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Varsovia, Polonia.– Rusia está jugando con Estados Unidos para ganar tiempo. Y en ese juego ha logrado que en Washington crean que Moscú quiere la paz… siempre y cuando haya negocio de por medio. “Están siendo muy ingenuos al confiar en ellos”, me dijo Witold Rodkiewicz, Senior Fellow del Centro de Estudios del Este, cuando le pregunté por el reportaje del Wall Street Journal que detalla las gestiones de Steve Witkoff —enviado y amigo personal de Trump— para explorar acuerdos económicos con Rusia a costa de Ucrania.

Tras mis días en Ucrania entendí algo que allá es casi un mantra: nadie quiere firmar un documento que huela a rendición, es decir, a ceder territorio o soberanía. Pero desde Polonia el diagnóstico es más crudo. Rusia no quiere la paz.

“Rusia quiere un acuerdo como si Ucrania ya hubiera perdido la guerra”, me dijo Radosław Sikorski, ministro de Exteriores polaco, minutos antes de volar a Bruselas para la cumbre extraordinaria de la OTAN. Sobre el papel de Washington hoy, fue igual de directo: “No estamos acostumbrados a este tipo de diplomacia encabezada por intereses semiprivados”.

Los europeos llevan años leyendo a Putin. Y su discurso reciente en Bishkek lo confirma: negó cualquier plan de paz formal con EUA y condicionó un alto al fuego a que Ucrania retire tropas de los territorios que Rusia reclama. En paralelo, insiste en que el gobierno ucraniano es ilegítimo, argumento que Moscú utiliza para forzar concesiones imposibles.

Y nadie aquí cree que Putin se detendría ahí. Un acuerdo impuesto a Kyiv abriría la puerta a nuevas invasiones: Moldavia sería la siguiente pieza del tablero, y después podrían venir Polonia o los países bálticos. La lógica imperial rusa es conocida y temida en esta región.

Por eso debería ser obvio que la presión en las negociaciones debe recaer en el agresor, no en la víctima. Pero Trump insiste en presionar a Kyiv. El excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov lo resumió esta semana: si Europa cree que hoy es caro ayudar a Ucrania, dejarla caer será infinitamente más costoso cuando haya que defender Varsovia, Chisinau o Tallin.

¿Qué debe hacer Europa ante un Estados Unidos alineado con los deseos de Putin, una Ucrania agotada y una Rusia que cree que el tiempo juega a su favor?

Lo primero es liberar los 170 mil millones de euros en activos rusos congelados en la UE. Ese dinero permitiría financiar al menos dos años adicionales de defensa ucraniana. Para Moscú sería un golpe duro: el gasto militar ruso equivale ya a alrededor del 8% del PIB, su nivel más alto desde la URSS, según datos del Ministerio de Finanzas ruso y estimaciones del SIPRI, el Stockholm International Peace Research Institute. Mantener una economía de guerra cuesta. Los salarios de los soldados contratados rondan hoy los 4,500 dólares mensuales, cuando el sueldo promedio en Rusia apenas supera los mil dólares. A eso se suman las compensaciones millonarias a las familias de los caídos. Un modelo así recluta carne de cañón, pero estrangula al Estado.

Aun así, el tema divide a Europa. Bélgica, que administra buena parte de esos activos vía Euroclear, teme demandas futuras y exige que la UE comparta el riesgo legal. Hay voluntad de hacerlo, pero no bajo el mecanismo amplio que propone Bruselas. Y mientras tanto, desde Washington se presiona para algo radicalmente distinto: devolver parte de los fondos a Rusia y destinarlos a proyectos de “reconstrucción” en territorios que Moscú espera anexarse con utilidades para EUA.

Negocios disfrazados de diplomacia. Diplomacia disfrazada de paz. Y en medio, un país al que pretenden orillar a aceptar una rendición tras casi cuatro años de ser el muro de contención de Putin.

Europa lo entiende. Ahora falta que actúe.

Columna publicada en El Universal

Kiev, Ucrania. –  Vine a Ucrania como parte de un grupo de siete periodistas invitados por gobiernos de Europa del Este para entender cómo opera la guerra cognitiva rusa. Llegamos a un país que vive bajo una constante agresión militar, pero también bajo una ofensiva permanente de desinformación. Y justo al llegar, otra historia empezó a desarrollarse en paralelo: la filtración del plan de paz que Steve Witkoff, amigo y asesor de Trump, negoció en privado con Kirill Dmitriev, el enviado de Putin en EUA. De ahí surgió un borrador de 28 puntos que provocó un terremoto político.

La negociación ignoraba a dos actores esenciales: Ucrania, el país invadido, y Europa, el continente donde se lleva a cabo esta guerra. Marco Rubio tuvo que viajar a Ginebra para reunirse con Andriy Yermak, la mano derecha de Volodymyr Zelensky, y tratar de afinar un documento que aquí, en Kiev, se percibió más como rendición que como propuesta de paz.

Lo que siguió fue una carrera a contrarreloj porque Trump le puso de ultimátum a Zelensky aceptar el acuerdo antes de mañana, Día de Acción de Gracias en EUA. Mientras se criticaba el plan original por premiar al agresor al pretender que Ucrania cediera territorios y pasando por alto crímenes de guerra, secuestro y rusificación de niños y detenciones ilegales, surgió un nuevo esfuerzo europeo. Bruselas, junto con Kiev, elaboraron un plan alternativo que busca corregir los excesos del borrador inicial y evitar que la paz se negocie como si fuera una transacción inmobiliaria entre Washington y Moscú.

El último borrador deja fuera las concesiones más favorables al Kremlin y pospone los asuntos sensibles —territorio y garantías de seguridad— para una decisión directa entre Trump y Zelensky. Kiev, sin embargo, parece que ya aceptó un punto delicado: limitar el tamaño de su ejército a 800 mil elementos, algo que en un principio me habían dicho en el Ministerio de Asuntos Exteriores que por ningún motivo aceptarían. Lo definieron como una línea roja.

Los ucranianos están actualmente empujando una reunión a puerta cerrada en Mar-a-Lago, sin prensa, convencidos de que Florida sería más productivo que La Casa Blanca, en donde ya sabemos lo mal que le fue a Zelensky.

Entre conferencias, refugios antiaéreos y noches interrumpidas por alarmas, Ucrania sigue negociando su supervivencia. Esta guerra, me repiten una y otra vez, es existencial. Si Rusia deja de pelear, la guerra termina. Si Ucrania deja de pelear, Ucrania desaparece.

En estos días me ha tocado pasar noches sin dormir para correr a refugios cada vez que suena la alerta de ataques aéreos. Me ha impresionado como los ucranianos siguen levantándose después de cada noche de bombardeos para ir a trabajar, llevar a los hijos a la escuela y reconstruir lo que la guerra les arrebata.

La paz está sobre la mesa. Pero a pesar del cansancio de casi cuatro años de invasión, los ucranianos no la quieren a cualquier precio.

Apostilla 1: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y el caso de Ucrania es el ejemplo más reciente. Si el primer borrador de “Plan de Paz” hubiera avanzado, habría implicado ceder territorio al agresor, ignorar crímenes de guerra y aceptar el secuestro y la rusificación masiva de niños ucranianos como si fuera un daño colateral negociable. Pero Trump habría logrado acceder a las utilidades de los fondos rusos confiscados que están en Bruselas. Y para él, ese negocio bien vale la pena…aun si implica premiar a Putin.

Apostilla 2: Con todo este ir y venir diplomático sigo pensando que Putin no quiere la paz. No va a frenar hasta no aniquilar a Ucrania. Así sigan muriendo miles.

Columna publicada en El Universal

Era evidente que la presidenta saldría a desmentir a la DEA. Desde el caso Cienfuegos en 2020, México cerró la puerta a operaciones de agencias extranjeras con una reforma que limitó la actuación de agentes foráneos y les retiró inmunidades. AMLO calificó la detención del exsecretario de la Defensa como una intromisión inaceptable en los asuntos de México. Ese choque dejó cicatrices en la cooperación.

El 18 de agosto, la DEA difundió un comunicado sobre el llamado “Proyecto Portero”. Lo describió como una iniciativa bilateral para golpear a los operadores de los cárteles —los porteros de las rutas— y frenar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, con un componente de entrenamiento e intercambio de inteligencia en la frontera suroeste. El lenguaje sugería un nuevo nivel de coordinación con México.

La respuesta de Claudia Sheinbaum fue tajante: no existe acuerdo alguno con la DEA. Explicó que lo único que ocurrió fue un taller en Texas al que asistieron cuatro policías mexicanos y subrayó que cualquier entendimiento se negocia con el Departamento de Estado, no con una agencia. La presidenta aclaró que toda cooperación respetará la soberanía y que cada país operará en su propio territorio. No solo desinfló la narrativa del operativo conjunto, también marcó los límites institucionales.

Vale recordar que, a diferencia de su antecesor, el gabinete de seguridad de Sheinbaum, encabezado por Omar García Harfuch, ha buscado recomponer canales con Washington. Hemos visto extradiciones de alto perfil —incluida la de Rafael Caro Quintero en febrero— y reuniones constantes para coordinar acciones contra el fentanilo. Nada de eso elimina las fricciones históricas, pero sí perfilaba una etapa menos ríspida.

Y es que una cosa es darle un giro a la estrategia de seguridad de AMLO de “abrazos, no balazos” y otra es salir a admitir que hay nuevos abrazos, pero que estos son ahora con la DEA.

Por eso sorprendió el autogol de la DEA. Si “Portero” pretendía cubrir entrenamientos y flujos de información, venderlo como operación binacional fue innecesario y tóxico. En un país celoso de su soberanía y con Fuerzas Armadas empoderadas, las palabras importan tanto como los hechos: llamar operativo a un taller es encender alarmas de forma innecesaria.

Sheinbaum defendió su cancha y la DEA confundió el silbatazo de inicio con el gol. El riesgo es que los criminales aprovechen la distracción para seguir anotando. La tarea ahora es simple —aunque no sencilla—: menos ruido, más resultados; menos comunicados rimbombantes, más casos armados. Porque si la cooperación tropieza en la forma, pierde en el fondo.

Sheinbaum busca un punto medio entre lo que hizo AMLO y su gobierno. Quiere reabrir válvulas útiles sin ceder control. Por eso insiste en un acuerdo con La Casa Blanca que fije principios —soberanía, respeto territorial y coordinación sin subordinación— y ordene los canales. En ese marco, “Portero” solo tendría sentido como intercambio de información y capacitación; la ejecución, cada quien en su cancha.

En la relación México–Estados Unidos las palabras son política pública. Exagerar un taller como operación conjunta desata desacuerdos. La ruta, que debería de entender bien la DEA, es discreción operativa, métricas compartidas y mensajes sobrios que no regalen el balón a los cárteles.

Columna publicada en El Universal

La buena noticia en el arreglo que anunciaron los empresarios y la Comisión Federal de Electricidad en el diferendo sobre los contratos de cinco de los siete gasoductos en conflicto es que se logró un acuerdo ganar-ganar.

Ganaron todos porque se evitó ir a un arbitraje internacional que sería costoso no solamente en términos monetarios, también de imagen para México como un país en el que los acuerdos no siempre se respetan, depende de quien esté en el gobierno.

Ganaron gobierno y empresas porque lograron mejorar a la baja las tarifas que le pagará la CFE a las empresas que construyeron los gasoductos, pero se extendió el periodo de los contratos. Así no se altera el valor del proyecto. En lugar de pagar una tarifa menor al principio y que fuera creciendo con el paso de los años para tomar en cuenta variables como la inflación, se acordó una tarifa constante, pero de mayor duración. Los contratos pasaron de ser de 20-25 años a 30-35 años.

Sigue pendiente saber qué va a ocurrir con los dos gasoductos de la empresa Fermaca (Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara y La Laguna-Aguascalientes). Fermaca se encuentra en un escenario distinto al que tienen los otros cinco gasoductos en cuestión y que construyeron IEnova, TC Energy y Carso. En el caso de éstas últimas empresas el capital para el gasoducto provino en parte de las propias empresas. Los dos gasoductos de Fermaca se hicieron con capital prestado y cualquier cambio a los contratos se debe hacer tomando en cuenta la postura de los bancos, es decir, el proceso de renegociación es más tardado.

La otra buena noticia es que los gasoductos se los quedan los privados. El presidente Andrés Manuel López Obrador estaba convencido de que el hecho de que los privados se quedaran con el gasoducto al concluir el periodo del contrato era un robo a México. Ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, pudo explicarle al presidente López Obrador que lo que él pretendía era como pensar que si una persona renta un departamento por diez años, al final de la década el departamento pasa a ser de quien rentó el inmueble. Obvio no. El presidente entendió.

Fue justo la participación del presidente AMLO la que logró destrabar las negociaciones. Que pasaran de una discusión ideológica a una discusión en términos comerciales. Esto es una gran noticia que demuestra que si bien el presidente puede ser terco, como él mismo lo dice en varias mañaneras, a veces también puede escuchar y cambiar de opinión.

La mala noticia es que el titular de la CFE sigue siendo Manuel Bartlett. Él claramente no cree en los acuerdos público-privados en el sector energético. Añora los años en que México era

autosuficiente en producción de energía y no requería de particulares para proveer a la paraestatal. En esta nostalgia no toma en cuenta que, de entrada, la demanda por electricidad ha crecido exponencialmente en el mundo y México no es la excepción. Solamente tomando el consumo privado como ejemplo, no es lo mismo tener que conectar el despertador y unas cuántas lámparas, como hacíamos en los 80s, a todos los aparatos eléctricos que requieren conexión eléctrica ahora, desde el teléfono, las tabletas, computadoras y un largo etcétera.

Además, Bartlett, quien estudió en los años 60 Derecho Público en la Escuela de Derecho de la Universidad de París, creció con la idea de que el modelo energético francés de la otrora empresa cien por ciento estatal, Électricité de France (EDF), es el correcto.