El discurso de renuncia de Raúl Cervantes a la PGR ante el Senado fue claro y puntual: lo que tenemos no sirve para que en México exista Estado de Derecho. No sirve la institución, pero tampoco el personal ni la mentalidad con la que se quiere procurar justicia en México.

Dijo Cervantes: “Para inhibir, frenar y sancionar los delitos que se cometen hoy en México, se requiere de un nuevo servicio profesional de carrera para el personal de la Procuraduría, los Ministerios Públicos y los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, uno que les brinde incentivos y seguridades”.

“Hoy se trabaja con herramientas – y, necesario decirlo, a veces también con una mentalidad- del siglo pasado, […] También hemos sido testigos de una serie de delitos cuya crueldad y violencia evidencian que, además de contar con instituciones fuertes y eficientes, es necesario invertir en el capital humano y moral del país”.

El consenso sobre la falta de funcionalidad de la PGR no está a debate. El problema es que, si creemos que dotando de independencia a la procuración de justicia del poder ejecutivo vamos a lograr el objetivo de cumplir con el Estado de Derecho, el diagnóstico del hoy ex procurador hace evidente ese gran error.

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