Ana Paula Ordorica
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La 4T ‘vuela’ con Grupo Higa, empresa ligada al sexenio de Peña Nieto

En noviembre de 2014, cuando el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui reveló la llamada “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhortó a las autoridades a investigar al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, por haber sobornado con una residencia en Las Lomas de Chapultepec al presidente de México.

“La Casa Blanca en Las Lomas se la dio como un moche el contratista favorito de Peña, Hinojosa Cantú”, acusó López Obrador en una gira en Chiapas, el 13 de diciembre de 2014.

El morenista afirmó aquel día que la “Casa Blanca” había sido una recompensa a Peña de su “amigo y contratista predilecto”, quien a través de la empresa Eolo Plus “le rentaba los helicópteros y aviones cuando era gobernador del Estado de México”.

Seis años y cuatro meses después de esa acusación, en abril de 2021, el gobierno de López Obrador recurrió a la misma empresa aeronáutica fundada por Hinojosa Cantú, para servicios de apoyo logístico a aeronaves del Ejército.

Una nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que entre las aeronaves de la empresa estaban incluidas aquellas que han servido para trasladar al presidente López Obrador en distintas giras por el país.

En los documentos consta que el primer contacto del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación con Eolo Plus se dio el 21 de abril de 2021.

Ese día, el teniente Adrián Peña Gómez, encargado de cotizaciones de la Fuerza Aérea, escribió al correo electrónico de la directora comercial de Eolo Plus, Karen Suárez, para pedirle información sobre los servicios aeroportuarios que ofrecía la empresa. A la par, el militar conversó con ella por teléfono.

Investigación completa en MCCI

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Giran órdenes de aprehensión contra García Luna y 60 ligados a su red

Un juez federal expidió una nueva orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien desde 2019 se encuentra preso en Estados Unidos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR indicó que también fueron girados ordenes de aprehensión en contra de 60 personas, entre funcionarios y particulares, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que habrían cometido al defraudar recursos públicos destinados a las prisiones federales.

La Fiscalía detalló que obtuvo de un Juez de Control Federal, órdenes de aprehensión para 61 personas, encabezadas por Genaro “G”, Jonathan Alexis “N”, Mauricio Samuel “N” y 58 individuos más, todos vinculados a los delitos señalados.

De acuerdo con la FGR, durante el paso de García Luna por la SSP, los involucrados “se coludieron” con García Luna y sus socios: Jonathan Alexis “N” y Mauricio Samuel “N”, “para saquear los recursos públicos” del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de dicha Secretaría.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de 5,112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, precisó la FGR.

La Fiscalía señaló que ya se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han salido del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación.

La dependencia explicó que este procedimiento penal “es independiente a la denuncia que el domingo hizo pública la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), respecto a otro despojo multimillonario en contra de la policía federal, también vinculado con empresas de Genaro García Luna, sus socios y cómplices.

Sobre este nuevo procedimiento, dijo la FGR, “ya se están recabando todas las pruebas necesarias para proceder a la vinculación penal correspondiente y a la recuperación de los bienes sustraídos”.

Recordemos que en febrero pasado, en una corte de Nueva York, Estados Unidos, un jurado declaró culpable por narcotráfico a García Luna.

García Luna encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra organizaciones criminales, durante el gobierno de Vicente Fox, y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

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La red de amigos de ‘Andy’ incluye a exdirectivos de Segalmex

Un integrante de la red de amigos de Andrés López Beltrán, ‘Andy’, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también operó en Segalmex, el emblema de corrupción del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) identificó que Hugo Buentello Carbonell, ligado ala red de amigos de ‘Andy’, participó como subdirector de operaciones en Liconsa, desde donde firmó un contrato por 86 millones de pesos para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo ‘fantasmas’, pues no existe evidencia de su entrega.

Buentello Carbonell es accionista de Industrias Wohl, titular de la marca de muebles urbanos “Grava y Arena”, que fueron colocados en distintas obras a cargo de la SEDATU, entre ellas el Malecón de Villahermosa, cuya supervisión está a cargo de Alejandro Castro Jiménez Labora, también amigo de ‘Andy’.

Recodemos que en noviembre de 2022, MCCI reveló que el presidente nombró a un amigo de su hijo, Alejandro Castro Jiménez Labora, como supervisor de la construcción del Malecón de Villahermosa, obra que representa una inversión de 3,200 millones de pesos.

Ahora, a partir de revelaciones de Latinus y MCCI, Buentello y Alejandro Castro no sólo tienen en común ser amigos de ‘Andy’: sus respectivas empresas comparten domicilio en una residencia de la calle Alejandro Dumas, en Polanco en la Ciudad de México.

La red de amigos de ‘Andy’ se ha visto beneficiada con contratos por más de 100 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en contratos simulando competencia entre sí y que son administradas por personas cercanas a Santiago Jiménez Labora Prieto y Alejandro Castro Jiménez Labora, amigos de López Beltrán.

Hugo Buentello Carbonell fue directivo de Segalmex durante la gestión de Ignacio Ovalle, y actualmente se encuentra siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

Entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, Buentello Carbonell se desempeñó como subdirector de Operaciones de Liconsa, desde donde también firmó contratos millonarios con ILAS México, una empresa multinacional que fue involucrada en 2019 por la UIF en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela.

Investigación completa en MCCI

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Mis hijos no son corruptos, responde AMLO a contratos de ‘Andy’

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que sus hijos sean corruptos, esto luego de que salieran a la luz reportajes periodísticos que evidencian presuntos conflictos de interés de dos de ellos.

El mandatario tachó de “calumnia” un artículo del portal Latinus, donde el periodista Carlos Loret de Mola reveló que una red de amigos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán ha obtenido contratos por 100 millones de pesos de la administración federal.

Y aunque reconoció los contratos que se señalan, minimizó su “tamaño” en comparación con lo que se llevaban los anteriores gobiernos.

“Sí deben de existir (los contratos), pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos, o sea, nada que ver con Loret de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro”, argumentó.

El presidente aseveró que “no hay ningún problema, nada”, ni conflicto de interés en los contratos que obtuvieron empresas de allegados a López Beltrán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso. Es parte del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al hampa del periodismo, no pasa nada porque no es cierto”, lanzó AMLO centrándose en atacar al periodista que en explicar los contratos.

“Está demostrado que es un especialista en montajes y, si tiene pruebas de corrupción, que vaya a la Fiscalía, pero no (lo hace), es la consigna de que la calumnia cuando no mancha tizna, pero no hay ningún problema”, remarcó.

Aunado al escándalo de ‘Andy’, esta semana Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que otro hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, vive en México una casa que pertenece a la asistente de la directora de La Jornada, el diario con más contratos en el actual sexenio.

Esto llega luego de que José Ramón López Beltrán también protagonizara el escándalo de la Casa Gris en Huston, Texas, en Estados Unidos, que habitó siendo propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex

En lugar de explicar si es cierto o no que su hijo tiene otra Casa Gris en México, el mandatario acusó a la prensa de “acosar” a sus hijos.

“Ayer fueron a la casa donde vive José Ramón a esperarlo ahí, es un acoso, pero yo le digo a mis hijos: ‘aguanten, no caigan en ninguna provocación’”, indicó.

No es la primera vez que los hijos de López Obrador afrontan acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.

En noviembre de 2021, la revista Proceso y la periodista Carmen Aristegui exhibieron que el programa de reforestación insignia del presidente, Sembrando Vida, se usaba para beneficiar la fábrica de chocolates “Rocío” de los hijos del mandatario en Tabasco, en el sureste del país.

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Que se sancione a quienes saquean el país, incluidos los hijos del presidente: PRD

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sancionar a quienes están saqueando a las y los mexicanos, incluidos sus hijos.

Lo anterior, luego de que Latinus diera a conocer una investigación periodística que evidenció que los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, hijo del presidente, fueron favorecidos en el proyecto que se lleva a cabo en los terrenos que habría ocupado el aeropuerto de Texcoco, mediante concursos públicos simulados.

El diputado del PRD, Marcelino Castañeda Navarrete, acusó en la sesión de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, “el nepotismo grotesco” en el gobierno de quien se asume como incorruptible y que, entre sus consignas están el “no robar, no mentir y no traicionar.

Acusó que en los hechos, la familia y allegados del presidente son beneficiados con negocios turbios a costa del país.

“El esquema favorito de corrupción de este gobierno de cuarta es, sin duda, los contratos mediante las Fuerzas Armadas, que van a un ‘cártel inmobiliario’ de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán y, en este caso, lo que se supone que va a ser un Parque Ecológico en Texcoco, se ha convertido en la caja grande del hijo del presidente, junto a una red de empresas de amigos, contratos millonarios y obras de dudosa calidad”, enfatizó el diputado.

A las críticas también se suma lo que reveló Latinus y MMCI, acerca de la casa que ahora habita en México otro de los hijos del presidente.

José Ramón López Beltrán vivió en Houston en una mansión de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Tras perder su visa de trabajo de Estados Unidos, el hijo mayor del presidente se regresó con su familia a México y ahora se sabe que vive en una casa que es propiedad de la asistente de la directora de La Jornada, medio cercano al gobierno federal y que es el que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio.

En ese sentido, el diputado del PRD sentenció que, dada la información recién difundida, queda claro que la “Casa gris” de José Ramón López Beltrán fue pagada desde México, en compensación con las obras otorgadas a una filial de Baker Hughes.

“La hipocresía de esta mayoría es sorprendente, que suben a la agenda a un supuesto ‘cártel inmobiliario’ local (contra integrantes del opositor Partido Acción Nacional); pero haciendo oídos sordos ante la misma corrupción donde, miles de millones de pesos que este gobierno ha significado, siguen siendo parte de programas clientelares sin un padrón consolidado”, acusó.

Enfatizó que el PRD, la única y verdadera izquierda de México, no será cómplice de la corrupción, y nunca estarán del lado de los corruptos. “Entendemos que los ladrones siempre serán ladrones y la corrupción siempre será la corrupción. Si quieren ser exonerados, afíliense a la Cuarta Transformación”, remató.

En Broojula, te presentamos un resumen sobre los recientes escándalos que alcanzan a la familia presidencial.

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Indagan permisos para comercializar productos derivados de la marihuana ligados al expresidente Fox

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este martes que se investiga a la familia del expresidente Vicente Fox por recibir permisos para comercializar productos derivados de la marihuana días antes de que finalizara el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Cofepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana, la mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador refirió que debido a esto se está haciendo ya una investigación, pues se han estado “descubriendo cosas” en las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

“Había sótanos ahí en Cofepris y están descubriendo cosas, tienen que probar desde luego que dieron los permisos”, apuntó.

Asimismo, señaló que por ahora no se ha hecho ninguna denuncia penal porque apenas recibió este lunes la información, pero señaló que “desde luego se va a presentar denuncia, claro que sí”.

Minutos más tarde, el expresidente Fox, quien ha promovido abiertamente la despenalización de la marihuana para uso lúdico, rechazó que haya sido favorecido con estos permisos.

“López, una mentira más. ¡No tengo ninguna licencia de cannabis! Eres un Pinocho, nariz larga y mentiroso”, comentó el exmandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Fox y otros empresarios han reivindicado que México tiene un enorme potencial para crear el mercado de marihuana legal más grande del mundo, pero López Obrador ha cuestionado la legalización del cannabis al sugerir que puede ser la puerta “a otras drogas”.

En 2021, la Suprema Corte de Justicia aprobó un fallo histórico que declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en el país, pero el cannabis recreativo todavía tendría algunas limitaciones porque el Congreso y el gobierno de López Obrador se han negado a regularlo.

Mientras que el Congreso aprobó desde 2017, en el sexenio de Peña Nieto, el uso de la marihuana con fines de salud, una regulación que depende de la Cofepris.

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Aumenta a 40 los muertos por incendio en estación migratoria de Cd. Juárez

La cifra de muertos por el incendio de la semana pasada en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, se elevó a 40, confirmó el gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó en un comunicado que uno de los 28 heridos que dejó el siniestro murió durante el traslado aéreo desde Ciudad Juárez al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) de la Ciudad de México.

Del total de los lesionados aún permanecen hospitalizados 23, precisó el gobierno.

En el caso de los pacientes en estado de pre-alta, que al momento son cinco, fueron canalizados a un hospital temporal del IMSS en Ciudad Juárez.

Durante el fin de semana las autoridades trasladaron vía aérea a seis de los heridos hacia el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y al CENIAQ. El resto de los lesionados permanecen en diferentes centros de salud de Chihuahua.

El director del Hospital General de Ciudad Juárez, Carlos Tadeo Perzabal, dijo este lunes que en ese centro permanecen internados once de los heridos que se encuentran en estado grave, debido a que tienen distintos órganos y sistemas afectados. Agregó que a dos de los pacientes les realizarán un procedimiento especial por una falla renal aguda.

Recordemos que por el caso se han girado órdenes de aprehensión en contra seis personas quienes enfrentan cargos por homicidio doloso y lesiones. La fiscalía federal también está investiga a otras personas.

Entre los procesados están tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), dos guardias de seguridad del centro de detención y un migrante que es señalado de haber iniciado el fuego.

En un video de una cámara de seguridad difundido, se mostró a unos guardias que salían caminando cuando comenzó el incendio en la celda en la que estaban recluidos decenas de migrantes sin hacer el más mínimo intento de liberarlos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este lunes que no habrá impunidad para los culpables del incidente.

Al ser interrogado sobre si sería procesado el titular del INM, Francisco Garduño, por incumplir la orden presidencial de no contratar empresas de vigilancia privada para la seguridad de instalaciones públicas, López Obrador pidió esperar el avance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la República.

La seguridad del centro donde ocurrió el fatal evento estaba a cargo de la empresa privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA.

En ese sentido, la SSPC informó que el Instituto Nacional de Migración tiene un primer contrato con la empresa, con una vigencia del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022, por el que se erogaron 151 millones 439 mil 389 pesos.

“Se dio continuidad al contrato y para el periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre de este año 2023 se estableció uno nuevo, por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, anunciaron las autoridades.

Aclaró que el Instituto no ha erogado cantidad alguna para este último e incluso el 28 de marzo dio vista al Órgano Interno de Control por las irregularidades de la empresa. Para el caso del convenio modificatorio de 2023, que cubrió el periodo enero y febrero, el monto erogado fue de 29 millones 335 mil 668 pesos, con 503 elementos por turno.

Sin embargo, señalaron que de acuerdo con información del IMSS, hasta enero de este año Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A de C.V. tenía registrados 30 trabajadores, cifra que aumentó a 44 en febrero, pero el 31 de marzo, es decir cuatro días después del incendio, la empresa dio de alta 417 trabajadores. De esta manera, al momento suman 478 empleados dados de alta en este sistema.

Ante ello, el IMSS emitió una opinión negativa de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contra esta compañía.

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SFP sanciona a 9 proveedores del sector Salud y les impone multa de 900 mdp

La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a nueve proveedores del Sector Salud por acciones de simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas, y que afectaron la competencia en los procesos de licitación de la Administración Pública Federal (APF).

Las sanciones fueron impuestas con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se dieron entre el 1 y el 25 de agosto.

La SFP explicó que el Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impuso inhabilitaciones para que las dependencias y entidades de la APF, las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con las compañías.

Además, les impuso sanciones económicas que suman 902 millones 187 mil pesos. Las empresas sancionadas con poco más de 100 millones e inhabilitadas por 7 años cada una son:

  1. Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V.
  2. Instrumentos y Equipos Falcon, S.A., de C.V.
  3. Impromed, S.A. de C.V.
  4. Valtrum, S.A. de C.V.
  5. Selecciones Médicas, S.A. de C.V.
  6. Servicios de Mínima Invasión, S.A. de C.V.
  7. Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V.
  8. DAI Servicios S.A. de C.V.
  9. SERVAD Promo Asistencial S.A. de C.V.

Y es que de acuerdo con las denuncias recibidas, en las adjudicaciones de 8 servicios integrales en el ISSSTE, participaron diversas empresas que, presuntamente, se pusieron de acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación relacionados con los servicios de análisis clínicos y banco de sangre.

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CompraNet revive. Hacienda anuncia que plataforma ya se encuentra operando

La plataforma Compranet, que dejó de operar hace 17 días, fue puesta nuevamente en marcha este lunes, en su totalidad, según informó la Secretaría de Hacienda.

“El esfuerzo conjunto de las distintas áreas de la Oficialía Mayor de Hacienda permitió conseguir, en menor tiempo al estimado, los discos de almacenamiento necesarios y acordes a lo requerido para la reorganización del sistema Compranet”, explicó Hacienda en un comunicado.

Y es que recordemos que desde el pasado 15 de julio, la plataforma gubernamental creada en 2010 para presentar, almacenar y verificar el avance de obras públicas, licitaciones y contrataciones que realiza el gobierno, salió de línea, por supuestas fallas técnicas.

“El 15 de julio Compranet presentó un error derivado de un problema de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura, por lo que las unidades compradoras del gobierno no pudieron cargar información al sistema. La plataforma se encuentra alojada en servidores con características que ya no están disponibles en el mercado”, explicó en su momento Hacienda, señalando que la empresa Bravo Solution era la encargada del soporte.

Hacienda había señalado que mientras el sistema volvía a operar, los procedimientos de contratación se siguieron realizando de manera presencial, respetando en todo momento la legalidad, y afirmó que ningún proceso relevante fue interrumpido ni pospuesto como consecuencia de la falla que presentó.

Ante la falla que presentó, grupos empresariales y organizaciones civiles, como Coparmex, advirtieron que la falla de la plataforma generó incertidumbre jurídica, mayor burocracia y costos, incrementó el riesgo de errores humanos, provocó un impacto grave al principio de máxima publicidad, además de que abrió la puerta a la opacidad y a la corrupción.

Aprovecharon para denunciar que, en los últimos meses, CompraNet había empeorado su funcionamiento.

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In Nacional

Difundir contratos de compras de vacunas COVID puede poner en riesgo la seguridad nacional: Corte

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional previstos en la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre los contratos para la adquisición de vacunas contra el COVID-19, y los comprobantes de pago respectivos.

En el primero de ellos, resolvió que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país.

Por este motivo, los ministros resolvieron que dicha información debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial).

En el segundo recurso de revisión, la Suprema Corte determinó que los comprobantes de pago respectivos deben ser clasificados como información reservada por un periodo de 5 años, pues su divulgación puede poner en riesgo la seguridad nacional, bajo los mismos argumentos dados en el otro recurso.

Y es que un particular solicitó los contratos y comprobantes de pago, vía transparencia, que el gobierno federal realizó con las farmacéuticas Pfizer, Cansino y Astra Zeneca.

Recordemos que en mayo de 2021, el INAI ordenó al gobierno entregar una versión pública de los documentos, aunque la Consejería Jurídica de la Presidencia, aún con Julio Scherer al frente, tramitó dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional para evitar la entrega.

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In Economía

Siempre hemos apostado al diálogo. La IP se siente tranquila: CCE sobre revisión de contratos en materia eléctrica

La Iniciativa Privada (IP) está abierta al diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para revisar los permisos de autoabastecimiento eléctrico y llegar a acuerdos, dijo este jueves el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

“Ha sido siempre la apuesta de nosotros, el diálogo y llegar a los mejores acuerdos paro lo que mejor convenga a México. Entonces sí celebramos esta propuesta”, dijo Cervantes en entrevista con Radio Fórmula.

Y es que esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un “llamado” a las empresas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”, y bajo el cual operan.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte declaró a comienzos del mes, constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.

Y aunque se mostró más conciliador que en otras ocasiones, el mandatario no descartó llegar a las denuncias penales hacia las empresas que a su modo de ver cometieron fraude. Dijo que si no se llegaba a acuerdos, no encubriría a nadie y aplicaría la ley como corresponde.

Cuestionado sobre la posibilidad de demandas e incluso de cárcel para empresarios, Cervantes dijo que cada mensaje puede tener “distintas interpretaciones”. “Estoy seguro de que nosotros estamos en la mejor disposición de plática. Tuvimos ya reunión con las empresas”, explicó.

El también empresario indicó que la IP se siente “tranquila” y que se busca apostar por las “energías limpias” sin descartar el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tal y como quiere el gobierno federal.

Pese a la invitación a negociar, Cervantes reconoció que todavía se está esperando la configuración de una “mesa de diálogo”. Consideró además que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería la persona ideal para encabezar estas negociaciones por parte del Ejecutivo.

Recordemos que en días recientes, el ingeniero y empresario Régulo Salinas asumió la Presidencia de la Comisión de Energía del CCE, en sustitución de Roger González.

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In Nacional

AMLO amenaza con demandar a las empresas que utilizan el modelo de autoabasto

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un “llamado” a las empresas eléctricas privadas para “dialogar” acerca de los permisos de autoabastecimiento, que el mandatario considera “ilegales”.

“Aun cuando ya es ilegal (el autoabastecimiento), hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema. Porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice”, dijo.

López Obrador recalcó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró a comienzos del mes constitucional la reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que entre otros puntos contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”.

Sobre este asunto, ahora el mandatario aseguró que ya “hay un marco legal” pero, antes de presentar denuncias penales, buscará el diálogo con esa veintena de empresas, en su mayoría extranjeras, que a su modo de ver actuaron ilegalmente.

“Ojalá ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda de que ya es ilegal, que es un fraude este mecanismo de autoabasto que crearon que es como una especie de mercado clandestino, informal”, apuntó.

Agregó: “Tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda. No lo voy a hacer”, subrayó el mandatario.

López Obrador explicó que se está terminando de analizar “quiénes están en la ilegalidad completa” y violando “la Constitución”.

“Vamos a buscar un proceso de transición donde desde luego no se perjudique al pueblo, se proteja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al mismo tiempo se den opciones a quienes de manera consciente o inconsciente actuaron al margen de la ley”, subrayó.

Con este llamado, López Obrador bajó el tono de confrontación frente a las privadas por primera vez en meses, a quienes había venido atacando constantemente.

Y es que recordemos que aunque en la Suprema Corte hubo muchas objeciones a la reforma a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para que fuera considerada inconstitucional. No obstante, los analistas prevén que el alud de amparos protegerán al sector privado de la aplicación efectiva de la nueva normativa

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López Obrador amaga con que todos los contratos relacionados con el litio serán revisados

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que todos los contratos relativos al litio que existen en el país serán revisados, esto luego de que ayer se aprobara en la Cámara de Diputados la reforma que presentó el mandatario a la Ley Minera.

Recordemos que el mandatario envío el pasado domingo al Congreso un proyecto para cambiar varios artículos de la Ley Minera con el objetivo de darle el Estado el control sobre la explotación del litio, tras fracasar la votación de la reforma eléctrica impulsada por el propio AMLO,

“Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio”, afirmó López Obrador hoy al ser consultado sobre los alcances del dictamen, que ya se encuentra en el Senado.

Y es que la iniciativa incluye crear una empresa para exploración y explotación, así como la prohibición de dar nuevas concesiones del mineral, de creciente uso para la fabricación de baterías y del que se estima México posee importantes reservas.

En el estado de Sonora se encuentra una de las mayores operaciones, Bacanora Lithium. La china Ganfeng Lithium informó el año pasado que había llegado a un acuerdo para hacerse con la totalidad de esa firma, de la que ya era un accionista clave.

Aunque no lo mencionó por su nombre, a una pregunta sobre los efectos de la ley sobre ese proyecto, López Obrador explicó que se está analizando ese contrato y si se cumplió con el requisito de realizar una consulta a las comunidades locales, entre otros aspectos.

“Eso se tiene que revisar y se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos”, añadió.

López Obrador agregó que se entregaron unas 150,000 hectáreas para la explotación del mineral durante el gobierno de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

“Si no son contratos que se hayan entregado para litio, no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración, explotación de litio”, remarcó, una postura que ya había expresado hace meses cuando manifestó el interés de su administración por el mineral.

La agencia de noticias china Xinhua informó este martes que el presidente del parlamento del país asiático, Li Zhanshu, conversó por videoconferencia con la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, para “mejorar aún más las relaciones”, pero no trascendió si hablaron sobre los cambios a la Ley Minera.

López Obrador también dijo esta mañana que se va a ir desarrollando la tecnología para la exploración y explotación del litio.

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Gobierno anuncia que revisará y revocará permisos de autoabasto en energía

El gobierno federal anunció este viernes la revisión y revocación de los permisos de autoabastecimiento en electricidad que sean considerados ilegales, al menos 110, tras la declaración de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) ayer por parte de la Suprema Corte.

“Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77,000 socios-clientes, ya que se compravenden energía eléctrica y capacidad”, destacó la presidencia en una tarjeta informativa.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su respaldo al modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional.

En la nota informativa, la Presidencia remarcó que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró “totalmente improcedente la pretensión de inconstitucionalidad” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica planteada por un grupo de senadores de oposición.

“Los ministros también rechazaron el argumento de los senadores en el sentido de que la reforma es violatoria del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados de libre comercio”, añadió.

Por ello, instó a que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que entró en vigor el 9 de marzo de 2021, sea aplicada por las autoridades competentes.

“Los pronunciamientos establecidos por la Corte en favor de la constitucionalidad de la reforma deben ser tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tiene a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. El presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido”, agregó.

Según resaltó la tarjeta informativa de Presidencia, el Alto Tribunal fue “claro y preciso” y ello tiene “consecuencias favorables” para el Estado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Apuntó que la CFE podrá celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, lo que significa que podrá hacer un despacho de sus propias centrales a través de un programa fijo de generación.

También mencionó que las hidroeléctricas tendrán un “despacho prioritario”; se trata de 60 hidroeléctricas con 12,125 megawatts que aportan un 10% de energía en el sistema eléctrico y llegarán a aportar el 18% del sistema eléctrico nacional.

“El acceso a las redes eléctricas solo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. A partir de ahora se detiene el otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico”, agregó el texto, que señaló que los productores privados mantenían el “monopolio” del “despacho preferente”.

Además, ahora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) usará su facultad para decidir el despacho de las centrales eléctricas en función de la “confiabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico nacional”.

También se revisará la legalidad y rentabilidad financiera para el Estado de los contratos de producción independiente, los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente. A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue, aseguró Presidencia.

A modo de conclusión, el gobierno de la 4T aseguró que así “se termina el negocio heredado donde se benefició a la inversión privada extranjera (Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, etc)”.

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In Nacional

La labor del Ejército en el AIFA se ve empañada por señalamientos en las adjudicaciones de contratos

La Secretaría Nacional de la Defensa (SEDENA) otorgó tres contratos por más de 141 millones de pesos para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a empresas vinculadas con “factureros”, esquemas que el presidente López Obrador tanto criticó.

En documentos obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 26 de febrero de 2020 la Sedena suscribió un contrato por un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 192 millones con un consorcio de seis empresas, entre las que se encontraba Valbri Services SA de CV, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) etiquetó en diciembre de ese año como presunta simuladora de operaciones, al haber detectado que carecía de activos y personal

La empresa no logró desvirtuar el señalamiento del SAT y en junio de 2021 fue incluida en el listado definitivo de empresas “factureras”. Por el contrato que involucra a esta empresa, la SEDENA pagó finalmente 120 millones de pesos.

En la firma del contrato, la representante de Valbri Services declaró que el domicilio de la empresa estaba en una casa de la calle Cerro de la Estrella, en la colonia Campestre Churubusco de Coyoacán, que coincide con la dirección de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, mejor conocido como Sindicato Libertad, cuyo dirigente, Hugo Bello Valenzo, fue detenido en agosto de 2020 acusado de secuestro exprés, además de ser investigado por extorsión, lavado de dinero y despojo.

Sin embargo no es el único caso. La SEDENA también otorgó más de 21 millones de pesos en dos contratos a Mercantil Abalón, que ha compartido representante y administrador con Abastecedora Lavín, empresa que en 2017 fue declarada oficialmente por el SAT como facturera.

Mercantil Abalon SA de CV recibió un primer contrato en la obra de Santa Lucía por 19 millones de pesos para la renta de maquinaria pesada, camiones de carga y otro más por 2.2 millones de pesos para el servicio de fletes para trasladar tubería de concreto. Ambos fueron adjudicados por medio de una invitación restringida a proveedores.

Adicional, un empresario ligado con una compañía “fantasma” que envió toneladas de leche a Venezuela a través de un presunto testaferro de Nicolás Maduro, obtuvo dos contratos por hasta 184.5 millones de pesos para vender acero para la obra del AIFA.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le asignó en 2019 y 2020 dos contratos en Santa Lucía a Prometallic SA de CV, que tiene como accionista a Humberto Marcos Corella, quien durante 12 años fue socio y administrador de Grupo Brandon, empresa que envió toneladas de leche de mala calidad a Venezuela como parte de una trama de lavado de dinero que encabezaba Alex Saab, supuesto prestanombres del presidente venezolano Nicolás Maduro.

De acuerdo con información de aduanas obtenida por MCCI, Grupo Brandon vendió leche a Venezuela por un valor de 113 millones de dólares entre diciembre de 2017 y octubre de 2018, a través de Asasi Food FZC, empresa creada por Alex Saab, actualmente preso en Estados Unidos acusado de operar una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos al régimen de Nicolás Maduro.

El 3 de abril de 2016 el presidente de Venezuela creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de distribución de alimentos básicos importados que serían vendidos a bajo costo con un subsidio del gobierno venezolano. Saab fue uno de los proveedores de las despensas, también llamadas “cajas CLAP”, y Grupo Brandon fue el principal proveedor de leche en polvo a Venezuela.

El 15 de julio de 2019, Grupo Brandon fue incluida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en la lista definitiva de simuladoras de operaciones, lo que en términos coloquiales se conoce como empresas “fantasma”.

Y por si fuera poco, al menos una decena de empresas de nueva creación, constituidas entre 2019 y 2020, es decir, que surgieron durante la actual administración, obtuvieron 21 contratos para obras en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por más de mil 573 millones de pesos.

La principal beneficiada con el mayor monto de todos los contratos es Alstef México, S.A de C.V., constituida el 24 de julio de 2020.  La empresa es filial de la francesa Alstef Automation S.A.S., junto con la cual obtuvo el 14 de agosto de 2020 un contrato por mil 475 millones de pesos para el suministro integral del sistema de manejo de equipaje (BHS), mediante un procedimiento de adjudicación directa internacional abierta presencial, luego de que en junio se declaró desierto un proceso de contratación por invitación a cuando menos tres personas. 

Otra de las favorecidas es Prefamóvil e Infraestructura, S.A. de C.V., constituida el 16 de agosto del 2019 en el Estado de México y que obtuvo un contrato por más de 76.3 millones de pesos por la adquisición de trabes prefabricados para paso deprimido, mediante un procedimiento de adjudicación por invitación restringida.

Renta de Maquinaria y Equipos para Construcción Valsequillo, S.A. de C.V., creada en abril del 2019 en Puebla, obtuvo por adjudicación directa dos contratos por más de 2.9 millones de pesos por arrendamiento de vehículos y oficinas móviles.

Andinati, S.A. de C.V., creada el 19 de agosto del 2019, ha recibido por adjudicación directa tres contratos por más de 1.3 millones de pesos, por la compra de material para construcción, de acero, aluminio y vidrio, así como de equipo de seguridad.

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In Nacional

AMLO recurre a lo que tanto criticó: 8 de cada 10 contratos se entregaron por adjudicación directa en 2021

Pese a las críticas que hizo durante mucho tiempo a los gobiernos anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación entregó 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa en 2021, método que se ha convertido en una práctica recurrente en la administración del presidente López Obrador.

De acuerdo con una investigación publicada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante el año pasado la entrega de contratos por el método de adjudicación directa se mantuvo como la práctica más común, pues en ese periodo el 80.3% de los 157,796 contratos que entregó el gobierno se adjudicó directamente.

En total, según las cifras reveladas por la organización, el monto de estos contratos asciende a 147,000 millones de pesos, tan solo en 2021. Además, en los últimos dos años ha habido un incremento importante con los montos adjudicados.

Mientras que entre 2016 y 2019 el monto promedio de estos contratos estuvo alrededor de un millón de pesos, para 2020, el monto promedio para un contrato directo se disparó a 1.9 millones y en 2021 bajó a 1.2 millones de pesos.

Y es que si bien las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, estas deben aplicarse solamente como excepción, debido a los riesgos de corrupción que implican, prácticas con las que el gobierno de Morena prometió acabar.

La investigación señaló que, del total de licitaciones, las públicas representaron solo 10.3%, las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos; mientras que 3.2% se realizaron con otros mecanismos.

MCCI destaca que los servicios de comunicación social y publicidad fueron los rubros que se mantuvieron como uno de los puntos de mayor atención pues el 90% de los contratos que se dieron en 2021 para estas acciones se entregaron por adjudicación directa. Estos servicios se concentraron principalmente en seis dependencias: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda.

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