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Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, que arroja información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo demanda, así como las experiencias en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contactos con autoridades.

En las experiencias relacionadas con la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con servidores públicos realizados personalmente, en 79.3% de los casos los usuarios manifestaron sentirse satisfechos en términos generales.

Durante 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019.

Sin embargo, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019.

Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25%.

El costo total en 2019 a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con la autoridad fue de $12,770 millones, equivalente a $3,822 por persona afectada; el mayor costo provino de trámites educativos.

La información dada a conocer por el INEGI sirvió para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) asegurara que la percepción de confianza de la población en el Gobierno Federal se duplicó en 2019 con respecto a dos años antes.

«Este cambio es histórico», expresó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien destacó que de acuerdo con la encuesta, el Gobierno Federal es el más honesto de los tres órdenes de gobierno.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros celebró que los datos de la ENCIG «demostraran» que se logró duplicar la población que confía en el gobierno federal, pasando de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.

HÉCTOR DE MAULEÓN

EL UNIVERSAL

 

 

La historia comenzó con una llamada de extorsión hecha al azar desde el penal de Altamira, Tamaulipas. “Tengo secuestrado a tu hijo, lo voy a matar”, le dijeron al hombre que contestó.

Quiso el azar que la víctima tuviera, en efecto, un hijo de 24 años, y que este fuera además un policía militar que ese mismo día había llegado a hospedarse a un hotel de la ciudad de México: el Ambos Mundos, ubicado en Tacubaya.

En el centro de reclusión de Altamira hay gente que debido a la imparable corrupción pasa el día entero intentando diversos mecanismos para extorsionar. La víctima creyó lo que le dijeron, quedó a merced del extorsionador. Este obtuvo toda la información que más tarde iba a utilizar: el nombre y la edad del policía militar, y el número de su teléfono celular, entre otros datos. Obtuvo también información detallada sobre su vida y la de su familia. Obligó al padre a tomarse una foto y enviársela.

Comenzó el atroz proceso de presión empleado por los extorsionadores para que la familia del joven policía militar pagara una cantidad abultada por su supuesto rescate.

Las cosas, como se sabe, no terminaron ahí. Esa noche, el policía militar —lo llamaré “A”— recibió en su hotel una llamada en la que un hombre que se presentó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación le anunció: “Tengo secuestrado a tu padre, lo voy a matar”.

Con un lenguaje excesivamente violento, el supuesto jefe del CJNG le fue dosificando la información que había obtenido. “A” también creyó lo que le dijeron, también quedó a merced de su verdugo. Este le sacó nueva información y le obligó a hacer una serie de pagos rápidos.

No solo eso, al percatarse de que “A” se hallaba en un hotel, le ordenó ponerse el traje militar y tocar en la habitación contigua. Una versión recogida por el columnista refiere que el extorsionador había realizado en realidad una videollamada, lo que le permitía tener un control completo de la situación y dirigir lo que estaba ocurriendo.

Cuando el azar se junta con la corrupción se arruina el mundo. Esa noche habían llegado al hotel 13 enfermeros y enfermeras del IMSS, enviados desde Monterrey para apoyar al personal del hospital provisional Autódromo Hermanos Rodríguez –en el que se atiende a población sospechosa de haber contraído Covid-19.

Entrevistados más tarde, los integrantes del equipo médico relataron que un militar se presentó de madrugada en su habitación, “mientras sostenía una llamada telefónica”, y se identificó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Uno de los enfermeros declaró a Milenio que el militar los insultaba y les decía que tenía francotiradores: “Nos decían que nos estaban viendo, que estaban aliados con el gobierno”.

Hacia las tres de la mañana, las víctimas habían sido concentradas en una habitación, la de la jefa de enfermeros. “Nos sacaron información de cuánto dinero teníamos en las tarjetas”, relató una de ellas. Enfermeros y enfermeras se fueron pasando el teléfono, entregándole al extorsionador información sobre sus familias. Más tarde fueron obligados a tomarse fotos desnudos: las fotos les fueron enviadas a sus familiares, “para pedir más dinero como rescate”.

Los trabajadores de la salud dijeron que les impresionó que el que estuviera ahí fuera un militar, y que les dijeran que el hotel estaba rodeado: creyeron que, efectivamente, habían sido secuestrados.

A la mañana siguiente, las víctimas fueron separadas en dos grupos: unas permanecieron en el Ambos Mundos; otras fueron conducidas por “A” a un hotel cercano, el Bonn. El interno de Altamira obligó a algunos a ir al banco para realizar más retiros.

El 19 de mayo, personal de la Fuerza Antisecuestro y la Policía de Investigación recibió una llamada. El extorsionador o los extorsionadores también habían llegado hasta la directiva del hospital Autódromo Hermanos Rodríguez. Les dijeron que tenían secuestrados a los 13 enfermeros, les dieron sus nombres y les pidieron una fuerte suma por la liberación de cada uno. Las llamadas llegaron del 81 27 31 08 85.

Trabajos de inteligencia realizados por la FAS-PDI determinaron que la extorsión venía del penal de Altamira. Por medio de telefonía, determinaron también el lugar en el que se hallaban las víctimas.

Agentes de la policía arribaron al lugar en cosa de minutos. Habían logrado impedir que la directiva del Hermanos Rodríguez cayera en la trampa, pero era demasiado tarde para el equipo de enfermeros.

Los 13 habían llegado a la ciudad a dar lo mejor de sí, y para luchar contra un monstruo. Fue otro el que se encontraron.

“A”, el más importante de los enganchados, se encontraba ayer declarando en la FAS.

La lección es descorazonadora. No pueden limpiar una cárcel, ¿cómo van a limpiar un país?

 

@hdemauleon
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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

«Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas», declaró.

López Obrador enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica: el respeto al Estado de Derecho, la postura a favor de energías limpias, no aceptar la corrupción en el sector, y la defensa jurídica de la postura gubernamental.

“No hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo que se está haciendo es que no haya corrupción, que no haya sobreprecios, que significa que el pueblo pague más; lo que estamos garantizado es que haya pecios justos y que no se afecte a los ciudadanos”, señaló el mandatario.

Precisó que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias como lo han acusado sus detractores; y dijo que por el contrario, se impulsarán cada vez más las energías alternativas. Dijo que de lo que sí está en contra es de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. «Ese es el fondo del asunto».

Al ser cuestionado sobre los amparos que se han otorgado luego del acuerdo publicado por la SENER, AMLO dijo que serán respetuosos de las decisiones de los jueces. «Vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es autónomo e independiente y vamos a respetar las decisiones de los jueces», afirmó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que el ensayo que escribió sobre la nueva economía en los tiempos de la pandemia, sirve para explicar y para que se quiten los miedos la clase empresarial, pues dijo, no tiene nada en contra de ellos, sino de la riqueza mal habida.

Al asegurar que sus detractores afirmaban que se le iba a caer la recaudación a su gobierno, señaló que en su ensayo alcanzó a incluir la cifra de que hasta el 15 de mayo, la recaudación tuvo un incremento de 4.9 en términos reales.

«¿Por qué aumenta la recaudación? Porque nos están ayudando, no están dando su confianza los contribuyentes y porque también ya no se condonan impuestos», señaló el mandatario.

Pidió recordar cuánto se dejaba de cobrar a grandes empresarios en las administraciones pasadas.

Dijo que en su ensayo menciona que se condonaron cerca de 280 mil millones de pesos en los dos sexenios anteriores; y empresas que debían hasta 10 mil millones y que se les terminaba condonando, mientras que los campesinos o los obreros tenían que pagar la totalidad de sus impuestos. Calificó dichas prácticas como una «gran injusticia».

En ese sentido, aseguró que su gobierno no es uno de ocurrencias, sino de teoría y práctica, de pensamiento y acción.

«Sirve para explicar, sirve también para que se quiten miedos, que quede ya de una vez y para siempre claro que nosotros no estamos en contra de los empresarios; al contrario, lo que queremos es que sigan participando, que sigan invirtiendo. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida y estamos en contra de la corrupción», destacó el presidente.

Acusó que no hay piso parejo cuando por influyentismo, grandes empresas no pagan impuestos, y otras sí tienen que pagar porque no tienen influencias.

AMLO dijo a los empresarios que se pueden hacer negocios y obtener ganancias razonables, pues es algo lícito; lo que no se permite es la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad, advirtió el presidente.

El diputado del PAN, Luis Mendoza Acevedo, propuso subastar el inmueble que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su campaña electoral, la cual era propiedad de un colaborador cercano al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

El inmueble ubicado en la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma, alberga actualmente las oficinas de Morena, y recientemente se dio a conocer la noticia sobre su adquisición a la empresa Top Real Estate Company, cuyo accionista es José de Jesús Hernández Torres, hombre ligado al actual titular de la CFE.

A través de un comunicado, el legislador panista señaló que “es un claro indicio de corrupción al más alto nivel”.

Ante dicho panorama, el diputado exigió al director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, incautar la propiedad y subastarla en los términos de Ley, por tener sombras de irregularidad.

“El dinero recabado debe ser destinado para pagar gratificaciones al personal de salud, comprar insumos o bien, habilitar este inmueble como un Centro de Atención Covid-19; ya que la casa está muy bien acondicionada y tiene espacios que pueden aportar a los médicos o enfermos”, indicó.

El diputado panista comentó que hay muchas formas de sacarle provecho a la “Casa Bartlett”, por lo que le pidió al presidente convencer al dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que facilite los trámites o bien, no darle tantas vueltas y donar el inmueble a la causa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a retomar el tema de los créditos que la IP acordó con el BID Invest; dijo estar de acuerdo en que los empresarios busquen créditos, pero no a costillas del erario.

Ayer, el mandatario manifestó su oposición a que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hayan pactado otorgar hasta 12 mil millones de dólares en créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas y que lo avalara la Secretaría de Hacienda.

Hoy, López Obrador mencionó que su gobierno será muy vigilante de que los empresarios que accedan a estos créditos los paguen y que no pasen a ser deuda pública.

“No nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario, ademas eso es lo más normal, el que las empresas puedan obtener créditos, ellos tienen capacidad para obtener créditos. Lo que no vamos a permitir es que esos créditos sí no se pagan pasen a ser deuda pública, o sea nosotros no avalamos eso», mencionó esta mañana en su conferencia de prensa matutina.

Indicó que su gobierno no puede darle un trato preferencial a quienes tienen capacidad económica habiendo tanta pobreza en México.

Además, López Obrador alertó que la asignación de estos recursos sin la vigilancia adecuada puede traer consigo corrupción.

“Aunque sea utilizado para crecimiento económico, aunque se ha utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes a corrupción», sentenció.

De igual forma, el mandatario federal advirtió que estará atento del manejo que realice el Banco de México (Banxico) sobre las reservas.

López Obrador se dijo confiado en que su estrategia de asignación de créditos para los pequeños empresarios pueda sacar a flote la economía. “Al haber dinero abajo la agente tiene para gastar, se fortalece la capacidad de consumo», remató.

Al respecto, José Yuste conversó con Ana Paula Ordorica en Broojula, sobre lo que significa el acuerdo entre el CMN y el BID Invest, y cómo lo anunciado (aún y con el respaldo del gobierno federal) no significa deuda pública como aseguró López Obrador.

 

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, sentenció hoy al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel por actos de corrupción, asociados al delito de cohecho durante su mandato.

Además de Correa,  la autoridad también señaló a miembros que compusieron su  gabinete. Entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas.

El tribunal también indicó que los acusados perdieron sus derechos políticos por un periodo de 25 años.

El máximo órgano de justicia determinó que Correa aceptó «aportes indebidos» durante su administración, y por parte empresarios que dieron patrocinio a su campaña electoral desde el años 2007 y para “posicionar su movimiento político”.

Las autoridades ecuatorianas, además, informaron que otros cercanos al ex mandatario, también fueron implicados en actos de corrupción y cohecho.

Entre ellos: el exsecretario jurídico Alexis Mera, la exministra María de los Ángeles Duarte, la asambleísta Viviana Bonilla, el exministro Walter Solís y el exministro Vinicio Alvarado, quienes también fueron definidos como coautores, y sentenciados a la misma condena en prisión.

El juez, Iván León señaló que la víctima del delito es el “Estado” y que el tribunal consideró, tras el análisis de la fiscalía, que se demostró la existencia de una estructura de corrupción en todos los niveles de la administración de Correa.

Rafael Correa de 57 años de edad, expresidente de Ecuador (2007-2017), se encuentra actualmente residiendo en Bélgica, en donde se asilo luego de que en julio de 2018 una jueza ecuatoriana dispuso una orden de prisión preventiva en su contra.

Tras conocerse la condena, Correa calificó a través de sus redes sociales que todo se trataba de un «caso absolutamente grotesco», y descalificó la sentencia, pues dijo que proviene de una institución de justicia tomada por poder político, toda vez que el presidente del tribunal es “encargado”

Adicional, lamentó que mientras en el país se tiene a muertos en las calles producto del Covid-19, se haya convocado a audiencia para inhabilitarlo en próximas elecciones, que es el verdadero fin de todo el caso en su contra.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval aplaudió el decreto emitido por el ´presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de ellos y se destinen a hacer frente a la contingencia sanitaria.

Sandoval Ballesteros consideró que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores.

Expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida y anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos.

Y es que el decreto publicado por el Presidente establece que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboren en la aplicación de la medida.

Recordó que desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto, eficiencia y eficacia.

«La secretaria de la Función Pública espera que esta histórica acción del Presidente de la República sea emulada por las entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación», indicó la dependencia a través de un comunicado.

Tras la consulta que se realizó este fin de semana en Mexicali, Baja California, sobre la instalación de la planta de Constellation Brands, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que los dueños de esta compañía lo han buscado para dialogar.

“Me buscaron los dueños de esta empresa; quieren un acuerdo y estoy en la mejor disposición de escucharlos y que nos escuchen, la gente voto por un cambio y dijimos no al discurso demagógico, mandar obedeciendo, democracia participativa”, dijo el mandatario.

En su conferencia matutina, dijo que la decisión sobre el no instalar la cervecera en Mexicali no ahuyentará las inversiones en el país, pues aseguró, él está a favor del crecimiento del país, sin embargo, éste debe estar acompañado por el bienestar de la población.

Sostuvo que si se pone orden, si se acaba con la corrupción, se va a poder mantener un auténtico Estado de Derecho, por lo que no afectara la llegada de inversiones.

El presidente aseguró que hubo corrupción en los permisos otorgados a Constellation Brands, mismos que se dieron en el sexenio pasado.

«Claro que sí (hubo corrupción), influyentismo. Nada más es cuestión de pensar: ¿Cómo dar un permiso para construir una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua?», señaló AMLO.

Recordemos que en la consulta, el 76.1% de las personas que acudió a votar optó por no continuar con la construcción de planta, mientras que solo el 23.3% dijo que sí.

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Universal, 84.8% de los mexicanos consideran que Enrique Peña Nieto ha sido el presidente más corrupto de la historia. En segundo lugar posicionan a Carlos Salinas de Gortari con 80.3% de las opiniones.

En tercer sitio se ubica Felipe Calderón con el 65.9% de las respuestas; Vicente Fox con 64.6% y Ernesto Zedillo con 59.9%.

La encuesta muestra qué colaborador de cada presidente es percibido como el más corrupto.

Con EPN, aparecen Rosario Robles (26.8%) y Miguel Ángel Osorio Chong (17.6%). Con Salinas son señalados Carlos Hank González con el 13.5% de las respuestas, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), y se la Secretaría de Turismo, y José Córdoba Montoya con el 9.4%. quien fungió como Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Con Felipe Calderón, son señalados Genaro García Luna (25.6%) y Ernesto Cordero (7.7%) como los más corruptos. En el caso de Vicente Fox aparecen Santiago Creel (22.2%) y Eduardo Medina Mora (9.7%). Finalmente, con Ernesto Zedillo fueron señalados Emilio Chuayffet (15.2%) y Antonio Lozano García (14.5%).

Sobre el combate a la corrupción que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 45.8% de los ciudadanos aprueban la labor que realiza. Sin embargo, 48.3% desaprueban su desempeño.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este jueves que el jurista español Baltasar Garzón «lo tiene difícil» para defender al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien ha trascendido lo habría contratado para que sea su abogado.

«Los abogados suelen ser buenos cuando se trata de defender una causa justa, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, lo tiene difícil», dijo el presidente esta mañana en su conferencia de prensa.

López Obrador, quien ha expresado su simpatía hacia Garzón por haber procesado al exdictador chileno Augusto Pinochet, aseguró que el español es «un abogado que como cualquier profesional da un servicio».

Sin embargo, justificó que el contratarse con Lozoya es un tema que cae en la esfera de lo particular. «Él es un abogado que trabaja para defender a clientes».

Recordemos que Emilio Lozoya fue arrestado el 12 de febrero pasado en una lujosa zona del sur de España y recluido mientras se decide su extradición a México por un supuesto fraude de 280 millones de dólares.

Lozoya, sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura internacional desde mayo de 2019 por su presunta implicación en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, fue director de Pemex entre 2012 y 2016, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Garzón alcanzó fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet que tuvo como efecto su detención durante casi cinco meses en el Reino Unido, aunque finalmente no fue extraditado a España.

En los últimos tiempos, Garzón ejerció como abogado y figuró en el equipo de representantes de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición.

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Financiero, la aprobación ciudadana al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alcanzó su punto más bajo desde que tomó posesión del cargo, en diciembre de 2018.

La encuesta muestra de su aprobación cayó ocho puntos porcentuales en un mes, al pasar de 71% que registró en enero a 63% en febrero; adicional, el nivel de desaprobación subió seis puntos, de 28% a 34% en el mismo lapso de tiempo.

Al preguntar sobre cómo calificarían el desempeño del gobierno federal a temas concretos, el peor descalabro se presenta en el rubro de seguridad, donde 70% afirman que el trabajo ha sido malo o muy malo; le siguen el combate a la corrupción con 61%, pobreza con 57% y lo relacionado a salud con el 53%.

Obtiene una calificación positiva en economía y educación con 41% y 56% respectivamente.

La encuesta refiere que por primera vez, la opinión positiva de las conferencias matutinas va a la baja, pues en enero registró un apoyo del 54% y en febrero solo alcanzó un 44%, su peor nivel desde enero del año pasado.

Previo al paro nacional convocado para el próximo lunes contra la violencia de género y feminicios, el 82%de los entrevistados calificó como mala o muy mala la manera en que el gobierno de López Obrador está atendiendo el asunto de los feminicidios y la violencia contra las mujeres.

Gráfico: El Financiero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este miércoles la presentación del informe de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que encabezada Santiago Nieto Castillo.

“La transparencia es regla de oro de la democracia. Vamos a informar lo que no afecte el debido proceso; que se sepa qué estamos haciendo con el propósito de desterrar la corrupción. Cero corrupción y cero impunidad”, dijo el mandatario.

López Obrador acusó que por la corrupción hay una gran desigualdad económica y social en el país, además de que provocó que se perdieran valores y se desató la inseguridad y la violencia.

Por su parte Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que en lo que va de la administración, se han presentado 177 denuncias; 160 en 2019 y 17 en 2020. El total de los casos comprenden depósitos de más de 321 mil millones de pesos y retiros superiores a 289 mil millones de pesos.

“Creemos que es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó. Se ha transformado la normatividad”, sostuvo Nieto Castillo.

Adicional, señaló que se han congelado un total de 5 mil 554 millones 723 mil 319.35 pesos; aunque aclaró que las suspensiones que ha concedido el Poder Judicial con base en la ley, hacen que dicha cantidad no sea fija.

También detalló que se han bloqueado 12 mil 191 cuentas relacionadas con más de 52 millones de dólares por los ilícitos de robo de hidrocarburo, corrupción política, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada, factureras, aduanas, secuestro y tráfico de armas.

Explicó que en el tema de la protección de mujeres y niñas, se desarticuló una red de trata; un pastor y seis personas relacionadas a un grupo religioso por pornografía infantil y explotación sexual, así como un sujeto que comercializaba con imágenes de menores en Facebook.

Precisó que a la Iglesia La Luz del Mundo, liderada por Nassón Joaquín García, se le han bloqueado las cuentas bancarias de seis personas que suman 359 millones de pesos y un millón y medio de dólares.

En materia de corrupción, informó que se ejercieron acciones contra un exfuncionario, un exservidor público y el jefe de la oficina de un gobierno, en todos los casos se trató de locales, además de un fraude en el Infonavit por 5 mil millones de pesos.

Sobre las prácticas ilícitas en la adquisición de medicamentos, dio a conocer que Inteligencia Financiera verificó tres empresas por las que ya se presentaron denuncias y responsabilidades administrativas. La empresa Intercontinental de Medicamentos, además de haber ganado por adjudicaciones directas 9 mil 120 millones de pesos, manifiesta pérdidas por 410 millones de pesos, lo que se explica como defraudación fiscal u operaciones simuladas a partir de la facturación falsa.

A pesar de ser acusado de corrupción, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se encamina este martes a una victoria contundente en las elecciones legislativas realizadas ayer, quedando en posición de fuerza para formar el próximo gobierno y encarar su proceso.

Con el 90% de los votos escrutados hasta esta mañana por la Comisión Electoral, el Likud (derecha) de Netanyahu obtiene el 29.3% contra el 26.3% para la formación centrista «Azul-Blanco» de su principal rival, el exgeneral Benny Gantz.

En el sistema israelí, ese resultado se traduce en alrededor de 36 escaños para el Likud, contra 32 para el partido de Gantz.

Con sus aliados de la derecha radical y los partidos judíos ultraortodoxos, el Likud podría sumar 59 escaños, o sea que quedaría a dos de los 61 de la mayoría parlamentaria, según los pronósticos.

«Pronto encontraremos en el otro bloque los votos faltantes», afirmó el portavoz del Likud, Jonathan Urich. «Estamos ya en contacto con varios diputados del otro bando», aseguró.

Netanyahu, de 70 años, jefe de gobierno con mayor duración de la historia del país, con 14 años en el poder, celebró en la noche del lunes haber obtenido «la victoria más importante de su vida», ante una multitud de partidarios reunidos en Tel Aviv que lo recibieron con vítores, al grito de «Bibi rey de Israel».

Si el Likud consigue más de 35 escaños, será su mejor resultado bajo el liderazgo de Netanyahu, quien se beneficia además de la buena racha de la derecha en general.

«Es una victoria… contra todo pronóstico», y pese a quienes predijeron «el final de la era de Netanyahu», agregó el primer ministro, acusado de corrupción y cuyo proceso comenzará el 17 de marzo.

Sin embargo, esta mañana, el Tribunal Supremo israelí recibió una petición del «Movimiento por un Gobierno de calidad» contra la posible designación por el presidente Reuven Rivlin de Netanyahu para formar un gabinete.

«Un acusado de corrupción, malversación y abuso de confianza no puede asumir la tarea de formar un gobierno. Un hombre como él no puede servir de modelo y ser primer ministro», destaca este movimiento.

Estas fueron las terceras legislativas en menos de un año. Tras las elecciones de abril y septiembre, Netanyahu había fracasado en formar un gobierno de unidad nacional.

El primer ministro clama su inocencia y se dice víctima de una «cacería de brujas» de los servicios del Ministerio Público y de la prensa.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, afirmó que siguiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México ha avanzado en el combate a la corrupción.

Sin embargo, dijo que aún faltan muchos casos relacionados a la corrupción en ser llevados ante los tribunales y fiscalías.

“En el último sexenio México era el país 138 del mundo en corrupción. Hoy estamos en el lugar 130, hemos mejorando 8 puntos, después de un año de administración”, dijo Nieto Castillo en un breve encuentro con la prensa.

Recordemos que Transparency International the Global Coalition Corruption público recientemente el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, donde situó a México en el lugar 130 de 180 países evaluados.

El funcionario indicó que, pese a este avance, todavía falta mucho por hacer para finalmente cumplir con la instrucción del Presidente de tener una política de cero tolerancias a la corrupción.

Sobre la labor de la UIF, se informó este miércoles que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de miembros de una organización criminal, los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de ocho mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.

El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que dicha red de lavadores de dinero profesionales operaba empresas factureras en el Estado de México.

“Los miembros de la organización se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos», explicó la UIF.

Las autoridades federales investigan al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a su casero, por su probable participación en la trama de corrupción de Odebrecht, según dio a conocer este miércoles la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo a documentos en su poder, en el esquema que elaboró la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre los fondos transferidos por Odebrecht, se detectaron pagos al Grupo Constructor Tulancingo, propiedad de Carlos Aniano Sosa Velasco, dueño de dos residencias que habitó Osorio Chong en Bosques de las Lomas y en Lomas de Chapultepec.

Los pagos de Odebrecht a la empresa hidalguense fueron por supuestos servicios como subcontratista en la modernización de la refinería de Tula, obra que fue asignada por Pemex en 2013 mediante sobornos, según han confesado ex directivos de la constructora brasileña.

El esquema de la UIF incluye una conexión del Grupo Constructor Tulancingo con contratos públicos asignados en el anterior sexenio por organismos federales cuyos titulares eran estrechos colaboradores de Osorio Chong desde hace 15 años.

Entre las dependencias que otorgaron contratos a la constructora del casero de Osorio Chong estuvieron la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), organismo que dependía de Gobernación, y el centro Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Ambas dependencias las encabezaban dos colaboradores de Osorio desde los días en que fue Gobernador de Hidalgo, entre 2005 y 2011: al frente de la CNDI estaba Nuvia Mayorga, quien fue su Secretaria de Finanzas en la gubernatura, mientras que el director del centro de la SCT en Pachuca era Alberto Salomón Bulos, su ex Subsecretario de Obras.

Nuvia Mayorga, además, había sido invitada por Osorio para colaborar, desde el PRI nacional, en la campaña presidencial de 2012; él era Secretario de Operación Política y ella se integró como titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización.

Actualmente Osorio y Nuvia Mayorga son senadores por el PRI y gozarán de fuero constitucional hasta el año 2024.

Esta no es la primera vez que se involucra a Nuvia en el caso Odebrecht. En agosto de 2017 el columnista Salvador García Soto afirmó que el propio Emilio Lozoya llegó a comentar a personas cercanas que él no había recibido el dinero de Odebrecht y que esos recursos llegaron a través de “una operadora financiera de un gobernador” y mencionaba en concreto el nombre de Nuvia Mayorga, ex secretaria de Finanzas de Hidalgo.