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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que de los 100 compromisos que hizo tras tomar protesta como presidente del país, 95 de ellos han sido cumplidos.

Dijo que solo cinco compromisos no se han concretado, pero están en proceso de cumplirse, esto a casi dos años del inicio de su administración.

“Hay un país más justo, más digno, en donde no hay corrupción en los altos mandos de gobierno, en donde ya no se permite, no se tolera la corrupción; en donde se destina el presupuesto a los más pobres, a los más necesitados; donde se gobierna para ricos y pobres, donde el gobierno no está secuestrado por una minoría y se está atendiendo al pueblo”, expresó.

Entre los compromisos cumplidos, el presidente destacó la política de austeridad; becas, pensiones y estímulos para la actividad productiva; el derecho a la salud; obras de mejoramiento urbano; construcción de caminos; proyectos de infraestructura; aumento del salario mínimo; el Programa Nacional de Reconstrucción; la eliminación de gasolinazos; el acompañamiento de la ONU en compras y contratos; el fraude electoral como delito grave; combatir la evasión fiscal; la prohibición del fracking; la creación de la Guardia Nacional; la amnistía a presos políticos, entre otros.

Según el informe que presentó esta mañana, López Obrador dijo que los cinco compromisos que están en proceso de cumplirse son:

  1. Transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral. Sobre este tema, AMLO dijo que gobernadores presentaron un alegato legal y por eso no se ha concretado la entrega directa de recursos.
  2. Cancelar fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Reiteró que el gobierno federal está a favor de la ciencia y la cultura, pero no de los privilegios y la corrupción.
  3. Descentralizar el gobierno federal y ubicar las secretarías en distintos estados de la República. Reiteró que dicho proceso se hará de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado.
  4. Impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz.
  5. Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; conocer la verdad y castigar a los responsables.

Sin embargo, tras el informe presentado, se ha cuestionado el estatus que el gobierno le ha dado a varios de los compromisos. El número 63, que señala «Poner en venta el avión presidencial y la flotilla de aeronaves», se marca como cumplido, aunque el avión presidencial no ha sido vendido.

Otro de los compromisos que ha sido señalado, es el 97, «lograr el progreso con justicia y promover el bienestar del alma, no sólo material», el cual fue marcado como cumplido pese a la ambigüedad del mismo.

El compromiso 55, que dice: «No permitir violaciones al estado de derecho ni los fueros y privilegios», ha sido cuestionado, sobre todo después de que el propio AMLO propuso consultar la justicia para los expresidentes.

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Un juez federal suspendió indefinidamente y de manera parcial el Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024 del gobierno federal, en respuesta a un amparo solicitado por el grupo ambientalista Greenpeace.

Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; con residencia en la Ciudad de México, tomó la medida cautelar, que prevalecerá hasta que resuelva de fondo el amparo.

Argumentó que algunos de los objetivos prioritarios del Prosener, se oponen al fomento al empleo de energías renovables y disminución de contaminantes del sector energético.

El juez sostuvo que las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento de esta determinación, deberán aplicar los programas, normas y disposiciones que se encontraban vigentes previamente a la expedición del programa.

Aclaró que esto no implica que quede insubsistente el programa. Únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, hasta resolver si se otorga o no el amparo solicitado por Greenpeace.

“La Secretaría de Energía, como encargada de coordinar la ejecución y seguimiento de dicho programa; deberá abstenerse de continuar cumpliendo con los objetivos y estrategias puntuales del programa reclamado y que fueron precisadas en el párrafo que antecede.”

De esta manera, todas las autoridades del sector energético a las que resulte aplicable dicho programa, entre las que se encuentran Sener y CFE, en el ámbito de sus competencias están obligadas a cumplir con la suspensión definitiva otorgada.

Recordemos que Greenpeace promovió un amparo contra el Prosener 2020-2024, al considerar que no fomenta “el empleo de energías renovables, ni la disminución de contaminantes”, lo que atenta contra los derechos humanos a la salud y al medio ambiente.

De acuerdo a un análisis presentado por el IMCO, las energías renovables no sólo son más sustentables en términos ambientales, sino también más accesibles que otras tecnologías. Al tener menores costos,  la Secretaría de Hacienda deberá compensar menos pérdidas por subsidio a la CFE.

En agosto pasado, Greenpeace  y CEMDA ganaron una suspensión definitiva contra la Sener y el Cenace por obstaculizar la entrada de centrales renovables. Cenace afirmó que las intermitencias de las energías renovables son un riesgo para el sector.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indicó que los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 un billón de pesos, aunque el volumen total de dinero ilícito generado en ese periodo podría ser mucho mayor, esto debido a que México no cuenta con una metodología para medir dichos montos con exactitud.

El colaborador del gobierno federal aclaró que esa cifra corresponde sólo a dinero que ha sido denunciado, bien por la UIF o por otras instancias, ante las autoridades competentes.

Durante un balance sobre la lucha del gobierno federal contra el lavado de dinero, Nieto señaló que la Unidad multiplicó el número de denuncias ante los tribunales, en 2018 presentó 82 y en 2019 fueron 164, y frente a las seis sentencias condenatorias conseguidas en 2018, el año pasado se lograron 84.

La UIF es un departamento de la Secretaría de Hacienda encargado de rastrear operaciones y dinero vinculado a actividades delictivas. Es el que presenta las denuncias ante la fiscalía que, con esos datos, debe iniciar los procesos judiciales necesarios.

La UIF también tiene capacidad de bloquear cuentas sospechosas y suele trabajar en estrecha coordinación con la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

En este sentido, informó que congeló recursos a casi 2,000 personas y empresas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a 330 vinculadas al Cártel del Pacífico.

Nieto recordó que la principal amenaza de México es el crimen organizado, al que se combate desde el lado financiero, de seguridad y rastreando la corrupción política y judicial que lo protege.

«Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto y de ellas dos de naturaleza supranacional», Jalisco y Sinaloa, dijo al mostrar el mapa delictivo del país en el que se apreciaba que esos dos grupos están activos en casi toda la República.

De los 19 identificados, Nieto dijo que durante la administración previa a López Obrador, de 2012 a 2018, crecieron ocho de carácter regional.

Entre los problemas a los que se enfrenta México para luchar contra el lavado de dinero, Nieto mencionó el que haya estructuras empresariales complejas que complican el rastreo de operaciones y el alto nivel de la economía informal que supone el 22% del PIB del país y en la que participa el 56% de la población.

La obra por la que Odebrecht pagó 6 millones de dólares en sobornos en México, la refinería de Tula, Hidalgo, fue impulsada, supervisada y validada por Leonardo Cornejo Serrano, actual jefe del proyecto de la refinería de Dos Bocas.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que cuando era colaborador de Emilio Lozoya, nadie vio más veces en la torre de Pemex a Luis Weyll, el hombre que personifica en México la corrupción de la empresa brasileña, que Leonardo Cornejo.

«En total, se encontraron en 46 ocasiones. Pero además de la frecuencia de esas entrevistas, Cornejo se encargó de montar, de principio a fin, el mecanismo para entregar a Odebrecht obras en Tula, operaciones con sobrecosto que los brasileños han reconocido que se lograron gracias a los sobornos entregados al exdirector de Petróleos Mexicanos», señala MCCI.

Pese a los vínculos que tuvo con Odebrecht, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que prometió combatir la corrupción, puso en las manos de Cornejo la direción del proyecto de Dos Bocas.

Según consta en decenas de documentos de la carpeta de investigación del caso, en poder de la Fiscalía General de la República (FGR), Cornejo intercambió con el entonces director de Odebrecht en México, Luis Weyll, desde que lo invitó a participar como contratista hasta que le anunció que se le había asignado sin licitación una obra en la refinería de Tula por 1,436 millones de pesos.

En la confesión de Weyll se hace referencia a que dicha obra fue obtenida mediante el pago de sobornos.

Además, en el expediente se encuentra la relación de los 56 encuentros que el directivo de Odebrecht y Cornejo acordaron sostener en el piso 7 de la torre de Pemex para dar seguimiento al contrato, y los procedimientos en los que proactivamente intervino el ahora jefe de Dos Bocas.

En su confesión sobre los sobornos de Odebrecht, Weyll dijo que le pagó por anticipado dos millones de dólares a Emilio Lozoya en 2013 por la promesa de obtener una obra en la refinería de Tula, y que se comprometió a pagarle otros cuatro millones de dólares en el momento en que se asignara y firmara el contrato, lo cual ocurrió en 2014.

Para que la obra acordada entre Lozoya y Weyll se asignara directamente, sin licitación, a Odebrecht, fue clave la intervención de Cornejo, según consta en los documentos recopilados por la PGR.

 

Investigación completa en MCCI

El Gobierno federal se disculpó este jueves públicamente por la matanza de Acteal de 1997, en la que murieron 45 indígenas tzotziles, y se comprometió a reparar los daños con compensaciones económicas para superivientes y familiares de las víctimas.

«Asumo en nombre del Estado mexicano el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a la masacre», expresó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

Por su parte, Fernando Luna, sobreviviente y representante de las víctimas, aceptó la disculpa porque «no solo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a la población de Acteal, sino además reconoció y asumió la responsabilidad por acción u omisión de los paramilitares que perpetraron la masacre».

El 22 de diciembre de 1997 un grupo de indígenas que oraba en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, en Chiapas, fue atacado por un centenar de presuntos paramilitares, también indígenas.

En la matanza fallecieron 45 tzotziles, 21 mujeres, 4 de ellas embarazadas, 15 niños y 9 ancianos, y fueron heridos otros 26.

Las víctimas formaban parte de la agrupación Las Abejas, un grupo indígena, cristiano, pacifista y antineoliberal.

Esta organización ha señalado al entonces presidente Ernesto Zedillo, al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet
y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, de llevar a cabo ese operativo para debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla indígena levantada en 1994 en Chiapas.

Decenas de sospechosos fueron arrestados en agosto de 2006 y condenados a penas de hasta 25 años de cárcel en 2007 por un juez federal, pero los supervivientes llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmó este jueves un acuerdo de solución amistosa frente a la CIDH en el que pide disculpas y se compromete a entregar compensaciones económicas a las víctimas, así como entregar becas y apoyos a la vivienda, y mejorar la infraestructura hidráulica y hospitalaria de la comunidad.

Este acuerdo engloba a 18 fallecidos y 12 supervivientes, puesto que el resto prefirió esperar a que la CIDH emita el informe definitivo sobre la masacre.

El subsecretario Encinas definió la matanza como un «suceso doloso e indolente» y lamentó que el Estado mexicano pretendió ocultar la tragedia alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas.

«Asumimos este acto de reconocimiento para que junto con la comunidad de Acteal avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad», expresó.

Fernando Luna, vestido con ropajes tradicionales, expresó que este compromiso «no habría sido posible de lograr en
administraciones pasadas» y añadió: «Aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo toztzil tenemos un corazón enorme y somos un pueblo de paz».

Además, celebró que quedó desacreditada la versión del Gobierno de entonces de que la masacre había sido fruto de enfrentamientos entre indígenas por un conflicto religioso y de tierras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este viernes a organizaciones de la sociedad civil de recibir financiamiento de entes extranjeros para oponerse al proyecto del Tren Maya.

El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, presentó un informe que surgió de una investigación privada, y que el gobierno federal verificó.

Las fundaciones que aportan recursos para cuestionar y señalar uno de los proyectos estrella de la 4T, son: Kellog, Ford, Rockefeller, ClimateWorks y The National Endowment for Democracy (NED).

De acuerdo con el funcionario, dichas fundaciones destinaron dinero para financiar investigaciones enfocadas en el sureste mexicano «y en particular en el Tren Maya».

Al ser cuestionado sobre cómo se sabía que dichos recursos eran para tales proyecto, Ramírez Cuevas dijo que la información era pública y estaba disponible en los sitios webs de las dichas fundaciones.

«Lo importante es que todas estas organizaciones han sido quienes han opuesto abiertamente, incluso presentando juicios jurídicos contra el Tren Maya», añadió Jesús Ramírez.

El presidente López Obrador dijo que ojalá y aclaren los implicados sobre la obtención de dichos recursos y el fin que tuvieron.

Indicó que dichas organizaciones tendrán su derecho de replica, aunque dijo que presentar dicha información es transparentar todo, que es la «regla de oro» en una democracia.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las afirmaciones que hiciera el exmandatario Felipe Calderón, sobre la supuesta presión que existe al interior de W Radio para que el periodista Carlos Loret de Mola salga del aire.

El expresidente dijo que si se llegara a concretar la salida de Loret de Mola, se confirmaría el perfil autoritario, antidemocrático e intolerante del gobierno que encabeza López Obrador.

Calificó al gobierno de la Cuarta Transformación como el el más represor de la libertad en décadas. «Se ve que el video del hermano del presidente recibiendo en su nombre millones de pesos los tiene furiosos», dijo Calderón Hinojosa.

Al respecto, López Obrador aseguró que el gobierno que encabeza ha sido y es respetuoso de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular.

«Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores», contestó AMLO.

Recordó que fue en los gobiernos anteriores cuando se censuró a periodistas como José Gutiérrez Vivó a quien el gobierno de Calderón lo expulsó del país teniendo que solicitar asilo en los Estados Unidos.

Otro caso que mencionó fue el de Carmen Aristegui, a quien en el sexenio de Enrique Peña Nieto se le calló. Antes, dijo, sí había represalias y censura.

Ahora, enfatizó, «no hay represalias, no hay censura», recordando que a su criterio, desde el presidente Madero no se ataca tanto a un presidente como ha ocurrido con él.

Además dijo, ya no se persigue a nadie, no hay represión, y se puede ejercer con libertad la libre manifestación de las ideas.

López Obrador dijo que es importante que exista la oposición, pues es parte de una democracia. Indicó que en una democracia debe haber contrapesos.

«De modo que, si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, están mintiendo, es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo, la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía», remató el presidente.

Una compañía fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió dos contratos por parte del gobierno federal, que implican un monto de hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconsa.

Sin embargo, tanto la compañía como el empresario carecen de experiencia o antecedentes en la actividad para la que fueron contratados.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV el 11 de noviembre de 2014 como una empresa de la construcción, y fue hasta el 3 de diciembre de 2018, a dos días de que asumiera Lóepz Obrador, cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.

A poco más de un año de haber incluido el nuevo giro en sus actividades (12 de diciembre de 2019) Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para que procese como mínimo 400 mil litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa, con idénticas características de volumen, pero esta vez para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas.

Los convenios tienen vigencia de cinco años a partir de su firma, y en los mismos se establece que será hasta diciembre de 2021 cuando inicien operaciones las plantas procesadoras de leche del Grupo Vicente Suárez 73 en Tabasco y Zacatecas.

Sin embargo, en los convenios hay una cláusula que permite a la empresa vender a Liconsa leche procesada desde el momento de la firma (diciembre de 2019), vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria; tras haber alcanzado un acuerdo con un productor ganadero del norte del país que realiza el proceso de secado en sus plantas, Grupo Vicente Suárez 73 ya surte el lácteo a Liconsa.

En los documentos a los que accedió MCCI, se menciona que Liconsa tiene un presupuesto de hasta 806 millones de pesos al año para los servicios de Grupo Vicente Suárez (403 millones por cada convenio), por lo que de diciembre de 2019 a diciembre de 2024, los recursos superarían los 4,030 millones de pesos.

Y si no bastara con los contratos asignados, entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó otros dos contratos adicionales a la misma empresa para la venta de fruta para su programa de abasto rural, por 485 millones de pesos.

Así, los contratos acumulados por Grupo Vicente Suárez 73 tanto para surtir leche como fruta superan los 4 mil 500 millones de pesos.

MCCI recuerda que Alejandro Puente Córdoba es un empresario del sector telecomunicaciones que se vio involucrado en diversos casos de corrupción durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

En enero de 2012, Puente fue nombrado titular del Consejo de Participación Ciudadana de la extinta PGR, y desde ese cargo hizo negocios en la propia dependencia, según documentó el periódico Reforma en distintos reportajes.

En mayo de 2012, en pleno proceso electoral, Puente publicó un desplegado en distintos diarios en el que llamó a Carmen Aristegui “emisaria” del empresario Carlos Slim y “cabildera” de Telmex y Telcel. En la misma publicación le reprochó a la periodista haber sido ofensiva en una entrevista que le había realizado al entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en su noticiero de MVS Radio.

Aquel año, Puente buscaba llegar al Senado como parte de la llamada “telebancada”, y para ello logró que lo integraran a la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano, partido que en ese entonces postuló a la Presidencia a López Obrador.

El empresario también ha enfrentado señalamientos de conflicto de intereses. El sitio Arena Pública reveló que en mayo de 2014 un avión propiedad de la empresa aeronáutica de Puente había transportado hacia Acapulco a la entonces presidenta de la Comisión de Radio y TV del Senado, la perredista Alejandra Barrales. Eso ocurrió cuando estaba en plena discusión la reforma legislativa a las telecomunicaciones.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre el audio filtrado, atribuido al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, donde asegura que el proyecto de la 4T no existe, y que por el contrario, es un gobierno lleno de contradicciones.

«No he podido hablar con él, con Víctor Manuel. Pero esto es, yo diría, normal en un proceso de cambio, de transformación», respondió AMLO al ser cuestionado.

López Obrador aseguró que tal como pasó en el gobierno de Benito Juárez, que a su opinión tuvo el mejor gabinete de la historia, en el actual gabinete hay libertad y discrepancias.

«No hay pensamiento único, se da la libertad para que todos opinen», aseguró el mandatario.

Dijo que al ser él el responsable del resultado final de lo que sucede en el gobierno, y ser quien toma las decisiones finales, siempre ha buscado armonizar y escuchar a todos, darle la razón a quien la tiene, y tomar decisiones en función de lo que más conviene al pueblo.

AMLO negó que el titular de Semarnat haya presentado su renuncia ayer, como trascendió en algunos medios.

Y es que tras difundirse la grabación, al interior del gobierno se dio como un hecho que el funcionario presentó ayer mismo su renuncia, y que solo faltaba López Obrador la aceptara.

Recordemos que por diferencia, los extitulares de Hacienda y de Comunicación y Transportes, Carlos Urzúa y Javier Jiménez Espriú, presentaron su renuncia al gobierno federal.

Este miércoles se filtró un audio del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, en el que al hablar de los trabajos que se hacen en la dependencia, asegura que el gobierno de la Cuarta Transformación «no existe».

“Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe», se escucha decir al funcionario.

Añade que por el contrario, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está lleno de contradicciones, lo que se expresa en las luchas de poder que hay al interior del gabinete.

Acusó que la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Victor Manuel Villalobos, está dirigida exclusivamente a los agronegocios, y está en contra de la ecología, tratando de imponer su visión al resto del gobierno.

En ese sentido, señaló a Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, de bloquear todo lo que tenga que ver con la defensa del medio ambiente. Sostiene que Romo y otros funcionarios «están en contra, incluso, hay que decirlo, de (programa) Sembrando Vida».

También señaló a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Economía, de tratar de convencer a la Semarnat y a otras dependencias, de «ser más accesibles» para ciertos proyectos, o manifestar su apoyo a ciertas empresas y no cuestionarlas, tales como Grupo México o Constellation Brands.

Aseguró que las diferencias también se presentan con la titular de la Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía.

“A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo de Semarnat, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil… no debemos idealizar la 4T. Este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal, y toda nuestra visión que aquí la compartimos todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente, hay que decirlo», sostiene Toledo.

Según reporta el diario El Universal, fuentes del gobierno confirmaron la autenticidad del audio; sin embargo Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, indicó que no está confirmado que la persona que habla en el audio sea el titular de Semarnat, por lo que procedió a buscarlo, sin recibir una respuesta.

Hasta ahora la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no se ha manifestado.

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados, y su envío para su revisión y eventual aprobación, la Cámara de Senadores avaló, por mayoría, la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que abre la puerta a que México pueda comprar en el extranjero, bienes y servicios para el sector salud.

La reforma, que adiciona un párrafo quinto al artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, fue aprobada, en lo general y en lo particular, con 56 votos en favor, 35 en contra y una abstención.

Así, en un solo día y aprovechando las sesiones extraordinarias en ambas Cámaras, los legisladores de la 4T le entregaron al presidente las bases legales para que el gobierno federal pueda comprar medicamentos en el extranjero, utilizando la pandemia de Covid-19 como justificación, pues el principal argumento fue la eventual compra de la vacuna contra el nuevo coronavirus.

Con esta reforma “queda exceptuada de la aplicación de esta Ley, la adquisición de bienes o prestación de servicios para la salud que contraten dependencias o entidades con organismos intergubernamentales internacionales”, se establece en el texto; añade que dichas contrataciones se deberán hacer a través de mecanismos de colaboración previamente establecidos, siempre que se acredite la aplicación de los principios previstos en la Constitución Política.

El objetivo, dijo el Senado, es cumplir con el mandato constitucional de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes, en la adquisición de bienes y servicios para la salud, a través de organismos intergubernamentales internacionales.

Los senadores indicaron que la adquisición de suministros de alta calidad podrá ser a precios bajos, además de que se hará bajo la supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ante las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos de referencia de la región.

La bancada de Morena en el Senado denunció que algunos sectores tenían intereses económicos en la adquisición de estos insumos, razón por la que se opusieron a la reforma. “Se les acabó el negocio”, indicaron. En tanto, la bancada del PAN opinó que la reforma “es una burla al proceso del Parlamento Abierto”. Dijo que no hay garantías de que se cumplan las licitaciones, si en el país no hay un proceso previo y bueno para realizarlas.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, expresó que la reforma burla las normas de transparencia y favorece la discrecionalidad, al contrario de lo que se alega como el combate a la corrupción. Por Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado advirtió que se trata de una reforma innecesaria e inconstitucional y anticipó que su partido promoverá una acción de inconstitucionalidad en contra de esta modificación.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes 28 de julio, ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde Palacio Nacional, se abordaron los siguientes temas:

  • Como cada martes se presenta el informe El Pulso de la Salud, en relación a la situación de la pandemia de Covid-19 en México.
  • Al día de hoy se registran 395,489 casos de Covid-19 y 44,022 muertes asociadas al virus.
  • El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell explicó que por dos semanas consecutivas ha habido disminución de nuevos casos de #Covid-19 en el país.
  • Indicó que actualmente hay 12 entidades con disminución progresiva que puede mantenerse «si y sólo si» se conservan las medidas sanitarias.
  • De un total de 30,199 camas de hospitalización de atención general, 16, 076 están disponibles y el 47% están ocupadas.
  • En cuanto a camas de terapia intensiva, se señaló que existen 9,936 camas con ventilador, de las cuales el 42% están disponibles.
  • López-Gatell señaló que México se encuentra en el lugar 13 de mortalidad por Covid-19 en el mundo, pues tiene un índice de mortalidad de 32.64 por cada 100 mil habitantes.
  • Se indicó que el 73% de las personas fallecidas por coronavirus en México tenían alguna comorbilidad: Hipertensión: 43% Diabetes: 38% Obesidad 25% Insuficiencia Renal Crónica 7% EPOC: 5%
  • López-Gatell insistió en que el 7% de la mortalidad en México se asocia con el consumo de bebidas azucaradas.
  • Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, explicó que 10 CRITs se reconvirtieron para brindar atención a pacientes Covid-19 poniendo a disposición 396 camas.
  • Señaló que adicional se ha brindado atención psicológica a 2,266 pacientes que superaron el Covid-19.
  • El titular de la Comisión Nacional de Protección Civil informó que debido al paso de ‘Hanna’, en Monterrey llovieron cerca de 533 L/m2 en 24 horas.
  • El presidente informó que volvió a enviar la iniciativa al Congreso para quitar el fuero al presidente de la República, y aseguró que cuando comience el Periodo Ordinario, que se prevé sea el 1 de septiembre, será una de las primeras iniciativas que se discutan.
  • Hugo López-Gatell explicó que el cubrebocas es un elemento auxiliar, junto con la Sana Distancia, el lavado de manos y la protección del estornudo, para combatir la propagación del Covid-19.
  • Específicamente sobre el uso del cubrebocas se recomienda su uso en espacios cerrados.
  • Sobre la audiencia de Emilio Lozoya, AMLO dijo que «es un caso importantísimo» que ayudará a desterrar la corrupción.
  • El mandatario hizo un llamado a la sociedad a que se informe sobre «las mordidas que se entregaban para recibir contratos», esto en seguimiento a la audiencia de Emilio Lozoya.
  • El presidente ventiló que «ya hay un ofrecimiento de que por el sobreprecio» que Pemex pagó en la compra de la planta de fertilizantes de Agro Nitrogenados se devuelvan 200 mdd.
  • El subsecretario de Salud informó que los Centros Nueva Vida no fueron construidos con el dinero incautado al empresario Zen Lee Ye Gon por la administración del expresidente Calderón, sino que fueron «remodelados».

El delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en el estado de Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, negó los señalamientos que se hacen a su evolución patrimonial.

En una conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, el superdelegado aseguró que Reforma le atribuyó de forma errónea la acumulación de propiedades, siendo la principal «una finca» en Acapulco.

El funcionario indicó que la propiedad a la que hace referencia el diario sí está incluida en su declaración patrimonial, tanto en la inicial como en las subsecuentes modificaciones.

Mi «patrimonio no ‘crece’, es el mismo que he declarado apegado a la ley antes de ser Delegado o Diputado y en este caso, que heredé y ha evolucionado de manera totalmente explicable. Ese inmueble es el fruto de décadas de trabajo de mi padre y de mi padre», indicó Amílcar Sandoval Ballesteros.

 

Y es que esta mañana, el diario Reforma publicó una investigación en la que indica que el colaborador del gobierno federal no incluyó la propiedad en su declaración patrimonial.

«En sus dos declaraciones como funcionario federal en enero y mayo de 2019, Amílcar Sandoval omitió declarar esa propiedad», publicó el diario en referencia a la finca de Acapulco.

Adicional, reportó que el funcionario comenzó a acumular propiedades en los últimos 15 años, lo que contrasta con el hecho de que el hermano de la titular de la SFP no ha desempeñado grandes cargos en la administración pública, «por tanto no reporta ingresos para ello (la compra de propiedades).

Al negar lo expuesto por el diario, Amílcar afirmó que Reforma «maneja la información» faltando a la verdad con la intención de afectar su imagen.

El retomar lo señalado por el diario, donde lo señala como candidato a la gubernatura de Guerrero, atribuyó a ello los «ataques e intentos de desprestigio» en su contra.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien ya se encuentra en México, será un «testigo colaborador» de la Fiscalía para destapar a implicados en casos de corrupción.

«Tengo información, porque lo ha manifestado la Fiscalía, de que hay un compromiso o un acuerdo para que el señor Lozoya informe de lo que sucedió. Es una especie de testigo protegido, aquí se le llama testigo colaborador», expresó en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario confió que gracias a lo que de a conocer Lozoya, «se sabrá quienes están implicados y hasta dónde llegan» los casos de corrupción en la Administración de Enrique Peña Nieto.

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y participar en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de una planta de fertilizantes.

Según ha trascendido, Lozoya, que fue capturado en España el pasado 12 de febrero, aceptó ser extraditado a México con grabaciones que implicarían a varios políticos en tramas de sobornos.

«Acerca de esta extradición es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país, para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos», añadió López Obrador.

El presidente defendió que hay que «estigmatizar» la corrupción con este tipo de investigaciones, pero recordó que no es partidario de juzgar a sus predecesores.  «Creo que no debemos anclarnos en el pasado, debemos pensar hacia adelante e iniciar una etapa nueva, como ya está sucediendo, sin permitir la corrupción», expresó.

Recordemos que el mandatario ha dicho en varias ocasiones que para juzgar a los expresidentes, los ciudadanos tendrían que decidirlo en una consulta popular, en la que López Obrador votaría en contra.

AMLO indicó que este mediodía iniciarán las diligencias en el caso de Lozoya Austin; además, adelantó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) participará en el inicio del proceso.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado, afirmó que el Estado de Bienestar que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene mayor alcance que una renta básica universal que propone la oposición.

Indicó que la propuesta de la 4T se basa en el reconocimiento y acceso a los derechos sociales, por lo que su alcance que tiene no es «como un cheque para todos, sino como un derecho social, donde los grupos más vulnerables, finalmente, tendrían un apoyo a partir de su necesidad”.

Delgado Carrillo recordó que antes de la llegada de la pandemia a México, el Congreso de la Unión realizó una reforma de gran alcance para garantizar en la Constitución, derechos universales como la pensión a adultos mayores, becas para los jóvenes, niños y personas con discapacidad, así como el establecimiento de un sistema de salud de calidad y con medicamentos gratuitos.

Todo esto generó que, de 32 millones de hogares en México, 18 ya reciban un programa social y, ahora por la pandemia, se incrementaron los apoyos para llegar a 24 millones de familias.

“La clave está en identificar, y aquí en México es muy confuso, en el debate político, si de renta básica estamos hablando como un plan emergente para enfrentar el Covid, o estamos ya hablando de un concepto permanente (…), aquí la pregunta es: ¿cómo seremos más eficaces para combatir la desigualdad y la pobreza?”, cuestionó el legislador.

El morenista señaló que quienes acusaban al presidente López Obrador de que podría ser un presidente populista y que iba a gastar de más, ahora le están pidiendo que gaste y se endeude.

“Quienes estuvieron impulsando un Estado mínimo, porque asumían que el Estado siempre era corrupto y que no generaba valor, ahora quieren que salga a rescatar a todos. Quienes votaron hace pocos meses contra los derechos sociales en la Constitución, ahora quieren el ingreso vital. Entonces estamos viviendo una especie de paradoja en México”.

México propuso a Jesús Seade, quien acompañó la renegociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá(T-MEC), y posteriormente se encargó de los últimos cambios, como candidato a dirigir la Organización Mundial del Comercio (OMC).

«El 8 de junio de 2020, el México presentó la candidatura del Sr. Jesús Seade para el puesto de Director General de la OMC, en sucesión del actual Director General, el Sr. Roberto Azevêdo, que ha anunciado que dejará el cargo el 31 de agosto de 2020», dio a conocer la organización.

A su vez, el canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó la postulación de Seade en reconocimiento a su trayectoria en favor del comercio internacional y su destacada labor en las negociaciones del T-MEC que entra en vigor el 1 de julio de este año.

La posición en la OMC quedará vacante a finales de agosto después de que su titular Roberto Azevedo, de Brasil, dijo que dejaría al cargo.

La salida anticipada de Roberto Azevedo pone a la entidad en una situación delicada, ya que los países tendrán sólo tres meses para elegir a su sucesor, cuando dicho proceso normalmente es de nueve meses; además, el cambio se enmarcará en la pandemia por Covid-19 que enfrenta el mundo.

Quienes estén interesados en presidir la OMC, podrán presentar sus solicitudes a partir de hoy, y hasta el 8 de julio próximo. Posteriormente, serán invitados a reunirse con los 164 miembros de la OMC.

Si en los tres meses que ahora durará el proceso no se logra definir a un sucesor, uno de los subdirectores del organismo asumirá como director general interino.

El procedimiento para designar al jefe de la OMC no es precisamente una elección, sino un mecanismo de consenso que funciona por eliminación. La votación sólo es posible como último recurso, de no haber acuerdo.

El proceso de selección es supervisado por una «troika», integrada por el presidente del Consejo General (órgano supremo de decisión, que reúne a los miembros de la OMC), el presidente del órgano de solución de diferencias y el presidente del órgano de examen de políticas comerciales.

El presidente del Consejo General, en este caso el embajador de Nueva Zelanda, David Walker, será el encargado de recibir a los representantes de los Estados para consultarles sobre sus preferencias e intentar determinar cuál candidato tiene más probabilidades de alcanzar un consenso.

No hay un principio de rotación geográfica, pero el reglamento prevé que si en la selección final los países tienen que elegir entre candidatos con méritos similares, deberán tener en cuenta «la conveniencia de reflejar la diversidad de los miembros de la OMC en las nominaciones sucesivas al cargo de director general».

Tras cada etapa de consultas, la «troika» elimina sucesivamente a los candidatos con menos adhesiones. Al finalizar la fase del proceso de consultas, ésta presenta a los embajadores al candidato con mayores posibilidades de lograr un consenso y recomienda su nominación.

La selección, en 2013, de Roberto Azevedo, quien sucedió al francés Pascal Lamy, se realizó en tres etapas de eliminaciones sucesivas. En 1999, los países miembros no lograron un acuerdo y el mandato fue dividido en dos ejercicios, de tres años cada uno, para los dos candidatos preferidos.