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Este martes con la oposición del PAN y el PRI, el Pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen para combatir las empresas fantasmas, el cual establece que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Además, aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.

De los dos mil 51 millones 420 mil pesos que recibió la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en el penúltimo año de gestión de Alfredo Castillo Cervantes como su titular, en el Presupuesto de Egresos 2017, 262 millones 142 mil 300 pesos se canalizaron a 21 proveedores a los que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) no encontró registro, es decir, a “empresas fantasma”.

A esos 262 millones 142 mil 300 pesos habría que sumar 72 millones 292 mil 500 del programa “Atención al Deporte”, que serían para adquirir y contratar bienes y equipos para deportistas, que la institución tampoco pudo comprobar.

De acuerdo con el Informe de Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Conade tampoco presentó el soporte documental de los 498 contratos o requisiciones del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y sólo documentó 25.

Las irregularidades no son nuevas en la Conade. En la Cuenta Pública de 2016, año de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Brasil, la Auditoría también detectó malos manejos presupuestales por mil 159 millones 590 mil 100 pesos, que sumados a los 334 millones 434 mil 800 pesos de la cuenta de 2017, suman mil 494 millones 24 mil 900 pesos en los dos años.

En aquella ocasión, la ASF señaló que “los beneficiarios de los apoyos de Conade administraron recursos por 213 millones 921 mil 900 pesos, en cuentas distintas de las notificadas a la institución; mezclaron recursos federales de los convenios con otros recursos; mantuvieron ociosos 266 millones 771 mil 100 de pesos y comprobaron extemporáneamente 565 millones”.

“Hubo falta de comprobación de 113 millones 894 mil 700 pesos de convenios para modernización o construcción de instalaciones deportivas”, reveló la ASF el año pasado.

Ana Gabriela Guevara, actual titular de Conade, calificó de “lamentables” las irregularidades, aunque señaló que colaborará con las autoridades competentes en lo que le soliciten a la nueva administración.


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