El World Justice Project (WJP) presentó por tercera ocasión los resultados en materia de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas, que ha decir de la organización, brinda datos de diagnóstico y estrategias para el fortalecimiento del Estado de Derecho en todo el país.

En una democracia, en la que se aspira contar con un #EstadoDeDerecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos; por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder: @lorenzocordovav del @INEMexico. #IEDMX ?? pic.twitter.com/x8n6oW0EUR

— World Justice Project (México) (@TheWJP_mx) April 28, 2021

En su tercera edición, que clasifica a las 32 entidades del país, el Índice presenta puntajes para 42 indicadores de desempeño, agrupados en ocho factores, los cuales fueron calculados a partir de los resultados de una encuesta a 25,600 personas, de encuestas a más de 2,300 especialistas en todo el país.

Los ocho factores representan manifestaciones clave del Estado de Derecho: (1) límites al poder gubernamental, (2) ausencia de corrupción, (3) gobierno abierto, (4) derechos fundamentales, (5) orden y seguridad, (6) cumplimiento regulatorio, (7) justicia civil y (8) justicia penal.

“Los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades desde la versión pasada”, dijo Leslie Solís, Investigadora del WJP, quien añadió que todos los estados del país tienen retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto.

Los estados con los puntajes más altos en este Índice son Yucatán (0.47), Coahuila (0.45) y Campeche (0.44). Se enfatizó que Yucatán ha ocupado la primera posición por tres años consecutivos. En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.34), Puebla (0.35), y Morelos (0.36).

Desde la versión pasada, los puntajes aumentaron marginalmente en 17 estados, descendieron en 5, y permanecieron sin cambios en 10.

Se registraron descensos en 16 estados en el puntaje del Factor 8, justicia penal, que evalúa la efectividad de los sistemas de justicia penal. Los indicadores con caídas más marcadas fueron la eficiencia y eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia y el debido proceso.

Los datos sugieren que la falta de medidas oportunidas y propicias de Justicia Abierta y Digital tuvo un impacto en los sistemas de justicia penal, al verse limitado el acceso a servicios de justicia por medios remotos y colaborativos, los cuales eran necesarios durante el confinamiento derivado de la contingencia sanitaria. La mayoría de los órganos jurisdiccionales del país se vieron forzados a suspender su funcionamiento, a pesar de que toda la actividad jurisdiccional federal y local fue catalogada como esencial por las autoridades sanitarias.

Asimismo, por tercer año consecutivo, el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el ministerio público. WJP señaló que esto se debe en gran medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación, que se estimó en un promedio de 92.4% en los 32 estados, según la ENVIPE 2020.

Los datos muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una contracción del espacio cívico, reflejado en las caídas de los puntajes de 16 entidades.

Al respecto, Lorenzo Córdova resaltó la importancia de los contrapesos al declarar que “en una democracia, en la que se aspira contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos; por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ellos contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones”.

El informe señala que la seguridad continúa como uno de los mayores retos del país, como lo reflejan las tasas de homicidio, la percepción de inseguridad y la caída en los puntajes de ausencia de corrupción en la policía y las fuerzas de seguridad en 20 entidades del país, de acuerdo con la experiencia de las y los especialistas consultados durante 2020.