Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa importante de campaña a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: que de llegar a la presidencia daría con sus hijos y el crimen de aquel 26 de septiembre del 2014 quedaría resuelto. Ya en la presidencia, López Obrador se ha topado con un enorme dilema. Si quiere cumplirle a los padres esta promesa, tiene que quedar mal con el Ejército.

¿Por qué? Porque el informe que dio a conocer hace unos días el subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa culpa a integrantes del ejército de haber asesinado a algunos de los 43 desaparecidos. Por ello la FGR giró 20 órdenes de aprehensión en contra de militares. El dilema es pues: o queda bien con los padres de los 43 o queda bien con el ejército.

¿Cómo se le salió tanto de control el asunto de Ayotzinapa a este gobierno? ¿Cómo llegan al octavo aniversario tan mal parados?

Primero, lejos de haber claridad respecto a lo ocurrido en Iguala esa noche, hay mayor confusión.

Segundo, el Ejército claramente no está contento con la versión del subsecretario Alejandro Encinas. En esta versión, que al ser del Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, es la del gobierno, integrantes del Ejército quedan señalados de haber participado en la tragedia de Iguala. Es tan claro el descontento de los militares con la versión gubernamental que han presionado para que se retiren las órdenes de aprehensión en contra de sus elementos. Lo han logrado ya en 16 de ellas, lo que no ha deber sido un sapo fácil de tragar para el Fiscal Gertz Manero. Además, le otorgaron una muy buena y exclusiva entrevista a mi colega, Jorge Fernández Menéndez, con el General José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 batallón del Ejército con sede en Iguala.

El General ha sido señalado por Encinas como uno de los responsables de lo ocurrido en Ayotzinapa. En concreto, de haber ordenado la ejecución de seis de los estudiantes. La entrevista ocurrió en los locutorios del Campo Militar número Uno en donde se encuentra Rodríguez Pérez quien se presentó voluntariamente ante las autoridades castrenses al ser señalado por Encinas. Lo hizo como una forma de aclarar su nombre ante estas acusaciones.

La entrevista es muy clara y es evidente que ocurre como un esfuerzo de los militares por defenderse de los señalamientos que ha hecho sobre ellos el gobierno de López Obrador. El presidente parece que no entendió cuando la detención de Salvador Cienfuegos que en el ejército no hay sexenios. Los del pasado y los del presente son los mismos y no les gusta un ataque del gobierno.

Tercero, todos, incluyendo a los padres de los 43, hemos visto como este gobierno ha decidido politizar la justicia. Al excarcelar al Cabo Gil, integrante de Guerreros Unidos quien confesó haber participado en la desaparición de los normalistas, y al detener al exprocurador, Jesús Murillo Karam, queda de manifiesto que lo último que le importa al gobierno es la justicia.

Cuarto, la Unidad Especial de Investigación y Litigación se ha quedado ahora sin su titular. El fiscal Omar Gómez Trejo decidió renunciar. Algunos dicen que nunca debió haber sido nombrado fiscal; otros que renunció porque no quiso seguir siendo parte del show político en el que se ha convertido el caso Ayotzinapa. La gota que derramó el vaso, según esta versión, fue el descontento con el retiro de las ordenes de aprehensión a los militares.

¡Cómo ha dado vueltas este caso! Pasamos de un López Obrador que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, llegaba a cualquier mitin con su coro para que contaran hasta 43 y cerraran con “Vivos se los llevaron; vivos los queremos” a un presidente arrinconado entre cumplir con su promesa de campaña o cumplirle al ejército al dejarlo al margen de las investigaciones.

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