El gobierno de Ecuador anunció este domingo un acuerdo con los grupos indígenas para revocar la eliminación de subsidios al combustible, que había sido pactado con el FMI y que habría desatado una violenta crisis de casi dos semanas.
Después de más de cuatro horas de negociación con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, las dos partes asumieron un compromiso que atiende la exigencia del movimiento indígena: la derogatoria del decreto que había liberado el precio del diésel y la gasolina, encareciéndolos hasta en 123%.
El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, anunció de inmediato el levantamiento de las protestas que dejaron siete muertos, 1,340 heridos y 1,152 detenidos según la Defensoría del Pueblo.
Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad! #DialogarEsElCaminoEC pic.twitter.com/QfeUJpUcMk
— Lenín Moreno (@Lenin) October 14, 2019
“Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la paz!”, proclamó Vargas al término de las negociaciones con Moreno en persona.
El mandatario, que reconoció el “sacrificio de cada una de las partes”, escribió luego en Twitter: “El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan”.
Moreno firmó compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos por 4,200 millones de dólares destinados a aliviar el déficit fiscal que atribuye al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de su antecesor y exaliado Rafael Correa.
A cambio lleva a cabo una política de ajustes que, además de acabar con ayudas, prevén recortar derechos a los empleados públicos, como la disminución del tiempo de vacaciones, de 30 a 15 días. El país desembolsa 1,300 millones de dólares al año en subsidios al diésel y la gasolina.
Recordemos que Moreno decretó estado de excepción al día siguiente de iniciadas las manifestaciones y movilizó a las Fuerzas Armadas para contener el estallido social. Y decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil. Apenas el sábado pasado Moreno había acusado a Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia.
