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Como parte de una nueva investigación, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó vía transparencia una versión pública de todos los acuerdos, órdenes del día y minutas que se generaron en las reuniones del grupo intersecretarial que se anunció el año pasado para investigar el desfalco en Segalmex.

El grupo intersecretarial está conformado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de la propia Segalmex.

Recordemos que fue en la mañanera del 29 de junio de 2023, cuando el entonces procurador fiscal, Félix Arturo Medina Padilla, dio a conocer que, por instrucción presidencial, se creó un grupo de trabajo para investigar el desfalco en Segalmex, que es hasta ahora, el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de López Obrador.

Hasta ahora, las acciones o resultados de ese grupo son un secreto de Estado, pues la información, razón por la que MCCI solicitó acceso a la información.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda (SHCP) contestó informando que se reservó todo lo relacionado por un periodo de cinco años, argumentando que divulgarla, aún en versión pública, pondría en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el debido proceso, ya que las minutas abarcan constancias de seguimiento de carpetas de investigación y procesos penales.

La SCHP también argumentó que no resultaba aplicable la excepción contemplada en el Artículo 112 Fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual establece que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción.

Y es que según la dependencia, dicha excepción únicamente es aplicable a la información relacionada con sentencias firmes emitidas por los jueces competentes en las causas penales por delitos de corrupción, por lo que su divulgación violaría la presunción de inocencia de los funcionarios y particulares investigados.

MCCI impugnó la respuesta recibida por la Secretaría de Hacienda ante el INAI; sin embargo, la institución confirmó la reserva de la información con el voto disidente del comisionado Adrián Alcalá Méndez.

Recordemos que fue en 2020, cuando la organización reveló la existencia de una red de corrupción que operó en Segalmex bajo la dirección de Ignacio Ovalle. La trama incluye entrega de contratos a empresas fachada, el pago de “moches” solicitados a proveedores de Diconsa, el pago de sobornos a través de la venta simulada de departamentos de lujo en Estados Unidos a directivos de Segalmex y la firma de convenios multimillonarios con empresarios que tenían relaciones familiares con directivos de la dependencia.

Investigación completa en MCCI

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no hay inestabilidad” en el país, como planteó la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ante la reforma al poder judicial que impulsa el Ejecutivo y que cuenta con su respaldo.

“De ninguna manera, no hay inestabilidad, al contrario, va a haber más estabilidad en el país. El pueblo de México se va a sentir representado y se va a fortalecer el Poder Judicial”, aseguró Sheinbaum.

La futura mandataria afirmó que actualmente hay “mucha corrupción” en el Poder Judicial (PJ), de la cual la reforma que impulsa el gobierno pretende “liberarlo”.

“Se va a liberar de amiguismos y se va a liberar de que no hay justicia en realidad, y de que se liberen delincuentes de cuello blanco, delincuentes del fuero común, delincuentes de la delincuencia organizada”, añadió.

Preguntada sobre su postura ante el mensaje de Norma Piña donde llamó a los trabajadores del Poder Judicial a defender sus derechos, Sheinbaum reiteró que “no tienen por qué tener temor ni problemas”.

“Se van a respetar todos los derechos laborales, e inclusive, ellos mismos tienen oportunidad de participar en la elección de jueces porque también ellos tienen experiencia. Ellos pueden ser partícipes de puestos que ahora se otorgan a través de amiguismo, de familiares”, sostuvo.

Además, Sheinbaum subrayó que el objetivo del Gobierno con la reforma “es limpiar al poder judicial” y que “los trabajadores tienen todos sus derechos consagrados”. “Lo que queremos es democratizar al país y además que deje de haber corrupción en el poder judicial”, agregó.

Sobre el impacto presupuestal con la elección de jueces por voto popular que plantea la polémica reforma, Sheinbaum dijo que se gastaría en “lo que significaría la elección, pero ahí están también los fideicomisos del poder judicial que pueden aportar”.

La próxima presidenta recalcó que la reforma forma parte de “un mandato popular que fue definido el 2 de junio”.

Según expuso Sheinbaum, en las elecciones, donde obtuvo cerca del 60% de los votos y su alianza alcanzó la mayoría en el Congreso, los mexicanos decidieron si quieren “que continúe” la ‘cuarta transformación’, como se le conoce al gobierno actual, y “las reformas que planteó el presidente”.

Recordemos que la reforma judicial, presentada por López Obrador en febrero, plantea la elección por voto popular de los miembros de la SCJN, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

El expresidente y virtual candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que reformará el sistema judicial de su país, al señalar que es un sistema “corrupto”, lo cual recuerda el discurso que en México ha utilizado López Obrador.

“Acabo de pasar por un juicio amañado en Nueva York, donde no había pruebas”, dijo Trump a sus seguidores durante un foro comunitario ayer jueves en Arizona, en su primera visita al estado tras su veredicto de culpabilidad.

Recordemos que Trump enfrentó un juicio penal en donde se le imputaban 34 delitos, todos ellos por falsificar documentos de su empresa para ocultar una relación con la actriz porno Stormy Daniels cuando aspiró a la presidencia en 2016.

“Saben que el juicio estuvo amañando, es un sistema corrupto, pero con su ayuda, en menos de cinco meses, vamos a cambiar el sistema”, dijo al referirse a las elecciones del próximo 5 de noviembre cuando enfrentará al demócrata Joe Biden, en su intento por volver a Casa Blanca.

“Tenemos que saber qué pasa en esas cortes”, aseguró al justificar su decisión el aspirante republicano, que no descartó que podría ir en contra de sus enemigos políticos en caso de volver a la Presidencia.

Y es que en una reciente entrevista con la cadena televisiva Fox, Trump insinuó que tenía todo el derecho de ir en contra de sus enemigos políticos en caso de ser reelecto.

En otro espacio, el expresidente afirmó que “la venganza puede estar justificada”.

“La venganza lleva tiempo y a veces puede estar justificada, Phil, tengo que ser honesto. A veces puede ser así”, dijo el exmandatario en entrevista trasmitida esta noche con el Dr. Phil McGraw, quien se dedicó a adular al aspirante republicano durante el dialogo de una hora en la web.

El presentador le dijo antes a Trump que “dicen que cuando ganes buscarás retribución y venganza contra aquellos que no te apoyan”, pero también que el exmandatario “no tendría tiempo para vengarse”, porque, siguió, “creo que tienes tanto que hacer que no tienes tiempo para desquitarte. Sólo tienes tiempo para hacerlo bien”.

Trump, virtual candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, también comentó al presentador que “a veces la palabra venganza es una palabra muy fuerte, pero tal vez te vengas con tu éxito” y aseguró que es lo que quiere ver en un segundo mandato.

“Quiero que el país sobreviva, porque no va a sobrevivir así”, indicó Trump al referirse a sus reiteradas críticas a la Administración del presidente Joe Biden, la más reciente por la orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo en la frontera.

Trump continúa con su campaña electoral, que lo llevó hoy a Arizona, tras finalizar el juicio en Nueva York donde fue hallado culpable la pasada semana por falsificar documentos de su empresa durante su campaña electora del 2016 para ocultar un pago a una actriz porno con la que tuvo una relación.

Cierran hoy las campañas y empieza el periodo de reflexión. Tres días de silencio para poder ir a votar el domingo. Van algunos apuntes de cómo llegamos a estas elecciones.

  1. AMLO y el México binario: El presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy exitoso en hacer que las campañas que concluyen hoy giraran en torno a dos opciones: o su auto definida Cuarta Transformación o el regreso al pasado. Ese México de “o estás con Morena o eres un beneficiado del pasado” no lo logró romper la campaña de Xóchitl. La tenía muy complicada ya que el presidente utilizó todos los recursos del estado para sostener este cuento de o conmigo o con los ladrones del pasado.

No obstante, no deja de llamar la atención este discurso cuando en las filas de Morena hay tantos políticos del pasado y del tan odiado PRI. Empezando por Manuel Bartlett, el padre del fraude el ’88 contra el que dijo Sheinbaum en el tercer debate que ella luchó. Es el gobierno que más embajadas le ha dado a políticos del PRI. Hay muchas incógnitas sobre Claudia, pero una ya quedó clara. Si gana, seguirá con los abrazos a los Priístas que tanto critica. Y para muestra, la foto dándole la bienvenida a Alejandra del Moral la misma semana de las elecciones. ¿Pues no que odian a los Priístas?

  1. El carro completo: tanto el presidente como Claudia Sheinbaum piden que el voto sea todo por Morena. ¿Qué pensarán de esta petición sus aliados del PT y PVEM tomando en cuenta que si no reciben el 3 por ciento de la votación válida emitida, pierden el registro?

Más allá de esta duda, otra fundamental: ¿Realmente queremos darle tanto poder a un solo partido? Ya hemos sido testigos de un ejecutivo que con mucho poder se torna en un presidente caprichoso que no admite diferencias. Una presidencia con contrapesos en el legislativo y en el judicial es la mejor receta para asegurar que sigamos siendo una democracia. El país de una sola persona fue un lastre para México en los 70 años del PRI y sería lo mismo en caso de que se repitiera con Morena.

  1. La violencia es lo de menos: En estos días el New York Times; el Financial Times; el Washington Post; el Economist han retratado la terrible violencia electoral que se vive en México y como ha cobrado la vida de 34 candidatos que buscaban un cargo de elección popular hacia las elecciones del domingo. Ayer, en la conferencia de Palacio Nacional – esa que ocurre después de una hora de reunión entre el presidente y su gabinete de seguridad – López Obrador dijo que en México no hay violencia. Lo que dicen los medios es producto del amarillismo y de que están controlados por sus adversarios. Ayer mismo fue asesinado Ricardo Arizmendi Reynoso, candidato suplente del PRI por la presidencia municipal de Cuautla, Morelos. ¿En qué otro país podría salir a presumir el presidente que las elecciones se celebran en paz y tranquilidad cuando hay ya no digamos más de 30, con que exista más de 1 candidato que ha sido asesinado?
  2. Y la corrupción también: esa tampoco existe en el mundo que nos pinta cada mañana el presidente. En estas campañas han sido expuestas con pruebas contundentes las fortunas inexplicables de Rocío Nahle, candidata a la gubernatura de Veracruz; Cuitláhuac García, actual gobernador de ese mismo estado; Clara Brugada, la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX; y Mario Delgado, dirigente de Morena. En ningún caso ha mostrado el presidente que prometió barrer las escaleras de arriba para abajo la intención siquiera de tomar la escoba.
  3. Triunfos sí; derrotas no: tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han hablado de fraude electoral. Van por triunfo en todo, la presidencia; las ocho gubernaturas; la Jefatura de Gobierno y la mayoría calificada en el legislativo. En cualquier votación que les sea adversa, la van a desconocer. En la democracia de Morena solo se admiten victorias.

Columna completa en El Universal

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, negó las acusaciones de corrupción contra su esposa, pero dijo que considerará dimitir después de que se iniciara una investigación judicial respecto a las acusaciones de que ella utilizó su cargo para influir en acuerdos comerciales.

En una carta publicada en su cuenta en la red social X, Sánchez señaló que si bien las acusaciones contra su esposa Begoña Gómez son falsas, cancelará su agenda pública hasta el lunes, cuando dará a conocer su decisión.

Horas antes del anuncio de Sánchez, se dio a conocer que un juez aceptó investigar las acusaciones de corrupción realizadas contra Gómez por un grupo privado con un historial de presentar demandas principalmente por causas de derecha.

‘Manos Limpias’ acusa a Gómez de presuntamente haber utilizado su posición para influenciar acuerdos de negocios. La Corte no dio más información al respecto y señaló que la pesquisa estaba bajo precinto.

El tribunal con sede en Madrid considerará entonces las acusaciones y procederá con la investigación o la desechará.

Gómez, de 49 años, no ocupa un cargo público y mantiene un bajo perfil político.

‘Manos Limpias’ se describe como un sindicato, pero su principal actividad es una plataforma que persigue casos judiciales. Muchos han estado vinculados con causas de la derecha. Actúa como “acción popular”, una peculiaridad de la ley española que permite a los individuos o entidades participar en algunos casos penales, incluso cuando no se han visto afectados directamente por el acusado.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló que las nuevas acusaciones eran “falsas”.

Cuando le preguntaron en el Parlamento después de la decisión de la Corte si pensaba que el sistema judicial funcionaba, Sánchez respondió: “En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo sigo creyendo en la justicia de mi país”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que será esa institución la que resuelva la situación del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señalado en una denuncia anónima junto otros funcionarios por posible corrupción y enriquecimiento ilícito.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) apuntó que el pasado 9 de abril, la ministra presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, admitió a trámite un escrito anónimo mediante el cual se denunció a Zaldívar y a diversos funcionarios “por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir en faltas administrativas”.

En ese acuerdo, se consideró que el CJF “no tiene competencia para investigar ni sancionar los hechos imputados a un exministro”, por lo que la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio a la Suprema Corte.

Como parte del proceso, el pasado 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos y se apuntó que será el Pleno de la Suprema Corte el que resolverá lo conducente.

Además, informó que, por acuerdo de la presidenta del CJF, “se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo” que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Esta ha sido una de las principales críticas que ha hecho el exministro, quien ha acusado una revancha política en su contra.

El martes pasado, líderes de Morena anunciaron que buscará un juicio político contra Piña, por abrir una investigación contra el extitular de la Corte, quien recordemos ahora está de lleno en la campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Morena también indicó que presentará denuncias contra Piña ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos electorales, administrativos y la filtración de información confidencial, entre otros.

En conferencia de prensa el propio Zaldívar denunció en la Cámara de Diputados la enemistad de Piña y su interferencia desde que él se sumó a la campaña presidencial de Sheinbaum.

La semana pasada se viralizó una investigación por presunta corrupción de Zaldívar durante su gestión como presidente de la SCJN entre 2019 y 2022, sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se ha manifestado; tachó el asunto de una “venganza”.

Tras estos hechos, el exministro advirtió que prepara ocho denuncias y quejas ante diversos organismos como el Poder Judicial, la FGR, el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Asimismo, pedirá un juicio político contra Piña en el Congreso, donde la mayoría es del oficialista de Morena con los Partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

Agregó que también promoverá ante el Supremo y el Consejo de la Judicatura Federal una denuncia contra Piña por coaccionar y amenazar procesos institucionales como la elección del magistrado presidente del Tribunal Electoral, por reunirse con partidos políticos, filtrar información y no excusarse de un asunto.

El juicio por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a personalidades de todo el mundo con el lavado de capitales, comenzó este lunes, ocho años después del escándalo.

Esta audiencia, a la que este lunes asistieron todos los defensores y la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para el juicio, que debió comenzar en el 2021.

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete, núcleo del escándalo que estalló en el 2016 al dejar al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según el Ministerio Público de Panamá.

“No soy responsable de tales actos”, respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de lavado de capitales, una interrogante que se hizo a todos los acusados presentes en la audiencia.

Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó su defensa, que presentó un certificado médico.

No solo los socios fundadores, también están acusados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018, tras 40 años de operaciones en las que “nunca estuvo involucrada en actos ilícitos”, como dijo en una carta pública entonces.

“Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto”, dijo Mossack a su llegada a la sede del tribunal en una muy breve declaración a los periodistas, ante los cuales dijo sentirse “muy optimista”.

Los socios y exempleados de Mossack Fonseca han sido acusados de lavado de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público.

La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó por su parte que el Ministerio Público ha presentado “pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso”, cuya investigación consta de 528 tomos según los datos judiciales.

“El Ministerio Público pedirá una condena ejemplar”, afirmó Soto sin más detalles, aunque recordó que el delito de lavado de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.

La fiscal señaló que en total fueron llamadas a juicio por el caso 32 personas, pero cuatro de ellas son extranjeros que no residen en Panamá y que fueron declarados en rebeldía, por lo que “su proceso se ha suspendido”.

Los ‘Papeles de Panamá’ representaban 11.5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también fueron procesado y aguardan sentencia por la trama ‘Lava Jato’ de Brasil, casos por el que esperan sentencia y que se ha acumulado en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.

El combate a la corrupción fue el problema número uno que prometió abatir Andrés Manuel López Obrador. Y el fracaso ha sido tan grande, que esta semana, en la presentación de su plan anticorrupción, hasta su fiel escudera, Claudia Sheinbaum, se vio obligada a reconocerlo.

“La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre”, dijo la candidata de Morena.

Así que seguimos con corrupción y seguimos con impunidad.

Enrique Peña Nieto fue el que dijo que la corrupción en México podía considerarse hasta un tema cultural. Ya estará en los sociólogos definir si esto es cierto o no. Lo que es evidente es que la fórmula mágica que vendió López Obrador para que México fuera otro país, uno mejor, simplemente no funcionó.

AMLO prometió que con acabar con la corrupción se tendría dinero suficiente para cubrir las necesidades del país para hacerlo uno mucho mejor. Y que para acabar con la corrupción simplemente había que barrer las escaleras de arriba para abajo. Es decir, que con que el presidente no fuera corrupto, se acabaría con la corrupción.

Cinco años después, la lista de corruptelas en este gobierno es larga, como también la cifra de lo defraudado a los mexicanos. La impunidad ha permanecido aunque se le ha agregado el componente de disfrazar de justicia lo que es meramente venganza.

Por ejemplo, lejos de haber señalado y procedido contra la corrupción que se dijo que había en el proyecto del NAIM (el aeropuerto en Texcoco) como razón para su cancelación, se prefirió encarcelar a una enemiga política del presidente, a Rosario Robles, y se hizo utilizando una licencia falsa. Nada se ha hecho en el mayor desfalco del sexenio, el ocurrido en Segalmex, bajo la batuta del amigo del presidente, Ignacio Ovalle.

Cuando habla Sheinbaum de gobiernos corruptos del pasado ¿con qué autoridad moral lo dice? Si, es vergonzoso pensar en los negocios de los hijos de Martha Sahagún, pero más lamentable es ver que seguimos igual, veinte años después, solo que ahora viendo los negocios y las frivolidades de los hijos del actual presidente.

En su plan habla de reforzar la política de contrataciones gubernamentales mediante licitación pública. Esto es un viraje 180o de lo que hemos visto en el gobierno de López Obrador. Primero, porque han sido reacios (por usar una palabra amable) a la transparencia que exige el INAI. Tan es así que buscan desaparecerlo. Y segundo, en lo que va del sexenio, la opacidad en la entrega de contratos gubernamentales ha llegado al extremo de declarar obras de seguridad nacional El Tren Maya, El corredor del Itsmo y el aeropuerto de Tulum, entre otros. Así, AMLO ha evitado transparencia en los contratos y gastos de estas obras. Lo mismo que hizo cuando fue Jefe de Gobierno y clasificó los documentos sobre los costos de la construcción de los segundos pisos en la CDMX.

Cuando se le ha cuestionado sobre esta opacidad, López Obrador se justifica con el clásico de que “nosotros somos distintos; somos honestos”. Esa honestidad de la que presume el presidente ha sido insuficiente para combatir la corrupción. Su receta de que barriendo las escaleras de arriba abajo se acaba con la corrupción no ha funcionado. Tan es así que la aspirante a sucederlo ha tenido que admitir que en materia de corrupción hay una tarea pendiente, si es que ella llega a ganar en junio.

Columna completa en El Universal

Solo un 36.3% de los habitantes en 2022 tenían confianza en sus gobiernos en Latinoamérica y el Caribe, una cifra en términos globales netamente inferior a la media de la OCDE, aunque con notables diferencias por países, y que más bien ha disminuido desde 2008.

Entre esos dos años, la confianza en los gobiernos ha disminuido en 3.9 puntos porcentuales en el conjunto de los 15 países considerados en el estudio de indicadores de gobernanza en Latinoamérica y el Caribe publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La situación en la región es claramente peor que en la OCDE, donde el porcentaje de población que confía en su gobierno era del 47.5% en 2022, después de mejorar 3 puntos porcentuales desde 2008.

Pero esa situación y la evolución en realidad tiene poco qué ver entre unos y otros países latinoamericanos.

Por una parte, la confianza ha sufrido una notable baja en los años considerados en el estudio en Colombia (34 puntos porcentuales, al 30%), Ecuador (30 puntos, al 21%), Chile (12 puntos al 39%) y Bolivia (11 puntos al 33%).

También ha caído, pero de forma mucho más moderada en Uruguay (7 puntos al 52%) y en la República Dominicana (2 puntos al 52%).

La evolución ha sido claramente positiva en Costa Rica, con 24 puntos porcentuales de mejora entre 2008 y 2022, cuando un 60% de los encuestados decían confiar en su Gobierno, la cifra más alta de todos los países de la muestra.

Después se encuentra México, con un 53% de personas que tenían confianza en su Gobierno, 12 puntos más que 14 años atrás.

Uno de los elementos que pesa en esa confianza es la percepción de que la corrupción está generalizada en el gobierno, una idea que suscriben un 75.5% de los latinoamericanos consultados en 2023, una cifra que ha crecido ligeramente respecto a 2013 (74.7%) y sobre todo que es muy superior a la de la media de la OCDE (53.6%).

En todos los países de la región, esa percepción de una corrupción generalizada es mayoritaria, pero es particularmente elevada en Perú (90%), Panamá (86%), Ecuador (84%), Colombia (83%), Guatemala (80%), Argentina (80%) y Bolivia (80%).

Más allá del agravamiento de la confianza, los autores del informe señalan varios retos que tienen planteadas las democracias latinoamericanas, en particular la desigualdad, la informalidad o el “espacio fiscal limitado” para afrontar problemas apremiantes como el cambio climático u otras cuestiones medioambientales.

Por lo que respecta a la desigualdad, hacen notar que ha ido a más con la espiral inflacionista durante los años 2022 y 2023, que ha afectado a los grupos que están en la parte baja de la escala social probablemente porque el aumento de precios afectó a elementos básicos como los alimentos y la energía, que constituyen una mayor parte del gasto de los más pobres.

La expresidenta de Miss Universo, la estadounidense Paula Shugart, amenazó este lunes con denunciar por difamación a la tailandesa propietaria de la marca, Anne Jakrajutatip, por insinuar que aceptó sobornos durante el certamen de belleza.

Shugart señaló, en una publicación en Instagram, que los comentarios “falsos e indignantes” proferidos supuestamente por la tailandesa le han llevado a romper su silencio, además de que ya considera emprender acciones legales en Tailandia contra Jakrajutatip.

“No puedo soportar esas afirmaciones peligrosas e imprudentes, que degradan la marca Miss Universo y sus titulares”, remarcó Shugart, quien abandonó el pasado noviembre el cargo que ocupó durante más de 20 años.

Según la expresidenta, Jakrajutatip, la empresaria que se hizo en 2022 con la marca Miss Universo, insinuó en mensajes publicados en tailandés que Shugart era “corrupta” y había recibido sobornos para asegurar puestos en el certamen de belleza.

“Jakrajutatip no sólo me difama, sino que también desacredita a las mujeres que han ganado la corona de Miss Universo al insinuar sus títulos fueron ‘comprados’ y no ganados por mérito”, señaló la estadounidense.

Shugart, quien publica los supuestos comentarios de la propietaria tailandesa en la citada red social, no indica ni la fecha ni la procedencia de esos mensajes de Jakrajutatip.

Y es que recordemos que la empresa tailandesa JKN Global Group, dirigida por la popular empresaria y activista, adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

Desde entonces, JKN Global Group ha sufrido problemas de liquidez y pidió el pasado noviembre al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de sus operaciones y de la deuda.

La empresaria tailandesa precisó que estos problemas financieros no iban a afectar a la organización de Miss Universo. El certamen se ha celebrado anualmente desde 1952, retransmitiéndose en más de 160 países; la próxima edición tendrá lugar en México.

Foto: X @annejknofficial

México se mantuvo por segundo año en el sitio 126 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, que publicó este martes la organización Transparencia Internacional.

Por cuarto año consecutivo, México mantuvo una calificación de 31 puntos sobre 100 en el IPC, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público, en el que 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor.

En Latinoamérica, el país comparte la misma calificación que El Salvador; apenas por encima de Bolivia (29 puntos) y por debajo de Perú (33 puntos), pese al discurso presidencial, en el que López Obrador defiende avances en la materia, indicó el reporte de Transparencia Internacional.

“En países como Brasil, México y Honduras, la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado, a menudo mediante procesos opacos y, en algunos casos, ilegales, socava la independencia del Poder Judicial”, apuntó Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas.

En la región, México está peor calificado que Uruguay (73), Chile (66) y Costa Rica (55), los únicos países latinoamericanos que aprueban. También está peor evaluado que Cuba y Trinidad y Tobago (42), Colombia (40).

En el rango de los 30 puntos también están Argentina (37) y Brasil (36), así como República Dominicana y Panamá (35) y Ecuador (34).

Transparencia Internacional recordó que los resultados de México ilustraban una tendencia positiva en 2019 y 2020, años en los que mejoró del puesto 130 al 124.

El IPC clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, medidos a través de la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios. La clasificación se da en una escala de 0 (los más corruptos) a 100 (los más limpios).

A la cabeza se sitúa Dinamarca con 90 puntos, seguido de Finlandia con 87 y Nueva Zelanda, con 85, es decir, son los países que menos corrupción presentan. Somalia (11) y Venezuela, Siria y Sudán del Sur (los tres con 13), consiguen las puntuaciones más bajas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un buen diagnóstico como candidato cuando señaló a la corrupción como el gran reto de México. Por ello debería sorprender su apoyo a Ernestina Godoy y su empeño en mantenerla cerca de su círculo político.

Ernestina Godoy no es una buena abogada. Ni siquiera debiera tener su título ya que la tesis para obtenerlo fue un plagio, como bien documentó Guillermo Sheridan. Su paso por la fiscalía ha destacado por la politización de la justicia. Desde el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por un delito inventado con tal de darle gusto al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en su ánimo de venganza personal, hasta la total impunidad para la gente de la CDMX ante la caída de la Línea 12 de metro que dejó 26 muertos. Nadie pagó por esta tragedia, no porque no hubiera responsables, sino porque habrían sido funcionarios de gobierno de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con un récord tan lamentable como Fiscal de la CDMX, debería sorprender que López Obrador saliera en su defensa en la mañanera de ayer, como lo hizo: “Lo de Ernestina Godoy es una venganza, porque es una mujer íntegra, honesta, una verdadera impartidora de justicia pero como se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían departamentos se quedaban con uno o dos y con dinero, y como buenos hipócritas, no perdían su respetabilidad, según ellos eran puros. Como actuó con rectitud, pues se vengaron.  Aunque obtuvo mayoría…no tuvo la calificada…Ernestina Godoy va a tener mucho apoyo, porque en el proceso de transformación se toma en cuenta a la gente honesta. Aquí tiene las puertas abiertas para lo que ella quiera, y en el futuro tendrá muchas posibilidades. Es un triunfo pírrico de los corruptos.”

Eso es una defensa a ultranza, no de la justicia, sino de una herramienta política que le es útil a un presidente que no quiere gobernar sin una fiscalía a modo. Este apoyo a Godoy es una muestra más de que la lucha en contra de la corrupción y la preocupación por un país más justo es un discurso presidencial, más no una meta de su gobierno.

Digo que debería sorprender el apoyo de AMLO a Godoy pero, al pensar en el mismo apoyo a impresentables como Bartlett; Feliz Salgado Macedonio y un largo etcétera se entiende lo que tantas veces repitió el presidente sobre sus prioridades: 100% lealtad 0% capacidad. Esa es Godoy. Ese es AMLO. Esa es Claudia. Y este tipo de apoyos a personajes que son útiles a parte de la clase política y no a México conforma parte de las características que habrá que tomar en cuenta a la hora de emitir el voto en junio próximo.

¿Queremos que sigan al mando los que politizan sin rubor la política? ¿Queremos que la justicia sea una herramienta para aplastar a adversarios y para saciar ánimos de venganza personales?

Lo que hemos visto con el empuje y apoyo a Ernestina Godoy no deja lugar a dudas de lo que significa la continuidad o el segundo piso de la 4T que ofrece Claudia Sheinbaum a los electores.

Columna completa en El Universal

El 55% de los mexicanos aprobaron la gestión del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre, último mes de 2023, según expuso este miércoles la más reciente encuesta de El Financiero.

En cambio, el 44% de los ciudadanos desaprobaron la Administración del mandatario, detalló el sondeo realizado en diciembre a 1,200 adultos vía telefónica.

Las cifras son similares a las de finales de 2022, cuando el 56% de la población aprobaba su presidencia y el 43% la desaprobaba. Además, la cifra representa una de las aprobaciones más bajas del mandatario en 2023, solo por encima de lo registrado en enero y febrero.

El rubro peor evaluado para el mandatario fue la seguridad pública, en la que el 62% de los encuestados consideró “mal” o “muy mal” su desempeño, mientras que solo 25% lo calificaron de “bien” o “muy bien”.

En economía, el 49% calificó de forma negativa su trabajo y el 37% lo valoró “bien” o “muy bien”. En temas de corrupción, la principal bandera de campaña de López Obrador, el 45% opinó que lo está abordando “mal” o “muy mal”, y el solo el 32% lo evaluó de forma positiva.

En contraste, la mejor área del presidente fue la de apoyos sociales, en la que el 56% aprobó su gestión y solo 30% lo percibió de manera negativa.

Entre los atributos de López Obrador, el 50% lo consideró honesto, el 47% reconoció su liderazgo y el 33% opinó que tiene “capacidad para dar resultados”. Los tres atributos registraron fuertes retrocesos respecto a lo reportado en noviembre.

El ejercicio del diario destacó que la aprobación del Tren Maya, cuyo primer tramo López Obrador inauguró apenas el pasado 15 de diciembre, descendió a un 44% de una valoración previa del 52%.

Información  y gráfico de El Financiero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este martes que ya no le dará tiempo a reformar el Poder Judicial en lo que queda de su sexenio, por lo que ha emplazado a la persona que le sustituya tras a “seguir adelante” con esta tarea.

“Claro que hay que reforzar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir, va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país”, dijo el mandatario.

Y es que recordemos que López Obrador ha emprendido una batalla contra el Poder Judicial (PJ) durante los últimos años, criticando que durante el llamado “periodo neoliberal”, los integrantes del PJ fueron “los que legitimaron el saqueo y la política de pillaje”.

Pese a reconocer que no tendrá el tiempo suficiente para impulsar una reforma del Poder Judicial, López Obrador volvió a confirmar que, en aras de “limpiar” los organismos judiciales del país, enviará una iniciativa para que sea el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros.

“Y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”, dijo el presidente, por lo que fue cuestionado sobre cuándo presentará dicha iniciativa.

“Lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial”, respondió.

Volvió a cuestionar que hay jueces, magistrados y ministros corruptos, que acusó, “hacen lo que les da la gana, se enriquecen”.

Dijo que estos jueces tienen la autoridad para liberar a cualquier persona, incluso “delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada”.

Fue en ese punto donde reveló que en torno al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encontró con una resolución relacionada a la desaparición de los estudiantes. “El Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: ‘Nos vas a resolver en 10 días, aplicando el Protocolo de Estambul, si fueron o no torturados, y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados quedan en libertad’, y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes”, reclamó el mandatario.

Finalmente, López Obrador dijo que si los jueces, magistrados y ministros son elegidos por el pueblo, ya no podrá haber lugar a que actúen por consigna o por dinero.

Santiago Peña asumió este martes como nuevo presidente de Paraguay, con la promesa de promover la prosperidad para todos en su país y llevar al país a ser un protagonista en la escena internacional.

Peña, de 44 años, se convirtió en el mandatario más joven desde el retorno a la democracia y mantiene la continuidad en el poder del conservador Partido Colorado en Paraguay.

“El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante”, dijo el nuevo presidente en una ceremonia en la capital paraguaya.

Al acto de investidura asistieron líderes de los países vecinos, incluidos Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil; Alberto Fernández, de Argentina, y Gabriel Boric, de Chile, ante quienes dijo que buscará que Paraguay sea un país clave para una integración sudamericana.

A la ceremonia también acudieron el rey de España, Felipe VI, y el vicepresidente de Taiwán, William Lai, quien viajó a Paraguay como parte de una gira que también lo llevará a San Francisco y Nueva York, en un momento en que China busca incrementar el aislamiento de la isla autónoma.

Recordemos que Paraguay es la última nación sudamericana en mantener relaciones diplomáticas con Taiwán. Es uno de los 12 países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, en su mayoría naciones pequeñas y pobres de África y el Caribe.

Sobre Taiwán, Peña dijo que su relación es una muestra de la política paraguaya de “alianzas y cooperación con una visión geoestratégica”.

“A nivel internacional tres desafíos globales generan tensiones geopolíticas: acceso al agua, seguridad alimentaria y suficiencia energética”, dijo. “Al ser Paraguay una potencia en esos tres grandes temas, estamos llamados a ser protagonistas en el concierto de las naciones”.

En el ámbito local, señaló que su compromiso es “construir una sociedad donde todos puedan prosperar”, dijo, y se comprometió a generar al menos 500,000 nuevos empleos.

Sobre la corrupción, uno de los problemas más graves que enfrenta el país, Peña dijo tener “la convicción” de que se resuelve “con una justicia independiente, imparcial y rápida, con recursos suficientes para garantizar una administración adecuada y homogénea en todo el territorio nacional”.

Y es que en los últimos meses, el tema de la corrupción en círculos de poder ha sacudido al país sudamericano. Estados Unidos acusó al expresidente Horario Cartes de corrupción y le congeló sus activos.

Cartes, considerado el “padrino” político de Peña, es dueño de un conglomerado de empresas que van del tabaco a la ganadería y grandes medios de comunicación. Ha negado los cargos.

En su discurso como nuevo presidente, Peña agradeció a Cartes, actual presidente del Partido Colorado, descartando su perseverancia “en la construcción de consensos y en la búsqueda de acuerdos por sobre las diferencias”.

Los casos de corrupción ocurridos bajo los mandatos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador apenas han avanzado un promedio del 25% en su resolución judicial, pese a acumular desvíos por 26,738 millones de pesos.

Así lo reveló este martes una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) titulada “El tablero de la impunidad”, que también señala que de las 212 personas involucradas solo se han iniciado procesos penales contra 85, lo que significa que el 60% no han sido ni investigados ni procesados.

En lo expuesto por MCC, se refiere que apenas se han realizado ocho juicios y solo el 4% han recibido una sentencia.

El estudio incluye 16 casos, nueve con López Obrador y siete con Peña Nieto, entre los que se incluyen algunos emblemáticos, como el de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, Pemex y Agronitrogenados, Odebrecht o el relativo al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

“Aún está muy lejos que pueda decirse que se acabó la impunidad. Ni uno solo de los casos de corrupción del sexenio pasado o el actual ha quedado resuelto en su totalidad, lo que resulta inaceptable”, denunció el informe.

En promedio, los casos ocurridos bajo el Gobierno de Peña Nieto llevan una media de seis años y cuatro meses sin solución, mientras que los del sexenio de López Obrador superan los tres años sin avances significativos en las investigaciones.

“Este retraso en la justicia no se explica solamente por la complejidad de los procesos penales, sino por las deficientes actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación y la preparación de los casos, así como por su negativa para actuar contra todos los responsables y en el uso discrecional de sus facultades”, ahondaron los investigadores.

Casos como los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Gobierno y los “moches” en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no han avanzado nada.

Y otros, como el uso personal de la FGR por parte del fiscal general, Alejandro Gertz, y los relacionados con los familiares de López Obrador apenas han avanzado un 3% y 4%, respectivamente.

Las que más han avanzado, en cambio, son la de la línea 12 del Metro, cuyo derrumbe el 3 de abril de 2021 causó 27 muertes y un centenar de fallecidos, con un 58%; la operación Safiro, el desfalco de millones de pesos por parte del PRI), con el 55%; y la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, con un 52%.