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Un juez de control vinculo a proceso, por los delitos de homicidio y lesiones, a tres agentes de migración, un guardia de seguridad privada y un migrante, presuntos responsables de la muerte de 40 migrantes el pasado 27 de marzo, en el incendio que se registró en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en la audiencia llevada a cabo ayer, ante el juez de control federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, se inició un juicio contra las cinco personas, sobre las que se habían girado órdenes de aprehensión desde la semana pasada.

Las ordenes de arresto eran por los delitos de homicidio doloso y lesiones, “como autores materiales por comisión por omisión” en contra de los agentes de migración Daniel “N”, Rodolfo “N”, Gloria “N” y el guardia de seguridad privada Alan “N”.

Por lo que corresponde a Jaison “N”, la FGR señaló que esta persona “fue vinculada como autor material por acción, de los delitos de homicidio y lesiones dolosos”. Se trataría del migrante que presuntamente inició el incendio dentro de la estación.

Y es que recordemos que según el relato oficial, el fuego lo iniciaron los propios migrantes al quemar colchonetas en protesta a su supuesta deportación.

La FGR señaló que tras la decisión del juez, se continuará con el resto de las investigaciones “sobre las responsabilidades penales de los distintos servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) y sobre los particulares vinculados con los servicios de seguridad privada”.

A inicios de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ajustó el número de muertos a 40 tras el incendio registrado.

Entre los muertos hay 6 migrantes hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, un colombiano y 7 venezolanos y se desconoce la identidad de la última persona fallecida, que se indicó perdió la vida a raíz de un traslado que tuvo.

Ayer, luego de una reunión con el presidente López Obrador, el padre Alejandro Solalinde ventiló que se trabaja en la conformación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, que sustituiría al Instituto Nacional de Migración (INM).

“Les puedo decir, que son personas de sectores muy amplios, donde va a haber representación en las iglesias de la academia, la Guardia Nacional fuerzas armadas pero también CNDH Conapred, las secretarías que tienen que ver con Educación Trabajo, Salud, todo esto van a estar también representantes de la casa de migrante”, apuntó Solalinde, quien adelantó que los militares que actualmente se encuentran en estas labores, a través del INM, ya no tendrían participación en la nueva coordinación.

El religioso también precisó que ya se analiza quien podría encabezaría la nueva instancia, sugiriendo que ya no sería el actual titular del INM, Francisco Garduño, quien ha sido ampliamente criticado por las políticas migratorias y por lo sucedido recientemente en Ciudad Juárez.

Solalinde precisó que esta propuesta está sobre la mesa desde la transición de gobierno, la cual se fue desarrollando al inicio del gobierno, aunque dijo, se vio interrumpida por los amagos del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Jueza de Distrito en la Ciudad de México, Yazmín Eréndira Ruíz, concedió al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, la suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso que se le impuso en agosto pasado por los delitos de tortura, desaparición forzada y administración de la justicia en relación al caso Ayotzinapa.

La suspensión provisional implica que una vez cerrada la etapa intermedia del juicio y hasta que sea notificado de la resolución del juicio de amparo, el juez de control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, quien vinculó a proceso a Murillo Karam, suspenda dicho procedimiento.

Así, la suspensión definitiva otorgada no implica que Murillo Karam salga del Reclusorio Norte, pues el proceso en su contra continúa.

El asunto de Murillo Karam se turnó al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, pues la jueza se declaró incompetente ya que fue ese órgano jurisdiccional quien conoció, en primera instancia, el amparo que interpuso el exfuncionario.

En el amparo que presentó, Murillo Karam acusa una detención ilegal, la incomunicación de que fue objeto, así como la orden de aprehensión dictada en su contra y su ejecución. Además se quejó de la calificación de su detención que hiciera el Juez

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Murillo Karam como el autor intelectual de la llamada Verdad Histórica, en la que de forma premeditada, ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas.

Al respecto, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado y dijo que aunque está en todo su derecho a defenderse, la FGR seguirá demostrando, con elementos, que Murillo Karam sí tuvo injerencia en la creación de la Verdad Histórica.

“Cambiaron, ocultaron los hechos, culparon a otras personas, torturaron para sacar declaraciones, cómo dijeron que habían quemado a los jóvenes en un basurero, él es responsable, además él se asume como responsable”, señaló el mandatario.

Tal como se informó desde ayer, AMLO reiteró que dicha resolución no significa que Murillo Karam vaya a salir de la cárcel.

“Es un proceso legal, él tiene derecho a defenderse… Este amparo no significa que va a salir de la cárcel el señor Murillo Karam, ese es el proceso que se está llevando a cabo, nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación”, manifestó.

Luego de poco más de ocho horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a dos hombres, Jesús “N” y Benjamín “N”,  por su probable participación en el delito de feminicidio, cometido la semana pasada al interior de un restaurante de la CDMX de la cantante Yrma Lydya Gamboa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) indicó que la vinculación a proceso se logró gracias a los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas.

En la audiencia, el representante de la Fiscalía Especializada de Investigación del Delito de Feminicidio formuló la imputación en contra de los dos individuos; uno como posible autor material, el esposo de la cantante, y el otro como posible copartícipe, el chofer del primero, quien intentó ocultar el arma con el que se cometió el crimen.

La autoridad judicial ratificó para ambos imputados la prisión preventiva oficiosa, como medida cautelar que cumplirán en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, fijándose cuatro meses como plazo para la investigación complementaria.

Jesús “N” y Benjamín “N” fueron detenidos luego de que elementos policiales fueron alertados de que en el restaurante Suntory de la colonia Del Valle Norte, se habían registrado detonaciones de arma de fuego, provocando la muerte de Yrma Lydya Gamboa.

La vinculación a proceso de Jesús “N” se dio a pesar de la petición de su defensa sobre permitirle llevar su proceso en libertad debido a la avanzada edad y el estado de salud que presenta.

Incluso antes de ingresar a sala, el imputado dijo “sentirse mal” y solicitó atención médica, por lo que minutos más tarde ingreso en silla de ruedas señalando males crónico degenerativos.

Un juez vinculó a proceso a René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), señalado de comprar títulos bursátiles con recursos del organismo.

“La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de un ex servidor público del organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, informó la FGR en un boletín.

Según detalló la Fiscalía General, René “G”, en su calidad de titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, entre febrero de 2019 y junio de 2020, “presumiblemente autorizó la compra de 100,000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”.

Ello pese a que no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados. “De igual forma, la compra es contraria a lo establecido en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal”, agregó el texto.

El 6 de abril pasado, en audiencia inicial, la defensa del exfuncionario solicitó que se resolviera la situación jurídica de su cliente, por lo que, con los datos aportados por el agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juez de la causa dictó vinculación a proceso.

Asimismo, se concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria, así como las siguientes medidas cautelares: firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA); prohibición de salir de la Ciudad de México y Zona Metropolitana y prohibición de acercarse a los testigos, así como una garantía económica.

“Este es solo uno de varios casos que se encuentran en investigación por el uso indebido de recursos públicos asignados al organismo denominado Segalmex”, concluyó la FGR.

Las adquisiciones de Segalmex llevan tiempo despertando críticas y acusaciones contra la 4T. Por ello, el gobierno cesó en junio de 2020 al entonces director de Administración y Finanzas del organismo, René Gavira.

En julio del pasado año, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y este organismo descentralizado y perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue vinculada esta mañana a proceso por una jueza de la Ciudad de México, por los delitos de robo agravado en pandilla, abuso de autoridad y discriminación contra dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Junto a Cuevas, la Fiscalía indicó que también se vinculó a proceso a otros tres funcionarios: Yessica Hernández, directora de Mercado y Vía Pública; José Francisco Delgadillo, director de Seguridad Ciudadana y Marlon Avalos, encargado de imagen de la demarcación. A estos funcionarios se les fincan los delitos de robo agravado en pandilla y abuso de autoridad.
La jueza determinó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que durante este tiempo los imputados conservarán las medidas cautelares impuestas, tales como la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares donde se encuentren las víctimas; prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas; suspensión temporal del ejercicio del cargo; no salir del país sin autorización, y presentación periódica bimestral ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.

En el caso de Sandra Cuevas, significa que quedará separada de la titularidad de la demarcación durante los próximos dos meses; esta suspensión entró en marcha desde el pasado 14 de marzo.

Ayer, Sandra Cuevas presentó ante el Congreso local, una solicitud de licencia por 15 días, como lo establece la Constitución capitalina y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, pese a que se encontraba suspendida de su cargo.

Según la carpeta de investigación, a la perredista se le acusa por supuestamente haber retenido y agredido, física y verbalmente, en las oficinas de la alcaldía a dos mandos de la Policía Auxiliar, luego de una diferencia surgida en el trabajo para reordenar el comercio informal en la colonia Centro.

La alcaldesa, que llegó al poder como abanderada de la coalición Va por la CDMX (PAN-PRI-PRD), ha dicho en reiteradas ocasiones que las acusaciones de los policías son apoyadas desde la Jefatura de Gobierno, y son parte de un montaje por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de Claudia Sheinbaum, quienes buscan desestabilizar su administración debido a que forma parte de la oposición y recuperar “a la mala” lo que perdieron en las pasadas elecciones.

Un juez procesó este viernes por enriquecimiento ilícito a Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y quien participó como negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Se logra vinculación a proceso en contra de Ildefonso ‘G’, por su probable responsabilidad de enriquecimiento ilícito”, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El político priísta  seguirá su proceso en liberad, aunque se le impusieron las medidas cautelares de firmar de manera periódica y no abandonar el país; la Fiscalía tendrá cuatro meses para la investigación complementaria.

“Durante los años 2014 a 2018 este individuo, como servidor público, probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen”, detalló la FGR.

Recordemos que Guajardo Villareal apoyó en las elecciones del pasado 6 de junio al candidato del PRI a gobernador en Nuevo León, Adrián de la Garza, quien perdió ante el abanderado de Movimiento Ciudadano, Samuel García.

Y aunque el proyecto a la gubernatura que apoyo fue derrotado, el también economista resultó electo como diputado federal por Nuevo León por la vía plurinominal (de representación proporcional) para la próxima legislatura, misma que iniciará en septiembre.

Al conocerse la noticia, el exfuncionario federal aseveró en una entrevista radiofónica que la acusación de la Fiscalía no se trata de otra que “una persecución política” porque será “un diputado de oposición”.

“Simplemente con lo que dijo la Fiscalía de que el objetivo era impedir mi toma de protesta en la Cámara (de Diputados), pues me queda claro que esto es persecución política porque estuve en la campaña de mi partido en Nuevo León”, aseveró.

El exsecretario de Economía afirmó que no existe una orden de aprehensión en su contra pese a estar vinculado a proceso.

Cuestionado sobre las acusaciones, aseguró que la investigación se explica por una transferencia de 300,000 dólares que recibió en una cuenta de Washington, D.C., que él tiene por haber sido funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI). Indicó que la cifra total investigada es de 9 millones.

Negó haber cometido algún ilícito y se dijo tranquilo de que el proceso está en los tribunales de México. “Mi confianza al Judicial es total. Yo prefiero que esté en las manos del judicial a que esté en las manos de la Fiscalía”.

La Fiscalía General de Puebla informó este miércoles que fue vinculado a proceso Rafael N., director de la empresa que era propietaria de la aeronave que se accidentó el 24 de diciembre de 2018, accidente donde perdieron la vida la entonces gobernadora de la entidad Martha Erika Alonso.

Además de la gobernadora, en el accidente también fallecieron su esposo el entonces senador Rafael Moreno Valle y tres personas más

La Fiscalía precisó que de acuerdo con los datos de prueba que se aportaron en audiencia la Fiscalía de Investigación Metropolitana, la vinculación a proceso se dictó el pasado 12 de marzo.

Los delitos de los que se le acusan a Rafael N. son homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad.

Rafael N. permanecerá en prisión preventiva en lo que se le dicta sentencia. Hasta ahora, se han detenido a cinco trabajadores de la empresa Rotor Flight Services, así como al dueño de la misma.

Recordemos que el 27 de marzo del año pasado, el entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dio a conocer que tras una investigación al accidente, la causa del incidente fue el mal funcionamiento de la aeronave por mantenimiento inadecuado.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, enfrenta este miércoles su segunda audiencia ante un juez de control, ahora por el caso Odebrecht.

Lozoya es acusado de gestionar sobornos millonarios de la empresa brasileña, que habrían financiado la campaña que llevó a la presidencia al entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

En la audiencia de hoy se formulará imputación contra el exfuncionario por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Al igual que la audiencia de ayer, la de este miércoles se realizará de manera virtual.

Ayer, Lozoya Austin fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque evitó pisar prisión gracias a su ofrecimiento de colaborar con la justicia.

Como la Fiscalía no pidió prisión preventiva, el juez estableció vigilancia policial en el hospital donde está internado actualmente, y solicitó la entrega de su pasaporte y visa, que se le ponga un brazalete que él mismo debe pagar y que, una vez que sea dado de alta, se presente ante las autoridades a firmar cada 15 días.

Adicional, el juez dio a la Fiscalía General de la República (FGR) un plazo de seis meses para complementar la investigación.

Durante su primera la audiencia, por el caso Agronitrogenados, el exfuncionario dijo mediante sus abogados que había sido “utilizado” por un “aparato organizado del poder”, y aunque no identificó a los responsables, se comprometió a realizar en su momento las denuncias pertinentes y a “esclarecer la verdad en el marco del debido proceso”.

Antes de la resolución judicial, la defensa declinó debatir la acusación fiscal, asumiendo los cargos; sin embargo, los abogados alegaron que “fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso” por otros.

El exdirector de Pemex reiteró que era inocente de los cargos, y que lo probaría. Señalará “claramente a las personas responsables y los cargos que ocupaban (…) en el ánimo de salvaguardar la edificación de un criterio de oportunidad” con la Fiscalía, agregó la defensa.

El “criterio de oportunidad” es una figura por la que la Fiscalía declina enjuiciar a un acusado pues hacerlo reportaría pocos beneficios o porque el imputado puede ofrecer información sólida para perseguir un delito más grave del que se le imputa.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez una audiencia inicial para vincular a proceso a Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en relación a la llamada Estafa Maestra.

Los delitos que se le estarían fincando a Robles serían contra la administración pública, por el uso indebido de recursos, derivado de los supuestos desvíos multimillonarios desde las dependencias que dirigió.

De acuerdo con un documento presentado el pasado 25 de julio, dirigido al juez de control en turno del Centro de Justicia penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio Sur, la FGR pide la audiencia de imputación y vinculación de proceso de la ex colaboradora de Enrique Peña Nieto.

“Por medio del presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular imputación y vinculación de proceso, en contra de María del Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, se lee en el escrito dirigido al juez.

Tras la audiencia inicial, donde se le imputarán los delitos, será el juez quien determine si hay los elementos necesarios para vincularla a proceso, aunque podría alcanzar fianza debido a que el delito del que se trata no amerita prisión preventiva.

De acuerdo a lo que reveló Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Estafa Maestra es un esquema que se utilizó en 11 dependencias del gobierno en la administración de Peña Nieto, para hacer convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, aunque éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 5 mil millones de pesos de recursos públicos “desaparecieron”.

Será el próximo 8 de agosto a las 11:00 horas cuando se realice la audiencia inicial. Dado el delito, Rosario Robles podrá no asistir a la cita y sólo enviar a sus abogados.

El equipo defensor del ex gobernador Javier Duarte presentaron un recurso de apelación en contra de la decisión del juez federal que determinó vincular a proceso al priísta por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

Los abogados de Duarte presentaron la apelación vía electrónica al juez de control Gerardo Moreno García con sede en el Reclusorio Norte, en la que argumentó que no se garantizó la defensa del político, pues la medida carecía de los requisitos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

El equipo legal del ex gobernador indicaron que durante la audiencia inicial fueron informados del desvío al erario por una suma de 38.5 millones de pesos, mientras que en la reciente audiencia la PGR retomó la misma acusación pero por un monto de  mil 650 millones, por lo que no se vieron limitados para presentar pruebas de descargo o solicitar aclaración del monto expuesto.

 

Ahora será el juez de control quien remitirá la impugnación a un tribunal unitario penal de la Ciudad de México, quien tendrá que definir si el fallo de vinculación a proceso debe ser confirmado, modificado o revocado.

 

Con información de Animal Político / Foto: Archivo APO