Tag

contratos

Browsing

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que las contrataciones del sector público se han mantenido como una de las áreas de riesgo más importantes para la corrupción y la impunidad aun con la 4T, cuya bandera ha sido el combate a estas prácticas.

Luego de realizar un análisis de todos los contratos de los primeros 9 meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, se confirma que las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación en el gobierno de López Obrador.

En lo que va del año, 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones; 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas.

Sin embargo, MCCI alerta que llama la atención un creciente grupo de 3,342 contratos que se han clasificado como «Otros», que representan el 2.9% del total.

Si se considera el monto total de los contratos, la licitación pública adquiere una preeminencia mayor, pues se han entregado 173,131 millones de pesos por esta vía, o 57.9% de los recursos pagados; mientras que la adjudicación directa se ubica en segundo lugar, pues ha entregado 83,958 millones de pesos o 28.1% del total.

Los contratos catalogados como «Otros» son aún más relevantes en términos de montos, pues dentro de esta categoría se han asignado 27,500 millones de pesos, 9.2% de todos los recursos de los contratos que se han firmado en lo que va de 2021.

Mientras que en años anteriores eran muy pocos, o incluso ninguno, los procedimientos clasificados bajo esta categoría, a partir de 2019, antes de que llegara la pandemia del coronavirus, comenzaron a incrementar los recursos entregados bajo mecanismos que en las bases de datos se reportan como «Otros», llegando a ser hasta 13.8% en 2020 y que en lo que va de 2021 representan 9.2%, o 27,500 millones de pesos.

Al comparar estos resultados en el tiempo, la cantidad de contratos entregados por adjudicación directa en 2021 mantiene prácticamente la misma proporción que en años y sexenios anteriores, pues al menos desde 2015 esta cifra se ha mantenido alrededor de 80%, pese a que este gobierno prometió dejar de utilizar este mecanismo o cuando menos disminuirlo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga y actualiza de manera recurrente la lista de empresas que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, es decir, aquellas conocidas popularmente como empresas fantasmas. Al comparar la lista definitiva de estas empresas y buscar las coincidencias en las contrataciones públicas mediante el Registro Federal de Contribuyentes, se han identificado 52 contratos con empresas fantasma de 2019 a la fecha por un monto de 162 millones.

La gran mayoría de estas contrataciones usaron procedimientos de adjudicación directa: el 51% (27 contratos) fueron entregadas por este tipo de procedimientos, 21% (11) por licitación restringida y 28% (14) fueron licitados públicamente. En segundo lugar, sólo dos contratos fueron terminados anticipadamente a pesar de que 12 se realizaron cuando la empresa ya había sido incluida en la lista de empresas fantasmas que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los contratos celebrados con empresas fantasma desde 2019 han sido realizados por 20 dependencias. La institución que ha adjudicado los mayores montos a empresas fantasmas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por un monto de 108.5 millones. Tal cifra representa el 67% del total de este tipo de contrataciones. Después de este caso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó 14 contrataciones con empresas fantasmas por 14.6 millones, lo cual la convierte como la dependencia con mayor número de procedimientos con estas empresas y la segunda con mayor monto. En tercer lugar, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional realizó siete contratos por un monto de 7.9 millones de pesos con estas empresas.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que la vacuna mexicana contra el COVID-19, Patria, sigue avanzando y ya se encuentra en una segunda fase de la investigación.

«Se está avanzando en la investigación de la vacuna Patria, que se va a producir en México. Ya está pasando a una segunda fase en el proceso de investigación. Hay buenos resultados en la primera etapa», dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador reiteró que el próximo mes  comienza la vacunación de menores con enfermedades crónicas y aseguró que sigue «en pie» el compromiso de concluir la vacunación al menos con una dosis a todos los mayores de 18 años antes de que finalice octubre.

«Para poder lograr en un mes este objetivo ya tenemos toda una estrategia», dijo el presidente, que afirmó que se respaldará de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuestionado sobre si se repetirá la vacunación el próximo año, López Obrador dijo que por el momento los médicos no recomiendan este refuerzo de inmunización, aunque precisó, lo están analizando. No obstante, puntualizó, ya se están haciendo «nuevos contratos» con las farmacéuticas, aunque no ofreció mayores detalles.

Sostuvo que no «van a faltar las vacunas» y que estas se aplicarán a «todos» y «sin distinción», de manera gratuita.

Según cifras del gobierno, el 71% de la población adulta en el país cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este jueves que 17 clubes del fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ocho personas físicas serán multados por prácticas monopólicas.

«El pleno de la Comisión impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga Mx por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas, y por coadyuvar en la realización de estas, a la FMF y a 8 personas físicas», explicó la autoridad.

En la Liga MX femenil, el ente regulador de competencia concluyó que los conjuntos, entre los que se encuentran el América, fijaron un salario máximo a la jugadoras.

Según la investigación, al inicio de la Liga en 2017 los clubes acordaron que las futbolistas mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos al mes, las menores de 23 años 50 pesos y las de las categorías sub’17 no tendrían ingresos sino sólo ayuda como transporte y comida.

En la temporada 2018-2019, La Liga Mx informó que el tope subió a 15,000 pesos  al mes y que los apoyos en especie no podían superar los 50 mil pesos por torneo.

«Imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras profundizó aún más la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas», criticó la comisión.

La COFECE aseguró que la FMF persuadió a que los equipos cumplieran con estos salarios con comunicados y al realizar verificaciones.

«La práctica, cuya duración fue de noviembre de 2016 a mayo de 2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los clubes, que tuvo el objeto y efecto de manipular los precios -en este caso los salarios de las jugadoras- y evitar que los clubes compitieran por su contratación mediante mejores salarios», explicó la Comisión.

En el caso de la Liga varonil, la COFECE determinó que los equipos mantuvieron derecho sobre futbolistas a los que recién se les venció el contrato y si otro conjunto quería contratarlos debía negociar con ellos.

«La duración de esta conducta fue de por lo menos 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor», afirmó la autoridad.

El total del daño estimado al mercado por ambas prácticas fue por 83 millones 375 mil pesos y los equipos que pagarán la multa son América, Pachuca, Cruz Azul, Morelia, Guadalajara, Santos Laguna, Tigres UANL, Toluca, Pumas UNAM, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla.

En respuesta, la FMF y la Liga MX informaron que fueron notificadaos sobre la resolución de la COFECE, e indicaron que tal como se informó en su momento el derecho de retención de jugadores al que se refería la Comisión, denominado “Pacto de Caballeros” concluyó en 2018, como resultado de las pláticas y negociaciones entre la FMF, la Liga MX y la AMF Pro. Mientras que el tope salarial concluyó en mayo de 2019.

Así, dijo que ambas prácticas fueron erradicadas previo a la determinación emitida por la COFECE respecto a un posible incumplimiento con el marco normativo de competencia económica.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron este lunes que los gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron a 585 médicos cubanos que no contaban con título universitario para atender a pacientes COVID-19 en México.

A través de sus redes sociales, Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, reveló varios documentos que obtuvo de fuentes oficiales, en los que se menciona que el Gobierno de Ciudad de México habría contratado 585 médicos para apoyar en la pandemia quienes, supuestamente, no cuentan con un título que respalde su experiencia.

Rementería señaló que preguntó a seis dependencias públicas, a través de solicitudes de información, algunos datos que le permitieran conocer la capacidad profesional de los médicos cubanos contratados por México en 2020.

De acuerdo con los datos expuestos, tanto el gobierno federal como el capitalino habrían gastado poco más de 255.8 millones de pesos  en la contratación de los especialistas.

Según los documentos, la Secretaría de Bienestar, a través de un convenio de colaboración, habría transferido el 21 de abril de 2020 más de 135 millones de pesos al gobierno capitalino para ayudar en la crisis de la pandemia.

Mientras que sólo tres días después, el 23 de abril, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó con el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, dos convenios bianuales por un total de más de 255.87 millones de pesos.

Aseguró que en ese convenio, el Ministerio de Salud de Cuba se comprometió a «garantizar que el personal enviado a México tiene total capacidad y experiencia».

Sin embargo, el senador del PAN explicó que al solicitar información de los médicos contratados, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no pudieron otorgar datos, por lo que concluyó que los profesionales de la salud eran «falsos».

También denunció que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) permitió que «extranjeros sin título médico ejercieron de manera oficial funciones de salud en México».

Y acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) de dejar entrar a 585 personas, «sin saber quiénes son, ni a qué vienen».

Rementería afirmó que con esta investigación «se comprueba» que se orquestó un «fraude» al erario público por cientos de millones de pesos. Pidió a las autoridades de salud que proporcionen los expedientes de los pacientes a quienes trataron estos «falsos médicos» y saber cuántos mexicanos murieron «por culpa de este fraude» además de que se indemnice a familiares y los responsables respondan ante la ley.

En respuesta a lo denunciado por el senador panista, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que  la contratación que llevó a cabo su gobierno de médicos cubanos durante la pandemia fue transparente y a través de un convenio oficial.

“Están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos. Por supuesto que se les pagó, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos –igual que se les paga a los médicos mexicanos– y se hizo un convenio, totalmente oficial, establecido claramente; y, por supuesto, está la información disponible”, dijo en conferencia.

Adelantó que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informará a detalle sobre el convenio que se estableció con el Gobierno de Cuba para la contratación de personal médico de dicho país.

FOTO: Twitter @MiguelPenaflor

Una empresa propiedad de Ángel Manuel Medel Ríos, integrante de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se vio beneficiada de las bondades de la 4T, pues recibió dos contratos por poco más de 1 millón de pesos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así lo revela una investigación especial de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que detalla que luego de entrar a trabajar en la Presidencia de la República el 13 de enero de 2020, cinco meses después su empresa “Electroingeniería para Fluidos” recibió un primer contrato de la SEDENA por 912 mil pesos, y a los tres meses, la dependencia le otorgó un segundo contrato por 179 mil pesos. Ambos comprados suman poco más de un millón de pesos.

Aunque en la nómina oficial aparecía con el cargo de director de área en la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de Presidencia de la República, en la práctica Medel apoyaba al presidente López Obrador en sus giras como parte de la ayudantía.

En la relación de viáticos pagados entre enero de 2020 y mayo de 2021, que consultó MCCI, consta que Medel Ríos era parte de la avanzada que preparaba las giras y la seguridad del presidente en sus recorridos por el país.

Antes de entrar a trabajar a la Presidencia, Medel Ríos, ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, se desempeñaba como gerente de construcciones y licitaciones en Electroingeniería Para Fluidos SA de CV, empresa que creó el 7 de septiembre de 2018 ante un notario de la Ciudad de México.

En su más reciente declaración patrimonial, de mayo de 2021, Medel declaró conservar una participación del 16% de acciones en Electroingeniería para Fluidos.

El 19 de junio de 2020, cuando Medel llevaba ya cinco meses como funcionario público, la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena dio a Electroingeniería para Fluidos un contrato por 912 mil 664 pesos para realizar servicio de mantenimiento a cuatro bombas verticales, al considerarla la mejor opción luego de un proceso de invitación a cuando menos tres empresas.

El contrato fue suscrito por Óscar López del Ángel, quien es socio de Medel en la empresa beneficiada con la asignación.

Tres meses después, en septiembre de 2020, la misma dependencia de la Sedena otorgó otro contrato por 179 mil 452 pesos a Electroingeniería Para Fluidos por servicio de mantenimiento correctivo para la reparación del sistema de bombeo del pozo; esta vez el proceso de compra fue adjudicación directa.

Cabe señalar que Medel Ríos dejó la ayudantía de la Presidencia el pasado 31 de mayo de 2021, cuando fue ascendido a gerente del área de recursos materiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Su sueldo neto pasó de 54 mil pesos a 91 mil pesos mensuales.

Investigación completa en MCCI

Pemex ha cancelado tres contratos con Vitol, luego de que se ventilara un caso de sobornos en Estados Unidos que involucra al mayor comercializador independiente de energía del mundo.

Tres documentos de Pemex dicen que motivo de la cancelación fue el reconocimiento público de Vitol, en diciembre pasado en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que pagó sobornos para ganar negocios con Pemex, así como con empresas estatales en Brasil y Ecuador.

En cartas dirigidas a Vitol, a las cuales tuvo acceso la agencia Reuters, todas ellas fechadas en los últimos dos meses, Pemex informó a la firma de la cancelación de un contrato de gas butano, otro de nafta y otro de gas propano. El contrato de propano abarcaba cuatro operaciones distintas.

Los mayores comercializadores independientes de materias primas del mundo se enfrentan a un escrutinio global por presunta corrupción tras años de investigaciones sobre sobornos a funcionarios en varios países de América Latina.

En marzo, se informó que Pemex estaba buscando renegociar algunos de sus contratos de cientos de millones de dólares con la empresa, que tiene su sede en Ginebra. El director general, Octavio Romero, dijo que Pemex trataría de deshacerse de condiciones que considera desfavorables.

Vitol confirmó que, a la fecha, las conversaciones con Pemex no habían llegado a un resultado final, pero no aclaró si los contratos habían sido cancelados.

«Vitol reconoció las preocupaciones de Pemex y durante varios meses funcionarios de alto nivel tanto de Vitol como de Pemex trataron de negociar una resolución aceptable para ambas partes», dijo la firma en una nota a Reuters. «Aunque las discusiones no condujeron a un acuerdo entre las empresas, Vitol sigue abierta a continuar su diálogo con los funcionarios de Pemex y trabajar hacia una solución mutuamente beneficiosa», añadió.

Una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que los contratos cancelados tenían un valor total de millones de dólares y todos eran válidos hasta al menos 2023.  La fuente añadió que los funcionarios de Pemex habían suspendido las negociaciones después de que ejecutivos de Vitol rechazaron los cambios propuestos en los términos de los contratos.

Pero a todo esto, cómo están las finanzas de Pemex luego de la ‘ayuda’ que el gobierno federal le ha dado en el Presupuesto 2022. En Broojula te presentamos el análisis más completo.

El Barcelona anunció el jueves que Lionel Messi no permanecerá en los planes del club después que la normativa financiera de La Liga española hizo «imposible» un acuerdo entre el conjunto catalán y el delantero argentino.

«A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales», detalló el Barcelona a través de un comunicado el jueves.

El club culpó a la «normativa de La Liga española» de no permitir que firmara un nuevo contrato con el astro argentino.

«Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona», agregó el Barsa. «Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club».

El contrato anterior entre el atacante de 34 años y el conjunto venció el 30 de junio.

«El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional», añadió el club en su comunicado.

Con 35 títulos e interminables récords, seis veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, que encarnó lo mejor del Barcelona, abandonará el club poniendo fin a toda una era de fútbol azulgrana.

Según expertos, en 121 años de existencia del club blaugrana, quizás solo Johan Cruyff, también Balón de Oro, pueda equiparase a lo que representa Messi para el club catalán.

Es, por mucho, el máximo goleador de la historia del Barça con 709 goles en 836 partidos; el máximo goleador de la historia de la Liga; el máximo anotador en un año natural con 91 en 2012, y el jugador que ha ganado más títulos con el Barcelona, 35 en total, incluidas cuatro ‘Champions’ (2006, 2009, 2011, 2015).

La ‘Pulga’ también ha cosechado seis Balones de Oro, más que Cristiano Ronaldo (5), Cruyff, Michel Platini o Marco Van Basten (3).

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pagaron 344 millones de pesos en 2020 por sistemas de intercepción telefónica y análisis a gran escala de metadatos a una empresa recién creada propiedad del exabogado de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 19 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México adjudicó de manera directa un contrato por 259 millones 979 mil pesos a Pixkitec.

Solo dos meses después, el 29 de mayo fue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien dio un contrato por 84 millones 482 mil pesos a la misma empresa, también por adjudicación directa.

El primer contrato, y el de mayor monto, fue asignado a los nueve meses de que fue creada la empresa. Pixkitec fue constituida en junio de 2019 en la Ciudad de México y tiene su domicilio fiscal en un inmueble de la Colonia Las Américas en Avenida Observatorio. Su socio y apoderado legal es José María Funtanet Alarcón. Funtanet fue abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex quien fue aprehendido en julio de 2020 acusado de corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En agosto de 2017 Lozoya envió una carta al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto, solicitando un citatorio y que se le informara de manera directa sobre las investigaciones en su contra. En aquella carta, Lozoya enlistó a varios abogados y personas como asesores jurídicos para su defensa; uno de ellos era Funtanet Alarcón.

El primer contrato celebrado en marzo de 2020 entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Pixkitec tuvo como objeto la adquisición de una licencia de software para análisis a gran escala de metadatos. Nueve meses después de firmado, la SSC reservó por tres años la información relativa a este y otros contratos similares amparada en la “Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal”.

Mientras que el segundo contrato, firmado entre la fiscalía de la Ciudad y la empresa tuvo como objeto un sistema de radiolocalización.

De acuerdo con las características técnicas del sistema vendido por Pixkitec a la fiscalía éste sistema, proveniente de Israel y Chipre, tiene la capacidad de “extraer las identidades celulares de prácticamente todos los dispositivos celulares en el área de operación del sistema”; además de poder ubicar la localización de los objetivos, interceptar llamadas de voz o mensajes de texto, duplicar cuentas del objetivo mediante una contraseña enviada vía SMS y bloquear o desactivar dispositivos.

El paquete de análisis vendido por la empresa de Funtanet a la fiscalía permite también “seleccionar un número ilimitado de dispositivos móviles utilizando información del IMEI (que es el código único que identifica a cada teléfono a nivel mundial) y posibilita también clonar tarjetas SIM de los teléfonos. 

Entre las cláusulas de los anexos de dicho contrato se estipula que la empresa debe “guardar indefinidamente absoluta confidencialidad que se derive de la adquisición de tres sistemas de radiolocalización”. Además, en el mismo contrato se estipula que el proveedor debía hacer una “transferencia de conocimientos” a través de la Jefatura General de la Policía de Investigación.

Investigación completa en MCCI

El gobierno del presidente Joe Biden anunció la primera cancelación de contratos iniciados por su predecesor, Donald Trump, para la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio por terminados dos contratos para la construcción de barreras en el sector de Laredo, Texas.

El mes pasado, el DHS publicó su plan para el uso de los fondos que el gobierno de Trump planificaba usar en la construcción de barreras físicas a lo largo de los 3,200 kilómetros de la frontera sur de su país.

En cumplimiento de sus promesas electorales, Trump tenía la intención de gastar unos 15,000 millones de dólares en la obra, y a fines de 2018, después de que declaró una emergencia en la frontera, transfirió a su proyecto más de 10,000 millones de dólares que el Congreso había aprobado para gastos militares.

El plan anunciado en junio por el DHS estableció las normas generales para las decisiones relacionadas con la construcción de barreras fronterizas y los contratos cuya cancelación se anunció hoy cubren casi 50 kilómetros de obras.

«La construcción no ha comenzado todavía en los dos proyectos en el sector Laredo, y no ha comenzado la adquisición de terrenos», indicó el DHS.

La agencia añadió que sigue revisando todos los otros proyectos de barreras fronterizas que se han dejado en pausa, y está en el proceso de determinar cuáles puedan ser necesarios para atender necesidades de la vida, la seguridad y el medioambiente.

«El gobierno sigue pidiendo al Congreso que cancele los fondos restantes para el muro y que, en cambio, otorgue fondos para medidas de protección fronteriza más inteligentes», puntualizó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó esta mañana que el gobierno federal firmó contratos desde 2012, con los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa ‘Pegasus’.

En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Nieto Castillo dio detalles sobre el caso Pegasus en México, uno de los países con más periodistas, políticos y activistas espiados.

«Se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus», explicó el funcionario.

Nieto detalló que Grupo Tech Bull, una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group, tuvo un contrato en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel, para ‘Pegasus’.

«Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos», dijo.

El colaborador de AMLO, considerado el responsable de la mano dura al interior del gobierno, detalló que de 2012 a 2018, se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje. «Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889  millones de pesos».

Señaló que este no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’, pues dijo que en el gobierno de Felipe Calderón se contrató un servicio parecido, bajo el mando de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad, quien hoy se encuentra preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico.

Además, agregó que las contrataciones con las empresas vinculadas a Tech Bull «se remontan» a 2012, con la administración de Calderón, aunque detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.

Esta empresa recibió fuertes montos a lo largo de los años, de cuentas concentradas del gobierno federal. A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.

«No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018», apuntó.

Sobre los periodos de contratación, indicó que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR pero también con órgano desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz o el Estado de México.

Santiago Nieto afirmó que durante la presente administración «estos grupos no han sido contratados», apuntando que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, días después del arribo al poder de López Obrador.

Indicó que Balam transaccionaba a través de empresas fachadas como Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en varios países.

En este contexto, continuó, «se presentará la información ante la FGR y se dará aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en al presente administración».

Adelantó que se ejecutará el «acuerdo de bloqueo» contra los sujetos involucrados si se ha advertido lavado de dinero.

Por su parte el presidente dijo que además de que espiar es un delito, dichas prácticas cuestan mucho, por lo que señaló que se usaba «mucho dinero del presupuesto con esos propósitos”.

Recordemos que en los últimos días se ha dado a conocer, por investigaciones periodísticas aunadas a las ya existentes de años atrás, que el gobierno de Peña Nieto espió a través del programa ‘Pegasus’ a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, así como a su círculo cercano, entre los que se encuentra su propia familia.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa ‘Pegasus’ de la firma israelí NSO Group a 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos. México encabeza la lista con unos 15,000 números.

Una red de seis empresas vinculadas entre sí, recibieron adjudicaciones directas por 797 millones de pesos con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2020, es decir, en la presente administración.

Los accionistas y operadores de las seis empresas han participado en empresas fantasma y en desvíos millonarios en el ISSSTE y la SEDATU.

Todos los contratos a esa red fueron firmados durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción.

La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, las cuales recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.

Y aunque las empresas incumplieron con la entrega, no fueron sancionadas.

La información se desprende de una investigación especial de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que encontró que el dueño de una empresa fantasma, incluida en la lista negra del SAT de sociedades que simulan operaciones, es a la vez socio y representante de tres de las empresas contratadas por Segalmex.

Esas empresas, a su vez, se vinculan entre sí a través de domicilios, correos electrónicos, números telefónicos y accionistas que viven en colonias populares. Incluso, algunas de estas empresas comparten el mismo domicilio con otras que participaron en la llamada ‘Operación Safiro’ y en la red de lavado de dinero publicada en junio de 2021 por el portal Animal Político en la que participaba Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de Hacienda asesinado en Morelos.

Los 797 millones de pesos de Segalmex a esta red de empresas fueron repartidos en seis contratos por adjudicación directa. Uno por cada compañía. Cuatro de las seis empresas de esta red se constituyeron entre 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en Compranet, la Plataforma Nacional de Transparencia y otras herramientas de búsqueda.

Investigación completa en MCCI

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometió transparencia absoluta en todo relacionado con la adquisición de vacunas contra el COVID-19, incluyendo el acceso a los contratos que el gobierno federal ha firmado con las farmacéuticas, las dependencias encargadas de dicha información han negado el acceso a ella, e incluso reservado la información hasta por cinco años.

«Nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar”, declaró el presidente Lopez Obrador el pasado 12 de enero en su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, de acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, realizado en colaboración con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, el gobierno federal ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas.

El argumento que se ha utilizado para negar el acceso a la información es que hay acuerdos de «confidencialidad suscritos con las farmacéuticas» para no divulgar sus secretos industriales y comerciales; entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis de las vacunas.

Lo que se ha informado es que las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto.

Sin embargo, la negativa a transparentar la información no ha sido exclusiva de México. Las respuestas de las autoridades en todos los países que participan en la alianza “Vigila la Pandemia” han sido la misma: negativa o incluso el silencio.

En el caso de México, el gobierno federal ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”.

La compra de vacunas representará un gasto de 33 mil millones de pesos, según ha indicado el presidente López Obrador. En promedio, cada vacuna costará 7 dólares, aunque el precio que cobró cada laboratorio es por ahora un secreto.

A la fecha, el gobierno de México tiene acuerdos y contratos suscritos para adquirir vacunas de los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia; con el laboratorio Bharat Biotech de la India, y con GAVI Alliance para participar en el mecanismo multilateral COVAX.

 

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer este jueves los acuerdos alcanzados con las empresas administradoras de diversos centros penitenciarios, quienes negociaron los contratos durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

López Obrador explicó que no se cancelaron los contratos sino que se ajustaron a fin de eliminar las cláusulas que atentaban contra la Hacienda pública, lo que aseguró, se traducirá en ahorros que beneficiarán a los mexicanos.

“Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15 por ciento, esto representa que nos vamos a ahorrar alrededor de dos mil 300, dos mil 500 millones de pesos por año. En los cuatro años que nos quedan, si así lo decide el pueblo, el Creador y la naturaleza, vamos a ahorrar más de 10 mil millones de pesos”, resaltó.

AMLO detalló que los ahorros alcanzarán para financiar hasta 400 cuarteles de la Guardia Nacional necesarios para procurar condiciones dignas al personal dedicado a la seguridad pública.

“Un cuartel de la Guardia Nacional cuesta alrededor de 25 millones de pesos. Bien hechos, de calidad, porque se hacen con profesionalismo y no hay corrupción, 25 millones de pesos. Ya llevamos más de 160 cuarteles terminados. Lo que vamos a ahorrar este año por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios va a significar poder financiar casi 100 cuarteles y en los cuatro años nos va a alcanzar como para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional”, enfatizó.

AMLO señaló que los ocho contratos que se renegociaron se asignaron sin licitaciones, es decir, por adjudicación directa, con el compromiso de pagar cada año por la administración de los reclusorios en un periodo de 20 años. Dijo que además del pago excesivo se tenía que pagar el 100% habiendo o no internos.

Expuso que por si fuera poco, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares.

“Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Todo era hacer negocio al amparo del poder público mediante el influyentismo y con el control absoluto del gobierno”, añadió López Obrador.

Por su parte l secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, resaltó que el gasto por cada interno era equivalente al hospedaje diario en un hotel de lujo por concepto de alojamiento, alimentación y atención a cada interno.

“El gasto (…) en promedio es de un millón 408 mil; el gasto al mes por PPL (Persona Privada de la Libertad), que es de 117 mil 409 pesos; y el gasto promedio por PPL al día, que va de tres mil 913 pesos diarios”, precisó la funcionaria.

Dijo que de los 22 mil 776 millones del presupuesto ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 67.7% se destinó al pago de los ocho contratos, lo que demuestra la privatización de estos servicios.

Finalmente se indicó que además del ahorro del 15%, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República logró que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas al patrimonio de la nación.

La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) reporto al gobierno de López Obrador un lote de 5.5 millones de medicamentos y materiales de curación.

«Como parte del acuerdo para la compra consolidada de medicamentos y material de curación se informa que durante los primeros días de abril se hizo la entrega de 5.5 millones de piezas de medicinas e insumos de curación priorizados», indicó la ONU.

De acuerdo a la oficina de la ONU en México, el acuerdo para adquirir medicamentos entre el gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reportado ya un ahorro de 118.7 millones de dólares al estado.

Recordó que desde enero pasado, la Unops inició las entregas de medicamentos y materiales de curación y cada semana, los operadores logísticos contratados por el gobierno federal han recibido insumos para su distribución en las instituciones de salud pública.

«Entre los que se encuentran fármacos para tratamiento de enfermedades oncológicas, hematológicas e infecciosas», señaló.

El ahorro que hasta ahora ha habido, indicó la oficina, se debe a la compra consolidada de medicamentos, tomando como base los precios referenciales pagados por el comprador público el año pasado. Se indicó que se han adjudicado contratos por un valor total superior a 877 millones de dólares para más de 210 claves de medicamentos.

La ONU dijo que aplicando los principios de la gestión pública justa y equitativa se maximiza la transparencia, la competencia abierta, el mejor precio y calidad de medicamentos y materiales de curación para beneficiar a la población en México.

Al agradecer a los senadores que aprobaron esta madrigada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el mes pasado al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que tomó la decisión de proponer la iniciativa ante la negativa de empresas extranjeras de renegociar los contratos que se tienen, a los cuales se refirió como «leoninos».

«No hubo respuesta y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y tengamos mejores condiciones y defender el interés público», sostuvo.

El presidente mencionó que tras la aprobación de la reforma eléctrica tiene pensado hablar con la empresa española Iberdrola y otras 10 compañías.

«Está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico, entonces vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política», indicó.

El presidente aseguró que «no quiere expropiar por expropiar» ni generar miedo a los inversionistas. Recordó que desde que asumió la presidencia, no se ha hecho ninguna expropiación, lo cual aseguró, garantiza los negocios de los inversionistas.

Incluso pidió a sus adversarios que no infundan miedo a los inversionistas, pues alertó que sus detractores han estado usando el tema de la reforma eléctrica para atemorizar a empresarios.

Y es que el principal cambio de la reforma será eliminar el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La reforma también cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE, algo que impedirá a México cumplir con su compromiso ante el Acuerdo de París para generar 35% de la energía con fuentes limpias en 2024.

AMLO aprovechó esta mañana para adelantar que en los próximos días dará a conocer un plan de modernización de las hidroeléctricas; indicó que se van a cambiar turbinas para producir «más energía limpia, con menos costo». Se comenzará con 14 hidroeléctricas del país.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó esta tarde una reunión con los mandatarios estatales para dar seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en México.

La titular de la Segob resaltó la importancia de compartir los retos logísticos que se enfrentan en el avance de la estrategia y resolver algunos detalles para que cada día las brigadas de vacunación sean más eficientes en su titánica tarea.

Por su parte el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que el proceso de contratación de vacunas fue inusual por tratarse de un virus nuevo; por lo que se realizaron contratos con distintas farmacéuticas y, al cierre de 2020, se habían firmado cuatro contratos de vacunas: con Pfizer, AstraZeneca, CanSino y la iniciativa Covax, los cuales permitirían atender a 113 millones de personas.

Explicó que posteriormente, se amplió la capacidad de los contratos, lo que permite garantizar vacunas para 134 millones de personas.

Resaltó que el número de dosis han venido aumentando en las últimas semanas, situación que se mantendrá, por lo que para abril de 2021 se habrán vacunado alrededor de 34 millones de personas, cifra mayor a la totalidad de adultos mayores; adelantó que para julio se llegará a vacunar a más de 80 millones de mexicanos, que representa la totalidad de la población objetivo, es decir, los mayores de 20 años.

Arturo Herrera dijo que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se seguirá trabajando de forma coordinada con todas las entidades federativas para implementar un proceso de vacunación ordenado en todo el país.

Finalmente, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura, explicó que los lineamientos que el gobierno federal ha establecido para la distribución de dosis de vacunas contra COVID-19, se basan en tres criterios específicos: la cantidad y características de los distintos biológicos que se reciben de las farmacéuticas contratadas; el índice de mortalidad que se registra en los territorios, y la capacidad de cobertura de la población objetivo, es decir, que se logre vacunar al menos 70% del grupo de personas a quienes va dirigida la inmunización en cada fase.

Respecto al tipo de vacuna, dijo que las condiciones de frío en las que se debe mantener el biológico impactan en las zonas en donde se distribuye. Las vacunas Sputnik V y Pfizer-BioNTech requieren de ultracongelación, tanto en su mantenimiento como dos horas antes de su aplicación.