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Previo a la clausura de actividades, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ratificó las designaciones hechas por el Ejecutivo Federal para ocupar 20 vacantes de magistraturas en salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Morena y aliados se impusieron y lograron ratificar los nombramientos con 19 votos a favor; hubo 9 votos en contra y 5 abstenciones.

La presidenta de la Comisión Permanente, la diputada Marcela Guerra Castillo, tomó la protesta a Maricela Lecuona González, María de los Ángeles Jasso Cisneros, Miguel Carrasco Hernández, Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, Rosendo Gómez Silván, Aarón Marino Álvarez Montiel, Claudia Angélica Nogales Gaona y Diana Tecontero Juárez.

Además, a Edgar Armando Aguirre González, Eduardo Manuel Méndez Sánchez, Ely Cruz Pérez, Magali Irais Mendoza Ríos, Surit Berenice Romero Domínguez, Francisco Medina Padilla, Ricardo León Caraveo, Consuelo Rodríguez Aceves, Carlos Bojórquez Hernández, Pedro Rodríguez Chandoquí, Fátima González Tello y Luis Alfredo Mora Villagómez.

Todos fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, lo que llamó la atención es la afinidad que ciertos perfiles tienen con la autodenominada Cuarta Transformación; y es que entre los magistrados y magistradas hay funcionarios del gobierno, hijos de servidores públicos y un militar.

Una de las ratificadas es Maricela Lecuona González, abogada general de la Secretaría de Salud, es señalada como implicada en la Estafa Maestra, trama de corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. En su paso por Sagarpa firmó convenios con las Universidades que se utilizaron para el desvío de miles de millones de pesos.

 Destaca el nombramiento de Miguel Carrasco Hernández, fiscal general de Justicia Militar.

También se identifican casos de nepotismo, pues Rosendo Gómez Silván, otro de los magistrados ratificados, es hijo de Rosendo Gómez Piedra, fiscal a cargo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Octavio Augusto Ernesto Prieto Gallardo, hijo de Ernesto Prieto Ortega, titular del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (INADEP), también aparece en la lista. Magali Mendoza Ríos, es hija de la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, quien recientemente fue incluida en las ternas para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte.

Diversos funcionarios como. Aarón Marino Álvarez Montiel, director General Regional de la Secretaría de Gobernación; Consuelo Rodríguez Aceves, subdirectora de Transparencia de Fonatour-Tren Maya y Carlos Bojórquez Hernández, director de Normatividad y Consulta del INADEP, también fueron ratificados como magistrados del TFJA.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Primera Comisión, el diputado de Morena Marcos Rosendo Medina Filigrana, aseguró que se desahogaron las entrevistas a los 20 ciudadanos propuestos por el presidente, “dándonos cuenta de su idoneidad, capacidad y que cuentan con los antecedentes y elementos para poder ser postulados para ocupar las vacantes”.

Previo a la votación, y al posicionarse sobre el dictamen, la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez del PAN, indicó que las y los candidatos a magistrados “tendrán carrera, pero lo que les afecta es su cercanía con el Presidente. De los 20, únicamente cuatro son los idóneos porque tienen servicio profesional judicial; es gente que ha demostrado su capacidad. Necesitamos ver nuevas caras y que no tengan la consigna”.

Recordemos que el dictamen fue avalado la semana pasada en comisiones, con el apoyo de Morena y ante la ausencia de los legisladores de oposición que no asistieron a la sesión.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

“Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público”, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se “paralizaba temporalmente” la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

“De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa”, dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), validó los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se refiere una simulación en los precios de los materiales con los que se construyó la Estela de Luz.

La Auditoría señaló que Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández, empleados de la empresa III Servicios, filial de Pemex, la cual estuvo a cargo de la contratación de particulares para la obra, “inflaron” los precios de la obra, causando un daño al erario por más de 400 millones de pesos.

Específicamente apuntaron al acero que se utilizó en la obra. Se detalló que los acusados dictaminaron un supuesto cambio en material, a acero inoxidable, lo que supuso un aumento de costo equivalente a 316.5 mdp; sin embargo, el acero utilizado se pagó a un costo menor que el reportado.

La obra, monumento conmemorativo del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia, la Estela de Luz, construido durante la presidencia de Felipe Calderón, tendría un costo de 400 millones de pesos, aunque al final alcanzó un gasto de mil millones de pesos.

Así, la sanción que se ratificó a los involucrados, correspondiente a la reparación del daño, es de 216.5 y 230.8 millones de pesos respectivamente.

Los sentenciados pueden impugnar la sentencia del TFJA, mediante un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de
circuito en materia Administrativa.

Foto: Twitter @JNDLT