Los fiscales generales de 23 estados de Estados Unidos, encabezados por Minesota, enviaron este viernes un carta al fiscal general, William Barr, criticando su petición a todos sus subordinados de que investiguen supuestas irregularidades en la elección presidencial y la tacharon de “interferencia” en el proceso electoral.

“Reconocemos y apreciamos el importante papel del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en algunos casos de persecución de fraude electoral. Sin embargo, estamos alarmados por que haya revertido la larga trayectoria política del Departamento de Justicia que ha servido para facilitar esa función sin permitir que se interfiera en los resultados electorales o se cree la apariencia de una participación política en los comicios”, se lee en la carta.

Los fiscales de casi la mitad de los estados del país subrayan que con la instrucción enviada el lunes por Barr se amenaza con alterar ese equilibrio clave, con efectos potencialmente dañinos en los procesos electorales que forman parte de la democracia.

Además, insisten en que en las últimas cuatro décadas ha recaído en los fiscales estatales y no en los federales, la responsabilidad de supervisar el proceso electoral.

Recordemos que en un memorando publicado el lunes pasado, Barr autorizó a investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto antes de la certificación de las elecciones.

“Dichas investigaciones y revisiones pueden realizarse si existen denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto”, añadió.

Con esta orden, Barr puso a los fiscales federales al servicio de la estrategia de Donald Trump, quien no ha reconocido su derrota en los comicios de la semana pasada frente al presidente electo, Joe Biden, y denuncia sin pruebas un fraude electoral de grandes dimensiones.

“Si ha habido fraude en el proceso electoral, los perpetradores deben ser llevados ante la justicia. Estamos comprometidos a ayudar a lograrlo. Pero, hasta ahora, no han surgido acusaciones plausibles de mala conducta generalizada que podrían impactar en el resultado en ningún estado o justificar un cambio en la política del DOJ” dicen los 23 fiscales que firman la carta..

Por su parte, la fiscal de Nueva York, Letitia James, subrayó que este cambio de política no es más que el último recurso de una administración saliente para aferrarse desesperadamente al poder y extender el caos sobre el proceso electoral.