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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, y los comprobantes de pago respectivos.

En el primero de ellos, resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país.

Por este motivo, los ministros resolvieron que dicha información debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial).

En el segundo recurso de revisión, la Suprema Corte determinó que los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional, bajo los mismos argumentos dados en el otro recurso.

Y es que un particular solicitó los contratos y comprobantes de pago, vía transparencia, que el gobierno federal realizó con las farmacéuticas Pfizer, Cansino y Astra Zeneca.

Recordemos que en mayo de 2021, el INAI ordenó al gobierno entregar una versión pública de los documentos, aunque la Consejería Jurídica de la Presidencia, aún con Julio Scherer al frente, tramitó dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional para evitar la entrega.

La Iniciativa Privada (IP) está abierta al diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para revisar los permisos de autoabastecimiento eléctrico y llegar a acuerdos, dijo este jueves el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

«Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo y llegar a los mejores acuerdos paro lo que mejor convenga a México. Entonces sí celebramos esta propuesta», dijo Cervantes en entrevista con Radio Fórmula.

Y es que esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un «llamado» a las empresas para «dialogar» acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera «ilegales», y bajo el cual operan.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte declaró a comienzos del mes, constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos «en fraude a la ley».

Y aunque se mostró más conciliador que en otras ocasiones, el mandatario no descartó llegar a las denuncias penales hacia las empresas que a su modo de ver cometieron fraude. Dijo que si no se llegaba a acuerdos, no encubriría a nadie y aplicaría la ley como corresponde.

Cuestionado sobre la posibilidad de demandas e incluso de cárcel para empresarios, Cervantes dijo que cada mensaje puede tener «distintas interpretaciones». «Estoy seguro de que nosotros estamos en la mejor disposición de plática. Tuvimos ya reunión con las empresas», explicó.

El también empresario indicó que la IP se siente «tranquila» y que se busca apostar por las «energías limpias» sin descartar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como quiere el gobierno federal.

Pese a la invitación a negociar, Cervantes reconoció que todavía se está esperando la configuración de una «mesa de diálogo». Consideró además que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería la persona ideal para encabezar estas negociaciones por parte del Ejecutivo.

Recordemos que en días recientes, el ingeniero y empresario Régulo Salinas asumió la Presidencia de la Comisión de Energía del CCE, en sustitución de Roger González.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un «llamado» a las empresas eléctricas privadas para «dialogar» acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera «ilegales».

«Aun cuando ya es ilegal (el autoabastecimiento), hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema. Porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice», dijo.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a comienzos del mes constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos «en fraude a la ley».

Sobre este asunto, ahora el mandatario aseguró que ya «hay un marco legal» pero, antes de presentar denuncias penales, buscará el diálogo con esa veintena de empresas, en su mayoría extranjeras, que a su modo de ver actuaron ilegalmente.

«Ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude este mecanismo de autoabasto que crearon que es como una especie de mercado clandestino, informal», apuntó.

Agregó: «Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda. No lo voy a hacer», subrayó el mandatario.

López Obrador explicó que se está terminando de analizar «quiénes están en la ilegalidad completa» y violando «la Constitución».

«Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley», subrayó.

Con este llamado, López Obrador bajó el tono de confrontación frente a las privadas por primera vez en meses, a quienes había venido atacando constantemente.

Y es que recordemos que aunque en la Suprema Corte hubo muchas objeciones a la reforma a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional. No obstante, los analistas prevén que el alud de amparos protegerán al sector privado de la aplicación efectiva de la nueva normativa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que todos los contratos relativos al litio que existen en el país serán revisados, esto luego de que ayer se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma que presentó el mandatario a la Ley Minera.

Recordemos que el mandatario envío el pasado domingo al Congreso un proyecto para cambiar varios artículos de la Ley Minera con el objetivo de darle el Estado el control sobre la explotación del litio, tras fracasar la votación de la reforma eléctrica impulsada por el propio AMLO,

«Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio», afirmó López Obrador hoy al ser consultado sobre los alcances del dictamen, que ya se encuentra en el Senado.

Y es que la iniciativa incluye crear una empresa para exploración y explotación, así como la prohibición de dar nuevas concesiones del mineral, de creciente uso para la fabricación de baterías y del que se estima México posee importantes reservas.

En el estado de Sonora se encuentra una de las mayores operaciones, Bacanora Lithium. La china Ganfeng Lithium informó el año pasado que había llegado a un acuerdo para hacerse con la totalidad de esa firma, de la que ya era un accionista clave.

Aunque no lo mencionó por su nombre, a una pregunta sobre los efectos de la ley sobre ese proyecto, López Obrador explicó que se está analizando ese contrato y si se cumplió con el requisito de realizar una consulta a las comunidades locales, entre otros aspectos.

«Eso se tiene que revisar y se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos», añadió.

López Obrador agregó que se entregaron unas 150,000 hectáreas para la explotación del mineral durante el gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

«Si no son contratos que se hayan entregado para litio, no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración, explotación de litio», remarcó, una postura que ya había expresado hace meses cuando manifestó el interés de su administración por el mineral.

La agencia de noticias china Xinhua informó este martes que el presidente del parlamento del país asiático, Li Zhanshu, conversó por videoconferencia con la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, para «mejorar aún más las relaciones», pero no trascendió si hablaron sobre los cambios a la Ley Minera.

López Obrador también dijo esta mañana que se va a ir desarrollando la tecnología para la exploración y explotación del litio.

El gobierno federal anunció este viernes la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento en electricidad que sean considerados ilegales, al menos 110, tras la declaración de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ayer por parte de la Suprema Corte.

«Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77,000 socios-clientes, ya que se compravenden energía eléctrica y capacidad», destacó la presidencia en una tarjeta informativa.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su respaldo al modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

En la nota informativa, la Presidencia remarcó que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró «totalmente improcedente la pretensión de inconstitucionalidad» de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de senadores de oposición.

«Los ministros también rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la reforma es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados de libre comercio», añadió.

Por ello, instó a que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor el 9 de marzo de 2021, sea aplicada por las autoridades competentes.

«Los pronunciamientos establecidos por la Corte en favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tiene a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. El presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido», agregó.

Según resaltó la tarjeta informativa de Presidencia, el Alto Tribunal fue «claro y preciso» y ello tiene «consecuencias favorables» para el Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Apuntó que la CFE podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación.

También mencionó que las hidroeléctricas tendrán un «despacho prioritario»; se trata de 60 hidroeléctricas con 12,125 megawatts que aportan un 10% de energía en el sistema eléctrico y llegarán a aportar el 18% del sistema eléctrico nacional.

«El acceso a las redes eléctricas solo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. A partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico», agregó el texto, que señaló que los productores privados mantenían el «monopolio» del «despacho preferente».

Además, ahora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) usará su facultad para decidir el despacho de las centrales eléctricas en función de la «confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional».

También se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue, aseguró Presidencia.

A modo de conclusión, el gobierno de la 4T aseguró que así «se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)».

La Secretaría Nacional de la Defensa (SEDENA) otorgó tres contratos por más de 141 millones de pesos para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a empresas vinculadas con “factureros”, esquemas que el presidente López Obrador tanto criticó.

En documentos obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 26 de febrero de 2020 la Sedena suscribió un contrato por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 192 millones con un consorcio de seis empresas, entre las que se encontraba Valbri Services SA de CV, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) etiquetó en diciembre de ese año como presunta simuladora de operaciones, al haber detectado que carecía de activos y personal

La empresa no logró desvirtuar el señalamiento del SAT y en junio de 2021 fue incluida en el listado definitivo de empresas “factureras”. Por el contrato que involucra a esta empresa, la SEDENA pagó finalmente 120 millones de pesos.

En la firma del contrato, la representante de Valbri Services declaró que el domicilio de la empresa estaba en una casa de la calle Cerro de la Estrella, en la colonia Campestre Churubusco de Coyoacán, que coincide con la dirección de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, mejor conocido como Sindicato Libertad, cuyo dirigente, Hugo Bello Valenzo, fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investigado por extorsión, lavado de dinero y despojo.

Sin embargo no es el único caso. La SEDENA también otorgó más de 21 millones de pesos en dos contratos a Mercantil Abalón, que ha compartido representante y administrador con Abastecedora Lavín, empresa que en 2017 fue declarada oficialmente por el SAT como facturera.

Mercantil Abalon SA de CV recibió un primer contrato en la obra de Santa Lucía por 19 millones de pesos para la renta de maquinaria pesada, camiones de carga y otro más por 2.2 millones de pesos para el servicio de fletes para trasladar tubería de concreto. Ambos fueron adjudicados por medio de una invitación restringida a proveedores.

Adicional, un empresario ligado con una compañía “fantasma” que envió toneladas de leche a Venezuela a través de un presunto testaferro de Nicolás Maduro, obtuvo dos contratos por hasta 184.5 millones de pesos para vender acero para la obra del AIFA.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le asignó en 2019 y 2020 dos contratos en Santa Lucía a Prometallic SA de CV, que tiene como accionista a Humberto Marcos Corella, quien durante 12 años fue socio y administrador de Grupo Brandon, empresa que envió toneladas de leche de mala calidad a Venezuela como parte de una trama de lavado de dinero que encabezaba Alex Saab, supuesto prestanombres del presidente venezolano Nicolás Maduro.

De acuerdo con información de aduanas obtenida por MCCI, Grupo Brandon vendió leche a Venezuela por un valor de 113 millones de dólares entre diciembre de 2017 y octubre de 2018, a través de Asasi Food FZC, empresa creada por Alex Saab, actualmente preso en Estados Unidos acusado de operar una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos al régimen de Nicolás Maduro.

El 3 de abril de 2016 el presidente de Venezuela creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos básicos importados que serían vendidos a bajo costo con un subsidio del gobierno venezolano. Saab fue uno de los proveedores de las despensas, también llamadas “cajas CLAP”, y Grupo Brandon fue el principal proveedor de leche en polvo a Venezuela.

El 15 de julio de 2019, Grupo Brandon fue incluida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en la lista definitiva de simuladoras de operaciones, lo que en términos coloquiales se conoce como empresas “fantasma”.

Y por si fuera poco, al menos una decena de empresas de nueva creación, constituidas entre 2019 y 2020, es decir, que surgieron durante la actual administración, obtuvieron 21 contratos para obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por más de mil 573 millones de pesos.

La principal beneficiada con el mayor monto de todos los contratos es Alstef México, S.A de C.V., constituida el 24 de julio de 2020.  La empresa es filial de la francesa Alstef Automation S.A.S., junto con la cual obtuvo el 14 de agosto de 2020 un contrato por mil 475 millones de pesos para el suministro integral del sistema de manejo de equipaje (BHS), mediante un procedimiento de adjudicación directa internacional abierta presencial, luego de que en junio se declaró desierto un proceso de contratación por invitación a cuando menos tres personas. 

Otra de las favorecidas es Prefamóvil e Infraestructura, S.A. de C.V., constituida el 16 de agosto del 2019 en el Estado de México y que obtuvo un contrato por más de 76.3 millones de pesos por la adquisición de trabes prefabricados para paso deprimido, mediante un procedimiento de adjudicación por invitación restringida.

Renta de Maquinaria y Equipos para Construcción Valsequillo, S.A. de C.V., creada en abril del 2019 en Puebla, obtuvo por adjudicación directa dos contratos por más de 2.9 millones de pesos por arrendamiento de vehículos y oficinas móviles.

Andinati, S.A. de C.V., creada el 19 de agosto del 2019, ha recibido por adjudicación directa tres contratos por más de 1.3 millones de pesos, por la compra de material para construcción, de acero, aluminio y vidrio, así como de equipo de seguridad.

Investigaciones completas en MCCI

Pese a las críticas que hizo durante mucho tiempo a los gobiernos anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación entregó 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa en 2021, método que se ha convertido en una práctica recurrente en la administración del presidente López Obrador.

De acuerdo con una investigación publicada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante el año pasado la entrega de contratos por el método de adjudicación directa se mantuvo como la práctica más común, pues en ese periodo el 80.3% de los 157,796 contratos que entregó el gobierno se adjudicó directamente.

En total, según las cifras reveladas por la organización, el monto de estos contratos asciende a 147,000 millones de pesos, tan solo en 2021. Además, en los últimos dos años ha habido un incremento importante con los montos adjudicados.

Mientras que entre 2016 y 2019 el monto promedio de estos contratos estuvo alrededor de un millón de pesos, para 2020, el monto promedio para un contrato directo se disparó a 1.9 millones y en 2021 bajó a 1.2 millones de pesos.

Y es que si bien las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, estas deben aplicarse solamente como excepción, debido a los riesgos de corrupción que implican, prácticas con las que el gobierno de Morena prometió acabar.

La investigación señaló que, del total de licitaciones, las públicas representaron solo 10.3%, las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos; mientras que 3.2% se realizaron con otros mecanismos.

MCCI destaca que los servicios de comunicación social y publicidad fueron los rubros que se mantuvieron como uno de los puntos de mayor atención pues el 90% de los contratos que se dieron en 2021 para estas acciones se entregaron por adjudicación directa. Estos servicios se concentraron principalmente en seis dependencias: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda.

Investigación completa en MCCI

México acordó con Estados Unidos revisar «caso por caso» la situación de empresas extranjeras inconformes con la reforma eléctrica que envió el presidente al Congreso, y que ya se discute en Parlamento Abierto, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El acuerdo surgió durante la reunión que sostuvo con la secretaria de Energía estadounidense, Jennifer Granholm, ayer por la tarde en Palacio Nacional.

«Donde hay, consideran que hay, una injusticia, se revisan los casos, ellos tienen ya una lista, hay algunas empresas que están pidiendo que se les informó, tanto estadounidenses como de Canadá, son pocas», dijo el mandatario en su conferencia matutina, aunque no dio mayores detalles.

Pero, si por el contrario, lo que quieren son subsidios «ahí no se puede, porque es injusto». «¿Con qué argumentos un Gobierno extranjero va a venir a defender la corrupción?», se cuestionó López Obrador en referencia a Estados Unidos y las firmas privadas que, según dijo, buscan el apoyo del país vecino. Rechazó que vaya a haber expropiaciones o apagones.

Según López Obrador, Granholm entendió que el objetivo de su administración es «desterrar la corrupción» que dijo, permitió que empresas particulares del sector se vieran favorecidas en contratos leoninos para el Estado.

«Platicamos bien y le informamos el porqué de la reforma energética y de lo que estamos haciendo para ir enderezando entuertos y resolviendo graves problemas que nos heredaron, explicándole cómo imperaba la corrupción en todo, y cómo por los negocios privados se afectaba la hacienda pública», explicó el mandatario.

López Obrador aseguró que tiene una muy buena impresión de la secretaria de Energía, y dijo que es una mujer muy sensible, con mucha experiencia política.

Señaló que a Granholm se le explicó, por ejemplo, el negocio que se hizo con los gasoductos en México en el pasado con una serie de contratos «leoninos». En relación con estas polémicas, el presidente aseguró que siempre se buscará «el acuerdo mediante el diálogo».

Además, en un video publicado ayer, y retransmitido en la mañana de hoy, el presidente aseguró que se respetarán los puestos de trabajo y salarios en la refinería Deer Park, Texas, de la cual asumió el control total ayer el gobierno mexicano, luego de concretar la compra.

«Tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salarios a los obreros, a los administrativos», dijo López Obrador en un video en redes sociales, con subtítulos en inglés.

Una mañanera sí y la otra también el presidente López Obrador ataca los contratos que la iniciativa privada obtuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el sector energético. Contratos que ha descrito como leoninos; como un abuso que daña la soberanía de México al otorgar a empresas privadas, en especial internacionales, los recursos que López Obrador considera deben manejar Pemex y/o la CFE.

Por eso llama la atención que en el caso de Grupo Simsa no se le escuche al presidente queja alguna de los abusos de esta empresa propiedad de Nessim Issa Tafich. Por el contrario, el monopolio en la distribución y transporte de gas natural que tiene una de sus subsidiarias, Gas Natural del Noroeste, en el estado de Veracruz, se mantiene extrañamente firme.

Tan firme que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta la fecha han obtenido más de 40 contratos exclusivos para la distribución de gas en donde ellos deciden a quién le venden; cuánto y cómo cobran. El caso más llamativo es la concesión que se les dio del gasoducto Zapoapita-Mendoza que apenas mide 35 kilómetros pero es sumamente importante porque es el que conecta el norte con el sur de México.

Y aquí es cuando entra en acción la selectividad de los contratos en el gobierno. La empresa Alten (Destiladora del Valle) presentó una denuncia en contra de Gas Natural del Noroeste (GNN) porque de un día al otro, en 2019, Pemex le cambió la jugada a pesar de tener un contrato vigente para que le suministrara gas natural. Petróleos Mexicanos les anunció que su nuevo proveedor sería GNN. Hasta ahí no habría problema, salvo por la mordida de entrada que pidió este nuevo proveedor a Alten: 17 millones de pesos, como se puede ver en la carpeta 3645-2019.

Como Alten no quiso pagar esta cantidad y presentó una denuncia contenida en la carpeta arriba mencionada, GNN amenazó y acusó a la empresa de robar gas de sus ductos, de gaschicol. A pesar de no presentar una sola prueba, la Fiscalía General de la República cateó una planta de Alten y detuvo sus trabajos durante cuatro meses. Todo esto con el apoyo de la gerente de Gas Natural y Etano de Pemex, Beda Carreto Santiesteban, contra quien ya hay una carpeta de investigación también, la 2664-2021, por abuso en sus funciones.

Al no encontrar pruebas que acreditaran el robo de gas por parte de Alten, la planta ya fue reabierta pero los daños causados por los privilegios de GNN son varios. Alten no es la única empresa afectada en la zona de Orizaba. En total ya se han perdido más de 700 empleos en esa región por recortes que han tenido que hacer entre cierre de plantas y aumento a las tarifas de gas de forma unilateral y sin explicación por parte de GNN.

Lo peor es que algunas empresas han tenido que encontrar otras fuentes de energía para no frenar su producción, entre ellas combustóleo y metano que, además de ser más caras, son mucho más contaminantes.

Esta concesión del ducto Zapoapita-Mendoza que se le otorgó a GNN permite a la empresa trabajar sin ninguna regulación. Evidentemente aquí no se puede hablar de que a través de esta acción apoyada por el gobierno estatal y federal se esté logrando un fortalecimiento ni de Pemex ni de Gas Bienestar, como constantemente dice el presidente que actúa su gobierno. Por ello la gran pregunta es ¿por qué tiene tanto poder esta empresa, Gas Natural de Noroeste, filial de Grupo Simsa? Y ¿por qué tiene tanto poder Beda Carreto Santiesteban, una gerente en Pemex?

Columna completa en El Universal

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que las contrataciones del sector público se han mantenido como una de las áreas de riesgo más importantes para la corrupción y la impunidad aun con la 4T, cuya bandera ha sido el combate a estas prácticas.

Luego de realizar un análisis de todos los contratos de los primeros 9 meses de 2021, disponibles en la plataforma de Compranet, se confirma que las adjudicaciones directas siguen siendo el mecanismo favorito de asignación en el gobierno de López Obrador.

En lo que va del año, 80.4% del total de contrataciones han sido asignadas directamente, mientras que la licitación pública ha sido utilizada en 10.7% de las ocasiones; 5.9% han sido por medio de invitaciones restringidas.

Sin embargo, MCCI alerta que llama la atención un creciente grupo de 3,342 contratos que se han clasificado como «Otros», que representan el 2.9% del total.

Si se considera el monto total de los contratos, la licitación pública adquiere una preeminencia mayor, pues se han entregado 173,131 millones de pesos por esta vía, o 57.9% de los recursos pagados; mientras que la adjudicación directa se ubica en segundo lugar, pues ha entregado 83,958 millones de pesos o 28.1% del total.

Los contratos catalogados como «Otros» son aún más relevantes en términos de montos, pues dentro de esta categoría se han asignado 27,500 millones de pesos, 9.2% de todos los recursos de los contratos que se han firmado en lo que va de 2021.

Mientras que en años anteriores eran muy pocos, o incluso ninguno, los procedimientos clasificados bajo esta categoría, a partir de 2019, antes de que llegara la pandemia del coronavirus, comenzaron a incrementar los recursos entregados bajo mecanismos que en las bases de datos se reportan como «Otros», llegando a ser hasta 13.8% en 2020 y que en lo que va de 2021 representan 9.2%, o 27,500 millones de pesos.

Al comparar estos resultados en el tiempo, la cantidad de contratos entregados por adjudicación directa en 2021 mantiene prácticamente la misma proporción que en años y sexenios anteriores, pues al menos desde 2015 esta cifra se ha mantenido alrededor de 80%, pese a que este gobierno prometió dejar de utilizar este mecanismo o cuando menos disminuirlo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga y actualiza de manera recurrente la lista de empresas que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, es decir, aquellas conocidas popularmente como empresas fantasmas. Al comparar la lista definitiva de estas empresas y buscar las coincidencias en las contrataciones públicas mediante el Registro Federal de Contribuyentes, se han identificado 52 contratos con empresas fantasma de 2019 a la fecha por un monto de 162 millones.

La gran mayoría de estas contrataciones usaron procedimientos de adjudicación directa: el 51% (27 contratos) fueron entregadas por este tipo de procedimientos, 21% (11) por licitación restringida y 28% (14) fueron licitados públicamente. En segundo lugar, sólo dos contratos fueron terminados anticipadamente a pesar de que 12 se realizaron cuando la empresa ya había sido incluida en la lista de empresas fantasmas que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los contratos celebrados con empresas fantasma desde 2019 han sido realizados por 20 dependencias. La institución que ha adjudicado los mayores montos a empresas fantasmas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por un monto de 108.5 millones. Tal cifra representa el 67% del total de este tipo de contrataciones. Después de este caso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó 14 contrataciones con empresas fantasmas por 14.6 millones, lo cual la convierte como la dependencia con mayor número de procedimientos con estas empresas y la segunda con mayor monto. En tercer lugar, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional realizó siete contratos por un monto de 7.9 millones de pesos con estas empresas.

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que la vacuna mexicana contra el COVID-19, Patria, sigue avanzando y ya se encuentra en una segunda fase de la investigación.

«Se está avanzando en la investigación de la vacuna Patria, que se va a producir en México. Ya está pasando a una segunda fase en el proceso de investigación. Hay buenos resultados en la primera etapa», dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

López Obrador reiteró que el próximo mes  comienza la vacunación de menores con enfermedades crónicas y aseguró que sigue «en pie» el compromiso de concluir la vacunación al menos con una dosis a todos los mayores de 18 años antes de que finalice octubre.

«Para poder lograr en un mes este objetivo ya tenemos toda una estrategia», dijo el presidente, que afirmó que se respaldará de la Secretaría de Marina (SEMAR), así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Cuestionado sobre si se repetirá la vacunación el próximo año, López Obrador dijo que por el momento los médicos no recomiendan este refuerzo de inmunización, aunque precisó, lo están analizando. No obstante, puntualizó, ya se están haciendo «nuevos contratos» con las farmacéuticas, aunque no ofreció mayores detalles.

Sostuvo que no «van a faltar las vacunas» y que estas se aplicarán a «todos» y «sin distinción», de manera gratuita.

Según cifras del gobierno, el 71% de la población adulta en el país cuenta con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) informó este jueves que 17 clubes del fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y ocho personas físicas serán multados por prácticas monopólicas.

«El pleno de la Comisión impuso multas por un total de 177.6 millones de pesos a 17 clubes de fútbol de la Liga Mx por su responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas, y por coadyuvar en la realización de estas, a la FMF y a 8 personas físicas», explicó la autoridad.

En la Liga MX femenil, el ente regulador de competencia concluyó que los conjuntos, entre los que se encuentran el América, fijaron un salario máximo a la jugadoras.

Según la investigación, al inicio de la Liga en 2017 los clubes acordaron que las futbolistas mayores de 23 años ganarían un máximo de 2 mil pesos al mes, las menores de 23 años 50 pesos y las de las categorías sub’17 no tendrían ingresos sino sólo ayuda como transporte y comida.

En la temporada 2018-2019, La Liga Mx informó que el tope subió a 15,000 pesos  al mes y que los apoyos en especie no podían superar los 50 mil pesos por torneo.

«Imponer topes máximos a los salarios de las jugadoras profundizó aún más la brecha salarial entre mujeres y hombres futbolistas», criticó la comisión.

La COFECE aseguró que la FMF persuadió a que los equipos cumplieran con estos salarios con comunicados y al realizar verificaciones.

«La práctica, cuya duración fue de noviembre de 2016 a mayo de 2019, constituyó un acuerdo colusorio entre los clubes, que tuvo el objeto y efecto de manipular los precios -en este caso los salarios de las jugadoras- y evitar que los clubes compitieran por su contratación mediante mejores salarios», explicó la Comisión.

En el caso de la Liga varonil, la COFECE determinó que los equipos mantuvieron derecho sobre futbolistas a los que recién se les venció el contrato y si otro conjunto quería contratarlos debía negociar con ellos.

«La duración de esta conducta fue de por lo menos 10 años, de junio de 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor», afirmó la autoridad.

El total del daño estimado al mercado por ambas prácticas fue por 83 millones 375 mil pesos y los equipos que pagarán la multa son América, Pachuca, Cruz Azul, Morelia, Guadalajara, Santos Laguna, Tigres UANL, Toluca, Pumas UNAM, Monterrey, Necaxa, Atlante, Tijuana, Atlas, León, Querétaro y Puebla.

En respuesta, la FMF y la Liga MX informaron que fueron notificadaos sobre la resolución de la COFECE, e indicaron que tal como se informó en su momento el derecho de retención de jugadores al que se refería la Comisión, denominado “Pacto de Caballeros” concluyó en 2018, como resultado de las pláticas y negociaciones entre la FMF, la Liga MX y la AMF Pro. Mientras que el tope salarial concluyó en mayo de 2019.

Así, dijo que ambas prácticas fueron erradicadas previo a la determinación emitida por la COFECE respecto a un posible incumplimiento con el marco normativo de competencia económica.

Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron este lunes que los gobiernos federal y de la Ciudad de México contrataron a 585 médicos cubanos que no contaban con título universitario para atender a pacientes COVID-19 en México.

A través de sus redes sociales, Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, reveló varios documentos que obtuvo de fuentes oficiales, en los que se menciona que el Gobierno de Ciudad de México habría contratado 585 médicos para apoyar en la pandemia quienes, supuestamente, no cuentan con un título que respalde su experiencia.

Rementería señaló que preguntó a seis dependencias públicas, a través de solicitudes de información, algunos datos que le permitieran conocer la capacidad profesional de los médicos cubanos contratados por México en 2020.

De acuerdo con los datos expuestos, tanto el gobierno federal como el capitalino habrían gastado poco más de 255.8 millones de pesos  en la contratación de los especialistas.

Según los documentos, la Secretaría de Bienestar, a través de un convenio de colaboración, habría transferido el 21 de abril de 2020 más de 135 millones de pesos al gobierno capitalino para ayudar en la crisis de la pandemia.

Mientras que sólo tres días después, el 23 de abril, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó con el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, dos convenios bianuales por un total de más de 255.87 millones de pesos.

Aseguró que en ese convenio, el Ministerio de Salud de Cuba se comprometió a «garantizar que el personal enviado a México tiene total capacidad y experiencia».

Sin embargo, el senador del PAN explicó que al solicitar información de los médicos contratados, instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no pudieron otorgar datos, por lo que concluyó que los profesionales de la salud eran «falsos».

También denunció que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) permitió que «extranjeros sin título médico ejercieron de manera oficial funciones de salud en México».

Y acusó al Instituto Nacional de Migración (INM) de dejar entrar a 585 personas, «sin saber quiénes son, ni a qué vienen».

Rementería afirmó que con esta investigación «se comprueba» que se orquestó un «fraude» al erario público por cientos de millones de pesos. Pidió a las autoridades de salud que proporcionen los expedientes de los pacientes a quienes trataron estos «falsos médicos» y saber cuántos mexicanos murieron «por culpa de este fraude» además de que se indemnice a familiares y los responsables respondan ante la ley.

En respuesta a lo denunciado por el senador panista, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que  la contratación que llevó a cabo su gobierno de médicos cubanos durante la pandemia fue transparente y a través de un convenio oficial.

“Están buscando que haya algún tema con relación a esta solidaridad que recibimos por parte de los médicos cubanos. Por supuesto que se les pagó, no fue gratuita esta solidaridad, se les pagó a los médicos –igual que se les paga a los médicos mexicanos– y se hizo un convenio, totalmente oficial, establecido claramente; y, por supuesto, está la información disponible”, dijo en conferencia.

Adelantó que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) informará a detalle sobre el convenio que se estableció con el Gobierno de Cuba para la contratación de personal médico de dicho país.

FOTO: Twitter @MiguelPenaflor

Una empresa propiedad de Ángel Manuel Medel Ríos, integrante de la Ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se vio beneficiada de las bondades de la 4T, pues recibió dos contratos por poco más de 1 millón de pesos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Así lo revela una investigación especial de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que detalla que luego de entrar a trabajar en la Presidencia de la República el 13 de enero de 2020, cinco meses después su empresa “Electroingeniería para Fluidos” recibió un primer contrato de la SEDENA por 912 mil pesos, y a los tres meses, la dependencia le otorgó un segundo contrato por 179 mil pesos. Ambos comprados suman poco más de un millón de pesos.

Aunque en la nómina oficial aparecía con el cargo de director de área en la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de Presidencia de la República, en la práctica Medel apoyaba al presidente López Obrador en sus giras como parte de la ayudantía.

En la relación de viáticos pagados entre enero de 2020 y mayo de 2021, que consultó MCCI, consta que Medel Ríos era parte de la avanzada que preparaba las giras y la seguridad del presidente en sus recorridos por el país.

Antes de entrar a trabajar a la Presidencia, Medel Ríos, ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional, se desempeñaba como gerente de construcciones y licitaciones en Electroingeniería Para Fluidos SA de CV, empresa que creó el 7 de septiembre de 2018 ante un notario de la Ciudad de México.

En su más reciente declaración patrimonial, de mayo de 2021, Medel declaró conservar una participación del 16% de acciones en Electroingeniería para Fluidos.

El 19 de junio de 2020, cuando Medel llevaba ya cinco meses como funcionario público, la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Sedena dio a Electroingeniería para Fluidos un contrato por 912 mil 664 pesos para realizar servicio de mantenimiento a cuatro bombas verticales, al considerarla la mejor opción luego de un proceso de invitación a cuando menos tres empresas.

El contrato fue suscrito por Óscar López del Ángel, quien es socio de Medel en la empresa beneficiada con la asignación.

Tres meses después, en septiembre de 2020, la misma dependencia de la Sedena otorgó otro contrato por 179 mil 452 pesos a Electroingeniería Para Fluidos por servicio de mantenimiento correctivo para la reparación del sistema de bombeo del pozo; esta vez el proceso de compra fue adjudicación directa.

Cabe señalar que Medel Ríos dejó la ayudantía de la Presidencia el pasado 31 de mayo de 2021, cuando fue ascendido a gerente del área de recursos materiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Su sueldo neto pasó de 54 mil pesos a 91 mil pesos mensuales.

Investigación completa en MCCI

Pemex ha cancelado tres contratos con Vitol, luego de que se ventilara un caso de sobornos en Estados Unidos que involucra al mayor comercializador independiente de energía del mundo.

Tres documentos de Pemex dicen que motivo de la cancelación fue el reconocimiento público de Vitol, en diciembre pasado en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que pagó sobornos para ganar negocios con Pemex, así como con empresas estatales en Brasil y Ecuador.

En cartas dirigidas a Vitol, a las cuales tuvo acceso la agencia Reuters, todas ellas fechadas en los últimos dos meses, Pemex informó a la firma de la cancelación de un contrato de gas butano, otro de nafta y otro de gas propano. El contrato de propano abarcaba cuatro operaciones distintas.

Los mayores comercializadores independientes de materias primas del mundo se enfrentan a un escrutinio global por presunta corrupción tras años de investigaciones sobre sobornos a funcionarios en varios países de América Latina.

En marzo, se informó que Pemex estaba buscando renegociar algunos de sus contratos de cientos de millones de dólares con la empresa, que tiene su sede en Ginebra. El director general, Octavio Romero, dijo que Pemex trataría de deshacerse de condiciones que considera desfavorables.

Vitol confirmó que, a la fecha, las conversaciones con Pemex no habían llegado a un resultado final, pero no aclaró si los contratos habían sido cancelados.

«Vitol reconoció las preocupaciones de Pemex y durante varios meses funcionarios de alto nivel tanto de Vitol como de Pemex trataron de negociar una resolución aceptable para ambas partes», dijo la firma en una nota a Reuters. «Aunque las discusiones no condujeron a un acuerdo entre las empresas, Vitol sigue abierta a continuar su diálogo con los funcionarios de Pemex y trabajar hacia una solución mutuamente beneficiosa», añadió.

Una fuente familiarizada con las negociaciones dijo que los contratos cancelados tenían un valor total de millones de dólares y todos eran válidos hasta al menos 2023.  La fuente añadió que los funcionarios de Pemex habían suspendido las negociaciones después de que ejecutivos de Vitol rechazaron los cambios propuestos en los términos de los contratos.

Pero a todo esto, cómo están las finanzas de Pemex luego de la ‘ayuda’ que el gobierno federal le ha dado en el Presupuesto 2022. En Broojula te presentamos el análisis más completo.

El Barcelona anunció el jueves que Lionel Messi no permanecerá en los planes del club después que la normativa financiera de La Liga española hizo «imposible» un acuerdo entre el conjunto catalán y el delantero argentino.

«A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales», detalló el Barcelona a través de un comunicado el jueves.

El club culpó a la «normativa de La Liga española» de no permitir que firmara un nuevo contrato con el astro argentino.

«Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona», agregó el Barsa. «Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club».

El contrato anterior entre el atacante de 34 años y el conjunto venció el 30 de junio.

«El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional», añadió el club en su comunicado.

Con 35 títulos e interminables récords, seis veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, que encarnó lo mejor del Barcelona, abandonará el club poniendo fin a toda una era de fútbol azulgrana.

Según expertos, en 121 años de existencia del club blaugrana, quizás solo Johan Cruyff, también Balón de Oro, pueda equiparase a lo que representa Messi para el club catalán.

Es, por mucho, el máximo goleador de la historia del Barça con 709 goles en 836 partidos; el máximo goleador de la historia de la Liga; el máximo anotador en un año natural con 91 en 2012, y el jugador que ha ganado más títulos con el Barcelona, 35 en total, incluidas cuatro ‘Champions’ (2006, 2009, 2011, 2015).

La ‘Pulga’ también ha cosechado seis Balones de Oro, más que Cristiano Ronaldo (5), Cruyff, Michel Platini o Marco Van Basten (3).