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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció la decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de la polémica y críticas que generara su boda en Guatemala.

“Pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia”, se limitó a decir el mandatario al ser cuestionado por el asunto.

Sin embargo, el presidente se concentró en defender el nombramiento de Pablo Gómez al frente de  la UIF. Ante las críticas por la falta de experiencia de Gómez, de quien el gobierno ha destacado por ser economista y líder estudiantil del movimiento de 1968, López Obrador dijo que “es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”.

Ante la insistencia de la prensa, el presidente dio por terminada su conferencia argumentando que tenía que salir a su gira que inicia hoy.

Pese a la defensa que hizo de Pablo Gómez, el experredista indicó en entrevista con Joaquín López-Dóriga que no fue el presidente quién le ofreció el cargo, sino el  secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Fue el titular de Segob quien le preguntó si aceptaba el puesto.

Y es que a la boda de Santiago Nieto con la consejera electoral Carla Humphrey, varios asistentes llegaron en un avión privado, incluida la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix, quien también renunció por incumplir las reglas de austeridad del gobierno capitalino. El tema trascendió ya que en la aeronave las autoridades de Guatemala encontraron 35,000 dólares en efectivo, que resultaron ser del presidente ejecutivo del Consejo de Administración del diario El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, y su familia.

El mismo lunes, antes de la renuncia de Nieto, el presidente López Obrador, quien ha hecho bandera de la austeridad y el combate a la corrupción, tachó la boda de “asunto escandaloso”.

En respuesta, Nieto confirmó su renuncia con un mensaje en sus redes sociales explicando que antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, prefirió presentar su renuncia como titular de la UIF. “Mi lealtad es con el presidente. Mi amor para Carla Humphrey”, añadió.

Luego de la polémica y críticas que generó su lujosa boda, realizada el fin de semana en Guatemala, Santiago Nieto presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, misma que fue aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Presidencia de la República informó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez, al frente de la UIF, a pesar de que la Unidad depende de la Secretaría de Hacienda.

Recordemos que Santiago Nieto estuvo al frente de la UIF, considerada como el puño de hierro la 4T para presionar a evasores fiscales y a opositores, desde el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador asumió el poder.

A través de sus redes sociales, Santiago Nieto explicó que antes de que pudiera afectarse al proyecto del actual gobierno, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, prefirió presentar su renuncia. 

Con la renuncia de Nieto, suman dos funcionarios que se apartan de su cargo a causa de esta boda. La primera en presentar su renuncia, y que también fue aceptada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, fue Paola Félix Díaz, quien acababa de asumir la secretaría de turismo local.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un asunto escandaloso la boda de Nieto y la consejera del INE.

El presidente también se refirió a los 35,000 dólares en efectivo decomisados por autoridades de Guatemala a Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente de El Universal, quien asistió al evento.

Sin embargo, a través de una columna publicada en el diario, se relata cómo el dinero incautado era para un tratamiento médico del directivo y que había sido reportado a autoridades mexicanas antes de viajar en el avión, y explica como fue que el tema se aclaró, además de que dicho incidente no tuvo relación con la boda a la que asistía.

Quien también se sumó al tema, fue Félix Salgado Macedonio, ex aspirante a la gubernatura de Guerrero, aunque se rumora es quien en realidad gobierna, luego de que fuera su hija, Evelyn Salgado, quien triunfara en la elección. En un mensaje en sus redes sociales, el morenista aseguró que la consejera del INE, quien lo “tumbó, se lo llevó entre las patas. ¡Feliz Luna de Miel y que viva el amor! Cayó un apóstol y entró otro. ¡Dios es grande!”.

Se pospuso, por tercera vez, la audiencia de Ricardo Anaya, quien se encuentra en Estados Unidos y es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber recibido sobornos de la trama Odebrecht.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la cita se difirió hasta el próximo 31 de enero porque los abogados no tuvieron tiempo de estudiar todas las hojas del expediente. Ni la Fiscalía ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se opusieron a la solicitud de la defensa.

Sin embargo, el juez ordenó a Anaya acudir de forma presencial a la audiencia de enero y no de forma telemática como ha hecho hasta ahora por encontrarse fuera del país. La audiencia ya había sido pospuesta en agosto y en octubre pasado.

Recordemos que Anaya, excandidato presidencial, salió de México el pasado 5 de julio con rumbo a Nueva York, donde ha denunciado una persecución en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Fiscalía lo acusa de haber recibido 6.8 millones de pesos de la trama Odebrecht a cambio de su voto a favor de la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, Anaya sostiene que ya no era diputado en la fecha en la que según el Ministerio Público habría recibido el dinero. El presidente López Obrador pidió este lunes al panista “que regrese, que informe, que aclare su situación”.

“Yo no di la instrucción de que se le castigara o investigara, yo no actúo así. Él argumenta eso pero debería afrontar las cosas y aclarar si recibió dinero”, respondió a una entrevista que Anaya dio al The Wall Street Journal en la que denunció que lo están “procesando por cargos inventados”.

Según publicó Milenio, la FGR solicitará prisión preventiva para el excandidato presidencial, tal y como sucedió con hace unos meses utilizaron con Jorge Lavalle Maury, quien tras comparecer por videoconferencia fue solicitada su presencia ante el juez para debatir las medidas cautelares que se le impondrían hasta que se resolviera su situación jurídica.

Anaya compareció este lunes a través de videoconferencia, pero deberá hacerlo, tal y como le marcó el juez, de forma presencial y en presencia de un abogado. La Fiscalía solicitará su presencia física una vez sea imputado y, en caso de no comparecer, le considerará fugado de la justicia y por ende pedirá su detención.

Ayer, el grupo parlamentario de Morena ofreció una conferencia de prensa en el Senado, para abordar temas diversos, entre los que estuvo el de los científicos que la Fiscalía General de la República (FGR) busca encarcelar por supuestos delitos patrimoniales, entre los que se contempla el de delincuencia organizada.

Fue el senador Armando Guadiana Tijerina quien robó cámara y levantó polémica al solicitar que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiguen los fondos, tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo a la UNAM.

“Se requiere a fondo que se revise y se audite los fondos, porque es para educación e investigación y desgraciadamente se despilfarra mucho dinero en turismo internacional científico (…) los científicos o investigadores, o algunos falsos investigadores del presupuesto que han hecho mal uso en la UNAM”, declaró en la conferencia de prensa.

El morenista indicó que es penoso para la gente que se ha dedicado al magisterio y a la investigación, que sucedan estos actos, pues es una realidad que el mal manejo de recursos está sucediendo en muchas universidades del país.

El tema rápidamente generó distintas reacciones, una de ellas la del titular de la UIF, Santiago Nieto, quien a través de las redes sociales indicó que dicha Unidad fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos, “no para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”.

Quien también reaccionó fue el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien se deslindó de la petición hecha por uno de los integrantes de la bancada; llamó a respetar la autonomía de todas las universidades del país.

“Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de la UNAM. Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de los científicos. Si me pregunta de qué lado estoy, estoy del lado de la justicia”, sostuvo Monreal en conferencia de prensa.

El coordinador parlamentario llamó a la FGR y a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, a actuar con juicio, moderación y prudencia en el caso de los 31 integrantes de la comunidad científica que han sido acusados de diversos delitos.

Al igual que lo expresado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, Monreal Ávila dijo que le parece no sólo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país. “Hay que fortalecer las universidades, no hay que perseguirlas”.

Más tarde, y ante las reacciones que generó, el senador Guadiana publicó una nota aclaratoria en sus redes sociales en la que reiteró su “respeto” hacia todos los científicos mexicanos y estudiantes que ponen en alto el nombre de México.

Sin embargo, reiteró que desde el Senado se continuará insistiendo en que el uso de recursos públicos en las Universidades de todo el país sea auditado para evitar irregularidades, pues dijo, se han demostrado desvíos de dinero en distintas Universidades Públicas, que se han utilizado como “cajas chicas” para llevar el dinero a otros ámbitos, como campañas políticas.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que presentó una demanda en Estados Unidos para recuperar el dinero vinculado a las operaciones de presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, quien fue arrestado en ese país por delitos de narcotráfico.

“La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida”, explicó el organismo en un comunicado.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, aseguró que estas empresas son propietarias de activos derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el exsecretario de Seguridad Pública.

La demanda, presentada ante una corte de Miami, Florida, alega que este grupo de empresas fue creado por García Luna y allegados para esconder recursos derivados de actos de corrupción. El recurso legal fue presentado en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Recordemos que García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn en Nueva York, y está a la espera de su juicio ante una corte federal de Estados Unidos.

Es acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, mientras era el encargado de la seguridad nacional en nuestro país.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, lo anterior habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos. El mes pasado, un tribunal de Nueva York retrasó hasta el 26 de octubre la audiencia del juicio del exsecretario.

El gobierno federal inició una investigación contra el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión el estado se ha convertido en la entidad más violenta de todo el país, debido en gran medida a la disputa que existe entre cárteles de la droga.

Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo más cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal.

Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado en reiteradas ocasiones la actuación del Fiscal guanajuatense, quien tiene 12 años en el cargo; incluso le ha solicitado al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por los malos resultados que ha dado en combate a la delincuencia.

“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa del 16 de julio.

“De manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad”, reiteró una semana después.

A la par de esos exhortos del presidente, el gobierno federal inició una investigación sobre el Fiscal de Guanajuato, según el expediente al que la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso.

En dicha carpeta aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero.

Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.

La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.

Investigación completa en MCCI

Foto: Twitter @carloszamarr

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó esta mañana que el gobierno federal firmó contratos desde 2012, con los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa ‘Pegasus’.

En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Nieto Castillo dio detalles sobre el caso Pegasus en México, uno de los países con más periodistas, políticos y activistas espiados.

“Se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus”, explicó el funcionario.

Nieto detalló que Grupo Tech Bull, una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group, tuvo un contrato en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel, para ‘Pegasus’.

“Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos”, dijo.

El colaborador de AMLO, considerado el responsable de la mano dura al interior del gobierno, detalló que de 2012 a 2018, se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje. “Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889  millones de pesos”.

Señaló que este no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’, pues dijo que en el gobierno de Felipe Calderón se contrató un servicio parecido, bajo el mando de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad, quien hoy se encuentra preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico.

Además, agregó que las contrataciones con las empresas vinculadas a Tech Bull “se remontan” a 2012, con la administración de Calderón, aunque detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.

Esta empresa recibió fuertes montos a lo largo de los años, de cuentas concentradas del gobierno federal. A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.

“No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018”, apuntó.

Sobre los periodos de contratación, indicó que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR pero también con órgano desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz o el Estado de México.

Santiago Nieto afirmó que durante la presente administración “estos grupos no han sido contratados”, apuntando que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, días después del arribo al poder de López Obrador.

Indicó que Balam transaccionaba a través de empresas fachadas como Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en varios países.

En este contexto, continuó, “se presentará la información ante la FGR y se dará aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en al presente administración”.

Adelantó que se ejecutará el “acuerdo de bloqueo” contra los sujetos involucrados si se ha advertido lavado de dinero.

Por su parte el presidente dijo que además de que espiar es un delito, dichas prácticas cuestan mucho, por lo que señaló que se usaba “mucho dinero del presupuesto con esos propósitos”.

Recordemos que en los últimos días se ha dado a conocer, por investigaciones periodísticas aunadas a las ya existentes de años atrás, que el gobierno de Peña Nieto espió a través del programa ‘Pegasus’ a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, así como a su círculo cercano, entre los que se encuentra su propia familia.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa ‘Pegasus’ de la firma israelí NSO Group a 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos. México encabeza la lista con unos 15,000 números.

Luego de que se diera a conocer la apelación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la exoneración que hiciera sobre una denuncia en su contra la Fiscalía General de la República (FGR), así como una nueva denuncia por enriquecimiento ilícito, el magistrado presiente del TEPJF, José Luis Vargas, aseguró que es inocente de lo que se le acusó, y defendió la resolución  alcanzada por el Ministerio Público.

A través de un comunicado, Vargas Valdez señaló que tras varios meses de investigación, la FGR, por conducto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción concluyó que las imputaciones que se hicieron en su momento en la denuncia que presentó la UIF no correspondían a la realidad.

“Resolvió decretar el no ejercicio de la acción penal, esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir; además, concluyó una vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio ni en mis gastos”, sostuvo el ministro presidente del Tribunal Electoral.

Afirmó que su patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes sus percepciones con sus erogaciones, y aprovechó para aclarar que las cifras filtradas y presentadas en la nota publicada por Reforma, fueron alteradas y por lo tanto la información es falsa imprecisa e injuriosa sobre su persona y su patrimonio.

José Luis Vargas cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenga las facultades para impugnar la resolución de la FGR, quien decretó el no ejercicio de la acción penal en su contra, pues dijo, está debidamente sustentada en pruebas que acreditan que no cometió delito alguno.

Lamentó que se deteriore y se corrompa el proceso legal mediante filtraciones a los medios de comunicación. Indicó que en nuestro país es ilegal que las denuncias, actuaciones ministeriales y procesos penales, sean objeto de filtraciones a medios de comunicación.

“Reitero soy inocente de lo que me han imputado mediante la denuncia y que fue corroborado y verificado de manera exhaustiva por el ministerio público federal. Mi patrimonio y el de mi familia corresponde a ingresos obtenidos de manera lícita y declarado ante las autoridades competentes”, remató el miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este lunes que impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien es acusado de corrupción.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya exonerado a Vargas Valdez,, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos.

“Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales”, informó el organismo en un comunicado.

El pronunciamiento de la UIF, que encabeza Santiago Nieto, se produce tras reportarse en el periódico Reforma que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación contra Vargas el pasado 15 de junio.

Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia en 2020 tras encontrarle gastos por 36.7 millones de pesos al magistrado presidente del TEPJF, de 2013 a la fecha, pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.

José Luis Vargas declaró en diciembre ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque la UIF detectó compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.

“José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad”, reiteró este lunes la UIF.

El caso ha cobrado relevancia porque el jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.

La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder en turno, que ahora es Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante la polémica que generó la decisión de la FGR, la UIF aseguró que impugnó el “ejercicio de la no acción penal” ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Hacienda incluso notificó de nueva información del caso.

“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada”, sostuvo la dependencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien ya enfrenta un juicio por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho.

La UIF presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía y acusa a Lozoya de presuntos delitos de corrupción y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con la constructora brasileña Odebrecht.

Junto a Lozoya, la UIF ha denunciado a otras 11 personas físicas y 33 personas jurídicas. La Secretaría de Hacienda considera que las operaciones en cuestión beneficiaron a servidores públicos y sirvieron también para financiar campañas políticas. De 2014 a 2016 la UIF ubicó transferencias por unos 150 millones de dólares.

La UIF ha detallado que, después de una investigación, ha identificado la puesta en marcha de un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht y que supuestamente funcionaba a tres niveles.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero”, señaló la SHCP en un comunicado.

Recordemos que Lozoya es investigado por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Lozoya no ha pisado la cárcel pues al llegar a México fue trasladado a un hospital y posteriormente consiguió llevar su proceso en arresto domiciliario tras acogerse a la figura de testigo colaborador. Es el único funcionario mexicano de alto rango que enfrenta cargos en el marco de la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y que se extendió a distintos países de América Latina.

Ante la sospecha de financiamiento ilícito del partido español Podemos en favor de Morena, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados solicitaron que “se aplique la ley con el mismo rasero”, y que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue posibles operaciones ilegales de recursos.

Solicitaron también al Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales deslinden responsabilidades, de acuerdo a su competencia, en la fiscalización de ingresos y egresos de Morena y en la persecución de delitos electorales. 

Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada federal Mariana Rodríguez Mier y Terán,  presentó un Punto de Acuerdo en nombre de los legisladores priistas, para que se investigue y aclare la supuesta intervención de empresas extranjeras que prestaron servicios de consultoría estratégica y marketing a Morena y que involucran al partido político español. 

“La ley se debe aplicar con el mismo rasero, aunque al partido Morena no le guste y prefiera aplicar el dicho de hágase la justicia, pero en los bueyes de mi compadre”, dijo la legisladora del PRI. “Exigimos se investigue el posible ingreso ilegal de recursos a Morena, si hubo omisión en los reportes del partido y el estado de los topes de gastos de campaña”, insistió Rodríguez.

La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados recordó que, desde noviembre del 2020, diversos medios de comunicaciones en México y España, reportaron la presunta existencia de desvíos millonarios del partido político español Podemos, para financiar las actividades de Morena.

Agregó que investigaciones de medios  como Vox Pópuli en España, El Financiero y Eje Central en México, documentaron que la injerencia de Podemos en territorio nacional a través de Neurona, impactó de forma significativa en las precampañas, particularmente en la de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, y la del entonces candidato Raúl Morón, en Michoacán.

Al recordar la nota diplomática que el gobierno federal envió a Estados Unidos, por el supuesto financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, que fue calificado por el propio López Obrador como “un acto golpista y de intervencionismo” que viola la soberanía, la legisladora dijo que así también se debe investigar el presunto financiamiento que Morena recibió de Podemos, ya que también puede representar un acto de “intervencionismo que viole nuestra Constitución y las leyes electorales”.

Un grupo de nigerianos involucrados en fraudes y tráfico a pequeña escala fue detenido por en la Ciudad de México, en un operativo conjunto entre la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Se identificó esta célula criminal integrada por ciudadanos nigerianos dedicados a la venta de droga y fraude, principalmente a empresas trasnacionales”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa.

A partir de una denuncia anónima el 15 de abril en las instalaciones de la UIF, la institución trabajó junto a la SSC para obtener una orden de registro en dos inmuebles de la alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a dos hombres de nacionalidad nigeriana que identificaron como los presuntos líderes del grupo.

Según informó García Harfuch, después de varios meses de investigación lograron identificar dichas viviendas donde además de los dos hombres detuvieron a dos mujeres mexicanas de 19 y 36 años de edad y encontraron frascos y paquetes con drogas y 52 dispositivos telefónicos que, dijeron, permitirán ampliar “más la investigación”.

La UIF procedió al bloqueo de cuentas de seis personas físicas (4 de ellas nigerianas) y cuatro morales, además de que solicitó información financiera al gobierno de Nigeria, informó el titular de la UIF, Santiago Nieto.

Nieto detalló que se trataba de un fraude “de naturaleza cibernética” con un esquema de lavado de dinero de recursos procedentes de Estados Unidos, Canadá y Taiwán. Señaló que hasta el día de hoy se sabe transfirieron alrededor 500 millones de pesos.

“Gracias al trabajo coordinado entre estas instituciones y el intercambio de información, se pudo identificar el ‘modus operandi’ para cometer los fraudes, a través de hackeos cibernéticos a empresas que realizaban transferencias bancarias como su método de pago de nóminas o compras de diversos productos”, indicó García Harfuch.

Con los hackeos, los delincuentes se apoderaban de fondos, para que después ciudadanos nigerianos contactaran a sus operadores en México, que contrataban a “personas físicas o mercantiles de reciente creación” para que abrieran cuentas y recibieran los depósitos derivados de los fraudes. Después, realizaban retiros y transferencias a diversas cuentas a través de aplicaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

Diana Sánchez Barrios, lideresa de los comerciantes ambulantes en la Ciudad de México, fue detenida la noche de ayer por parte de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Fiscalía indicó que había una orden de aprehensión en contra de Sánchez Barrios, por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

La autoridad indicó que al momento de la detención, se le hicieron saber sus derechos constitucionales a la también presidenta de la organización Pro Diana A.C.; posteriormente se le trasladó para su certificación médica antes de ser ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición del juez de control que la requirió.

Esta tarde, un Juez de Control calificó de legal la detención de Sánchez Barrios, dictando prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla.

“Sobre el particular, queremos informar a ustedes que a dicha persona y a otras más, se les relaciona con al menos cinco carpetas de investigación, en las que se denuncia que dicho grupo exigía el pago de cuotas o el denominado ‘cobro de piso’, a diferentes comerciantes establecidos y ambulantes, así como a trabajadores de los mismos, a cambio de no afectar sus negocios ni su integridad física”, dijo Ulises Lara, coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

El funcionario detalló que en noviembre de 2020, la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto inició una indagatoria tras recibir la denuncia de una víctima que fue afectada en su patrimonio, en específico, en un negocio ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue entonces que el representante social integró los datos de prueba que presentó ante un juez de control, para obtener, tras varios meses de investigación, en febrero pasado, la orden de aprehensión ejecutada ayer, día en que se ubicó a Sánchez Barrios.

Lara López expuso que de acuerdo con la indagatoria, el modus operandi de la organización que encabeza Diana Sánchez, es llevar a cabo agresiones, hostigamientos y amenazas en contra de agremiados y a otros, y una vez que las personas se ven afectadas, poder exigirles el pago de las cuotas referidas, a cambio de no dañar su integridad física y patrimonial.

Adicional, el funcionario de la FGJ-CDMX informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procedió a congelar las cuentas bancarias de la lideresa de comerciantes ambulantes, pues la UIF presentó una denuncia ante el Ministerio Público en diciembre de 2020, en la que se señalaron operaciones financieras irregulares de dos asociaciones de las cuales ella forma parte.

“De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Ciudad de México, dichas asociaciones posiblemente habrían recibido millonarias cantidades en cientos de depósitos de afectados que eran presionados a pagar las cuotas mencionadas”, añadió el vocero de la Fiscalía.

Ulises Lara reiteró que la Fiscalía actúa por denuncias y lleva a cabo sus investigaciones apegada estrictamente a derecho, y no obedece a consignas ni intereses políticos, esto ante los señalamientos de que la detención de Sánchez Barrios es actualmente candidata a una diputación local por el Distrito 9 por la coalición “Va por México”, que integran el PRI, PAN y PRD.

Al respecto, a través de la cuenta de Twitter de Diana Sánchez Barrios, se acusó que la detención en efecto se trata de represión y persecución política al servicio del gobierno capitalino; señalaron que la detención se dio un día después de anunciarse su participación en el actual proceso electoral.

“Lamentamos enormemente que en un país donde se dice existe un sistema democrático, se haga persecución política en contra de las personas que deciden alzar la voz sin tapujos, y defender causas sociales que no son del interés de servidores públicos, que sólo quieren mantener el poder al costo que sea necesario”, indicó la representación de la detenida.

En mensajes de redes sociales, los seguidores y simpatizantes de Sánchez Barrios advirtieron de diversos cierres y bloqueos a lo largo del día para exigir la liberación de su líder. Dichos cierren se han presentado en la zona centro de la capital, en colonias como Juárez, Tabacalera, Doctores, entre otras.

El gobierno federal busca la captura de Raúl Beyruti, fundador y presidente de GINgroup, conocido como el “rey del outsourcing”, mecanismo de subcontratación laboral, informó este miércoles Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El secretario confirmó la existencia de “varias denuncias” contra Beyruti mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aunque dijo no conocer sobre la supuesta orden de aprehensión que se filtró en redes sociales, supuestamente atribuible a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Lo que puedo confirmar es que la Secretaría de Hacienda presentó denuncias en su momento, que dio información a la Fiscalía. La Fiscalía es la que las tiene que procesar, a mí no me han reportado si ya giraron una orden de aprehensión”, declaró el funcionario en entrevista con Aristegui Noticias.

Las denuncias son el último combate del gobierno federal al esquema de “outsourcing”, que surgió de la reforma laboral de 2012 y permite que una empresa delegue a una tercera la prestación de servicios para reducir hasta 50 % de reducción de costos.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, había revelado en enero pasado que había presentado 53 denuncias, 30 relacionadas con empresas “fachada” y 15 vinculadas con empresas factureras, además de ocho sobre “outsourcing”, que incluían a GINgroup.

“Este es un caso, el de las empresas fachada, que ha sido muy público, que se ha señalado, los impactos que tienen de daño al erario público y también que son vehículos que permiten disminuir el pago de seguridad social de los trabajadores”, aseveró.

Según trascendió en medios como Expansión y El Universal, la FGR giró una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta ahora, no ha habido un pronunciamiento público ni de la FGR ni de GINgroup sobre el caso.

Recordemos que en septiembre pasado, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a la entonces vicepresidenta de la empresa, María Beatriz Gasca, de estar detrás de las feministas que ocuparon un edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Foto: Twitter @Latitud21mx

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía sobre los desvíos de dinero público que se hacía mediante diversos mecanismos, todos relacionados a prácticas de corrupción.

“Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”, sentenció el titular de la UIF en entrevista con el diario La Jornada.

Nieto expuso que cuando asumió la dirección de la UIF, encontró que dicha oficina servía para “fines políticos y de presión” a los opositores del gobierno de Peña Nieto.

El funcionario reveló que la información aportada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, permitió ampliar la investigación a 70 personas.

“Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso”, precisó Nieto Castillo.

El titular de la UIF habló sobre las investigaciones contra Rosario Robles, vinculada al caso de la llamada Estafa Maestra; indicó que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).