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Ana Paula Ordorica

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Varsovia, Polonia.– Rusia está jugando con Estados Unidos para ganar tiempo. Y en ese juego ha logrado que en Washington crean que Moscú quiere la paz… siempre y cuando haya negocio de por medio. “Están siendo muy ingenuos al confiar en ellos”, me dijo Witold Rodkiewicz, Senior Fellow del Centro de Estudios del Este, cuando le pregunté por el reportaje del Wall Street Journal que detalla las gestiones de Steve Witkoff —enviado y amigo personal de Trump— para explorar acuerdos económicos con Rusia a costa de Ucrania.

Tras mis días en Ucrania entendí algo que allá es casi un mantra: nadie quiere firmar un documento que huela a rendición, es decir, a ceder territorio o soberanía. Pero desde Polonia el diagnóstico es más crudo. Rusia no quiere la paz.

“Rusia quiere un acuerdo como si Ucrania ya hubiera perdido la guerra”, me dijo Radosław Sikorski, ministro de Exteriores polaco, minutos antes de volar a Bruselas para la cumbre extraordinaria de la OTAN. Sobre el papel de Washington hoy, fue igual de directo: “No estamos acostumbrados a este tipo de diplomacia encabezada por intereses semiprivados”.

Los europeos llevan años leyendo a Putin. Y su discurso reciente en Bishkek lo confirma: negó cualquier plan de paz formal con EUA y condicionó un alto al fuego a que Ucrania retire tropas de los territorios que Rusia reclama. En paralelo, insiste en que el gobierno ucraniano es ilegítimo, argumento que Moscú utiliza para forzar concesiones imposibles.

Y nadie aquí cree que Putin se detendría ahí. Un acuerdo impuesto a Kyiv abriría la puerta a nuevas invasiones: Moldavia sería la siguiente pieza del tablero, y después podrían venir Polonia o los países bálticos. La lógica imperial rusa es conocida y temida en esta región.

Por eso debería ser obvio que la presión en las negociaciones debe recaer en el agresor, no en la víctima. Pero Trump insiste en presionar a Kyiv. El excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov lo resumió esta semana: si Europa cree que hoy es caro ayudar a Ucrania, dejarla caer será infinitamente más costoso cuando haya que defender Varsovia, Chisinau o Tallin.

¿Qué debe hacer Europa ante un Estados Unidos alineado con los deseos de Putin, una Ucrania agotada y una Rusia que cree que el tiempo juega a su favor?

Lo primero es liberar los 170 mil millones de euros en activos rusos congelados en la UE. Ese dinero permitiría financiar al menos dos años adicionales de defensa ucraniana. Para Moscú sería un golpe duro: el gasto militar ruso equivale ya a alrededor del 8% del PIB, su nivel más alto desde la URSS, según datos del Ministerio de Finanzas ruso y estimaciones del SIPRI, el Stockholm International Peace Research Institute. Mantener una economía de guerra cuesta. Los salarios de los soldados contratados rondan hoy los 4,500 dólares mensuales, cuando el sueldo promedio en Rusia apenas supera los mil dólares. A eso se suman las compensaciones millonarias a las familias de los caídos. Un modelo así recluta carne de cañón, pero estrangula al Estado.

Aun así, el tema divide a Europa. Bélgica, que administra buena parte de esos activos vía Euroclear, teme demandas futuras y exige que la UE comparta el riesgo legal. Hay voluntad de hacerlo, pero no bajo el mecanismo amplio que propone Bruselas. Y mientras tanto, desde Washington se presiona para algo radicalmente distinto: devolver parte de los fondos a Rusia y destinarlos a proyectos de “reconstrucción” en territorios que Moscú espera anexarse con utilidades para EUA.

Negocios disfrazados de diplomacia. Diplomacia disfrazada de paz. Y en medio, un país al que pretenden orillar a aceptar una rendición tras casi cuatro años de ser el muro de contención de Putin.

Europa lo entiende. Ahora falta que actúe.

Columna publicada en El Universal

Kiev, Ucrania. –  Vine a Ucrania como parte de un grupo de siete periodistas invitados por gobiernos de Europa del Este para entender cómo opera la guerra cognitiva rusa. Llegamos a un país que vive bajo una constante agresión militar, pero también bajo una ofensiva permanente de desinformación. Y justo al llegar, otra historia empezó a desarrollarse en paralelo: la filtración del plan de paz que Steve Witkoff, amigo y asesor de Trump, negoció en privado con Kirill Dmitriev, el enviado de Putin en EUA. De ahí surgió un borrador de 28 puntos que provocó un terremoto político.

La negociación ignoraba a dos actores esenciales: Ucrania, el país invadido, y Europa, el continente donde se lleva a cabo esta guerra. Marco Rubio tuvo que viajar a Ginebra para reunirse con Andriy Yermak, la mano derecha de Volodymyr Zelensky, y tratar de afinar un documento que aquí, en Kiev, se percibió más como rendición que como propuesta de paz.

Lo que siguió fue una carrera a contrarreloj porque Trump le puso de ultimátum a Zelensky aceptar el acuerdo antes de mañana, Día de Acción de Gracias en EUA. Mientras se criticaba el plan original por premiar al agresor al pretender que Ucrania cediera territorios y pasando por alto crímenes de guerra, secuestro y rusificación de niños y detenciones ilegales, surgió un nuevo esfuerzo europeo. Bruselas, junto con Kiev, elaboraron un plan alternativo que busca corregir los excesos del borrador inicial y evitar que la paz se negocie como si fuera una transacción inmobiliaria entre Washington y Moscú.

El último borrador deja fuera las concesiones más favorables al Kremlin y pospone los asuntos sensibles —territorio y garantías de seguridad— para una decisión directa entre Trump y Zelensky. Kiev, sin embargo, parece que ya aceptó un punto delicado: limitar el tamaño de su ejército a 800 mil elementos, algo que en un principio me habían dicho en el Ministerio de Asuntos Exteriores que por ningún motivo aceptarían. Lo definieron como una línea roja.

Los ucranianos están actualmente empujando una reunión a puerta cerrada en Mar-a-Lago, sin prensa, convencidos de que Florida sería más productivo que La Casa Blanca, en donde ya sabemos lo mal que le fue a Zelensky.

Entre conferencias, refugios antiaéreos y noches interrumpidas por alarmas, Ucrania sigue negociando su supervivencia. Esta guerra, me repiten una y otra vez, es existencial. Si Rusia deja de pelear, la guerra termina. Si Ucrania deja de pelear, Ucrania desaparece.

En estos días me ha tocado pasar noches sin dormir para correr a refugios cada vez que suena la alerta de ataques aéreos. Me ha impresionado como los ucranianos siguen levantándose después de cada noche de bombardeos para ir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela y reconstruir lo que la guerra les arrebata.

La paz está sobre la mesa. Pero a pesar del cansancio de casi cuatro años de invasión, los ucranianos no la quieren a cualquier precio.

Apostilla 1: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y el caso de Ucrania es el ejemplo más reciente. Si el primer borrador de “Plan de Paz” hubiera avanzado, habría implicado ceder territorio al agresor, ignorar crímenes de guerra y aceptar el secuestro y la rusificación masiva de niños ucranianos como si fuera un daño colateral negociable. Pero Trump habría logrado acceder a las utilidades de los fondos rusos confiscados que están en Bruselas. Y para él, ese negocio bien vale la pena…aun si implica premiar a Putin.

Apostilla 2: Con todo este ir y venir diplomático sigo pensando que Putin no quiere la paz. No va a frenar hasta no aniquilar a Ucrania. Así sigan muriendo miles.

Columna publicada en El Universal

Bucarest, Rumanía.- Sigo sin entender qué ganan los que cuestionan a quiénes están detrás de la movilización del sábado 15 de noviembre. Las motivaciones declaradas para salir a marchar fueron el hartazgo ante la inseguridad, la corrupción, la impunidad y en específico lo que generó tanta indignación fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Parece que fue eso la gota que derramó el vaso de agua.

Con 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, México está muy por encima del promedio mundial, que es de 5.8, y también por encima del promedio regional latinoamericano (19.6).

Esto nos coloca entre los países con una de las tasas más altas de homicidios del mundo. El hecho de que existan más de 125 mil desaparecidos añade otra dimensión de violencia. Implica impunidad, violencia organizada y desaparición forzada.

Desde la óptica de la demanda de seguridad de quienes marcharon estos números muestran que su exigencia no es un “malestar” menor sino una protesta fundada en una realidad estadística severa y persistente. Entonces ¿cómo puede el gobierno y sus comentaristas pensar que es buena idea cuestionar la legitimidad de la marcha? ¿Cuestionar qué es lo que a la Generación Z le importa?

Si algo sorprende de México – a muchos mexicanos, pero a muchos extranjeros también – es la pasividad con la que reaccionamos (o la falta de reacción) a la creciente violencia. Ahora que me encuentro en un viaje con periodistas de otros países de América Latina en el Este de Europa, me preguntan varios de ellos qué es lo que ha ocurrido en México. Las imágenes de gases lacrimógenos y gente violentada en el Zócalo el sábado pasado han dado la vuelta al mundo.

La duda que yo y creo que no me equivoco cuando digo que otros también se hacían era: ¿En dónde está la indignación por los 200 mil homicidios y más de 53 mil desaparecidos en México que ocurrieron en el sexenio de López Obrador? Duda que se resolvió el sábado. Finalmente se tomaron las calles. Se vio indignación. La ciudadanía busca acciones y respuestas de parte de los servidores públicos. La pregunta entonces no es ¿quiénes están detrás de la marcha del sábado sino por qué no se había visto esta indignación antes?

Además hay otra pregunta que la presidenta Sheinbaum debería poder responder. Antes de estar cuestionando a quiénes convocaron la marcha, sería mejor para ella y para su gobierno entender quiénes están detrás del bloque negro. ¿Quiénes y por qué salieron a reventar una marcha que se convocó como un acto pacífico? ¿O es que el gobierno federal sabe y no quiere actuar en contra de ese bloque negro porque algunos de sus impulsores son cercanos al ´movimiento’?

La violencia en el Zócalo, lejos de confirmar lo que la presidenta decía, que la marcha estaba convocada por bots, la contradice. Los bots no pueden salir a tirar las vallas metálicas de protección para Palacio Nacional. Lo que sí hizo la presencia de este bloque negro ha sido abonar un problema más para su presidencia. A la violencia en Michoacán; Sinaloa y otros estados, ahora hay que sumar las dudas de quiénes son y por qué salieron los del llamado bloque negro a reventar la marcha.

Valdría la pena que en lugar de pensar si es la Generación Z la que impulsó la marcha o de estar pagando a plumas para que escriban columnas que mienten con gráficas sobre lo que esta generación busca, quiere o procura, mejor se investigue y se aclare quién es es bloque negro que revienta marchas que hace que imagenes de un México desastrozo circulen por el mundo cuando lo que se exigió el sábado tiene un sustento legítimo: seguridad para un país plagado de homicidios y desaparecidos.

Columna publicada en El Universal

En su libro Los ingenieros del caos, Giuliano Da Empoli abre con una cita de Woody Allen: “Los malos saben algo que los buenos claramente desconocen”. Hoy me parece que esta frase describe perfectamente lo que acaba de suceder en Washington con el cierre del gobierno de Estados Unidos y la capitulación de los demócratas para reabrirlo a cambio de…NADA.

Tras 41 días dolorosos para muchos ciudadanos por el cierre del gobierno federal, el Senado estadounidense aprobó una resolución para reabrir con el voto decisivo de ocho senadores demócratas que rompieron filas y votaron con los republicanos. ¿Por qué avalaron tal retirada política sin negociar mantener la extensión de subsidios sanitarios del Affordable Care Act (Obamacare) que fue el motivo por el cual se cerró el gobierno?

En un momento en que los republicanos acababan de sufrir un fuerte golpe electoral el 4 de noviembre que incluso llevó a Trump a admitir que los malos resultados de su partido se debían al shutdown, los demócratas doblaron las manos.

El cierre provocó despidos de trabajadores, recortes de servicios, caos en aeropuertos por escasez de controladores que llevó a la cancelación de miles de vuelos y un golpe reputacional para Trump que empezó a erosionar la imagen del Presidente. En el índice RealClearPolitics, que aglutina las principales encuestas políticas, solo un 32 por ciento de los estadounidenses siente que el país va por buen camino. Y la aprobación de Trump bajó a los suelos para colocarse por primera vez hasta un 42 por ciento, con la desaprobación del 54 por ciento. Por primera vez parecía que el teflón de Trump sufría un buen raspón.

Y es que mientras millones de estadounidenses sufrían el cierre y sus consecuencias, como la falta de ayuda alimentaria o los vuelos cancelados, Trump se dedicaba a remodelar La Casa Blanca con un salón de baile de cientos de millones de dólares y a pasársela en la frivolidad en Mar‑a‑Lago.

Trump empezaba a reconocer el daño y por ello les pidió a los republicanos que reabrieran pronto el gobierno, pero no accediendo a negociar con los demócratas, sino buscando cambiar la regla del filibusterismo en el Senado que obliga a juntar 60 votos para aprobar el presupuesto.

El acuerdo para reabrir, aprobado en el Senado y que hoy se votará en la Cámara de Representantes, simplemente financia el gobierno hasta el 30 de enero de 2026 y posterga la decisión sobre los subsidios del Obamacare hasta diciembre. Esto dejó al Partido Demócrata con las manos vacías en un momento de ventaja electoral, mientras el presidente Trump recupera aire y legitimidad.

¿Por qué doblaron las manos los demócratas justo cuando traían buen momentum?  Y ¿Por qué lo hicieron a cambio de nada?

Supongo que tiene que ver con que, como dijo Woody Allen, los malos saben algo que los buenos claramente desconocen. Los “malos”, o los que como Trump, usan las reglas del juego sin escrúpulos, operan sabiendo lo que los “buenos” no contemplan: el desgaste, el tiempo como arma, la rendición que se convierte en derrota. Los “buenos”, por su parte, actúan con causa y convicción, pero sin una lectura estratégica del tablero.

Parece que, como en México, en EUA también está en serios problemas la oposición.

Columna publicada en El Universal

Pobre presidenta Claudia Sheinbaum. El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la obligó a posponer la conferencia mañanera desde Los Pinos en la que presentaría los planes rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ni modo de hablar de fútbol cuando acaban de asesinar a otro alcalde, uno más, y en Michoacán.

Pobre presidenta, que los carroñeros de los medios de comunicación se atreven a cuestionarla por esta violencia. Violencia, lo que se dice violencia, es la que ocurre en las redes sociales, según ella misma ha dicho, y que promete investigar. Eso sí indigna: que se usen las redes para preguntar por qué van siete alcaldes asesinados durante el mandato del morenista Alfredo Ramírez Bedolla, según cifras del INEGI y reportes de la organización Causa en Común. La indignación de la presidenta es comprensible. ¿Quién pagó por esos trending topics? ¿Quién financia esos TikToks? ¿Quién está detrás de las movilizaciones en Michoacán donde incluso han salido estudiantes a las calles? Seguro son políticos de oposición buscando sacar raja del dolor.

Pobre presidenta. En el México más democrático de la historia, tendrá que gastar tiempo, dinero y esfuerzo en investigar a la prensa carroñera. Recursos que podrían destinarse a hospitales o medicinas deberán usarse para señalar a quienes osan dudar de su estrategia de seguridad. Tendrá que distraerse de lo importante para averiguar quién se indigna por el homicidio de un político que se atrevió a desafiar al crimen organizado.

Y es que, pobre presidenta: Michoacán está como está por culpa de Felipe Calderón. Fue él quien —según repite el guion oficial— desató la guerra contra el narcotráfico. Han pasado tres sexenios y trece años desde que dejó el poder, pero sigue siendo el villano favorito. No bastó con que catorce elementos de la Guardia Nacional custodiaran al alcalde de Uruapan; aun así lo asesinaron a quemarropa. Maldito Calderón.

Pobre presidenta que quiere, sinceramente o no, acabar con la violencia, pero está rodeada de quienes la perpetúan. Ahí está el propio Ramírez Bedolla, gobernador morenista. Y también otros de su partido, como Rubén Rocha Moya en Sinaloa o Alfonso Durazo en Sonora, que muestran cuando menos tolerancia al crimen organizado. ¿Y qué decir de Adán Augusto López y los múltiples señalamientos de corrupción y vínculos turbios en su entorno? La presidenta promete “cero impunidad”, pero ¿cómo hacer limpieza cuando al mismo tiempo Andy López Beltrán busca afiliar a diez millones de nuevos militantes a Morena? La realpolitik pesa más que la justicia. Pobre presidenta: su “cero impunidad” choca con la realidad.

Pobre presidenta. Este homicidio ha sido utilizado, dice, por organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, vinculadas, según su versión, con grupos empresariales “que ya no tienen mucho reconocimiento social”. Lo que buscan, asegura, es manipular a los jóvenes de la Generación Z para que marchen el 15 de noviembre, fecha ya convocada en redes. Para contrarrestarlo, Sheinbaum advirtió que se analizarán las cuentas que promueven la protesta y sostuvo que “no tiene nada que ver con una manifestación legítima”, sino con un movimiento artificial “para ver si de casualidad los jóvenes se enganchan”.

Pobre presidenta Claudia Sheinbaum. Ella es la víctima. No los michoacanos que viven entre balaceras. No los alcaldes asesinados. No los periodistas ni los policías que caen cada semana. La víctima, según su narrativa, es ella: la presidenta que tiene que cargar con los errores de otros, con una oposición malvada, con redes sociales crueles y con un país que no entiende su transformación.

Pobre presidenta. Ella es la víctima de toda esta situación.

Columna publicada en El Universal

Esta semana arrancó con autopistas bloqueadas por piperos que roban agua de tomas clandestinas y que, indignados por el Operativo Caudal para frenar este negocio ilegal, paralizaron buena parte del Valle de México.

Me tocó estar en uno de los puntos cerrados y logré salir por un acotamiento en sentido contrario. Otros no tuvieron esa suerte. Miles de personas quedaron varadas durante horas por manifestantes que, lejos de exigir justicia, protestaban porque las autoridades estatales y federales intervinieron pozos, inmuebles y pipas usadas para robar agua.

En el México que normaliza la ilegalidad, los ladrones no se esconden: bloquean carreteras y reclaman derechos sobre lo que no les pertenece. Nadie parece recordar que el Código Penal del Estado de México castiga con dos a seis años de prisión a quien robe agua.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión. Otro ejemplo del reflejo automático de este gobierno: creer que los problemas del país se resuelven redactando nuevas leyes.

La ley eleva las penas por extorsión de 6 a 15 años, y hasta 25 años si se agravan las circunstancias. Pero aumentar las penas no resuelve nada cuando el 94% de los delitos en México quedan impunes, según el Inegi. La extorsión no se combate con años de cárcel escritos en el Diario Oficial, sino con policías, ministerios públicos y jueces que hagan su trabajo.

Durante la discusión, el diputado panista Damián Retes recordó lo obvio: la extorsión no es solo el cobro de piso o las llamadas desde penales. También la cometen servidores públicos al exigir pagos para autorizar permisos o dejar operar comercios.

La nueva ley promete que se podrá denunciar de manera anónima al 089. Pero, ¿quién recogerá esas denuncias cuando el extorsionador sea el propio gobierno? Porque hoy, uno de los principales extorsionadores de empresas es el SAT, que congela cuentas y retiene devoluciones para presionar a contribuyentes.

El morenista Julio César Moreno aseguró en tribuna que “a partir de ahora, si hay indicios de extorsión, se investiga, se persigue y se castiga. Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades”. Qué desgracia para la familia de Bernardo Bravo, productor de limón asesinado en Michoacán por denunciar las extorsiones de los cárteles, escuchar esa declaración justo una semana después de su muerte.

En esa región de Tierra Caliente operan al menos cinco grupos criminales desde hace más de una década. El padre de Bernardo, conocido como Don Berna, fue secuestrado y asesinado hace diez años por el mismo motivo. Pero ahora, con una ley más, nos dicen que todo cambiará.

La verdad es que los diputados legislan para la narrativa. Es teatro político, no solución. El problema de México no está en la falta de leyes, sino en su aplicación. A menos, claro, que pensemos que antes de esta ley la extorsión estaba permitida.

Columna publicada en El Universal

El gobierno de Claudia Sheinbaum repite una promesa que suena bien en los discursos: no subir los impuestos. Pero lo que omite decir es que, aunque no haya una reforma fiscal, los costos para los mexicanos sí están subiendo por otras vías.

Ahora que el SAT y las compañías de seguros han llegado a un acuerdo tras años de litigio, el gobierno recaudará más y los clientes de las aseguradoras pagaremos extra.

Durante meses, el SAT y la Secretaría de Hacienda sostuvieron una batalla con el sector asegurador. La autoridad acusó a las aseguradoras de no haber entregado correctamente el IVA que cobran a sus clientes al momento de vender una póliza. En pocas palabras, lo que hacían las aseguradoras era esto: cuando el cliente pagaba su seguro, por ejemplo uno de coche o de gastos médicos, dentro del precio venía el IVA. Las aseguradoras cobraban ese dinero, pero en lugar de entregarlo completo al SAT, lo usaban para compensar otros gastos que también generaban IVA, como los pagos a talleres, hospitales o ajustadores. Es decir, mezclaban el IVA que cobraban a sus clientes con el IVA que ellas mismas pagaban, y al final mandaban menos dinero al gobierno.

Según el SAT, ese dinero pertenece al fisco, no a las empresas. El pleito era porque el SAT quería hacer el cobro de manera retroactiva. Las aseguradoras, por su parte, alegaron que el gobierno estaba reinterpretando la ley, porque durante años ese esquema fue permitido y supervisado sin objeción.

El conflicto escaló hasta convertirse en un problema de casi 200 mil millones de pesos. Finalmente, el gobierno y las aseguradoras llegaron a un acuerdo: las empresas pagarán alrededor de 20 mil millones y el SAT retirará los litigios. Ahora las aseguradoras deberán entregar todo el IVA que cobren a sus clientes y ya no podrán compensarlo con el IVA que pagan a terceros —por ejemplo, hospitales o talleres mecánicos— como hacían antes.

En términos técnicos, es una aclaración contable. En términos reales, es un aumento de costo. Porque lo más probable es que las aseguradoras trasladen ese ajuste a las primas, es decir, al precio de los seguros.

México es uno de los países con menor nivel de aseguramiento privado del mundo: apenas 8% de la población (en las mejores estimaciones) cuenta con algún seguro de salud privado, frente a 65% en Estados Unidos.

En México, la gran mayoría depende del (deficiente) sistema público, y los seguros de gastos médicos mayores son un lujo reservado para unos pocos. Si las primas suben, aún menos personas podrán o querrán contratar uno, ampliando la brecha de protección financiera en caso de enfermedad o accidente.

El gobierno logra recaudar más sin asumir el costo político de decir que sube impuestos. No incrementa el IVA ni el ISR, pero impulsa decisiones que terminan haciendo más caro el costo de vida en México: gasolina con IEPS ajustado al alza, alimentos y bebidas con impuestos especiales crecientes, servicios con nuevos costos fiscales.

En el fondo, lo que se busca es tener más dinero para alimentar el gasto social. Porque ese es el motor político de este gobierno: entregar más transferencias directas a más personas. Es un modelo de redistribución que descansa cada vez más en un Estado que reparte, pero que al mismo tiempo encarece los bienes y servicios que pagan quienes producen y consumen.

En teoría, no hay aumento de impuestos. En la práctica, hay un aumento silencioso del costo de la vida. El gobierno que presume no subir impuestos ha encontrado una fórmula más cómoda: subir los costos.

Columna publicada en El Universal

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado representa mucho más que un reconocimiento personal: es un recordatorio internacional de que la crisis venezolana sigue encendida y que la causa democrática debe de atenderse con urgencia.

El Comité Noruego del Nobel la premió “por su incansable labor promoviendo los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Justa y pacífica son dos palabras clave en el comunicado del Comité. Lo son porque he visto a algunos cuestionar el Nobel a Machado diciendo que ella pide la intervención de EUA y promueve un golpe de Estado, lo cual es absolutamente falso.

Que una figura de la oposición venezolana —obligada al silencio, a la clandestinidad, marginada electoralmente— reciba tal premio es una bofetada simbólica al régimen de Nicolás Maduro y una señal clara para todos los autócratas del continente: el mundo los está observando.

Pero lo que me ha llamado mucho la atención es la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con su escueta respuesta de “sin comentarios” al preguntársele sobre el reconocimiento a Machado en la mañanera se colocó del lado del régimen dictatorial, no del lado de la democracia. Ese sin comentarios no es neutralidad.

¿Por qué esa postura? ¿Qué pacto silencioso podría haber entre la 4T y Maduro?

El silencio diplomático que guarda México no es nuevo en la era de la 4T. México ha preferido mantener una política exterior que proyecte autonomía y rechazo a intervencionismos, pero a contentillo. Esa lógica de “no intervención” se vuelve sospechosa cuando la indiferencia ante crímenes contra la democracia se convierte en apoyos tácitos.

El argumento de la “autodeterminación de los pueblos” suena airoso e importante, hasta que choca con la realidad. ¿Por qué opina, interviene o apoya el actual gobierno mexicano en Bolivia, Ecuador o Perú con acentos críticos, pero guarda silencio respecto al deterioro democrático en Venezuela? Esa doble vara revela parcialidad. No hay autodeterminación verdadera si la región vive bajo gobiernos que actúan como arietes políticos entre sí.

Lo que se filtra entre líneas es la posibilidad de que la 4T tenga un arreglo —o al menos simpatía— con el régimen chavista, hoy madurista. Simpatía que se ahonda cuando anuncia la presidenta que no acudirá a la Cumbre de las Américas en diciembre porque no están invitados ni Maduro, ni Diaz Canel (Cuba), ni Ortega (Nicaragua).

¿Por qué ha decidido Sheinbaum seguir por la ruta de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al régimen de Venezuela se trata? Ha optado por colaborar diplomáticamente, abstenerse de críticas contundentes, mantener canales abiertos sin cuestionamiento sobre la opresión a la oposición. Ella, que como opositora tanto peleó por jugar el juego democrático para llegar al poder ahora responde un “sin comentarios” que la hermana con el dictador Nicolás Maduro.

El Nobel a María Corina Machado no ha sido gratis. En su lucha ha sido acosada, vetada, criminalizada. Fue descalificada para competir en 2024, obligada al exilio interno, privada de espacio mediático y sometida a persecución constante. Pero el Nobel le da un altavoz universal, una defensa política colectiva. Ese altavoz es una victoria simbólica contra la censura.

El silencio mexicano, en cambio, es una derrota moral. Porque reconocer, o no, un Premio Nobel no es solo un acto diplomático, es una postura ante la historia.

María Corina Machado recibió el Nobel en nombre del pueblo venezolano: “este es un logro colectivo, no algo que merezco solo yo”. Pero mientras ella alza la voz, el gobierno mexicano prefiere apoyar con un “sin comentarios” a Nicolás Maduro.

La neutralidad frente a la dictadura también es complicidad.

Columna publicada en El Universal

La gran pregunta en este arranque del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum es si manda ella o manda él.

Aunque ha intentado marcar distancia de su antecesor con un giro de 180 grados en la estrategia de seguridad en la que el Ejército y la Marina han recuperado protagonismo operativo, la sombra de Andrés Manuel López Obrador sigue presente. El dilema de fondo no es solo político, sino simbólico: ¿cuándo se convierte una heredera en mandataria plena?

En su discurso del domingo pasado en el Zócalo, la presidenta pareció responder a esa pregunta con una reverencia. Se desvivió en elogios hacia quien llamó “un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo”. Dijo que el camino actual del país, enfocado en la justicia social y la garantía de derechos, “es también la herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Luego añadió: “Fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México”. En otras palabras: los escándalos de corrupción y ostentación que siguen golpeado a figuras cercanísimas al expresidente, serían ajenos a él.

La presidenta reconoció que ha habido intentos por separarla de AMLO y “acabar con el movimiento de transformación”, pero aseguró que eso no ocurrirá porque ambos comparten valores como la honestidad, la justicia y el amor al pueblo. Reafirmó así su adhesión al proyecto del llamado Humanismo Mexicano, que el propio López Obrador definió como “la doctrina moral de la Cuarta Transformación”.

El problema es que esa lealtad inquebrantable alimenta la duda. En un país donde se suele decir que nunca se han sentado dos en la silla presidencial, el reto de Sheinbaum es histórico: lograr gobernar sin romper con quien aún mueve las riendas del partido-movimiento que la llevó al poder.

Y lo hace desde una posición privilegiada. Con niveles de aprobación superiores al 65 por ciento, Sheinbaum es hoy más popular que Morena. Por eso el partido busca capitalizar su figura en las elecciones intermedias. Bajo el argumento de la austeridad, los diputados morenistas impulsan una reforma electoral que unificaría las elecciones legislativas, las de 17 gubernaturas y la del Poder Judicial con la revocación de mandato presidencial.

La Constitución establece que la revocación de mandato debe realizarse en octubre de 2027, pero si se adelanta a junio, Sheinbaum aparecería en la boleta justo cuando Morena enfrenta desgaste por los múltiples casos de corrupción y su creciente colusión con el crimen organizado, que incluso ha sido portada del New York Times.

En Palacio Nacional saben que la presidenta es su mejor activo político. Pero su mayor fortaleza —la popularidad— puede ser también su límite si sigue subordinada a la narrativa de su mentor.

Así, mientras Sheinbaum intenta consolidarse como la mandataria de la estabilidad y la continuidad, su segundo año arranca con la misma pregunta que marcó el primero: ¿manda ella o manda él?

Apostilla: El Foro Económico Mundial, encabezado por Børge Brende, celebró ayer un encuentro en la Ciudad de México y hoy sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá que este acercamiento motive a la mandataria a asistir al Foro de Davos en enero de 2026. Sería una oportunidad para posicionar a México en la agenda global y, de paso, para encontrarse —fuera del territorio estadounidense— con Donald Trump, el hombre que de nuevo puede redefinir la relación bilateral.

Columna publicada en El Universal

La semana pasada fue una de muy buenas oportunidades para la presidenta Sheinbaum. Desgraciadamente no las aprovechó.  Al no ir a la apertura de sesiones de la ONU, perdió múltiples valiosas oportunidades.

Al no viajar a Nueva York para la apertura de sesiones de la ONU, no solo renunció a presentarse en un foro global clave, sino también a un encuentro cara a cara con Donald Trump, con quien nunca se ha reunido.

Con las enormes complejidades de la relación bilateral, ese primer contacto es crucial. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha demostrado que un mensaje en Truth Social puede alterar las reglas del juego: imponer aranceles, frenar inversiones o condicionar la cooperación en seguridad. Antes, la relación con Washington dependía de una red de diplomáticos, legisladores y funcionarios. Hoy, la química personal con Trump pesa más que todo eso junto.

Ejemplos sobran de lo que Sheinbaum perdió.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, logró que Trump cambiara de postura sobre la guerra con Rusia. Apenas en agosto, tras reunirse con Vladimir Putin en Alaska, el republicano había avalado un plan para que Ucrania cediera territorio a cambio de paz. Sin embargo, después de ver a Zelensky en Nueva York, escribió en Truth Social que ahora cree posible que Ucrania “recupere todo su territorio”. Para Kiev, ese viraje fue un triunfo inesperado, producto directo de un encuentro cara a cara.

El caso de Javier Milei fue todavía más espectacular. Trump lo recibió como a un aliado ideológico y, al día siguiente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina. Trump justificó el paquete diciendo que quería apoyar la economía argentina y fortalecer a Milei en un momento político complicado. Con elecciones legislativas el 26 de octubre, el espaldarazo llega como un salvavidas.

Incluso Lula da Silva, que mantiene tensiones con Washington, aprovechó unos minutos de conversación con Trump para acordar una reunión formal y discutir el arancel del 50% que EUA impuso a Brasil tras el juicio a Jair Bolsonaro. No resolvió nada de inmediato, pero abrió un canal de negociación.

Sheinbaum, en cambio, no estuvo ahí.

México envió al canciller Juan Ramón de la Fuente, un diplomático experimentado, pero que no sustituye el peso simbólico de la primera presidenta del país. Sheinbaum podía haber usado la plataforma de la ONU para presentarse como una mandataria con agenda internacional —por ejemplo, plantear el crimen organizado como un desafío global de seguridad. Habría sido una forma de marcar diferencia y elevar su perfil como la primera mujer presidenta de México.

Muy distinto al caso de Alexander Stubb, presidente de Finlandia, que sí acudió. Consciente de que su país aspira a un asiento en el Consejo de Seguridad en 2029-2030, dio un discurso memorable. Llamó a la guerra “una falla de la humanidad” y denunció no solo la agresión rusa en Ucrania, sino también conflictos en Medio Oriente y África. Stubb entendió que la ONU es escaparate y trinchera.

Por eso resulta difícil entender la decisión de Sheinbaum. En política exterior, la ausencia también comunica. Y en este caso, el mensaje es claro: México dejó pasar la oportunidad de poner a su presidenta en el mapa internacional y de abrir un canal directo con Donald Trump, el hombre que hoy puede redefinir la relación bilateral.

Columna publicada en El Universal

México está ubicado junto a Texas y sus enormes reservas de gas natural. ¿Por qué, entonces, los mexicanos no cuentan con mejor infraestructura de ductos para aprovechar este privilegio que otorga la geografía?

Esto fue, palabras más palabras menos, lo que planteó hace unos días el exembajador de Estados Unidos en México y hoy subsecretario de Estado, Christopher Landau, durante el Concordia Summit en Nueva York. A su lado estaba François Poirier, CEO de TC Energy, compañía canadiense de infraestructura energética que desde hace casi un siglo opera ductos, instalaciones de almacenamiento y plantas de generación en Norteamérica. Landau recordó que desde su paso por la embajada, en tiempos de AMLO, ha hecho esta pregunta al gobierno mexicano. Y nada ha cambiado.

Poirier habló entonces del ducto submarino que TC Energy construye junto con la CFE en el sureste: el proyecto Puerta al Sureste. Este transportará gas natural desde Tuxpan, Veracruz, hasta Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Landau celebró que al fin se hiciera algo en esa región: “Nunca entendí por qué López Obrador se quejaba tanto de la falta de desarrollo en el sureste y, al mismo tiempo, dejaba pasar estas oportunidades para México. Los mexicanos hablan de desarrollar el sureste, justo Tabasco. La energía es catalizador del desarrollo y del crecimiento, pero no hacen nada por mejorar su infraestructura. Necesitan proyectos de infraestructura”, insistió Landau.

Poirier remató: gracias a ese proyecto conjunto, el abasto de gas natural en la zona podría duplicarse. Y, con la inversión adecuada, México podría volver a duplicarlo después.

Puerta al Sureste es un ejemplo claro de los beneficios de la integración energética en Norteamérica. Esta infraestructura clave fue posible gracias a una alianza entre una empresa canadiense, TC Energy, y el gobierno de México, a través de la CFE, para llevar gas natural estadounidense al sureste del país.

Este tipo de proyectos deberían de ser música para los oídos para la presidenta Sheinbaum en un momento tan complicado en las relaciones con Estados Unidos, donde Trump amenaza con cerrar fronteras e imponer aranceles.

En especial cuando la presidenta Sheinbaum ha reiterado que dentro del Plan México está la necesidad de aumentar la autosuficiencia energética como paso estratégico hacia la seguridad y la sostenibilidad. Coincido. Pero sin infraestructura esa meta es imposible.

En el Foro Energético que se llevó a cabo hace unos días en el Senado, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, dijo que el gas natural “es más importante que el petróleo y que el aceite, porque es el combustible de la transición: nos permite tener generación eléctrica con muy alta eficiencia. El gas convertido en electricidad es lo que sostiene a la economía mexicana”.

Las reservas nacionales de gas natural son significativas, pero no de acceso inmediato. De hecho, la producción cayó 35 por ciento entre 2010 y 2024. Nuestra capacidad está limitada. Por eso es urgente pensar en un plan energético de Norteamérica. No como dádiva de Estados Unidos, sino como integración que beneficie a los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El modelo debería de ser claro: TC Energy pone la infraestructura; EUA, el gas natural; y México, la ventana para usarlo y exportarlo. Así ocurrió ya con el proyecto Altamira LNG, en Tamaulipas, desde donde New Fortress Energy comenzó a enviar gas a Europa. Dado que EUA carece de terminales de gas natural licuado en la costa oeste, México ha sido su vía hacia Asia.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿Vamos a aprovechar de verdad estas oportunidades que nos presenta le geografía?

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Aunque Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk, es un joven blanco que creció en una familia mormona conservadora de Utah, el presidente Donald Trump y sus cercanos insisten en presentarlo como un universitario “envenenado” por la extrema izquierda. La narrativa busca convertir el asesinato en munición política: señalar a los liberales como responsables morales y justificar un endurecimiento contra sus opositores.

Hasta ahora no hay evidencia de que Robinson actuara por convicciones progresistas. Más bien, las pistas apuntan a una radicalización alimentada en la oscuridad de foros digitales y servidores de Discord. Las frases que grabó en los casquillos de sus balas —“Hey, fascist! catch!”, “Bella Ciao”, el insulto burlesco “if you read this you are gay lmao” y referencias a memes como “OwO what’s this?”— son más que grafitis grotescos. Revelan una mezcla tóxica: provocación adolescente, cultura de internet y hostilidad política que se funden en un mismo acto. Al marcar sus balas, Robinson no solo planeaba matar; quería comunicar, dejar rastro, sembrar memes junto al crimen para asegurar notoriedad en línea.

Este patrón no es nuevo. El año pasado Luigi Mangione grabó mensajes similares antes de asesinar al CEO de UnitedHealthcare. En Estados Unidos y más allá, los asesinos virales ya no son anomalías: son síntomas de una era donde la violencia digital traspasa pantallas. Lo advirtió el gobernador de Utah al anunciar la detención: “Apaguen sus dispositivos, salgan al jardín, abracen a un familiar”. Su exhorto es tan obvio como insuficiente frente a un ecosistema donde casi cualquiera puede comprar un arma de asalto con la misma facilidad con la que descarga un videojuego.

En lugar de abordar este fenómeno —la incubadora digital de resentimiento y su salto al mundo físico— Trump y figuras como Elon Musk o J. D. Vance han optado por otro camino: usar el asesinato como pretexto para silenciar. El propio Trump ha prometido investigar a grupos de izquierda, clasificarlos como terroristas domésticos y, en un giro extraordinario, aplicar la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, de 1970) contra donantes progresistas como George Soros y fundaciones liberales como Open Society o Ford Foundation, acusándolos de financiar protestas o tejer conspiraciones. RICO nació para desmantelar a la mafia; utilizarla para perseguir activismo o periodismo es una mordaza política que amenaza la Primera Enmienda.

El riesgo es evidente: distraer a la opinión pública del verdadero problema —la violencia que germina en los rincones digitales— y normalizar un uso autoritario del poder. Charlie Kirk, el rock star de MAGA, construyó su fama impulsando debates encendidos y defendiendo la libertad de expresión. Usar su muerte como excusa para acallar voces es lo opuesto a lo que, paradójicamente, predicaba.

La mordaza que podría avecinarse en nombre de Kirk no solo será brutal: marcará un precedente peligroso donde las balas no solo matan, también dictan quién puede hablar.

Columna publicada en El Universal

Está por cumplir un año en la presidencia Claudia Sheinbaum y si algo ha quedado claro en estos primeros meses es que su gobierno no ha podido gobernar en clave de continuidad, sino de corrección. Ha tenido que enmendar algunos de los errores más costosos de su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador.

Tan solo en estos días se ha visto obligada a actuar en contra de una enorme red de corrupción que nació y creció durante el sexenio pasado: el del contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.

Y es que aquí no hay manera de voltear para culpar a los villanos favoritos del pasado. La presidenta ya no puede señalar a Calderón; a los neoliberales; a los medios de comunicación… de ser los artífices del huachicol fiscal. Este es un delito incubado y tolerado bajo la administración de López Obrador.

Los señalados como cabezas de este contrabando son Rodolfo y Fernando Farías Laguna. El primero ya está detenido en el Altiplano, el segundo continúa prófugo de la justicia. Ambos son sobrinos del Secretario de la Marina en el sexenio de López Obrador, Rafael Ojeda, quien recibió el control de las aduanas —que antes llevaba la SCT— en 2020, cuando el entonces presidente aseguró que la Marina era incorruptible.

Las denuncias de que los sobrinos del titular de Semar andaban por malos pasos comenzaron desde 2023. El 21 de octubre de 2024 fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima, tras haber denunciado la corrupción de los hermanos Farías. Un mes después fue asesinado el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había enviado una carta al propio Secretario de la Marina con acusaciones similares.

Así que aquello de que los uniformados son menos corruptos que los civiles comenzó a resquebrajarse bien rápido. Hoy el nuevo titular de la SEMAR, el Almirante Raymundo Morales, junto con la presidenta y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han decidido actuar en contra de este delito que tiene proporciones enormes.

Pemex, que se supone es la empresa consentida del Estado, enfrenta una competencia brutal de este huachicol. Algunas estimaciones de gremios gasolineros ubican el contrabando en 23–30 por ciento del mercado. Es descomunal. AMLO lo dejó pasar. Sheinbaum ha tenido que corregir el pasado.

Pero no solo en materia de corrupción enfrenta este reto. También en economía ha tenido que poner la casa en orden. Esta semana presentó el Paquete Económico del 2026, en el que la primera corrección fue al déficit insostenible heredado de AMLO. El elevado déficit público del año pasado, el más alto en 40 años, dejó al actual gobierno un entorno complicado y con escaso margen de maniobra.

Si bien el Paquete fue bien recibido, el panorama no es sencillo. El entorno internacional y la debilidad estructural del país implican un margen reducido si los ingresos resultan menores a los previstos. Y hay señales que apuntan en esa dirección.

Primero, la expectativa de crecimiento que presenta Hacienda es mucho más optimista que la del consenso. Para 2025, el gobierno prevé 1.1% frente al 0.5% de los analistas. Para 2026, proyecta 2.3% frente al 1.4% del consenso. Segundo, los ingresos petroleros: el Paquete estima un aumento de más del 20% en la producción, un supuesto que raya en el voluntarismo.

La buena noticia es que la presidenta está demostrando que quiere corregir el pasado, en especial en materia de corrupción —donde todavía hay un largo camino por recorrer— y en economía, donde más vale poner los pies sobre la tierra. Corregir los errores heredados no garantiza el éxito de su administración, pero ignorarlos la condenaría al fracaso. Entre la inercia del pasado y las decisiones del presente se juega el verdadero reto de Claudia Sheinbaum.

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Las palabras importan. Y en la Cuarta Transformación importan tanto que pareciera que si cambian las palabras, cambian la realidad. Por eso conviene conocer el diccionario oficial de la Real 4T, para no confundirnos y pensar que una cosa es una cosa cuando, en realidad, es otra.

Bache (sustantivo, masculino): lo que en el resto del mundo se llama bache, en la Real 4T es un registro mal intervenido. Así quedó claro en el Maratón de la Ciudad de México 2025, cuando el atleta colombiano Francisco Sanclemente cayó de su silla de ruedas al topar con uno de estos registros, provocando además la caída de otro competidor, Gonzalo Valdovinos. No era un bache, nos dicen, sino una falla técnica menor que ya se arregló. El lenguaje es generoso; las lesiones, no tanto.

Elección popular (sustantivo, femenino): lo que se llevó a cabo para designar a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo urnas, sí, pero también un raquítico 13 por ciento de participación ciudadana y, dentro de ella, un 22.8 por ciento de votos nulos. El nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, obtuvo menos sufragios válidos que los votos anulados. Aun así, en el diccionario de la Real 4T, fue una victoria avalada por el pueblo. Y si en su primer discurso dijo que los ministros fueron “impuestos” y luego tuvo que corregir, no es lapsus: es simplemente que olvidó el glosario oficial.

Acordeón (sustantivo, masculino): no es acordeón, sino guía ciudadana. Los impresos que circularon con los nombres de los aspirantes “idóneos” para la Corte no eran instrucciones, sino trabajos académicos colectivos. Que un 45.7 por ciento de los votantes haya llegado a la exacta misma conclusión que el acordeón proponía es pura coincidencia, no copia. La democracia de la 4T tiene un sonido peculiar, pero insiste en que no viene de la música de un acordeón.

Asesinato (sustantivo, masculino): lo que para la Real 4T puede ser un infarto fulminante. La violencia homicida, que dejó sin vida a la taxista y maestra jubilada, Irma Hernández Cruz, después de ser secuestrada y violentada, puede rebautizarse con un eufemismo médico. Un país en donde los muertos son estadísticas o víctimas de padecimientos naturales resulta, sin duda, más habitable… al menos en el papel.

Austeridad republicana (locución sustantiva): no es vivir con doscientos pesos en la cartera ni con un par de zapatos remendados. Significa hablar en nombre del pueblo, pero viajar con todos los lujos o comprar mansiones despampanantes… siempre que se pueda alegar que se pagó con “recursos personales” o gracias a un crédito hipotecario. Si el origen de esos recursos no cuadra con lo declarado, ese ya es problema de quien pregunte. En Morena, la austeridad se respeta: digan lo que digan, viajen como viajen, vivan en donde vivan.

El diccionario de la Real 4T es claro: no hay baches, sino registros; no hay imposiciones, sino elecciones; no hay copias, sino coincidencias; no hay asesinatos, sino infartos; no hay lujos, sino austeridad. Lo que sí hay es un país donde, a golpe de palabras, se pretende cambiar la realidad. En esta narrativa oficial no existen las crisis, sólo relatos alternativos. Y así, con definiciones hechas a modo, se construye un México maravilloso.

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Sabemos que Donald Trump cree que el calentamiento global no existe. En este tema ha sido bastante consistente. En noviembre del 2012 publicó en Twitter que: “El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de hacer que la manufactura estadounidense no sea competitiva.”

Desde su primera presidencia insistió en que el cambio climático era una enorme farsa, una fantasía que salía carísima. “No solo es una noticia falsa; es ciencia falsa” escribió en marzo del 2019.

Ahora Donald Trump ha dejado claro—otra vez—que no cree en el cambio climático y que su apuesta energética es fósil. En su reunión de gabinete de esta semana dijo que no permitirá que “se levanten más aerogeneradores” porque le parece que “son feos, no funcionan, matan aves y tiran el valor de las casas”. No fue solo retórica: su gobierno ordenó frenar las obras del parque marino Revolution Wind —frente a Rhode Island que llevaba cerca de un 80% de avance— y además anunció que buscará revocar permisos a otro proyecto frente a Maryland.

En la primera mitad del año, la inversión en renovables en Estados Unidos cayó 36 por ciento frente al periodo previo, según BloombergNEF, y por primera vez desde 2016 el país salió del top-5 eólico.  Para los inversionistas, la señal es clara: en Estados Unidos la política energética está enfocada en las energías fósiles.

Al mismo tiempo, China pisa el acelerador en sentido contrario. Ha trabajado en dejar atrás el carbón y el petróleo a un ritmo aceleradísimo y ha migrado hacia energías limpias y renovables. De ser en 2010 el país del mundo que más dependía de las energías fósiles, con el tremendo efecto en la contaminación de sus ciudades, para el 2025, China es ya el país que más energías renovables genera en el mundo.

Los datos sobre estas inversiones, que publicó esta semana Gerald Butts, de Eurasia Group, son impresionantes. En el primer semestre de 2025, China instaló casi 270 gigavatios (GW) de nueva energía renovable. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a seis veces más lo que EUA produjo en el 2024 y es mayor que toda la capacidad renovable instalada de la India. Su proyecto hidroeléctrico recién anunciado en el Himalaya, en el río Yarlung Tsangpo, producirá 60 GW, ósea 12 veces la energía que generan las cataratas del Niágara. La escala es inédita.

Así hoy tenemos, por un lado, a EUA como un petro-estado y por el otro a China como un electro-estado.

En medio de esta divergencia, México debería aprovechar. Nuestra capacidad instalada ronda 90 GW y el gobierno anunció 29 GW de nueva capacidad y un plan de 275 líneas de transmisión con más de 500 subestaciones. Son pasos que palidecen con lo que vemos en China pero van en la dirección correcta. Sin embargo es necesario que entendamos que el Estado no puede hacer todo solo y por tanto depende de inversiones privadas. Y estas inversiones exigen no sólo energía limpia, barata y confiable, también reglas del juego claras y sin dados cargados.

Frustra mucho ver que México tiene vientos a favor, que tenemos la oportunidad de atraer las inversiones en renovables que EUA está pateando ante un Trump que ha definido que la apuesta para su país son las energías fósiles, pero que nos negamos en ver el daño que nos hacemos solos.

La certidumbre jurídica es el núcleo. Pero a partir del 1 de septiembre que entrará en funciones el nuevo Poder Judicial, México ha optado por darse un balazo en ese corazón. Sin respeto a contratos, reglas estables y resolución rápida de controversias el riesgo país encarece el kilowatt antes de que se ponga el primer tornillo.

Tenemos la oportunidad de posicionarnos como la opción electro-industrial de Norteamérica. El costo de no hacerlo es alto: inversiones que migran a Europa o Asia ante un mundo en el que la energía competitiva definirá ganadores y perdedores.

La elección está en manos del gobierno de Claudia Sheinbaum.

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Era evidente que la presidenta saldría a desmentir a la DEA. Desde el caso Cienfuegos en 2020, México cerró la puerta a operaciones de agencias extranjeras con una reforma que limitó la actuación de agentes foráneos y les retiró inmunidades. AMLO calificó la detención del exsecretario de la Defensa como una intromisión inaceptable en los asuntos de México. Ese choque dejó cicatrices en la cooperación.

El 18 de agosto, la DEA difundió un comunicado sobre el llamado “Proyecto Portero”. Lo describió como una iniciativa bilateral para golpear a los operadores de los cárteles —los porteros de las rutas— y frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, con un componente de entrenamiento e intercambio de inteligencia en la frontera suroeste. El lenguaje sugería un nuevo nivel de coordinación con México.

La respuesta de Claudia Sheinbaum fue tajante: no existe acuerdo alguno con la DEA. Explicó que lo único que ocurrió fue un taller en Texas al que asistieron cuatro policías mexicanos y subrayó que cualquier entendimiento se negocia con el Departamento de Estado, no con una agencia. La presidenta aclaró que toda cooperación respetará la soberanía y que cada país operará en su propio territorio. No solo desinfló la narrativa del operativo conjunto, también marcó los límites institucionales.

Vale recordar que, a diferencia de su antecesor, el gabinete de seguridad de Sheinbaum, encabezado por Omar García Harfuch, ha buscado recomponer canales con Washington. Hemos visto extradiciones de alto perfil —incluida la de Rafael Caro Quintero en febrero— y reuniones constantes para coordinar acciones contra el fentanilo. Nada de eso elimina las fricciones históricas, pero sí perfilaba una etapa menos ríspida.

Y es que una cosa es darle un giro a la estrategia de seguridad de AMLO de “abrazos, no balazos” y otra es salir a admitir que hay nuevos abrazos, pero que estos son ahora con la DEA.

Por eso sorprendió el autogol de la DEA. Si “Portero” pretendía cubrir entrenamientos y flujos de información, venderlo como operación binacional fue innecesario y tóxico. En un país celoso de su soberanía y con Fuerzas Armadas empoderadas, las palabras importan tanto como los hechos: llamar operativo a un taller es encender alarmas de forma innecesaria.

Sheinbaum defendió su cancha y la DEA confundió el silbatazo de inicio con el gol. El riesgo es que los criminales aprovechen la distracción para seguir anotando. La tarea ahora es simple —aunque no sencilla—: menos ruido, más resultados; menos comunicados rimbombantes, más casos armados. Porque si la cooperación tropieza en la forma, pierde en el fondo.

Sheinbaum busca un punto medio entre lo que hizo AMLO y su gobierno. Quiere reabrir válvulas útiles sin ceder control. Por eso insiste en un acuerdo con La Casa Blanca que fije principios —soberanía, respeto territorial y coordinación sin subordinación— y ordene los canales. En ese marco, “Portero” solo tendría sentido como intercambio de información y capacitación; la ejecución, cada quien en su cancha.

En la relación México–Estados Unidos las palabras son política pública. Exagerar un taller como operación conjunta desata desacuerdos. La ruta, que debería de entender bien la DEA, es discreción operativa, métricas compartidas y mensajes sobrios que no regalen el balón a los cárteles.

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