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El Parlamento portugués aprobó este viernes una resolución que condena el Mundial de Qatar, debido a las violaciones de derechos humanos y los delitos medioambientales en que incurrió el gobierno para organizar el torneo.

La propuesta, presentada por el partido animalista PAN, fue apoyada por la mayoría del Parlamento, incluido el gobernante Partido Socialista, aunque el PSD (centro-derecha) se abstuvo en la votación. En tanto, el partido ultraderechista Chega votó en contra.

El documento, que llega seis días después de que la selección portuguesa fuese eliminada de la competencia, condena “las violaciones de derechos humanos en Qatar, principalmente la explotación laboral de los trabajadores migrantes, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTI, incluyendo las responsabilidades de la FIFA”, así como los delitos medioambientales.

Recordemos que el Mundial en Qatar ha venido generando polémica en Portugal; el Parlamento, claramente dividido, autorizó el mes pasado el viaje del presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, para apoyar a la selección nacional.

El viaje salió adelante con el apoyo de los socialistas, que tienen mayoría absoluta, el PSD y los comunistas. El primer ministro, el socialista António Costa, también acudió a uno de los partidos de la selección lusa en Qatar.

Sin embargo, la selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo como su principal figura, no logró avanzar en el torneo, y cayó en cuartos de final ante Marruecos (1-0), equipo considerado como la gran sorpresa del Mundial.

Las violaciones a los derechos humanos y la impunidad siguen siendo la norma en México y han continuado sin cambios durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció este jueves Human Rights Watch (HRW).

La tortura, las desapariciones forzadas, los abusos contra migrantes, las ejecuciones extrajudiciales, la violencia de género y los ataques contra periodistas se han mantenido inalterables, asegura HRW en su informe anual de 2021.

“La impunidad sigue siendo la norma. Las reformas de ley promulgadas en 2017 y 2018 han sido lentas e ineficaces para abordar la tortura y la impunidad”, indica el reporte.

El informe destaca que el presidente López Obrador ha ampliado además las funciones de las fuerzas armadas, desplegándolas en tareas de aplicación de la ley, en aduanas, el control de la migración irregular, ejecución de programas sociales y hasta en la construcción de megaproyectos.

“En gobiernos anteriores, dar a los militares estas tareas ha contribuido a graves encubrimientos de abusos contra los derechos humanos”, denuncia el documento en el apartado sobre los abusos militares y las ejecuciones extrajudiciales.

Sobre la migración irregular, HRW critica al presidente López Obrador por “participar activamente en las políticas migratorias abusivas” de Estados Unidos. Y señala a los cárteles criminales, delincuentes comunes, Policía y funcionarios de migración de ser quienes regularmente “atacan” a las personas que migran a través de México “para robar, secuestrar, extorsionar, violarlos o matarlos”.

El informe condena que estos delitos rara vez son denunciados, investigados o sancionados.

Sobre el sistema de justicia penal, HRW, apoyada con datos de la ONG México Evalúa, señala que solo el 5.2% de los delitos cometidos en el país son resueltos. “El sistema de justicia penal habitualmente no brinda justicia a las víctimas de actos violentos, delitos y violaciones de los derechos humanos”, asegura el informe.

HRW critica también a la FGR por no haber “implementado nunca propiamente la reforma de 2018”, destinada a hacer que la oficina fuera más independiente del gobierno y más responsable con las víctimas y sus familias.

En otro de los apartados más críticos del informe, en la parte de la responsabilidad sobre el cambio climático, se señala a México como uno de los 15 principales emisores de gases de efecto invernadero. “México está contribuyendo a la crisis climática que está afectando cada vez más los derechos humanos en todo el mundo”.

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes que al menos 35,000 solicitantes de asilo han sido bloqueados en las zonas fronterizas de México en lo que va del año, además de que aumentaron las detenciones y deportaciones de migrantes tanto en nuestro país como en Guatemala y Honduras.

“Las políticas actualmente en marcha en Estados Unidos, México y varios países centroamericanos ponen a muchos migrantes en peligro de sufrir violaciones de derechos humanos y abusos”, afirmó la alta comisionada en la apertura de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Bachelet subrayó que estas políticas podrían violar los derechos de colectivos vulnerables como los menores de edad, en un momento en el que “niños migrantes continúan siendo recluidos en centros de detención de Estados Unidos y México”, al tiempo que Washington considera cambios legales para permitir que estas detenciones sean permanentes.

Lamentó que en Estados Unidos, una nación construida a base de recibir migrantes, las recientes medidas adoptadas han reducido la protección que se le da a los migrantes, generando una preocupación específica la separación de niños migrantes de sus padres.

Bachelet aseguró que el endurecimiento de las políticas migratorias en la región no detendrá el movimiento de familias que huyen de problemas causados por la inseguridad, la corrupción o las consecuencias del cambio climático en sus lugares de origen, sino que abocará a muchos a emprender rutas más peligrosas.

En ellas “podrían exponerse a la violencia física y sexual” y caer en manos de redes de tráfico de personas, advirtió la alta comisionada.

Bachelet dijo que además de los casos de separación familiar en el contexto de la privación arbitraria de libertad; han observado falta de evaluación individual; denegación de acceso a servicios y asistencia humanitaria, y uso excesivo de la fuerza contra los migrantes.

Recordemos México alcanzó en junio pasado un acuerdo con Estados Unidos para endurecer su política migratoria, que incluyó el despliegue de militares en las fronteras, con el fin de evitar una probable guerra comercial con la administración del presidente Donald Trump.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) este año ha habido una reducción del 56% en el flujo migratorio, y se deportaron en lo que va de 2019 más de 100,000 indocumentados, más de la mitad de ellos en los tres meses transcurridos desde el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos.

Luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicara que gracias a las grabaciones se había identificado a presuntos infiltrados en las movilizaciones de mujeres que se llevaron a cabo el lunes pasado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría capitalina, fue el PRD quien respondió a los señalamientos.

“El PRD se deslinda de cualquier acto de vandalismo que pudo haber tenido lugar en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)”, dijo el partido.

Indicó que reprobaban los hechos de violencia y hacían un llamado a la manifestación pacífica a fin de no permitir que el gobierno utilice el discurso del ‘golpeteo’ en su contra y se enfoquen en dar resultados.

El partido condenó que se quiera vincular al PRD en los hechos violentos y exigieron a funcionarios del Gobierno de la CDMX y Gobierno Federal a realizar acciones eficientes para prevenir y sancionar la violencia y abuso de autoridad por parte de elementos de la SSC-CDMX.

La dirigencia del PRD adelantó que presentará una denuncia contra el gobierno capitalino y contra Jesús Orta, titular de la SSC-CDMX, por su inacción y complicidad en el caso de la presunta violación de policías a una menor de edad.

“Exhortamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a tomar cartas en el asunto y que no pretenda desvirtuar una demanda legítima de seguridad. Como encargada del ejecutivo local no puede ser permisiva con estas actitudes por parte de sus policías”.

Los dirigentes del partido señalaron que era contradictorio que hace un par de años la jefa de gobierno era muy crítica desde el ámbito académico y apoyaba los llamados de justicia y defensa de los derechos de las mujeres, ahora parece que se ha olvidado de ello y prefiere solapar las conductas delictivas, subrayaron.

Las Senadoras de Acción Nacional, Laura Rojas y Mariana Gómez del Campo, ofrecieron este martes una conferencia de prensa en la que recriminaron que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se haya manifestado en contra de las violaciones a los Derechos Humanos que se viven en Venezuela.

Lamentaron que desde su campaña, López Obrador indicara que optaría por una política exterior respetuosa de la no intervención, misma que ha sido respaldada por el futuro canciller, Marcelo Ebrard.

Indicaron que esta misma semana presentarán un punto de acuerdo sobre los últimos hechos contra líderes opositores en Venezuela, aunque adelantaron que a diferencia de los acuerdos anteriores, se incluirá un exhorto al Presidente Electo a mantener y fortalecer la política de respeto, protección y promoción de los Derechos Humanos.

“Nos parece preocupante lo que pasa en Venezuela, pero nos parece aún más preocupante esta posición que ha adelantado el próximo gobierno de volverse a aislar, de volverse a retirar, de dejar de alzar la voz a cualquier violación a los Derechos Humanos en este país (Venezuela) y en cualquier otro”, dijo Rojas.

Las legisladoras insistieron en que se tiene que cumplir lo que la Ley dicta, pues la importancia de la política exterior está estipulado en la Constitución. Señalaron que el apoyo a Venezuela no solo debe ser por solidaridad, sino también por acato a lo que marca la Ley.

“Queremos y esperamos que le nuevo gobierno haga todo lo que este en sus manos para defender con fuerza las libertades y Derechos Humanos”, remató Gómez del Campo.

 

El Estado Mexicano tiene la firme determinación de proceder a la reparación integral de los daños de las mujeres victimas de los operativos policiacos en San Salvador Atenco, y acatará la sentencia que emita la CIDH, afirmó el embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.

En el marco de las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, que se llevan a cabo hoy y mañana, expresó que el Estado Mexicano condena cualquier violación de derechos humanos, dentro y fuera del país; y en particular, hacia las mujeres.

En el caso Atenco, subrayó, “no estamos discutiendo si se cometieron o no violaciones de derechos humanos, éstas ya fueron reconocidas, más bien lo que quisiéramos es reiterar nuestra voluntad de proceder a una reparación integral de los daños.

El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería mexicana recordó que al inicio de la actual administración, el Estado reconoció la responsabilidad internacional por los sucesos ocurridos en mayo de 2006 en Atenco, y ha reiterado en todo momento que reconoce esa responsabilidad.

Con información de Notimex / Foto: Archivo APO