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Durante la presentación del caso en contra del extitular de las PGR, Jesús Murillo Karam, este fin de semana la Fiscalía General de la República (FGR) dio indicio de la probable participación del actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch en la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”.

Las autoridades mexicanas presentaron el testimonio de Bernardo Cano, quien fuera el director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces PGR.

Según lo presentado por la FGR, Cano optó por un criterio de oportunidad para colaborar en las pesquisas, al ser quien grabó las entrevistas y torturas a cuatro supuestos integrantes de Guerreros Unidos y que fueron utilizadas para sustentar la primera versión de lo ocurrido a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Según Cano, la elaboración de la “verdad histórica” se planeó con anticipación en una reunión en la que participarían altos mandos, entre ellos, Harfuch, quien entonces era el encargado de la Policía federal en Guerrero.

Al respecto, el funcionario capitalino utilizó sus redes sociales para rechazo los señalamientos que se han hecho en su contra, y calificó como “absurdo” el que se le intente vincular con la reunión que se ventiló se dio para “fraguar la Verdad Histórica”.

“Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días”.

En diversas entrevistas, García Harfuch ha precisado que cuando ocurrió la desaparición de los normalistas él se encontraba en una asignación en Michoacán. “Es muy importante precisar que cuando suceden esos hechos (…) es muy importante en dónde estaba yo. Estaba en Buenavista Tomatlán, estaba en Nueva Italia”, ha señalado.

“No estábamos solos, o con tres compañeros que pueden testificar, eran operativos muy grandes, de cientos de personas. Pueden corroborar el hotel en donde yo vivía en Nueva Italia, yo ya no estaba en Guerrero. Si hubiera estado, por supuesto que sales a asumir y eso no te hace responsable de ningún delito. Esas cosas no se pueden ocultar”, añadió.

Otro implicado que fue mencionado durante la audiencia de Murillo Karam es Tomás Zerón, quien fuera el titular de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), y quien enfrenta un proceso de extradición hacia México desde Israel, por presuntas torturas para confirmar la entonces “Verdad Histórica” presentada por el gobierno en 2015.

También el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró no haber colaborado en la creación de la Verdad Histórica, y reiteró en un mensaje público que él y sus excolaboradores están dispuestos a declarar las veces que sean necesarias ante las autoridades judiciales.

Aguirre Rivero precisó que nunca se reunió con Murillo para construir la versión del asesinato y calcinamiento de los jóvenes en el basurero de Cocula, versión que, dijo, fue “desechada porque fue creada”.

El exgobernador aseguró tener la conciencia tranquila y dijo que, desde las investigaciones en 2014, cortó su relación con el gobierno guerrerense para colaborar, cuando se separó por decisión propia, y la presión mediática en torno a las fallas en la atención de la inseguridad en el tiempo que administró el estado.

Consideró que no es momento de especular en las investigaciones que lleva a cabo la ahora Fiscalía General de la República (FGR) sobre la desaparición de los estudiantes en 2014, luego de versiones que lo señalan como uno de los participantes en la reunión donde se fraguó la versión.

“Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la Verdad Histórica, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte”, manifestó.

Aguirre expresó que es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones y quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia, y dijo que, de acuerdo con el informe de la propia Comisión de la verdad, participaron elementos de instituciones federales y municipales.

Abundó que tras el informe contactó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para expresarle su disposición de colaborar en la investigación del caso hasta que concluya.

El Fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, informó que tortura y privaciones ilegales de la libertad, entre otras prácticas ilícitas, fueron utilizadas para sustentar la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

Según la polémica versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

“Porque nosotros hemos avanzado mucho en la controvertida porque mucho de lo que se hizo para quererla sustentar fue obtenido de manera ilícita”, dijo Gómez Trejo en una conferencia de prensa desde el municipio de Cocula, a unos días de que se cumplan siete años de la desaparición.

“Eso quiere decir que incluso testimoniales de personas fueron obtenidas mediante tortura, fueron privadas ilegalmente de la libertad, fueron aisladas completamente de la protección de la ley”, agregó; y dijo que después de ello “lo que hicieron fue reconstruir una averiguación previa armada con piezas procesales que muchas de ellas fueron elaboradas ilícitamente”.

Apenas el lunes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su rechazo a la versión del gobierno de Peña Nieto sobre el relato conocido como la “verdad histórica” el cual fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y tumbó la versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, ubicada a un kilómetro del basurero.

Desde ese lugar, el fiscal Gómez Trejo dijo que para defender ese relato “hubo un conglomerado de funcionarios que actuaron de manera ilícita, aprovechándose de la posición que gozaban y en función de eso desviaron una investigación y con ello negaron el acceso a la justicia a las familias, la búsqueda de sus hijos y negar la verdad”.

En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que los resultados se han presentado sobre el caso Ayotzinapa son puntuales y concretos, más no concluyentes.

“Son solo una parte de la investigación que se desarrolla para saber que pasó y dónde están los muchachos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”, apuntó.

Y es que en coordinación con Gómez Trejo, este martes llevaron a cabo una diligencia ministerial a la Barranca de la Carnicería, para informar a medios de comunicación sobre los trabajos y hallazgos en ese lugar.

Al término del recorrido, el subsecretario detalló que a la fecha se llevan 53 acciones de búsqueda en ocho municipios de Guerrero, pues dijo que la investigación que se ha integrado demuestra que los hechos sucedieron en distintos sitios.

Enfatizó que toda la información que se da a conocer por parte de la comisión está verificada plenamente, independientemente de las declaraciones de testigos, filtraciones a medios y de rumores que pretenden descalificar el trabajo y reivindicar la ya fracasada “verdad histórica”.

Además de la búsqueda de los estudiantes, el gobierno de la 4T persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó esta mañana un informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Confirmó que el pasado 30 de agosto, el juez 1º de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, el juez Samuel Ventura Ramos, dictó sentencia absolutoria a Gildardo López Astudillo conocido como ‘el Gil’, quien es señalado como jefe de plaza de ‘Guerreros Unidos’ en Iguala al momento de la desaparición de los 43 estudiantes.

Encinas explicó que el juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, y con ello desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro.

“Se circunscribió solamente analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura (…) este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada”, dijo Encinas.

Fue en ese punto donde recordó que del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto del 2018 se han consignado a 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos de la región, así como policías municipales de Iguala y de Cocula.

Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos a la salud, los delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuegos y el de la Ley de Secuestro.

De las 142 personas detenidas, la entonces Procuraduría General de la República entonces procesó a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas; sin embargo, a la fecha han sido liberados 53 personas. En ese sentido, fijo el funcionario, con el precedente de la libertad absolutoria de López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos.

El subsecretario dijo que las liberaciones y sentencias se deben a una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley.

“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, sostuvo Encinas.

Señaló que habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se puedan retirar los cargos que se le imputaron a los detenidos.

Aprovechó para hacer un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición.