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México cayó de posición en un índice sobre la capacidad para combatir la corrupción, que indica que los intentos del gobierno mexicano de interferir en asuntos legislativos y judiciales han mermado la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), presentado anualmente por el Consejo de las Américas y que clasifica a 15 países de América Latina según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción, reveló que México siguió en su trayectoria descendente desde 2019 y este año cayó del puesto 11 al 12, tan sólo por delante de Guatemala, Bolivia y Venezuela.

El reporte señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha criticado al Poder Judicial y a instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE). Además apunta que el mandatario ha declarado que planea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, «lo cual afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción».

Por otro lado, los organismos anticorrupción en México han sido usados, según algunos observadores, para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos, según el informe.

«Hay este discurso anticorrupción (de López Obrador) que es positivo. El problema es cuando este discurso no se traduce en las herramientas, los mecanismos y en el presupuesto para combatir la corrupción», dijo Alejandra Soto, de Control Risks, una consultora especializada en riesgos globales que realiza el índice junto al Consejo de las Américas. «Este discurso cotidiano en contra de los otros poderes, y a favor de la agenda presidencial, sin debate alguno, se traduce en un desgaste de contrapesos democráticos», añadió.

El índice, que se presenta por cuarta vez, tiene en cuenta variables como la independencia de las instituciones judiciales o los recursos disponibles para combatir los delitos cometidos por empresarios o funcionarios de gobierno.

Los países con los puestos más altos en el índice son Uruguay y Costa Rica, en donde se consideran más propenso a ver a los actores corruptos procesados.

El reporte destacó que en México las fuerzas armadas, que no están sujetas al mismo escrutinio que los organismos civiles, «participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura». También asegura que en el último año López Obrador escaló sus críticas hacia organizaciones de la sociedad civil y la prensa en medio de revelaciones de supuestos conflictos de intereses y corrupción que involucran a familiares suyos y aliados políticos.

«En México se están debilitando algunos componentes para combatir la corrupción de manera institucional y de manera integral», opinó Soto, quien apuntó que un 80% de los contratos del gobierno federal son por adjudicación directa en lugar de por licitación, que identificaría más fácilmente la corrupción.

También se alerta que el Congreso está por debatir una propuesta presidencial para poner a la Secretaría de la Función Pública (SFP), una institución clave en la lucha contra la corrupción, a cargo de las contrataciones públicas y la supervisión de gasto público, lo cual tendría consecuencias negativas ya que la SFP se auditaría a sí misma en lugar de que los organismos autónomos supervisen el gasto público.

Tras Uruguay y Costa Rica en los puestos más altos del índice están Chile, Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Colombia y Ecuador.

El costo de los actos de corrupción en México al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades asciende a 9,500 millones de pesos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La cifra equivale a 3,044 pesos en promedio por persona afectada, reportó el INEGI de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021.

El 86.3% de la población consideró «frecuentes» los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, y se advierte que el 14.7% de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios, o bien, tuvo contacto con algún servidor público, experimentó «actos de corrupción».

A pesar de la cifra, el INEGI reportó un decremento de 32.9% del costo total de la corrupción frente a la edición anterior, que documentó una afectación de 14,141 millones de pesos en 2019. También implica una reducción de 28.1% en el costo por persona de los actos de corrupción, que dos años atrás fue de 4,233 pesos.

«En 2021, el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción, con 65%. Le siguen los trámites ante el Ministerio Público, con 24%», expuso el Inegi.

Las policías son la segunda peor institución pública evaluada, solo por encima de los partidos políticos, que solo obtienen la confianza de 27.9% de la población. La encuesta indica que solo uno de cada tres mexicanos confía en las policías.

En contraste, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, son la tercera institución pública mejor evaluada, con una confianza de 71% de la población. Las primeras dos son las escuelas públicas de nivel básico y las universidades, cada una con la confianza de casi 79% de la población.

En zonas urbanas, 48.2% de la población de al menos 18 años declaró estar satisfecha con los servicios públicos básicos y bajo demanda. En esta materia, la ciudadanía reportó estar más satisfecha con la recolección de basura y agua potable en las ciudades, con grados de satisfacción de 70.5% y 53.7%, respectivamente.

México rechazó un acuerdo reparatorio con la comercializadora de energía suiza Vitol por el pago de sobornos a funcionarios de Pemex, informó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tras recordar que Vitol admitió el delito ante la justicia de Estados Unidos, el mandatario dijo que delegados de la empresa manifestaron al gobierno federal que «estaban dispuestos a devolvernos el dinero (…) de las operaciones que se habían llevado a cabo».

Pero «la instrucción que di es que no aceptamos nada hasta no saber quiénes habían recibido esos sobornos», reveló López Obrador en su conferencia matutina.

El gobierno no aceptará «ningún trato con esa empresa porque nos estaban dando el dinero, pero iba a quedar la sospecha de quién había recibido el soborno y además íbamos a quedar nosotros como encubridores», explicó.

AMLO no detalló los montos de los sobornos ni de la reparación ofrecida por Vitol, indicando que posteriormente el gobierno informará esos detalles. Según reportes de prensa, los sobornos se dieron entre 2015 y 2020.

El presidente aseguró que la intención de su administración es dar «ejemplo» de que esos delitos no se borran con «nada más devolver el dinero». «No queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas», sostuvo.

Recordemos que Vitol reconoció en Estados Unidos que pagó sobornos para obtener contratos con Pemex, así como con empresas de Brasil y Ecuador, por lo que la petrolera canceló acuerdos que tenía la mayor comercializadora independiente de energía del mundo.

A fines del 2020, la subsidiaria de la gigante suiza en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense.

AMLO dijo que en los próximos días se darán a conocer más detalles del caso. «Al parecer ya se está conociendo sobre la información de quiénes recibieron esos sobornos o eso es lo que yo he conocido del caso, para tener una idea más apegada a la realidad vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto», dijo López Obrador.}

Adelantó que si no se aclara todo, Vitol no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a salir en defensa del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sobre quien dijo tener información de movimientos bancarios provenientes de la la Universidad de las Américas (UDLA), aunque en ninguna había indicios de actos de corrupción.

«Ya tengo información sobre algo parecido; sin embargo, en la información que llegó a mis manos no hay elementos para poder presumir de que hay actos de corrupción. De todas maneras, vamos a ver lo que tú estás planteando», respondió AMLO a un reportero que llevó documentos que confirmaban el «flujo financiero» de las cuentas de la  Universidad a diversas cuentas vinculadas con Gertz Manero.

López Obrador relató que el titular de la FGR desde hace mucho tiempo es dueño de la Universidad, que dijo, es una filial que se desprendió hace años de la Universidad de las Américas de Puebla. «Creo que él originalmente estaba en la Universidad de las Américas y luego se dividieron y él se hizo cargo de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México desde hace bastante tiempo».

Como ha sucedido en otros casos, el presidente dijo que este tipo de acusaciones y señalamientos debían tomarse con mucho cuidado, ya que son conocidas las diferencias y confrontaciones que hay entre el fiscal general y otros grupos de abogados.

«Cuando hay pleito de abogados son pleitos… ¡Qué bárbaro! Entre abogados, sí, pero nosotros lo que hacemos es que actuamos con justicia, con rectitud y no nos dejamos llevar», añadió López Obrador.

Recordemos que en marzo pasado, El Universal publicó que Gertz Manero utilizó la UDLA  para enviar fuertes cantidades de dinero a sus cuentas bancarias, así como a la de familiares en México y el extranjero, incluso cuentas en paraísos fiscales.

El diario reportó que de acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las cuentas bancarias de la Universidad registraron movimientos que beneficiaron al Fiscal y su familia por al rededor de 150 millones de pesos.

El presidente de Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que, de ser necesario, se acudirá a tribunales internacionales para defender su política energética y posibles controversias dentro del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El mandatario retomó esta mañana el tema de las presiones de gobiernos extranjeros, que denunció un día antes, sobre la reforma eléctrica que presentó al Congreso y que se discute en la Cámara de Diputados.

En referencia a Estados Unidos, afirmó que en varias reuniones con funcionarios del país vecino «se trató el tema pero ya ellos saben que estas son decisiones nuestras y que no deben de intervenir».

Sobre las presiones, continuó: «Es evidente, hasta una funcionaria de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos envió una carta amenazante de que estábamos con la iniciativa violando el tratado, cosa que no es cierta».

Dijo que quienes consideran que se viola el T-MEC también deberían tomar en cuenta que en el mismo tratado hay un capítulo que «obliga a los gobiernos a no permitir la corrupción», lo que ocupó para amagar al gobierno estadounidense.

«Y si nos vamos a tribunales internacionales, vamos a tratar el tema de los que están apoyando lo ilegal por motivos de corrupción, y tenemos las pruebas», subrayó el mandatario mexicano.

Pese a ello, reiteró que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es respetuoso y agregó que la relación, en general, es buena con el país vecino. Recordemos que ayer el embajador visitó Palacio Nacional, aunque no se conocen mayores detalles de los temas tratados.

«Pero los que están acostumbrados a saquear, a robar, no quieren dejar de hacerlo», agregó López Obraor en términos generales.

Las declaraciones de hoy se suman a las emitas ayer, cuando señaló a empresas y gobiernos extranjeros, específicamente a Washington, de hacer «lobby» en contra de la reforma eléctrica.

«Ahí es muy claro que hay intereses de las empresas y de que están metidos haciendo ‘lobby’ en la Cámara de Diputados, de senadores y en el Poder Judicial. Las empresas extranjeras y los gobiernos extranjeros» , dijo el mandatario.

Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará para declarar constitucional o no la polémica reforma a Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que busca fortalecer la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

La ministra Loretta Ortiz, encargada del proyecto, declarar la validez de la reforma a la LIE que resumió en 4 áreas: la modificación del orden de despacho eléctrico; modificación de los Certificados de Energía Limpia; la modificación de los contratos legados y la revisión de los contratos de Productores Independientes de Energía.

Se necesitan 8 votos de los 11 ministros que integran la Suprema Corte para declarar inconstitucional la LIE. En el episodio de hoy en Broojula, te explicamos en qué consiste y qué se espera.

Otro escándalo inmobiliario al interior de la 4T se destapa. En agosto de 2020, dos meses después de la salida de René Gavira Segreste como director de Administración y Finanzas de Segalmex, su hijo René Federico Gavira Martínez adquirió un departamento en The Ricchi Luxury Condominiums, un desarrollo con alberca y zona de asado ubicado en La Cantera, una de las zonas residenciales más exclusivas de San Antonio, Texas.

Sin embargo, lo que llama la atención en esta transacción, es que los derechos de la propiedad fueron transferidos a Gavira Martínez por Vilma Cristina Herrera Reza, dueña del departamento y hermana de Carlos Herrera Reza, director general de Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), empresa a la que Liconsa otorgó tres convenios plurianuales por hasta 7 mil millones de pesos.

Los contratos se le dieron a Coprolac para el secado de leche cuando René Gavira Segreste era funcionario de la dependencia, y que salió de ella ante diversos señalamientos de corrupción.

Tal como ha sucedido en otros casos, como en el de la llamada Casa Gris, Gavira Martínez dijo que la transmisión del inmueble se dio a través de intermediarios y que desconocía que el departamento pertenecía a Vilma Cristina Herrera Reza.

Consultado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Gavira Martínez aseguró que la propiedad la obtuvo usando recursos derivados de su ejercicio profesional como abogado.

De acuerdo con la última valuación catastral realizada por el condado de Bexar en 2021, consultada por MCCI, el valor del departamento en cuestión es de 289 mil dólares, equivalentes a 5.7 millones de pesos. Sin embargo, agentes de bienes raíces consultados refirieron que estas valuaciones se realizan para el cobro de impuestos y suelen ser inferiores a los precios reales del mercado. 

En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF reveló que René Gavira Segreste favoreció a Coprolac al fijar unilateralmente en los convenios un precio de venta de 21 pesos por kilo de crema, superior al precio de mercado, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de aprobar su precio.

En una entrevista que los auditores tuvieron con el exdirector de Operaciones de Liconsa, Bernardo Fernández Sánchez, el funcionario mencionó que por esta irregularidad la dependencia había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de René Gavira Segreste.

Investigación completa en MCCI

En junio del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un memorándum que firmó contra el influyentismo, la corrupción, nepotismo, el amiguismo. Dijo: “me toca estar informando constantemente para que no utilicen mi nombre. Nosotros no vamos a permitir corrupción, impunidad, influyentismo, amiguismo ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”.

Esto fue su respuesta cuando se dio a conocer que su hijo, José Ramón López Beltrán, había participado en el arranque de los Centros Integradores de Bienestar en el Estado de México. Así, no es la primera vez que por acciones de su hijo, el presidente sale a defenderse y a su familia diciendo que él es diferente y que no hay amiguismo ni nepotismo en su gobierno. Y sin embargo…

Ese memorándum claramente queda violado cuando el mismo José Ramón López Beltrán ahora admite que trabaja para un amigo del presidente, en este caso para Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta. Dejemos de lado la creación espontánea de la empresa en donde dice trabajar López Beltrán, KEI Partners, cuya página muestra como proyectos suyos fotografías de otros lugares. Por ejemplo, publicitan el Bar 88 en Royal Pines, un club en Houston, usando la fotografía del Bon Bon Bar, en Gotemburgo, Suecia. Eso por sí solo debería ser un escándalo y una muestra de que creen que a los mexicanos nos pueden mentir sin que no demos cuenta.

El presidente o no entiende o cree que no entendemos los demás que un conflicto de interés es precisamente que su hijo trabaje para un empresario que hace negocios con su gobierno. Cree que la situación lo exenta porque no cobra su asesoría en el Tren Maya aun cuando Grupo Vidanta tiene muchos tentáculos en el sector turístico, entre ellos la concesión del aeropuerto de Puerto Peñasco, Sonora.

Pero más allá de las mentiras del hijo del presidente, ¿qué otras alarmas enciende el López Obrador iracundo que hemos visto en estos días? De forma destacada está la intolerancia. El comunicado que publicó ayer Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de respaldo al presidente arranca afirmando que López Obrador encarna a la Nación, a la patria y al pueblo. Concluye: “[…] por ende, los que se oponen al Presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que al ver sus privilegios mancillados, luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen en el que podrían hacer sus negocios sucios en la oscuridad. Son ¡unos traidores a la nación, a la patria y al pueblo!”

Con esta definición de oposición como mercenarios y traidores de parte de quienes deberían ser un contrapeso al Ejecutivo, no comparsas, vemos una copia de los dichos de Chávez y Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua y los Castro en Cuba. Los senadores están de facto criminalizando a la oposición, algo que sucede en regímenes autoritarios, no en las democracias.

Y claro, está también ataques a la prensa; a la libertad de expresión; las violaciones a la Constitución y un largo etcétera. No sorprende pues que estemos en la espiral de un régimen híbrido a una autocracia. Esa es la auténtica transformación de López Obrador.

Apostilla: Llama la atención que José Ramón López Beltrán prefirió irse a vivir a Estados Unidos antes que a cualquiera de los países que su padre constantemente defiende, como Venezuela, Cuba, Nicaragua o El Salvador. ¿Por qué no quiso irse a vivir a alguno de esos paraísos el hijo del presidente?

Columna completa en El Universal

Pese a las críticas que hizo durante mucho tiempo a los gobiernos anteriores, el gobierno de la Cuarta Transformación entregó 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa en 2021, método que se ha convertido en una práctica recurrente en la administración del presidente López Obrador.

De acuerdo con una investigación publicada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), durante el año pasado la entrega de contratos por el método de adjudicación directa se mantuvo como la práctica más común, pues en ese periodo el 80.3% de los 157,796 contratos que entregó el gobierno se adjudicó directamente.

En total, según las cifras reveladas por la organización, el monto de estos contratos asciende a 147,000 millones de pesos, tan solo en 2021. Además, en los últimos dos años ha habido un incremento importante con los montos adjudicados.

Mientras que entre 2016 y 2019 el monto promedio de estos contratos estuvo alrededor de un millón de pesos, para 2020, el monto promedio para un contrato directo se disparó a 1.9 millones y en 2021 bajó a 1.2 millones de pesos.

Y es que si bien las adjudicaciones directas son procedimientos previstos en la ley, estas deben aplicarse solamente como excepción, debido a los riesgos de corrupción que implican, prácticas con las que el gobierno de Morena prometió acabar.

La investigación señaló que, del total de licitaciones, las públicas representaron solo 10.3%, las invitaciones restringidas el 6.1% de los procedimientos; mientras que 3.2% se realizaron con otros mecanismos.

MCCI destaca que los servicios de comunicación social y publicidad fueron los rubros que se mantuvieron como uno de los puntos de mayor atención pues el 90% de los contratos que se dieron en 2021 para estas acciones se entregaron por adjudicación directa. Estos servicios se concentraron principalmente en seis dependencias: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Lotería Nacional, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Hacienda.

Investigación completa en MCCI

El gobierno federal cesó a tres funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), implicados en una red de corrupción, reveló este jueves la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Su destitución ocurrió después de que «se comprobaron presuntos ilícitos y actos de corrupción» denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), como adjudicaciones millonarias a empresas “fachada”, favoritismo, nepotismo, desvíos de subsidios y contratos «amañados».

Aunque no se especificó el nombre de los destituidos, se presume que podrían ser el director comercial, Manuel Lozano Jiménez, «quien firmó algunos de los contratos investigados por la SFP», y el director de operaciones, Bernardo Fernández.

Entre los casos denunciados destacan 2 contratos por 4,000 millones de pesos de una compañía de Alejandro Puente, empresario de telecomunicaciones vinculado a corrupción en el sexenio de Felipe Calderón.

Aun cuando el empresario no tenía experiencia en el ramo, apenas dos días después del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, recibió los contratos para vender leche a Liconsa, una empresa paraestatal de abasto popular.

Además, MCCI recordó que en 2021 reveló que en sus primeros 2 años de operación, Segalmex «otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de 6 empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares».

Segalmex es un organismo creado por el presidente López Obrador para «rescatar el campo» con apoyos a pequeños y medianos productores, y según el gobierno, buscar la «autosuficiencia alimentaria», distribuir alimentos básicos, garantizar precios y fomentar la productividad de las comunidades rurales.

Desde su fundación, ha despertado polémica por sus similitudes con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), creada en 1961 y desaparecida en 1999 para controlar los precios agrícolas en los gobiernos del PRI.

Incluso, López Obrador nombró como director de Segalmex a Ignacio Ovalle, quien fue secretario de la Presidencia con Luis Echeverría.

Ante las acusaciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó una fiscalización a Segalmex, Liconsa y Diconsa, la red de abasto social del Estado, en el periodo de 2019 a 2021, la cual arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, «que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales», expuso MCCI.

Investigación completa en MCCI

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió 39 años de cárcel para Emilio Lozoya, ex director  de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es señalado de participar en la red de sobornos con la firma brasileña Odebrecht y a otros actos de corrupción.

Una fuente judicial cercana al caso confirmó lo que adelantaban medios locales, quienes señalaban que la Fiscalía solicitó dicha pena para Lozoya, el único exfuncionario de alto nivel investigado por el caso Odebrecht.

La fuente, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, confirmó además que esta pena carcelaria sería por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

La Fiscalía también pidió 25 años de prisión para Gilda Margarita Austin, madre del exfuncionario, acusada de ser copartícipe de los hechos de corrupción atribuidos a su hijo, según indicó la fuente judicial que habló con la agencia AFP.

Se espera que el juez a cargo del caso comunique a la defensa de Lozoya la pena solicitada por la Fiscalía.

Recordemos que Lozoya, de 47 años y quien fue cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, se encuentra recluido en una prisión de Ciudad de México desde el pasado 3 de noviembre.

El exfuncionario, que dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue capturado en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio de ese mismo año. Llevó su proceso con medidas cautelares como parte de un acuerdo con la Fiscalía a cambio de testificar contra otros presuntos involucrados, entre ellos el expresidente Peña Nieto, pero los elementos que aportó no fueron considerados de valor y se pidió su encarcelamiento.

La Fiscalía reveló en 2020 que Lozoya declaró que 4.4 millones de dólares provenientes de Odebrecht sirvieron para financiar la campaña a la presidencia del priísta en 2012. Sin embargo, hasta el momento no se conoce investigación alguna contra el expresidente o sus más cercanos colaboradores, entre ellos Luis Videgaray.

Lozoya también es acusado de autorizar la compra por parte de Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, con un sobreprecio de 200 millones de dólares.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, destacó este miércoles durante la presentación de su tercer informe anual de labores el combate a la corrupción y nepotismo al interior del Poder Judicial

«Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba», dijo Zaldívar en su mensaje.

El magistrado estuvo acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su esposa, y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero, así como miembros del Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y por los ministros de la Corte.

Zaldívar aseguró que desde que asumió el cargo se ha perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y en todos los niveles bajo el criterio de «cero tolerancia».

Explicó que se han roto las estructuras de poder de abogados y empresarios que traficaban influencias; destacó que se han desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores, además de que se ha erradicado el nepotismo en los juzgados.

Sin embargo, reconoció que aun existen casos de corrupción, que dijo, son aislados y ya no obedecen a la existencia de mafias que operaban dentro del Poder Judicial.

El presidente de la Corte también refrendó su compromiso contra el acoso, el hostigamiento, la violencia y cualquier forma de discriminación contra las mujeres, y aseguró que los tribunales federales ya juzgan con perspectiva de género.

Detalló que se ha incrementado el número de lenguas indígenas disponibles en las traducciones del Poder Judicial y que la reforma judicial aprobada este año permite que el nombramiento de jueces y magistrados se base en «el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad».

Zaldívar criticó que por mucho tiempo la justicia fue un privilegio para las élites y una promesa vacía para los pobres; en ese sentido defendió que ahora hay un nuevo Poder Judicial Federal que brinda una justicia más humana, efectiva y cercana que nunca.

«Seguiremos trabajando todos los días con intensidad y pasión hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre», concluyó Zaldívar su mensaje.

Recordemos que el magistrado estuvo este año en el ojo del huracán después de que el Congreso aprobara alargar dos años más su mandato, mismo que fue rechazado por le mismo Zaldívar y que la Corte resolvió como inconstitucional.

Incluso el presidente López Obrador apoyó la medida aprobada por el Congreso, impulsada por Morena y aliados, al considerar a Zaldívar un hombre «íntegro y honesto», así como el único capaz de reformar el Poder Judicial y erradicar la corrupción.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que gracias a la estrategia implementada para prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción durante la presente administración, se logró un ahorro de 24 mil 983 millones de pesos.

Rubén Cuevas Plancarte, Director de Administración de la CFE, señaló que lo ahorrado por CFE es un monto superior al presupuesto asignado a las secretarías de la Función Pública, Economía, Gobernación y Relaciones Exteriores para el próximo año.

El funcionario destacó que gracias a la implementación de medidas concretas, se redujeron las contrataciones realizadas a través de adjudicaciones directas, las cuales alcanzaron un 78% durante administraciones anteriores, mientras que este año, al 3er trimestre, ese número se redujo a menos del 5%, ya que el 95.4% de las contrataciones se realizaron a través de la figura de concurso abierto y simplificado.

Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno de CFE, señaló que, en el periodo neoliberal y con la aprobación de la reforma energética de 2013, fueron desmanteladas las áreas encargadas de prevenir y combatir la corrupción al interior de la CFE.

Por ello dijo, cuando la nueva administración llegó, fueron detectadas irregularidades como los contratos leoninos, proyectos abandonados, riesgos de corrupción no reconocidos y servidores sin facultades que firmaban contratos. “Buscaban lograr un objetivo criminal: privatizar a la CFE”, advirtió.

La CFE recordó que su Programa Anticorrupción fue aprobado por el Consejo de Administración en febrero de 2019, en el que se establecen principios, estrategias y acciones que tienen como finalidad prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción.

Detallaron que el programa está integrado por tres principios generales: Política de Tolerancia Cero a la Corrupción; Desempeño honesto y transparente en el desempeño de funciones, y Promoción del respeto a los derechos de todas las personas y la equidad.

México mantiene un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que viven las personas desde 2013 a 2020, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), 54.6% de las personas de 15 años y más reconoció a la corrupción como uno de los tres problemas más importante que enfrentó el país en 2020.

Según los datos divulgados con motivo del Día Internacional contra la Corrupción y que compendian diversas encuestas, un 15.7% de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos fueron víctimas de corrupción, frente al 12.1% que se registró en 2013.

En los últimos tres años, los estados donde creció más este porcentaje fueron Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla.

En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12,769.7 millones de pesos, 64.1% más que en 2017. En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó 3,822 pesos en promedio (1,372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017).

«De 2013 a 2020 se observa un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que vivieron las personas»,  señala el INEGI.

En el caso de las empresas víctimas de corrupción, el nivel se ha mantenido respecto a 2016; 35 de cada 100 unidades económicas fueron víctimas de la corrupción en 2020. Entre 2016 y 2020 se observó una disminución de casi 50% en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción.

Con respecto a las denuncias, en 2019 hubo más de 105,000 por actos de corrupción y 9 de cada 10 denuncias presentadas en la administración pública federal fueron determinadas como no procedentes o se encontraban pendientes de atención. Un total de 6,154 servidores públicos fueron sancionados pero en su mayoría por faltas no graves.

Estos datos toman relevancia ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal objetivo y siempre ha dicho que la limpieza se tenía que hacer de arriba para abajo, es decir, desde los altos cargos al ciudadano de a pie. Sin embargo, los mexicanos siguen percibiendo la corrupción como uno de los problemas del país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este viernes a los gobernadores que inician mandatos en los distintos estados del país que no sean «tapadera» en actos de corrupción de administraciones pasadas.

«Recomiendo a los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices, en encubridores», dijo el mandatario.

López Obrador fue cuestionado sobre el caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien es acusado por el actual gobierno estatal, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, de un presunto fraude de 5,186 millones de pesos.

Aseguró que aunque su postura desde su llegada a la presidencia fue la de no perseguir a sus opositores ni cobrar venganzas «pues no se puede utilizar el Gobierno» para ello, consideró que el actual gobernador «hace bien» al no encubrir este tipo de delitos.

Y es que hace unos días, Ramírez Bedolla denunció que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude por 5,186 millones de pesos, en la construcción, arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, en donde tendría participación Aureoles.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno no está promoviendo ninguna denuncia. Sin embargo, pidió presentar las acusaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). «Con pruebas, que se presenten denuncias ante la autoridad competente ¿y cuál es la autoridad competente? La fiscalía que sea, estatal o federal, pero por ley son instituciones autónomas, que ellos resuelvan», insistió.

Asimismo, pidió que no se estigmatice a nadie, que no haya linchamientos políticos, que se presenten pruebas y que se sostengan las denuncias.

Finalmente, dijo que si hay encubrimiento, este tipo de desfalcos se reflejarán después y «no va a haber presupuesto ni para pagar la nómina en algunos casos». Señaló que esto tiene que ser un asunto «ético y responsable».

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió, sin invitación de por medio, presentarse ante la ONU para hablar de corrupción y desigualdad como el gran problema de México al cual él ha sabido hacerle frente. Más allá de que la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU, que este mes le corresponde a México, no era el foro porque ahí el mandato son los temas de paz y seguridad internacionales, el gran problema de nuestro país no es la corrupción.

Tan solo una semana antes podría haber viajado el presidente a Roma para estar en la Cumbre del G20 y plantear, ahí si, el tema de desigualdad y hasta de corrupción. Pongo `hasta’ porque si bien es cierto que es un enorme problema en México, su gobierno no puede presumir logros en este rubro, lo que debe de ser bastante decepcionante para todos los que creyeron en su discurso y por ello votaron por él en 2018.

El gran problema de México no es la corrupción. Es un acto que indigna, sin duda. Pero el gran problema de México es que no tenemos un Estado de Derecho. Ante esta ausencia, es muy fácil ser corrupto porque mientras se esté del lado del poder, no hay problema. No hay castigo. Algo que no ocurre en donde se respeta el Estado de Derecho. Y eso no ocurre en México.

El presidente habla que antes de él había un Estado de Chueco en México.

¿Qué si no Estado de Chueco es decidir detener a un delincuente confeso solamente cuando sale a la luz una fotografía de él cenando en un restaurante muy campante, algo que no es ilegal pero sí inmoral, como dijo el presidente sobre Lozoya? El momento de la detención y las razones para hacerlo, cuando se hizo evidente que el ex director de Pemex estaba aprovechándose del criterio de oportunidad, demuestran el grave Estado de Chueco en México.

¿Qué si no Estado de Chueco es tener en prisión a una exfuncionaria por un delito que no amerita prisión preventiva como ocurre desde hace más de dos años con Rosario Robles? La forma de detenerla y mantenerla en Santa Martha Acatitla demuestra el terrible Estado de Chueco en México.

¿Qué si no Estado de Chueco es tener en prisión a una señora por las rencillas personales del Fiscal General de la nación? Cuando la familia Cuevas Castillo comenzaba a ver la luz para que saliera de prisión su madre tras 13 meses de estar en Santa Martha Acatitla, de forma sospechosamente rápida y por una solicitud del Fiscal Gertz Manero, la Suprema Corte de Justicia atrajo los amparos de las señoras Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán. Este amparo lo habían ganado en primera instancia contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que enfrentan y mantiene, como decimos líneas arriba, a la primera en prisión y a la segunda, de 94 años, escondida para evitar ser detenida también.

¿Qué si no Estado de Chueco es que los hermanos del presidente, Pío y Martín, aparezcan en videos recibiendo fajos de billetes y a ellos no se les toque ni con el pétalo de una investigación?

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la ONU que despierte de su «letargo» en el combate a la corrupción y la desigualdad, para lo que propuso un plan de ayuda a los más pobres pagado por contribuciones voluntarias de las 1,000 personas más ricas del mundo.

«Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia», dijo el mandatario al pronunciar un mensaje ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

López Obrador habló durante un debate sobre mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, luego de haberse reunido con el Secretario General de la ONU, António Guterres.

En su discurso, López Obrador propuso un plan para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. Éstas, dijo, podrían ser ayudadas por un fondo procedente de tres fuentes: una contribución voluntaria del 4% de la fortuna de las 1,000 personas más ricas del planeta; una donación similar para las 1,000 empresas privadas más importantes, en base a su valor en el mercado mundial, y una donación del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países integrantes del Grupo de los 20.

López Obrador dijo que este plan, al que llamó el «Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar», podría recaudar 1,000 millones de dólares anuales.

«No creo que algunos miembros permanentes de este consejo se opongan a nuestra propuesta», dijo el mandatario, pues dijo.

López Obrador habló esta mañana aprovechando la toma de posesión de México como titular temporal del Consejo de Seguridad de la ONU. Pidió que la Organización juegue un papel más importante en el combate contra la desigualdad, considerada por muchos como factor de inestabilidad en la paz y seguridad internacionales.

«Es importante que la ONU despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, protagonismo, con más liderazgo,» dijo el mandatario.

AMLO adelantó que su plan para ayudar a los pobres será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en los próximos días.

Tal como lo ha hecho en México, López Obrador abogó por que los fondos lleguen a los pobres de forma directa, sin intermediación de ningún grupo. Incluso dijo que se podría hacer llegar el dinero mediante una tarjeta o monedero electrónico personalizado, y sugirió que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida para hacer los pagos.

El presidente de México sostuvo que el próximo año podría hacer un censo de los más pobres del mundo, y una vez definida la población por país, dispersarse los recursos que podrían ser pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes, apoyos a trabajadores del campo o jóvenes aprendices, tal como sucede en nuestro país. También mencionó que mediante esta estructura se podrían hacer llegar vacunas contra el COVID-19.

Al finalizar la sesión en el Consejo de Seguridad, López Obrador destacó que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. «Espero que cuando presentemos nuestra iniciativa, se apoye, se respalde,» concluyó.

López Obrador fue recibido en la sede la ONU por decenas de mexicanos que acudieron a intentar verlo y escucharlo. Grupos de mariachis tocaron en la Primera Avenida, frente a la sede de la ONU, canciones como «El Rey» o «Cielito lindo», mientras mexicanos cantaban y bailaban frente a ellos. Con carteles que decían «Desde Seattle lo apoyamos presidente» o «Bienvenido a Nueva York. La honestidad no tiene precio», los inmigrantes mexicanos ondeaban banderas de su país y dirigían porras a la multitud con megáfonos.

Sin embargo, también se hicieron presentes grupos opositores al gobierno federal, tales como FRENAAA, que lanzaron consignas al mandatario y se enfrentaron verbalmente con los simpatizantes del presidente.