El World Justice Project (WJP) presentó los resultados del Índice de Estado de Derecho de las 32 entidades federativas del país, en el que advierte sobre un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto.

«Esta cuarta edición destaca que todos los estados del país tienen aún retos importantes, ya que los resultados de esta edición del Índice evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto”, dijo Alejandro González, Director de Proyectos de Estado de Derecho del WJP.

De acuerdo con el índice, los estados con los puntajes más altos son Querétaro (0.49); Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). En contraste, los estados en los lugares más bajos son Quintana Roo (0.36); Morelos (0.35), y Guerrero (0.34).

Se destacó que desde la versión pasada, los puntajes aumentaron en 6 estados, descendieron en 14, y permanecieron sin cambios en 12. Tres entidades destacan por mostrar un progreso sostenido, es decir cada año han subido al menos 0.01, en sus puntajes generales desde la primera edición del Índice en 2018: Baja California Sur, Guanajuato y Sinaloa.

El WJP también alertó que los contrapesos estatales registran un deterioro en más de la mitad del país, ya que el puntaje de los límites al poder gubernamental bajó en 17 estados del país y permaneció sin cambios en 9. Estas caídas se explican por dos tendencias: la primera es el debilitamiento del poder legislativo local y del poder judicial para actuar como contrapesos eficaces al ejecutivo estatal, y la segunda es a contracción del espacio cívico, donde actúa la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa, se agudiza, a pesar de ser los contrapesos más efectivos del poder ejecutivo estatal.

Los datos mostraron que los sistemas de justicia penal y civil han ido retrocediendo año con año. En la medición de justicia penal, de las 14 entidades que experimentaron caídas en los puntajes este año, seis también experimentaron caídas el año anterior. Específicamente, más de la mitad de los estados en el país sufrieron retrocesos en: la garantía a los derechos de las víctimas; la  adhesión al debido proceso; la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal, y la efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, que continúa siendo el mayor desafío en materia de Justicia Penal en todos los estados del país.

El Índice de Estado de Derecho en México permite registrar avances y retos persistente sobre el Estado de en las entidades federativas, y se publica desde 2018.

Hasta la fecha, 18 estados y 5 dependencias y/o Secretarías del actual gobierno federal usan el Índice de Estado de Derecho en México para sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno, y otros instrumentos de planeación.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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