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En el Congreso hay solo dos periodos ordinarios al año (feb-abr y sept-dic). Entre estas fechas el legislativo está en receso y se instala la Comisión Permanente con 37 legisladores que se quedan “de guardia”. Ellos pueden convocar a un periodo extraordinario para desahogar asuntos urgentes y específicos. El trámite requiere mayoría calificada dentro de la propia Permanente y debe listar, con nombre y apellido, los temas que se abordarán. Fuera de esa lista no puede tocarse nada.

En teoría, el extraordinario es el extintor que solo se rompe “en caso de incendio”. Pero ahora estamos viendo como ese extraordinario se convierte en un maratón legislativo exprés. Parece que la mayoría oficialista quiere sacar iniciativas atoradas o políticamente delicadas sin la lupa habitual de un periodo ordinario.

Al ver que se ha convocado este extraordinario sin necesidad hay dos preguntas: ¿Qué es lo que quiere sacar el oficialismo con este extraordinario sin el escrutinio habitual de oposición, ONGs y/o medios de comunicación? Y ¿por qué?

Entre las 22 iniciativas que Morena quiere servir en este “menú exprés” destaca la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y al Sistema Nacional de Búsqueda, que promete consolidar bases de datos y obligar a las fiscalías a coordinarse —una deuda urgente con más de 110 mil familias buscadoras, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda al 31 de mayo de 2025—pero cuyo dictamen hoy no es público.

Está la extinción del Coneval para traspasar la medición de pobreza al INEGI, con lo que el Gobierno pasaría a calificarse a sí mismo en un tema que le es sumamente importante y con el cual podrá responderse: ¿Hay más o menos pobres a partir de todos los programas sociales de la 4T?

También incluye un paquete de leyes de seguridad —Guardia Nacional y Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia— que otorgan superpoderes de espionaje a la Secretaría de Seguridad.

Está la polémica Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo dictamen no se ha hecho público. ¿Por qué? Si ya se quitó el artículo 109 que tanto preocupaba porque le daba a la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, la ATDT, demasiadas atribuciones, entre ellas la opción de bloquear plataformas digitales ¿por qué se guarda el oficialismo el dictamen? ¿Qué quieren que se apruebe de forma exprés? ¿Por qué no llevar a cabo el proceso legislativo conforme a los tiempos ordinarios? ¿Por qué están corriendo?

El nuevo borrador de la Ley de Telecomunicaciones que Morena pretende avalar en el extraordinario sigue teniendo varios focos rojos: resucita el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, obligando a registrar cada SIM —con identidad y biométricos— bajo la lupa de la ATDT; mantiene la retención masiva de metadatos por 24 meses y otorga al Ministerio Público acceso a geolocalización en tiempo real sin orden judicial, un GPS estatal permanente. En resumen: se fue la tijera de la censura, pero quedaron varias navajas sueltas.

Además está el candado que limita los retiros parciales de Afores en caso de desempleo y ajustes a la ley antilavado para seguir el rastro del financiamiento ilícito. Es un paquete legislativo muy variado: desaparecidos, datos, dinero y ciberespacio, todo servido a la velocidad de un microondas parlamentario.

¿Por qué? ¿Qué necesidad?

@AnaPOrdorica

Apostilla: George W. Bush clamó ¡Misión cumplida! Cuando cayó Saddam Hussein en Irak. Ese momento fue el principio de una larga intervención/guerra de EUA en ese país. Ahora que Donald Trump ha declarado que los bombardeos en Irán han sido un éxito, vale la pena preguntarnos si también será el inicio de otro largo conflicto en el que entre EUA a pesar de que el presidente prometió ponerle fin a “las guerras eternas”.

Columna publicada en El Universal

En mi columna de ayer hacía mención del caso de Baja California, en donde la legislatura local le aprobó al gobernador de Morena, Jaime Bonilla, que su periodo se extienda para durar cinco años y no dos, que fue el tiempo para el cuál lo eligieron los bajacalifornianos el pasado 2 de junio.

El Congreso había determinado desde 2014 que quien ganara las elecciones del 2 de junio de 2019 duraría dos años en el cargo, con la intención de hacer concurrentes los comicios locales y federales en 2021. Pero Bonilla, quien desde antes de la elección tenía casi veinte puntos de ventaja sobre el segundo lugar, el candidato del PAN, Oscar Vega Marín, no estaba conforme con esta regla electoral. Intentó hasta el último momento que el Tribunal Electoral local modificara la regla para dejar la gubernatura de un sexenio. El PAN impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elección estaba en duda si el Tribunal Electoral Federal resolvería en favor del PAN, que pedía no modificar esta regla plasmada en la Constitución, o de Bonilla. El fallo fue mantener la gubernatura en dos años.

Aun después de haber recibido su constancia como gobernador electo, Bonilla no se dio por vencido. El 14 de junio presentó un recurso para echar atrás el dictamen que resolvió que el periodo de su mandato duraba dos años. Finalmente, el lunes pasado se salió con la suya con el extraño apoyo del PAN en el congreso local para ampliar su mandato de dos a cinco años.

La Cámara de Diputados local está integrada por tres diputados de Morena; cinco del PRI; una del PRD; una del PT; uno de Movimiento Ciudadano; dos de dos partidos locales y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo del PAN, la ampliación del mandato de Bonilla era imposible. Pero resulta que 9 de los 12 diputados del PAN, además del resto de la legislatura, votaron en favor de ampliarle el mandato a Bonilla, lo que apuntaba en mi columna de ayer.

Solo tres diputados del PAN no votaron en favor de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, que votó en contra; Eva María Vázquez y Andrés de la Rosa, quienes estuvieron ausentes de la sesión.

Esto se logró a través de una negociación entre el saliente gobernador del PAN, Kiko Vega, y el gobernador electo, Jaime Bonilla. Vega negoció que los diputados del PAN votaran en favor de la extensión del mandato a cambio de nombrar a su amigo cercano, Carlos Montejo Oceguera, como titular de la Auditoría Superior del Estado.

Montejo Oceguera, designado la misma noche del lunes en sesión extraordinaria del mismo congreso local, tendrá que fiscalizar las cuentas públicas de Kiko Vega del 2017-2019 y las del actual gobernador y su sucesor ya que el cargo concluye hasta 2027. Así, cualquier irregularidad en la gestión de Vega quedará bien resguardada por su amigo y futuro auditor.

Este voto del PAN local fue contrario a lo que el dirigente nacional, Marko Cortes, había adelantado. Por ello Cortés ha dicho que va a expulsar a los diputados locales del PAN y que va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto podría implicar un choque de trenes de dos instituciones: la SCJN y el Tribunal Electoral Federal.

Cada uno tendrá que pronunciarse sobre el tema. La Suprema Corte sobre la constitucionalidad o no del la reforma y el Tribunal Electoral Federal sobre la legalidad de la modificación ya que Bonilla fue electo por un periodo de dos años y no de cinco.

 

Columna completa en El Universal