Han estado circulando en estos días algunas encuestas que muestran que Andrés Manuel López Obrador pierde aceptación. En el mes de marzo dos de sus acciones generaron amplio rechazo. La primera fue el retiro de recursos a las Estancias Infantiles y la segunda fue la carta que envió al Rey Felipe VI pidiendo que ofrezca una disculpa histórica a los mexicanos por la conquista de hace 500 años.
En ambas, menos del 30 por ciento de los encuestados por Alejandro Moreno (El Financiero) apoyaron al presidente. Un presidente que, en otras acciones, sobre todo en las que tienen que ver con austeridad, genera aprobación cercana a un 90 por ciento.
Hay quienes han celebrado estas bajas en la aprobación de las acciones del presidente. Se merece el rechazo. Ya comienzan a arrepentirse quienes votaron por AMLO. La ineptitud del presidente le comienza a costar. Ésta y otras líneas celebratorias abundan en las “benditas redes sociales”.
Sin embargo, el escenario de un López Obrador que actualmente goza de legitimidad y aceptación, pero carece de institucionalidad puede volverse un desastre de acentuarse esta baja en la aceptación al presidente.
La apuesta para que la presidencia de López Obrador sea un éxito para México está en que él sea más institucional. Su problema es que desde hace décadas ha caminado en el límite entre lo que es institucional y lo que no es. Ahí ha estado cuando ha perdido elecciones, principalmente en el 2006, cuando tomó Avenida Reforma y se auto nombró presidente legítimo. Denostó a las instituciones electorales y se dedicó todo el sexenio a buscar sabotear las acciones del presidente que le ganó, Felipe Calderón.
Ahora que es presidente, cuando alguna ley, norma o institución le impide hacer lo que él quiere, actúa igual –en la línea delgada entre legalidad y la ilegalidad. Para muestra, dos ejemplos. El senado aprobó un dictamen para la creación de una Guardia Nacional con mando civil. López Obrador quiere que éste tenga mando militar. Y como parece confundir autoridad con autoritarismo, ya anunció que mañana nombrará a un militar en activo para encabezar a la Guardia Nacional. Esto claramente viola la Constitución, pero a AMLO no le importa. Los senadores de oposición confían en que se presentará una acción de inconstitucionalidad para revertir esta decisión del presidente. Veremos si Martí Batres, que es el encargado de enviar esta acción al ser el presidente del senado, lo hace.
Segundo ejemplo: el proceso para nombrar a los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. El artículo 6 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética estipula que la selección de los comisionados la hace el senado de una terna que envía el ejecutivo. Si el senado no aprueba a ninguno de la terna, el ejecutivo debe enviar una NUEVA terna. Si en la segunda ronda tampoco es aprobado ninguno, entonces el presidente nombra directamente al comisionado. López Obrador envió unas ternas que no convencieron a los senadores, más que de ser sus alfiles. Por ello se los rechazaron una primera vez. Cuando en lugar de cumplir con la ley y enviar NUEVAS ternas, AMLO reenvió 11 de los 12 nombres iguales, las ternas fueron rechazadas una segunda vez. Es decir, no envió NUEVAS ternas. La ley le importó poco. Ahora serán comisionados cuatro de esas personas que no cumplieron con el proceso legal para su nombramiento.
Son dos ejemplos claros de que AMLO no es un presidente institucional, aun cuando sí tiene legitimidad y es popular. La apuesta para quienes queremos que México logre crecer, avanzar y desarrollarse no puede ser a que AMLO pierda legitimidad y popularidad. Es a que sea más institucional.
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