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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este viernes a los gobernadores que inician mandatos en los distintos estados del país que no sean «tapadera» en actos de corrupción de administraciones pasadas.

«Recomiendo a los gobernadores que están entrando, que no sean tapadera, que no haya afanes de venganza pero que no se conviertan en cómplices, en encubridores», dijo el mandatario.

López Obrador fue cuestionado sobre el caso del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien es acusado por el actual gobierno estatal, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, de un presunto fraude de 5,186 millones de pesos.

Aseguró que aunque su postura desde su llegada a la presidencia fue la de no perseguir a sus opositores ni cobrar venganzas «pues no se puede utilizar el Gobierno» para ello, consideró que el actual gobernador «hace bien» al no encubrir este tipo de delitos.

Y es que hace unos días, Ramírez Bedolla denunció que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) investiga el presunto fraude por 5,186 millones de pesos, en la construcción, arrendamiento y la compra final de los cuarteles regionales de la Policía estatal de Michoacán en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo, en donde tendría participación Aureoles.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno no está promoviendo ninguna denuncia. Sin embargo, pidió presentar las acusaciones correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR). «Con pruebas, que se presenten denuncias ante la autoridad competente ¿y cuál es la autoridad competente? La fiscalía que sea, estatal o federal, pero por ley son instituciones autónomas, que ellos resuelvan», insistió.

Asimismo, pidió que no se estigmatice a nadie, que no haya linchamientos políticos, que se presenten pruebas y que se sostengan las denuncias.

Finalmente, dijo que si hay encubrimiento, este tipo de desfalcos se reflejarán después y «no va a haber presupuesto ni para pagar la nómina en algunos casos». Señaló que esto tiene que ser un asunto «ético y responsable».

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió, sin invitación de por medio, presentarse ante la ONU para hablar de corrupción y desigualdad como el gran problema de México al cual él ha sabido hacerle frente. Más allá de que la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la ONU, que este mes le corresponde a México, no era el foro porque ahí el mandato son los temas de paz y seguridad internacionales, el gran problema de nuestro país no es la corrupción.

Tan solo una semana antes podría haber viajado el presidente a Roma para estar en la Cumbre del G20 y plantear, ahí si, el tema de desigualdad y hasta de corrupción. Pongo `hasta’ porque si bien es cierto que es un enorme problema en México, su gobierno no puede presumir logros en este rubro, lo que debe de ser bastante decepcionante para todos los que creyeron en su discurso y por ello votaron por él en 2018.

El gran problema de México no es la corrupción. Es un acto que indigna, sin duda. Pero el gran problema de México es que no tenemos un Estado de Derecho. Ante esta ausencia, es muy fácil ser corrupto porque mientras se esté del lado del poder, no hay problema. No hay castigo. Algo que no ocurre en donde se respeta el Estado de Derecho. Y eso no ocurre en México.

El presidente habla que antes de él había un Estado de Chueco en México.

¿Qué si no Estado de Chueco es decidir detener a un delincuente confeso solamente cuando sale a la luz una fotografía de él cenando en un restaurante muy campante, algo que no es ilegal pero sí inmoral, como dijo el presidente sobre Lozoya? El momento de la detención y las razones para hacerlo, cuando se hizo evidente que el ex director de Pemex estaba aprovechándose del criterio de oportunidad, demuestran el grave Estado de Chueco en México.

¿Qué si no Estado de Chueco es tener en prisión a una exfuncionaria por un delito que no amerita prisión preventiva como ocurre desde hace más de dos años con Rosario Robles? La forma de detenerla y mantenerla en Santa Martha Acatitla demuestra el terrible Estado de Chueco en México.

¿Qué si no Estado de Chueco es tener en prisión a una señora por las rencillas personales del Fiscal General de la nación? Cuando la familia Cuevas Castillo comenzaba a ver la luz para que saliera de prisión su madre tras 13 meses de estar en Santa Martha Acatitla, de forma sospechosamente rápida y por una solicitud del Fiscal Gertz Manero, la Suprema Corte de Justicia atrajo los amparos de las señoras Alejandra Cuevas y su madre Laura Morán. Este amparo lo habían ganado en primera instancia contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que enfrentan y mantiene, como decimos líneas arriba, a la primera en prisión y a la segunda, de 94 años, escondida para evitar ser detenida también.

¿Qué si no Estado de Chueco es que los hermanos del presidente, Pío y Martín, aparezcan en videos recibiendo fajos de billetes y a ellos no se les toque ni con el pétalo de una investigación?

 

Columna completa en EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la ONU que despierte de su «letargo» en el combate a la corrupción y la desigualdad, para lo que propuso un plan de ayuda a los más pobres pagado por contribuciones voluntarias de las 1,000 personas más ricas del mundo.

«Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres, pero nunca es tarde para hacer justicia», dijo el mandatario al pronunciar un mensaje ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

López Obrador habló durante un debate sobre mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, luego de haberse reunido con el Secretario General de la ONU, António Guterres.

En su discurso, López Obrador propuso un plan para garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. Éstas, dijo, podrían ser ayudadas por un fondo procedente de tres fuentes: una contribución voluntaria del 4% de la fortuna de las 1,000 personas más ricas del planeta; una donación similar para las 1,000 empresas privadas más importantes, en base a su valor en el mercado mundial, y una donación del 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países integrantes del Grupo de los 20.

López Obrador dijo que este plan, al que llamó el «Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar», podría recaudar 1,000 millones de dólares anuales.

«No creo que algunos miembros permanentes de este consejo se opongan a nuestra propuesta», dijo el mandatario, pues dijo.

López Obrador habló esta mañana aprovechando la toma de posesión de México como titular temporal del Consejo de Seguridad de la ONU. Pidió que la Organización juegue un papel más importante en el combate contra la desigualdad, considerada por muchos como factor de inestabilidad en la paz y seguridad internacionales.

«Es importante que la ONU despierte de su letargo y salga de la rutina, del formalismo, que se reforme y que denuncie y combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta, con más decisión, profundidad, protagonismo, con más liderazgo,» dijo el mandatario.

AMLO adelantó que su plan para ayudar a los pobres será presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en los próximos días.

Tal como lo ha hecho en México, López Obrador abogó por que los fondos lleguen a los pobres de forma directa, sin intermediación de ningún grupo. Incluso dijo que se podría hacer llegar el dinero mediante una tarjeta o monedero electrónico personalizado, y sugirió que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional podrían colaborar en la creación de la estructura requerida para hacer los pagos.

El presidente de México sostuvo que el próximo año podría hacer un censo de los más pobres del mundo, y una vez definida la población por país, dispersarse los recursos que podrían ser pensiones a adultos mayores, becas a estudiantes, apoyos a trabajadores del campo o jóvenes aprendices, tal como sucede en nuestro país. También mencionó que mediante esta estructura se podrían hacer llegar vacunas contra el COVID-19.

Al finalizar la sesión en el Consejo de Seguridad, López Obrador destacó que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. «Espero que cuando presentemos nuestra iniciativa, se apoye, se respalde,» concluyó.

López Obrador fue recibido en la sede la ONU por decenas de mexicanos que acudieron a intentar verlo y escucharlo. Grupos de mariachis tocaron en la Primera Avenida, frente a la sede de la ONU, canciones como «El Rey» o «Cielito lindo», mientras mexicanos cantaban y bailaban frente a ellos. Con carteles que decían «Desde Seattle lo apoyamos presidente» o «Bienvenido a Nueva York. La honestidad no tiene precio», los inmigrantes mexicanos ondeaban banderas de su país y dirigían porras a la multitud con megáfonos.

Sin embargo, también se hicieron presentes grupos opositores al gobierno federal, tales como FRENAAA, que lanzaron consignas al mandatario y se enfrentaron verbalmente con los simpatizantes del presidente.

Una nueva filtración de documentos revela que Odebrecht pagó en México al menos 9.2 millones de dólares en sobornos, adicionales a los 10.5 millones de dólares que hasta ahora se conocían, y que involucran a por lo menos 6 funcionarios.

El pago de sobornos de Odebrecht iniciaron en 2006, a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán, según consta en un expediente de 334 páginas con información de nuevos sobornos en América Latina, al que tuvo acceso la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El monto revelado ahora es distinto a los sobornos que hasta ahora se conocían, pues Odebrecht había confesado ante tribunales de Estados Unidos que realizó pagos ilegales en México por 10.5 millones de dólares, entre 2010 y 2014.

Ahora se conoce que la red de corrupción en nuestro país venía por lo menos desde hace 15 años y los sobornos podrían alcanzar los 20 millones de dólares e involucrar más obras, de acuerdo a documentos de la Procuraduría de Brasil.

MCCI tuvo acceso al expediente que contiene cientos de códigos secretos de distintos países, como parte del proyecto colaborativo Investiga Lava Jato, coordinado por la organización Convoca, de Perú.

La obra de Michoacán a la que se hace referencia en dichos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores del estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La información ahora conocida de Odebrecht no menciona que los gobernadores o presidentes hayan recibido algún tipo de soborno, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios, pero llama la atención pues Cárdenas Batel es el actual jefe de asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En la contabilidad alterna de Odebrecht se asignaban códigos secretos para ocultar la identidad de los personajes sobornados. En los nuevos documentos aparecen en total, en dos planillas distintas, seis códigos secretos de personas vinculadas a la obra hidráulica.

Investigación completa en MCCI

El World Justice Project (WJP) presentó el Índice de Estado de Derecho 2021, que mide el desempeño de 139 países y jurisdicciones con respecto al Estado de Derecho que guarda cada nación.

En dicho ranking, el puntaje general de México en Estado de Derecho se redujo 2.9% en el Índice de este año, lo que lo llevó a ocupar el lugar 113 de 139 países y jurisdicciones en el mundo. Con esto, nuestro país habría caído una posición respecto a la medición previa.

El puntaje de México lo ubica en la posición 27 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe y en la 37 de 40, entre países de ingreso mediano alto.

El reporte es el primero de dicha serie desde en marzo de 2020 cuando estalló la pandemia de COVID-19 en el mundo.

«Con tendencias negativas en tantos países, esta edición del Índice de Estado de Derecho del WJP debería ser una llamada de atención para todos nosotros», dijo el cofundador y CEO del WJP, Bill Neukom. «El Estado de Derecho es la base de comunidades de justicia, oportunidades y paz. Reforzar esa base debería ser una de las principales prioridades para el período de recuperación de la pandemia».

El Índice de Estado de Derecho del WJP es un reporte anual basado en encuestas a más de 138,000 hogares y 4,200 especialistas alrededor del mundo. El WJP incluye ocho factores en su medición del Estado de Derecho: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.

Por rubros. El primero en el informe es el referente al grado en el que los gobernantes están sujetos a la ley, y en él México se encuentra en la posición 102.

El rubro dos se refiere  a la ausencia de corrupción en el gobierno. Se consideran tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, y apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos; y se analiza la corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Policía y el Ejército. México ocupa la posición 135, es el peor rubro en que fue evaluado nuestro país.

En el rubro tres, Gobierno Abierto, que es en el que México ocupa la mejor posición,  se refiere a la apertura en que el gobierno comparte información, empodera a las personas con herramientas para hacer que las autoridades rindan cuentas y fomenta la participación ciudadana en las políticas públicas y la calidad de información publicada,. Ocupa la posición 43 a nivel mundial.

En Derechos fundamentales, que aborda aspectos como la no discriminación, derecho a la vida y a la seguridad, el debido proceso, libertad de expresión, religión y derecho a la privacidad, México se ubica en el lugar 91. En el rubro de Orden y Seguridad, México se encuentra en la posición 130.

En cuanto al Cumplimiento regulatorio, que incluye aplicación efectiva de las regulaciones, nuestro país se encuentra en la posición 105. En el rubro de Justicia Civil, que mide si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica mediante el sistema de justicia civil, México se sitúa en la posición 131.

Finalmente, en el rubro de Justicia Penal, donde se contemplan las investigaciones efectivas, adjudicación oportuna y eficaz, sistema correccional efectivo, no discriminación, no corrupción, y sin influencia gubernamental indebida, México se sitúa en la posición 129.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre el caso de su hermano Pío López Obrador, y dijo que debe ser castigado si se demuestra que es culpable de actos de corrupción.

«Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia», contestó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) investigue a Pío López Obrador por videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo por parte de David León, durante la campaña electoral de Chiapas en 2015.

«Lo de mi hermano ha quedado muy claro, de manifiesto, que no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación», añadió López Obrador. Recordó que en 2018 le dieron «su confianza millones de mexicanos» y prometió que no los traicionaría.

Ofreció una disculpa a quienes afecta que siga denunciando actos de corrupción, pues dijo, es el principal problema de México; sacó de su bolsillo un pañuelo blanco para declarar que «ya no se permite la corrupción». Y aunque admitió que todavía hay actos de corrupción «abajo», aseguró que «arriba ya no hay», en referencia a los altos funcionarios del gobierno.

Recordemos que el 20 de agosto de 2020, Pío López Obrador apareció en un video en el que se observan presuntas entregas de dinero de parte del entonces funcionario del gobierno de Chiapas, David León Romero.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido (Morena) a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó el año pasado que no encontró «nada significativo» en la investigación sobre el hermano del presidente.

Sin embargo, Pío López Obrador no es único hermano de AMLO señalado de estos actos; en julio pasado se divulgó en el sitio Latinus material de 2015 en el que Martín Jesús López Obrador, otro hermano del presidente, recibe presuntamente 150,000 pesos en efectivo de David León Romero.

En medio de acusaciones de diversas indoles, Miguel Ángel Rincón Velázquez dejó este jueves el cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), según confirmó el propio ente regulador.

«La Comisión Reguladora de Energía (CRE) informa que Miguel Ángel Rincón Velázquez dejó el cargo de secretario ejecutivo a partir de hoy», indicó en un breve comunicado el órgano, que no dio los motivos de la renuncia que presentó el funcionario.

Sin embargo, señalaron que en cumplimiento a lo que establece la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), el comisionado presidente, Leopoldo Vicente Melchi García, dará a conocer en las próximas horas la propuesta para el nombramiento del secretario ejecutivo o del servidor público que lo suplirá.

Puntualizó que será en la próxima sesión extraordinaria que la CRE designará al nuevo secretario ejecutivo.

Recordemos que Rincón Velázquez asumió el cargo el 31 de octubre de 2019, ya durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llama la atención que la salida de Rincón Velázquez se produce en medio de denuncias de los propios miembros de la CRE que apuntaban que el secretario estaría paralizando proyectos y trámites. En estos mismos señalamientos, de acuerdo con el medio Contralínea, también se acusaba a otros miembros de la CRE de cometer «hechos de corrupción» en connivencia con otros servidores públicos de otros organismos.

Y es que empresas han denunciado que desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador se han frenado las autorizaciones a compañías privadas, pues AMLO tiene como una de sus principales promesas fortalecer a la CFE y a Pemex.

López Obrador ha sido muy crítico en el pasado con organismos autónomos como la CRE, acusándoles de tener entre sus miembros a partidarios del periodo «neoliberal». En varias ocasiones ha dicho que se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes, «toda una constelación de organismos independientes», pero era otro gobierno para operar el saqueo y facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares.

El presidente Joe Biden reunirá en diciembre mediante videoconferencia a líderes mundiales para una «cumbre por la democracia», convocatoria que ha sido catalogada como un desafío a China y una alternativa al encuentro tradicional del G20.

La reunión virtual, que se celebrará el 9 y 10 de diciembre, congregará a jefes de Estado y de gobierno, así como representantes de la sociedad civil y del mundo económico «de un diverso grupo de países democráticos», informó La Casa Blanca en un comunicado.

Un año después, Biden planea reunir de nuevo a los mismos participantes, preferiblemente en persona, para evaluar los avances sobre tres temas principales que se discutirán desde esta primera edición: defensa contra el autoritarismo, lucha contra la corrupción y promoción de derechos humanos.

La Casa Blanca no especificó qué países están invitados a esta cumbre que se presenta.

Recordemos que los líderes del G20, que está integrado por las principales economías e incluye regímenes autoritarios como China y Arabia Saudita, deben reunirse a fines de octubre en Italia.

«El desafió de nuestro tiempo es demostrar que las democracias pueden mejorar las vidas de sus ciudadanos y atender los grandes problemas que enfrenta el mundo», explica el comunicado, retomando un tema recurrente de Biden.

El mandatario estadounidense ha expresado su deseo de asumir nuevamente el rol de «líder del mundo libre» que tradicionalmente se otorga al ocupante de La Casa Blanca, luego de las políticas aislacionistas de su antecesor, Donald Trump.

La Casa Blanca describió la cumbre como una oportunidad para los líderes mundiales de escucharse unos a otros y a sus ciudadanos, compartir éxitos, impulsar la colaboración internacional y hablar de manera honesta sobre los desafíos de la democracia en el mundo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este lunes que impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien es acusado de corrupción.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya exonerado a Vargas Valdez,, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos.

«Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales», informó el organismo en un comunicado.

El pronunciamiento de la UIF, que encabeza Santiago Nieto, se produce tras reportarse en el periódico Reforma que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación contra Vargas el pasado 15 de junio.

Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia en 2020 tras encontrarle gastos por 36.7 millones de pesos al magistrado presidente del TEPJF, de 2013 a la fecha, pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.

José Luis Vargas declaró en diciembre ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque la UIF detectó compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.

«José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad», reiteró este lunes la UIF.

El caso ha cobrado relevancia porque el jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.

La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder en turno, que ahora es Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante la polémica que generó la decisión de la FGR, la UIF aseguró que impugnó el «ejercicio de la no acción penal» ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Hacienda incluso notificó de nueva información del caso.

«Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada», sostuvo la dependencia.

La dirigencia nacional del PAN interpuesto este lunes una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra Morena, tras la difusión del vídeo en el que se ve a su hermano menor, Martín Jesús, recibiendo dinero por parte del excoordinador nacional de Protección Civil, David León Romero.

La queja, además de contra Morena, está dirigida contra todos los implicados en el caso.

El representante del PAN ante el INE, Juan Antonio Martín del Campo, ha detallado que la denuncia se ha presentado por una presunta violación a las normas que rigen la financiación de los partidos políticos, «la transparencia y rendición de cuentas en materia de fiscalización de los recursos, así como el presunto uso indebido de recursos públicos para la financiación de campañas electorales».

Martín del Campo ha recordado que la Ley General de Partidos Políticos establece que todos tienen la obligación de reportar los recursos que reciben de particulares y deben presentar informes al INE respecto a su origen y uso.

De forma paralela, ha denunciado que los 150,000 pesos recibidos por el hermano de López Obrador, Martín Jesús,
exceden con mucho la cantidad permitida que una persona puede aportar a un partido.

Martín del Campo ha pedido una «investigación a fondo» y que se sanciones «con todo el peso de la ley» a los responsables.

Recordemos que el portal Latinus reveló el pasado jueves un vídeo que muestra a Martín Jesús López Obrador recibiendo fajos de dinero de manos de David León Romero, una situación similar a la ocurrida con otro hermano del presidente, Pío López Obrador, que se conoció hace un año.

De acuerdo con Latinus, el vídeo fue grabado por David León Romero en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en el que Morena participó en sus primeras elecciones como partido político.

AMLO señaló el viernes durante su conferencia de prensa, que si su hermano había cometido un delito debía ser «denunciado» para que sea castigado, aunque aseguró que la difusión del vídeo se producía para «perjudicarle» y forma parte de una «campaña negra» en su contra.

Al respecto, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, indicó que tras la difusión del video, López Obrador ya no tiene calidad moral para seguir hablando de combatir la corrupción, si no pone el ejemplo sancionando fuertemente a sus familiares y colaboradores más cercanos.

Indicó que cuando el presidente justifica y no sanciona los actos de corrupción de sus familiares y cercanos, hace evidente su incongruencia y complicidad, siendo claramente candil de la calle y oscuridad de su casa.

“Se comprueba fehacientemente que sus hermanos recibieron dinero de manera ilícita y su negativa a reconocer los hechos buscando justificarlos, muestran una total incongruencia y confirma que el discurso del gobierno morenista de combatir la corrupción es pura propaganda y persecución política”, expresó.

El dirigente panista denunció que es muy grave que el Presidente con total cinismo justifique las acciones de sus hermanos diciendo que fueron “aportaciones al movimiento” o “préstamos personales”.

Cortés Mendoza destacó que lo revelado en las videograbaciones con los dos hermanos del presidente, podrían ser solo la punta del iceberg de corrupción que ha envuelto a la familia presidencial, porque también está su prima, Felipa López Obrador, quien obtuvo contratos en Pemex.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no puede seguir engañando a la ciudadanía, y debe dar una explicación creíble ante el evidente acto de corrupción en que han incurrido sus hermanos, el más reciente Martín Jesús López Obrador, a quien se le ve en un video recibiendo 150 mil pesos de la mano de David León Romero.

“Ya no puede seguir diciendo que su plumaje es como de las aves que cruzan el pantano y no se manchan, su plumaje ya está muy manchado y lo está manchando todavía más su familia, a quien se niega usted a investigar”, le recriminó el perredista.

Zambrano Grijalva criticó que el Ejecutivo Federal siga argumentando que el video proviene del bloque opositor que quieren manchar su imagen. Criticó que AMLO no solicite  a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a las fiscalías correspondientes que hagan una investigación a fondo.

 

Ante los dichos del presidente sobre que no es igual a los políticos de antes, Jesús Zambrano le dijo que esa idea no es creíble, pues se está demostrando que es «más corrupto que todo lo que criticaba anteriormente”.

Por su parte la bancada del PAN en la Cámara de Diputados preguntó «cuántos López Obrador se necesitan para que se investiguen sus actos de corrupción».

Acusaron que el presidente sigue solapando los actos de corrupción al interior de su gobierno, actos provenientes de sus familiares y amigos, demostrando que es la administración de la opacidad y la complicidad, pese a que presumieron luchar contra este tipo de actos.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, lamentó que primero haya sido Pío y ahora Martín López Obrador quienes aparezcan cometiendo estos actos.

Entre aportaciones al movimiento y préstamos, López Obrador justifica la corrupción entre él y sus más cercanos. Es muy grave la corrupción y el cinismo con el que miente este gobierno», dijo el panista.

Los senadores del PAN afirmaron que la familia del mandatario está llena de corruptos que deberían estar sentados frente a un juez, y lamentaron que gocen de la impunidad que les otorga el Presidente.

El Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos publicó este jueves una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que destacan el expresidente hondureño Porfirio «Pepe» Lobo y su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.

“La corrupción corroe la confianza pública; obstaculiza la gobernanza eficaz; distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios; socava los esfuerzos de desarrollo; contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración; y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones u oligarcas desobedecen el estado de derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma «, señaló la dependencia.

El listado incluye a personas que, según Estados Unidos, son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica y en los que la Administración del presidente Joe Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular hacia el país.

El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la «Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte», aprobada en diciembre pasado y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel.

Dicha norma establece la creación de una «lista Engel» de actores corruptos y antidemocráticos a quienes se les negará la entrada a EUA y que no podrán obtener visados para viajar a ese país.

En total, el reporte incluye a 55 funcionarios acusados de corrupción: 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.

En el caso de Honduras, EE.UU. acusa a «Pepe» Lobo de haber aceptado sobornos de un cartel del narcotráfico y asegura que su esposa malversó fondos. Además, el Departamento de Estado señala por corrupción a los diputados Juan Carlos Valenzuela Molina, Welsy Milena Vásquez López, Milton Jesús Puerto Oseguera, Gustavo Albert Pérez, Óscar Nájera y Gladys Aurora López, entre otros.

En el informe, no aparece el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al que la Fiscalía de Nueva York vincula con actividades de narcotráfico.

Con respecto a El Salvador, el informe acusa a la jefa del Gabinete del presidente Nayib Bukele, Carolina Recinos, de haber incurrido en una «corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal» y asegura que también participó en un esquema de lavado de dinero.

La «lista negra» también incluye a Rogelio Rivas, separado del cargo de ministro de Seguridad a mediados de marzo pasado.

De igual forma son mencionados José Luis Merino, quien fue viceministro de Relaciones Exteriores, exguerrillero y uno de los principales líderes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN y procesado actualmente bajo cargos de corrupción.

Por otro lado, en lo relativo a Guatemala, el informe menciona al congresista Boris Roberto España Cáceres y al exprimer secretario del Congreso de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana, quien ya fue sancionado por EUA y al que ahora se le acusa de «haber participado en actos de corrupción para enriquecerse a sí mismo».

La «lista negra» incluye los nombres de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exjefe de gabinete del presidente Álvaro Colom y del excandidato presidencial Mario Amílcar Estrada, condenado por narcotráfico a 15 años de prisión en febrero de este año por una corte de Nueva York.

En un comunicado, el secretario de Estado de EUA, Antony Blinken, explicó que el objetivo de la lista publicada hoy es «apoyar al pueblo de Guatemala, Honduras y El Salvador en sus esfuerzos para formar una región democrática, próspera y segura».

Y es que el presidente Joe Biden se ha propuesto combatir la corrupción e impulsar programas de desarrollo en los países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular.

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Ante la difusión y eco que tuvieron las declaraciones que hizo a la agencia EFE, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tuvo que aclarar que cuando dijo que había pedido dejar hacer su trabajo a las ONG’s y a la prensa, se refería únicamente a Guatemala y no a México como inicialmente se difundió.

La portavoz de Harris, Symone Sanders, aclaró que la vicepresidenta solo quiso «referirse a sus reuniones en Guatemala» cuando respondía a una de las preguntas de la entrevista realizada este jueves.

La pregunta de la agencia EFE mencionaba tanto a Guatemala como a México, y planteaba cómo puede Estados Unidos asegurarse de que fortalece a la sociedad civil en esos países, en los que hay intentos de limitar las actividades de algunas organizaciones.

El enunciado de la cuestión mencionaba tanto la ley guatemalteca, que puede amenazar la actuación de muchas ONG’s, así como las advertencias del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de que Estados Unidos no financie algunas organizaciones.

Harris respondió que ese fue un tema que «planteó» en su viaje de esta semana, sin especificar si fue en su escala del lunes en Guatemala o del martes en México.

«Déjeme decirle que ese tema lo planteé, porque es una preocupación concreta que tengo. Es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro», afirmó la vicepresidenta en la entrevista.

A continuación, añadió que fue muy franca tanto con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei como con el presidente López Obrador sobre las preocupaciones de su gobierno sobre la corrupción y la impunidad.

Recordemos que previo a su visita a México, el gobierno federal, específicamente a través de la cancillería, había dejado en claro que no se trataría durante las reuniones la nota diplomática que México envió a Estados Unidos denunciando que EUA financia a ONG’s que intervienen en política interna, en referencia a Artículo 19 y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

ARTURO SARUKHÁN

EL UNIVERSAL

 

 

Hace algunos años y en plena crisis humanitaria causada por los flujos de refugiados sirios cruzando territorio turco hacia Europa, diversos países de la Unión Europea buscaron que el gobierno de Turquía, encabezado por el presidente Recep Erdogan, detuviese ese movimiento masivo y trágico de familias enteras huyendo del conflicto y de crímenes de lesa humanidad propiciados por el régimen sirio. El quid pro quo tácito fue que varios gobiernos europeos se hiciesen de la vista gorda y no se pronunciaran sobre la política interna turca y la creciente degradación democrática en curso en ese país. Hoy, Estados Unidos podría estar cayendo en ese mismo error, o en lo que yo llamaría la “Trampa Erdogan”. Es decir, que cara a las elecciones intermedias legislativas del próximo año y el alcahueteo político y electoral del tema por parte del Partido Republicano, Joe Biden requiere contar, a toda costa, con el apoyo cabal mexicano para encarar los efectos de la transmigración centroamericana y disminuir sensiblemente los flujos de migrantes en la frontera con nuestro país. A cambio, para no contaminar esa posibilidad de cooperación mexicana y ante la particular manera en la cual el Presidente López Obrador concibe en esta coyuntura la relación con EU, Washington decidió que por el momento no cuestionará o presionará al gobierno y presidente de México en otros temas bilaterales sensibles y particularmente en aquellos de política interna mexicana que apuntan a la erosión de la democracia mexicana.

Qué duda cabe que la actual administración estadounidense debe hilar fino con México. A diferencia de Trump, a quien le importaba un pepino la relación con México o la política interna de nuestro país, Biden entiende que las fortalezas económica y democrática mexicanas son factores estratégicos para el bienestar y la seguridad de EE.UU. También tiene clara la proclividad del presidente mexicano por el hombre al que él derrotó en las urnas en noviembre pasado. Y ha detectado la inclinación de su homólogo de estar buscando en este momento -ante un gobierno que, a diferencia del de Trump, busca compartimentalizar de nuevo la relación y evitar que diferendos en un tema específico contaminen la agenda en su conjunto- un pulso de tensión con Washington, enmarcado en su narrativa de ellos vs nosotros, en su perspectiva particular de las relaciones internacionales y del vínculo con EU, así como su rechazo a una realidad inexorable: los vasos comunicantes que existen entre la política interna de cada nación y la agenda bilateral. Por ello Biden y su equipo han buscado desde el primer día minimizar las probabilidades de que López Obrador encuentre oportunidades para detonar casus belli con el gobierno estadounidense, tal y como ha ocurrido con el frente que abrió atacando el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil en México (después de haber ignorado convenientemente que éste se dio también durante la gestión de Trump en la Casa Blanca) y que de manera tácita e indirecta fue atajado con el pronunciamiento general en el sentido de que EU seguirá apoyando, como eje de seguridad nacional interno y en el mundo, a ONG dedicadas a fomentar la transparencia y combatir la corrupción. Es en este contexto complicado que se encuadra la visita de la Vicepresidenta Kamala Harris a México.

Su viaje a México se originó como parte de la estrategia estadounidense para detener la escalada en los flujos migratorios estacionales en la región y como un esfuerzo para convertirla en pieza central de interlocución con el gobierno mexicano. Por ello fue ella quien anticipó la semana pasada a López Obrador el anuncio que haría la Casa Blanca más tarde ese día acerca del envío de dosis de vacunas a nuestro país. Y si bien pasarán algunos días antes de que tengamos una lectura más granular de los temas que se abordaron -y sobre cómo fueron abordados- en la reunión de ayer en Palacio Nacional, la vicepresidenta aterrizó el lunes por la noche en la Ciudad de México con una agenda conformada básicamente por el tema migratorio y la cooperación bilateral en la materia; los esfuerzos para garantizar que la vacunación blinde a ambos lados de la región fronteriza de nuevos casos o rebrotes, evitando en una especie de cordón sanitario nuevas disrupciones en las cadenas esenciales de suministro y dando pasos hacia la reapertura total de la frontera; la importancia de los temas ambientales y laborales como parte de las obligaciones mexicanas al amparo del TMEC; y un apuesta al reinicio de conversaciones sobre la cooperación en materia de seguridad. Dada la enorme complejidad y amplitud de la agenda bilateral -para Washington, única quizás en el mundo en función de ese abanico temático tan amplio- y ya no digamos los innumerables temas de política interna que impactan esa agenda y la relación entre ambas naciones, esta es una agenda temática indudablemente constreñida.

Los flujos migratorios centroamericanos ya han empezado a disminuir, como ocurre año con año con la temporada de lluvias. Y con una administración que con el paso de los meses ha alcanzado una mejor capacidad de gestión -ciertamente facilitada por la labor mexicana en prevenir cruces indocumentados hacia Estados Unidos- para enderezar la situación desastrosa que se encontró como legado envenenado trumpista en materia de política migratoria y de asilo a fines de enero cuando tomó las riendas de gobierno, la pregunta obligada es si Biden empezará a ampliar la agenda diplomática con México para incluir, de manera pública o en privado, otros temas esenciales para el futuro de la relación.

Biden y Harris ciertamente hacen bien en buscar evitar darle excusas al presidente mexicano para torpedear el diálogo integral que debe darse entre ambas naciones, y considero que es buena apuesta que la vicepresidenta se consolide como interlocutora privilegiada del gabinete estadounidense con México, sobre todo si se trata de buscar mitigar y darle la vuelta al recelo y resentimiento que López Obrador carga con los Demócratas en virtud de que considera que no lo apoyaron cuando buscó impugnar y cuestionar los resultados electorales de 2006 y 2012 en México. Pero en algún momento, la Administración Biden tendrá que empezar a ocuparse de los demás temas de la agenda bilateral: desde la infraestructura fronteriza, las energías renovables y el cambio climático hasta la indispensable cooperación en todos los temas de seguridad e inteligencia, el agua de los ríos Bravo y Colorado y la mitigación del impacto ambiental que generó el muro de Trump o la construcción de un andamiaje comercial y económico que permita a Norteamérica competir con China. Y como parte de esa ampliación temática, la preocupación por una presidencia imperial y por la vitalidad democrática en México, por sus pesos y contrapesos, su separación de poderes y sus organismos autónomos, por el papel de medios y sociedad civil en la rendición de cuentas, la pluralidad, la tolerancia y una democracia participativa, tendrán que jugar un papel en el cálculo estadounidense de cómo interactuar con este gobierno mexicano. Veremos si con la visita de la vicepresidenta -o a partir de ella- se empieza a perfilar esa agenda y si Estados Unidos sale de esa trampa en la que podría haber caído y en lugar de jugar matatenas, empieza a jugar ajedrez en la relación bilateral.

El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reafirmaron este miércoles el interés de ambas naciones en fomentar el desarrollo de Centroamérica para lograr una «migración ordenada, segura y regular» en la región.

Durante una reunión en Costa Rica, donde ambos funcionarios sostuvieron encuentros con varios de sus homólogos centroamericanos, Ebrard y Blinken abordaron también la cooperación en materia de vacunación contra el COVID-19 y en seguridad, así como los preparativos para la visita de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, a México la próxima semana.

Blinken aprovechó para pedir a los países centroamericanos un mayor compromiso democrático y por los derechos humanos, al tiempo que enfatizó en la necesidad de trabajar en conjunto para solucionar los problemas que causan la migración.

El funcionario estadounidense afirmó que al igual que en otras partes del mundo, en Centroamérica se han observado «retrocesos» en principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos. Sin señalar algún país en particular, aseveró que espera de Centroamérica una «renovación del compromiso» de la región hacia la Carta Democrática Interamericana, especialmente en lo referido al respeto a las instituciones, el estado de derecho, a la libertad de prensa, entre otros.

Tras la reunión de cancilleres, que se llevó a cabo a puerta cerrada y sin declaraciones posteriores a la prensa, la Cancillería costarricense emitió un comunicado en el que celebró la realización del encuentro y detalló que se discutieron otros temas como la lucha contra la corrupción, recuperación de la económica verde, entre otros.

«Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA, México y Estados Unidos coincidieron en la importancia de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y la transparencia, para la alcanzar la reactivación económica de los países de la región», señala el comunicado oficial.

Según la información, el secretario Blinken reiteró el ofrecimiento de Estados Unidos de poner a disposición 80 millones de vacunas contra la COVID-19 a nivel global, cuyo plan de distribución se está trabajando con criterios científicos y de equidad, y no políticos.

Adicional, Blinken reiteró que el gobierno de Estados Unidos seguirá destinado recursos a ONG’s de países del triángulo norte, esto debido a los niveles de corrupción gubernamental que se registran.

De acuerdo con el periodista Armando Guzmán, reportero de Washington Insider, durante la conversación, Blinken reafirmó que a Estados Unidos le preocupa la corrupción en los gobiernos y por ello destinará 4 mil millones de ayuda a organizaciones civiles.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que la embajada de Estados Unidos está repartiendo «maíz con gorgojo».

Al ser consultado sobre si los aparatos de inteligencia deberían de seguir las actividades de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por sus esfuerzos por «desestabilizar» la situación política del país, el presidente dijo que aunque está mal que se siga financiando a estas organizaciones, no se utilizará a organismos de inteligencia del gobierno federal para espiar a sus adversarios.

López Obrador aseguró que en México no se limita la libertad de expresión, además de que no se censura a nadie.

“Esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos, o sea que la Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo», expreso el mandatario.

El lunes pasado, AMLO lamentó que el gobierno de EUA no haya respondido a la nota diplomática que envío sobre el asunto.

«Eso es indebido, el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales. Nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre, soberano, no tienen por qué hacerlo”, dijo en su momento el mandatario.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la extradición a México desde Reino Unido de Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, todavía no tiene fecha debido a retrasos por la pandemia de COVID-19.

«Desde marzo pasado la Fiscalía británica expresó su disculpa por la demora en el desahogo del caso, en razón de la pandemia que ha limitado sus actividades, ya que las oficinas gubernamentales del Reino Unido han estado cerradas por largo tiempo», indicó la Fiscalía en un comunicado.

Asimismo, detalló que «la Corte de Magistrados de Westminster está a la espera de los trámites correspondientes para fijar la fecha de la audiencia de extradición».

Recordemos que la esposa de Duarte fue detenida en Londres, ciudad en la que vive junto a sus tres hijos desde 2017, el 29 de octubre de 2019 por una demanda de extradición presentada por las autoridades de nuestro país.

El juicio de extradición de Macías, quien quedó en libertad bajo fianza, estaba previsto para octubre del año pasado pero fue pospuesto por la pandemia.

La FGR reiteró que a Macías se le impusieron «medidas cautelares consistentes en un brazalete de localización, la firma periódica en una estación de policía de la ciudad de Londres, y el impedimento de acercarse a estaciones marítimas, terrestres y aéreas».

La orden de extradición sobre Macías responde a la acusación por presuntos desvíos monetarios cuando presidió la presidencia del sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que ascenderían a 100 millones de pesos.

Duarte, quien dejó el gobierno de Veracruz en 2016 y huyó a Guatemala, fue detenido en 2017 y condenado a nueve años de prisión en septiembre de 2018 tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero.

Adicional, la FGR informó que está investigando por corrupción al panista Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz entre 2016 y 2018.

Señaló que a finales del año pasado se recibió denuncia en contra del exgobernador, lo que llevó a iniciar una investigación por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), durante el sexenio de Felipe Calderón.

La Fiscalía precisó que está a la espera de la información requerida al ISSSTE, para avanzar en el procedimiento y en su caso, establecer las presuntas responsabilidades que puedan derivarse de dicha investigación.

Yunes acusó que a 11 años de haber dejado la titularidad del ISSSTE, y coincidentemente con el proceso electoral que se vive en el país, se inicie una investigación en su contra.

Dijo que la denuncia fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

«No es casual que la denuncia de la UIF se ‘filtre’ en plena campaña electoral»; lamentó que el caso se ocupe para lastimar a sus hijos, uno de ellos candidato en Veracruz y otro como alcalde en funciones.