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La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

«Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público», publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se «paralizaba temporalmente» la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

«De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa», dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), validó los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se refiere una simulación en los precios de los materiales con los que se construyó la Estela de Luz.

La Auditoría señaló que Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández, empleados de la empresa III Servicios, filial de Pemex, la cual estuvo a cargo de la contratación de particulares para la obra, «inflaron» los precios de la obra, causando un daño al erario por más de 400 millones de pesos.

Específicamente apuntaron al acero que se utilizó en la obra. Se detalló que los acusados dictaminaron un supuesto cambio en material, a acero inoxidable, lo que supuso un aumento de costo equivalente a 316.5 mdp; sin embargo, el acero utilizado se pagó a un costo menor que el reportado.

La obra, monumento conmemorativo del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia, la Estela de Luz, construido durante la presidencia de Felipe Calderón, tendría un costo de 400 millones de pesos, aunque al final alcanzó un gasto de mil millones de pesos.

Así, la sanción que se ratificó a los involucrados, correspondiente a la reparación del daño, es de 216.5 y 230.8 millones de pesos respectivamente.

Los sentenciados pueden impugnar la sentencia del TFJA, mediante un amparo directo ante un Tribunal Colegiado de
circuito en materia Administrativa.

Foto: Twitter @JNDLT