ecuador, China, Ucrania y Venezuela.

Este hecho se produce un día después de que un hombre matara al menos a ocho personas en un centro comercial, también en Texas, en el tiroteo masivo más reciente que sacudió al país.

Foto: Twitter @venezuelasos86

Un grupo de congresistas republicanos de Texas anunciaron este jueves que buscará reinstaurar el programa migratorio “Quédate en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de Estados Unidos, cuando su partido tome el control de la Cámara de Representantes el próximo año.

Los legisladores presentaron ante la prensa una hoja de ruta sobre inmigración, llamada “Un Compromiso para Proteger la Frontera”, que incluye medidas aplicadas por la Administración de Donald Trump como el programa “Quédate en México” o la construcción del muro fronterizo.

“La nueva mayoría republicana del Congreso usará toda las herramientas que tengamos a nuestra disposición para hacer rendir cuentas” al presidente, Joe Biden, y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo el legislador republicano Jodey Arrington.

En el documento señalaron su plan para el próximo periodo legislativo, que comenzará en enero, en el que piden que se destinen más recursos a las Patrulla Fronteriza y que se retiren los fondos a las agencias de Naciones Unidas y ONG que “apoyen a individuos en su travesía hacia la frontera” sur de Estados Unidos.

“Hay una crisis en la frontera causada por la Administración de Biden al abrir la frontera (…) es peligroso para los migrantes y es malo para nuestras comunidades”, señaló la congresista electa Mónica de la Cruz.

Varios de los legisladores subrayaron además que existe una “urgencia” para aprobar una legislación que refuerce la frontera ante un eventual fin del Título 42, la norma de salud pública instaurada por Trump que permite devolver a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera con México y que un juez ha ordenado suspender.

“La suspensión del Título 42 va a cambiar Texas para siempre, es por ello que tiene que haber un sentido mayor de urgencia”, dijo el congresista Jodey Arrington.

El líder republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, cuyo partido recuperará la mayoría parlamentaria en enero como resultado de las elecciones legislativas de noviembre pasado, anunció semanas atrás que buscará un juicio político contra Mayorkas por su gestión de la frontera.

La Justicia de Estados Unidos ha imputado a cuatro personas por la muerte de 53 migrantes que fueron hallados sin vida a finales de junio en el interior de un tráiler en la localidad de San Antonio, Texas, de los cuales 27 eran de origen mexicano.

En lo que el gobierno ha calificado como el incidente más mortífero de la historia de Estados Unidos en relación con el tráfico de personas, un jurado ha dado el visto bueno a presentar cargos contra Homero Zamorano Jr, Christian Martínez, Juan Claudio D’Luna Mendez y Juan Francisco D’Luna Bilbao por lo sucedido.

Los dos primeros, el conductor del vehículo y su presunto cómplice, fueron imputados por provocar la muerte de decenas de personas que no contaban con documentación tras conspirar para trasladarlos de un lugar a otro, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

En caso de ser hallados culpable podrían enfrentarse a la pena de muerte, tal y como ha indicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambos fueron detenidos después de que la Policía revisara varios vídeos de seguridad y analizaran una serie de comunicaciones vía telefónica.

Los dos acusados permanecen bajo custodia federal sin derecho a fianza hasta que se lleve a cabo el juicio.

D’Luna Mendez y D’Luna Bilbao, por su parte, han sido imputados por posesión ilegal de armas y podrían enfrentarse a penas de hasta diez años de cárcel.

Además de México, la mayoría de las víctimas eran Guatemala y Honduras, y según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sufrieron insolación y agotamiento por calor y no había señales de la presencia de agua o de una unidad de aire acondicionado en funcionamiento en el camión cuando fue encontrado.

De acuerdo a Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), entre los mexicanos fallecidos en el camión había migrantes originarios de los estados de Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, México, Zacatecas, Querétaro y Ciudad de México.

El incidente ocurrió en un remoto camino rural de San Antonio el 27 de junio. Los policías que llegaron al lugar detuvieron a Zamorano después de descubrirlo ocultándose en unos matorrales cercanos, según un comunicado de la fiscalía federal.

Un inspección del celular de Zamorano reveló llamadas con Martinez sobre la operación de contrabando de personas.

Grandes cifras de migrantes han estado llegando a Estados Unidos a últimas fechas, muchos de ellos corriendo los riesgos de atravesar peligrosos ríos y canales, y abrasadores paisajes desérticos. Durante mayo hubo 240,000 detenciones de migrantes, un tercio más que hace un año.

Los cuerpos de 16 de los 26 migrantes mexicanos que perdieron la vida el mes pasado en una caja de tráiler en San Antonio, Texas, Estados Unidos, fueron repatriados a nuestro país, informó este jueves la cancillería.

“Un total de 16 cuerpos están en territorio nacional”, dijo en Twitter Arturo Rocha, coordinador para América del Norte de la Cancillería mexicana, tras completar dos vuelos que trasladaron los restos de los migrantes, mismos que salieron la mañana de ayer.

“Cuatro se encuentran ya con sus familias en Estado de México, Querétaro y Guanajuato”, añadió el funcionario.

Los mexicanos fueron el grupo más numeroso de víctimas en esta tragedia, que dejó 53 muertes en total, incluyendo ciudadanos de Honduras y Guatemala.

La cancillería informó el miércoles en un comunicado que realizaría al menos tres vuelos para completar la repatriación de 25 de los 26 fallecidos que sus familias pidieron que fueron devueltos.

El cuerpo de uno de ellos permanecerá en Estados Unidos a pedido de sus familiares, precisó un portavoz de la institución.

Las tareas de repatriación contó con la coordinación de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), y de la Defensa Nacional (Sedena).

Los cadáveres fueron hallados el pasado 27 de junio por un empleado público, quien escuchó una llamada de auxilio cerca de una carretera donde estaba trabajando y abrió la puerta trasera del camión.

El traslado de migrantes indocumentados en camiones es una práctica cada vez más común que involucra a miles de personas que buscan ingresar a Estados Unidos huyendo usualmente de la pobreza y la violencia en sus países de origen.

Desde 2014, unos 6,430 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y 850 perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas.

Cuatro hombres fueron acusados luego de que 53 migrantes murieran asfixiados en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

El conductor del tráiler, identificado como Homero Zamorano de 45 años, fue acusado de tráfico de personas que resultó en muertes, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ). Medios locales informaron que tiene un historial criminal que data de la década de 1990.

Christian Martínez, de 28 años, quien fue arrestado en la localidad de Palestine, Texas, y fue acusado de conspiración para transportar migrantes indocumentados con consecuencias fatales.

Una investigación reveló que hubo diálogo entre Zamorano y Martínez sobre el mencionado proceso de contrabando.

Si son declarados culpables, ambos podrían ser sentenciados a cadena perpetua o la pena de muerte, informó la cadena estadounidense CNN.

Además, el martes pasado, Juan Claudio D’Luna-Mendez y Juan Francisco D’Luna-Bilbao, ambos ciudadanos mexicanos y arrestados en un domicilio en San Antonio que figura en el registro del camión con remolque, fueron acusados de posesión de armas de fuego mientras residían ilegalmente en Estados Unidos, según documentos judiciales y autoridades estadounidenses.

Craig Larrabee, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio, describió el caso de trata de personas como “el peor” de Estados Unidos.

De los 53 migrantes que perdieron la vida,  se ha confirmado que 27  sonde origen mexicano, 14 de Honduras, 7 de Guatemala y 2 de El Salvador, dijo Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

El proceso de identificación de los cadáveres ha sido complicado porque algunos fueron encontrados sin documentos de identidad y en un caso se halló una identificación robada. Los gobiernos involucrados deben ahora  compartir y comparar los datos de las huellas dactilares.

Después de esta tragedia, México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acordaron trabajar de manera conjunta para apoyar a los heridos y las familias de las víctimas, así como cooperar en la investigación para llevar a los responsables ante la justicia. También se acordó establecer un Grupo de Acción Inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a fortalecer la lucha contra “una industria criminal que genera varios miles de millones de dólares”.

México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras acordaron este miércoles coordinar una respuesta regional ante la muerte de al menos 53 migrantes al interior de la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

Funcionarios de los cuatro países mantuvieron una reunión en la embajada de México en Washington en la que acordaron “trabajar de manera conjunta para, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyar a las personas heridas y a las familias de las víctimas”.

Las autoridades estadounidenses investigan la muerte de los migrantes que, pese a un calor asfixante, viajaban hacinados en el remolque de un camión en Texas, una tragedia que el presidente Joe Biden atribuyó a los traficantes de personas.

Según Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración (INM), entre los muertos hay 27 mexicanos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños. Se desconocen las nacionalidades de las otras tres víctimas.

En la reunión se decidió cooperar en la investigación “para llevar a los responsables ante la justicia” y “establecer un Grupo de Acción Inmediata para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas”.

Entre los participantes en el encuentro figuran el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), Blas Núñez Neto, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro Flores, el embajador de México, Esteban Moctezuma y el encargado de negocios de la embajada de Honduras Javier Bu Soto, entre otros.

Los funcionarios decidieron organizar próximamente una reunión con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y los cancilleres de México, Guatemala y Honduras.

El objetivo es “analizar qué acciones se pueden adoptar de manera conjunta a fin de atender a las víctimas, combatir las redes de tráfico de personas, prevenir este tipo de tragedias y fortalecer los canales formales para hacer de la migración una opción segura, ordenada regular y humana”.

El número de migrantes hallados sin vida el lunes en un tráiler abandonado en una carretera de San Antonio, Texas, es de 50, de los cuales 22 son de nacionalidad mexicana, confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es una tremenda desgracia (…) hasta ahora son 50 los fallecidos: 22 de México, 7 de Guatemala, dos de Honduras y 19 todavía sin información sobre su nacionalidad”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Previamente, en su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard compartió dicho balance y aseguró que es “información de Texas proporcionada por autoridades estadounidenses.

El hallazgo de los cuerpos, dentro y fuera del vehículo, se produjo la tarde de ayer, y según el departamento de bomberos de San Antonio hasta la noche sumaban 46 víctimas. Otros 16 migrantes que viajaban en el camión y que fueron hallados con vida, entre ellos cuatro niños, fueron trasladados a hospitales.

“Estos hechos lamentablemente (…) tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos”, añadió López Obrador.

El mandatario expresó además su pésame y aseguró que su gobierno realizará las investigaciones que le correspondan y prestará ayuda para el traslado de los cuerpos.

“Estos hechos lamentablemente (…) tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos”, añadió.

El mandatario reconoció que fallaron los controles en la frontera común y dentro de Estados Unidos. El vehículo fue hallado en una carretera cerca de la autopista I-35, una ruta que cruza Estados Unidos de sur a norte, desde la frontera de México hasta la de Canadá.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue informado de la “absolutamente horrible y descorazonadora” muerte de los 50 migrantes, indicó este martes La Casa Blanca.

“Estamos siguiendo de cerca” la información “absolutamente horrible y descorazonadora” proveniente de San Antonio, Texas, indicó a periodistas la portavoz Karine Jean-Pierre a bordo del Air Force One de camino a la cumbre de la OTAN en Madrid.

Se trata se una de las tragedias más letales de entre las que se han cobrado miles de vidas de personas que trataban de cruzar la frontera estadounidense desde México en las últimas décadas.

Diez migrantes murieron en 2017 tras quedar atrapados en el interior de un camión que estaba estacionado en un Walmart en San Antonio. En 2003, 19 migrantes fueron hallados en un sofocante camión al sureste de esa mima ciudad de Texas.

El sur del estado ha sido durante mucho tiempo la zona preferida para los cruces fronterizos ilegales. Los migrantes pasan por los puestos de control de la Patrulla Fronteriza en vehículos hacia San Antonio, primera ciudad importante, desde donde se dispersan por todo Estados Unidos.

San Antonio, ubicada a unos 250 km de la frontera, es una ruta principal para los traficantes, además de que la ciudad también ha sido azotada por una reciente ola de calor récord.

Foto: Twitter @EuniceRendon

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, confirmó este miércoles que viajará a Texas junto al presidente, Joe Biden, con motivo de la tragedia que se vivió en la escuela primaria de Uvalde, en la que un adolescente de 18 años mató a 21 personas, 19 de ellas niños de entre 8 y 10 años.

“Por supuesto que vamos a visitar Texas”, dijo Jill Biden al ser cuestionada por los periodistas durante un evento en el
Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

Más tarde, el presidente dijo que pronto irá a Texas, aunque no confirmó fecha. “Jill y yo viajaremos a Texas en los próximos días para encontrarnos con las familias y hacerles saber que sentimos su dolor”, dijo Biden desde La Casa Blanca.

El anuncio de la visita del mandatario se da mientras se confirmó que Salvador Ramos, el atacante de la escuela en Texas compró sus armas legalmente días antes de la masacre, y poco después de cumplir los 18 años.

El agresor compró un fusil tipo AR de un negocio con licencia federal en el área de Uvalde el 17 de mayo, según un informe de la policía estatal entregado al senador John Whitmire. Al día siguiente compró 375 proyectiles, y el 20 de mayo compró un segundo fusil.

Ramos llevaba un fusil de cañón largo, chaleco antibalas y abundante munición, lo que según el teniente Christopher Olivarez del Departamento de Seguridad Pública de Texas, “demuestra la premeditación de esta persona nefasta al entrar en una escuela con total desprecio hacia la vida humana”.

Pese a la condena generalizada que se ha hecho, la Asociación Nacional del Rifle (NRA) sostendrá su convención en Houston tal como estaba planeado, anunció el alcalde de Houston.

El alcalde, Sylvester Turner, afirmó que el evento tiene que realizarse porque la municipalidad no puede cancelar el contrato con la NRA. Sin embargo, cuestionó el hecho de que políticos republicanos hablarán en el foro de esa agrupación partidaria de la tenencia de armas, luego de la matanza en Uvalde.

Entre los políticos republicanos que aparecen como ponentes en el evento, que empieza este viernes, están el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz; ambos han condenado el ataque.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que el orador principal será el expresidente Donald Trump, informó la propia NRA en Twitter.

“Estados Unidos necesita soluciones verdaderas y liderazgo verdadero en este momento, no políticos y partidismo”, expresó Trump en Truth Social, la red social que impulsa. “Por eso mantendré mi compromiso de larga data de hablar en Texas en la Convención de la NRA y realizar un importante discurso a Estados Unidos”, añadió.

Los planes y las palabras del exmandatario lo colocan en oposición directa al presidente Joe Biden, quien dijo tras el tiroteo del martes que Estados Unidos debe enfrentarse a la NRA y promulgar leyes significativas para frenar la violencia armada.

“¿Cuándo, por el amor de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que debe hacerse?” preguntó Biden en un discurso a la nación ayer, luego del tiroteo.

Un adolescente, identificado como Salvador Ramos de 18 años, mató este martes a 19 niños y dos maestros en una escuela primaria de Texas, sucedo que conmocionó a Estados Unidos y que desató el reclamo del presidente Joe Biden, para “enfrentar el lobby de las armas” en su país.

El ataque en la localidad de Uvalde, Texas, a una hora de la frontera con México, es el último de una ola de tiroteos en Estados Unidos, donde el horror por la violencia armada no ha logrado impulsar suficientes acciones para ponerle fin.

“¿Cuándo, por el amor de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas?”, dijo el presidente Biden, visiblemente emocionado, al dirigirse a la nación desde La Casa Blanca luego de que regresara de su gira por Asia. “Estoy asqueado y cansado. Tenemos que dejarle claro a todos los funcionarios electos de este país: es hora de actuar”, agregó.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo en conferencia de prensa que el sospechoso, un residente local y ciudadano estadounidense, también resultó muerto , pues dijo, “se cree que los oficiales que respondieron (al incidente) lo abatieron”.

Fuentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas indicaron que el joven armado le habría disparado a su abuela antes de dirigirse a la escuela primaria Robb alrededor del mediodía, donde abandonó su vehículo y entró con una pistola, un rifle y con chaleco antibalas

“Hay 19 niños que fueron asesinados por este malvado hombre armado, así como dos maestros de esta escuela”, dijo el vocero del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, a la cadena NBC News, con lo actualizó el saldo inicial que era de 14 niños y 1 maestro.

El tiroteo fue el más mortífero desde el de Sandy Hook en Connecticut en 2012, en el que murieron 20 niños y seis adultos, y el más letal en la historia de Texas.

También se confirmó que más de una docena de niños resultaron heridos en el ataque, en una escuela donde estudian más de 500 alumnos, y casi el 90% de ellos hispanos procedentes de familias de recursos económicos bajos.

Al respecto, el gobierno de México condenó “enérgicamente” los hechos, y ofreció apoyo consular a las personas mexicanas que así lo requirieran.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió sus condolencias a las familias de las víctimas, a quienes dijo, les enviaba un abrazo fuerte y solidario.

“Nos duele mucho que haya estas desgracias, le mandamos un abrazo fuerte a las familias (…) nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes y muy difíciles”, indicó.

Consultado sobre si hay algún mexicano entre las víctimas, el mandatario señaló que por el momento no se tiene reporte de personas nacidas en México, aunque señaló que, de origen mexicano, “no hay duda”. “Basta ver los apellidos. Son hijos, nietos de mexicanos, nos duele mucho”.

Indicó que no deseaba ahondar en el tema, principalmente en las razones que pudieron llevar al atacante a cometer el acto, pues dijo “está todavía el duelo, y no se trata de hablar del origen, las causas, y más si es algo que tiene que ver con nosotros porque hemos estado planteando las cosas, sería aprovecharnos de una desgracia”.

A pesar de que se repiten los tiroteos masivos en Estados Unidos, múltiples iniciativas para reformar las regulaciones sobre armas han fracasado en el Congreso de Estados Unidos, dejando que los estados y los consejos locales promulguen sus propias restricciones.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) ha sido fundamental en la lucha contra la aprobación de leyes más estrictas sobre armas. Abbott y Ted Cruz, legislador republicano, figuran como oradores en un foro organizado por ese poderoso grupo de presión en Houston, Texas, a finales de esta semana.

Estados Unidos registró 19,350 homicidios con armas de fuego en 2020, casi un 35% más que en 2019, según datos oficiales.

Un joven de 18 años abrió fuego en una escuela de Estados Unidos, matando a 14 niños y un docente, además de dejar varios heridos, confirmó el gobernador Greg Abbott.

El atacante, que también fue abatido, entró a la Escuela Primaria Robb, ubicada en Uvalde, Texas, con una pistola, y posiblemente un rifle, explicó el gobernador.

Las autoridades no han revelado un motivo del ataque, pero Abbott identificó al agresor como Salvador Ramos y dijo que era un residente de la comunidad, ubicada a unos 135 kilómetros al oeste de San Antonio.

El jefe de policía del distrito escolar consolidado de Uvalde, Pete Arredondo, afirmó en conferencia de prensa que el perpetrador actuó solo.

“Disparó y mató de manera horrible, incomprensible, a 14 estudiantes, y mató a un profesor”, declaró Abbott, añadiendo que dos policías fueron heridos de bala pero que se espera que sobrevivan. De momento se desconoce cuántas personas, además de los muertos, resultaron heridas en el tiroteo.

El Hospital Uvalde Memorial había dicho previamente que recibió 13 niños, y otro hospital informó que una mujer de 66 años estaba en estado crítico. Sobre ese dato, el gobernador dijo que se cree que el atacante haya herido a su abuela antes de dirigirse al centro escolar.

Se trata del peor tiroteo en una escuela primaria de Estados Unidos desde el ataque a la Primaria Sandy Hook, en Newtown, Connecticut, hace casi una década, y el más mortífero en la historia de Texas.

El ataque se produce cuatro años después de que una persona asesinara a 10 personas en la Escuela Secundaria Santa Fe, en el área metropolitana de Houston, y menos de dos semanas después de que una persona matara a tiros a 10 compradores y trabajadores de raza negra en un supermercado de Buffalo, Nueva York, en lo que las autoridades han descrito como un crimen de odio.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden fue informado del tiroteo mientras volaba de regreso de una gira de cinco días por Asia, y ordenó que las banderas ondeen a media asta.

Por su parte el gobierno de Estados Unidos lamentó el incidente, y condena enérgicamente este acto de violencia.

Un tribunal de apelaciones de Texas suspendió este lunes la ejecución prevista para el próximo miércoles de Melissa Lucio, una estadounidense de origen mexicano condenada a muerte por el asesinato de su hija tras un polémico juicio, anunciaron sus abogados.

Otro tribunal de Texas examinará nuevas pruebas de su inocencia, aseguró en el comunicado su equipo legal. “La suspensión otorgada por la Corte nos permite seguir luchando con Melissa para que se anule su injusta condena”, afirmó su abogada Vanessa Potkin.

“Le estoy agradecida a la Corte por darme la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia” y “por tener más días para ser una madre para mis hijos y abuela para mis nietos”, declaró Melissa Lucio.

En las últimas semanas se multiplicaron los llamados de clemencia, como el de Kim Kardashian, a favor de esta mujer con 14 hijos.

En 2007, su hija Mariah, de 2 años, fue encontrada muerta en su casa, cubierta de moretones, días después de haberse caído por las escaleras.

Melissa Lucio, quien ha sufrido en su vida agresiones físicas y sexuales, además de drogadicción y pobreza, fue declarada sospechosa de haberle pegado. Fue condenada a muerte.

Según su defensa, los peritos no tuvieron en cuenta las minusvalías de la niña, que podrían explicar la caída, ni el hecho de que las contusiones podrían deberse a un trastorno circulatorio. Ninguno de los hijos de Melissa la acusó de ser violenta.

Es inusual que se ejecute a mujeres en Estados Unidos: solo 17 desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Texas es el estado que más presos ha ejecutado, con un total de 6.

La Casa Blanca arremetió este miércoles contra el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por haber ordenado un incremento de las inspecciones de camiones en la frontera con México.

Esas inspecciones están provocando retrasos en el tráfico e “interrupciones significativas” en las cadenas de suministro de alimentos y automóviles, afirmó en su comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Psaki tildó de “innecesarias” esas inspecciones de los camiones que transitan entre México y el estado fronterizo de Texas.

Aseguró que están provocando retrasos en fábricas y están teniendo un impacto negativo en los empleos, además de estar causando “un aumento de precios” para las familias de Texas y del resto de Estados Unidos.

La portavoz afirmó que algunos camiones están experimentando retrasos de hasta 5 horas para poder cruzar la frontera y explicó que, por esa razón, el tráfico de aquellos vehículos que transportan personas o mercancías se ha reducido hasta un 60%.

“Las acciones del gobernador Abbott están teniendo un impacto en los empleos de las personas y en el modo de vida de las familias estadounidenses trabajadoras”, aseveró Psaki.

Recordemos que Abott ordenó incrementar las inspecciones en la frontera después de que, con el visto bueno del presidente demócrata Joe Biden, los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EUA (CDC) anunciaran que acabarán con el “Título 42” en mayo.

Esta norma fue proclamada bajo el gobierno del republicano Donald Trump y había permitido deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sin posibilidad de pedir asilo.

En concreto, Abbott ordenó a las autoridades estatales que detengan e inspeccionen todos los tractocamiones y autobuses que crucen desde México hacia Estados Unidos, argumentando medidas de control migratorio y seguridad fronteriza para prevenir el trasiego ilegal de migrantes y drogas.

El gobierno mexicano expresó ayer su rechazo a esas inspecciones al considerar que perjudican el flujo comercial entre los dos países.

Texas y México son importantes socios comerciales y, solo en 2020, intercambiaron bienes y servicios valorados en 177,800 millones de dólares, de los que aproximadamente 89,000 millones fueron exportaciones de México a EUA y 88,7000 fueron importaciones procedentes de EUA, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Pemex tomó el control esta tarde de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, tras cerrar la adquisición del 50% de la participación accionaria que tenía la compañía neerlandesa Shell.

La concreción de la operación fue anunciada por el director general de Pemex, Octavio Romero, quien informó desde Houston que Pemex, quien ya tenía la mitad de las acciones de la refinería, asumió el manejo de la planta que posee una capacidad de producción de 340,000 barriles por día.

El anuncio coincidió con la visita a Ciudad de México de la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien se reunió durante la mañana con el canciller Marcelo Ebrard.

Recordemos que para adquirir la refinería, Pemex pagó 596 millones de dólares, equivalentes al 50% de la deuda de la refinería que constituye la participación de Shell, y otros 596 millones de dólares para liquidar la parte de la deuda que corresponde a Pemex. Los recursos para la operación fueron aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) de la Secretaría de Hacienda.

Romero dijo en un comunicado que la adquisición de la refinería representa una “acción estratégica” del gobierno de López Obrador para lograr la “soberanía energética” de México y alcanzar la meta de garantizar el abastecimiento interno de combustible.

El director de Pemex aseguró que se mantendrá la eficiencia técnica y administrativa, y que se trabajará para que Deer Park funcione de manera adecuada y cumpla con los protocolos de seguridad de las personas, las instalaciones y su entorno en materia ambiental y social.

Romero participó junto a otros ejecutivos de Pemex en la primera sesión del Consejo de Administración de la refinería.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró “frustrado” con las 80 millones de personas que no se han vacunado contra el COVID-19, advirtiendo que su paciencia “se está agotando”.

Biden se pronunció así durante un discurso en La Casa Blanca, en el que anunció la vacunación obligatoria a todos los empleados del gobierno federal, un total de 2.1 millones de personas, entre otras medidas para contener el repunte de contagios en su país.

“Muchos de nosotros estamos frustrados con los casi 80 millones de estadounidenses que todavía no se han vacunado”, afirmó el mandatario.

Añadió que, aunque los no vacunados equivalen a aproximadamente el 25% de los estadounidenses que cumplen los requisitos para inocularse contra el COVID-19, en un país “tan grande” como Estados Unidos, una minoría como esa “puede causar mucho daño”, y lo está haciendo.

Biden preguntó directamente a quienes se niegan a vacunarse “qué más necesitan ver” para confiar en que las vacunas son seguras, y lamentó que su reticencia esté multiplicando las hospitalizaciones y muertes por la variante delta del coronavirus en el país.

“Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando, y su negativa (a vacunarse) ha tenido costes para todos”, sentenció.

El mandatario firmó un decreto que establece un mandato de vacunación para los empleados federales y los contratistas del Gobierno, que hasta ahora tenían la opción no ser vacunados si se sometían a pruebas de COVID-19 de manera regular.

Además, anunció que el Departamento de Trabajo publicará una norma de emergencia que obligará a todas las compañías que tengan 100 o más empleados a asegurar que están vacunados con la pauta completa o muestran un resultado de una prueba negativa al menos una vez a la semana.

Aseguró que sus nuevos mandatos afectarán a 100 millones de trabajadores, dos tercios de la fuerza laboral del país.

Y es que la expansión de la variante Delta ha devuelto un panorama sombrío a Estados Unidos, el país con más muertes por COVID-19 del mundo, cuya media diaria de casos volvió a superar los 150,000 la semana pasada por primera vez desde enero, lo que ha saturado los hospitales y provoca más de mil fallecimientos cada día.

En otro anuncio, el Departamento de Justicia del gobierno federal informó sobre una demanda contra Texas para bloquear la polémica ley que entró en vigor el pasado 1 de septiembre en dicho estado y, que prohíbe prácticamente todos los abortos, sin excepciones para los casos de incesto o violación.

“La ley de Texas es claramente inconstitucional bajo un prolongado precedente del Tribunal Supremo”, dijo el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, en una rueda prensa.

La demanda, presentada ante una corte federal de Austin, solicita bloquear esta ley y “proteger los derechos que Texas ha violado”.

La nueva ley, firmada ya por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando puede detectarse el latido del corazón del feto, aunque en muchos casos muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición, y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares al demandante si gana el juicio.

Garland remarcó que el Gobierno federal tiene la “obligación de asegurar que ningún estado pueda privar a las personas de sus derechos constitucionales”.

El gobernador de Texas en Estados Unidos, el republicano Greg Abbott, firmó esta mañana una ley que restringe el derecho al voto y que se ha convertido en un símbolo de la ofensiva conservadora para reducir la participación con la excusa del fraude electoral que impulsó el expresidente Donald Trump.

Abbott rubricó la legislación y recibió automáticamente un gran aplauso por parte de los presentes en un acto en la ciudad de Tyler.

Este era el último paso que se necesitaba para la entrada en vigor de la conocida como ley “S.B.1”, que en la práctica restringirá el voto en Texas a grupos que votan por los demócratas en mayor proporción, como las minorías hispana y afroamericana, así como las personas de bajos ingresos.

La ley también afectará negativamente a quienes no dominan el inglés o a las personas con discapacidad. También impone obstáculos para el voto por correo, además de que enriquece los observadores electorales partidistas.

Como ejemplo: el proyecto de ley impide que los condados envíen solicitudes de votación por correo no solicitadas, incluso a aquellas personas que tienen más de 65 años y, por lo tanto, califican automáticamente para votar por correo. 

Abbott, sin embargo, defendió que la legislación “protege” el derecho al voto y la integridad del proceso electoral de Texas para evitar que se cometa fraude. “Esta ley hará más difícil que se emitan votos fraudulentos”, afirmó gobernador.