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La gran pregunta en este arranque del segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum es si manda ella o manda él.

Aunque ha intentado marcar distancia de su antecesor con un giro de 180 grados en la estrategia de seguridad en la que el Ejército y la Marina han recuperado protagonismo operativo, la sombra de Andrés Manuel López Obrador sigue presente. El dilema de fondo no es solo político, sino simbólico: ¿cuándo se convierte una heredera en mandataria plena?

En su discurso del domingo pasado en el Zócalo, la presidenta pareció responder a esa pregunta con una reverencia. Se desvivió en elogios hacia quien llamó “un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo”. Dijo que el camino actual del país, enfocado en la justicia social y la garantía de derechos, “es también la herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Luego añadió: “Fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México”. En otras palabras: los escándalos de corrupción y ostentación que siguen golpeado a figuras cercanísimas al expresidente, serían ajenos a él.

La presidenta reconoció que ha habido intentos por separarla de AMLO y “acabar con el movimiento de transformación”, pero aseguró que eso no ocurrirá porque ambos comparten valores como la honestidad, la justicia y el amor al pueblo. Reafirmó así su adhesión al proyecto del llamado Humanismo Mexicano, que el propio López Obrador definió como “la doctrina moral de la Cuarta Transformación”.

El problema es que esa lealtad inquebrantable alimenta la duda. En un país donde se suele decir que nunca se han sentado dos en la silla presidencial, el reto de Sheinbaum es histórico: lograr gobernar sin romper con quien aún mueve las riendas del partido-movimiento que la llevó al poder.

Y lo hace desde una posición privilegiada. Con niveles de aprobación superiores al 65 por ciento, Sheinbaum es hoy más popular que Morena. Por eso el partido busca capitalizar su figura en las elecciones intermedias. Bajo el argumento de la austeridad, los diputados morenistas impulsan una reforma electoral que unificaría las elecciones legislativas, las de 17 gubernaturas y la del Poder Judicial con la revocación de mandato presidencial.

La Constitución establece que la revocación de mandato debe realizarse en octubre de 2027, pero si se adelanta a junio, Sheinbaum aparecería en la boleta justo cuando Morena enfrenta desgaste por los múltiples casos de corrupción y su creciente colusión con el crimen organizado, que incluso ha sido portada del New York Times.

En Palacio Nacional saben que la presidenta es su mejor activo político. Pero su mayor fortaleza —la popularidad— puede ser también su límite si sigue subordinada a la narrativa de su mentor.

Así, mientras Sheinbaum intenta consolidarse como la mandataria de la estabilidad y la continuidad, su segundo año arranca con la misma pregunta que marcó el primero: ¿manda ella o manda él?

Apostilla: El Foro Económico Mundial, encabezado por Børge Brende, celebró ayer un encuentro en la Ciudad de México y hoy sostendrá una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá que este acercamiento motive a la mandataria a asistir al Foro de Davos en enero de 2026. Sería una oportunidad para posicionar a México en la agenda global y, de paso, para encontrarse —fuera del territorio estadounidense— con Donald Trump, el hombre que de nuevo puede redefinir la relación bilateral.

Columna publicada en El Universal

Está por cumplir un año en la presidencia Claudia Sheinbaum y si algo ha quedado claro en estos primeros meses es que su gobierno no ha podido gobernar en clave de continuidad, sino de corrección. Ha tenido que enmendar algunos de los errores más costosos de su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador.

Tan solo en estos días se ha visto obligada a actuar en contra de una enorme red de corrupción que nació y creció durante el sexenio pasado: el del contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.

Y es que aquí no hay manera de voltear para culpar a los villanos favoritos del pasado. La presidenta ya no puede señalar a Calderón; a los neoliberales; a los medios de comunicación… de ser los artífices del huachicol fiscal. Este es un delito incubado y tolerado bajo la administración de López Obrador.

Los señalados como cabezas de este contrabando son Rodolfo y Fernando Farías Laguna. El primero ya está detenido en el Altiplano, el segundo continúa prófugo de la justicia. Ambos son sobrinos del Secretario de la Marina en el sexenio de López Obrador, Rafael Ojeda, quien recibió el control de las aduanas —que antes llevaba la SCT— en 2020, cuando el entonces presidente aseguró que la Marina era incorruptible.

Las denuncias de que los sobrinos del titular de Semar andaban por malos pasos comenzaron desde 2023. El 21 de octubre de 2024 fue asesinada Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar de la FGR en Colima, tras haber denunciado la corrupción de los hermanos Farías. Un mes después fue asesinado el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, quien había enviado una carta al propio Secretario de la Marina con acusaciones similares.

Así que aquello de que los uniformados son menos corruptos que los civiles comenzó a resquebrajarse bien rápido. Hoy el nuevo titular de la SEMAR, el Almirante Raymundo Morales, junto con la presidenta y el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han decidido actuar en contra de este delito que tiene proporciones enormes.

Pemex, que se supone es la empresa consentida del Estado, enfrenta una competencia brutal de este huachicol. Algunas estimaciones de gremios gasolineros ubican el contrabando en 23–30 por ciento del mercado. Es descomunal. AMLO lo dejó pasar. Sheinbaum ha tenido que corregir el pasado.

Pero no solo en materia de corrupción enfrenta este reto. También en economía ha tenido que poner la casa en orden. Esta semana presentó el Paquete Económico del 2026, en el que la primera corrección fue al déficit insostenible heredado de AMLO. El elevado déficit público del año pasado, el más alto en 40 años, dejó al actual gobierno un entorno complicado y con escaso margen de maniobra.

Si bien el Paquete fue bien recibido, el panorama no es sencillo. El entorno internacional y la debilidad estructural del país implican un margen reducido si los ingresos resultan menores a los previstos. Y hay señales que apuntan en esa dirección.

Primero, la expectativa de crecimiento que presenta Hacienda es mucho más optimista que la del consenso. Para 2025, el gobierno prevé 1.1% frente al 0.5% de los analistas. Para 2026, proyecta 2.3% frente al 1.4% del consenso. Segundo, los ingresos petroleros: el Paquete estima un aumento de más del 20% en la producción, un supuesto que raya en el voluntarismo.

La buena noticia es que la presidenta está demostrando que quiere corregir el pasado, en especial en materia de corrupción —donde todavía hay un largo camino por recorrer— y en economía, donde más vale poner los pies sobre la tierra. Corregir los errores heredados no garantiza el éxito de su administración, pero ignorarlos la condenaría al fracaso. Entre la inercia del pasado y las decisiones del presente se juega el verdadero reto de Claudia Sheinbaum.

Columna publicada en El Universal

Claudia Sheinbaum llegó a Palacio Nacional acompañada de un equipo que no escogió: la guardia pretoriana que Andrés Manuel López Obrador dejó estratégicamente acomodada antes de mudarse a Palenque. Ahí están las ex corcholatas —Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López en el Senado, Ricardo Monreal en San Lázaro— y, como cereza en el pastel, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, flamante secretario de Organización de Morena. Con semejante corte, el poder que Sheinbaum recibió llegó en versión compartida, empaquetado con candados y vigilantes que le recuerdan quién es el verdadero patriarca.

Desde la campaña se repite que, tarde o temprano, la presidenta tendrá que dar un “manotazo” para adueñarse de la silla. Ernesto Zedillo se estrenó encerrando a Raúl Salinas para emanciparse de Carlos Salinas; el propio Salinas hizo lo mismo con Joaquín “La Quina” Hernández Galicia. La duda es si veremos un golpe similar o si Sheinbaum apostará por la erosión pasiva: quedarse quieta y permitir que las piezas heredadas se autodestruyan.

Andy López Beltrán ofrece la primera evidencia. Su deficiente operación en las elecciones de junio significó derrotas en Durango y Veracruz. Dolido, subió un video exigiendo que lo llamen Andrés Manuel —como si el nombre garantizara oficio— y, para colmo, se ausentó de la sesión extraordinaria de Morena el pasado fin de semana porque, dicen, estaba de vacaciones. Vacaciones: esa palabra que no existe en el diccionario de su padre.

Ricardo Monreal tampoco asistió. Alegó asuntos familiares, pero las redes lo fotografiaron en el restaurante del Villa Magna en Madrid. Derecho tiene, faltaba más; sin embargo, su gusto por el lujo lo deja vulnerable frente a la austeridad franciscana que predica la 4T y contrasta con una presidenta que, pudiendo, prefiere pasar los fines de semana de gira acumulando kilómetros —y poder— en los estados.

Y llegamos a Adán Augusto. El senador quedó herido de muerte cuando su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue acusado y se dio a la fuga. Los Guacamaya Leaks describen a Bermúdez como líder de la célula “La Barredora”. Ayer, Omar García Harfush informó que se le busca por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. ¿Podemos creer que López Hernández ignorara las andanzas de su lugarteniente si él mismo exigía que Felipe Calderón conociera los vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, so pena de complicidad?

Para Washington, siempre dispuesto a ver la mano del narco detrás de los gobiernos de Morena, el escándalo es gasolina pura. Las raquíticas porras de “¡No estás solo!” que recibió Adán en la convención partidista envían un mensaje devastador: el partido hegemónico arropa a un político bajo sospecha, exactamente la narrativa del Secretario de Estado nortemaericano, Marco Rubio y del presidente Donald Trump.

La mesa, pues, está servida para que el manotazo ocurra casi sin que la presidenta mueva un dedo. Entre la indisciplina de los alfiles que heredó y la longitud de sus respectivas colas, Sheinbaum puede acomodarse cómodamente en la silla principal si sabe leer —y aprovechar— el momento.

Solo falta que quiera. Tendrá que decidir si desplaza con sutileza el poder que todavía se reparte desde Palenque o si se resigna a convertirse en una presidenta provisional, al estilo de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, quienes permitieron que Plutarco Elías Calles siguiera mandando mientras ellos firmaban los decretos.

Columna publicada en El Universal

En cualquier país que se precie de valorar la vida de sus ciudadanos Hugo López Gatell estaría cuando menos enfrentando demandas importantes por su gestión de la pandemia de COVID-19 como subsecretario de Salud en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Pero en México, un país en el que claramente la vida humana vale muy poco, López Gatell está empacando maletas para irse a Ginebra a representar a México ante la Organización Mundial de la Salud.

El “científico” que ignoró los lineamientos de la OMS para mitigar los efectos del virus, como usar cubrebocas y realizar pruebas para aislar a los contagiados, ahora se va a ese organismo a representar a México.

Según la OMS, México representó el 4.1 por ciento de las muertes en exceso en el mundo en 2020 y 2021, a pesar de tener solo el 1.6 por ciento de la población mundial. Esto significa que el exceso de mortalidad en México fue 2.6 veces mayor que su peso en la población global.

Además, de nuevo con datos de la OMS, México se ubicó en el cuarto lugar mundial en exceso de mortalidad entre países con más de cinco millones de habitantes, detrás de Perú, Bolivia y Ecuador.

Se estima que al menos el 37 al 39 por ciento de las más de 800 mil muertes en exceso que hubo no fueron atribuibles a condiciones preexistentes (como enfermedades crónicas, desarrollo económico, informalidad), lo que implica que alrededor de 300 mil muertes pudieron haberse evitado si México hubiera tenido un desempeño promedio en la gestión de la emergencia.

Por ello, Hugo López-Gatell pasó muy rápido de ser el Rock Star de la 4T a ser el Dr. Muerte.

¿Con qué cara se presentará López-Gatell en Ginebra ante estos datos? Y ¿qué pensarán los familiares de todos estos muertos de que ahora López-Gatell seguirá teniendo chamba en el gobierno y será nuestro representante en la OMS?

Algunos excusan la gestión de la pandemia que hizo López-Gatell diciendo que es un científico que hizo errores de político. El problema es que esos errores costaron cientos de miles de vidas. Y ahora premiarlo con un nuevo puesto político en el cual podría repetir errores, es demostrar que la vida de quienes murieron o quedaron con secuelas por COVID no valen nada.

En su perfil de X López-Gatell tiene una foto de él caminando con AMLO en Palacio Nacional. Ahí publicó un mensaje agradeciendo a Sheinbaum: “Es un gran honor haber sido designado… Esta distinción me compromete a seguir trabajando por la salud pública y el bienestar social… ¡Gracias por su confianza, querida presidenta!”.

Que López- Gatell agradezca la confianza de Sheinbaum, con quien tuvo una relación muy mala cuando ella gobernaba la CDMX, no deja de llamar la atención. En 2020 la entonces jefa de Gobierno se desmarcó de la estrategia federal: impuso pruebas masivas, defendió el uso obligatorio de cubrebocas y hasta tejió su propio sistema de datos mientras Gatell minimizaba la utilidad de estas medidas.

¿Por qué, entonces, este nombramiento? ¿Es de nueva cuenta Sheinbaum queriendo complacer a López Obrador al darle este nombramiento a pesar de que no es afín a López Gatell? O ¿es Sheinbaum abriendo una embajada de lujo para un actor incómodo en casa y evita así que se convierta en crítico desde la trinchera académica nacional?

Sea cual sea la respuesta, la señal para los mexicanos es inequívoca: en el servicio público puedes hacer mal tu trabajo y esto puede costar vidas, pero la lealtad a AMLO se precia y se premia por encima de todo.

Columna publicada en El Universal

Claudia Sheinbaum acusó recibo de los escándalos de los morenistas que dejan mal parado al partido que la llevó a la presidencia. Eso de que “no somos iguales” se ha venido desmoronando con cada arropamiento a Cuauhtémoc Blanco; con cada intento de Félix Salgado Macedonio de ser gobernador de Morelos; con los viajes en Business Class de Noroña; los vuelos en helicóptero de Ricardo Monreal; con los actos anticipados de campaña de Andrea Chávez; el descaro de Rubén Rocha de presumir credencial y de Andy López Beltrán de abrazarlo.

Por ello, el fin de semana pasado presentó la presidenta un documento con lineamientos ético-políticos para los militantes de Morena en el marco de su Consejo Nacional. En el documento de once cuartillas se establecen diez puntos claves que buscan definir el comportamiento y la ética de las y los militantes de Morena.

Una de las frases célebres del padre fundador de Morena, de AMLO, es “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Y precisamente para hacer patente que eso de cumplir con la ley a él no le venía bien es que tenemos elecciones para renovar a la mitad del Poder Judicial este próximo 1o de junio. El enojo de López Obrador ha llevado a Morena a avalar un golpe a uno de los tres poderes del Estado.  Pero aun así, en Morena sienten que son un partido distinto por haber publicado un documento que prohíbe lo que desde antes se supone que los funcionarios públicos no deberían de hacer.

Hay una máxima del Derecho que dice que a los ciudadanos les está permitido todo aquello que no esté prohibido por la ley y a los funcionarios públicos les está prohibido todo aquello que no les autorice una ley.

Pero aun así, con este documento Morena avaló el fin de semana pasado que no se pueden usar recursos públicos para beneficio personal, familiar, gremial o de grupo con fines distintos a sus actividades oficiales.

Rechaza el amiguismo, el compadrazgo, el influyentismo. Pregunta entonces: ¿Por qué está Rutilio Escandón de cónsul en Miami? ¿Qué credenciales tiene más allá de ser cuñado de Adán Augusto López?

Quiero imaginar la cara de los Monreal y Salgado Macedonio al leer el documento que “prohíbe” el nepotismo. O la de Andrea Chávez, Yazmine Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, cuando leen que Morena no permite los actos anticipados de campaña.

Sheinbaum acusó recibo de que todos estos actos desprestigian a Morena. La gran pregunta es si los aludidos en el documento acusarán recibo también o simplemente agacharán la cabeza unos momentos y regresarán a su modus operandi. Llama la atención que se crea que por publicar once cuartillas con lineamientos sobre qué conductas deben tener sus militantes, éstos las van a adoptar.

Del acuse o no de recibo que hagan los morenistas sabremos si este documento representa el golpe de mando de Sheinbaum o un acto desesperado que termina por mostrar que la presidenta sigue sin poder mandar dentro del partido que la llevó a la presidencia.

Columna publicada en El Universal

Luz de gas es la traducción que encontré para el fenómeno que en psicología se conoce como “gaslighting”. Se refiere a un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que dude de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta confundida.

Y lo traigo a colación porque parece una estrategia utilizada por Andrés Manuel López Obrador y por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, para apaciguar la preocupación de la población por la violencia que ocurre en Culiacán y en el sur del estado.

“Quiero informarles que se está atendiendo la situación en Sinaloa. La confrontación que existe no es tan abierta, ni frontal. Hay enfrentamientos, pero son pocos”, ha dicho el presidente. A ello ha agregado que son los medios amarillistas los que exageran lo que ocurre.

“Los puntos en donde se da la violencia están focalizados. No es cierto que tengamos permanentemente homicidios en Culiacán…estamos levantando al estado con acciones que nos llevan a tener una pacificación mucho mayor que en cualquier momento de la historia.” ha dicho el gobernador Rubén Rocha.

Pero el lunes salió el General Jesús Leana Ojeda, comandante de la tercera región militar, a decir que la paz en el Estado no depende del Ejército. En conferencia de prensa, con el gobernador Rocha Moya a su lado, al ser cuestionado sobre cuándo se tranquilizará la violencia, el general respondió: “queremos que sea lo más rápido posible pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que vivan con tranquilidad.”

Al día siguiente de estas declaraciones, durante su conferencia en Palacio Nacional, López Obrador repitió que en Sinaloa las cosas están bajo control y que los medios de comunicación están siendo sensacionalistas.

No puedo imaginar cómo recibirán estas palabras del presidente los culiacanenses que no pueden ni salir a hacer compras de lo básico sin miedo a quedar en medio de una balacera o de que les roben su automóvil o los levanten. ¿Qué pensarán los que no han podido abrir sus negocios cuando escuchan a AMLO decir que las cosas no están tan graves? Tampoco imagino qué dirán los reporteros que se juegan la vida para poder cubrir esta violencia descontrolada cuando López Obrador, desde la comodidad de Palacio Nacional, dice que la situación no está tan mal.

¿Sirve para población y reporteros este ejercicio de manipulación conocido como gaslighting? ¿Se preguntarán si están alucinando al ver autos incendiados en las calles o cuando están varados en la Mazatlán-Durango por horas por un narco bloqueo? ¿Qué pensarán los padres de alumnos que están teniendo que tomar clases en línea cuando escuchan al presidente decir que todo está bajo control?

Y luego la duda de ¿por qué si todo está bajo control, finalmente ayer reconoció el General Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, un operativo para contener la disputa entre criminales que ha generado la captura de El Mayo Zambada?

Todo esto ocurre, irónicamente, en la semana en que se va a aprobar la militarización de la seguridad pública, como ha querido el presidente, con la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Para qué si la calma o la violencia recae en la voluntad del crimen organizado de estar en paz o en pleito?

Son dudas que surgen ante un gobierno que ha optado por manipular a la población para, mediante el “gaslighting”, hacerla dudar de lo que viven en carne propia y ven que ocurre con sus propios ojos.

Columna publicada en El Universal

Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta citar a clásicos como Cantinflas en sus conferencias mañaneras. Yo citaré a otro clásico, a Juan Gabriel, para preguntar: Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?

Habiendo logrado que los tribunales les dieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y tan solo a un Senador de obtener lo mismo en la cámara alta después de los dos chapulines del PRD que se fueron a la bancada de Morena, ¿cómo explica el oficialismo el arranque de sesiones de la 66 legislatura en una sede alterna? ¿Qué necesidad de hacer las modificaciones constitucionales que quieren de esta manera?

La forma como arrancan los legisladores no concuerda con el discurso oficialista de que lo que están haciendo es en favor del pueblo que está con ellos en las modificaciones al Poder Judicial. Si el pueblo está con ellos ¿por qué debieron mudarse a una sede alterna, a la unidad deportiva Magdalena Mixhuca, a sesionar?

Este arranque más que atropellado es un mal augurio de lo que veremos en un entorno político en el que ha quedado claro que, además de no saber perder en Morena, tampoco saben ganar.

No saben perder, como quedó claro en las elecciones presidenciales del 2006 en las que AMLO se puso la banda de presidente legítimo. Ahora no han sabido reconocer que perdieron la alcaldía Cuauhtémoc en la CDMX y han recurrido a la figura de la violencia política de género para intentar arrebatar a Alessandra Rojo de la Vega uno de los pocos triunfos de la oposición en las elecciones de junio pasado.

Pero tampoco saben ganar, como quedó claro con el discurso cuasi mitin de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en el que habló como una militante partidista y no como una funcionaria de un gobierno que debe representar a todos los mexicanos en la entrega del Sexto Informe de Gobierno a la Cámara de Diputados el domingo pasado.

No saben ganar cuando el discurso del oficialismo busca someter a todo un país a los designios e ímpetus de Andrés Manuel López Obrador. La prisa por sesionar y aprobar desde esta primera semana la reforma al Poder Judicial es para que de ahí pase al Senado y después sea aprobado por al menos 17 legislaturas locales para que al escritorio de AMLO  llegue la reforma a tiempo para que él la pueda firmar y publicar en el Diario Oficial de la Federación antes del 30 de septiembre.

La prisa no es por aprobar una reforma que quiere el pueblo, como justifican los diputados sesionando en un deportivo en lugar de en el recinto legislativo. El pueblo es una figura que al ser todos, resulta no ser nadie a la vez. La prisa no es por empujar una iniciativa que hará de México un mejor país; un país de leyes; un país de Estado de Derecho. No. La prisa es simplemente para complacer a una persona, a Andrés Manuel López Obrador.

Vaya forma de estrenar el oficialismo la aplanadora legislativa, en una sede alterna, en un deportivo en la Magdalena Michuca.

Apostilla: No importan las cuentas, importan los cuentos. Eso quedó claro en el sexto informe de Andrés Manuel López Obrador.

Columna publicada en El Universal

Si partimos de la base de que la diplomacia es para avanzar en los objetivos de un país, la pausa que ha declarado el presidente López Obrador en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, en su enojo por el pronunciamiento que hicieran sus embajadores sobre la reforma al Poder Judicial, no tiene pies ni cabeza.

Pero ¿qué tiene pies y cabeza en este cierre de sexenio?

Si Xóchitl Gálvez hubiese ganado el 2 de junio, algo entendería sobre las acciones de un presidente que parece dispuesto a hacer estallar la República para que su sucesora tenga un arranque de sexenio extremadamente complicado. Pero habiendo ganado a quién él mismo le entregó el bastón de mando ¿por qué está López Obrador dispuesto a descomponer el sexenio de Claudia Sheinbaum antes de que ni siquiera arranque?

Se entiende el enojo de López Obrador con las instituciones que no se le han arrodillado: los órganos autónomos y el Poder Judicial. Un líder que busca lo mejor para su país y dejar un mejor legado no actúa con el hígado, actúa con la cabeza. Pero volvemos a lo principal, estamos ante un momento en el que no hay ni pies ni cabeza.

Sabemos que el crecimiento económico de México está íntimamente ligado a la relación comercial que tenemos con Estados Unidos y en menor medida con Canadá por el TMEC. Pretender, en aras de la soberanía, que esto no es cierto es una acción suicida.

Tomo cuatro datos de México Cómo Vamos, para dejar en claro por qué queremos seguir en el TMEC: Primero, por las exportaciones. El 84% de las exportaciones de bienes mexicanos no petroleros tienen como destino Estados Unidos. Segundo, la Inversión Extranjera Directa (IED). El 44% de la IED en México proviene de EUA y el 8% de Canadá. Tercero, por el empleo. Casi un cuarto de la población ocupada en México (14.6 millones de personas) está vinculada a sectores asociados a la integración comercial, como la manufactura, el comercio al por mayor y el transporte y almacenamiento. Y cuarto, las múltiples veces bendecidas por el presidente, las remesas. El 96% de las remesas que reciben los hogares en México provienen de Estados Unidos.

Estos datos dejan clarísimo que no nos conviene poner en riesgo el Tratado México Estados Unidos y Canadá. El TMEC que firmó México ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, compromete al país a contar con un Poder Judicial autónomo e independiente. Las declaraciones del Embajador Ken Salazar simplemente dijeron lo obvio: que EUA apoya una reforma que fortalezca el Poder Judicial pero que la elección de jueces no haría nada por combatir la corrupción ni por fortalecer la rama jurídica del gobierno de México.

La opinión del Embajador Salazar es simplemente para defender los intereses del acuerdo entre ambos países y para señalar las preocupaciones de empresas y empresarios estadounidenses que tienen presencia en México. Lo que hizo fue su trabajo.

AMLO, a diferencia de Salazar, ha opinado sobre temas de EUA en los que México no tienen ni vela en el entierro. El caso Julian Assange ¿cómo le concernía a México? Pero, en tiempos en los que no hay ni pies ni cabeza, el presidente no solamente quiere dinamitar la división de poderes en México. Parece que está dispuesto a todo, incluso a quemar una de las herramientas más valiosas de desarrollo y crecimiento que tenemos, la relación comercial con EUA, a unos días de que concluya su sexenio.

Qué equivocados quienes pensábamos que la transición AMLO-Sheinbaum sería tersa por ser ambos del mismo partido. Ni el peor enemigo de Sheinbaum habría ideado una estrategia tan eficiente para dinamitarle el arranque de su sexenio.

Columna publicada en El Universal

No está fácil que AMLO se salga con la suya con la reforma al poder judicial que implica, en el asunto más incendiario, modificar la manera de seleccionar a jueces y magistrados para que se haga mediante el voto popular. Pero, insisto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un genio para vender a la opinión pública lo que sea que a él le otorgue más poder si lo viste como un acto de justicia en el que “el pueblo” está colocado en el centro de sus preocupaciones.

La reforma judicial no está pensada para acabar con la corrupción que existe de manera prevalente y en detrimento del Estado de Derecho. Tampoco está hecha para lograr ahorros para la hacienda pública. Pero el presidente dice que eso es exactamente lo que quiere. Y que quienes quieren obstaculizar su reforma lo hacen para proteger corruptos y/o privilegios personales. De hecho la reforma judicial no es una reforma, es un golpe de un presidente enojado con la división de poderes y lo que esto ha implicado en las pocas limitaciones a su enorme poder político. Limitaciones para militarizar a la Guardia Nacional de jure; o limitaciones a sacar a los inversionistas privados del sector energético. AMLO se enojó con estos frenos y por ello quiere venganza.

La reforma judicial es un ejercicio de acaparamiento de poder. Nadie que no pertenezca a Morena y esté en buena lid con el grupo en el poder se verá beneficiado con las modificaciones que pretende. Llamarle reforma es darle un mérito que no merece. Lo que ocurrirá será una exacerbación del influyentismo, algo que solamente presagia mayor corrupción. Es el paso siguiente a la creación del partido-movimiento hegemónico que representa Morena.

No es un acaparamiento sencillo de obtener. Primero porque se debe lograr que el INE avale otorgarle a Morena-PT y PVEM una sobrerrepresentación por encima de la que es constitucionalmente válida. Si en las urnas obtuvieron un 54 por ciento del voto, quedarse con un 75 por ciento de las curules va en contra sentido de la cláusula de gobernabilidad.

Ésta se hizo para asegurar que las minorías no fueran desplazadas en el legislativo, no para que las mayorías las aplastaran. Pero todo indica que la oposición está sentada como el chinito, no’más milando, como Morena y aliados les acaparan los escaños suficientes para poder hacer modificaciones constitucionales a su antojo.

Lejos de tener como foco y propósito número uno frenar este acaparamiento del partido en el poder, andan más preocupados por sus pequeñas rencillas internas. Que si Alito se reelige o no; que si Marko se queda o no; que si Maynez coordina o no. Ahora lo importante debiera ser para ellos defender que en el legislativo mantengan lo que en las urnas les dimos los ciudadanos. Pero no. Eso lo dejan en segundo plano sin darse cuenta lo irrelevantes que serán una vez consumado el reparto de escaños que pretende el oficialismo.

Una vez que el INE falle tal y como quiere Morena y aliados, el Tribunal deberá ratificar la decisión. Esa es la segunda aduana. Ahí no debiera ser fácil para Morena salirse con la suya, pero lo logrará porque ya antes de las elecciones se aseguró el oficialismo de tener una mayoría de magistrados en su bolsa.

Así, en estos días la conformación del legislativo quedará como quiere el presidente y con ello comenzará la ventana de septiembre en la que se aprobará el engendro de reforma al poder judicial. AMLO y sus cercanos lograrán hacerse de todo el poder. A la vista de todos. Ante la impotencia de los ciudadanos que estamos a merced de una clase política lamentable.

Aunque a la venganza la quiera disfrazar de justica el presidente, venganza seguirá siendo. Nada más y nada menos. Eso es la “reforma” judicial.

Columna publicada en El Universal

Andrés Manuel López Obrador comenzó con las conferencias mañaneras desde que era Jefe de Gobierno de la CDMX. Entonces los medios replicábamos de vez en cuando lo que ahí ocurría, pero no tenían ni remotamente el eco que han logrado ya como presidente. Y es evidente que el megáfono de la Jefatura de Gobierno no es tan avasallador como el de la presidencia de México.

En este sexenio López Obrador ha marcado la agenda gracias a que arranca a las 7am con conferencias que llegan a durar más de tres horas. Las describe como un ejercicio de transparencia en las que su gobierno rinde cuentas pero en realidad han sido una fuente de propaganda y desinformación que han polarizado a la sociedad. Han sido también la plataforma mediante la cual el presidente ha faltado innumerables veces a la ley ya sea para violar la privacidad de los datos personales de periodistas, para atacar a contrincantes políticos o para intervenir en la política interna de otros países.

A ella acuden reporteros de medios establecidos, pero hemos visto en primera fila lo que no puede más que calificarse como paleros del régimen. Supuestos periodistas de medios improvisados cuyo financiamiento es poco claro. Personajes que ya han conseguido saltar a la fama como Lord Molécula, inmortalizados en programas de sátira, que lejos de aportar a la sociedad con sus preguntas al presidente, le restan con sus alabanzas al estilo de las peores dictaduras.

Las mañaneras han sido además un instrumento de abuso del poder presidencial. Financiadas con dinero público, han servido como propaganda para el gobierno, para el culto a López Obrador y como una herramienta para atacar o amedrentar a quienes el presidente considera sus adversarios.

Para mí el ejemplo más claro de lo dañinas que han sido las conferencias fue el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva. AMLO declaró en su conferencia que escuchar el programa de radio del conductor de Radio Fórmula le podría generar al público un tumor en el cerebro. Esa misma semana ocurrió el atentado. El enojo, la polarización y la falta de rigor del presidente provocó la iniciativa de ir y dispararle a un periodista. Sabemos, por la entrevista de Saskia Niño a El Bart, que él disparó, pero es la fecha que no conocemos las razones ni quién fue el autor intelectual. Si eso no es suficiente para revalorar ese mecanismo de comunicación, no sé qué pueda serlo.

Y por ello, una de las grandes preguntas que hay al concluir el sexenio de López Obrador es ¿qué pasará con las mañaneras? Esta semana Claudia Sheinbaum la ha respondido. Las Mañaneras continuarán.

Esta decisión de Sheinbaum puede ser positiva, si decide hacer el uso correcto de este espacio y si los demás actores políticos y mediáticos responden de una forma diametralmente distinta a la presencia de la Presidenta cada mañana en la escena pública.

Primero que nada, Sheinbaum podría hacer de ellas un ejercicio auténtico de rendición de cuentas. (Se vale soñar) Pero la responsabilidad de qué ocurra con estas conferencias un sexenio más no es solamente de ella. También habrá que modificar la forma como los medios de comunicación respondemos. La réplica sin contexto de las frases más llamativas de las conferencias ha generado mayor daño a la sociedad que la conferencia misma.

¿Y la oposición? Su reacción o falta de acción ante las conferencias también ha sido en detrimento del discurso público y de ellos mismos.

Si el sexenio que está por arrancar va a continuar con las conferencias mañaneras, desde ya tendrían medios y oposición que idear una estrategia para responder a ellas de forma que no los dejen fuera de la jugada otro sexenio más. Con tantas herramientas de comunicación disponibles hoy, dejarle a la presidencia el monopolio de la agenda a través de las conferencias matutinas es una manera de contribuir a la infodemia y a la imposición de una postura oficial de manera unilateral.

Columna publicada en El Universal

El cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador apunta a ser con un manotazo sobre la mesa, al igual que su arranque y el manotazo de cancelación del NAIM. La reforma al Poder Judicial se supone que la quiere el presidente para mejorar el sistema de justicia en México, pero nada de lo que incluye su propuesta va encaminado a ello. Más bien tienen todos los tintes de un acto de venganza contra un contrapeso que le ha puesto frenos.

Primero le puso un freno cuando quiso la extensión de mandato de Arturo Zaldívar como Ministro Presidente de la Corte. Antes, cuando los ministros se negaron a apegarse a recortarse el salario como pedía el presidente para que nadie ganara más que él. Y durante el sexenio le pusieron varios altos en sus intentos por pasar por encima de la Constitución. Notable fue el caso de la Ley de la Industria Eléctrica.

El documento oficial con los objetivos de la reforma al poder judicial se puede leer que ésta busca una Suprema Corte eficaz, austera y transparente en donde la elección popular legitime a los impartidores de justicia.

Eso no va a ocurrir. Pretender que sean sujetos del voto popular suena democrático, pero es un sin sentido. Primero porque para ser seleccionados dependerán de la presidencia y del poder legislativo. Segundo porque los ciudadanos apenas nos informamos de quién busca la presidencia. Ni hablar de los candidatos a diputados o senadores. Menos ocurrirá con los integrantes del judicial.

Bolivia es el único país en el mundo que elige, por voto popular, a los 26 principales cargos judiciales incluyendo a los integrantes d el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora la elección de integrantes del poder judicial solo ha ocurrido dos veces en Bolivia, en 2011 y 2017. En ambas los votos nulos y blancos han sido más numerosos que los favorables a los candidatos. Y la que tenía que ocurrir el año pasado está suspendida por un conflicto entre el legislativo y el judicial. Ha sido un verdadero caos en donde el ganador ha sido el actual presidente, Luis Arce, quien controla al poder judicial y ante la parálisis lo seguirá haciendo indefenidamente.

En un país como México, con los problemas de dinero sucio y crimen organizado ¿de verdad queremos que quienes quieran impartir justicia tengan que salir a hacer campañas y a buscar recursos; hacer convenios con cárteles; atraer dinero sucio y luego, cuando ganen, tengan que cumplir con sus “patrocinadores”?

El expresidente de Bolivia,  Eduardo Rodríguez Veltzé, opinó en entrevista par El País sobre como ha funcionado este sistema: “para elegirse debían cortejar a los políticos durante la preselección de candidatos, que se hace por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa, y luego tenían que hacerse conocer por los votantes en un proceso electoral sin tradición alguna en el país. El voto popular obedece a una lógica: se vota por simpatía, por identificación, pero los votantes no están capacitados para evaluar los méritos de un funcionario que, sobre todo, es técnico”. A ello agregó que ““El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), siendo el garante de los derechos fundamentales, hasta hoy no repara en que Bolivia tiene el récord de meter gente en las cárceles. Existen 30 mil reos y, esto es lo grave, un 70% con prisión preventiva, sin sentencia. Los magistrados han sido funcionales a esta práctica abusiva.”

Difícil pensar que México pueda estar peor en materia de impartición de justicia y Estado de Derecho pero la reforma de López Obrador será el camino más seguro para lograrlo. Y todo por un acto de venganza.

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Andrés Manuel López Obrador es un genio de prometer…e incumplir. No ha cumplido los tiempos para que Dos Bocas refine. Tampoco para que la Mega Farmacia surta medicinas. Mexicana no logra volar. La vacuna Patria nunca estuvo lista. Pero ahora, con los apagones, el presidente López Obrador nos dice que no nos preocupemos. Que en unos meses más vamos a llegar al 60 por ciento de generación de energía eléctrica porque se compraron once plantas a Iberdrola. Y remata con la consigan de que el actual modelo de generación de energía, que ha buscado darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se mantendrá.

Andrés Manuel López Obrador es un estatista. Eso es claro. Prometió desde antes de llegar a la presidencia que su gobierno haría de Pemex y la CFE dos empresas productivas y eficientes. Cierra con apagones que denotan el enorme fracaso que ha generado en este sector y en cumplir su promesa.

Podrá decir que es el calor, pero el problema no es que tengamos mayor demanda, sino el déficit en la oferta de energía eléctrica, incluyendo las reservas. Déficit que podría haberse cubierto si no se hubieran privilegiado la ideología de darle a la empresa del Estado prevalencia sobre lo que era mejor en una lógica económica para el país y para los mexicanos.

Primero se decidió cancelar proyectos fundamentales como los de interconexión entre Oaxaca-Centro y Baja California-Sonora. Después se optó por modificar el orden de despacho para producir energía. Contraviniendo la ley, se le dio prioridad al combustóleo y al carbón sobre las energías limpias y renovables como la eólica o la solar. Se pensó que la generación por hidroeléctricas sería una opción limpia y confiable, pero ¡oh sorpresa! entre la sequía y el mal manejos de nuestras presas, esta vía no ha podido dar los megavatios necesarios.

Y en dos áreas en donde CFE tiene monopolio, en transmisión y distribución, simplemente no se ha invertido lo suficiente. Vaya, se ha invertido lo mínimo. En 2019 había en México 110 mil 117 kilómetros en líneas de transmisión. En el 2023 cerramos con 110 mil 559 kilómetros. Esto ha significado un paupérrimo aumento de tan solo el 0.4 por ciento.

Otra falla enorme en la política energética del actual gobierno ha sido el bajo margen de reserva en el Sistema Eléctrico Nacional. En 2019 era del 9 por ciento. El presidente prometió que en su sexenio llegaría al 13 por ciento. Hoy es de tan solo un 3 por ciento. Así que lejos de aumentar este margen de reserva nos fuimos a menos de la mitad de lo que teníamos. Una promesa incumplida más. Una razón adicional para explicar los recientes apagones.

Ahora que el futuro nos alcanzó y que la Comisión Reguladora de Energía ha entrado en crisis, el presidente tiene el descaro de decir que no nos preocupemos. Que en unos meses estará resuelto el problema. La bomba se la está dejando a la próxima presidenta de México.

En un reporte de Bank of America que es bastante amable con el actual gobierno, con una visión optimista a futuro en sectores como el automotriz y de bienes raíces, la piedra en el zapato para nuestro desarrollo la ubica claramente en la política energética. La razón es la incertidumbre en el sector.

Prometió un sector energético moderno y de calidad y nos deja con apagones…y la promesa de que son solo transitorios. Si seguimos con la política energética actual, los apagones llegaron para quedarse, aunque López Obrador prometa lo contrario.

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Claudia Sheinbaum ¿es o se hace la versión 2.0 de Andrés Manuel López Obrador? Esa es la gran pregunta que genera quien encabeza en este momento las preferencias electorales para convertirse en la próxima presidenta de México cuando ya solo falta un mes para que se lleven a cabo.

En la pregunta queda patente el enigma que representa quien ha estado en campaña extraoficialmente desde hace más de dos años, cuando el presidente comenzó a hablar de sus corcholatas y todos sabíamos que Claudia era la favorita de AMLO.

Y no hay claridad sobre quién es Claudia y qué es lo que quiere hacer realmente de llegar a la presidencia porque hasta ahora hemos visto tres diferentes versiones de ella misma.

La primera versión de Claudia Sheinbaum ha sido la leal escudera de Andrés Manuel López Obrador. La que ha puesto su cercanía y lealtad al hoy presidente por encima de cualquier cosa, incluso de su familia. La que ha enterrado su lado científico para darle prioridad a la ideóloga. Muestra de ello es su respaldo al Tren Maya que ha significado una devastación de la naturaleza y no rendirá beneficios económicos. La que recibió un bastón de mando que es simplemente un bastón, porque no es ella la que está realmente al mando. Basta ver las reformas que envió el presidente para que apruebe un Congreso que solamente coincidirá con López Obrador un mes para darnos cuenta de que él tiene una agenda que va más allá de su sexenio.

La segunda versión de Claudia ha sido la que de pronto levanta la mano para hacer las cosas como ella quiere, aun si esto no se alinea con los deseos o la visión del presidente. Han sido pocas las ocasiones, pero lo vimos primero con su gestión de la pandemia. Cuando López Obrador decía que no necesitaba usar cubrebocas y andaba en las calles besando niños, Claudia Sheinbaum hizo saber a los habitantes de la CDMX que el virus era cosa seria y utilizó cubrebocas. Fue la Claudia que incluso se confrontó con el encargado de gestionar (es un decir) la pandemia, Hugo López Gatell.

La vimos de nueva cuenta siendo la candidata que busca sus propios intereses y no necesariamente alabar a un gran elector, a Andrés Manuel López Obrador, cuando en el primer debate habló más de lo que ella considera sus logros que de lo hecho por el presidente. Esto, al parecer, enfureció a AMLO, pero a Sheinbaum le permitió no meterse en aguas movedizas para defender los indefendibles del actual sexenio ante las preguntas de los moderadores y de la propia Xóchitl. En el segundo debate esta Claudia desapareció y desde los primeros minutos fue rápida en decir que hablaría sobre los logros de López Obrador.

La tercera versión de Claudia ha sido la de la candidata que no pretende salir a ganar votos, más bien quiere administrar su ventaja. La candidata que no da muchas entrevistas y que acude a foros que su equipo se ha asegurado previamente que estén bien controlados. Nada de sorpresas. No quiere que se repita esa escena de morenistas abucheándola cuando estaba buscando ser la elegida en lo que se llamó el ‘corchola-tour’, pero ahora en la campaña general.

Y es precisamente por esta tercera versión de Claudia que no sabemos bien a bien quién es la persona que quiere gobernarnos. Siendo México el país tan presidencialista que es, llama la atención que no sepamos qué versión de Claudia será la que gobernará, si gana la presidencia. Con lo costosas que son las campañas políticas para los contribuyentes, con el tiempo y dinero que se invierte en armar debates, resulta casi insultante que a estas alturas tengamos que preguntarnos ¿Quién es Claudia?

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Una de las preguntas que escucho seguido ante las próximas elecciones es que, con tanta destrucción, ineptitud y agravios a distintas comunidades ¿cómo puede Andrés Manuel López Obrador gozar de la popularidad que demuestran las encuestas y que de alguna forma parece heredar Claudia Sheinbaum?

Esto me ha llevado a revisar el libro de Leon Festinger, Cuando la profecía falló. Festinger era un sociólogo que se infiltró entre los seguidores de una mujer, ama de casa, que vivía en Chicago en los años 50. Se llamaba Marian Keech.

Keech convenció a un grupo de personas que el 21 de diciembre de 1954 caería un gran diluvio que llevaría al fin del mundo. Solamente ella y sus seguidores se salvarían. Así, este grupo decidió renunciar a sus trabajos; vender sus pertenencias y alistarse para esa fecha fatal. Festinger quería ver cuál sería la reacción de los seguidores de Keech una vez que se dieran cuenta que esa profecía no se cumplía. ¿Se enojarían con Keech? ¿La querrían reportar a las autoridades por ser un fraude? ¿Se deprimirían por haber creído una mentira de ese tamaño?

El 21 de diciembre, Keech y sus seguidores escalaron una montaña cerca de Chicago a la cual llegarían, según la profeta, unos platillos voladores a salvar a los creyentes. Solo a ellos. El día se convirtió en noche y llegó el 22 de diciembre. No hubo diluvio. No llegaron los platillos voladores.

Y ¿qué hicieron los seguidores de Marian Keech? No se enojaron. No se deprimieron. Justificaron la falla de la profecía diciendo que ellos habían sido creyentes tan fervientes que sus plegarias salvaron al planeta del diluvio y por lo tanto ya no fue necesario el rescate de los platillos voladores.

Festinger llamó a esto disonancia cognitiva que es cuando ajustamos nuestras creencias para que éstas o las ideas que nos formamos en nuestra mente se adapten a la realidad. No es un desdén por la realidad. Es un acomodo. Al ver esta disonancia cognitiva en acción entre los seguidores de Keech, Festinger concluyó que pretender cambiar la visión de los fieles es una tarea prácticamente imposible.

De alguna forma, esta conclusión sociológica me lleva a pensar en una explicación alterna al perdón y al teflón que goza el presidente. López Obrador pudo haber hecho de México un mucho mejor país con el bono de seguidores con el que llegó a gobernar y con la cantidad de problemas que había por resolver. Termina el sexenio como un presidente que destruyó mucho y que lo que construyó (Tren Maya; Dos Bocas; AIFA; Mexicana de Aviación) serán elefantes blancos que desde ya están siendo costosísimos para el erario.

En un país con tantas necesidades, la destrucción del actual sexenio es aún más indignante. Esa es la realidad que vivimos millones de mexicanos cuando no gozamos de seguridad; infraestructura ni servicios de educación y salud de calidad.

Pero existe esto de la disonancia cognitiva y entonces, el presidente puede seguir diciendo que su gobierno ha sido la Cuarta Transformación. El 2 de junio sabremos qué tan potente es su base de fieles seguidores.

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En el desencuentro diplomático entre México y Ecuador tanto Andrés Manuel López Obrador como Daniel Noboa han obtenido victorias pírricas. Ambos quisieron escalar su enojo pensando en ganar puntos dentro de sus respectivos países. Noboa hacia el referéndum del 21 de abril y AMLO hacia las elecciones de junio para reavivar el fenómeno del patriotismo que los americanos llaman “rally around the flag”.

El primero en violar las leyes internacionales fue el gobierno de México y el presidente López Obrador. Lo hizo al tener en la Embajada de México en Quito a Jorge Glas, quien fuera vicepresidente de Rafael Correa e integrante del gobierno de Lenin Moreno. Glas había sido acusado y sentenciado por los tribunales ecuatorianos por cohecho, malversación de fondos públicos y asociación ilícita. El ex vicepresidente ya había cumplido condena en prisión y estaba en libertad condicional cuando se le acogió como huésped en la sede diplomático de México desde diciembre del 2023.

El gobierno de Noboa, que ha decidido que la lucha en contra del crimen organizado es su mayor bandera, rechazó la solicitud de asilo que hizo el gobierno de México para Glas. Al mantenerlo en la embajada en Quito el gobierno mexicano estaba violando el artículo III de la Convención Sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954) que prohibe el asilo a quienes han sido sentenciados antes tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes sin haber cumplidos las penas respectivas. También violaba el artículo 1o de la Convención Sobre Asilo Político de Montevideo (1933) que dice más o menos lo mismo.

Además, López Obrador claramente provocó a Noboa con sus comentarios en las conferencias mañaneras de la semana pasada en las que lo señaló como el gran beneficiado – y por ello insinuó, el posible autor intelectual – del asesinato del candidato presidencial Villavicencio.

Esto llevó al gobierno de Noboa a pedir el retiro de la Embajadora de México en Quito, Raquel Serur. Para su salida, el gobierno de México quería mandar un avión privado. Al haber varios vuelos comerciales Quito-México el gobierno de Noboa temió que en ese vuelo privado quisieran sacar a Glas al estilo del boliviano Evo Morales. Si eso ocurría, el gobierno de Noboa recibiría un golpe brutal en su principal bandera, que como ya mencioné, es la lucha en contra del crimen organizado y la corrupción.

Esto llevó al asalto a la Embajada de México en Quito. Y ahí Noboa hizo algo que en la historia de las relaciones diplomáticas ha ocurrido muy pocas veces, y en todas ellas han sido episodios muy graves. Me refiero a las ocurridas en la Embajada de Haití en Cuba (1956); la de Ecuador en Cuba (1981); la oficina de la OEA en Nicaragua (2022) y la de EUA en Teherán (1979). Asaltar una embajada es una grave violación de la Convención de Viena (1961). Punto.

Al parecer, el joven presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cayó en la trampa de Andrés Manuel López Obrador. Tras el asalto ahora resulta que Glas es una víctima que en estos momentos se encuentra hospitalizado con dudas de si se le intentó matar en prisión. Al gobierno de México lo han salido a respaldar varios gobiernos del mundo, con todo y que López Obrador ha escatimado este tipo de solidaridad. Notablemente en el caso de la invasión de Rusia a Ucrania y de Hamas a Israel.

En ambas ocasiones, López Obrador se escudó en la Doctrina Estrada de la no-intervención de México en asuntos de otros países para no expresar solidaridad a Ucrania ni a Israel. Y ahí viene la gran victoria pírrica de AMLO. Este desencuentro diplomático lo deja ver de cuerpo entero como un político que no es congruente. Un político que a veces apela a la no-intervención pero que cuando se trata de defender posturas o políticos cuestionables, como en el caso Glas, no escatima en su apoyo.

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Ya llevaba un año en el gobierno Andrés Manuel López Obrador y un economista que trabajó en el gobierno de Peña Nieto me dijo que las obras del nuevo presidente eran mínimas en términos de costo para el erario. Suenan rimbombantes, pero realmente no pintan en el presupuesto de un país como México, fue más o menos su forma de querer tranquilizarme ante las preguntas que le hacía sobre lo que desde entonces se veía como un despilfarro de recursos.

Tengo curiosidad en saber si hoy sigue pensando lo mismo, con las cifras reales de lo que han costado las obras faraónicas de Andrés Manuel López Obrador. Más aún, si tomamos en cuenta lo que los economistas llaman el costo de oportunidad. De no haber destinado miles de millones para obras que no serán rentables, por lo que seguirán requiriendo inyección de recursos públicos ¿en cuántas escuelas públicas se podría haber mejorado la infraestructura? ¿Cuántos hospitales de primer mundo – sí, como en Dinamarca – tendríamos hoy con esos dinerales?

Si volteamos a ver las cifras de las principales obras que enorgullecen a López Obrador, es evidente que México podría ser hoy un país transformado, al estilo de lo que falsamente pregona el presidente, de haberse invertido bien estos recursos.

En primerísimo lugar está el AIFA. Es un buen aeropuerto regional, cuyo costo es más el de un hub nacional ultramoderno. A finales del 2023 ya se le habían invertido 115 mil millones de pesos. A ello hay que sumarle los 331 mil millones que costó cancelar el NAIM. Según datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), hasta finales del año pasado el AIFA solamente movía al 1.4 por ciento de los pasajeros nacionales y extranjeros.

El Tren Maya debería de haber costado 156 mil millones de pesos. En el proyecto ante Hacienda para demostrar que cumplía con el requisito de ser una obra cuyo costo fuera menor que su beneficio, se fijó en poco más de 400 mil millones el umbral en el que ya no sería una obra rentable. Pues para este 2024 la inversión en el Tren será de 516 mil millones de pesos.

Además de ser el ejemplo perfecto de un ecocidio por la cantidad de árboles que hubo que talar para que pasaran las vías del tren – y no existe claridad sobre qué se hizo con toda esa madera, por cierto – ha sido un fracaso como medio de transporte.

En la mañanera del lunes, el Director del Tren Maya, el general Óscar David Lozano, informó que en los dos meses que ha estado funcionando (es un decir) el Tren, han transportado a mil 787 turistas internacionales. Esa cifra, que debería ser una vergüenza, se presume con orgullo.

No tenía ni dos meses de inaugurado el Tren Maya cuando la venta de boletos tuvo que ser suspendida por las fallas que presentaba. En el trayecto Cancún-Campeche han arrancado con retrasos de hasta dos horas y, ante las fallas los pasajeros del Tren han tenido que ser trasladados ¡¡¡en autobuses!!!

En el caso de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, el sobrecosto se ha ido de 8 mil millones de dólares a 18 mil millones. Y es la fecha en que no se logra refinar nada. Algunos dirán que así está mejor porque actualmente Pemex pierde dinero por cada barril refinado. La columna de Pablo Hiriart de ayer en El Financiero es muy clara en esta debacle de la que debiera ser la gran “empresa productiva del Estado”.

Los números rojos y las fallas se extienden si hablamos de Mexicana, del proyecto turístico de las Islas Marías, del Tren Toluca-México…

Lo más sorprendente es lo que acaba de declarar el presidente López Obrador esta semana: que dejará al próximo gobierno una lista de recomendaciones de proyectos de infraestructura a realizarse y de las cuales “estoy seguro que me van a hacer caso”.

Así que ya sabemos. Por obras faraónicas, costosas y sin rentabilidad, aún habrá más.

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