Tag

uif

Browsing

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó esta mañana que el gobierno federal firmó contratos desde 2012, con los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa ‘Pegasus’.

En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Nieto Castillo dio detalles sobre el caso Pegasus en México, uno de los países con más periodistas, políticos y activistas espiados.

«Se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus», explicó el funcionario.

Nieto detalló que Grupo Tech Bull, una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group, tuvo un contrato en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel, para ‘Pegasus’.

«Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos», dijo.

El colaborador de AMLO, considerado el responsable de la mano dura al interior del gobierno, detalló que de 2012 a 2018, se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje. «Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889  millones de pesos».

Señaló que este no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’, pues dijo que en el gobierno de Felipe Calderón se contrató un servicio parecido, bajo el mando de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad, quien hoy se encuentra preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico.

Además, agregó que las contrataciones con las empresas vinculadas a Tech Bull «se remontan» a 2012, con la administración de Calderón, aunque detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.

Esta empresa recibió fuertes montos a lo largo de los años, de cuentas concentradas del gobierno federal. A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.

«No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018», apuntó.

Sobre los periodos de contratación, indicó que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR pero también con órgano desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz o el Estado de México.

Santiago Nieto afirmó que durante la presente administración «estos grupos no han sido contratados», apuntando que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, días después del arribo al poder de López Obrador.

Indicó que Balam transaccionaba a través de empresas fachadas como Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en varios países.

En este contexto, continuó, «se presentará la información ante la FGR y se dará aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en al presente administración».

Adelantó que se ejecutará el «acuerdo de bloqueo» contra los sujetos involucrados si se ha advertido lavado de dinero.

Por su parte el presidente dijo que además de que espiar es un delito, dichas prácticas cuestan mucho, por lo que señaló que se usaba «mucho dinero del presupuesto con esos propósitos”.

Recordemos que en los últimos días se ha dado a conocer, por investigaciones periodísticas aunadas a las ya existentes de años atrás, que el gobierno de Peña Nieto espió a través del programa ‘Pegasus’ a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, así como a su círculo cercano, entre los que se encuentra su propia familia.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa ‘Pegasus’ de la firma israelí NSO Group a 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos. México encabeza la lista con unos 15,000 números.

Luego de que se diera a conocer la apelación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la exoneración que hiciera sobre una denuncia en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito, el magistrado presiente del TEPJF, José Luis Vargas, aseguró que es inocente de lo que se le acusó, y defendió la resolución  alcanzada por el Ministerio Público.

A través de un comunicado, Vargas Valdez señaló que tras varios meses de investigación, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción concluyó que las imputaciones que se hicieron en su momento en la denuncia que presentó la UIF no correspondían a la realidad.

«Resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal, esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir; además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos», sostuvo el ministro presidente del Tribunal Electoral.

Afirmó que su patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes sus percepciones con sus erogaciones, y aprovechó para aclarar que las cifras filtradas y presentadas en la nota publicada por Reforma, fueron alteradas y por lo tanto la información es falsa imprecisa e injuriosa sobre su persona y su patrimonio.

José Luis Vargas cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga las facultades para impugnar la resolución de la FGR, quien decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra, pues dijo, está debidamente sustentada en pruebas que acreditan que no cometió delito alguno.

Lamentó que se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones a los medios de comunicación. Indicó que en nuestro país es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales, sean objeto de filtraciones a medios de comunicación.

«Reitero soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el ministerio público federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarado ante las autoridades competentes», remató el miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este lunes que impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien es acusado de corrupción.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya exonerado a Vargas Valdez,, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos.

«Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales», informó el organismo en un comunicado.

El pronunciamiento de la UIF, que encabeza Santiago Nieto, se produce tras reportarse en el periódico Reforma que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación contra Vargas el pasado 15 de junio.

Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia en 2020 tras encontrarle gastos por 36.7 millones de pesos al magistrado presidente del TEPJF, de 2013 a la fecha, pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.

José Luis Vargas declaró en diciembre ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque la UIF detectó compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.

«José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad», reiteró este lunes la UIF.

El caso ha cobrado relevancia porque el jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.

La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder en turno, que ahora es Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante la polémica que generó la decisión de la FGR, la UIF aseguró que impugnó el «ejercicio de la no acción penal» ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Hacienda incluso notificó de nueva información del caso.

«Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada», sostuvo la dependencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien ya enfrenta un juicio por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho.

La UIF presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía y acusa a Lozoya de presuntos delitos de corrupción y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con la constructora brasileña Odebrecht.

Junto a Lozoya, la UIF ha denunciado a otras 11 personas físicas y 33 personas jurídicas. La Secretaría de Hacienda considera que las operaciones en cuestión beneficiaron a servidores públicos y sirvieron también para financiar campañas políticas. De 2014 a 2016 la UIF ubicó transferencias por unos 150 millones de dólares.

La UIF ha detallado que, después de una investigación, ha identificado la puesta en marcha de un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht y que supuestamente funcionaba a tres niveles.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) «identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero», señaló la SHCP en un comunicado.

Recordemos que Lozoya es investigado por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Lozoya no ha pisado la cárcel pues al llegar a México fue trasladado a un hospital y posteriormente consiguió llevar su proceso en arresto domiciliario tras acogerse a la figura de testigo colaborador. Es el único funcionario mexicano de alto rango que enfrenta cargos en el marco de la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y que se extendió a distintos países de América Latina.

Ante la sospecha de financiamiento ilícito del partido español Podemos en favor de Morena, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados solicitaron que «se aplique la ley con el mismo rasero», y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue posibles operaciones ilegales de recursos.

Solicitaron también al Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales deslinden responsabilidades, de acuerdo a su competencia, en la fiscalización de ingresos y egresos de Morena y en la persecución de delitos electorales. 

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada federal Mariana Rodríguez Mier y Terán,  presentó un Punto de Acuerdo en nombre de los legisladores priistas, para que se investigue y aclare la supuesta intervención de empresas extranjeras que prestaron servicios de consultoría estratégica y marketing a Morena y que involucran al partido político español. 

“La ley se debe aplicar con el mismo rasero, aunque al partido Morena no le guste y prefiera aplicar el dicho de hágase la justicia, pero en los bueyes de mi compadre”, dijo la legisladora del PRI. “Exigimos se investigue el posible ingreso ilegal de recursos a Morena, si hubo omisión en los reportes del partido y el estado de los topes de gastos de campaña”, insistió Rodríguez.

La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados recordó que, desde noviembre del 2020, diversos medios de comunicaciones en México y España, reportaron la presunta existencia de desvíos millonarios del partido político español Podemos, para financiar las actividades de Morena.

Agregó que investigaciones de medios  como Vox Pópuli en España, El Financiero y Eje Central en México, documentaron que la injerencia de Podemos en territorio nacional a través de Neurona, impactó de forma significativa en las precampañas, particularmente en la de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y la del entonces candidato Raúl Morón, en Michoacán.

Al recordar la nota diplomática que el gobierno federal envió a Estados Unidos, por el supuesto financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, que fue calificado por el propio López Obrador como «un acto golpista y de intervencionismo» que viola la soberanía, la legisladora dijo que así también se debe investigar el presunto financiamiento que Morena recibió de Podemos, ya que también puede representar un acto de «intervencionismo que viole nuestra Constitución y las leyes electorales».

Un grupo de nigerianos involucrados en fraudes y tráfico a pequeña escala fue detenido por en la Ciudad de México, en un operativo conjunto entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

«Se identificó esta célula criminal integrada por ciudadanos nigerianos dedicados a la venta de droga y fraude, principalmente a empresas trasnacionales», dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa.

A partir de una denuncia anónima el 15 de abril en las instalaciones de la UIF, la institución trabajó junto a la SSC para obtener una orden de registro en dos inmuebles de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a dos hombres de nacionalidad nigeriana que identificaron como los presuntos líderes del grupo.

Según informó García Harfuch, después de varios meses de investigación lograron identificar dichas viviendas donde además de los dos hombres detuvieron a dos mujeres mexicanas de 19 y 36 años de edad y encontraron frascos y paquetes con drogas y 52 dispositivos telefónicos que, dijeron, permitirán ampliar «más la investigación».

La UIF procedió al bloqueo de cuentas de seis personas físicas (4 de ellas nigerianas) y cuatro morales, además de que solicitó información financiera al gobierno de Nigeria, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Nieto detalló que se trataba de un fraude «de naturaleza cibernética» con un esquema de lavado de dinero de recursos procedentes de Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Señaló que hasta el día de hoy se sabe transfirieron alrededor 500 millones de pesos.

«Gracias al trabajo coordinado entre estas instituciones y el intercambio de información, se pudo identificar el ‘modus operandi’ para cometer los fraudes, a través de hackeos cibernéticos a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago de nóminas o compras de diversos productos», indicó García Harfuch.

Con los hackeos, los delincuentes se apoderaban de fondos, para que después ciudadanos nigerianos contactaran a sus operadores en México, que contrataban a «personas físicas o mercantiles de reciente creación» para que abrieran cuentas y recibieran los depósitos derivados de los fraudes. Después, realizaban retiros y transferencias a diversas cuentas a través de aplicaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

Diana Sánchez Barrios, lideresa de los comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, fue detenida la noche de ayer por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Fiscalía indicó que había una orden de aprehensión en contra de Sánchez Barrios, por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

La autoridad indicó que al momento de la detención, se le hicieron saber sus derechos constitucionales a la también presidenta de la organización Pro Diana A.C.; posteriormente se le trasladó para su certificación médica antes de ser ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición del juez de control que la requirió.

Esta tarde, un Juez de Control calificó de legal la detención de Sánchez Barrios, dictando prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

«Sobre el particular, queremos informar a ustedes que a dicha persona y a otras más, se les relaciona con al menos cinco carpetas de investigación, en las que se denuncia que dicho grupo exigía el pago de cuotas o el denominado ‘cobro de piso’, a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes, así como a trabajadores de los mismos, a cambio de no afectar sus negocios ni su integridad física», dijo Ulises Lara, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

El funcionario detalló que en noviembre de 2020, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto inició una indagatoria tras recibir la denuncia de una víctima que fue afectada en su patrimonio, en específico, en un negocio ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue entonces que el representante social integró los datos de prueba que presentó ante un juez de control, para obtener, tras varios meses de investigación, en febrero pasado, la orden de aprehensión ejecutada ayer, día en que se ubicó a Sánchez Barrios.

Lara López expuso que de acuerdo con la indagatoria, el modus operandi de la organización que encabeza Diana Sánchez, es llevar a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas en contra de agremiados y a otros, y una vez que las personas se ven afectadas, poder exigirles el pago de las cuotas referidas, a cambio de no dañar su integridad física y patrimonial.

Adicional, el funcionario de la FGJ-CDMX informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procedió a congelar las cuentas bancarias de la lideresa de comerciantes ambulantes, pues la UIF presentó una denuncia ante el Ministerio Público en diciembre de 2020, en la que se señalaron operaciones financieras irregulares de dos asociaciones de las cuales ella forma parte.

«De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Ciudad de México, dichas asociaciones posiblemente habrían recibido millonarias cantidades en cientos de depósitos de afectados que eran presionados a pagar las cuotas mencionadas», añadió el vocero de la Fiscalía.

Ulises Lara reiteró que la Fiscalía actúa por denuncias y lleva a cabo sus investigaciones apegada estrictamente a derecho, y no obedece a consignas ni intereses políticos, esto ante los señalamientos de que la detención de Sánchez Barrios es actualmente candidata a una diputación local por el Distrito 9 por la coalición “Va por México”, que integran el PRI, PAN y PRD.

Al respecto, a través de la cuenta de Twitter de Diana Sánchez Barrios, se acusó que la detención en efecto se trata de represión y persecución política al servicio del gobierno capitalino; señalaron que la detención se dio un día después de anunciarse su participación en el actual proceso electoral.

«Lamentamos enormemente que en un país donde se dice existe un sistema democrático, se haga persecución política en contra de las personas que deciden alzar la voz sin tapujos, y defender causas sociales que no son del interés de servidores públicos, que sólo quieren mantener el poder al costo que sea necesario», indicó la representación de la detenida.

En mensajes de redes sociales, los seguidores y simpatizantes de Sánchez Barrios advirtieron de diversos cierres y bloqueos a lo largo del día para exigir la liberación de su líder. Dichos cierren se han presentado en la zona centro de la capital, en colonias como Juárez, Tabacalera, Doctores, entre otras.

El gobierno federal busca la captura de Raúl Beyruti, fundador y presidente de GINgroup, conocido como el «rey del outsourcing», mecanismo de subcontratación laboral, informó este miércoles Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El secretario confirmó la existencia de «varias denuncias» contra Beyruti mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque dijo no conocer sobre la supuesta orden de aprehensión que se filtró en redes sociales, supuestamente atribuible a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo que puedo confirmar es que la Secretaría de Hacienda presentó denuncias en su momento, que dio información a la Fiscalía. La Fiscalía es la que las tiene que procesar, a mí no me han reportado si ya giraron una orden de aprehensión”, declaró el funcionario en entrevista con Aristegui Noticias.

Las denuncias son el último combate del gobierno federal al esquema de «outsourcing», que surgió de la reforma laboral de 2012 y permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios para reducir hasta 50 % de reducción de costos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, había revelado en enero pasado que había presentado 53 denuncias, 30 relacionadas con empresas «fachada» y 15 vinculadas con empresas factureras, además de ocho sobre «outsourcing», que incluían a GINgroup.

“Este es un caso, el de las empresas fachada, que ha sido muy público, que se ha señalado, los impactos que tienen de daño al erario público y también que son vehículos que permiten disminuir el pago de seguridad social de los trabajadores”, aseveró.

Según trascendió en medios como Expansión y El Universal, la FGR giró una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento público ni de la FGR ni de GINgroup sobre el caso.

Recordemos que en septiembre pasado, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la entonces vicepresidenta de la empresa, María Beatriz Gasca, de estar detrás de las feministas que ocuparon un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Foto: Twitter @Latitud21mx

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para «fines políticos y de presión» a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó este viernes que acordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) permanecer en el cargo pese a su deseo de contender por la gubernatura de Querétaro.

«Acordamos que permanezca en la UIF. Sin duda hubiera sido honroso competir por la gubernatura de mi Estado», dijo Nieto Castillo a través de sus redes sociales.

Sin embargo, indicó que al conversar con el presidente, coincidieron en que se debe seguir luchando contra la corrupción y la delincuencia organizada, ya que es prioridad del gobierno federal.

«El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio», dijo el funcionario federal.

Y es que recordemos que el presidente López Obrador indicó que todo aquel funcionario que deseara buscar algún cargo de elección popular en las elecciones del próximo año, debían presentar su renuncia a más tardar mañana sábado 31 de octubre.

En ese sentido, fue que esta mañana se confirmó la renuncia de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pues ha manifestado su intención de buscar la gubernatura de su estado natal, Sonora.

El aún colaborador de AMLO, dio a conocer la carta de renuncia que presentó al presidente, en el que explicó que garantizar la seguridad pública ha sido uno de los retos más importantes que ha enfrentado el gobierno federal.

Enfatizó que la herencia recibido fue grave: «recibimos un país oliendo a pólvora. Anteriores gobiernos dejaron avanzar la violencia a niveles de emergencia nacional. Encontramos instituciones de seguridad insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicios. Le guerra contra el narco desembocó en cientos de miles de vidas perdidas y desaparecidos a causa de la violencia».

Tal como lo ha venido indicando, dijo que a casi dos años de estar al frente de la dependencia, se han cambiado las características del Estado en el ámbito de la seguridad.

Dijo que quedaron en el pasado el contubernio de autoridades federales de seguridad pública con la delincuencia. Aseguró que se retomó el control de la Policía Federal y de la Gendarmería, en las que imperaba la corrupción.

Durazo señaló que aunque abandonará el gabinete, seguirá en el mismo «barco». «Renuncio al puesto no al proyecto político ni a su liderazgo histórico».

Remató indicando que acompañará el proyecto de la 4T desde otra trinchera, pero con la misma misión de lograr una transformación nacional.

Autoridades de la Ciudad de México y el gobierno federal bloquearon 1,352 cuentas bancarias pertenecientes a 14 organizaciones delictivas que operan en la capital del país, con movimientos financieros equivalentes a 2 mil 688 millones de pesos.

Así lo dieron a conocer Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad de Ciudad de México (SSC), y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al presentar la llamada «Operación Zócalo», que es coordinada ambas dependencias.

«Derivado del aprovechamiento de las capacidades de inteligencia e investigación (…) 14 grupos delictivos han visto disminuidas sus capacidades financieras, lo que facilita la detención de sus integrantes y el combate a los delitos de alto impacto», señalaron los funcionarios.

García Harfuch y Nieto Castillo aseguraron que el trabajo conjunto ha permitido combatir a los grupos generadores de violencia no solo en sus brazos operativos, sino desde sus estructuras financieras, lo que debilita sus acciones criminales.

El funcionario capitalino indicó que, de septiembre de 2019 a la fecha, 61 objetivos prioritarios responsables de homicidios, extorsiones, cobros de piso, despojo de propiedades y robo en sus distintas modalidades, fueron neutralizados.

Añadió que desde el mes de abril a la fecha, la SSC ha llevado a cabo la ejecución de 281 cateos, en las 16 alcaldías de la capital, que derivaron en la detención de 436 posibles delincuentes, así como el aseguramiento de armas de fuego y miles de dosis de estupefacientes.

Por su parte el titular de la UIF señaló que desde la puesta en marcha de la “Operación Zócalo”, se bloquearon cuentas vinculadas a integrantes de 14 organizaciones delictivas, entre ellas La Familia Michoacana, La Unión Tepito, La Anti Unión y El Cártel Tláhuac.

«Con esta operación se fortalece la coordinación entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Federal con las autoridades de la Ciudad de México; se identifican vínculos financieros de diferentes organizaciones; se conocen las estructuras gubernamentales que han apoyado a dichas organizaciones; se reduce la operatividad y como consecuencia, el nivel de violencia y la identificación de prestanombres y empresas vinculadas con dichas organizaciones criminales”, detalló.

Las personas denunciadas en este operativo suman un total de 42, 25 de ellas físicas y 17 morales. Del total de recursos involucrados, 434 mil 828 fueron en depósitos y 2 billones 114 millones 153 mil 373 en retiros.

Omar García Harfuch fue cuestionado sobre la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y las presuntas extorsiones que realiza a comerciantes del Centro Histórico.

“Sobre la presencia de este grupo en el Centro Histórico cobrando extorsión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni la Fiscalía General de Justicia tenemos un solo indicio o denuncia de que este grupo esté cobrando extorsiones. Una cosa es que llegue alguien y comente que está cobrando extorsión a nombre de ese grupo delincuencial y otra muy diferente es que sea de ese grupo», respondió el funcionario.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que Ricardo Anaya está siendo investigado en relación al caso Odebrecht.

Nieto Castillo señaló que el panista es investigado luego de que se le mencionara, entre un total de 70 personas, por presuntamente estar implicadas en la red de sobornos que la empresa brasileña pagó en México.

El funcionario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará si el ex candidato presidencial es llamada a comparecer.

“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre (Ricardo Anaya), aparece ahí”, dijo Santiago Nieto en el marco de la firma de un convenio entre la UIF y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El colaborador del gobierno federal adelantó que la UIF está preparando una nueva denuncia contra Emilio Lozoya; así, sumarían seis las denuncias que se han interpuesto. La que en breve se presentará es, detalló Nieto Castillo, por un contrato de 3 mil millones de pesos que se entregó a Odebrecht.

“Estamos preparando una sexta, que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte Pemex a Odebrecht, que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasmas en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra, en Sedesol”, explicó el funcionario.

La confirmación de Santiago Nieto llega un día después de que el ex candidato presidencial anunciara su regreso a la vida pública nacional.

Anaya indicó que ante el desastre que se vive en el país con el gobierno de López Obrador, era necesario «estar presente». Dijo que más allá de estar criticando al gobierno, la oposición debía proponer sobre cómo corregir el rumbo, y presentar a la ciudadanía un camino que sea viable y así convencerlos de que sí se pueden hacer las cosas de otra manera.

En su video, Anaya vaticinó que los ataques desde el gobierno federal en su contra podrían incrementarse, aunque les restó importancia.

Sobre el anuncio de Anaya, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, respondió asegurando que las declaraciones del panista están llenas de errores, falsedades y mala fe.

“Esa calva (…) está hueca de ideas y de principios”, dijo el morenista luego de afirmar que aunque en un principio Anaya es alguien que convence, no tarda en quitarse la máscara y dejarse ver como es realmente.

El diputado aseguró que tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, Morena no ha roto ni un solo vidrio, por lo que pidió al panista no «empezar» a levantar la mano con amenazas, sobre todo considerando que él se encuentra bajo la «mira de la justicia».

Muñoz Ledo afirmó que Anaya decidió regresar a la vida pública para poder tener poder, y así, seguir haciendo dinero, pues señaló, «a ti lo que te gusta es el dinero».

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 un billón de pesos, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor, esto debido a que México no cuenta con una metodología para medir dichos montos con exactitud.

El colaborador del gobierno federal aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por la UIF o por otras instancias, ante las autoridades competentes.

Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que la Unidad multiplicó el número de denuncias ante los tribunales, en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164, y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.

La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios.

La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

En este sentido, informó que congeló recursos a casi 2,000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a 330 vinculadas al Cártel del Pacífico.

Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.

«Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional», Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la República.

De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.

Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22% del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció este martes y congeló las cuentas de políticos opositores tras las protestas contra el tratado de aguas con Estados Unidos, y que desató la toma de la presa ‘La Boquilla’ en Chihuahua.

La UIF informó del bloqueo de cerca de 50 cuentas bancarias, incluyendo la del exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Eliseo Compeán, alcalde de la ciudad de Delicias del Partido Acción Nacional (PAN), opositores acusados de estar detrás de las protestas.

Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró este martes que denunció a Reyes Baeza por el presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta acusación, precisó, correspondería al caso de la «Estafa Maestra», un caso de corrupción revelado en el sexenio anterior en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto y gobiernos estatales armaron un esquema irregular de contratos públicos.

«Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción», informó Nieto en sus redes sociales.

La UIF también congeló cuentas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH).

Las acciones dela UIF llegan luego del enfrentamiento entre agricultores y la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer, y dejó varios heridos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado a políticos opositores de estar detrás del conflicto por motivos electorales. Además, informó que habrá denuncias contra manifestantes que causaron daños a plantas de generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, se han acusado mutuamente de mentir sobre el cumplimiento de los compromisos del tratado. Corral reafirmó que el gobierno federal ha politizado el conflicto y ha tratado de intimidar a los manifestantes con la Guardia Nacional.

Foto: Twitter @DonVocero

El gobierno federal congeló las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder sindical acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un violento grupo criminal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra del líder de un sindicato del ramo de la industria de la construcción Hugo ‘N’ que tiene operaciones en varios estados de la República mexicana.

También se bloquearon las cuentas de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas financieramente con dicha persona, a quien se le atribuye la comisión de un homicidio, así como secuestros, extorsiones y despojos.

El sindicalista es Hugo Bello Valenzo, de la Confederación Libertad de Trabajadores de México. Precisó que el líder sindical utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales.

Explicó que a través de prestanombres, el líder sindical manejó a cuatro personas morales a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado.

«Mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos como su esposa y dos de sus hijos realizó retiros en efectivo con los cuales adquirió diez inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos y ocho vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos, añadió la Unidad que encabeza Santiago Nieto.

De igual forma, se identificó que durante la operación del «grupo criminal» se registraron depósitos bancarios por 1,252 millones de pesos.