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Claudia Sheinbaum ganó con el voto de las mujeres; los hombres; de los jóvenes de los que tienen entre 25 años en adelante; de las clases bajas, media-baja, media y de la clase alta.

Así lo revela una encuesta de salida de El Financiero. Votaron por ella de todos los estratos sociales, educativos y de género. Entonces ¿por qué ahora se escucha a tantos decir que los resultados fueron producto de los programas sociales? Si. La explicación que más he escuchado sobre el triunfo de Sheinbaum y de Morena es que los votos los recibieron gracias a los programas sociales.

En efecto, entre quienes son beneficiarios directos o indirectos de los programas sociales, un 69 por ciento votó por Sheinbaum mientras que un 23 por ciento votó por Xóchitl. Pero simplificar el resultado electoral a que la gente voto porque reciben unos cuantos miles de pesos me parece un error.

Por Sheinbaum votaron muchos más que los beneficiarios de los programas sociales. Aun cuando Mario Delgado salió la noche de las elecciones a decir que el resultado electoral era un golpe para la oligarquía; para los clasistas y los racistas, parte de esa oligarquía también votó por Morena y por su candidata.

Esa oligarquía que ha recibido cuantiosos contratos de construcción del Tren Maya; del AIFA y de otros proyectos de infraestructura, que lo han logrado sin licitaciones públicas, sino con adjudicaciones directas, también forma parte del grupo de votantes pro-Sheinbaum.

México es un país tremendamente desigual. Pero los extremos se tocan. Y en el voto por Morena y por Sheinbaum ambos extremos se tocaron. Por un lado vemos un estado como Chiapas, sumido en la pobreza y en una inseguridad trágica, que votó abrumadoramente por Eduardo Ramírez, el candidato de Morena a la gubernatura. Ramírez recibió el voto del 78.6 por ciento del electorado. En segundo lugar quedó Olga Luz Espinoza con apenas el 12.6 por ciento del voto. Es decir, Morena arrasó. Si vemos los distritos electorales, los mejores resultados para la coalición Sigamos Haciendo Historia (SHH) fueron en Chiapas y Oaxaca en donde ganaron distritos con promedios cercanos al 80 por ciento.

Para el segmento más pobre de la sociedad los programas sociales han hecho una diferencia. Para ellos que salga una clase política a querer ganar su voto asustando con que la democracia está en riesgo es un sin sentido. Si tienes que ver como tener lo suficiente para sacar lo del día, esa cosa abstracta llamada democracia no te va a resolver como poner comida en la mesa para la familia.

Pero cuando vemos que un 49 por ciento de los que no son beneficiarios sociales y un 49 por ciento de la clase alta también votó por Sheinbaum y su coalición, es evidente que no se puede simplificar su triunfo al dinero repartido.

Sí, fue mucho el dinero de los programas sociales. Sí, hizo que la elección fuera tremendamente inequitativa. Como no veíamos desde las décadas del PRI hegemónico. Pero en la cual se contaron bien los votos y en esa bolsa de simpatizantes también están clases altas que han resultado sumamente beneficiadas del gobierno de López Obrador.

Creo que sería un error simplificar el triunfo de Sheinbaum a que ganó porque la apoyaron quienes reciben dinero del gobierno. Hay otro segmento mucho más beneficiado con las decisiones de López Obrador, ese al que él como opositor llamó La Mafia del Poder, que el 2 de junio votó por Sheinbaum y está contenta y a la expectativa de seis años más de lo mismo.

Por cierto, en esos extremos, esto de los mercados financieros es algo que les tiene sin cuidado. A unos porque no tienen nada invertido en ellos y a otros porque están tan diversificados que lo perdido en una parte es lo ganado en otra.

Apostilla: Ya pasaron diez días de la debacle de la oposición y Alito y Marko siguen tan campantes en sus dirigencias esperando asumir su pluri en el Senado. Incomprensible que los Prístas y los Panistas se queden conformes con esta desvergüenza.

Columna completa en EL UNIVERSAL

Una mañanera sí y la otra también el presidente López Obrador ataca los contratos que la iniciativa privada obtuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el sector energético. Contratos que ha descrito como leoninos; como un abuso que daña la soberanía de México al otorgar a empresas privadas, en especial internacionales, los recursos que López Obrador considera deben manejar Pemex y/o la CFE.

Por eso llama la atención que en el caso de Grupo Simsa no se le escuche al presidente queja alguna de los abusos de esta empresa propiedad de Nessim Issa Tafich. Por el contrario, el monopolio en la distribución y transporte de gas natural que tiene una de sus subsidiarias, Gas Natural del Noroeste, en el estado de Veracruz, se mantiene extrañamente firme.

Tan firme que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta la fecha han obtenido más de 40 contratos exclusivos para la distribución de gas en donde ellos deciden a quién le venden; cuánto y cómo cobran. El caso más llamativo es la concesión que se les dio del gasoducto Zapoapita-Mendoza que apenas mide 35 kilómetros pero es sumamente importante porque es el que conecta el norte con el sur de México.

Y aquí es cuando entra en acción la selectividad de los contratos en el gobierno. La empresa Alten (Destiladora del Valle) presentó una denuncia en contra de Gas Natural del Noroeste (GNN) porque de un día al otro, en 2019, Pemex le cambió la jugada a pesar de tener un contrato vigente para que le suministrara gas natural. Petróleos Mexicanos les anunció que su nuevo proveedor sería GNN. Hasta ahí no habría problema, salvo por la mordida de entrada que pidió este nuevo proveedor a Alten: 17 millones de pesos, como se puede ver en la carpeta 3645-2019.

Como Alten no quiso pagar esta cantidad y presentó una denuncia contenida en la carpeta arriba mencionada, GNN amenazó y acusó a la empresa de robar gas de sus ductos, de gaschicol. A pesar de no presentar una sola prueba, la Fiscalía General de la República cateó una planta de Alten y detuvo sus trabajos durante cuatro meses. Todo esto con el apoyo de la gerente de Gas Natural y Etano de Pemex, Beda Carreto Santiesteban, contra quien ya hay una carpeta de investigación también, la 2664-2021, por abuso en sus funciones.

Al no encontrar pruebas que acreditaran el robo de gas por parte de Alten, la planta ya fue reabierta pero los daños causados por los privilegios de GNN son varios. Alten no es la única empresa afectada en la zona de Orizaba. En total ya se han perdido más de 700 empleos en esa región por recortes que han tenido que hacer entre cierre de plantas y aumento a las tarifas de gas de forma unilateral y sin explicación por parte de GNN.

Lo peor es que algunas empresas han tenido que encontrar otras fuentes de energía para no frenar su producción, entre ellas combustóleo y metano que, además de ser más caras, son mucho más contaminantes.

Esta concesión del ducto Zapoapita-Mendoza que se le otorgó a GNN permite a la empresa trabajar sin ninguna regulación. Evidentemente aquí no se puede hablar de que a través de esta acción apoyada por el gobierno estatal y federal se esté logrando un fortalecimiento ni de Pemex ni de Gas Bienestar, como constantemente dice el presidente que actúa su gobierno. Por ello la gran pregunta es ¿por qué tiene tanto poder esta empresa, Gas Natural de Noroeste, filial de Grupo Simsa? Y ¿por qué tiene tanto poder Beda Carreto Santiesteban, una gerente en Pemex?

Columna completa en El Universal

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se decidió promover la creación de 24 gasoductos por parte de empresas privadas para que proveyeran a la CFE de gas natural para generar energía eléctrica por dos razones.

La primera es que el único proveedor de gas natural para la CFE hasta ese momento era Pemex, pero entre los varios problemas de la empresa y ante la caída en la extracción de crudo, la producción de gas natural también presentó una caída sostenida desde 2009, lo que comenzó a generar un problema de desabasto para la CFE.

La segunda es que la CFE no tenía el capital suficiente para construir los gasoductos, pero sabía que mediante inversión privada la generación de energía no solamente se garantizaría, además sería más barata que las dos alternativas: utilizar combustóleo, que sale cuatro veces más caro para la CFE, o diésel, que sale seis veces más caro.

De esos 24 gasoductos 17 ya están operando, proveyendo de gas natural a la CFE, en un esquema que es el que ha seguido no solo México, sino gran parte del mundo, para bajar los precios de la electricidad y, en los casos más exitosos, como en Francia y la empresa Engie, utilizar energías renovables.

A la fecha entonces quedan 7 gasoductos por comenzar operaciones. Tres de ellos están cerca de concluir sus obras. El primero es el gasoducto La Laguna-Aguascalientes cuya licitación ganó la empresa Fermaca en 2016 y tendría que haber comenzado a operar en enero del 2018. Trae sin duda un retraso que, por alguna razón no le interesó mencionar al presidente López Obrador en la mañanera del lunes pasado. De las 4 empresas que tienen los contratos por estos 7 gasoductos, a Fermaca no se le mencionó. Solamente a Grupo Carso; IEnova y Transcanada.

En situación similar están el gasoducto Samalayuca-Sásabe de Grupo Carso y el gasoducto Marino de IEnova y Transcanada. Este gasoducto transportará gas natural del sur de Texas a Tuxpan. Se está construyendo en el mar, de ahí su nombre, para evitar los sabotajes que han sufrido los otros cuatro gasoductos que aun no pueden surtir de gas natural a la CFE, pero que aun así están recibiendo los pagos acordados bajo contrato.

La condición contractual es que, una vez inicien operaciones y concluido el contrato establecido, las empresas involucradas sigan proveyendo del gas natural a la CFE que ya les pagó mientras el ducto no puedo operar.

Es decir, el dineral que dijo el presidente López Obrador que la CFE le está pagando a IEnova y Transcanada, lo está pagando porque el estado es responsable de liberar los gasoductos de quienes los sabotean o se amparan por conflictos en las zonas por las que atraviesan los ductos. No es, por lo tanto, dinero tirado a la basura. Será recompensado a la CFE una vez concluya el plazo de los contratos con los privados.

 

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