Aunque Tyler Robinson, el asesino de Charlie Kirk, es un joven blanco que creció en una familia mormona conservadora de Utah, el presidente Donald Trump y sus cercanos insisten en presentarlo como un universitario “envenenado” por la extrema izquierda. La narrativa busca convertir el asesinato en munición política: señalar a los liberales como responsables morales y justificar un endurecimiento contra sus opositores.
Hasta ahora no hay evidencia de que Robinson actuara por convicciones progresistas. Más bien, las pistas apuntan a una radicalización alimentada en la oscuridad de foros digitales y servidores de Discord. Las frases que grabó en los casquillos de sus balas —“Hey, fascist! catch!”, “Bella Ciao”, el insulto burlesco “if you read this you are gay lmao” y referencias a memes como “OwO what’s this?”— son más que grafitis grotescos. Revelan una mezcla tóxica: provocación adolescente, cultura de internet y hostilidad política que se funden en un mismo acto. Al marcar sus balas, Robinson no solo planeaba matar; quería comunicar, dejar rastro, sembrar memes junto al crimen para asegurar notoriedad en línea.
Este patrón no es nuevo. El año pasado Luigi Mangione grabó mensajes similares antes de asesinar al CEO de UnitedHealthcare. En Estados Unidos y más allá, los asesinos virales ya no son anomalías: son síntomas de una era donde la violencia digital traspasa pantallas. Lo advirtió el gobernador de Utah al anunciar la detención: “Apaguen sus dispositivos, salgan al jardín, abracen a un familiar”. Su exhorto es tan obvio como insuficiente frente a un ecosistema donde casi cualquiera puede comprar un arma de asalto con la misma facilidad con la que descarga un videojuego.
En lugar de abordar este fenómeno —la incubadora digital de resentimiento y su salto al mundo físico— Trump y figuras como Elon Musk o J. D. Vance han optado por otro camino: usar el asesinato como pretexto para silenciar. El propio Trump ha prometido investigar a grupos de izquierda, clasificarlos como terroristas domésticos y, en un giro extraordinario, aplicar la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, de 1970) contra donantes progresistas como George Soros y fundaciones liberales como Open Society o Ford Foundation, acusándolos de financiar protestas o tejer conspiraciones. RICO nació para desmantelar a la mafia; utilizarla para perseguir activismo o periodismo es una mordaza política que amenaza la Primera Enmienda.
El riesgo es evidente: distraer a la opinión pública del verdadero problema —la violencia que germina en los rincones digitales— y normalizar un uso autoritario del poder. Charlie Kirk, el rock star de MAGA, construyó su fama impulsando debates encendidos y defendiendo la libertad de expresión. Usar su muerte como excusa para acallar voces es lo opuesto a lo que, paradójicamente, predicaba.
La mordaza que podría avecinarse en nombre de Kirk no solo será brutal: marcará un precedente peligroso donde las balas no solo matan, también dictan quién puede hablar.
Columna publicada en El Universal