Estos son los #cartones de este jueves 11 de julio:
Carlos Javier Echarri Cánovas, titular del Consejo Nacional de Población (Conapo) falleció este jueves, así lo confirmó la institución que encabezaba, así como la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La funcionaria indicó que lamentaba el fallecimiento de quien describió como: “Compañero extraordinario e incansable funcionario público. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en su dolor por esta irreparable pérdida”.
Lamento profundamente el deceso del Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas(@CarlosJEcharri), titular de @CONAPO_mx. Compañero extraordinario e incansable funcionario público. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en su dolor por esta irreparable pérdida. pic.twitter.com/o967x7CTQG
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) July 11, 2019
En la Secretaría General del Consejo Nacional de Población lamentamos el sensible fallecimiento del Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas @CarlosJEcharri
Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia, compañeros y amistades. pic.twitter.com/wRqhynz7by
— CONAPO (@CONAPO_mx) July 11, 2019
Desde su cuenta de Twitter, Echarri Cánovas había publicado que ayer se encontraba en el foro de Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes del programa nacional.
En el foro DH de niñas, niños y adolescentes en el Programa Nal de DH PNDH 2019-2024 pic.twitter.com/c05IauUOan
— Carlos Echarri (@CarlosJEcharri) July 10, 2019
El funcionario era doctor actuario por la UNAM, además de maestro en demografía por El Colegio de México y doctor de la misma ciencia por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de julio, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, se abordaron estos temas:
Vamos bien y de buenas. Conferencia de prensa matutina. https://t.co/ZFHyNAQVap
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 11, 2019
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiym inauguró el “nuevo confinamiento seguro” que cubre los restos del reactor número 4 de la planta de Chernobyl.
La construcción del recinto costó mil 500 millones de euros y el proyecto tomó nueve años en completarse con una inversión total de dos mil 200 millones de euros.
Las autoridades describieron el contenedor como la estructura terrestre móvil más grande que se haya construido, abarcando 257 metros y con un peso de más de 40 mil toneladas.
El reactor 4 de la planta de lo que en ese entonces era la Ucrania soviética estalló y se incendió el 26 de abril de 1986. El número de víctimas ligadas al desastre sigue siendo objeto de debates y conjeturas.
La rama de investigación contra el cáncer de la Organización Mundial de Salud calcula que unas nueve mil personas morirán de cáncer y leucemia relacionados con la exposición a la radiación en caso de que los efectos de salud sigan el patrón de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.
Unas 350 mil personas fueron evacuadas del área de la explosión en los primeros días después del accidente. Unas 600 mil tuvieron elevados niveles de exposición a la radiación al combatir el incendio en la planta o trabajando para limpiar el área contaminada.
La nueva estructura fue diseñada para impedir que el polvo radioactivo se mueva y como salvaguarda contra más derrumbes en el reactor. Una sección de la sala de máquinas se desplomó en 2012.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no puede bloquear a seguidores en Twitter porque le desagradan sus opiniones, determinó una corte federal de apelaciones.
La Corte de Apelaciones del segundo circuito de Manhattan dijo que la primera enmienda de la Constitución le prohíbe al mandatario utilizar la función del “bloqueo” en la red social para limitar el acceso a su cuenta, que debe permanecer abierta a todo público.
“La primera enmienda no permite a un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para propósitos de Gobierno excluir a personas de un diálogo en internet porque han expresado posiciones que le desagradan al funcionario”, escribió en el fallo el juez Barrington Parker.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a los pedidos para emitir comentarios. Twitter tampoco se refirió al tema.
Trump ha convertido a su cuenta de Twitter (@RealDonaldTrump) en una parte central de su presidencia al usarla para promover su agenda, anunciar medidas y criticar a sus detractores. Tiene 61.8 millones de seguidores.
La decisión del juez ratifica un fallo de mayo del 2018 emitido por la jueza distrital Naomi Reice Buchwald en Manhattan.
El Departamento de Justicia ha dicho que el dictamen “fundamentalmente está mal concebido”, argumentando que Trump usa Twitter desde su condición de individuo para expresar sus posturas, no para abrir una plataforma de discusión pública.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene una investigación abierta por las presuntas irregularidades en que habrían incurrido funcionarios o exfuncionarios de la entonces PGR, ante la acusación de que acordaron retirar los cargos por delincuencia organizada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a cambio de que este se declarara culpable de otros delitos menos graves.
La indagatoria se encuentra a cargo de la Visitaduría General de la FGR, que inició la carpeta de investigación número FED/VG/UNAI/00000435/2018 en contra de quienes resulten responsables. Los posibles delitos van desde ejercicio ilegal del servicio público y contra la administración de justicia, hasta cohecho.
En entrevistas difundidas en diversos medios, Duarte dijo que en 2018 pagó una fuerte cantidad de dinero (cuyo monto no precisó) a funcionarios de la PGR, encabezada en ese momento por Alberto Elías Beltrán. Ello como parte de una supuesta negociación para que se declarara culpable, a cambio de reducirle la gravedad de las acusaciones.
Desde octubre de 2018, la organización civil TOJIL: Estrategia Contra la impunidad había presentado una denuncia en la FGR, que dio pie a la referida carpeta de investigación, debido a que consideraron que fue un trato desfavorable para la sociedad, al haberle permitido a Duarte obtener una condena muy baja en un caso de corrupción de gran trascendencia e impacto.
No obstante, hasta ahora no se conoce de algún avance en la investigación de la FGR.
Por otro lado, los abogados defensores de Javier Duarte, Enrique Reyes Retana y Pablo Campuzano, señalaron de forma categórica al portal Animal Político que no tuvieron conocimiento alguno del supuesto pago que habría dado Duarte a exfuncionarios de la PGR, ni tampoco de alguna negociación en ese sentido.
Reiteraron que ellos están centrados en la estrategia de defensa jurídica de su cliente, a través de impugnaciones y demandas de amparo promovidas desde el año pasado.
El proceso penal federal en México en contra de Javier Duarte inició el 17 de julio de 2017, luego de su detención y extradición desde Guatemala, y concluyó el 27 de septiembre de 2018, con una sentencia condenatoria de 9 años de prisión en su contra.
Con información de Animal Político
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que en el sexenio de Felipe Calderón la Banca de Desarrollo autorizó recursos para la empresa brasileña Odebrecht.
En su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, AMLO declaró: “el crédito a Odebrecht se lo dio la Banca de Desarrollo en el gobierno de Calderón”.
Lo anterior, debido a que en su carta de renuncia a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, reveló que había conflicto de interés por parte de algunos actores del gobierno.
En medios nacionales trascendió que Urzúa se refería al jefe de la Oficina, Alfonso Romo.
La sociedad Libertad y Servicios Financieros, de la cual el abogado Juan Collado es presidente del Consejo de Administración, defendió “la reputación intachable” del jurista, luego de su detención por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, y aseguró que las operaciones de la firma no han sido afectadas por los hechos.
En un comunicado dirigido a sus clientes, inversionistas, colaboradores y amigos, el director general, Hugo Morales García, sostuvo que Collado Mocelo “es una persona íntegra y de reputación intachable, que siempre se ha apegado a derecho tanto en su vida personal como en su desempeño profesional”.
Aclaró que “Libertad Servicios Financieros no ha sido afectada ni vulnerada en ningún sentido y que sus operaciones continúan desarrollándose de manera normal”.
Un avión de 89 millones de pesos, un sistema de videovigilancia de 495 millones de pesos y un sistema de 50 botones de pánico de 5 millones son algunas de las compras que contempla el programa “Yucatán Seguro”, propuesto por el gobernador de ese estado, Mauricio Vila, y que requiere la aprobación del Congreso estatal.
Al comparecer ante esa instancia, los secretarios General de Gobierno, María Fritz; de Administración y Finanzas Públicas, Olga Rosas Moya; y de Seguridad Pública, Luis Saidén, expusieron que estas acciones requieren de 2 mil 620 millones de pesos para su ejecución total, misma que se espera se culmine a más tardar en 14 meses a partir de que se apruebe el crédito correspondiente.
De acuerdo con el desglose de los gastos, los estudios y proyectos para su implementación costarán unos 15 millones de pesos; para la modernización y actualización del C5 se destinarán 60 millones de pesos; mientras que para mejoras en los tres centros de monitoreo en la entidad se aplicarán unos 15 millones de pesos.
Además de las cámaras, se instalarán 119 nuevos arcos de vigilancia y 602 cámaras, la mitad de las cuales pueden registrar las placas de los vehículos, por un monto de 535 millones de pesos.
En la ciudad de Mérida se instalarán botones de pánico para la rápida respuesta de las autoridades en puntos seleccionados por mapas de calor de incidencia delictiva, señaló Saidén. Dicha infraestructura requerirá de 5 millones de pesos, un promedio de 100 mil por cada uno.
Para la conectividad de estos sistemas, se deberán desplegar 150 kilómetros de fibra óptica para conectar el sistema de videovigilancia y los arcos, lo que supondrá unos 360 millones de pesos, además de un sistema para la administración del video registrado, que costará unos 150 millones. También se instalará un reset inalámbrico para las cámaras, lo que representará otros 30 millones de pesos.
El proyecto supone también la implementación de un sistema de vigilancia aérea que costará 90 millones de pesos: 89 para un avión sigiloso y un millón más para seis drones. Además, se instalarán semáforos inteligentes en vialidades y salidas de Mérida, lo que costará unos 380 millones de pesos. Para la vigilancia de las costas, se prevé la compra de cuatro embarcaciones tipo ‘intercepto’ con un costo de 67 millones de pesos.
Miguel Ángel Morales Meneses, el secretario de Seguridad Pública del municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) fue asesinado este martes.
De acuerdo con la primera información de las autoridades locales el homicidio ocurrió alrededor de las 8: 00 horas en la comunidad de El Caracol, perteneciente a dicho municipio y señalaron que Morales Meneses fue plagiado por civiles armados la tarde del lunes pasado.
El cuerpo del funcionario municipal fue localizado en el acotamiento de la carretera interestatal Chilapa-Hueycantenango, entre las localidades de El Caracol y Alcozacán.
El ayuntamiento publicó una esquela confirmando el deceso del funcionario, pero no se dieron detalles sobre su muerte.
En junio de 2018, la edil priísta Orquídea Hernández Mendoza fue interceptada por civiles armados mientras realizaba un recorrido de su campaña política por la alcaldía. En esa ocasión fueron atacados a balazos dos policías estatales que le fueron asignados como escoltas.
Ante la decisión del congreso de Baja California de avalar la modificación de la Constitución local para que el morenista Jaime Bonilla se mantenga en su cargo comogobernador del estado por cinco y no dos años, como establecen las leyes locales.
Cuauhtémoc Cárdenas escribió en su cuenta de twitter que el Congreso de Baja California ofende a la inteligencia, cae en lo ilegal y pierde legitimidad al modificar la Constitución local.
El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo.
— Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) July 10, 2019
Cuauhtémoc Cárdenas agregó que los bajacalifornianos deben protestar y demandar a las autoridades y al Congreso federal, una sanción para los diputados locales que votaron por la prolongación del mandato.
Bajacalifornianos y todo aquel con capacidad para protestar legalmente debe hacerlo y demandar a las autoridades, y al Congreso federal, sanción para diputados locales que votaron por la prolongación de mandato, así como la desaparición del Congreso local de Baja California.
— Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) July 10, 2019
Aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República.
— Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) July 10, 2019
Por otro lado, Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, dijo que es necesario investigar si legisladores de Baja California recibieron recursos para votar a favor de la ampliación del periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla.
Mientras que, para el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional , Mauricio Kuri, es “una pena” y “una vergüenza” que sus compañeros de partido hayan votado a favor de ampliar el periodo de gobierno del morenista Jaime Bonilla.
Luego de que el Congreso de Baja California aprobó ampliar de dos a cinco años la duración de la próxima gubernatura, que estará encabezada por Jaime Bonilla, postulado por Morena en las pasadas elecciones estatales del 2 de junio, decisión apoyada por el grupo parlamentario del PAN que es el que tiene mayoría con 12 de 25 diputados.
La consejera electoral del INE, Pamela San Martín advirtio que con esta decisión el Congreso de Baja California viola el Estado de Derecho.
Pamela San Martín sostuvo que “Es anticonstitucional. Suprime decisiones jurisdiccionales y atenta contra la elección del 2 de junio, donde los electores votaron por un gobernador para dos años, no para cinco”.
Y calificó esta esta decisión de los diputados de Baja California como un “verdadero escándalo”, ya que indicó que “atenta contra todas las reglas que nos hemos dado, contra nuestra Constitución”.
La reforma fue aprobada con 21 votos a favor de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PT y MC. El diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano, del Partido de Baja California, no se presentó a la sesión, y el panista Miguel Osuna Millán votó en contra de la iniciativa.
De acuerdo a la legislación aprobada, el gobierno de Bonilla iniciará el próximo 1 de noviembre y concluirá el 31 de octubre de 2024.
Tras declaraciones de ayer de el presidente, Andrés Manuel López Obrador sobre que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene “autoridad moral” para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes secundarias de la Guardia Nacional porque en sexenios pasados fue “cómplice” de la violencia.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador tal vez busquen inhibir las atribuciones constitucionales de ese organismo.
El presidente de la CNDH señaló como”grave” que el Presidente condene al que disienta en visiones distintas a las de él, y subrayó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “claro que tiene calidad moral”.
Al finalizar la presentación del diagnóstico sobre trata de personas en el país, el Ombudsman Nacional lamentó las expresiones hechas por López Obrador, a quien dijo respetar “en lo personal y en lo institucional”.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 10 de julio, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, se abordaron estos temas:
Nuestro compromiso irrevocable es cambiar la política económica impuesta en los últimos 36 años. Conferencia de prensa. https://t.co/zL0ZClbjy7
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 10, 2019
Se rumoraba que Arturo Herrera abandonaría el barco de la 4T después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo humillara dos veces. Lo contradijo públicamente primero, cuando dio una entrevista al diario británico Financial Times en la cual declaró que este año no se canalizarían recursos de Hacienda para la construcción de la refinería de Dos Bocas. Al día siguiente, durante la conferencia mañanera, AMLO confirmó que Dos Bocas iba y anunció fecha para poner la primera piedra.
AMLO volvió a contradecir a Herrera, también durante la conferencia mañanera, con el entonces Subsecretario de Hacienda sentado a su lado. A pregunta de una reportera, el presidente informó que reestablecer el cobro de la tenencia no estaba en los planes del gobierno a pesar de que Herrera lo había declarado el día anterior ante legisladores.
Pero no. Herrera no renunció. Se le adelantó Carlos Urzúa. Y lo hizo con una carta dura, tomando en cuenta su carácter bastante reservado y mesurado. En ella mencionó muchas discrepancias en materia económica por decisiones de política pública sin sustento y por la imposición de funcionarios sin conocimiento en la secretaría que hasta ayer encabezaba.
Renuncias en los gabinetes siempre las hay, el problema está siendo cómo se dan las renuncias en el gobierno de López Obrador. La de Urzúa es una renuncia que hace eco de la que presentó Germán Martínez al IMSS en mayo pasado. En la carta Urzúa acusa incompetencia y sumisión a personas, no a proyectos.
Entre quienes conocen a ambos, Herrera y Urzúa, la visión es que Herrera es muy bueno, incluso podría ser mejor secretario de hacienda que Urzúa, pero la renuncia a través de una carta que demuestra un desdén del presidente que lo orilló a escribirle en lugar de hablar con él, es un duro golpe para el país.
Además, por el video que subió el presidente anunciando que el nuevo titular de Hacienda sería Herrera, se pudo ver que la carta de Urzúa los tomó a todos por sorpresa y mostró una imagen de desorden en el gobierno que ya comienza a ser la norma, no la excepción.
La pregunta ahora para Arturo Herrera, que sabe mucho de hacienda pública, es si está dispuesto a desempeñar el nuevo encargo en favor de México o si se ceñirá a las ordenes de arriba, sean benéficas o no para la economía del país. Parafraseando al presidente López Obrador, ¿será un funcionario de a deverás o un simple florero decorativo?
Apostilla: Mientras esta noticia y la detención del abogado Juan Collado acapararon la atención nacional, en Baja California la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar 5 años y no dos, que fue el periodo para el cuál lo eligieron. La Cámara de Diputados local solo tiene tres integrantes de Morena así que requirió el apoyo del PRI y de 9 diputados del PAN: Ignacio García Dworak, José Félix Arango, Triny Vaca, Alfa Peñaloza, Iraís Vázquez, Mónica Hernández, Raúl Castañeda Pomposo, Sergio Tolento y Carlos Torres. ¿Cómo es posible que el PAN haya votado por extender el mandato de Morena en un estado que era, hasta el 2 de junio, su bastión tradicional?
Columna completa en El Universal