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Aunque el Gobierno y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo niegan, el proceso electoral 2023-2024 ha sido el más violento de la historia moderna, según el más reciente informe de Integralia Consultores.

De septiembre de 2023 al día de la elección, el 2 de junio, la consultora documentó 889 víctimas de violencia política, incluyendo el asesinato de 39 aspirantes o candidatos.

Esto significa que las víctimas de violencia política incrementaron 197.3% en comparación con 2021 y 132.7% frente a 2018. El problema se concentró en entidades del centro, occidente y sureste del país, principalmente Guerrero, Michoacán y Chiapas.

El crimen organizado sometió a muchos municipios para fortalecer sus redes de impunidad: 75% de los ataques contra candidaturas se concentró en el ámbito municipal. Del mismo modo, 92% de las candidaturas asesinadas buscaban un puesto de elección en dicho nivel de gobierno, principalmente presidencias.

Los datos sugieren que la violencia política fue un factor determinante en algunos resultados de elecciones locales, indicó Integralia Consultores.

La consultora advierte que después de las elecciones, habrá más territorios con menores oportunidades de desarrollo, competitividad y libertad: los grupos criminales ejercen violencia político-electoral para poner a los nuevos gobiernos a su servicio e incrementar su control sobre los territorios locales.

“Después de las elecciones, habrá más regiones bajo las reglas del crimen organizado, lo que incrementa de forma cotidiana los riesgos políticos, económicos y sociales para comunidades, organizaciones y empresas”, precisó.

Si bien el periodo formal de campañas fue el más álgido en temas de violencia política, mayo fue el mes en que se disparó la actividad criminal: 221 actos de violencia, y 59 asesinatos.

Morena fue el partido que mayor número de víctimas de actos de violencia registró, con 294. Le siguen de lejos políticos de otros partidos como el PRI, 118 y el PAN con 102. Al diferencias las víctimas por nivel de Gobierno, las municipales están a la cabeza.

Del 27 de mayo al 5 de junio de 2024, una semana antes y días después de la elección, Integralia documentó 208 eventos relacionados con otras formas de intromisión del crimen en las elecciones. Estos eventos dan cuenta del vulnerable estado de la democracia mexicana en varias localidades.

Integralia registró 113 actos de movilización o desmovilización del voto; 46 de intervención en casillas: 26 ataques contra instalaciones; 16 casos de robos de urnas y 7 actos de robo de propaganda.

El documento finalizado advirtiendo que el futuro Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad para el cambio. “La nueva presidenta podría ejecutar una política nacional para contrarrestar el control territorial del crimen organizado por varias rutas: disolución de las bases sociales del crimen, neutralización de generadores de violencia y desmantelamiento de mercados ilícitos.

En ese sentido, recordó que la profesionalización policial, la inteligencia y la prevención social basada en evidencia fueron elementos clave para la reducción de la violencia en la CDMX, bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, quien apunta, fue anunciado la semana pasada como próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Gobierno federal reconoció este martes el asesinato de 12 candidatos durante el periodo de campañas, por lo que negó que hayan sido las elecciones “más violentas” de la historia, como señalan detractores de la administración y organizaciones civiles que documentaron el homicidio de al menos 30 aspirantes.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, indicó que sólo registraron el asesinato de “12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales”; sin embargo, los conteos independientes reportan también a aspirantes que no habían formalizado su registro.

“Hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente, pero esto no es así, se trata de campañas que pretenden desprestigio al Gobierno”, manifestó la funcionaria desde Palacio Nacional.

Recordemos que organizaciones independientes contabilizan más víctimas, como la consultora DataInt, que la semana pasada reportó el homicidio de 43 aspirantes, incluyendo 17 que ya se habían registrado de forma oficial como candidatos.

Además, contabilizó 176 asesinatos vinculados a las elecciones al incluir asesores, familiares y funcionarios actuales, lo que implica un 57% más de víctimas que los comicios intermedios de 2021.

Pese a este tipo de reportes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha rechazado estas cifras y críticas de organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La responsable de Seguridad señaló ahora que en el proceso electoral, en el que “participaron más de 70,000 candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura, así como a presidencias municipales”.

“No se registró ningún homicidio de contendientes a puestos de elección federal ni a gubernaturas, como lamentablemente sí ocurrió en otras administraciones”, manifestó.

También sostuvo que “todos los candidatos que la pidieron, tuvieron seguridad”, incluyendo a los tres aspirantes presidenciales. En ese sentido adelantó que 121 políticos electos mantendrán estas escoltas hasta asumir el cargo.

“El proceso electoral de este año fue muy cuidado y vigilado por las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional. Se recibieron 645 peticiones de protección, 595 de las cuales fueron atendidas y 50 declinadas por los propios solicitantes”, puntalizó Rodríguez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó este martes su confianza en las autoridades electorales ante los comicios del próximo domingo, asegurando que “ya no hay fraude” como los que afirma haber padecido en 2006 y 2012.

“Es que ya son otras condiciones, ya es otro México, ya no hay fraude, es que a nosotros nos robaban las elecciones”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.

A pregunta expresa, López Obrador dijo que sí tiene confianza en las autoridades, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo, el pueblo de México está muy politizado”, añadió.

Sus declaraciones se producen a unos días de la jornada electoral, donde más de 98 millones de personas están llamadas a las urnas para renovar más de 20,000 cargos, incluyendo la Presidencia, los 128 senadores, los 500 diputados y nueve gobiernos estatales.

La candidata de la coalición Morena, PT, PVEM, Claudia Sheinbaum, lidera todas las encuestas por encima de la opositora Xóchitl Gálvez.

AMLO descartó que exista un escenario como el de 2006, en el que perdió por una diferencia de 0.56% de votos frente a Felipe Calderón, lo que desató sus acusaciones de fraude.

“No va haber ningún problema porque ya no es un asunto de dinero, ya los medios no tienen el mismo impacto que tenían antes, es que antes era guerra sucia, ayer hablaba yo de estos publicistas mercenarios, muy perversos”, indicó el presidente.

En la conferencia matutina, se informó sobre el asesinato de 22 aspirantes a las elecciones del próximo domingo, cifra que difiere de lo que manejan distintas organizaciones independientes, que reportan al menos 30 asesinatos.

“A la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas, registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales, esto es el número oficial de candidatas y candidatos”, declaró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

La funcionaria precisó que “también, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatos, es decir, personas que estaban registradas oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial” en los organismos electorales.

El conteo oficial la completan “10 homicidios de personas aspirantes no registradas oficialmente”, pero que habían manifestado sus intenciones de contender.

Esta es la segunda vez que el Gobierno proporciona un conteo de candidatos asesinados, pues el 2 de abril reportó el homicidio de 15 aspirantes en el proceso, que de forma oficial comenzó en octubre pasado.

“Es muy triste, porque aunque se tratara de uno duele, porque no es un asunto cuantitativo, es un asunto humano, cualitativo”, comentó al respecto el presidente López Obrador.

Cuestionado por una periodista, el presidente negó que hubiera asesinatos no contabilizados “porque los homicidios tienen que registrarse, no hay cifra negra”.

AMLO sostuvo que los opositores “quisieran que hubiese muchos homicidios, parece mentira, pero están administrando el dolor humano, por cuestiones politiqueras, ni siquiera por cuestiones políticas, porque lo que están defendiendo son privilegios que tenían y que perdieron”.

En tanto, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, informó de 553 candidatos, además de 7 funcionarios electorales, que reciben protección de parte de las Fuerzas Armadas.

También reiteró que habrá un despliegue de 27,245 miembros de las Fuerzas Armadas para el operativo de seguridad de las elecciones del próximo domingo que se sumarán a los 233,543 agentes que ya realizan tareas de seguridad pública.

Al menos cuatro candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular el próximo 2 de junio fueron asesinados durante abril, con lo que suman 19 en lo que va del 2024, informó este lunes la organización civil Data Cívica.

El número de homicidios relacionados con la violencia política el mes pasado se eleva a 37 al considerar también a colaboradores de campaña, funcionarios y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’ correspondiente a abril.

Entre los aspirantes asesinados el mes pasado hay una de Morena, dos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y uno más del opositor PRI.

Los candidatos fallecidos son Bertha Gisela Gaytán, aspirante de Morena a la alcaldía de Celaya en Guanajuato; Julián Bautista, candidato del PRI a la alcaldía de Amatenango, y dos aspirantes a síndicos del PVEM en el estado de Jalisco.

Además, Data Cívica registró cinco secuestros, tres atentados, dos ataques armados y 10 amenazas contra otros aspirantes, tanto del oficialismo como de la oposición.

“Estamos en la recta final de las campañas y, como hemos visto en otros años, la violencia político-criminal aumenta entre más cerca está el día de la elección. En abril crecieron 67% respecto a marzo las agresiones contra personas vinculadas a la política”, señaló la organización.

En total, Data Cívica registró 72 personas en el ámbito de la política que padecieron alguna agresión o ataque de la delincuencia organizada en abril.

Los 19 asesinatos de los primeros cuatro meses de 2024 se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral que culmina con los comicios del 2 de junio.

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización documentó 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.

Al contemplar también ataques y amenazas, la asociación reportó 574 actos de violencia criminal-electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro.

Al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular fueron asesinados en México durante marzo, con lo que suman 15 en los primeros tres meses del año, informó este viernes la organización civil Data Cívica.

El número de homicidios relacionados con la violencia política el mes pasado se eleva a 30 al considerar también a funcionarios públicos y familiares de los políticos, detalló el informe ‘Votar entre balas’.

Entre los aspirantes asesinados en marzo hay uno del Partido del Trabajo (PT), aliado del oficialismo, dos de Morena; uno del PRI y uno más de la alianza del PRI con el PAN y el PRD.

Los candidatos fallecidos son Alfredo González, aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac en Guerrero; Tomás Morales, candidato de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, y Diego Pérez, quien buscaba ser alcalde de San Juan Cancuc en Chiapas por el PRI.

La lista la completan Humberto Amezcua, de la alianza PRI-PAN-PRD, que aspiraba a la alcaldía de Pihuamo, en Jalisco, y Jaime González, quien contendía por la alcaldía de Acatzingo, en Puebla, por Morena.

Además, Data Cívica registró cinco secuestros, dos atentados y dos amenazas contra otros aspirantes, tanto del oficialismo como de la oposición.

“En marzo, primer mes oficial de las campañas a nivel federal, registramos 14 ataques de distintos tipos contra personas candidatas: 5 asesinatos, 5 secuestros, 2 atentados y 2 amenazas. Con esto, los tres primeros meses del año acumulan ya 15 homicidios de quienes aspiran a un cargo de elección popular”, señaló el informe.

En total, Data Cívica registró 54 eventos asociados con la violencia político-criminal en marzo, incluyendo amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados y secuestros.

Los 15 asesinatos del primer trimestre de 2024 se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral que culmina el 2 de junio.

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización documentó 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.

Al tomar en cuenta también ataques y amenazas, la asociación reportó 574 actos de violencia criminal-electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro.

Un día después del asesinato de la candidata de Morena al municipio de Celaya, Guanajuato, la organización Laboratorio Electoral dio a conocer su actualización sobre el recuento de violencia política, en medio de las elecciones en el país.

Son 42 víctimas, 34 eran aspirantes a un cargo de elección popular, funcionarios actuales o políticos, considerando el inicio formal del actual proceso electoral (7 de septiembre); mientras que el resto eran familiares, según detalló el ‘Segundo reporte preliminar de violencia electoral del proceso 2023-2024’.

Pese a ello, el reporte considera los asesinatos desde junio 2023, con lo que se reportan 52 asesinatos. Bajo esa cifra, ya se superan los 43 homicidios de los anteriores comicios presidenciales de 2018.

La organización considera los asesinatos desde junio de 2023, cuando terminaron las elecciones locales del Estado de México y Coahuila, pues fue esa fecha cuando los políticos comenzaron a revelar sus aspiraciones.

En total, se han registrado 156 agresiones a personas relacionadas con los comicios, en las que, además de los asesinatos, hay nueve secuestros, 22 atentados y 75 amenazas.

Los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena con nueve, y Acción Nacional con cinco.

La investigación halló que los meses con mayor cantidad de asesinatos han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo.

“El incremento de casos en los últimos tres meses ha sido del 150%, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local”, advirtió.

El documento identificó que los estados con más casos de violencia electoral son Guerrero, Veracruz y Michoacán.

El reporta contrasta la cifra dada este martes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que reconoció el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral. Además confirmó haber recibido más de cien solicitudes de candidatos que buscan protección de la violencia.

La organización señaló que “en la mayoría de los casos de amenazas e intimidación no se dan a conocer los nombres o los cargos por miedo, y en casi ningún caso se ha informado a las autoridades electorales de estas situaciones”.

El Gobierno federal reconoció este martes el asesinato de 15 aspirantes en el actual proceso electoral, rumbo a la jornada del próximo 2 de junio, que inició de manera formal el 1 de octubre.

El Gobierno indicó que ha recibido más de 100 solicitudes de candidatos que buscan protección ante el riesgo de violencia.

De las víctimas, solo dos se habían registrado ya como candidatos oficiales ante las autoridades electorales, cinco eran precandidatos y ocho eran aspirantes, es decir, solo habían expresado su intención de buscar un puesto, según detalló la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

“En el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estamos comprometidos con la protección de candidatos de los distintos puestos de elección popular, por eso hay un trabajo, un plan para protegerlos y para tener presencia de la Guardia Nacional en aquellas zonas donde existe una problemática de inseguridad”, dijo.

Esta es la primera cifra oficial de homicidios relacionados a temas electorales del Gobierno de México, cuyo conteo está por debajo de las estimaciones de organizaciones, como la consultora Data Int, que contabiliza 28 asesinados, mientras que Data Cívica reportó 10 el primer bimestre de 2024 y 11 en la segunda mitad de 2023.

Rodríguez aseguró que el Gobierno tiene una estrategia conjunta con el Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger a los candidatos federales que no demora más de 72 horas en aprobarse y ponerse en marcha.

Aún así, dijo que “hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo”, detalló la funcionaria.

Las peticiones, precisó, incluyen a los tres candidatos a la presidencia, siete aspirantes a gobernador, 27 al Senado y 71 a diputados.

De las solicitudes, 34 han sido de candidatos de partidos aliados del oficialismo y el resto de la oposición, según una gráfica que exhibió la secretaria.

“El Gobierno está pendiente de todas las peticiones de candidatos, candidatas y partidos, para que sean atendidas de manera inmediata y el proceso electoral se lleve a cabo de manera pacífica”, sostuvo la secretaria de Seguridad..

La titular de la SSPC recordó que el Gobierno federal protege con elementos de la Guardia Nacional a candidatos a un cargo federal y a gobernadores, mientras que “los gobiernos estatales y municipales hacen lo propio con quienes aspiran a puestos de elección popular del carácter local”.

Este primer reporte del Gobierno federal llega a un día de que fuera asesinada la candidata de Morena al municipio de Celaya, Guanajuato, quien fue atacada a balazos luego de uno de sus primeros eventos de campaña.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este martes que la transición del poder y las elecciones serán “tersas” pese a la violencia electoral.

“Esta transición va a ser muy tranquila, tersa, no va a haber ningún problema y también diría la elección”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador sostuvo que “hay diferencias importantes” entre la situación política y de violencia actual ante los sexenios anteriores, por lo que garantizó la estabilidad de la transición cuando deje la presidencia el 1 de octubre próximo.

“Una diferencia es que ya no predomina la asociación delictuosa como era antes, entre la delincuencia y la autoridad, ahora se no permite la impunidad y no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, aseguró.

Al menos 126 personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente fueron asesinadas en América Latina en 2023, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dados a conocer este martes.

La institución, perteneciente a la OEA, expresó su preocupación ante los “elevados índices de violencia” contra personas defensoras en la región, donde sólo en los tres últimos meses del año ese colectivo sufrió 54 asesinatos.

“Como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes”, dijo la CIDH en un comunicado.

El país más afectado fue Colombia, donde los asesinatos de personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos aumentaron a 34 el año pasado, frente a los 26 fallecidos que la institución registró en el reporte del 2022.

El siguiente país más mortal para las personas defensoras fue Brasil con 10 casos en el año, seguido de México que registró cuatro, y Guatemala, Honduras y Perú con tres, dos y un asesinato respectivamente.

Aunque las cifras muestran que los esfuerzos no han sido suficientes, el reporte apunta que algunos países latinoamericanos han implementado medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú de Colombia, que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.

Particularmente, la CIDH felicitó a México por aumentar los recursos presupuestales destinados a fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país, otro colectivo afectado por la violencia.

En un informe separado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) había informado que seis periodistas fueron asesinados en 2023 en América Latina, con México situándose como el segundo país más peligroso del mundo para estos profesionales, con cuatro informadores asesinados, sólo por detrás de Palestina.

“Los profesionales de la información siguen sin trabajar con seguridad”, dijo RSF, refiriéndose a diferentes incidentes violentos en los últimos meses del año contra profesionales de la información en el estado de Guerrero.

La organización Artículo 19 registró cinco asesinatos de periodistas y 561 agresiones contra la prensa en México durante 2023, un promedio de un ataque cada 16 horas a un comunicador o medio de comunicación en el marco del ejercicio de su labor.

En el reporte ‘Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad?’, la organización civil indicó que esa cifra incluye la desaparición de Juan Carlos Hinojosa Viveros en Nanchital, Veracruz, cuyo paradero se desconoce hasta ahora.

Además, recordó los asesinatos de cinco periodistas con un posible vínculo a su labor: Marco Aurelio Ramírez Hernández (Puebla), Luis Martín Sánchez Íñiguez (Nayarit), Nelson Matus Peña (Guerrero), Jesús Gutiérrez Vergara (Sonora) e Ismael Villagómez Tapia (Chihuahua).

Fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, “México se se coloca como uno de los países más letales para ejercer el periodismo en el año 2023”.

En cuanto al número de casos, las agresiones documentadas por la organización presentaron una reducción del 19.4% respecto al año 2022, que se mantiene como el año más violento para la prensa en México en registros de la organización.

La organización dijo que una reducción de este porcentaje no se había documentado desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, cuando en 2010 se documentaron sólo 162 casos.

En cuanto a la tipología de violencia, la asociación identificó “los mismos patrones que se han reportado en los últimos años”. Las tres categorías de agresiones más documentadas fueron intimidaciones y hostigamientos; el uso ilegítimo del poder público, principalmente mediante la estigmatización y el acoso judicial, así como las amenazas en la esfera física y digital.

Siguiendo la tendencia desde 2019, la intimidación y el hostigamiento se posicionó como la embestida más común, con 124 casos documentados, el 22.1% del total. Mientras que el uso ilegítimo del poder público se ubicó como la segunda agresión más frecuente, con 106 casos documentados (18.89%).

Precisaron que, en 2023, no hay un cambio sustancial en tendencias, pues el Estado sigue siendo el principal agresor de la prensa, con 287 casos de violencia documentada (51.16% del total). Le siguen particulares con 95 casos (16.93%), y después grupos de delincuencia organizada, con 57 casos (10,16%), finalizando con 25 agresiones provocadas por partidos políticos (4,46 %).

En 97 ocasiones (17.29%) Artículo 19 “pudo identificar una agresión pero no contaba con elementos suficientes para categorizar al agresor”.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, sobre la violencia contra los periodistas, y cómo ha influido en estas cifras la relación que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha entablado con la prensa durante su sexenio.

Al menos cinco candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular murieron asesinados en México durante enero, informó este martes la organización Data Cívica.

El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 19 si se tiene en cuenta también a funcionarios públicos y familiares de los políticos en el primer mes del año, detalló el informe ‘Votar entre balas’.

Entre los aspirantes asesinados hay uno de Morena y los otros cuatro forman parte de la oposición.

Los candidatos fallecidos son: Alfredo Giovanni Lezama, aspirante a diputado federal en Morelos (PAN); David Rey González, quien buscaba una alcaldía en Chiapas por el Frente Amplio por México, y Sergio Hueso, aspirante a alcalde en Colima por Movimiento Ciudadano (MC),

La lista la completan Samantha Fonseca, aspirante al Senado por Morena, y Miriam Noemí Ríos, quien buscaba ser regidora en Michoacán con el partido MC.

Además, Data Cívica registró un ataque armado y dos amenazas contra otros aspirantes, tanto de Morena como de la oposición.

“Otro aspecto que nos muestra la violencia político-criminal durante el mes de enero es que ésta no se limita a algunos partidos políticos en específico, sino que está afectando a todos los partidos en general”, señaló el informe.

Los asesinatos en enero se suman a los 11 homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica desde la segunda mitad de 2023, cuando comenzó el actual proceso electoral.

Desde enero de 2018 hasta diciembre de 2023, la organización ha documentado 105 asesinatos de candidatos, precandidatos y excandidatos.

Teniendo en cuenta también ataques y amenazas, la asociación reportó 574 actos de violencia criminal-electoral en 2023, lo que representa el número más elevado desde que comenzó este registro.

Un total de 99 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en todo el mundo el pasado año, de los cuales 72 fallecieron en la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza iniciada el 7 de octubre pasado.

Estos datos fueron hechos públicos por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización independiente con sede en Nueva York.

El documento del CPJ asegura que el número de informadores muertos violentamente es el mayor de los registrados desde 2015 y sirve como un “grave indicador de la cifra sin precedentes de periodistas y trabajadores de medios que han perecido en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza”.

La gran mayoría de las víctimas de 2023 eran periodistas palestinos que murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

Sin contar ese conflicto, un total de 22 periodistas y trabajadores de medios murieron en otros 18 países, aseguró la organización.

Si se excluyen las muertes de periodistas en Israel, Gaza y el Líbano, donde se han registraron ataques en el marco de ese conflicto, los casos de periodistas muertos disminuyeron significativamente en 2023, precisa la organización.

Sin embargo, los datos de 2023 del CPJ muestran que los atentados contra periodistas siguen siendo constantes en países como Filipinas, Somalia y México.

Incluso en los países donde la cifra total de periodistas fallecidos ha disminuido, los ataques no letales persisten y los informadores continúan siendo encarcelados a niveles récord, lo cual es un indicador clave de la situación de la libertad de prensa en el mundo, añade el informe.

Para el CPJ, el hecho de que la cifra de muertes de periodistas haya disminuido no implica necesariamente que haya aumentado la seguridad.

El documento cita el ejemplo de nuestro país, donde los asesinatos de comunicadores descendieron de un récord de 13 en 2022 a dos en 2023, pero los periodistas continúan sufriendo ataques, hostigamiento, amenazas y secuestros en medio de la corrupción y el crimen organizado. Esto según cifras de la CPJ.

Desde 1992 a 2023, 94 de los 96 periodistas muertos en Filipinas fueron asesinados por su labor, y los periodistas de emisoras de radio fueron especialmente vulnerables.

En todo el mundo, los mecanismos actuales para proteger la integridad física de los periodistas habitualmente incumplen el propósito de proteger a la prensa y los asesinos de periodistas frecuentemente burlan la justicia, conforme las investigaciones locales son retrasadas, malogradas o sencillamente nunca comienzan, concluye el CPJ.

2023 fue el año más letal de la última década para los profesionales de los medios, según el informe anual de la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC), que registró al menos 140 muertes violentas de reporteros en 28 países.

Esta cifra supone un aumento interanual de más del 20% respecto a los datos de 2022, cuando se contabilizaron 116 periodistas asesinados.

Según los datos de PEC, la Franja de Gaza ha sido la región con más asesinatos de profesionales de los medios en todo el mundo, con 81 muertos desde el comienzo de la ofensiva entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre hasta el final del año pasado.

El informe advierte que se trata del mayor número de víctimas entre los medios de comunicación durante un conflicto en tan poco tiempo, con casi un periodista muerto por día en los últimos tres meses de 2023.

El presidente de PEC, Blaise Lempen, recordó que es “difícil” verificar si estos periodistas, muchos de ellos palestinos que trabajaban en medios locales y extranjeros, fueron atacados intencionalmente debido a su profesión o si murieron en ataques indiscriminados de Israel contra civiles.

En este sentido, la ONG instó a la ONU a iniciar una investigación independiente para averiguar las circunstancias exactas en las que han muerto los periodistas en Gaza, ya que “los responsables de estos crímenes deben comparecer ante la justicia lo antes posible”.

En algunas regiones de América Latina la situación tampoco mejoró, como en nuestro país, que fue el segundo lugar del mundo más letal para los periodistas en 2023 con un total de nueve reporteros asesinados. Con cinco asesinatos, Guatemala fue el tercer país del mundo con más víctimas.

Otros países destacados en el informe de PEC de 2023 fueron Ucrania, donde la guerra dejó un total de cuatro periodistas asesinados, e Israel, con cuatro muertes durante los ataques de Hamás del 7 de octubre.

Por regiones, Oriente Medio ocupó el primer lugar con un 64% de las muertes registradas en 2023, dos tercios de las víctimas, seguido de América Latina con 20 muertes; Asia, con 12; África, con 11; Europa, con cuatro; y América del Norte, con tres.

La Fiscalía General de Michoacán, abrió diversas líneas de investigación por el asesinato de Hipólito Mora Chávez, exlíder de los grupos de autodefensa, y de tres de sus escoltas, numero que se actualizó respecto a lo informado ayer.

Una fuente de la Fiscalía, que habló en condición de anonimato con la agencia Efe, informó que la principal hipótesis que siguen los investigadores son las rencillas que Hipólito Mora mantenía con exintegrantes de los grupos de autodefensa que ahora forman parte de Los Viagras, brazo armado del cártel de La Nueva Familia Michoacana (Cárteles Unidos).

La Fiscalía confirmó que Mora Chávez fue asesinado cuando regresaba de su huerta de limón a su vivienda, en el poblado de La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán en Michoacán.

Mora Chávez fue atacado por al menos 15 sicarios que con dos vehículos le cerraron el paso a su automóvil blindado, propiedad del gobierno estatal, y en el que viajaba con uno de sus escoltas. Cuatro escoltas más lo custodiaban a bordo de una patrulla de la Guardia Civil.

El automotor de Mora Chávez se incendió a causa de los impactos de los rifles tipo Barret, por lo que los cuerpos del líder autodefensa y uno de sus escoltas quedaron calcinados.

Horas después del ataque, Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán dijo a medios de comunicación que su Administración había pedido a Mora Chávez no radicar en La Ruana, ante las amenazas que existían en su contra.

“Se le pidió a Hipólito Mora, por el secretario general de Gobierno que procurara quedarse en Morelia que era mejor para su seguridad, por las disputas, por las reyertas que tenía personales, precisamente derivadas en su época de autodefensa con otras bandas”, señaló Ramírez Bedolla.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reveló que alrededor de 300 agentes del Ejército, Guardia Nacional y la Guardia Civil patrullan diversos puntos de la región de Tierra Caliente, a la que pertenece La Ruana, en busca del grupo de sicarios que atacó a Mora Chávez.

En tanto, familiares de Hipólito Mora esperan que la Fiscalía Estatal les entregue el cuerpo del autodefensa, para realizar este viernes el funeral.

Mora Chávez era originario de La Ruana, donde se levantó en armas el 24 de febrero de 2013, contra el cártel del narcotráfico autodenominado como “Los Caballeros Templarios”, cuyos principales líderes eran los narcotraficantes Nazario Moreno “El Chayo”, Jesús Méndez “El Chango Méndez”, Servando Gómez “La Tuta”, Enrique Plancarte “El Kike” y Dionisio Loya “El Tío”.

Hipólito Mora había sobrevivido a dos atentados: el primero ocurrió el 26 de noviembre de 2022, y otro más el 4 de marzo del presente año, ambos en La Ruana.

Actualmente, en la región de Tierra Caliente operan los grupos delincuenciales autodenominados como Cárteles Unidos (Los Viagras), Los Caballeros Templarios y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales se disputan el control de actividades ilícitas en la zona.

Los asesinatos de periodistas en el mundo aumentaron 50% en 2022 respecto al año previo, debido principalmente a los ataques en Ucrania, México y Haití.

Según un informe del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, al menos 67 trabajadores de los medios fueron asesinados en 2022, la cifra más alta desde 2018.

Periodistas en los tres países dicen que el peligro los obliga a trabajar en una situación de gran estrés.

El hecho llama la atención sobre todo en Haití, donde en 2022 asesinaron a siete periodistas, una cifra enorme para un pequeño país de 12 millones de habitantes. Algunos fueron asesinados por las pandillas que de hecho se han apoderado de Puerto Príncipe, aunque al menos dos fueron abatidos por la policía.

El periodista Mackenson Remy, de Radio Caraibes, que aún cubre noticias en la calle, dijo que ya no se sabe en quién se puede confiar.

“Reportear en Haití es extremadamente difícil para los periodistas, específicamente en la capital”, dijo Remy a la agencia AP. “La corrupción está en todas partes, ya no puedes confiar en nadie”.

El CPJ observó que 35 de los asesinatos ocurrieron en Ucrania, México y Haití. En México asesinaron a 13 trabajadores de prensa, según el comité. Otros grupos dicen que la cifra es de 15, que de ser cierto haría del 2022 el año más mortífero para los periodistas mexicanos en las últimas tres décadas.

Así, Latinoamérica, con México a la cabeza, fue el pasado año la región del mundo más mortífera para los periodistas, según el informe. En total, 30 periodistas latinoamericanos han muerto violentamente el pasado año, lo que constituye casi la mitad de los 67 que han muerto en todo el mundo.

En tanto, en Ucrania mataron a 15 periodistas el año pasado, según el CPJ. Recordemos que a casi un año de haber sido invadido por Rusia, en Ucrania se libra una guerra, lo que ha aumentado los riesgos para los periodistas.

El CPJ pudo confirmar que 41 de los 67 periodistas fueron asesinados “en relación directa con su trabajo” y que investiga los motivos de los 26 asesinatos restantes.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este miércoles que de acuerdo a cifras corroboradas por su organismo, 557 periodistas han sido asesinados en el mundo en los últimos diez años en el cumplimiento de su labor.

Además, más de un millar de periodistas han sufrido prisión por realizar su trabajo y 64 se encuentran desaparecidos.

“Estas estadísticas son increíbles porque nadie que hace su trabajo debería sufrir este riesgo, especialmente en la actualidad, cuando es tan importante tener una prensa fuerte, independiente y ética” comentó en su primera reunión con periodistas en Ginebra.

“Ustedes son parte de del ecosistema democrático y es absolutamente importante preservarlo. Los periodistas están en primera línea para garantizar que la verdad y los hechos salgan a luz y esto es muy importante desde la perspectiva de los derechos humanos”, declaró.

Türk, de nacionalidad austriaca, asumió el puesto de alto comisionado el pasado mes, en reemplazo de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

Sobre los asesinatos de periodistas, ocho fiscales de todo el mundo reunidos por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzaron un llamado a los sistemas de justicia para que actúen “contra la impunidad” en estos crímenes.

Los fiscales, entre ellos la mexicana Laura Borbolla y la brasileña Raquel Dodge, elaboraron una lista de diez compromisos para que los ataques contra los periodistas no queden sin respuesta penal.

El llamamiento fue divulgado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se conmemora este 2 de noviembre.

A diferencia de lo expuesto por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, según datos de RSF, más de mil periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido asesinados en todo el mundo desde 2010, mientras que otros 118 están desaparecidos desde 2016.

Cerca del 90% de los crímenes cometidos contra los periodistas quedan impunes, señala la Unesco.

Como ejemplo, Bernard señaló que “es habitual descubrir, como sucede en México, que el vínculo entre el asesinato y la actividad periodística de la víctima nunca ha sido objeto de una investigación seria”.

El llamamiento, que está abierto a que se sumen fiscales de todo el mundo, incluye entre sus puntos preservar la independencia y la imparcialidad de las investigaciones en delitos contra periodistas, actuar de forma decidida para poner fin a la impunidad o averiguar de forma sistemática el vínculo entre el crimen y la actividad profesional de la víctima.

También incluye velar por la seguridad de los periodistas amenazados y de sus familias, proteger el secreto de las fuentes y pedir que se dote a las fiscalías de los medios necesarios para desarrollar sus investigaciones.

En nuestro país, el gobierno federal reportó la semana pasado que 260 periodistas han sido asesinados en los últimos tres sexenios, con 63 de ellos en lo que va de a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno, Alejandro Encinas, reconoció 13 asesinatos de comunicadores en lo que va de este 2022, aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otras organizaciones, registra un total de 18.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) aseguró que 2022 es el año más letal para el ejercicio de los periodistas en nuestro país, tras un mes (agosto) que ha dejado cuatro nuevos muertos que elevan a 14 los comunicadores asesinados en lo que va del año.

La organización, que no tiene constancia de una cifra tan alta desde el inicio de sus recuentos, lamenta este “sórdido récord” que ha convertido la situación del periodismo en México en un “drama que exige acciones urgentes por parte del gobierno”.

Con estas cifras México se mantiene en cabeza, por cuarto año consecutivo, de la lista de países más peligrosos para el ejercicio de la profesión, por delante incluso de países en guerra como Ucrania (ocho casos) o Yemen (tres casos).

México, cabe recordar, ocupa el puesto 127 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022 de RSF.

“La lista de periodistas asesinados en México es espeluznante y parece alargarse inexorablemente sin que el gobierno federal ni las autoridades locales se hagan cargo de la dimensión del problema, ni tomen decisiones valientes”, lamentó el director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en América Latina, Emmanuel Colombié.

Desde el inicio del mandato del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, RSF ha contabilizado al menos 36 asesinatos de periodistas y dos desapariciones, las de Jorge Molotzin Centlal y Pablo Felipe Romero Chávez, en 2021, en el estado de Sonora.

La ONG matiza que la mayoría de estos asesinatos se concentran en los estados especialmente “gangrenados” por la corrupción y el crimen organizado: Michoacán, Sonora y Veracruz, con cinco casos cada uno. En la gran mayoría de estos 38 casos, “la impunidad”, lamenta RSF, “es casi total”.

El último caso tuvo lugar este pasado lunes, cuando el periodista Fredid Román fue ejecutado en Chilpancingo, Guerrero. Román acababa de salir de su domicilio en su vehículo, cuando dos individuos en una motocicleta abrieron fuego contra él antes de darse a la fuga.

Román, editor del diario local ‘Vértice’ y muy crítico con el gobierno de Guerrero y con la corrupción de las autoridades locales, murió en el acto. Su sobrino señaló públicamente como responsable del asesinato a la banda criminal local de Los Ardillos, que, según él, había amenazado varias veces de muerte a su tío.

El hijo de Román fue ejecutado hace un par de meses atrás, por lo que la Fiscalía de Guerrero está analizando la relación entre ambos casos.

Román se convirtió así en el cuarto periodista asesinado desde principios de agosto, después de Ernesto Méndez, Juan Arjón López y Alán González, cuyos nombres se suman tristemente a los de José Luis Gamboa Arenas, Alfonso Margarito Martínez Esquivel, Lourdes Maldonado López, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Luis Camero Zazueta, Juan Carlos Muñiz, Armando Linares López, Luis Enrique Ramírez y Antonio de la Cruz.

Además de al gobierno federal, RSF llamó igualmente a autoridades locales como Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; a Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz; a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero y a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, “a reforzar sus mecanismos de protección para la prensa y a identificar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos registrados estos últimos años en sus Estados”.