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El gobierno del presidente Joe Biden anunció la primera cancelación de contratos iniciados por su predecesor, Donald Trump, para la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dio por terminados dos contratos para la construcción de barreras en el sector de Laredo, Texas.

El mes pasado, el DHS publicó su plan para el uso de los fondos que el gobierno de Trump planificaba usar en la construcción de barreras físicas a lo largo de los 3,200 kilómetros de la frontera sur de su país.

En cumplimiento de sus promesas electorales, Trump tenía la intención de gastar unos 15,000 millones de dólares en la obra, y a fines de 2018, después de que declaró una emergencia en la frontera, transfirió a su proyecto más de 10,000 millones de dólares que el Congreso había aprobado para gastos militares.

El plan anunciado en junio por el DHS estableció las normas generales para las decisiones relacionadas con la construcción de barreras fronterizas y los contratos cuya cancelación se anunció hoy cubren casi 50 kilómetros de obras.

«La construcción no ha comenzado todavía en los dos proyectos en el sector Laredo, y no ha comenzado la adquisición de terrenos», indicó el DHS.

La agencia añadió que sigue revisando todos los otros proyectos de barreras fronterizas que se han dejado en pausa, y está en el proceso de determinar cuáles puedan ser necesarios para atender necesidades de la vida, la seguridad y el medioambiente.

«El gobierno sigue pidiendo al Congreso que cancele los fondos restantes para el muro y que, en cambio, otorgue fondos para medidas de protección fronteriza más inteligentes», puntualizó.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó esta mañana que el gobierno federal firmó contratos desde 2012, con los entonces presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, con la empresa vinculada al escándalo de espionaje del programa ‘Pegasus’.

En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Nieto Castillo dio detalles sobre el caso Pegasus en México, uno de los países con más periodistas, políticos y activistas espiados.

«Se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus», explicó el funcionario.

Nieto detalló que Grupo Tech Bull, una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group, tuvo un contrato en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo en Israel, para ‘Pegasus’.

«Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos», dijo.

El colaborador de AMLO, considerado el responsable de la mano dura al interior del gobierno, detalló que de 2012 a 2018, se destinaron 5 mil 914 millones de pesos en servicios de espionaje. «Los montos contratados en total de depósitos a estas empresas son 5 mil 914 millones de pesos y en retiros 2 mil 889  millones de pesos».

Señaló que este no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’, pues dijo que en el gobierno de Felipe Calderón se contrató un servicio parecido, bajo el mando de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad, quien hoy se encuentra preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico.

Además, agregó que las contrataciones con las empresas vinculadas a Tech Bull «se remontan» a 2012, con la administración de Calderón, aunque detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.

Esta empresa recibió fuertes montos a lo largo de los años, de cuentas concentradas del gobierno federal. A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.

«No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del Gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al Gobierno de la República del año 2012 al 2018», apuntó.

Sobre los periodos de contratación, indicó que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR pero también con órgano desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz o el Estado de México.

Santiago Nieto afirmó que durante la presente administración «estos grupos no han sido contratados», apuntando que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018, días después del arribo al poder de López Obrador.

Indicó que Balam transaccionaba a través de empresas fachadas como Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en varios países.

En este contexto, continuó, «se presentará la información ante la FGR y se dará aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en al presente administración».

Adelantó que se ejecutará el «acuerdo de bloqueo» contra los sujetos involucrados si se ha advertido lavado de dinero.

Por su parte el presidente dijo que además de que espiar es un delito, dichas prácticas cuestan mucho, por lo que señaló que se usaba «mucho dinero del presupuesto con esos propósitos”.

Recordemos que en los últimos días se ha dado a conocer, por investigaciones periodísticas aunadas a las ya existentes de años atrás, que el gobierno de Peña Nieto espió a través del programa ‘Pegasus’ a periodistas, activistas e incluso al entonces líder opositor y actual presidente, así como a su círculo cercano, entre los que se encuentra su propia familia.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa ‘Pegasus’ de la firma israelí NSO Group a 50.000 números telefónicos de activistas, periodistas y políticos. México encabeza la lista con unos 15,000 números.

Una red de seis empresas vinculadas entre sí, recibieron adjudicaciones directas por 797 millones de pesos con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) entre 2019 y 2020, es decir, en la presente administración.

Los accionistas y operadores de las seis empresas han participado en empresas fantasma y en desvíos millonarios en el ISSSTE y la SEDATU.

Todos los contratos a esa red fueron firmados durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, quien fue cesado en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción.

La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, las cuales recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.

Y aunque las empresas incumplieron con la entrega, no fueron sancionadas.

La información se desprende de una investigación especial de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que encontró que el dueño de una empresa fantasma, incluida en la lista negra del SAT de sociedades que simulan operaciones, es a la vez socio y representante de tres de las empresas contratadas por Segalmex.

Esas empresas, a su vez, se vinculan entre sí a través de domicilios, correos electrónicos, números telefónicos y accionistas que viven en colonias populares. Incluso, algunas de estas empresas comparten el mismo domicilio con otras que participaron en la llamada ‘Operación Safiro’ y en la red de lavado de dinero publicada en junio de 2021 por el portal Animal Político en la que participaba Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de Hacienda asesinado en Morelos.

Los 797 millones de pesos de Segalmex a esta red de empresas fueron repartidos en seis contratos por adjudicación directa. Uno por cada compañía. Cuatro de las seis empresas de esta red se constituyeron entre 2015 y 2019. Antes de ser contratistas de Segalmex, ninguna había recibido contratos gubernamentales, según corroboró MCCI en Compranet, la Plataforma Nacional de Transparencia y otras herramientas de búsqueda.

Investigación completa en MCCI

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha prometió transparencia absoluta en todo relacionado con la adquisición de vacunas contra el COVID-19, incluyendo el acceso a los contratos que el gobierno federal ha firmado con las farmacéuticas, las dependencias encargadas de dicha información han negado el acceso a ella, e incluso reservado la información hasta por cinco años.

«Nosotros no vamos a reservar nada, es transparencia total, absoluta, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es una práctica que venía llevándose a cabo de tiempo atrás, porque hay inercias, pero la instrucción es que se transparente todo lo que hacemos en el Gobierno. Repito, no tenemos nada que ocultar”, declaró el presidente Lopez Obrador el pasado 12 de enero en su conferencia de prensa matutina.

Sin embargo, de acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en el marco de un trabajo conjunto de la alianza “Vigila la Pandemia”, realizado en colaboración con periodistas de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, el gobierno federal ordenó ocultar entre dos y cinco años el contenido de los contratos para adquirir las vacunas.

El argumento que se ha utilizado para negar el acceso a la información es que hay acuerdos de «confidencialidad suscritos con las farmacéuticas» para no divulgar sus secretos industriales y comerciales; entre la información secreta está el precio pagado por cada dosis de las vacunas.

Lo que se ha informado es que las cláusulas de confidencialidad establecen que en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para dar a conocer información comercial contenida en los contratos de las vacunas, deberá dar aviso a las farmacéuticas para que soliciten un amparo o medida cautelar y así mantener los datos en secreto.

Sin embargo, la negativa a transparentar la información no ha sido exclusiva de México. Las respuestas de las autoridades en todos los países que participan en la alianza “Vigila la Pandemia” han sido la misma: negativa o incluso el silencio.

En el caso de México, el gobierno federal ordenó reservar hasta diciembre de 2025 la información relativa a los expedientes, archivos y bases de datos en torno a la campaña de vacunación, argumentando que podría ser utilizada por grupos de la delincuencia organizada para “desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación, ya sea sustrayendo las vacunas o ejerciendo algún tipo de violencia”.

La compra de vacunas representará un gasto de 33 mil millones de pesos, según ha indicado el presidente López Obrador. En promedio, cada vacuna costará 7 dólares, aunque el precio que cobró cada laboratorio es por ahora un secreto.

A la fecha, el gobierno de México tiene acuerdos y contratos suscritos para adquirir vacunas de los laboratorios Pfizer, de Estados Unidos; AstraZeneca, del Reino Unido; CanSino y Sinovac, de China; y Sputnik V, de Rusia; con el laboratorio Bharat Biotech de la India, y con GAVI Alliance para participar en el mecanismo multilateral COVAX.

 

Investigación completa en MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer este jueves los acuerdos alcanzados con las empresas administradoras de diversos centros penitenciarios, quienes negociaron los contratos durante el sexenio del presidente Felipe Calderón.

López Obrador explicó que no se cancelaron los contratos sino que se ajustaron a fin de eliminar las cláusulas que atentaban contra la Hacienda pública, lo que aseguró, se traducirá en ahorros que beneficiarán a los mexicanos.

“Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15 por ciento, esto representa que nos vamos a ahorrar alrededor de dos mil 300, dos mil 500 millones de pesos por año. En los cuatro años que nos quedan, si así lo decide el pueblo, el Creador y la naturaleza, vamos a ahorrar más de 10 mil millones de pesos”, resaltó.

AMLO detalló que los ahorros alcanzarán para financiar hasta 400 cuarteles de la Guardia Nacional necesarios para procurar condiciones dignas al personal dedicado a la seguridad pública.

“Un cuartel de la Guardia Nacional cuesta alrededor de 25 millones de pesos. Bien hechos, de calidad, porque se hacen con profesionalismo y no hay corrupción, 25 millones de pesos. Ya llevamos más de 160 cuarteles terminados. Lo que vamos a ahorrar este año por no pagar lo que estaba escrito en los contratos de los reclusorios va a significar poder financiar casi 100 cuarteles y en los cuatro años nos va a alcanzar como para cerca de 400 cuarteles de la Guardia Nacional”, enfatizó.

AMLO señaló que los ocho contratos que se renegociaron se asignaron sin licitaciones, es decir, por adjudicación directa, con el compromiso de pagar cada año por la administración de los reclusorios en un periodo de 20 años. Dijo que además del pago excesivo se tenía que pagar el 100% habiendo o no internos.

Expuso que por si fuera poco, al finalizar el contrato en 20 años, las instalaciones seguían siendo de las empresas particulares.

“Esto es un claro ejemplo de lo que significaban las privatizaciones y hasta dónde se llegó, porque no fueron nada más los bancos, las minas, las grandes empresas de la nación, las tierras, sino se privatizaron hasta los reclusorios. Todo era hacer negocio al amparo del poder público mediante el influyentismo y con el control absoluto del gobierno”, añadió López Obrador.

Por su parte l secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, resaltó que el gasto por cada interno era equivalente al hospedaje diario en un hotel de lujo por concepto de alojamiento, alimentación y atención a cada interno.

“El gasto (…) en promedio es de un millón 408 mil; el gasto al mes por PPL (Persona Privada de la Libertad), que es de 117 mil 409 pesos; y el gasto promedio por PPL al día, que va de tres mil 913 pesos diarios”, precisó la funcionaria.

Dijo que de los 22 mil 776 millones del presupuesto ejercidos por Prevención y Readaptación Social en 2020, el 67.7% se destinó al pago de los ocho contratos, lo que demuestra la privatización de estos servicios.

Finalmente se indicó que además del ahorro del 15%, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República logró que las instalaciones de los centros penitenciarios sean incorporadas al patrimonio de la nación.

La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) reporto al gobierno de López Obrador un lote de 5.5 millones de medicamentos y materiales de curación.

«Como parte del acuerdo para la compra consolidada de medicamentos y material de curación se informa que durante los primeros días de abril se hizo la entrega de 5.5 millones de piezas de medicinas e insumos de curación priorizados», indicó la ONU.

De acuerdo a la oficina de la ONU en México, el acuerdo para adquirir medicamentos entre el gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reportado ya un ahorro de 118.7 millones de dólares al estado.

Recordó que desde enero pasado, la Unops inició las entregas de medicamentos y materiales de curación y cada semana, los operadores logísticos contratados por el gobierno federal han recibido insumos para su distribución en las instituciones de salud pública.

«Entre los que se encuentran fármacos para tratamiento de enfermedades oncológicas, hematológicas e infecciosas», señaló.

El ahorro que hasta ahora ha habido, indicó la oficina, se debe a la compra consolidada de medicamentos, tomando como base los precios referenciales pagados por el comprador público el año pasado. Se indicó que se han adjudicado contratos por un valor total superior a 877 millones de dólares para más de 210 claves de medicamentos.

La ONU dijo que aplicando los principios de la gestión pública justa y equitativa se maximiza la transparencia, la competencia abierta, el mejor precio y calidad de medicamentos y materiales de curación para beneficiar a la población en México.

Al agradecer a los senadores que aprobaron esta madrigada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el mes pasado al Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que tomó la decisión de proponer la iniciativa ante la negativa de empresas extranjeras de renegociar los contratos que se tienen, a los cuales se refirió como «leoninos».

«No hubo respuesta y eso me llevó a presentar la iniciativa de modificación de la ley para que tengamos un marco legal y tengamos mejores condiciones y defender el interés público», sostuvo.

El presidente mencionó que tras la aprobación de la reforma eléctrica tiene pensado hablar con la empresa española Iberdrola y otras 10 compañías.

«Está bien concentrado el manejo del mercado eléctrico, entonces vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política», indicó.

El presidente aseguró que «no quiere expropiar por expropiar» ni generar miedo a los inversionistas. Recordó que desde que asumió la presidencia, no se ha hecho ninguna expropiación, lo cual aseguró, garantiza los negocios de los inversionistas.

Incluso pidió a sus adversarios que no infundan miedo a los inversionistas, pues alertó que sus detractores han estado usando el tema de la reforma eléctrica para atemorizar a empresarios.

Y es que el principal cambio de la reforma será eliminar el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La reforma también cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE, algo que impedirá a México cumplir con su compromiso ante el Acuerdo de París para generar 35% de la energía con fuentes limpias en 2024.

AMLO aprovechó esta mañana para adelantar que en los próximos días dará a conocer un plan de modernización de las hidroeléctricas; indicó que se van a cambiar turbinas para producir «más energía limpia, con menos costo». Se comenzará con 14 hidroeléctricas del país.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó esta tarde una reunión con los mandatarios estatales para dar seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en México.

La titular de la Segob resaltó la importancia de compartir los retos logísticos que se enfrentan en el avance de la estrategia y resolver algunos detalles para que cada día las brigadas de vacunación sean más eficientes en su titánica tarea.

Por su parte el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que el proceso de contratación de vacunas fue inusual por tratarse de un virus nuevo; por lo que se realizaron contratos con distintas farmacéuticas y, al cierre de 2020, se habían firmado cuatro contratos de vacunas: con Pfizer, AstraZeneca, CanSino y la iniciativa Covax, los cuales permitirían atender a 113 millones de personas.

Explicó que posteriormente, se amplió la capacidad de los contratos, lo que permite garantizar vacunas para 134 millones de personas.

Resaltó que el número de dosis han venido aumentando en las últimas semanas, situación que se mantendrá, por lo que para abril de 2021 se habrán vacunado alrededor de 34 millones de personas, cifra mayor a la totalidad de adultos mayores; adelantó que para julio se llegará a vacunar a más de 80 millones de mexicanos, que representa la totalidad de la población objetivo, es decir, los mayores de 20 años.

Arturo Herrera dijo que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se seguirá trabajando de forma coordinada con todas las entidades federativas para implementar un proceso de vacunación ordenado en todo el país.

Finalmente, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura, explicó que los lineamientos que el gobierno federal ha establecido para la distribución de dosis de vacunas contra COVID-19, se basan en tres criterios específicos: la cantidad y características de los distintos biológicos que se reciben de las farmacéuticas contratadas; el índice de mortalidad que se registra en los territorios, y la capacidad de cobertura de la población objetivo, es decir, que se logre vacunar al menos 70% del grupo de personas a quienes va dirigida la inmunización en cada fase.

Respecto al tipo de vacuna, dijo que las condiciones de frío en las que se debe mantener el biológico impactan en las zonas en donde se distribuye. Las vacunas Sputnik V y Pfizer-BioNTech requieren de ultracongelación, tanto en su mantenimiento como dos horas antes de su aplicación.

El Ministerio de Justicia de Andorra envió a México documentos sobre presuntos sobornos pagados por Odebrecht en la construcción de la presa Francisco J. Múgica en Michoacán, obra asignada en 2006 por el gobierno que encabezó en aquella entidad Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Durante la investigación Lava Jato se localizaron documentos que confirmarían que por esta obra ‘Francisco J. Múgica’ se habían pagado sobornos a cargos públicos y políticos de la región de Michoacán, vinculados con la obra”, se lee en un reporte enviado por el Ministerio de Justicia de Andorra, en respuesta a una petición de colaboración internacional de las autoridades mexicanas.

Los documentos fueron enviados desde marzo de 2018 a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), según consta en copias obtenidas por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que hasta ahora no se habían dado a conocer.

MCCI constató que uno de los funcionarios que firmó uno de los contratos a Odebrecht para construir esa presa en Michoacán es Gabriel Mendoza Jiménez, quien trabaja actualmente en la Presidencia de la República, como secretario técnico del Gabinete de Seguridad.

Dicho funcionario es amigo desde la infancia de Cárdenas Batel, con quien colaboró cuando éste fue gobernador de Michoacán.

En los archivos enviados por las autoridades de Andorra no se acusa directamente a Cárdenas Batel ni a su sucesor en la gubernatura, Leonel Godoy; tampoco a Gabriel Mendoza, quien colaboró en los gobiernos de ambos. El reporte del Ministerio de Justicia sólo hace referencia de manera general a indicios de posibles sobornos a «políticos de la región de Michoacán», sin precisar nombres.

En noviembre de 2006, el gobierno de Michoacán, encabezado en aquel entonces por Lázaro Cárdenas Batel, asignó a Odebrecht un contrato para construir una presa en la región de Tierra Caliente, a un costo de 1,500 millones de pesos, equivalentes a 136 millones de dólares al tipo de cambio de la época.

Tres años después, en julio de 2009, el gobierno michoacano, que ya para entonces encabezaba Leonel Godoy, otorgó un nuevo contrato a Odebrecht para ampliar la presa, a la que le pusieron el nombre del militar revolucionario Francisco J. Múgica.

El funcionario responsable de firmar el dictamen de adjudicación directa a favor de la constructora brasileña fue Gabriel Mendoza Jiménez, quien se desempeñaba como director de la Comisión para el Desarrollo Económico y Social de la Tierra Caliente de Michoacán, una dependencia creada por el gobierno de Leonel Godoy.

Al año siguiente, en junio de 2010, se le otorgó a Odebrecht una ampliación de 601 millones de pesos con lo que el monto total de este segundo contrato en Michoacán ascendió a 1,414 millones de pesos. En conjunto, entre el contrato asignado en 2006 y las adjudicaciones directas de 2009 y 2010, Odebrecht cobró alrededor de 2 mil 914 millones de pesos por la obra hidráulica, casi el doble del costo original.

Mendoza Jiménez es íntimo amigo de Lázaro Cárdenas Batel desde la infancia; ambos son de la misma edad y son originarios de localidades michoacanas vecinas; el primero nació en Jiquilpan y el segundo en Jaripo. Sus papás también tuvieron una relación de amistad de muchos años. El doctor Gabriel Mendoza atendía a Cuauhtémoc Cárdenas y lo acompañó en su lucha política.

Cuando Cárdenas Batel asumió la gubernatura de Michoacán por el PRD, en febrero de 2002, nombró como subsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil a Gabriel Mendoza. Dos años después, en febrero de 2004, Cárdenas Batel envió al Congreso local una propuesta de reforma legal para crear la Secretaría de Seguridad y, una vez aprobada, colocó en esa posición a su amigo Gabriel.

En 2008, cuando Leonel Godoy sustituyó a Cárdenas Batel, Mendoza Jiménez regresó al gobierno de Michoacán en la recién creada Comisión para el Desarrollo de Tierra Caliente, dependencia que tuvo a su cargo la supervisión de la presa que construyó Odebrecht.

 

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Foto: MCCI

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD exigieron al gobierno federal un Plan de Vacunación eficaz y con acceso para todas y todos los mexicanos, acusando que la vacuna está siendo utilizada para fines electorales.

Aseguraron que el mal uso de la vacuna representa una estrategia fraudulenta para engañar al pueblo mexicano y para que la 4T se perpetúe en el poder, aprovechándose de la situación tan lamentable que se vive  cusa de la pandemia.

El llamado conjunto de los partidos de oposición, señalaron, es parte de los esfuerzos que están haciendo con la sociedad civil, para no permitir que México se conduzca a través de la soberbia, la indiferencia, la opacidad y el control absoluto.

Recordaron que desde marzo del año pasado, mes en el que inició el confinamiento, las autoridades federales han actuado con indiferencia al prestar mayor atención a proyectos faraónicos en lugar de atender la emergencia sanitaria; señalaron que se han desmantelado fideicomisos y arrebataron 33 mil millones de pesos al Fondo de Salud para supuesta compra de vacunas, lo cual hasta la fecha no ha sido transparentado.

Alertaron que la situación en los hospitales es cada vez es más crítica, pues además de que no hay medicamentos, no hay insumos suficientes para atender a pacientes. «La austeridad de la que tanto ha presumido Morena es homicida».

Exigieron transparentar los contratos firmados con empresas privadas para la adquisición de vacunas contra la Covid-19.

«Necesitamos acciones contundentes en materia económica y social. Es necesario el fortalecimiento de las instituciones; está claro que la pandemia ha reflejado la incapacidad del Gobierno Federal para combatir esta crisis y se refleja ante un régimen autoritario», afirmaron los dirigentes del PRI, PAN y PRD.

Aprovecharon para recordar que la oposición comienza a unir fuerzas en todo el país para cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y no permitir que “la mayoría” en el Congreso de la Unión siga tomando decisiones dictadas desde Palacio Nacional que afecten de manera directa al bienestar de la sociedad.

El autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación (4T), que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se convirtió en la administración que más contratos por dedazo ha otorgado desde que se tienen registros.

De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), los datos finales de 2020, que provienen de las bases oficiales de la Secretaría de Hacienda muestran que, de los 137,809 contratos reportados durante el 2020, 110,629 se entregaron por adjudicación directa, es decir el 80.3%.

Sin embargo, no es el único mecanismo que se ocupó por el gobierno; la invitación a cuando menos 3 personas, que también es un mecanismo discrecional dado que la invitación a participar dentro del proceso es realizada por la propia autoridad, se utilizó en 7,549 contratos, el 5.5% del total.

La licitación pública, que de acuerdo con la Constitución debería de ser el principal mecanismo de compra y contratación, sólo representó el 11.2% del total de contratos otorgados durante el 2020, con 15,379 contratos.

Previo al récord de 2020, el punto más alto de las adjudicaciones directas durante la última década había sido en 2019, durante el primer año de gobierno de López Obrador, cuando alcanzaron 78.1%.

La cifra de 2020 supera su propia marca y coloca al año que acaba de concluir como aquel en el que las adjudicaciones directas se usaron con mayor intensidad desde que tenemos registro. En el mismo sentido, las licitaciones públicas han tocado su punto más bajo, pues la única cifra cercana a los niveles de 2020 se vio en 2017, cuando llegó a 12.6% del total.

Según COMPRANET, en 2020 se otorgaron 449,022 millones de pesos (mdp) en contratos. La mayor parte de estos recursos fueron asignados por adjudicación directa. A través de este mecanismo se repartieron 189,488 mdp (42.2% del total).

A pesar de que las adjudicaciones directas siempre han sido usadas intensivamente por parte del gobierno, nunca habían entregado más recursos que las licitaciones públicas en su conjunto.

Tanto los gobiernos anteriores como éste justificaban las adjudicaciones directas diciendo que sólo eran usadas en contrataciones relativamente pequeñas y su importancia era menor, mientras que la licitación pública seguía siendo la herramienta con la que se asignaba la mayor parte de los recursos. La realidad muestra que no es así.

Las cifras sin precedente de 2020 se han querido justificar por la pandemia del coronavirus, señalando que obligó a la compra de grandes cantidades de equipo médico y medicinas de manera inmediata.

Lo expuesto por COMPRANET muestra que si se toman las compras públicas separando entre los diferentes bienes y servicios que el gobierno contrató y se comparan las cantidades que se les destinaron a través de adjudicaciones directas en 2019 y en 2020, se pude identificar que las asignaciones directas en los rubros referidos a «Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio» y a «Equipo e instrumental médico y de laboratorio» se elevaron de 33,597 mdp a 51,971 mdp (54.6%); así, en 2020 éstas compras explican únicamente el 27% del aumento en 2020.

El 73% del incremento en el dinero otorgado a través de adjudicaciones directas en 2020 no tiene que ver con rubros dedicados a la atención de la crisis sanitaria por el coronavirus. La categoría que explica la mayor parte del aumento es la «Obra pública en bienes propios»  (que engloba las propiedades de las instituciones públicas), que, en conjunto con la categoría «Obra pública en bienes de dominio público» (en la que se consideran todas las obras realizadas en bienes que los habitantes pueden usar sin más restricciones que las establecidas en las leyes, como playas, caminos, puentes, etc.) suman $41,234 mdp, una cifra $38,475 mdp superior a la de 2019 (un incremento de 1,394%).

«El mensaje es elocuente: la principal explicación en el aumento de las adjudicaciones directas en 2020 son las obras de esta administración. Y si buscamos cuál es el contrato individual más importante dentro de estas categorías, encontraremos un nombre conocido: el Tren Maya», señala la investigación de MCCI.

 

Investigación completa en MCCI

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció este miércoles la rescisión definitiva de cuatro contratos de servicios asociados a la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Felipa Obrador, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de un comunicado, Pemex informó que los contratos cancelados atañen a ocho empresas relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales, que vieron terminada su relación con la paraestatal el pasado 11 de diciembre.

La decisión, aclaró la petrolera, tiene que ver con haber contravenido las instrucciones de López Obrador de evitar que «se lleven a cabo negocios de miembros de su familia con el Gobierno».

La investigación periodística de Latinus y del periodista Carlos Loret de Mola que salió a la luz hace dos semanas, significó que que también fuera separado de su cargo el cargo al gerente de contrataciones de la Coordinación de Abastecimiento para Pemex Exploración y Producción, Alejandro Flores, y añadió que para determinar su grado de omisión, se encuentran en proceso de investigación laboral los servidores públicos Claudia Angélica Velarde Torres y José de Jesús Corrales Arroniz, quienes participaron representando a las áreas Jurídica y Técnica respectivamente.

Los contratos rescindidos tenían un presupuesto asignado de 312 millones de pesos, de los cuales habrían correspondido a Litoral Laboratorios Industriales un monto máximo de 77.7 millones de pesos. Pemex no aclaró qué cantidad había pagado ya a las empresas mencionadas.

Al asegurar que se revisa el caso de manera exhaustiva, informó que fue ubicado un quinto contrato de Litoral Laboratorios Industriales con la refinería Francisco I. Madero, para la adquisición de catalizador y un agregado denominado alúmina inerte, usado en sus procesos industriales.

Detalló que dicho contrato, fue suscrito el 4 de septiembre del año 2020 y concluyó el pasado 3 de diciembre. Su monto fue por 4 millones 653 mil 944 pesos.

También precisó que está en marcha una investigación sobre la implicación de Litoral Laboratorios Industriales en el Sistema Nacional de Refinación.

Cuando se destapó el caso, AMLO lo atribuyó a una «omisión» de Pemex, ya que, aseguró, su prima no aparecía como responsable de la empresa y en la paraestatal no se dieron cuenta, y rápidamente aclaró que se rescindirían los contratos. Según el presidente, la empresa de Felipa Obrador «ya contaba con contratos con la petrolera de tiempo atrás».

«En Pemex, el combate a la corrupción es un tema de especial trascendencia pública y un compromiso serio para quienes tenemos el encargo de velar por el correcto ejercicio del erario y la observancia plena de la ley», dijo Petróleos Mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana jueves que se va a investigar al gigante Vitol, con sede en Suiza, que recientemente admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios en Petróleos Mexicanos (Pemex), tanto de la anterior administración, como de la autodenominada 4T.

La semana pasada, la subsidiaria de Vitol en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense de que el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo pagó más de dos millones de dólares en Brasil, Ecuador y México.

«Se investiga y, de ser cierto, se castigará a los responsables», dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina refiriéndose a Vitol, un socio habitual de la estatal Pemex. «Nosotros no somos tapadera de nadie».

Tras el escándalo, la estatal Petroecuador decidió excluir a Vitol de su lista de proveedores y clientes. En México, sin embargo, no ha habido un anuncio público de Pemex a pesar de las sospechas de irregularidades.

En abril de 2018, Pemex lanzó una licitación para importar etano líquido por primera vez a fin de cumplir con un contrato de suministro a una sociedad entre la brasileña Braskem y el local Grupo Idesa.

A fines de mayo de ese año, la oferta de 231.3 millones de dólares de la saudí SABIC ganó el concurso para suministrar el hidrocarburo hasta 2020, según el fallo de la licitación-

Pero según reportes de mercado, el trato con SABIC no se llegó a firmar y Pemex se decidió por el segundo postor, Vitol, que pidió 6.3 millones de dólares más por enviarle la misma cantidad de etano a Pemex Etileno, según un acta de la evaluación técnica a la que la agencia Reuters tuvo acceso.

Al respecto, esta tarde se informó que PMI-Pemex suspendió temporalmente sus relaciones comerciales con Vitol.

«Conforme a las políticas de debida diligencia y anticorrupción aplicables, PMI ha tomado la decisión de suspender temporalmente las relaciones comerciales de las empresas a la que les presta servicios con Vitol, hasta en tanto no se esclarezca su situación actual», sostuvo la filial comercial de Pemex.

Otro tema que AMLO dijo se investigará, fue lo dado a por El Universal, acerca de la empresa Decoaro y Supervisión SA de CV, que está a cargo de la limpieza en Palacio Nacional, y que se encuentra bajo el esquema de outsourcing con al menos mil 500 trabajadores. A dicha empresa se le han entregado más de 183 millones de pesos en contratos en el gobierno federal y que tiene denuncia de violaciones laborales.

López Obrador dijo que si hay alguna irregularidad se revisará, e indicó que su gobierno debe de dar el ejemplo. «Si hay alguna irregularidad se va a revisar, que bien que lo estás denunciando y ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación y el ejemplo lo tiene que dar el gobierno, que se investigue todo».

Incluso agradeció al diario, pues dijo: «ayudan, esto es lo que debemos hacer, que no haya corrupción que no haya impunidad».

Este jueves, El Gran Diario de México informa que el actual gobierno federal ha pagado 185 millones de pesos para la subcontratación  de limpieza a través de Decoaro y Supervisión SA de CV, una compañía de outsourcing que aportó como su domicilio fiscal un mini-departamento en Iztacalco en el que según los vecinos nunca ha existido una empresa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que desde el año pasado, el director de Pemex, Octavio Romero, le alertó sobre un posible conflicto de intereses, en relación a su prima Felipa Guadalupe Obrador Olan, a lo que dio instrucciones de que no se otorgaran dichos contratos.

Sin embargo, dijo que su prima se asoció con otras empresas, en las que  no aparece como la representante, y decide participar en otras licitaciones y fue la forma en que se adjudicaron los contratos que el periodista Carlos Loret de Mola reveló tenían relación con Felipa Obrador.

Según AMLO, «Pemex no se dieron cuenta o hubo omisión y se entregó el contrato o los contratos estos».

Añadió que de nueva cuenta, el director de Pemex  le informó sobre lo ocurrido por lo que le ordenó actuar de conformidad con la ley, y verificar la situación de dichos contratos, ya que aseguró que su gobierno ni él son «iguales» a los viejos políticos.

«Aunque se trate de familiares, no va a haber corrupción, no va a haber influyentismo, nada que afecte la transformación de México. López Obrador reconoció que Pemex debió tener cuidado al adjudicar esos contratos.

El presidente dijo que tiene la tranquilidad de que cuando le plantearon lo que estaba pasando con los contratos, respondió indicando que eso no podría pasar, lo que le da «tranquilidad de conciencia, porque no soy corrupto».

Recriminó que sus adversario se esfuerzan por encontrar algo que haya hecho mal, aunque dijo que por más que le busquen, no le encontrarán nada pues nunca le ha interesado el dinero.

Y es que el medio Latinus, que encabeza Loret de Mola, reveló que Felipa Obrador tenía contratos con Pemex por un valor de más de365 millones de pesos a través de la empresa Litoral Laboratorios Industriales.

Al respecto, Pemex informó el fin de semana que procedió a rescindir todos los contratos en los que la empresa Litoral Laboratorios Industriales SA de CV participara directamente o en conjunto con otras empresas. Además anunció que  se realizará una investigación sobre cómo se llevaron a cabo los concursos en los que participó Obrador Olán, con el propósito de deslindar responsabilidades y dictaminar las consecuencias que deriven de la inobservancia a las instrucciones del presidente de la República.

En su comunicación, Pemex arremetió contra los medios, que al publicar la información sobre la prima del presidente, dijo, «responden a una clara intención de dañar la reputación del gobierno. Desdeñan avances significativos y magnifican escándalos».
Expresó a la ciudadanía que no hay ni habrá intención alguna de encubrimiento al interior de Pemex. «El sello de este gobierno es la honestidad, por lo que en Pemex redoblaremos esfuerzos para cerrar las ventanas a acciones irregulares o sospechas de malos manejos. Por eso actuamos con transparencia y así seguiremos procediendo».

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que en lo que va de noviembre ha sancionado a nueve empresas contratistas del sector Salud con inhabilitaciones de más de tres años y multas económicas por un monto global de 18 millones 527 mil 670 pesos.

Las acciones contra las empresas del sector salud son resultado de investigaciones donde se comprobó que se falseó información o bien se constató el incumplimiento de contratos.

“Estamos poniendo un alto al abuso de contratistas y proveedores que abusaron de los recursos públicos durante el régimen neoliberal, cuando la salud se veía como un negocio y no como un derecho humano fundamental”, afirmó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.

“La Función Pública se ha propuesto romper esa alianza que se dio entre contratistas y proveedores con servidores públicos para abusar del sistema de Salud”, añadió la colaboradora del gobierno de la 4T.

Las empresas sancionadas son Multicorporación Brexot, Cohmedic, Degasa, Insumos Médicos Geva, Kingsmac, Dibiter, Med Prime, Grupo Constructor Vadonne y Clayton de México, proveedores de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Detalló los casos de cada empresa: Multicorporación Brexot, inhabilitada por 45 meses y multada con 1 millón 954 mil 800 pesos incumplió con la entrega completa, en el lugar pactado y en los plazos estipulados, de 250 ventiladores mecánicos, por lo que el ISSSTE tuvo que erogar gastos extras, lo que provocó un daño al erario. El corporativo Cohmedic, inhabilitado por 45 meses y multado con 1 millón 901 mil 25 pesos incumplió con la entrega total de 490 mil pares de botas quirúrgicas, lo que afectó gravemente la atención a los derechohabientes durante la pandemia de Covid-19 por la que atraviesa México.

La empresa Degasa recibió una doble sanción por el incumplimiento de dos contratos celebrados con el ISSSTE para la entrega de distintos envases; por cada uno se le aplicó una inhabilitación de 45 meses y una multa por 1 millón 901 mil 25 pesos, que en conjunto asciende a 3 millones 803 mil pesos. En el caso de Insumos Médicos Geva, la sanción aplicada consiste en 45 meses de inhabilitación y multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir la entrega al ISSSTE de más de 6 mil equipos médico.

La empresa Kingsmac no entregó al ISSSTE 135 mil piezas de Mascarilla N95 Certificación Niosh, por lo que fue objeto de una inhabilitación de 45 meses y una sanción económica por 1 millón 954 mil 800 pesos.

A Dibiter se le impuso una inhabilitación por un término de dos años y una multa por 538 mil 656 pesos por incumplir contratos con el IMSS y el ISSSTE, mientras que Med Prime fue sancionada con dos multas por un monto total de 2 millones 673 mil 264 pesos y 2 inhabilitaciones por tres años cada una por haber presentado información falsa durante procesos de adjudicaciones.

Finalmente, la empresa Grupo Constructor Vadonne fue sancionada con una inhabilitación por 45 meses, y con multa por 1 millón 901 mil 25 pesos por incumplir un contrato al realizar obras de remodelación fuera de especificación y defectuosas en el Hospital de Alta Especialidad “Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE, mientras que Clayton de México fue inhabilitada por 45 meses y una multa económica por 1 millón 901 mil 25 pesos al incumplir un contrato con el ISSSTE para la instalación y puesta en operación de 30 generadores de vapor para diferentes unidades médicas a nivel nacional.

“Sancionamos ya a quienes, individualmente o en grupo, habían monopolizado los servicios y la venta de insumos médicos y medicamentos a nuestros sistemas públicos de salud, y ahora estamos haciendo justicia administrativa y poniendo un alto a contratistas, proveedores y empresarios que se resisten a aceptar que esto ya cambió”, remató la titular de la Función Pública.

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer este miércoles el estudio ‘Compras públicas en México. Competencia: la gran ausente’, en el que analizó más de 350 mil compras realizadas por el gobierno federal durante 2018 y 2019.

El estudio señala que el monto destinado a compras públicas durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue de 323 mil 782 millones 39 mil 728 pesos, a través de 184 mil 702 contratos; dicha cifra representa 73 mil millones de pesos más que en 2013, primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN).

En el último año del gobierno anterior, se destinaron 364 mil 037 millones 219 mil 485 pesos, a través de 169 mil 187 contratos.

IMCO recuerda que las licitaciones públicas, al ser concursos con convocatorias abiertas, permiten que exista mayor competencia en los procesos de compra, pues cuando hay más participantes y propuestas en las convocatorias, se puede encontrar mejor calidad a precios más bajos.

En ese sentido, revela que, durante el primer año de gobierno de López Obrador, el porcentaje del monto asignado por licitación pública disminuyó 12 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje del monto por adjudicaciones directas aumentó cuatro puntos porcentuales, pasando de 34.9% en 2018 a 38.9% en 2019.

En 2019, ya con el gobierno de la Cuarta Transformación, casi uno de cada dos pesos gastados fue mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

Advierte que las adjudicaciones directas representan un «foco rojo para la competencia», ya que permiten la asignación de contratos a proveedores sin asegurar que estos pueden proveer las mejores condiciones de calidad y precio disponibles en el mercado; además, el IMCO señala que las adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para seleccionar contratistas abre espacios a que la decisión pudiera estar influida por acuerdos ilícitos.

Esto iría en contra de lo que ha denunciado y señalado el movimiento (ahora gobierno) que López Obrador ha encabezo por años.

El estudio también refiere que tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 70%. En los últimos cinco años, de 2015 a 2019, el porcentaje fue mayor al 80%.

Y aunque el gobierno de López Obrador está asignando la misma proporción de contratos por adjudicación directa que el gobierno de Peña Nieto, estos han representado mayor cantidad de recursos.

Otro dato que señala el estudio es que las empresas que más recursos recibieron durante el sexenio de Peña Nieto acumularon el 28% de los recursos totales de 2019, es decir 16 puntos porcentuales menos que en 2018 y 22 puntos porcentuales menos que en 2017. En tanto, las 100 empresas que más recursos recibieron durante 2019, ya con AMLO en el poder, acumularon el 41% de los recursos, mientras que durante el sexenio anterior dicho porcentaje no rebasó el 22%.

Así, el IMCO cuestiona los cambios en la concentración de recursos de las empresas que se da durante los cambios de administración.

Si las empresas que reciben los contratos fuera producto de la calidad de sus propuestas, bienes y servicios, el monto por contratos recibidos se debería mantener constante a pesar de un gobierno; ello lleva a preguntarse si con el cambio de sexenio, hay cambios de «compadres».