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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que Ricardo Anaya está siendo investigado en relación al caso Odebrecht.

Nieto Castillo señaló que el panista es investigado luego de que se le mencionara, entre un total de 70 personas, por presuntamente estar implicadas en la red de sobornos que la empresa brasileña pagó en México.

El funcionario indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determinará si el ex candidato presidencial es llamada a comparecer.

“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre (Ricardo Anaya), aparece ahí”, dijo Santiago Nieto en el marco de la firma de un convenio entre la UIF y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

El colaborador del gobierno federal adelantó que la UIF está preparando una nueva denuncia contra Emilio Lozoya; así, sumarían seis las denuncias que se han interpuesto. La que en breve se presentará es, detalló Nieto Castillo, por un contrato de 3 mil millones de pesos que se entregó a Odebrecht.

“Estamos preparando una sexta, que tiene que ver con la contratación de 3 mil millones de pesos de parte Pemex a Odebrecht, que al final terminaban triangulando recursos a empresas fantasmas en un mecanismo muy similar al que conocimos en la Estafa Maestra, en Sedesol”, explicó el funcionario.

La confirmación de Santiago Nieto llega un día después de que el ex candidato presidencial anunciara su regreso a la vida pública nacional.

Anaya indicó que ante el desastre que se vive en el país con el gobierno de López Obrador, era necesario «estar presente». Dijo que más allá de estar criticando al gobierno, la oposición debía proponer sobre cómo corregir el rumbo, y presentar a la ciudadanía un camino que sea viable y así convencerlos de que sí se pueden hacer las cosas de otra manera.

En su video, Anaya vaticinó que los ataques desde el gobierno federal en su contra podrían incrementarse, aunque les restó importancia.

Sobre el anuncio de Anaya, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, respondió asegurando que las declaraciones del panista están llenas de errores, falsedades y mala fe.

“Esa calva (…) está hueca de ideas y de principios”, dijo el morenista luego de afirmar que aunque en un principio Anaya es alguien que convence, no tarda en quitarse la máscara y dejarse ver como es realmente.

El diputado aseguró que tal como lo ha dicho el presidente López Obrador, Morena no ha roto ni un solo vidrio, por lo que pidió al panista no «empezar» a levantar la mano con amenazas, sobre todo considerando que él se encuentra bajo la «mira de la justicia».

Muñoz Ledo afirmó que Anaya decidió regresar a la vida pública para poder tener poder, y así, seguir haciendo dinero, pues señaló, «a ti lo que te gusta es el dinero».

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 un billón de pesos, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor, esto debido a que México no cuenta con una metodología para medir dichos montos con exactitud.

El colaborador del gobierno federal aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por la UIF o por otras instancias, ante las autoridades competentes.

Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que la Unidad multiplicó el número de denuncias ante los tribunales, en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164, y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.

La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios.

La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

En este sentido, informó que congeló recursos a casi 2,000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a 330 vinculadas al Cártel del Pacífico.

Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.

«Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional», Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la República.

De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.

Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22% del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció este martes y congeló las cuentas de políticos opositores tras las protestas contra el tratado de aguas con Estados Unidos, y que desató la toma de la presa ‘La Boquilla’ en Chihuahua.

La UIF informó del bloqueo de cerca de 50 cuentas bancarias, incluyendo la del exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Eliseo Compeán, alcalde de la ciudad de Delicias del Partido Acción Nacional (PAN), opositores acusados de estar detrás de las protestas.

Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró este martes que denunció a Reyes Baeza por el presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta acusación, precisó, correspondería al caso de la «Estafa Maestra», un caso de corrupción revelado en el sexenio anterior en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto y gobiernos estatales armaron un esquema irregular de contratos públicos.

«Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción», informó Nieto en sus redes sociales.

La UIF también congeló cuentas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH).

Las acciones dela UIF llegan luego del enfrentamiento entre agricultores y la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer, y dejó varios heridos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado a políticos opositores de estar detrás del conflicto por motivos electorales. Además, informó que habrá denuncias contra manifestantes que causaron daños a plantas de generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, se han acusado mutuamente de mentir sobre el cumplimiento de los compromisos del tratado. Corral reafirmó que el gobierno federal ha politizado el conflicto y ha tratado de intimidar a los manifestantes con la Guardia Nacional.

Foto: Twitter @DonVocero

El gobierno federal congeló las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder sindical acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un violento grupo criminal.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra del líder de un sindicato del ramo de la industria de la construcción Hugo ‘N’ que tiene operaciones en varios estados de la República mexicana.

También se bloquearon las cuentas de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas financieramente con dicha persona, a quien se le atribuye la comisión de un homicidio, así como secuestros, extorsiones y despojos.

El sindicalista es Hugo Bello Valenzo, de la Confederación Libertad de Trabajadores de México. Precisó que el líder sindical utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales.

Explicó que a través de prestanombres, el líder sindical manejó a cuatro personas morales a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado.

«Mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos como su esposa y dos de sus hijos realizó retiros en efectivo con los cuales adquirió diez inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos y ocho vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos, añadió la Unidad que encabeza Santiago Nieto.

De igual forma, se identificó que durante la operación del «grupo criminal» se registraron depósitos bancarios por 1,252 millones de pesos.

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo este viernes que fueron congeladas las cuentas de las personas y empresas mexicanas sancionadas por Estados Unidos, tras ser acusadas de ayudar a Caracas a evadir sanciones mediante el comercio de petróleo venezolano.

Nieto Castillo no dio detalles del número de cuentas bancarias ni montos, pero afirmó que están congeladas las de «todos los listados por OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros)».

En su primera medida contra entidades mexicanas ligadas al comercio de crudo venezolano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó ayer que impuso sanciones a tres individuos, ocho firmas extranjeras y dos embarcaciones por actividades relacionadas con una red que intentaba eludir las sanciones, con las que Washington busca presionar al presidente Nicolás Maduro.

En la lista negra figuran la empresa mexicana Libre Abordo y su relacionada Schlager Business Group, así como sus copropietarios, la mexicana Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García.

También incluyó la Tesorería a Joaquín Leal Jiménez, a quien Estados Unidos acusó de haber trabajado con el empresario Alex Saab, Libre Abordo y Schlager Business Group para negociar la reventa de millones de barriles de crudo venezolano.

Libre Abordo y Schlager comenzaron a recibir crudo venezolano para su reventa en los mercados asiáticos a finales del año pasado tras firmar dos acuerdos de «petróleo por alimentos» con el gobierno de Maduro que aseguran están exento de las sanciones de Estados Unidos.

Las empresas mexicanas acordaron suministrar a Venezuela 210,000 toneladas de maíz blanco y 1,000 camiones cisterna para agua, de las cuales han llegado a Caracas alrededor de la mitad. El maíz no fue provisto debido a cambios en el cronograma de entregas, según Libre Abordo.

Hasta finales de mayo, Libre Abordo y Schlager recibieron unos 30 millones de barriles de petróleo venezolano, según documentos de exportación de PDVSA.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló que existen investigaciones contra exfuncionarios de la Secretaria de Salud por posibles actos de corrupción.

En un breve encuentro con la prensa desde Palacio Nacional, Nieto Castillo señaló que las indagatorias se suman a las que involucran a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), de las secretarías de Comunicaciones y Trasportes (SCT), de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Hemos presentado denuncias contra Rosario Robles, primero; segundo contra Emilio Lozoya. Presentamos cuatro denuncias, todavía nos hace falta terminar la investigación de Fertinal y el astillero español», comentó el funcionario.

Agregó que hay denuncias contra el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ya fallecido, «pero va contra su círculo cercano y OHL. Y hay una investigación sobre Luis Miranda relacionada con presuntos actos de corrupción. Vamos a seguir con ese proceso para efecto de presentarlo ante las instancias correspondientes», añadió.

Sobre la información que apunta a que también se investiga a exfuncionarios de Salud, Nieto Castillo puntualizó que se indaga a directores y titulares de institutos del sector; además de que se revisan los recursos que recibieron las farmacéuticas pues, pese a recibir contratos costosos, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportaron pérdidas.

“Hemos encontrado farmacéuticas que recibieron pagos del gobierno mexicano de 83 mil millones de pesos y que presentan pérdidas fiscales por 416 millones, lo cual nos parece que es un esquema de defraudación fiscal», refirió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó este viernes que desde Palacio Nacional se haya ordenado una investigación en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Y es que de acuerdo a la columna Bajo Reserva, del diario El Universal, López Obrador habría ordenado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto, investigar las cuentas del expresidente y de su exesposa, Angélica Rivera.

«No hay ninguna investigación abierta del gobierno que represento en contra del expresidente Peña Nieto», dijo AMLO esta mañana en su conferencia de prensa. Sin embargo, dijo que podría haber denuncias ante la Fiscalía General de la República por parte de ciudadanos. «Pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia”, añadió

Recordó que aunque no era partidario de actuar en contra de los exmandatarios, sería la ciudadanía quien podría solicitar la realización de una consulta para decidir si se les juzgaba, desde Salinas hasta Peña, «por todo lo que sucedió en el lamentable, triste y doloroso periodo neoliberal, pero eso depende de los ciudadanos».

Sin embargo, la administración de López Obrador ordenó rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos, durante el periodo que estuvo al frente del gobierno federal.

La instrucción fue girada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en cuentas bancarias del expresidente, su exesposa Angélica Rivera Hurtado y a sus hijos Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).

Irma Eréndira Sandoval solicita realizar una investigación en materia de evolución patrimonial del 1 de diciembre de 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto, al 30 de noviembre de 2018.

Por su parte Santiago Nieto confirmó que contra quien sí hay una investigación es Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Peña Nieto.

Nieto Castillo confirmó que el también compadre del mexiquense se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Dijo que se investigan los casos porque se trata no sólo de combatir la corrupción, sino la impunidad y «que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea, no se trata de mandar a la cárcel a altos funcionarios del gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron».

Según informes de El Universal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga presuntas irregularidades por mil 323 millones de pesos aplicados en 2018 por la Sedesol en la ‘Cruzada contra el Hambre’ y sus comedores comunitarios, en periodo en el que encabezaron la dependencia Miranda Nava y Eviel Pérez Magaña.

Santiago Nieto indicó que desde la UIF se abierto carpetas de investigación en contra de diversos funcionarios de la administración pasada, como lo es Rosario Robles, Gerardo Ruiz Esparza y Emilio Lozoya, pues han atendido la instrucción del presidente de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

«No se persigue a nadie, pero si hubiera, si alguien apareciera en alguna investigación, pues lo que se tiene que hacer es actuar conforme a derecho, no hay de otra. Eso implica presentación de denuncias, en su caso congelamiento de cuentas si hay indicadores de lavado de dinero y bueno pues continuar con esta política», declaró Nieto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este miércoles la presentación del informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabezada Santiago Nieto Castillo.

“La transparencia es regla de oro de la democracia. Vamos a informar lo que no afecte el debido proceso; que se sepa qué estamos haciendo con el propósito de desterrar la corrupción. Cero corrupción y cero impunidad”, dijo el mandatario.

López Obrador acusó que por la corrupción hay una gran desigualdad económica y social en el país, además de que provocó que se perdieran valores y se desató la inseguridad y la violencia.

Por su parte Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en lo que va de la administración, se han presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020. El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil millones de pesos y retiros superiores a 289 mil millones de pesos.

“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó. Se ha transformado la normatividad”, sostuvo Nieto Castillo.

Adicional, señaló que se han congelado un total de 5 mil 554 millones 723 mil 319.35 pesos; aunque aclaró que las suspensiones que ha concedido el Poder Judicial con base en la ley, hacen que dicha cantidad no sea fija.

También detalló que se han bloqueado 12 mil 191 cuentas relacionadas con más de 52 millones de dólares por los ilícitos de robo de hidrocarburo, corrupción política, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada, factureras, aduanas, secuestro y tráfico de armas.

Explicó que en el tema de la protección de mujeres y niñas, se desarticuló una red de trata; un pastor y seis personas relacionadas a un grupo religioso por pornografía infantil y explotación sexual, así como un sujeto que comercializaba con imágenes de menores en Facebook.

Precisó que a la Iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, se le han bloqueado las cuentas bancarias de seis personas que suman 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.

En materia de corrupción, informó que se ejercieron acciones contra un exfuncionario, un exservidor público y el jefe de la oficina de un gobierno, en todos los casos se trató de locales, además de un fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos.

Sobre las prácticas ilícitas en la adquisición de medicamentos, dio a conocer que Inteligencia Financiera verificó tres empresas por las que ya se presentaron denuncias y responsabilidades administrativas. La empresa Intercontinental de Medicamentos, además de haber ganado por adjudicaciones directas 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas por 410 millones de pesos, lo que se explica como defraudación fiscal u operaciones simuladas a partir de la facturación falsa.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó que siguiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha avanzado en el combate a la corrupción.

Sin embargo, dijo que aún faltan muchos casos relacionados a la corrupción en ser llevados ante los tribunales y fiscalías.

“En el último sexenio México era el país 138 del mundo en corrupción. Hoy estamos en el lugar 130, hemos mejorando 8 puntos, después de un año de administración”, dijo Nieto Castillo en un breve encuentro con la prensa.

Recordemos que Transparency International the Global Coalition Corruption público recientemente el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, donde situó a México en el lugar 130 de 180 países evaluados.

El funcionario indicó que, pese a este avance, todavía falta mucho por hacer para finalmente cumplir con la instrucción del Presidente de tener una política de cero tolerancias a la corrupción.

Sobre la labor de la UIF, se informó este miércoles que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de México.

“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos», explicó la UIF.

Las autoridades federales investigan al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su casero, por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht, según dio a conocer este miércoles la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo a documentos en su poder, en el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos transferidos por Odebrecht, se detectaron pagos al Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Osorio Chong en Bosques de las Lomas y en Lomas de Chapultepec.

Los pagos de Odebrecht a la empresa hidalguense fueron por supuestos servicios como subcontratista en la modernización de la refinería de Tula, obra que fue asignada por Pemex en 2013 mediante sobornos, según han confesado ex directivos de la constructora brasileña.

El esquema de la UIF incluye una conexión del Grupo Constructor Tulancingo con contratos públicos asignados en el anterior sexenio por organismos federales cuyos titulares eran estrechos colaboradores de Osorio Chong desde hace 15 años.

Entre las dependencias que otorgaron contratos a la constructora del casero de Osorio Chong estuvieron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), organismo que dependía de Gobernación, y el centro Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ambas dependencias las encabezaban dos colaboradores de Osorio desde los días en que fue Gobernador de Hidalgo, entre 2005 y 2011: al frente de la CNDI estaba Nuvia Mayorga, quien fue su Secretaria de Finanzas en la gubernatura, mientras que el director del centro de la SCT en Pachuca era Alberto Salomón Bulos, su ex Subsecretario de Obras.

Nuvia Mayorga, además, había sido invitada por Osorio para colaborar, desde el PRI nacional, en la campaña presidencial de 2012; él era Secretario de Operación Política y ella se integró como titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización.

Actualmente Osorio y Nuvia Mayorga son senadores por el PRI y gozarán de fuero constitucional hasta el año 2024.

Esta no es la primera vez que se involucra a Nuvia en el caso Odebrecht. En agosto de 2017 el columnista Salvador García Soto afirmó que el propio Emilio Lozoya llegó a comentar a personas cercanas que él no había recibido el dinero de Odebrecht y que esos recursos llegaron a través de “una operadora financiera de un gobernador” y mencionaba en concreto el nombre de Nuvia Mayorga, ex secretaria de Finanzas de Hidalgo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en su administración se valora la posibilidad de crear un cuerpo de seguridad para cuidar las oficinas de gobierno.

Durante su conferencia matutina, el mandatario explicó que esta mañana, en la reunión del Gabinete de Seguridad, se abordó el tema sobre el resguardo de oficinas, que eran vigiladas, y en algunos casos siguen, por policías privados.

“Tratamos en la mañana lo de el tener ya, un órgano para dar seguridad a las oficinas federales, una policía federal sólo para dar servicio de vigilancia a oficinas del gobierno», refirió el mandatario desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional.

Aseguró que en el resguardo de los edificios se llegó “al colmo» que la Secretaría de Gobernación, quien anteriormente se encargaba de la extinta Policía Federal, contrató servicio de seguridad privada.

“Se tenían contratos de 50 mil elementos de policías particulares privadas. Se llegó al extremo, al colmo, de que la Secretaría de Gobernación, que manejaba la Policía Federal contrataba servicios particulares, a policías para vigilar sus oficinas. Eso ya no se permite, hay contratos vigentes que poco a poco se van a ir cancelando, es poner orden en la administración, indicó el presidente

Al respecto, informó que la empresas que obtienen contratos en la actual administración son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para evitar que se cometan ilegalidades como sucedió en gobiernos pasados.

AMLO dijo que se revisa que las compañías a las que se les otorga alguna licitación, no estén señaladas por malos manejos, incluso si son extranjeras.

“Ahora estamos revisando, en todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera (revisa); a ver, quiénes son, de dónde vienen, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos o no».

El presidente aseguró que ahora ya no se pagan excesos, por ejemplo, como sucedía con la adquisición de medicinas en donde tres empresas controlaban la venta de medicamentos y materiales de curación y eso elevaba los costos, o se adquirían, dijo, “productos chatarra y caros».

“Ya no hay el moche, el 10 por ciento: ‘Te doy este contrato, pero te mochas’. A ver, que nos digan, el que venga aquí y diga: Tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio, y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones», afirmó el mandatario.

López Obrador hizo un llamado para que las compañías no den “moches» y hacer frente a sobornos, pues dijo que todas las empresas que estén interesadas en obtener algún contrato, lo pueden hacer sin necesidad de entrar a un proceso de corrupción.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, desmintió que alguna de las investigaciones que se le siguen al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, apunten al expresidente Enrique Peña Nieto, tal como lo aseguró el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ).

Nieto Castillo confirmó que hay cuatro investigaciones de las que ya se dio parte a la Fiscalía General de la República  (FGR), además de que hay dos más que se prepara, una de ella, la relacionada con la compra de un astillero en España.

Desde el Senado, se le cuestionó si se investiga a Peña Nieto por temas de corrupción, a lo que el titular de la UIF indicó que «en este momento la investigación ha llevado solo al señor Lozoya y a sus cercanos”, añadiendo que hasta el momento el nombre del exmandatario no ha salido a la luz.

Santiago Nieto recordó que se mantienen congeladas 14 cuentas del exfuncionario en el sexenio anterior, así como de familiares y de excolaboradores.

En temas relacionados a Lozoya, se informó que extitular de Pemex analiza el historial de varios bufetes locales para elegir al que lo defenderá.

«Solo será él quien decida» a los abogados que lo defenderán en este país, dijo su abogado Javier Coello, quien se encuentra en España para entrevistarse con su cliente y ayudar con la búsqueda del despacho que lo defenderá. En ese sentido, precisó que está por definirse si su cliente regresa a México o «pelea aquí la extradición».

Coello Trejo insistió en que Lozoya «fue un instrumento, pero en su momento y ante los jueces lo tendremos que aclarar». Añadió que «ningún funcionario en México se manda solo si no es por orden del presidente de la República; hace 50 años y ahora».

El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha instalado un clima de terror contra empresarios en el país, a quienes investiga a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, la cual dirige Santiago Nieto.

En un editorial publicada por el diario ayer, y firmada por la periodista Mary Anastasia O’Grady, se indica que “México avanza una normativa de un solo hombre (…) tras bambalinas, la ley está siendo utilizada para esparcir el terror entre los oponentes del presidente».

La periodista señala que una pieza clave para dicha labor es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que supuestamente investiga actividades financieras sospechosas y entrega la información al fiscal general, aseguró O’Grady.

“En la práctica, dicen los críticos, está siendo usada para ganar control de las instituciones que deberían ser independientes», añadió.

El texto señala a Santiago Nieto, quien en repetidas ocasiones ha dado a conocer el congelamiento de cuentas bancarias de empresas e individuos, sostiene que la prohibición de hablar de investigaciones en curso aplica únicamente para la Fiscalía General de la República (FGR) de México, por lo que él se defiende asegurando que utiliza su libertad de expresión para notificar avances.

La periodista del WSJ concluye su análisis indicando que México se conduce hacia una política dictatorial donde el presidente López Obrador dispone qué sucede a nivel institucional.

Sin embargo, esta mañana, el presidente López Obrador sostuvo que la acusación del WSJ es desmedida y que en México hubo gobiernos de un solo hombre durante las gestiones de Antonio López de Santa Anna, en el siglo XIX, y Porfirio Díaz, a principios del siglo XX.

Y aunque reconoció que la UIF sí investiga a diversas empresas e individuos, dijo que no lo hace a manera de intimidación, sino para garantizar que no haya cobro de cuotas a manera de sobornos para facilitar la asignación de contratos por parte del gobierno federal.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que la dependencia a su cargo ha congelado 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas con el caso del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra preso en España, por presuntos actos de corrupción.

“Hemos congelado del caso Lozoya a 14 personas físicas y morales relacionadas con él, por las transferencias ilícitas que recibió tanto en Odebrecht como en Altos Hornos de México (Ahmsa)”, indicó en conferencia de prensa.

Nieto Castillo agregó que se han presentado cuatro denuncias en contra de Lozoya Austin; además, dijo, hay dos investigaciones pendientes, que tienen que ver con la adquisición de un Astillero, en España.

Respecto de la extradición de Lozoya Austin, comentó que es un trámite que realizan la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); señaló que están en desarrollo los protocolos, para efecto de poder conseguirla.

“Tienen un proceso en España y debe haber un planteamiento por parte del inculpado para efecto de si se allana o no a la solicitud de extradición que haga el Estado mexicano”, indicó Nieto Castillo al participar en un evento de la Cámara de Diputados.

Explicó que la UIF trabaja de manera coordinada con la FGR en casos de corrupción relevantes de la administración anterior. “La instrucción del Presidente, Andrés Manuel López Obrador es muy clara: debemos de mantener una política de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad”.

Sostuvo que lo que el presidente le ha dicho es que deben actuar, no buscando venganza sino justicia y en un Estado de derecho las personas que presuntamente hayan cometido una conducta delictiva por muy poderosas que sean.

El gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior, aseguró el titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

El funcionario de dicho organismo, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recordó que México mejoró ocho lugares a nivel mundial dentro del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

“Respecto al Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que nos mejora ocho lugares, es preciso decir que hemos logrado detener la caída libre que nos dejó el gobierno anterior», publicó en su cuenta de Twitter.

Y es que según el Índice presentado este jueves, de un total de 180 países evaluados, México se colocó en la posición 130, mejorando 8 posiciones respecto a 2018, para ubicarse junto a Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo.

Se resaltó que al mejorar su calificación en un punto respecto a 2018, México detuvo una caída de 5 años consecutivos en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Los países fueron valorados en una escala, donde cero significa mayor percepción de corrupción y 100 representa una menor percepción al respecto. México obtuvo una puntuación de 29 unidades.

Santiago Nieto adelantó que en breve se reunirá con Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, para trabajar en la promoción de políticas públicas para seguir mejorando en dicha materia.

«Cero tolerancia a la corrupción», sentenció el funcionario federal después de darse a conocer ese indicador.

Por su parte la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, celebró que México avanzara en el ranking internacional, y aseguró que el mundo «registra y abraza el viraje radical en materia de combate a la corrupción» que lleva a cabo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó esta martes que se procedió a congelar las cuentas bancarias del abuelo y del padre del niño de 11 años que mató a una maestra, hirió a cinco de sus compañeros así como a un maestro, y se suicidó en una escuela de Torreón, Coahuila.

En breves declaraciones a la prensa, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que detectaron un «flujo irregular» de
recursos y «transferencias internacionales a Estados Unidos» del padre y del abuelo, quien fue detenido por ser propietario del arma del crimen.

«Evidentemente estamos en el proceso de congelamiento de cuentas en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de las personas», explicó.

De acuerdo con las autoridades, las dos armas que empleó el menor en el tiroteo, y con las que efectuó un total de nueve disparos, eran propiedad de su abuelo, de calibre 25 una y 40 la otra, esta última de uso exclusivo del Ejército mexicano.

El abuelo, José Ángel, de 58 años de edad, fue recluido este lunes en el centro de readapatación social de Torreón acusado del delito de homicidio en comisión por omisión, el cual podría significarle una pena de entre 18 y 35 años de prisión, debido a que presuntamente las armas usadas por el niño son de su propiedad y estaban en su casa.