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El abogado y portavoz de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, indicó que en la reunión que sostuvieron con el Presidente López Obrador no tuvo avances, aunque resaltó que ser acordó una reunión con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional el próximo 29 de julio.

“No hubo información sustantiva, no hubo novedades”, refirió Rosales a la salida de Palacio Nacional, en donde dijo, el mandatario reiteró su compromiso de continuar con la investigación del caso.

Pese a que los padres de los normalistas no recibieron un informe sobre el caso, que había prometido López Obrador en una anterior reunión, el abogado aclaró que para ellos “lo más importante es que tendremos una reunión con la presidenta electa”.

Y es que recordemos que López Obrador afirmó en su conferencia matutina del pasado 24 de junio que entregaría el informe a los padres de los jóvenes que desaparecieron, para mostrar que se está “clarificando” el caso porque “se enmarañó mucho por los intereses”, sin precisar cuáles.

Respecto a los estudios genéticos realizados a restos humanos encontrados en 2015, que se creían relacionados con el caso, se informó que el resultado fue negativo; “ninguno de esos restos pertenecen a los estudiantes”.

AMLO ha defendido en repetidas ocasiones al Ejército de las acusaciones que han hecho las familias y organizaciones civiles, quienes acusan a López Obrador de proteger a las Fuerzas Armadas que participaron en los hechos.

Incluso la Comisión de la Verdad del Gobierno, creada por el propio López Obrador, concluyó en agosto de 2022 que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron grupos criminales en colusión con autoridades de todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas.

Fue la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a la Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco.

El abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió “a que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, pueda darle seguimiento al caso” que recordemos lleva casi 10 años en la impunidad.

Al salir de una reunión con López Obrador la tarde de ayer, el abogado expuso que le solicitaron fungir como “vínculo” con Claudia Sheinbaum, ya que “las madres y padres no ven que figure entre los compromisos que la hoy virtual presidenta tuvo como plataforma de campaña”.

Rosales indicó que el presidente prometió asegurarse de que Sheinbaum supervise el asunto cuando asuma la presidencia el próximo 1 de octubre; incluso dijo que es probable que asista a la última reunión con las familias de los jóvenes, antes de que López Obrador deje el cargo.

Por otro lado, el abogado lamentó que la reunión de este lunes haya ocurrido hasta el final del proceso electoral, cuando “el movimiento que ellos encabezan es un movimiento por los derechos humanos, por la presentación con vida de los desaparecidos”.

“Este tema no tiene nada que ver con la política, con la ‘politiquería’, como dicen, ni con los partidos políticos. Es un tema evidentemente de derechos humanos”, afirmó Rosales.

Además, el defensor informó que las madres y padres reiteraron a López Obrador “la exigencia puntual de los 886 folios pendientes que el Ejército mexicano no ha entregado”.

“También con ello hicieron énfasis los padres en la extradición de los funcionarios que tienen responsabilidad y que no se ha llevado a cabo”, añadió.

Finalmente, Rosales comentó que tendrán una siguiente junta con el mandatario el próximo miércoles 3 de julio, donde se revisarán esos puntos.

La reunión ocurrió a tres meses de cumplirse una década de la desaparición de los estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en un contexto de creciente presión para que López Obrador cumpla su promesa de esclarecer el caso antes de que concluya su mandato.

La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó en 2022 que el suceso fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército.

Una jornada de protesta a las afueras de Palacio Nacional escaló la tarde este lunes, cuando un grupo de manifestantes, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, lanzó petardos hacia la fachada del edificio, dejando 26 policías heridos, según informes de las autoridades locales.

La protesta, en reclamo de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de en 2014, se dio a cinco días de la polémica decisión de un tribunal federal que ordenó la excarcelación de ocho militares.

Los ocho militares, que estaban detenidos desde el año pasado procesados por lo ocurrido hace casi diez años en Iguala, Guerrero, fueron liberados a finales de enero y poco después fueron nuevamente apresados para enfrentar un juicio por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

El juez dispuso la semana pasada su liberación para que puedan defenderse en libertad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dijo en un comunicado que durante la protesta resultaron lesionados 26 uniformados por petardos que lanzaron manifestantes.

Los policías presentaron heridas en su mayoría en las piernas, los brazos y los glúteos y debieron ser trasladados a distintos hospitales, precisó la dependencia.

Es la segunda protesta que escala en Palacio Nacional. Hace dos meses hubo otra protesta, con manifestantes vinculados a la escuela normal de Ayotzinapa, cuando derribaron con la ayuda de una camioneta de la CFE una de las puertas de Palacio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrecía su habitual conferencia de prensa matutina.

Y es que desde hace varios meses, estudiantes de Ayotzinapa y los familiares de los jóvenes desaparecidos han aumentado los reclamos al Gobierno federal y en especial al presidente López Obrador, para que los cumpla su promesa de saber qué paso, además de que la exigencia es que los reciba y se aceleren las investigaciones del caso.

López Obrador ha desestimado las protestas y ha acusado a activistas y abogados de estar manipulando a los familiares de los estudiantes desaparecidos para ponerlos en contra de su Gobierno.

Desde que López Obrador asumió en 2018, se comprometió a esclarecer el caso y a localizar a los 43 estudiantes, pero las investigaciones no han tenido mayores avances pese a que han sido detenidos algunos exfuncionarios y militares.

A casi diez años de los eventos ocurridos en Iguala, no está claro ni el móvil del crimen ni el destino de los estudiantes, aunque se encontraron restos calcinados de tres de los jóvenes y se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel local que traficaba heroína y que actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluidos militares.

La Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación (Interior) analiza 35 cuerpos de entre unos 2,000 acumulados por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG), para ubicar un hallazgo que indique que pertenecen a los 43 normalistas desaparecidos en 2014.

Un grupo de padres de los estudiantes desaparecidos se movilizaron del plantón de seis días que mantienen en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, rumbo a la Secretaría de Gobernación para reunirse con el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.

“Nos dijeron que la Fiscalía de Guerrero encontró 2,000 cuerpos en la ciudad de Iguala y alrededores y con motivo de esos hallazgos, la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa pidió que le permitieran hacer análisis de algunos cuerpos”, informó el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, a medios a la salida de la reunión.

Agregó que primeramente le entregaron 132 cuerpos en características y edades de los estudiantes y tras una selección dijeron que solo examinarían 35.

“Hasta ahora solo un cuerpo fue estudiado y con resultados negativos para alguno de los estudiantes”, agregó Rosales y precisó que la Fiscalía Especial no ha permitido al Equipo Argentino de Antropología Forense participar en el análisis de los cuerpos.

El pasado viernes, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos marcharon e instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, que retirarán mañana 1 de mayo, para exigir justicia y el esclarecimiento del caso, que este 2024 cumple 10 años.

Además, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reunirse con ellos antes de las elecciones presidenciales del 2 de junio para que les informe los avances de las investigaciones.

La movilización, parte de la Acción Global 115 por Ayotzinapa, se dio del Ángel de la Independencia hasta la plancha del Zócalo.

Ese mismo viernes, el presidente López Obrador reafirmó que no habrá carpetazo en el caso Ayotzinapa, por lo que el Gobierno federal continúa las indagatorias a fin de conocer el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

El mandatario ha señalado que, tras la jornada electoral del 2 de junio, recibirá a las madres y padres de los 43 estudiantes para presentarles más avances de las investigaciones.

Los padres y estudiantes de Ayotzinapa han manifestado en sus últimas protestas que López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se resolverá a tiempo el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, gracias a la Ley de Amnistía que hoy se vota el Congreso para que pueda “perdonar” a criminales que aporten información valiosa en temas relevantes.

“Sí, nos va ayudar mucho (la nueva ley). Sí nos alcanza el tiempo (para resolver el caso) porque es hacer las cosas legales”, afirmó el mandatario.

López Obrador se refirió a la Ley de Amnistía que establecerá que el titular del Ejecutivo podrá “dar amnistía a quien aporte información comprobable para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado mexicano”.

Dicha ley, aprobaba la semana pasada en el Senado, amplía las facultades del presidente “para liberar de manera directa a reclusos que incluso hayan sido sentenciados, a cambio de información que ayude a esclarecer delitos”.

El dictamen fue aprobado ayer en comisiones en la Cámara de Diputados, y se espera que hoy sea avalada en el Pleno.

En ese sentido, López Obrador aseguró que esta nueva ley permitirá negociar con alguien con información sobre el caso, lo que ayudaría a conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014 en Guerrero.

“Imagínense, si se toma un acuerdo con alguien que quiere informar, pero después de que informa el presidente no tiene facultades para cumplir (con protegerlo) porque estarían infringiendo la ley, porque depende de la ley judicial y con un Poder Judicial hostil, contrario a la impartición de justicia, no avanzamos”, sostuvo el mandatario.

AMLO señaló que por ello busca esta ley, pues hay personas en la cárcel o en libertad que por miedo, amenazas o “un pacto de silencio” no han querido hablar.

“Entonces lo que queremos es que nos ayuden. ¿Y cómo les correspondemos? Los tenemos que proteger. Pero nos importa mucho saber dónde están los jóvenes, entregar a los jóvenes (de Ayotzinapa)” insistió.

Y es que el esclarecimiento del paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es uno de los pendientes de la administración de López Obrador, pues desde su campaña en 2018 prometió esclarecer lo sucedido.

Las protestas por el incumplimiento de sus promesas han crecido y el pasado 6 de marzo normalistas de Ayotzinapa derribaron la puerta del Palacio Nacional para exigirle que cumpla su palabra. Además, la Asamblea Nacional Popular (ANP) anunció el 14 de abril un “boicot” a las campañas y las elecciones del 2 de junio debido a que López Obrador no ha atendido a los padres de los jóvenes.

Sin embargo, el presidente ha descartado que las amenazas sean un riesgo para la jornada electoral, aunque la presión ha crecido durante las campañas porque familiares y estudiantes lo acusan de proteger al Ejército porque hay militares involucrados.

Ayer, incluso, prometió que se reunirá con las familias de los jóvenes el próximo 3 de junio, un día después de los comicios.

Elementos del Ejército detuvieron la madrugada de este miércoles al policía de Guerrero, que es acusado de asesinar a Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa.

“Hoy en la madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa, ya están todos los que participaron presos, estaba en un rancho guardado, protegido, se está haciendo la investigación”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina.

Según una presentación que exhibió, militares y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al oficial, identificado como David ‘N’, en el municipio de Tixtla, donde también localizaron un revólver y dos escopetas.

El agente está acusado de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa en contra de Gómez. Por ese hecho, ya hay dos policías estatales procesados por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Yanqui Kothan Gómez murió el 7 de marzo en un retén de la policía de Guerrero cerca de Chilpancingo, donde las autoridades primero aseguraron que el joven y un compañero que resultó herido portaban armas y drogas, además de estar en estado ebriedad, lo que el Gobierno desmintió.

“Cuando se dan a conocer estos hechos, (la versión) era que los muchachos habían disparado y que en respuesta la policía había asesinado al joven de Ayotzinapa, y que incluso tenían armas y drogas, y no aceptamos ese primer informe, y se investigó, y se llegó a la verdad”, comentó López Obrador.

El asesinato agudizó las protestas de los normalistas, que se han incrementado rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, pues acusan a López Obrador de proteger a militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 y de no resolver el caso.

Apenas el lunes pasado, los estudiantes vandalizaron las instalaciones del Gobierno de Guerrero, e incendiaron al menos nueve vehículos, al cumplirse un mes del asesinato de su compañero.

López Obrador defendió este miércoles que en su gobierno “no son iguales” a los anteriores, pero pidió calma a los habitantes de Guerrero porque “hay muchos intereses que están actuando en esa región y no todos tienen el propósito de que haya justicia o no todos buscan que se actúe con justicia”.

AMLO aprovechó para informar que sí se reunirá con los familiares de los 43 normalistas, pero una vez que pase la jornada electoral. “Estamos esperando que pase este tiempo de campaña para que no se utilicen estos lamentables hechos, porque vivimos tiempos de zopilotes”, dijo el presidente.

Al respecto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reiteró en redes sociales el compromiso de su gobierno para hacer justicia para el joven asesinado y su familia.

Indicó que el presunto responsable se encuentra bajo resguardo de las autoridades en tanto la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones.

“Me sumo al llamado de nuestro presidente a que en este proceso de justicia y de exigencia de la misma, nos mantengamos apegados al diálogo y al entendimiento como única vía de solución a los conflictos”, sostuvo la gobernadora.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó este lunes a la Consejería Jurídica de la Presidencia buscar y revelar los informes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

El INAI indicó que esta información, que incluye videos, entrevistas, mensajes entre personas clave, comunicaciones telefónicas, capturas de pantalla, conversaciones y cuestionarios, entre otras, debe difundirse al público en general.

Esto, recordó la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, es parte del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de esclarecer los hechos que ocurrieron el 26 de septiembre de 2014 en los que desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

La funcionaria del organismo autónomo afirmó que el reclamo social sigue vigente y no parará hasta saberse la verdad de los hechos y reparar el daño a los afectados y, por ello, es importante abrir la información relacionada con el caso.

“Estos informes que se están solicitando son informes que continuamente los han hecho públicos, se nos ha informado sobre este caso, se han hecho las denuncias correspondientes y se han informado, entonces, la información existe”, recalcó.

Señaló además que esta resolución ocurre en respuesta a la solicitud formulada por una persona que pidió que la Consejería Jurídica presentara la información sobre el caso, aunque la dependencia negó que existiera registro o constancia de información relacionada.

“Al presentar sus alegatos, la Consejería Jurídica reiteró su respuesta inicial y señaló que no está en posibilidades de buscar en los archivos de la Presidencia de la República, ya que se trata de un sujeto obligado distinto”, detalló el INAI.

Sin embargo, al analizar el caso, el Instituto determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia, “pues no consultó a todas las unidades administrativas competentes”.

Y expuso que, aunque la Consejería Jurídica no es la responsable de emitir los informes, puede conocer la información, sobre todo porque está inmersa en los procedimientos.

Ante ello, ordenó una búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas competentes.

La resolución sucede tras protestas porque López Obrador no ha cumplido su promesa de campaña de resolver la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Los dos elementos de la Policía Estatal de Guerrero fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso en contra del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, y por tentativa de homicidio, contra sus dos compañeros, en el ataque del 7 de marzo.

La segunda audiencia de vinculación se llevó a cabo ayer en la sede del Poder Judicial de la Federación, en el puerto de Acapulco, con una duración aproximada de 8 horas, en las que se definió la situación jurídica de los elementos que permanecerán en prisión.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó en declaraciones al salir de la audiencia la noche de ayer, que se presentaron 34 medios de prueba, videos y pruebas periciales.

Uno de los cuatro abogados del Centro que llevan la defensa legal de la madre del normalista, que prefirió ocultar su nombre por seguridad, detalló que el abogado de los imputados intentó la desvinculación del caso por parte de los agentes, pero el video de la cámara del ‘C4’ de la Secretaría de Seguridad Pública, ubicada en el sitio de los hechos, demostró que los normalistas no atacaron a los policías.

“Una prueba contundente es el video del mismo C4, es una prueba fundamental con el que se demuestra que los policías no completaron su protocolo de actuación, y hubo uso excesivo de letalidad en cuestión de armas de fuego”, detalló.

Explicó que tienen cinco meses para las investigaciones complementarias, y estimó que de ser declarados culpables, podrían dictarles hasta 30 años de prisión a los policías identificados como Sigifredo “N” y Francisco “N”.

También se les informó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la búsqueda del policía señalado de disparar, quien ha sido identificado como David “N”, y quien se dio a la fuga la semana pasada, según dijo el Presidente López Obrador, con ayuda de otras autoridades.

El ataque contra los tres estudiantes, que derivó en la muerte de Yanqui Konthan, desató una serie de protestas de normalistas de Ayotzinapa, y también tuvo como consecuencia la renuncia de los secretarios General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, y el inicio del proceso de remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó este viernes a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien aceptó la renuncia de dos funcionarios, además de pedir la remoción de la fiscal estatal, luego de la crisis por el asesinato de un normalista de Ayotzinapa a manos de la Policía Estatal.

“Nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero, que no está sola”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO se refirió a la polémica que desató la decisión de Salgado quien, tras el asesinato del joven normalista el jueves de la semana pasada, aceptó la renuncia de los secretarios de Seguridad Pública, Rolando Solano, y de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso.

La mandataria estatal, de Morena, también planteó cesar a la fiscal general del estado, Sandra Luz Gómez, quien argumentó que no puede hacerlo porque es un órgano autónomo.

“También están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo la remoción de la fiscal estatal porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad, cero impunidad, se va a investigar a todos”, comentó ahora López Obrador.

La destitución de los altos mandos de seguridad era una exigencia de la familia del estudiante asesinado, Yanqui Khotan Goméz, y sus compañeros porque las autoridades primero afirmaron que el joven habría disparado un arma y estaba drogado, lo que se demostró que era falso.

Hasta ahora, dos policías involucrados están en prisión preventiva. En tanto, está prófugo el presunto autor material del asesinato, identificado como el policía estatal David ‘N’.

Los hechos han desatado protestas esta semana, principalmente en Chilpancingo, capital del estado, contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.

La polémica se ha recrudecido ante los señalamientos de que López Obrador no ha resuelto, como prometió en campaña, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014.

El mandatario enfatizó que su Gobierno “no encubre a nadie” y, según él, no se fabrican delitos, no hay tortura ni se reprime.

“Estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Otra cosa, no caemos en provocación. Y se burlan de que (el lema es) ‘abrazos, no balazos’, pero ahí están los resultados, estamos bajando el número de homicidios en el país”, sostuvo este viernes.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció ayer la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, tras el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de la Policía Estatal.

“En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes. Estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el Gobierno de México”, señaló Salgado en un mensaje emitido a través de sus redes sociales.

La gobernadora informó que “en un ejercicio de calidad moral” recibió y aceptó las renuncias del secretario general de Gobierno y del titular de Seguridad Pública; agregó que en breve se darán a conocer a los encargados de despacho de estas dependencias.

Salgado Pineda reafirmó su disposición y compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes para llevar a cabo una investigación parcial de los hechos, así como la búsqueda de la justicia.

La renuncia de los funcionarios era una exigencia hecha por la madre de Yanqui Kothan Gómez y sus compañeros estudiantes, tras los señalamientos iniciales de las autoridades que apuntaban que el joven asesinado habría disparado un arma y estaba drogado, lo cual posteriormente se demostró que era falso.

En su mensaje, Salgado Pineda informó que también iniciaría un proceso para destituir a la fiscal General de Guerrero, Sandra Luz Gómez Valdovinos, quien reaccionó señalando que se defenderá para permanecer en su cargo.

Mediante un comunicado, Gómez Valdovinos dijo ser respetuosa de lo dicho pero que para removerla se deberán agotar los procedimientos constitucionales y legales, que le permiten ejercer la garantía de audiencia y debida defensa.

Adelantó que hará valer su derecho de audiencia ante el Congreso del Estado para transparentar las acciones que la Fiscalía llevó a cabo en torno al asesinato de Yanqui Kothan que, informó, se investiga por el delito de homicidio calificado.

Ayer, un juez federal dictó prisión preventiva a los dos policías estatales acusados de los delitos de homicidio calificado doloso y tentativa de homicidio.

El sacerdote Filiberto Velázquez Florencio, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello y da acompañamiento a la madre del normalista, informó del resultado de la audiencia, que se llevó a cabo en los juzgados federales del puerto de Acapulco.

El presunto autor material del asesinato de Yanqui Kothan, que sefugó a inicios de semana, ha sido identificado como el policía estatal David “N”, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llamó a entregarse durante su conferencia matutina del miércoles.

La fuga del agente desató protestas en Chilpancingo contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, en donde se registraron destrozos, 11 vehículos quemados y al menos 24 agentes de la Guardia Nacional lesionados.

Dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) desaparecieron mientras se dirigían a Guerrero a investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, confirmó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.

La última vez que fueron vistos los agentes fue el domingo en Cuernavaca, Morelos, donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió las fichas informativas de Suay Kassandra Domínguez y Enrique Linares.

Aunque algunos medios reportaron que los oficiales investigarían el homicidio de Yanqui Kothan Gómez, estudiante de la normal de Ayotzinapa asesinado la semana pasada en un retén de la Policía de Guerrero, López Obrador comentó que indagaban el caso de los 43 jóvenes de esa escuela que desaparecieron en septiembre de 2014.

“Esto (ocurre), debe saberse, en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes”, manifestó el presidente.

“Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando. Como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando. No lo van a lograr”, enfatizó el mandatario.

La tensión entre el López Obrador y las familias y estudiantes de Ayotzinapa ha aumentado. Protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Los estudiantes de Ayotzinapa derribaron el miércoles pasado una puerta del Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados.

El jueves, se reportó el asesinato de otro normalista de Ayotzinapa, que participaba en estas protestas. En un primer momento, se informó que dos estudiantes viajaban en un auto robado, armados, cuando pasaron por un retén de la policía estatal de Guerrero.

Al marcarles el alto, y no acceder, comenzaron a agredir a los oficiales por lo que los policías habían abierto fuego contra ellos, dejando sin vida a uno de los estudiantes que viajaban en la camioneta. El otro resultó herido.

Sin embargo, ahora se sabe que los jóvenes no viajaban armados y no atacaron a los policías. Incluso el presidente llegó a reconocer que hubo un abuso de autoridad por parte de los elementos de la policía. El mandatario anunció que se llevarían a cabo las investigaciones y se castigaría a los responsables, quienes dijo, estaban detenidos.

López Obrador confirmó esta mañana que el agente de la policía que presuntamente mató al estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgo de Ayotzinapa, se fugó ayer poco antes de que se concretara una orden de detención.

“Ayer el presunto responsable del asesinato del joven normalista de Ayotzinapa se fugó”, dijo el presidente López Obrador.

Según lo relatado por el mandatario, el agente se encontraba en arresto administrativo a falta de que las autoridades del estado de Guerrero lo entregaran a la Fiscalía de México, quien atrajo la investigación a petición del Gobierno federal.

“Se había dado la instrucción de que se le arraigara. Se estaba a la espera de la orden de aprensión pero le avisaron o decidió fugarse”, añadió López Obrador que ha garantizado a los familiares del estudiante fallecido que “no va a haber impunidad” con este caso. Incluso dijo que todo indicaba a que hubo actos de complicidad.

AMLO prometió que el Estado hará todo lo que esté en sus manos para resolver la situación, y advirtió que este caso sirve para evidenciar que “hay muchos intereses” cruzados y “hay quienes no quieren que se haga justicia” aunque solo sea por perjudicar al Gobierno en un año electoral.

Detalló que las autoridades han puesto en marcha un dispositivo para dar con el paradero del agente fugado, y ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana tanto de Ayotzinapa como de todo Guerrero. “Necesitamos detenerlo”, recalcó.

Estudiantes de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la destitución del secretario de Seguridad Pública en el estado de Guerrero, Rolando Solano, tras el asesinato del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo.

Las demandas de los normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se dieron en medio de bloqueos en vías principales de comunicación, la toma de vehículos oficiales y la demanda al mandatario, tras dar el anuncio de su muerte, de no utilizar la tragedia para limpiar su nombre.

Los normalistas, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), llegaron a la capital del estado a bordo de seis autobuses para llevar a cabo una manifestación sobre la autopista del ‘Sol’, en la salida que conduce al puerto de Acapulco.

Los jóvenes, con el rostro cubierto, dejaron un carril de circulación en ambos sentidos de esa vía de cuota para distribuir volantes informativos a los conductores, en los que denunciaron que el asesinato de su compañero no fue un hecho aislado, pues horas antes, otros dos compañeros fueron detenidos y amenazados sobre la carretera federal Chilpancingo-Tixtla.

En una de las concentraciones, uno de los normalistas criticó que el presidente no se ha tomado la molestia de esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes, y ahora con este caso quiere hacerse su amigo.

“Quiere limpiar su nombre diciendo que la policía sí tuvo que ver, diciendo que él va a esclarecer este hecho. ¡Qué incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador queriendo limpiar su nombre a pocos meses de terminar su sexenio! Sabemos que no lo hace por ser empático, por saber la verdad de nuestro camarada, por tener justicia, sino que lo hace para poder salir limpio, para que no existan represalias contra su Gobierno”, expresó el joven.

Durante las protestas, los normalistas retuvieron dos camionetas, una del Gobierno federal y otra del Gobierno estatal, así como tres autobuses de diferentes líneas comerciales.

En el escrito de seis puntos que repartieron en su protesta, los normalistas reiteraron que la escena del crimen fue alterada por la Policía Estatal, quien manipuló y falseó la información.

También expresan que lo largo de la historia han sido asesinados 11 estudiantes de la normal rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y consideran que ser joven y estudiante de esta los convierte “en un blanco de odio desmedido”.

Los jóvenes exigen el esclarecimiento de los hechos del 7 de marzo, castigo a los autores materiales e intelectuales, la destitución del secretario, y del coordinador de la Policía Estatal. Piden el alto al hostigamiento y a la presión estudiantil de parte de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, el cese a la incriminación de las víctimas de los ataques, y la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos desde 2014.

Por su parte la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, compartió en sus redes sociales que su gobierno coadyuvará con las investigaciones. Confirmó que se reunió con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón de la normal de Ayotzinapa.

Dijo que se comprometió con los jóvenes estudiantes con el esclarecimiento del caso, además de que prometió, habrá justicia y no habrá impunidad.

También confirmó que se reunió con la madre del joven asesinado, a quien le expresó su solidaridad y apoyo, y ofreció el acompañamiento en este proceso. “El compromiso tanto con la familia como con los jovenes de la normal Raúl Isidro Burgos no queden en la impunidad y se siente el precedente que este Gobierno no defenderá nada, ni a nadie que haya actuado fuera de la ley”, sostuvo.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó que investiga a policías estatales por el homicidio calificado de un estudiante de Ayotzinapa, mientras que la FGR decidió atraer el caso y ha adelantado que ha encontrado indicios suficientes sobre delitos de violación de derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) admitió este lunes que hubo un “abuso de autoridad” por parte de los policías del estado de Guerrero que la semana pasada mataron a un estudiante de la normal de Ayotzinapa, en medio de las protestas por los 43 normalistas desaparecidos.

“Hubo un abuso de autoridad, todavía no quiero adelantar, pero no disparó el joven, por ejemplo, entonces hay que ver todos los peritajes. Ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General, y no vamos a permitir ninguna injerencia, tentación, de querer proteger a los responsables”, sostuvo el mandatario.

López Obrador se refirió a la muerte de un estudiante el pasado jueves en un retén de la Policía de Guerrero.

Aunque los oficiales habían afirmado que la víctima, de nombre Yanqui Kothan Gómez, y otro estudiante iban armados en un automóvil robado y dispararon a los agentes, el presidente ahora negó esa versión.

López Obrador aseguró que los tres policías que participaron “están detenidos en Guerrero, pero ya están a disposición de la Fiscalía General de la República”, a la que pidió atraer el caso.

“Aprovecho para decir que lamento mucho lo que pasó en Chilpancingo con el joven que fue asesinado, que ya se atrajo la investigación, se va a castigar a los responsables y envío mi pésame a los familiares de este joven, a sus amigos”, comentó.

El incidente amenaza con incrementar la tensión entre López Obrador y los estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

En ese sentido, estudiantes y familiares de los desaparecidos derribaron la semana pasada una puerta de Palacio Nacional para exigir justicia a López Obrador, a quien acusan de proteger a militares involucrados, mientras él estaba adentro en su conferencia matutina.

“No vamos a permitir la impunidad, se va a castigar a los responsables, no se va a fabricar nada para proteger a los responsables, no permitimos la impunidad y me dolió muchísimo, me duele mucho, y vamos a actuar”, prometió ahora el mandatario respecto a la muerte del estudiante.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este viernes a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer la investigación de la muerte de un estudiante de la normal de Ayotzinapa en un retén de la Policía del estado de Guerrero la noche de ayer.

“Sí hay esta vinculación, esta relación (con Ayotzinapa). Hemos decidido en el gabinete de seguridad que para aclarar bien lo sucedido, castigar a responsables, que se solicite a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, vamos a pedir de manera respetuosa, para que se investigue bien”, dijo.

El mandatario detalló en su conferencia matutina que un estudiante murió tras un altercado con la Policía de Guerrero, donde las autoridades locales primero habían informado de dos muertos.

López Obrador señaló que “es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después de que se llevó a cabo una protesta en el Palacio Nacional”, donde estudiantes de Ayotzinapa derribaron una puerta para exigir justicia por la desaparición de sus 43 compañeros en 2014.

“Sin embargo, son cosas distintas porque esto, que lamentablemente ocurre, se da en Chilpancingo (capital de Guerrero), y son dos jóvenes que van en un carro, la Policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado”, comentó.

Y es que de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a las 20:45 un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó a los jóvenes en una camioneta blanca con reporte de robo.

“Cerca de un hotel los detienen, dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y, lamentablemente, pierde la vida un joven, uno nada más”, indicó el presidente.

Lo ocurrido amenaza con incrementar la tensión entre López Obrador y los estudiantes de Ayotzinapa, quienes protestan porque el presidente no ha cumplido su promesa de resolver el caso, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Aunque el mandatario prometió respetar el derecho a las protestas, cuestionó al abogado de las familias de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales, al exhibir un video en el que amaga con que se van “a aparecer en todos los actos de campaña que haga Claudia Sheinbaum”, candidata presidencial de Morena.

Eso le sirvió para señalar que hay tintes políticos o politiqueros detrás de las protestas.

“Con todo mi respeto que no se vaya a sentir que es un acto de censura, le pido, convoco al abogado que asesora a los papás y mamás de Ayotzinapa que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad”, sostuvo.

AMLO señaló que no tiene nada que ver la desaparición de los estudiantes, con las actividades de una candidata.

“Nosotros tenemos la obligación de atender, pero ¿por qué tiene pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata o al candidato, son tres, porque nada más a una, ahora sí que ¿de parte de quién?”, remató.

Al menos un estudiante murió como resultado de un nuevo enfrentamiento entre estudiantes normalistas de Ayotzinapa y autoridades estatales la noche de ayer en Chilpancingo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a las 20:45 horas un arco detector del Registro Público Vehicular (Repuve), instalado en la carretera Tixtla-Chilpancingo, ubicó una camioneta blanca con reporte de robo.

Detalló que al pedir que se detuviera el vehículo, el conductor se negó, por lo que la policía disparó.

La camioneta era conducida por estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa: uno de ellos, el conductor, perdió la vida y uno más resultó herido.

Según el comunicado de la SSP de Guerrero, en la camioneta se localizó un arma de fuego corta y cartuchos útiles, tres bolsas de una sustancia cristalina y cervezas; sin embargo, los normalistas denunciaron que les “fue sembrado”.

La corporación policíaca informó que el otro joven fue detenido.

En respuesta al ataque, normalistas a bordo de tres autobuses y dos camionetas, retuvieron a la patrulla de la Policía Estatal marcada con el número 732, que estaba frente al cuartel de la Policía Preventiva Municipal y la incendiaron en la transitada avenida Insurgentes.

En tanto, efectivos de la Guardia Nacional resguardan las instalaciones de las oficinas del Poder Ejecutivo ante posibles movilizaciones de los normalistas.

El nuevo ataque a los normalistas se da en el contexto de su reciente protesta en la Ciudad de México, en donde el miércoles derribaron una puerta de Palacio Nacional para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que reciba a los familiares de los 43 compañeros desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

López Obrador acusó a los abogados y organismos defensores de derechos humanos de querer provocar y retrasar las investigaciones, manipulados por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Al respecto, los padres y madres respondieron en conferencia de prensa este jueves, en la escuela normal de Ayotzinapa, que no aceptarán un diálogo con López Obrador si no es con sus abogados, a quienes defendieron.

¿Qué hay detrás de las nuevas protestas? Ana Paula Ordorica platica con Emilio Álvarez Icaza sobre el caso Ayotzinapa, y cómo el presidente no ha cumplido su promesa de verdad y justicia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves que hay “mano negra” de la oposición detrás de las protestas de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ayer derribaron una puerta del Palacio Nacional mientras el mandatario se encontraba adentro.

“Al difundir tanto un hecho de esa naturaleza nos ayuda a que la gente, que ya tiene mucha consciencia, advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación, que eso fue lo de ayer, un vulgar acto de provocación”, declaró López Obrador desde Tamaulipas.

El mandatario aseguró que sus “adversarios están desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer” en medio de las campañas presidenciales.

“La verdad es que es muy justa la demanda de los padres y de las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero ya se han montado en este asunto grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación”, señaló.

Los manifestantes, quienes acusan a López Obrador de no resolver el caso por dar protección a los militares involucrados, tomaron ayer una camioneta de la CFE que utilizaron para tirar una de las puertas principales del Palacio Nacional. Al interior del inmueble, el presidente encabeza la conferencia matutina.

Los estudiantes de Ayotzinapa protestan porque López Obrador no ha cumplido su promesa de resolver la desaparición de sus 43 compañeros en septiembre de 2014, aunque la Comisión de la Verdad creada por él concluyó en 2022 que fue un “crimen de Estado” en el que también participó el Ejército.

Aunque sugirió que detrás de las protestas podría haber “mercenarios” o “porros” reclutados por opositores, el mandatario prometió que “va a haber diálogo” con las familias de los desaparecidos, pero indicó que no le “dan confianza los intermediarios”.

Además, expresó que le “llamó mucho la atención que llegaron a la Ciudad de México hace como una semana” los manifestantes, quienes “empezaron con actos de provocación en la Fiscalía (General de la República), en la Lotería Nacional, y a romper vidrios en la Secretaría de Gobernación”.

“Y se ponen enfrente del Palacio y de repente antier llegan como seis camiones o más a querer entrar por la fuerza para dar nota a los medios que están al servicio del conservadurismo, de la mafia del poder económico y político que no quiere que continúe la transformación, es muy claro”, acusó.

En Broojula, Ana Paula Ordorica platica con el senador Emilio Álvarez Icaza, a quien el presidente señaló de ser quien manipula a los inconformes que ayer entraron por la fuerza a Palacio Nacional.