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Ana Paula Ordorica

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La gran pregunta en este arranque del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum es si manda ella o manda él.

Aunque ha intentado marcar distancia de su antecesor con un giro de 180 grados en la estrategia de seguridad en la que el Ejército y la Marina han recuperado protagonismo operativo, la sombra de Andrés Manuel López Obrador sigue presente. El dilema de fondo no es solo político, sino simbólico: ¿cuándo se convierte una heredera en mandataria plena?

En su discurso del domingo pasado en el Zócalo, la presidenta pareció responder a esa pregunta con una reverencia. Se desvivió en elogios hacia quien llamó “un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo”. Dijo que el camino actual del país, enfocado en la justicia social y la garantía de derechos, “es también la herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Luego añadió: “Fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México”. En otras palabras: los escándalos de corrupción y ostentación que siguen golpeado a figuras cercanísimas al expresidente, serían ajenos a él.

La presidenta reconoció que ha habido intentos por separarla de AMLO y “acabar con el movimiento de transformación”, pero aseguró que eso no ocurrirá porque ambos comparten valores como la honestidad, la justicia y el amor al pueblo. Reafirmó así su adhesión al proyecto del llamado Humanismo Mexicano, que el propio López Obrador definió como “la doctrina moral de la Cuarta Transformación”.

El problema es que esa lealtad inquebrantable alimenta la duda. En un país donde se suele decir que nunca se han sentado dos en la silla presidencial, el reto de Sheinbaum es histórico: lograr gobernar sin romper con quien aún mueve las riendas del partido-movimiento que la llevó al poder.

Y lo hace desde una posición privilegiada. Con niveles de aprobación superiores al 65 por ciento, Sheinbaum es hoy más popular que Morena. Por eso el partido busca capitalizar su figura en las elecciones intermedias. Bajo el argumento de la austeridad, los diputados morenistas impulsan una reforma electoral que unificaría las elecciones legislativas, las de 17 gubernaturas y la del Poder Judicial con la revocación de mandato presidencial.

La Constitución establece que la revocación de mandato debe realizarse en octubre de 2027, pero si se adelanta a junio, Sheinbaum aparecería en la boleta justo cuando Morena enfrenta desgaste por los múltiples casos de corrupción y su creciente colusión con el crimen organizado, que incluso ha sido portada del New York Times.

En Palacio Nacional saben que la presidenta es su mejor activo político. Pero su mayor fortaleza —la popularidad— puede ser también su límite si sigue subordinada a la narrativa de su mentor.

Así, mientras Sheinbaum intenta consolidarse como la mandataria de la estabilidad y la continuidad, su segundo año arranca con la misma pregunta que marcó el primero: ¿manda ella o manda él?

Apostilla: El Foro Económico Mundial, encabezado por Børge Brende, celebró ayer un encuentro en la Ciudad de México y hoy sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá que este acercamiento motive a la mandataria a asistir al Foro de Davos en enero de 2026. Sería una oportunidad para posicionar a México en la agenda global y, de paso, para encontrarse —fuera del territorio estadounidense— con Donald Trump, el hombre que de nuevo puede redefinir la relación bilateral.

Columna publicada en El Universal

La semana pasada fue una de muy buenas oportunidades para la presidenta Sheinbaum. Desgraciadamente no las aprovechó.  Al no ir a la apertura de sesiones de la ONU, perdió múltiples valiosas oportunidades.

Al no viajar a Nueva York para la apertura de sesiones de la ONU, no solo renunció a presentarse en un foro global clave, sino también a un encuentro cara a cara con Donald Trump, con quien nunca se ha reunido.

Con las enormes complejidades de la relación bilateral, ese primer contacto es crucial. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha demostrado que un mensaje en Truth Social puede alterar las reglas del juego: imponer aranceles, frenar inversiones o condicionar la cooperación en seguridad. Antes, la relación con Washington dependía de una red de diplomáticos, legisladores y funcionarios. Hoy, la química personal con Trump pesa más que todo eso junto.

Ejemplos sobran de lo que Sheinbaum perdió.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, logró que Trump cambiara de postura sobre la guerra con Rusia. Apenas en agosto, tras reunirse con Vladimir Putin en Alaska, el republicano había avalado un plan para que Ucrania cediera territorio a cambio de paz. Sin embargo, después de ver a Zelensky en Nueva York, escribió en Truth Social que ahora cree posible que Ucrania “recupere todo su territorio”. Para Kiev, ese viraje fue un triunfo inesperado, producto directo de un encuentro cara a cara.

El caso de Javier Milei fue todavía más espectacular. Trump lo recibió como a un aliado ideológico y, al día siguiente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció un rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina. Trump justificó el paquete diciendo que quería apoyar la economía argentina y fortalecer a Milei en un momento político complicado. Con elecciones legislativas el 26 de octubre, el espaldarazo llega como un salvavidas.

Incluso Lula da Silva, que mantiene tensiones con Washington, aprovechó unos minutos de conversación con Trump para acordar una reunión formal y discutir el arancel del 50% que EUA impuso a Brasil tras el juicio a Jair Bolsonaro. No resolvió nada de inmediato, pero abrió un canal de negociación.

Sheinbaum, en cambio, no estuvo ahí.

México envió al canciller Juan Ramón de la Fuente, un diplomático experimentado, pero que no sustituye el peso simbólico de la primera presidenta del país. Sheinbaum podía haber usado la plataforma de la ONU para presentarse como una mandataria con agenda internacional —por ejemplo, plantear el crimen organizado como un desafío global de seguridad. Habría sido una forma de marcar diferencia y elevar su perfil como la primera mujer presidenta de México.

Muy distinto al caso de Alexander Stubb, presidente de Finlandia, que sí acudió. Consciente de que su país aspira a un asiento en el Consejo de Seguridad en 2029-2030, dio un discurso memorable. Llamó a la guerra “una falla de la humanidad” y denunció no solo la agresión rusa en Ucrania, sino también conflictos en Medio Oriente y África. Stubb entendió que la ONU es escaparate y trinchera.

Por eso resulta difícil entender la decisión de Sheinbaum. En política exterior, la ausencia también comunica. Y en este caso, el mensaje es claro: México dejó pasar la oportunidad de poner a su presidenta en el mapa internacional y de abrir un canal directo con Donald Trump, el hombre que hoy puede redefinir la relación bilateral.

Columna publicada en El Universal

México está ubicado junto a Texas y sus enormes reservas de gas natural. ¿Por qué, entonces, los mexicanos no cuentan con mejor infraestructura de ductos para aprovechar este privilegio que otorga la geografía?

Esto fue, palabras más palabras menos, lo que planteó hace unos días el exembajador de Estados Unidos en México y hoy subsecretario de Estado, Christopher Landau, durante el Concordia Summit en Nueva York. A su lado estaba François Poirier, CEO de TC Energy, compañía canadiense de infraestructura energética que desde hace casi un siglo opera ductos, instalaciones de almacenamiento y plantas de generación en Norteamérica. Landau recordó que desde su paso por la embajada, en tiempos de AMLO, ha hecho esta pregunta al gobierno mexicano. Y nada ha cambiado.

Poirier habló entonces del ducto submarino que TC Energy construye junto con la CFE en el sureste: el proyecto Puerta al Sureste. Este transportará gas natural desde Tuxpan, Veracruz, hasta Coatzacoalcos y Paraíso, Tabasco. Landau celebró que al fin se hiciera algo en esa región: “Nunca entendí por qué López Obrador se quejaba tanto de la falta de desarrollo en el sureste y, al mismo tiempo, dejaba pasar estas oportunidades para México. Los mexicanos hablan de desarrollar el sureste, justo Tabasco. La energía es catalizador del desarrollo y del crecimiento, pero no hacen nada por mejorar su infraestructura. Necesitan proyectos de infraestructura”, insistió Landau.

Poirier remató: gracias a ese proyecto conjunto, el abasto de gas natural en la zona podría duplicarse. Y, con la inversión adecuada, México podría volver a duplicarlo después.

Puerta al Sureste es un ejemplo claro de los beneficios de la integración energética en Norteamérica. Esta infraestructura clave fue posible gracias a una alianza entre una empresa canadiense, TC Energy, y el gobierno de México, a través de la CFE, para llevar gas natural estadounidense al sureste del país.

Este tipo de proyectos deberían de ser música para los oídos para la presidenta Sheinbaum en un momento tan complicado en las relaciones con Estados Unidos, donde Trump amenaza con cerrar fronteras e imponer aranceles.

En especial cuando la presidenta Sheinbaum ha reiterado que dentro del Plan México está la necesidad de aumentar la autosuficiencia energética como paso estratégico hacia la seguridad y la sostenibilidad. Coincido. Pero sin infraestructura esa meta es imposible.

En el Foro Energético que se llevó a cabo hace unos días en el Senado, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, dijo que el gas natural “es más importante que el petróleo y que el aceite, porque es el combustible de la transición: nos permite tener generación eléctrica con muy alta eficiencia. El gas convertido en electricidad es lo que sostiene a la economía mexicana”.

Las reservas nacionales de gas natural son significativas, pero no de acceso inmediato. De hecho, la producción cayó 35 por ciento entre 2010 y 2024. Nuestra capacidad está limitada. Por eso es urgente pensar en un plan energético de Norteamérica. No como dádiva de Estados Unidos, sino como integración que beneficie a los tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El modelo debería de ser claro: TC Energy pone la infraestructura; EUA, el gas natural; y México, la ventana para usarlo y exportarlo. Así ocurrió ya con el proyecto Altamira LNG, en Tamaulipas, desde donde New Fortress Energy comenzó a enviar gas a Europa. Dado que EUA carece de terminales de gas natural licuado en la costa oeste, México ha sido su vía hacia Asia.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿Vamos a aprovechar de verdad estas oportunidades que nos presenta le geografía?

Columna publicada en El Universal

Aunque Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk, es un joven blanco que creció en una familia mormona conservadora de Utah, el presidente Donald Trump y sus cercanos insisten en presentarlo como un universitario “envenenado” por la extrema izquierda. La narrativa busca convertir el asesinato en munición política: señalar a los liberales como responsables morales y justificar un endurecimiento contra sus opositores.

Hasta ahora no hay evidencia de que Robinson actuara por convicciones progresistas. Más bien, las pistas apuntan a una radicalización alimentada en la oscuridad de foros digitales y servidores de Discord. Las frases que grabó en los casquillos de sus balas —“Hey, fascist! catch!”, “Bella Ciao”, el insulto burlesco “if you read this you are gay lmao” y referencias a memes como “OwO what’s this?”— son más que grafitis grotescos. Revelan una mezcla tóxica: provocación adolescente, cultura de internet y hostilidad política que se funden en un mismo acto. Al marcar sus balas, Robinson no solo planeaba matar; quería comunicar, dejar rastro, sembrar memes junto al crimen para asegurar notoriedad en línea.

Este patrón no es nuevo. El año pasado Luigi Mangione grabó mensajes similares antes de asesinar al CEO de UnitedHealthcare. En Estados Unidos y más allá, los asesinos virales ya no son anomalías: son síntomas de una era donde la violencia digital traspasa pantallas. Lo advirtió el gobernador de Utah al anunciar la detención: “Apaguen sus dispositivos, salgan al jardín, abracen a un familiar”. Su exhorto es tan obvio como insuficiente frente a un ecosistema donde casi cualquiera puede comprar un arma de asalto con la misma facilidad con la que descarga un videojuego.

En lugar de abordar este fenómeno —la incubadora digital de resentimiento y su salto al mundo físico— Trump y figuras como Elon Musk o J. D. Vance han optado por otro camino: usar el asesinato como pretexto para silenciar. El propio Trump ha prometido investigar a grupos de izquierda, clasificarlos como terroristas domésticos y, en un giro extraordinario, aplicar la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, de 1970) contra donantes progresistas como George Soros y fundaciones liberales como Open Society o Ford Foundation, acusándolos de financiar protestas o tejer conspiraciones. RICO nació para desmantelar a la mafia; utilizarla para perseguir activismo o periodismo es una mordaza política que amenaza la Primera Enmienda.

El riesgo es evidente: distraer a la opinión pública del verdadero problema —la violencia que germina en los rincones digitales— y normalizar un uso autoritario del poder. Charlie Kirk, el rock star de MAGA, construyó su fama impulsando debates encendidos y defendiendo la libertad de expresión. Usar su muerte como excusa para acallar voces es lo opuesto a lo que, paradójicamente, predicaba.

La mordaza que podría avecinarse en nombre de Kirk no solo será brutal: marcará un precedente peligroso donde las balas no solo matan, también dictan quién puede hablar.

Columna publicada en El Universal

Está por cumplir un año en la presidencia Claudia Sheinbaum y si algo ha quedado claro en estos primeros meses es que su gobierno no ha podido gobernar en clave de continuidad, sino de corrección. Ha tenido que enmendar algunos de los errores más costosos de su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador.

Tan solo en estos días se ha visto obligada a actuar en contra de una enorme red de corrupción que nació y creció durante el sexenio pasado: el del contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.

Y es que aquí no hay manera de voltear para culpar a los villanos favoritos del pasado. La presidenta ya no puede señalar a Calderón; a los neoliberales; a los medios de comunicación… de ser los artífices del huachicol fiscal. Este es un delito incubado y tolerado bajo la administración de López Obrador.

Los señalados como cabezas de este contrabando son Rodolfo y Fernando Farías Laguna. El primero ya está detenido en el Altiplano, el segundo continúa prófugo de la justicia. Ambos son sobrinos del Secretario de la Marina en el sexenio de López Obrador, Rafael Ojeda, quien recibió el control de las aduanas —que antes llevaba la SCT— en 2020, cuando el entonces presidente aseguró que la Marina era incorruptible.

Las denuncias de que los sobrinos del titular de Semar andaban por malos pasos comenzaron desde 2023. El 21 de octubre de 2024 fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima, tras haber denunciado la corrupción de los hermanos Farías. Un mes después fue asesinado el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había enviado una carta al propio Secretario de la Marina con acusaciones similares.

Así que aquello de que los uniformados son menos corruptos que los civiles comenzó a resquebrajarse bien rápido. Hoy el nuevo titular de la SEMAR, el Almirante Raymundo Morales, junto con la presidenta y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han decidido actuar en contra de este delito que tiene proporciones enormes.

Pemex, que se supone es la empresa consentida del Estado, enfrenta una competencia brutal de este huachicol. Algunas estimaciones de gremios gasolineros ubican el contrabando en 23–30 por ciento del mercado. Es descomunal. AMLO lo dejó pasar. Sheinbaum ha tenido que corregir el pasado.

Pero no solo en materia de corrupción enfrenta este reto. También en economía ha tenido que poner la casa en orden. Esta semana presentó el Paquete Económico del 2026, en el que la primera corrección fue al déficit insostenible heredado de AMLO. El elevado déficit público del año pasado, el más alto en 40 años, dejó al actual gobierno un entorno complicado y con escaso margen de maniobra.

Si bien el Paquete fue bien recibido, el panorama no es sencillo. El entorno internacional y la debilidad estructural del país implican un margen reducido si los ingresos resultan menores a los previstos. Y hay señales que apuntan en esa dirección.

Primero, la expectativa de crecimiento que presenta Hacienda es mucho más optimista que la del consenso. Para 2025, el gobierno prevé 1.1% frente al 0.5% de los analistas. Para 2026, proyecta 2.3% frente al 1.4% del consenso. Segundo, los ingresos petroleros: el Paquete estima un aumento de más del 20% en la producción, un supuesto que raya en el voluntarismo.

La buena noticia es que la presidenta está demostrando que quiere corregir el pasado, en especial en materia de corrupción —donde todavía hay un largo camino por recorrer— y en economía, donde más vale poner los pies sobre la tierra. Corregir los errores heredados no garantiza el éxito de su administración, pero ignorarlos la condenaría al fracaso. Entre la inercia del pasado y las decisiones del presente se juega el verdadero reto de Claudia Sheinbaum.

Columna publicada en El Universal

Las palabras importan. Y en la Cuarta Transformación importan tanto que pareciera que si cambian las palabras, cambian la realidad. Por eso conviene conocer el diccionario oficial de la Real 4T, para no confundirnos y pensar que una cosa es una cosa cuando, en realidad, es otra.

Bache (sustantivo, masculino): lo que en el resto del mundo se llama bache, en la Real 4T es un registro mal intervenido. Así quedó claro en el Maratón de la Ciudad de México 2025, cuando el atleta colombiano Francisco Sanclemente cayó de su silla de ruedas al topar con uno de estos registros, provocando además la caída de otro competidor, Gonzalo Valdovinos. No era un bache, nos dicen, sino una falla técnica menor que ya se arregló. El lenguaje es generoso; las lesiones, no tanto.

Elección popular (sustantivo, femenino): lo que se llevó a cabo para designar a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo urnas, sí, pero también un raquítico 13 por ciento de participación ciudadana y, dentro de ella, un 22.8 por ciento de votos nulos. El nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, obtuvo menos sufragios válidos que los votos anulados. Aun así, en el diccionario de la Real 4T, fue una victoria avalada por el pueblo. Y si en su primer discurso dijo que los ministros fueron “impuestos” y luego tuvo que corregir, no es lapsus: es simplemente que olvidó el glosario oficial.

Acordeón (sustantivo, masculino): no es acordeón, sino guía ciudadana. Los impresos que circularon con los nombres de los aspirantes “idóneos” para la Corte no eran instrucciones, sino trabajos académicos colectivos. Que un 45.7 por ciento de los votantes haya llegado a la exacta misma conclusión que el acordeón proponía es pura coincidencia, no copia. La democracia de la 4T tiene un sonido peculiar, pero insiste en que no viene de la música de un acordeón.

Asesinato (sustantivo, masculino): lo que para la Real 4T puede ser un infarto fulminante. La violencia homicida, que dejó sin vida a la taxista y maestra jubilada, Irma Hernández Cruz, después de ser secuestrada y violentada, puede rebautizarse con un eufemismo médico. Un país en donde los muertos son estadísticas o víctimas de padecimientos naturales resulta, sin duda, más habitable… al menos en el papel.

Austeridad republicana (locución sustantiva): no es vivir con doscientos pesos en la cartera ni con un par de zapatos remendados. Significa hablar en nombre del pueblo, pero viajar con todos los lujos o comprar mansiones despampanantes… siempre que se pueda alegar que se pagó con “recursos personales” o gracias a un crédito hipotecario. Si el origen de esos recursos no cuadra con lo declarado, ese ya es problema de quien pregunte. En Morena, la austeridad se respeta: digan lo que digan, viajen como viajen, vivan en donde vivan.

El diccionario de la Real 4T es claro: no hay baches, sino registros; no hay imposiciones, sino elecciones; no hay copias, sino coincidencias; no hay asesinatos, sino infartos; no hay lujos, sino austeridad. Lo que sí hay es un país donde, a golpe de palabras, se pretende cambiar la realidad. En esta narrativa oficial no existen las crisis, sólo relatos alternativos. Y así, con definiciones hechas a modo, se construye un México maravilloso.

Columna completa en El Universal

Sabemos que Donald Trump cree que el calentamiento global no existe. En este tema ha sido bastante consistente. En noviembre del 2012 publicó en Twitter que: “El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos con el fin de hacer que la manufactura estadounidense no sea competitiva.”

Desde su primera presidencia insistió en que el cambio climático era una enorme farsa, una fantasía que salía carísima. “No solo es una noticia falsa; es ciencia falsa” escribió en marzo del 2019.

Ahora Donald Trump ha dejado claro—otra vez—que no cree en el cambio climático y que su apuesta energética es fósil. En su reunión de gabinete de esta semana dijo que no permitirá que “se levanten más aerogeneradores” porque le parece que “son feos, no funcionan, matan aves y tiran el valor de las casas”. No fue solo retórica: su gobierno ordenó frenar las obras del parque marino Revolution Wind —frente a Rhode Island que llevaba cerca de un 80% de avance— y además anunció que buscará revocar permisos a otro proyecto frente a Maryland.

En la primera mitad del año, la inversión en renovables en Estados Unidos cayó 36 por ciento frente al periodo previo, según BloombergNEF, y por primera vez desde 2016 el país salió del top-5 eólico.  Para los inversionistas, la señal es clara: en Estados Unidos la política energética está enfocada en las energías fósiles.

Al mismo tiempo, China pisa el acelerador en sentido contrario. Ha trabajado en dejar atrás el carbón y el petróleo a un ritmo aceleradísimo y ha migrado hacia energías limpias y renovables. De ser en 2010 el país del mundo que más dependía de las energías fósiles, con el tremendo efecto en la contaminación de sus ciudades, para el 2025, China es ya el país que más energías renovables genera en el mundo.

Los datos sobre estas inversiones, que publicó esta semana Gerald Butts, de Eurasia Group, son impresionantes. En el primer semestre de 2025, China instaló casi 270 gigavatios (GW) de nueva energía renovable. Para ponerlo en perspectiva, esa cifra equivale a seis veces más lo que EUA produjo en el 2024 y es mayor que toda la capacidad renovable instalada de la India. Su proyecto hidroeléctrico recién anunciado en el Himalaya, en el río Yarlung Tsangpo, producirá 60 GW, ósea 12 veces la energía que generan las cataratas del Niágara. La escala es inédita.

Así hoy tenemos, por un lado, a EUA como un petro-estado y por el otro a China como un electro-estado.

En medio de esta divergencia, México debería aprovechar. Nuestra capacidad instalada ronda 90 GW y el gobierno anunció 29 GW de nueva capacidad y un plan de 275 líneas de transmisión con más de 500 subestaciones. Son pasos que palidecen con lo que vemos en China pero van en la dirección correcta. Sin embargo es necesario que entendamos que el Estado no puede hacer todo solo y por tanto depende de inversiones privadas. Y estas inversiones exigen no sólo energía limpia, barata y confiable, también reglas del juego claras y sin dados cargados.

Frustra mucho ver que México tiene vientos a favor, que tenemos la oportunidad de atraer las inversiones en renovables que EUA está pateando ante un Trump que ha definido que la apuesta para su país son las energías fósiles, pero que nos negamos en ver el daño que nos hacemos solos.

La certidumbre jurídica es el núcleo. Pero a partir del 1 de septiembre que entrará en funciones el nuevo Poder Judicial, México ha optado por darse un balazo en ese corazón. Sin respeto a contratos, reglas estables y resolución rápida de controversias el riesgo país encarece el kilowatt antes de que se ponga el primer tornillo.

Tenemos la oportunidad de posicionarnos como la opción electro-industrial de Norteamérica. El costo de no hacerlo es alto: inversiones que migran a Europa o Asia ante un mundo en el que la energía competitiva definirá ganadores y perdedores.

La elección está en manos del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Columna publicada en El Universal

Era evidente que la presidenta saldría a desmentir a la DEA. Desde el caso Cienfuegos en 2020, México cerró la puerta a operaciones de agencias extranjeras con una reforma que limitó la actuación de agentes foráneos y les retiró inmunidades. AMLO calificó la detención del exsecretario de la Defensa como una intromisión inaceptable en los asuntos de México. Ese choque dejó cicatrices en la cooperación.

El 18 de agosto, la DEA difundió un comunicado sobre el llamado “Proyecto Portero”. Lo describió como una iniciativa bilateral para golpear a los operadores de los cárteles —los porteros de las rutas— y frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, con un componente de entrenamiento e intercambio de inteligencia en la frontera suroeste. El lenguaje sugería un nuevo nivel de coordinación con México.

La respuesta de Claudia Sheinbaum fue tajante: no existe acuerdo alguno con la DEA. Explicó que lo único que ocurrió fue un taller en Texas al que asistieron cuatro policías mexicanos y subrayó que cualquier entendimiento se negocia con el Departamento de Estado, no con una agencia. La presidenta aclaró que toda cooperación respetará la soberanía y que cada país operará en su propio territorio. No solo desinfló la narrativa del operativo conjunto, también marcó los límites institucionales.

Vale recordar que, a diferencia de su antecesor, el gabinete de seguridad de Sheinbaum, encabezado por Omar García Harfuch, ha buscado recomponer canales con Washington. Hemos visto extradiciones de alto perfil —incluida la de Rafael Caro Quintero en febrero— y reuniones constantes para coordinar acciones contra el fentanilo. Nada de eso elimina las fricciones históricas, pero sí perfilaba una etapa menos ríspida.

Y es que una cosa es darle un giro a la estrategia de seguridad de AMLO de “abrazos, no balazos” y otra es salir a admitir que hay nuevos abrazos, pero que estos son ahora con la DEA.

Por eso sorprendió el autogol de la DEA. Si “Portero” pretendía cubrir entrenamientos y flujos de información, venderlo como operación binacional fue innecesario y tóxico. En un país celoso de su soberanía y con Fuerzas Armadas empoderadas, las palabras importan tanto como los hechos: llamar operativo a un taller es encender alarmas de forma innecesaria.

Sheinbaum defendió su cancha y la DEA confundió el silbatazo de inicio con el gol. El riesgo es que los criminales aprovechen la distracción para seguir anotando. La tarea ahora es simple —aunque no sencilla—: menos ruido, más resultados; menos comunicados rimbombantes, más casos armados. Porque si la cooperación tropieza en la forma, pierde en el fondo.

Sheinbaum busca un punto medio entre lo que hizo AMLO y su gobierno. Quiere reabrir válvulas útiles sin ceder control. Por eso insiste en un acuerdo con La Casa Blanca que fije principios —soberanía, respeto territorial y coordinación sin subordinación— y ordene los canales. En ese marco, “Portero” solo tendría sentido como intercambio de información y capacitación; la ejecución, cada quien en su cancha.

En la relación México–Estados Unidos las palabras son política pública. Exagerar un taller como operación conjunta desata desacuerdos. La ruta, que debería de entender bien la DEA, es discreción operativa, métricas compartidas y mensajes sobrios que no regalen el balón a los cárteles.

Columna publicada en El Universal

Dicen que hay dos cosas imposibles de ocultar: el amor y el dinero. En Estados Unidos, el ruido de la familia Trump es ensordecedor. Esta semana, David D. Kirkpatrick, de The New Yorker, calculó que desde su regreso a la Casa Blanca los Trump han generado alrededor de 3 mil 400 millones de dólares en ganancias ligadas a la presidencia. ¿Cómo lo hicieron y por qué no es un escándalo?

Antes de 2016, la Organización Trump vendía sobre todo el uso de su nombre. En su primera presidencia prometieron no abrir “nuevos negocios” que implicaran conflictos de interés. La segunda llegada a Washington cambió el guion. Con deudas legales, menos ingresos por licencias y urgencia de liquidez, el clan convirtió cada activo y cada evento en caja registradora.

Mar-a-Lago se volvió la “Casa Blanca de fin de semana”: elevó cuotas de inscripción hasta el millón de dólares y capitalizó mítines, cenas y reuniones con donantes. Las campañas y comités han gastado millones en hoteles y campos de golf del propio Trump, y además operan una tienda de mercancía política. Fuera del país, los acuerdos de licencias en el Golfo Pérsico —impensables sin la presidencia— rebasan los cien millones.

El capítulo más lucrativo es en cripto. World Liberty Financial, el vehículo familiar, atrajo inversiones de alto perfil —incluido el magnate chino Justin Sun y capital emiratí— y lanzó un token de “gobernanza” y un stable coin que se benefician del aura presidencial. A eso se suman el memecoin $TRUMP (y su versión $MELANIA), que han dejado ganancias de cientos de millones.

¿Por qué no estalla como escándalo nacional? Primero, porque en la cultura política estadounidense el éxito económico se ve con admiración. Segundo, porque, hasta ahora, no hay acusaciones firmes de desvío directo de recursos públicos: hay explotación al límite de vacíos éticos y legales. Y tercero, porque el sistema de contrapesos ha normalizado la mezcla entre política, negocio y espectáculo: si se eleva la cuota de Mar-a-Lago o se vende una gorra con la firma presidencial, buena parte del país lo ve como parte del show.

En México la música suena distinta. Aquí, mientras se sataniza el éxito privado desde el discurso, se tolera la ostentación en círculos oficiales: Andy López Beltrán admitió vacaciones en Japón y alegó espionaje; Mario Delgado fue fotografiado en Portugal y dijo que pagó con sus recursos; y Ricardo Monreal defendió su peregrinación por España. Al mismo tiempo, el directivo aduanero Alex Tonatiuh Márquez fue exhibido por relojes de alta gama y por la compra de un penthouse en Polanco no visible en su declaración patrimonial; y la dupla de Sergio Gutiérrez Luna y la diputada del PT Diana Karina Barreras presume bolsas y joyas de lujo. Luisa María Alcalde pidió a sus dirigentes no exhibir opulencia. El punto no es prohibir vacaciones ni consumo, sino la incongruencia con el discurso de sobriedad que el propio movimiento convirtió en bandera.

La comparación no absuelve a nadie. En Estados Unidos, la actual presidencia-empresa erosiona la idea republicana. En México, la opacidad patrimonial de servidores públicos destruye la confianza democrática. Lo que distingue a una y otra práctica no es la ética, sino la ruta del dinero: allá, la marca personal convertida en negocio; aquí, el poder público convertido en patrimonio privado.

Lo mínimo exigible, a norte y sur, es trazar líneas claras. Para los Trump: reglas que impidan monetizar la oficina desde el día uno —fideicomisos ciegos reales y prohibiciones efectivas de negocios con gobiernos extranjeros—. Para los nuestros: declaraciones patrimoniales auditables y sanciones ejemplares. El amor quizá siga siendo difícil de esconder; el dinero, por lo menos el público, que vuelva a ser rastreable.

Columna publicada en El Universal

Israel Vallarta es, al mismo tiempo, víctima y beneficiario de un sistema de justicia profundamente roto. Su caso es emblema de las fallas del proceso penal en México, pero también del olvido en el que caen las víctimas reales cuando el foco se coloca únicamente en los errores del Estado.

La historia es conocida, pero conviene recordarla: Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005, junto con su entonces pareja, la ciudadana francesa Florence Cassez, en el rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca. Ahí se encontraban secuestradas Cristina Ríos Valladares, su hijo y Ezequiel Elizalde Flores. Este último ha relatado que Cassez le inyectó un sedante para amputarle un dedo y enviarlo a su familia como presión para el rescate.

El caso estalló mediáticamente por el montaje que la entonces AFI organizó para la televisión. El arresto fue recreado frente a las cámaras y transmitido como si ocurriera en tiempo real. Fue tal la violación al debido proceso que, en 2013, la Suprema Corte ordenó la liberación inmediata de Cassez. Vallarta, sin embargo, permaneció preso, bajo prisión preventiva y entre denuncias de tortura. Nunca fue sentenciado. Pasó 18 años tras las rejas sin que se acreditara su culpabilidad ante un juez. No es justicia. Pero tampoco es del todo inocencia.

En múltiples declaraciones judiciales, al menos cuatro víctimas lo identificaron como parte de la banda de secuestradores Los Zodiaco, que operó en el Estado de México y la Ciudad de México. Una de ellas también lo señaló por violación. Su familia tuvo un rol activo en la organización, y aunque algunas pruebas fueron cuestionadas, no todas fueron declaradas inválidas.

Pudo beneficiarse de las irregularidades procesales que en su momento permitieron la liberación de Cassez, pero su defensa eligió otra ruta: buscar probar su inocencia en lugar de acogerse a los mismos argumentos que ya habían sido validados por la Corte. Eso alargó su tiempo en prisión.

Finalmente, la jueza Mariana Vieyra Valdés dictó sentencia absolutoria. En una resolución de 465 páginas, argumentó que el “efecto corruptor” del montaje televisivo contaminó las pruebas y que, por “cosa juzgada refleja”, debía aplicar el mismo criterio que liberó a Cassez. La decisión se da a semanas de que ella ganara la elección en la que apareció en los acordeones como candidata para seguir en el cargo en el nuevo modelo judicial que impulsó el gobierno de Sheinbaum.

Curiosamente, esta misma jueza ha negado liberar a Martha Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, quien también ha estado en prisión sin sentencia por un presunto secuestro. ¿Doble rasero? ¿Conveniencia política? Son preguntas que exigen respuestas.

Hoy vivimos en un México donde puedes pasar dos décadas en prisión sin sentencia… y también en un México en donde un presunto secuestrador y violador puede quedar libre sin que se aclare su inocencia. Un país que ignora a las víctimas mientras convierte en mártires a quienes han sido parte del engranaje criminal, pero fueron mal procesados por el Estado.

La narrativa dominante apunta a las fallas del pasado, al sensacionalismo mediático y a los errores judiciales. Todo muy conveniente para un gobierno que, en menos de un mes, pondrá en marcha un nuevo sistema de justicia que promete ser aún peor que el actual.

Mientras tanto, Israel Vallarta ya es visto como víctima… y algunos incluso lo perfilan como futuro senador.

Una pena.

Columna publicada en El Universal

Florida, EUA.— Hace un mes el gobernador de Florida, Ron DeSantis, cedió al presidente Donald Trump la pista aérea abandonada de Ochopee, en los Everglades, para abrir un centro de detención que sus promotores llaman “Alligator Alcatraz”. El objetivo, admiten, es simple: aterrorizar al migrante para que se auto-deporte.

 Treinta días después, la crueldad es palpable. Al menos cien personas ya fueron expulsadas en vuelos opacos, según la ACLU, una asociación defensora de los derechos y libertades individuales garantizados por la Constitución de Estados Unidos. Quienes aún duermen en carpas sobre pasarelas de madera narran historias de calor sofocante, muy poca comida y la imposibilidad de hablar con un abogado: sus nombres ni siquiera figuran en los registros de ICE. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió visitar la instalación pero recibió dos negativas porque ni el estado ni el gobierno federal reconocen responsabilidad.

El Arzobispo de Miami, Thomas Wenski, ha buscado poder proveer servicios religiosos a los detenidos y también se ha topado con pared. Ante la pregunta ¿quién manda aquí?, Tallahassee apunta a Washington y Washington responde que es asunto estatal.

Ese limbo jurídico se refleja también en la imagen: torres de vigilancia improvisadas, cercas metálicas y pantano hasta donde alcanza la vista. La promoción de los cocodrilos no es inocente: en el sur de EUA esa bestia ha sido símbolo racista desde el fin de la Guerra Civil; hoy se reutiliza pero para deshumanizar al migrante.

Florida es uno de los estados de mayor recepción de migrantes. La descripción que he encontrado aquí sobre el Alcatraz de los Cocodrilos es que es un lugar que deshumaniza a los migrantes y que busca normalizar el odio y una retórica de violencia. De hecho, ONGs que trabajan ayudando a migrantes piden que no se use ese nombre propagandístico y se le llame por lo que es: un centro de entierro (la traducción exacta de internment center).

Las protestas crecen. Carteleras sobre la autopista 836 muestran la leyenda Not in our name (No en nuestro nombre). Parroquias recolectan agua y bloqueador para los detenidos; ambientalistas advierten que el diésel de los generadores del centro de detención está contaminando estos manglares que son tan importantes para la diversidad del ecosistema.

Todo esto de un lado, pero los defensores de la mano dura replican que “no es un hotel”. Alcatraz busca normalizar la barbarie.

Lo peor es que todo indica que esto es apenas el comienzo. Para alcanzar la meta de detener a 3 mil personas al día, La Casa Blanca desvió fondos de FEMA, la agencia dedicada a la atención de emergencias por desastres naturales, para el manejo de este centro en Florida y dará dinero a otros estados para que puedan detener a más migrantes. Por su parte el Pentágono adjudicó un contrato de mil 260 millones de dólares a Acquisition Logistics para levantar un megacampo de detención de cinco mil camas en la base de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Al mismo tiempo, Florida licita otro centro en Camp Blanding con capacidad para 2 mil detenidos.

La narrativa oficial presume eficacia; la realidad huele a miedo. En Alligator Alcatraz los reptiles son parte del espectáculo, pero el mensaje central es causar miedo a quienes han buscado El Sueño Americano.

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Claudia Sheinbaum llegó a Palacio Nacional acompañada de un equipo que no escogió: la guardia pretoriana que Andrés Manuel López Obrador dejó estratégicamente acomodada antes de mudarse a Palenque. Ahí están las ex corcholatas —Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López en el Senado, Ricardo Monreal en San Lázaro— y, como cereza en el pastel, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, flamante secretario de Organización de Morena. Con semejante corte, el poder que Sheinbaum recibió llegó en versión compartida, empaquetado con candados y vigilantes que le recuerdan quién es el verdadero patriarca.

Desde la campaña se repite que, tarde o temprano, la presidenta tendrá que dar un “manotazo” para adueñarse de la silla. Ernesto Zedillo se estrenó encerrando a Raúl Salinas para emanciparse de Carlos Salinas; el propio Salinas hizo lo mismo con Joaquín “La Quina” Hernández Galicia. La duda es si veremos un golpe similar o si Sheinbaum apostará por la erosión pasiva: quedarse quieta y permitir que las piezas heredadas se autodestruyan.

Andy López Beltrán ofrece la primera evidencia. Su deficiente operación en las elecciones de junio significó derrotas en Durango y Veracruz. Dolido, subió un video exigiendo que lo llamen Andrés Manuel —como si el nombre garantizara oficio— y, para colmo, se ausentó de la sesión extraordinaria de Morena el pasado fin de semana porque, dicen, estaba de vacaciones. Vacaciones: esa palabra que no existe en el diccionario de su padre.

Ricardo Monreal tampoco asistió. Alegó asuntos familiares, pero las redes lo fotografiaron en el restaurante del Villa Magna en Madrid. Derecho tiene, faltaba más; sin embargo, su gusto por el lujo lo deja vulnerable frente a la austeridad franciscana que predica la 4T y contrasta con una presidenta que, pudiendo, prefiere pasar los fines de semana de gira acumulando kilómetros —y poder— en los estados.

Y llegamos a Adán Augusto. El senador quedó herido de muerte cuando su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue acusado y se dio a la fuga. Los Guacamaya Leaks describen a Bermúdez como líder de la célula “La Barredora”. Ayer, Omar García Harfush informó que se le busca por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. ¿Podemos creer que López Hernández ignorara las andanzas de su lugarteniente si él mismo exigía que Felipe Calderón conociera los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, so pena de complicidad?

Para Washington, siempre dispuesto a ver la mano del narco detrás de los gobiernos de Morena, el escándalo es gasolina pura. Las raquíticas porras de “¡No estás solo!” que recibió Adán en la convención partidista envían un mensaje devastador: el partido hegemónico arropa a un político bajo sospecha, exactamente la narrativa del Secretario de Estado nortemaericano, Marco Rubio y del presidente Donald Trump.

La mesa, pues, está servida para que el manotazo ocurra casi sin que la presidenta mueva un dedo. Entre la indisciplina de los alfiles que heredó y la longitud de sus respectivas colas, Sheinbaum puede acomodarse cómodamente en la silla principal si sabe leer —y aprovechar— el momento.

Solo falta que quiera. Tendrá que decidir si desplaza con sutileza el poder que todavía se reparte desde Palenque o si se resigna a convertirse en una presidenta provisional, al estilo de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, quienes permitieron que Plutarco Elías Calles siguiera mandando mientras ellos firmaban los decretos.

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Donald Trump enfrenta una encrucijada: por un lado, la opinión pública le está dando la espalda a algunas de sus políticas emblemáticas; por el otro, su base más fiel –el movimiento MAGA (Make America Great Again)– exige que no ceda un ápice en esas posturas duras. Dos ejemplos recientes ilustran este dilema: la migración indocumentada y el caso Jeffrey Epstein.

Trump ha hecho de la mano dura contra la inmigración ilegal su bandera principal, y en su nuevo mandato presume haber sellado la frontera sur: las detenciones y deportaciones van en aumento, e incluso se reportan migrantes optando por la “autodeportación”.

Sin embargo, la opinión pública parece haber girado en contra de tanta dureza anti-migrante. Una encuesta de Gallup revela que solo 30 por ciento de los estadounidenses quiere disminuir la inmigración que actualmente existe, 25 puntos menos que hace un año. Además la encuesta de Gallup muestra que 79 por ciento de los estadounidenses la considera positiva para el país. Cerca del 70 por ciento de los independientes rechazan la estrategia de “sacarlos a todos”, contrario a la línea inflexible de la base MAGA.

El propio Trump sabe que es inviable —logística y económicamente— deportar a millones de personas que hoy trabajan y pagan impuestos. Su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, le ha advertido del golpe económico que vendrá si continúan sus redadas que han aterrorizado a muchos trabajadores y otros asesores le señalan que una purga migratoria total en un país con pleno empleo no es una buena estrategia. Como salida, propone agilizar visas de trabajo temporal para calmar a los empresarios preocupados por la falta de personal mientras siguen las redadas. Pero esta medida no cambia la percepción pública ni resuelve el dilema de fondo. Al final, cualquier moderación se interpreta como traición por parte de su base. Trump está atrapado: ceder ante la opinión general – que acudirá a votar en las intermedias –  o seguir implacable para no enfurecer a los suyos.

Para colmo, Trump enfrenta ahora el enojo de su base por la teoría de la conspiración de Jeffrey Epstein. Desde 2019, círculos MAGA sostienen que Epstein —acusado de tráfico sexual— no se suicidó en prisión, sino que fue asesinado para proteger a una red de clientes poderosos supuestamente encubierta por el “Estado profundo” con la complicidad del gobierno Biden. “Epstein no se suicidó” se volvió un mantra, alentado por el propio Trump, quien insinuó que al volver al poder revelaría la lista secreta de clientes y la “verdad” sobre la muerte de Epstein.

Ya en el poder, Trump nombró a Pam Bondi como Procuradora General y a Dan Bongino como Subdirector del FBI, dos figuras que habían impulsado las teorías de la conspiración. Sus nombramientos alimentaron la expectativa de que ahora sí se destaparía la verdad oculta. Pero en su primera rueda de prensa sobre el caso, Bondi y Bongino admitieron que no existe tal lista de intocables y concluyeron que Epstein se quitó la vida.

La base MAGA reaccionó furiosa. Voces influyentes de la derecha —Tucker Carlson, Megyn Kelly, entre otros— clamaron indignadas, insinuando que Bondi y Bongino fueron cooptados por el “Estado profundo” que prometían combatir. La ironía es cruel: tras años acusando a otros de encubrimiento, ahora son sus propios paladines quienes aseguran que no hay nada más que revelar.

En ambos frentes —migración y Epstein— la base que fue fortaleza de Trump amenaza con volverse su talón de Aquiles cuando las expectativas que él alimentó chocan con la realidad. Trump busca equilibrar contentar a MAGA con atender la realidad que le exige el resto del país. Siendo un mago para salirse de conversaciones complicadas, no sorprende que por esta cuerda floja que tiene que caminar con sus simpatizantes, ahora Trump prefiera hablar de nuevo de aranceles y fentanilo.

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Florida, EUA. – Las acciones contra los migrantes que ha emprendido Donald Trump en los primeros seis meses de su segundo mandato han mostrado ser sumamente desorganizadas, racistas y crueles.

Lo que hemos visto es un espectáculo para asustar a quienes están sin sus papeles en orden en Estados Unidos para que quienes sigan sin documentos prefieran auto deportarse. Con ese propósito hemos visto desde los vuelos enviando a hispanos a la mega cárcel de Bukele hasta las redadas en Los Ángeles. La idea ha sido mostrar a un gobierno dispuesto a todo para purgar a su país de los indocumentados.

Por eso las imágenes de los supuestos integrantes de pandillas puestos en vuelos hacia El Salvador esposados fueron promovidas masivamente en las redes sociales de La Casa Blanca. Lo mismo sucedió con los agentes de migración (ICE) y la Guardia Nacional desplegada en California. Todo se ha promovido como un ejercicio de eficiencia que ha reducido las detenciones a su número más bajo en décadas.

La semana pasada esta propaganda escaló con las imágenes de Trump caminando por su nuevo centro de detención de migrantes en Florida: El Alcatraz de los Cocodrilos. El antiguo Homestead Air Reserve Base, a 50 km de Miami, ahora se va a usar para detener a migrantes con la promesa de que, al estar rodeado de manglares en los que rondan cocodrilos, ninguno va a poder escapar.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien fue el que bautizó al lugar, presumió en un video publicado en X que “si la gente sale de ahí no les espera mucho más que cocodrilos y pitones”.

La crueldad se está usando como propaganda. Y las cosas se van a poner peor.

El One Big Beautiful Bill que aprobó la Cámara de Representantes el jueves pasado y que firmó el 4 de julio Donald Trump “como regalo de cumpleaños para América”, crea un estado policiaco contra migrantes que otorga muchos más recursos a los esfuerzos para llevar a cabo deportaciones. El dinero aprobado permitirá a la administración Trump aproximadamente duplicar la capacidad de detención de inmigrantes y reforzar significativamente el personal de control de inmigración. De entrada ICE pasa de tener un presupuesto de $8 mil millones de dólares al año a recibir $100 mil millones de dólares de ahora y hasta septiembre del 2029.

Además del músculo financiero para ICE, el proyecto reserva 46 mil 500 millones de dólares para el muro fronterizo, su construcción, instalación, mejoras, vías de acceso, cámaras, iluminación y otras tecnologías de detección. Esto representa el mayor gasto de todo el BBB.

La retórica nativista de Trump y los tres funcionarios de su gobierno abocadas a terminar con la migración – Stephen Miller; Tom Homan y Kristi Noem – está pasando de tener a los indocumentados como su blanco de acción a irse también en contra de migrantes que están en Estados Unidos con sus documentos en orden.

Por eso Trump ha hablado de deportar a su otrora amigo, Elon Musk, a Sudáfrica. Allá nació, pero Musk es ciudadano de EUA desde el año 2002. El presidente ha amenazado con hacer lo mismo al candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdami, quien nació en Uganda pero es ciudadano estadounidense desde el 2018, si de ganar, impide que ICE lleve a cabo deportaciones en su ciudad.

Estados Unidos se hizo a partir de migrantes. El propio Trump está casado con una migrante, Melania Knauss, que nació en Eslovenia. La esposa del Vicepresidente J.D. Vance, Usha Chilukuri, es hija de migrantes de India. Esta atracción de los mejores talentos y de gente que busca el sueño americano ha sido una enorme fortaleza para el país. Pero esa historia de éxito se ha vuelto la de un cruel estado policiaco contra migrantes con el regreso de Trump 2.0.

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En cualquier país que se precie de valorar la vida de sus ciudadanos Hugo López Gatell estaría cuando menos enfrentando demandas importantes por su gestión de la pandemia de COVID-19 como subsecretario de Salud en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Pero en México, un país en el que claramente la vida humana vale muy poco, López Gatell está empacando maletas para irse a Ginebra a representar a México ante la Organización Mundial de la Salud.

El “científico” que ignoró los lineamientos de la OMS para mitigar los efectos del virus, como usar cubrebocas y realizar pruebas para aislar a los contagiados, ahora se va a ese organismo a representar a México.

Según la OMS, México representó el 4.1 por ciento de las muertes en exceso en el mundo en 2020 y 2021, a pesar de tener solo el 1.6 por ciento de la población mundial. Esto significa que el exceso de mortalidad en México fue 2.6 veces mayor que su peso en la población global.

Además, de nuevo con datos de la OMS, México se ubicó en el cuarto lugar mundial en exceso de mortalidad entre países con más de cinco millones de habitantes, detrás de Perú, Bolivia y Ecuador.

Se estima que al menos el 37 al 39 por ciento de las más de 800 mil muertes en exceso que hubo no fueron atribuibles a condiciones preexistentes (como enfermedades crónicas, desarrollo económico, informalidad), lo que implica que alrededor de 300 mil muertes pudieron haberse evitado si México hubiera tenido un desempeño promedio en la gestión de la emergencia.

Por ello, Hugo López-Gatell pasó muy rápido de ser el Rock Star de la 4T a ser el Dr. Muerte.

¿Con qué cara se presentará López-Gatell en Ginebra ante estos datos? Y ¿qué pensarán los familiares de todos estos muertos de que ahora López-Gatell seguirá teniendo chamba en el gobierno y será nuestro representante en la OMS?

Algunos excusan la gestión de la pandemia que hizo López-Gatell diciendo que es un científico que hizo errores de político. El problema es que esos errores costaron cientos de miles de vidas. Y ahora premiarlo con un nuevo puesto político en el cual podría repetir errores, es demostrar que la vida de quienes murieron o quedaron con secuelas por COVID no valen nada.

En su perfil de X López-Gatell tiene una foto de él caminando con AMLO en Palacio Nacional. Ahí publicó un mensaje agradeciendo a Sheinbaum: “Es un gran honor haber sido designado… Esta distinción me compromete a seguir trabajando por la salud pública y el bienestar social… ¡Gracias por su confianza, querida presidenta!”.

Que López- Gatell agradezca la confianza de Sheinbaum, con quien tuvo una relación muy mala cuando ella gobernaba la CDMX, no deja de llamar la atención. En 2020 la entonces jefa de Gobierno se desmarcó de la estrategia federal: impuso pruebas masivas, defendió el uso obligatorio de cubrebocas y hasta tejió su propio sistema de datos mientras Gatell minimizaba la utilidad de estas medidas.

¿Por qué, entonces, este nombramiento? ¿Es de nueva cuenta Sheinbaum queriendo complacer a López Obrador al darle este nombramiento a pesar de que no es afín a López Gatell? O ¿es Sheinbaum abriendo una embajada de lujo para un actor incómodo en casa y evita así que se convierta en crítico desde la trinchera académica nacional?

Sea cual sea la respuesta, la señal para los mexicanos es inequívoca: en el servicio público puedes hacer mal tu trabajo y esto puede costar vidas, pero la lealtad a AMLO se precia y se premia por encima de todo.

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En el Congreso hay solo dos periodos ordinarios al año (feb-abr y sept-dic). Entre estas fechas el legislativo está en receso y se instala la Comisión Permanente con 37 legisladores que se quedan “de guardia”. Ellos pueden convocar a un periodo extraordinario para desahogar asuntos urgentes y específicos. El trámite requiere mayoría calificada dentro de la propia Permanente y debe listar, con nombre y apellido, los temas que se abordarán. Fuera de esa lista no puede tocarse nada.

En teoría, el extraordinario es el extintor que solo se rompe “en caso de incendio”. Pero ahora estamos viendo como ese extraordinario se convierte en un maratón legislativo exprés. Parece que la mayoría oficialista quiere sacar iniciativas atoradas o políticamente delicadas sin la lupa habitual de un periodo ordinario.

Al ver que se ha convocado este extraordinario sin necesidad hay dos preguntas: ¿Qué es lo que quiere sacar el oficialismo con este extraordinario sin el escrutinio habitual de oposición, ONGs y/o medios de comunicación? Y ¿por qué?

Entre las 22 iniciativas que Morena quiere servir en este “menú exprés” destaca la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y al Sistema Nacional de Búsqueda, que promete consolidar bases de datos y obligar a las fiscalías a coordinarse —una deuda urgente con más de 110 mil familias buscadoras, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda al 31 de mayo de 2025—pero cuyo dictamen hoy no es público.

Está la extinción del Coneval para traspasar la medición de pobreza al INEGI, con lo que el Gobierno pasaría a calificarse a sí mismo en un tema que le es sumamente importante y con el cual podrá responderse: ¿Hay más o menos pobres a partir de todos los programas sociales de la 4T?

También incluye un paquete de leyes de seguridad —Guardia Nacional y Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia— que otorgan superpoderes de espionaje a la Secretaría de Seguridad.

Está la polémica Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo dictamen no se ha hecho público. ¿Por qué? Si ya se quitó el artículo 109 que tanto preocupaba porque le daba a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, la ATDT, demasiadas atribuciones, entre ellas la opción de bloquear plataformas digitales ¿por qué se guarda el oficialismo el dictamen? ¿Qué quieren que se apruebe de forma exprés? ¿Por qué no llevar a cabo el proceso legislativo conforme a los tiempos ordinarios? ¿Por qué están corriendo?

El nuevo borrador de la Ley de Telecomunicaciones que Morena pretende avalar en el extraordinario sigue teniendo varios focos rojos: resucita el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, obligando a registrar cada SIM —con identidad y biométricos— bajo la lupa de la ATDT; mantiene la retención masiva de metadatos por 24 meses y otorga al Ministerio Público acceso a geolocalización en tiempo real sin orden judicial, un GPS estatal permanente. En resumen: se fue la tijera de la censura, pero quedaron varias navajas sueltas.

Además está el candado que limita los retiros parciales de Afores en caso de desempleo y ajustes a la ley antilavado para seguir el rastro del financiamiento ilícito. Es un paquete legislativo muy variado: desaparecidos, datos, dinero y ciberespacio, todo servido a la velocidad de un microondas parlamentario.

¿Por qué? ¿Qué necesidad?

@AnaPOrdorica

Apostilla: George W. Bush clamó ¡Misión cumplida! Cuando cayó Saddam Hussein en Irak. Ese momento fue el principio de una larga intervención/guerra de EUA en ese país. Ahora que Donald Trump ha declarado que los bombardeos en Irán han sido un éxito, vale la pena preguntarnos si también será el inicio de otro largo conflicto en el que entre EUA a pesar de que el presidente prometió ponerle fin a “las guerras eternas”.

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