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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó esta mañana que el gobierno federal pretenda intervenir en la realización de los comicios que se celebrarán este año, en Coahuila e Hidalgo, tal como lo han solicitado los partidos políticos, alegando la pandemia que afecta al país.

«Tiene que resolverlo el INE, ellos tienen que decidir, no el gobierno federal, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación, es el INE el que tiene que decidir», contestó AMLO al tema.

Afirmó que no le corresponde al gobierno federal intervenir en esos temas, pues además de que no es un tema de competencia legal para su administración, indicó que ya no son los tiempos de antes, donde los procesos electorales se manejaba desde la Secretaría de Gobernación.

«Queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones, en el INE, que sean independientes, que sean autónomos, que no dependan del gobierno. Ya no queremos lo que sucedía anteriormente, que les daban órdenes a los consejeros del INE para avalar irregularidades, por decirlo amablemente», añadió el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si la Secretaría de Salud podría intervenir al emitir algún decreto considerando la pandemia de Covid-19, el presidente dijo que no, y explicó que lo único en lo que podrían participar, como ya se ha hecho, es en la definición de los protocolos que se deben cumplir todos los mexicanos

Y es que el pasado 30 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció como fecha de la Jornada Electoral de los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo el 18 de octubre de 2020, además de que  determinó la reanudación de las actividades inherentes a su desarrollo, mismas que habían sido suspendidas temporalmente el 1 de abril de 2020, con motivo de la pandemia.

En consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que, si bien es responsabilidad de la autoridad electoral garantizar el derecho al voto, ello no puede suponer entrar en conflicto o contradicción con otros derechos fundamentales, como es el derecho a la salud.

En su momento, Córdova Vianello enfatizó que el acuerdo se logró tras alcanzar un consenso entre el INE, los partidos, las autoridades electorales locales, los actores políticos y los gobiernos estatales.

El Consejero Uuc-kib Espadas refirió que la autoridad electoral ha enfrentado elecciones en condiciones adversas en materia de violencia e inseguridad y las elecciones no se han suspendido. “No podemos, en este momento, asumir el precedente de que las elecciones se dan obligatoriamente, a menos que las condiciones no lo permitan”.

En otros temas, el presidente López Obrador se refirió al tema de la inseguridad y combate a los grupos delincuenciales. Dijo que se terminaron los tiempos en que se protegía a un grupo para perseguir a otros, y señaló que eso es lo que tiene hoy en día en la cárcel al que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

«Se aplica la ley por parejo, se tiene una nueva estrategia que consiste fundamentalmente en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, atender al pueblo, que no haya pobreza, que los jóvenes no sean abandonados para que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que nos los enganchen, que puedan tener trabajo, puedan tener garantizado el derecho al estudio y que no haya corrupción, que no haya impunidad, que se utilice más inteligencia que la fuerza para que no haya torturas, masacres, todo eso que sucedía. Ahora es otra estrategia y nos está dando buenos resultados, vamos a seguir actuando de esa forma», remató.

RAYMUNDO RIVA PALACIO

EL FINANCIERO

Termina la semana de Emilio Lozoya, pero los merolicos siguieron inyectando involuntariamente combustible al sarcasmo, y mostrándose desarticulados, sin ejes claros, con ocurrencias que luego tienen que corregirse, e intentos vehementes para tratar de explicar que estamos mejor que antes, aunque estemos peor que nunca.

Los números no mienten: nunca se destruyó tanto valor en tan poco tiempo como ahora; nunca hubo un periodo más violento en nuestra historia, que en los primeros 18 meses de este gobierno; nunca se tiró tanto dinero público a la basura –¿dónde quedaron los 300 mil millones de pesos que le dejó en caja el gobierno anterior?–, y nunca se gobernó con tantas ocurrencias y contradicciones.

Se apela a que nunca más dependeremos de hidrocarburos del exterior, por lo que se construirán refinerías y se dejará de vender petróleo al mundo, porque la soberanía nacional –con su marco de referencia de hace casi medio siglo– está por encima de todas las cosas. Pero de repente, como el inquilino del Palacio dice que las empresas farmacéuticas son unas sanguijuelas que formaron parte de la corrupción del pasado, se anuncia que México se va a comprar medicinas al mundo, quedando subordinados al extranjero en medicinas.

El Honorable Congreso celebra una sesión extraordinaria para aprobar los caprichos del Presidente. La industria farmacéutica con la que no va a tratar en México es la misma a la que le comprarán lo mismo, a mayor costo, en el extranjero. Si alguien en Palacio revisara los antecedentes, sabría que hubo gobiernos anteriores que hicieron cosas similares y salió peor y más caro. Hoy no importa. Las medidas a rajatabla construyen imaginarios, no atajan realidades. Si se aduce corrupción, debería atacarse la corrupción y dejarse de balandronadas. Si para evitar que la gangrena suba del pie, ¿por qué se asesina al individuo?

La nueva decisión es reconocimiento implícito de que la política de compras consolidadas desde la Oficialía Mayor de Hacienda fracasó. En el caso de las medicinas, el asesor fue el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que a las facturas que tendrá que pagar por el manejo del Covid-19, se le sumará el desabasto de medicinas para el cáncer y para el VIH. Los muertos que se acumularán por esa decisión de gobierno podrían vincularse con la política que decidieron tres personas, porque el primer inquilino de Palacio asumió la punta de la cadena de mando, y plantear en una corte internacional que hubo una política de Estado que tuvo como objetivo un grupo específico de personas que, como resultado, fallecieron. No será Ruanda o Bosnia, pero el principio –aunque aquí por ignorancia o incompetencia– es el mismo.

De palabras estamos llenos. A mediados de junio decía el Presidente que los indicadores de la economía iban mejorando y que ya se había tocado fondo. Ayer, el Inegi reportó que el segundo trimestre del año, al que se refería el inquilino del Palacio, provocó una caída de 17.3 por ciento en términos reales, y 18.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019, que es el peor resultado en la historia. Pero como siempre sucede, la fuga es hacia delante. “Ya esperábamos estos datos”, dijo el inquilino de Palacio, desmintiéndose a sí mismo de su afirmación hace cinco semanas. Y para no olvidar, otra perla: la caída en el crecimiento no genera más pobreza. Para Premio Nobel de Economía.

Pero vamos a estar mejor, de cualquier forma, porque la economía repuntará en agosto. Ya veremos, no si tiene razón, sino qué dirá cuando los datos digan lo contrario. Si el primer trimestre del año estuvo mal, el segundo peor, y el tercero no será mejor y arrastrará al cuarto, quizás los bancos, organismos internacionales e instituciones mexicanas, así como los economistas más cercanos a sus proyectos, tienen razón y la contracción alcanzará los dos dígitos. La única forma como podría haber una buena y rápida recuperación es si el rebrote de Covid-19 no es tan severo como en otros países.

Pero sobre esto no sabemos, porque vivimos en la dimensión desconocida, por cortesía del merolico mayor que cobra como subsecretario de Salud, que como dice una cosa dice otra, y luego dice que nunca dijo lo que sí dijo. Pero, en abono a él, es la marca de la casa. ¿Se acuerda cuando la violencia iba a desaparecer en los primeros seis meses de 2019 porque todo se trataba de que los sicarios descubrieran que sembrando árboles o consiguiendo una beca de jóvenes iba a cambiar su modus vivendi?

Ya sabemos qué sucedió. En los primeros 18 meses de este gobierno, casi 100 personas fueron asesinadas cada 24 horas, para un total de 53 mil 628 personas, dos veces las registradas en el gobierno de Felipe Calderón, a quien los fieles del inquilino de Palacio llaman diariamente “asesino”, y 55 por ciento más alta que en el de Enrique Peña Nieto. Todo esto, sin añadir la entrega extraoficial del país a los cárteles de la droga, que como contraprestación, piensa uno, le permiten al inquilino del Palacio viajar sin problema por todo el país, repartiendo abrazos y saludos a quienes, en el pasado eran enemigos del Estado mexicano. Ahora ya no. Los enemigos pagan impuestos y viven bajo el imperio de la ley. Los nuevos amigos son criminales.

Discurso contra realidad es el nombre del juego, mentiras para ocultar verdades. La memoria histórica no existe en el Zócalo, y en algún momento la fuerza de la palabra de los parlanchines llegará al shock de confianza y colapsará. No está cerca ese horizonte, pero la acelerada degradación de la vida en México llevará a ese punto invariablemente. Es cuestión de tiempo, si no cambia el Presidente de administrar un caos creciente, a gobernar. Por cierto, esto no es mala idea.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en la importancia que tiene la colaboración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ofrecerá información sobre cómo se operó la red de corrupción, a cambio de obtener una reducción en la su condena.

«Con la detención de Lozoya, se van a clarar muchas cosas, porque se va a saber si para la aprobación de la reforma energética hubo dinero de por medio. Si se compró la reforma», contestó AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

AMLO celebró la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), de haber arreglado jurídicamente la extradición de Lozoya, en calidad de testigo colaborador o testigo protegido.

Afirmó que la información que proporcione Lozoya Austin va a ayudar en el propósito de limpiar de corrupción a México.

Además de la reforma energética, dijo que el exdirector de Pemex informará sobre el caso Odebrecht, los contratos que se le entregaron y los sobornos que recibieron de la brasileña, así como lo relacionado con la planta de Agronitrogenados en Coatzacoalcos, Veracruz.

«Se tiene el compromiso de Lozoya de dar información a cambio de una reducción de pena», dijo AMLO, asegurando que además de conocer qué fue lo que pasó y cómo se operó, se busca recuperar el dinero que se involucró en todas las transacciones en que hubo corrupción.

Incluso ayer, el presidente López Obrador hizo un llamado a la FGR a cuidar a Lozoya ahora que está en el país, pues dijo, según información que se tiene, «ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero».

AMLO reconoció que incluso podría estar en riesgo la vida de Lozoya.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se desmarcó del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien llegó en extradición este viernes a nuestro país, así como del proceso que se le seguirá.

El priísta afirmó que “los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el rigor de la ley”. Rechazó los señalamientos que buscan «igualar la conducta de un individuo (Lozoya) a la de una institución, en este caso, el partido.

Moreno aclaró que no hay registro, ni en el padrón actual ni en el anterior, de que Emilio Lozoya haya militado un solo día en el tricolor.

Aseguró que el PRI «rechaza la corrupción y sus consecuencias y apoya las legítimas causas y demandas de la sociedad civil para combatir la corrupción”.

Coincidió en que será la Fiscalía General de la República (FGR) la responsable de que se lleve el debido proceso, respetando los derechos de Lozoya, como a cualquier ciudadano.

Alejandro Moreno rechazó las calificaciones y acusaciones generalizadas de que la corrupción ha llegado al extremo en el país, y quienes aseguran que todos los mexicanos son corruptos, en especial aquellos señalamientos que se hacen al partido.

“Existen deficiencias en el sector público que llevaron a la deslealtad de funcionarios y desviaciones de su encargo”, subrayó el dirigente del PRI.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional se harán cargo a partir de hoy, de la gestión y control de las aduanas y los puertos del país, con el fin de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

«Hemos tomado la decisión, acabo de darlo a conocer, de que las  aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos de la  Sedena y de Marina, y lo mismo en los casos de los puertos del país, para que haya seguridad, que se evite la introducción de drogas», dijo desde Manzanillo, Colima.

AMLO indicó que el «mal manejo» y «la corrupción» que imperaba en las adunas y puertos, permitieron el «contrabando»; dijo que a raíz de la corrupción que impera en las aduanas y puertos, se introduce al país «droga de la mas destructiva y dañina, que destruye a nuestros jóvenes».

Aseguró que dichas prácticas explican «mucho los atentados y homicidios que hay en Colima y en otras partes del país».

López Obrador precisó que notificará formalmente de su decisión al secretario de Comunicaciones y Transportes. Reiteró una vez más su compromiso por «limpiar y renovar» los puertos y las  aduanas.

Recordemos que el mandatario nombró el pasado mes de abril a Horacio Duarte como titular de la Administración General de Aduanas, el tercer nombramiento al frente de este organismo desde que asumió el poder en 2018.

El presidente dijo este viernes que se han «removido» algunos administradores de aduanas en los últimos días por «posibles ilícitos» y seis están siendo investigados.

Duarte, presente en la conferencia, dijo que en las 49 aduanas del país, tanto marítimas, interiores como fronterizas, ya había presencia de soldados, pero se establecerá un mecanismo para que las administraciones sean ocupadas por personal del Ejército o la Marina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien ya se encuentra en México, será un «testigo colaborador» de la Fiscalía para destapar a implicados en casos de corrupción.

«Tengo información, porque lo ha manifestado la Fiscalía, de que hay un compromiso o un acuerdo para que el señor Lozoya informe de lo que sucedió. Es una especie de testigo protegido, aquí se le llama testigo colaborador», expresó en su conferencia de prensa matutina.

El mandatario confió que gracias a lo que de a conocer Lozoya, «se sabrá quienes están implicados y hasta dónde llegan» los casos de corrupción en la Administración de Enrique Peña Nieto.

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 está acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht y participar en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de una planta de fertilizantes.

Según ha trascendido, Lozoya, que fue capturado en España el pasado 12 de febrero, aceptó ser extraditado a México con grabaciones que implicarían a varios políticos en tramas de sobornos.

«Acerca de esta extradición es algo muy importante para seguir limpiando de corrupción el país, para que no haya repetición de estos hechos vergonzosos», añadió López Obrador.

El presidente defendió que hay que «estigmatizar» la corrupción con este tipo de investigaciones, pero recordó que no es partidario de juzgar a sus predecesores.  «Creo que no debemos anclarnos en el pasado, debemos pensar hacia adelante e iniciar una etapa nueva, como ya está sucediendo, sin permitir la corrupción», expresó.

Recordemos que el mandatario ha dicho en varias ocasiones que para juzgar a los expresidentes, los ciudadanos tendrían que decidirlo en una consulta popular, en la que López Obrador votaría en contra.

AMLO indicó que este mediodía iniciarán las diligencias en el caso de Lozoya Austin; además, adelantó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) participará en el inicio del proceso.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, que arroja información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y bajo demanda, así como las experiencias en la realización de pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contactos con autoridades.

En las experiencias relacionadas con la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con servidores públicos realizados personalmente, en 79.3% de los casos los usuarios manifestaron sentirse satisfechos en términos generales.

Durante 2019, la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción en instituciones de gobierno se redujo, al pasar de 91.1% en 2017, a 87% en 2019.

Sin embargo, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017, a 15,732 en 2019; al igual que la tasa de incidencia, la cual pasó de 25,541 actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en 2017 a 30,456 en 2019.

Por otro lado, el mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2% de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25%.

El costo total en 2019 a consecuencia de la corrupción en la realización de trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con la autoridad fue de $12,770 millones, equivalente a $3,822 por persona afectada; el mayor costo provino de trámites educativos.

La información dada a conocer por el INEGI sirvió para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) asegurara que la percepción de confianza de la población en el Gobierno Federal se duplicó en 2019 con respecto a dos años antes.

«Este cambio es histórico», expresó la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien destacó que de acuerdo con la encuesta, el Gobierno Federal es el más honesto de los tres órdenes de gobierno.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros celebró que los datos de la ENCIG «demostraran» que se logró duplicar la población que confía en el gobierno federal, pasando de 25.5% en 2017 a 51.2% en 2019.

HÉCTOR DE MAULEÓN

EL UNIVERSAL

 

 

La historia comenzó con una llamada de extorsión hecha al azar desde el penal de Altamira, Tamaulipas. “Tengo secuestrado a tu hijo, lo voy a matar”, le dijeron al hombre que contestó.

Quiso el azar que la víctima tuviera, en efecto, un hijo de 24 años, y que este fuera además un policía militar que ese mismo día había llegado a hospedarse a un hotel de la ciudad de México: el Ambos Mundos, ubicado en Tacubaya.

En el centro de reclusión de Altamira hay gente que debido a la imparable corrupción pasa el día entero intentando diversos mecanismos para extorsionar. La víctima creyó lo que le dijeron, quedó a merced del extorsionador. Este obtuvo toda la información que más tarde iba a utilizar: el nombre y la edad del policía militar, y el número de su teléfono celular, entre otros datos. Obtuvo también información detallada sobre su vida y la de su familia. Obligó al padre a tomarse una foto y enviársela.

Comenzó el atroz proceso de presión empleado por los extorsionadores para que la familia del joven policía militar pagara una cantidad abultada por su supuesto rescate.

Las cosas, como se sabe, no terminaron ahí. Esa noche, el policía militar —lo llamaré “A”— recibió en su hotel una llamada en la que un hombre que se presentó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación le anunció: “Tengo secuestrado a tu padre, lo voy a matar”.

Con un lenguaje excesivamente violento, el supuesto jefe del CJNG le fue dosificando la información que había obtenido. “A” también creyó lo que le dijeron, también quedó a merced de su verdugo. Este le sacó nueva información y le obligó a hacer una serie de pagos rápidos.

No solo eso, al percatarse de que “A” se hallaba en un hotel, le ordenó ponerse el traje militar y tocar en la habitación contigua. Una versión recogida por el columnista refiere que el extorsionador había realizado en realidad una videollamada, lo que le permitía tener un control completo de la situación y dirigir lo que estaba ocurriendo.

Cuando el azar se junta con la corrupción se arruina el mundo. Esa noche habían llegado al hotel 13 enfermeros y enfermeras del IMSS, enviados desde Monterrey para apoyar al personal del hospital provisional Autódromo Hermanos Rodríguez –en el que se atiende a población sospechosa de haber contraído Covid-19.

Entrevistados más tarde, los integrantes del equipo médico relataron que un militar se presentó de madrugada en su habitación, “mientras sostenía una llamada telefónica”, y se identificó como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Uno de los enfermeros declaró a Milenio que el militar los insultaba y les decía que tenía francotiradores: “Nos decían que nos estaban viendo, que estaban aliados con el gobierno”.

Hacia las tres de la mañana, las víctimas habían sido concentradas en una habitación, la de la jefa de enfermeros. “Nos sacaron información de cuánto dinero teníamos en las tarjetas”, relató una de ellas. Enfermeros y enfermeras se fueron pasando el teléfono, entregándole al extorsionador información sobre sus familias. Más tarde fueron obligados a tomarse fotos desnudos: las fotos les fueron enviadas a sus familiares, “para pedir más dinero como rescate”.

Los trabajadores de la salud dijeron que les impresionó que el que estuviera ahí fuera un militar, y que les dijeran que el hotel estaba rodeado: creyeron que, efectivamente, habían sido secuestrados.

A la mañana siguiente, las víctimas fueron separadas en dos grupos: unas permanecieron en el Ambos Mundos; otras fueron conducidas por “A” a un hotel cercano, el Bonn. El interno de Altamira obligó a algunos a ir al banco para realizar más retiros.

El 19 de mayo, personal de la Fuerza Antisecuestro y la Policía de Investigación recibió una llamada. El extorsionador o los extorsionadores también habían llegado hasta la directiva del hospital Autódromo Hermanos Rodríguez. Les dijeron que tenían secuestrados a los 13 enfermeros, les dieron sus nombres y les pidieron una fuerte suma por la liberación de cada uno. Las llamadas llegaron del 81 27 31 08 85.

Trabajos de inteligencia realizados por la FAS-PDI determinaron que la extorsión venía del penal de Altamira. Por medio de telefonía, determinaron también el lugar en el que se hallaban las víctimas.

Agentes de la policía arribaron al lugar en cosa de minutos. Habían logrado impedir que la directiva del Hermanos Rodríguez cayera en la trampa, pero era demasiado tarde para el equipo de enfermeros.

Los 13 habían llegado a la ciudad a dar lo mejor de sí, y para luchar contra un monstruo. Fue otro el que se encontraron.

“A”, el más importante de los enganchados, se encontraba ayer declarando en la FAS.

La lección es descorazonadora. No pueden limpiar una cárcel, ¿cómo van a limpiar un país?

 

@hdemauleon
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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que se defenderá en tribunales la decisión que se tomó en su administración de suspender la operación de centrales privadas de energías renovables, pues aseguró que es necesario poner orden en el sistema eléctrico nacional.

«Tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas», declaró.

López Obrador enumeró los cuatro elementos que componen su política en materia de energía eléctrica: el respeto al Estado de Derecho, la postura a favor de energías limpias, no aceptar la corrupción en el sector, y la defensa jurídica de la postura gubernamental.

“No hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos, lo que se está haciendo es que no haya corrupción, que no haya sobreprecios, que significa que el pueblo pague más; lo que estamos garantizado es que haya pecios justos y que no se afecte a los ciudadanos”, señaló el mandatario.

Precisó que su gobierno no está en contra de la generación de energías limpias como lo han acusado sus detractores; y dijo que por el contrario, se impulsarán cada vez más las energías alternativas. Dijo que de lo que sí está en contra es de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante el periodo neoliberal en la industria eléctrica. «Ese es el fondo del asunto».

Al ser cuestionado sobre los amparos que se han otorgado luego del acuerdo publicado por la SENER, AMLO dijo que serán respetuosos de las decisiones de los jueces. «Vamos a ser respetuosos de la legalidad como lo hemos demostrado. El Poder Judicial es autónomo e independiente y vamos a respetar las decisiones de los jueces», afirmó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que el ensayo que escribió sobre la nueva economía en los tiempos de la pandemia, sirve para explicar y para que se quiten los miedos la clase empresarial, pues dijo, no tiene nada en contra de ellos, sino de la riqueza mal habida.

Al asegurar que sus detractores afirmaban que se le iba a caer la recaudación a su gobierno, señaló que en su ensayo alcanzó a incluir la cifra de que hasta el 15 de mayo, la recaudación tuvo un incremento de 4.9 en términos reales.

«¿Por qué aumenta la recaudación? Porque nos están ayudando, no están dando su confianza los contribuyentes y porque también ya no se condonan impuestos», señaló el mandatario.

Pidió recordar cuánto se dejaba de cobrar a grandes empresarios en las administraciones pasadas.

Dijo que en su ensayo menciona que se condonaron cerca de 280 mil millones de pesos en los dos sexenios anteriores; y empresas que debían hasta 10 mil millones y que se les terminaba condonando, mientras que los campesinos o los obreros tenían que pagar la totalidad de sus impuestos. Calificó dichas prácticas como una «gran injusticia».

En ese sentido, aseguró que su gobierno no es uno de ocurrencias, sino de teoría y práctica, de pensamiento y acción.

«Sirve para explicar, sirve también para que se quiten miedos, que quede ya de una vez y para siempre claro que nosotros no estamos en contra de los empresarios; al contrario, lo que queremos es que sigan participando, que sigan invirtiendo. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida y estamos en contra de la corrupción», destacó el presidente.

Acusó que no hay piso parejo cuando por influyentismo, grandes empresas no pagan impuestos, y otras sí tienen que pagar porque no tienen influencias.

AMLO dijo a los empresarios que se pueden hacer negocios y obtener ganancias razonables, pues es algo lícito; lo que no se permite es la corrupción, el tráfico de influencias, la impunidad, advirtió el presidente.

El diputado del PAN, Luis Mendoza Acevedo, propuso subastar el inmueble que utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para su campaña electoral, la cual era propiedad de un colaborador cercano al director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

El inmueble ubicado en la calle de Chihuahua 216, en la colonia Roma, alberga actualmente las oficinas de Morena, y recientemente se dio a conocer la noticia sobre su adquisición a la empresa Top Real Estate Company, cuyo accionista es José de Jesús Hernández Torres, hombre ligado al actual titular de la CFE.

A través de un comunicado, el legislador panista señaló que “es un claro indicio de corrupción al más alto nivel”.

Ante dicho panorama, el diputado exigió al director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, incautar la propiedad y subastarla en los términos de Ley, por tener sombras de irregularidad.

“El dinero recabado debe ser destinado para pagar gratificaciones al personal de salud, comprar insumos o bien, habilitar este inmueble como un Centro de Atención Covid-19; ya que la casa está muy bien acondicionada y tiene espacios que pueden aportar a los médicos o enfermos”, indicó.

El diputado panista comentó que hay muchas formas de sacarle provecho a la “Casa Bartlett”, por lo que le pidió al presidente convencer al dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que facilite los trámites o bien, no darle tantas vueltas y donar el inmueble a la causa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a retomar el tema de los créditos que la IP acordó con el BID Invest; dijo estar de acuerdo en que los empresarios busquen créditos, pero no a costillas del erario.

Ayer, el mandatario manifestó su oposición a que el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hayan pactado otorgar hasta 12 mil millones de dólares en créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas y que lo avalara la Secretaría de Hacienda.

Hoy, López Obrador mencionó que su gobierno será muy vigilante de que los empresarios que accedan a estos créditos los paguen y que no pasen a ser deuda pública.

“No nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario, ademas eso es lo más normal, el que las empresas puedan obtener créditos, ellos tienen capacidad para obtener créditos. Lo que no vamos a permitir es que esos créditos sí no se pagan pasen a ser deuda pública, o sea nosotros no avalamos eso», mencionó esta mañana en su conferencia de prensa matutina.

Indicó que su gobierno no puede darle un trato preferencial a quienes tienen capacidad económica habiendo tanta pobreza en México.

Además, López Obrador alertó que la asignación de estos recursos sin la vigilancia adecuada puede traer consigo corrupción.

“Aunque sea utilizado para crecimiento económico, aunque se ha utilizado para crear empleos, lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes a corrupción», sentenció.

De igual forma, el mandatario federal advirtió que estará atento del manejo que realice el Banco de México (Banxico) sobre las reservas.

López Obrador se dijo confiado en que su estrategia de asignación de créditos para los pequeños empresarios pueda sacar a flote la economía. “Al haber dinero abajo la agente tiene para gastar, se fortalece la capacidad de consumo», remató.

Al respecto, José Yuste conversó con Ana Paula Ordorica en Broojula, sobre lo que significa el acuerdo entre el CMN y el BID Invest, y cómo lo anunciado (aún y con el respaldo del gobierno federal) no significa deuda pública como aseguró López Obrador.

 

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, sentenció hoy al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel por actos de corrupción, asociados al delito de cohecho durante su mandato.

Además de Correa,  la autoridad también señaló a miembros que compusieron su  gabinete. Entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas.

El tribunal también indicó que los acusados perdieron sus derechos políticos por un periodo de 25 años.

El máximo órgano de justicia determinó que Correa aceptó «aportes indebidos» durante su administración, y por parte empresarios que dieron patrocinio a su campaña electoral desde el años 2007 y para “posicionar su movimiento político”.

Las autoridades ecuatorianas, además, informaron que otros cercanos al ex mandatario, también fueron implicados en actos de corrupción y cohecho.

Entre ellos: el exsecretario jurídico Alexis Mera, la exministra María de los Ángeles Duarte, la asambleísta Viviana Bonilla, el exministro Walter Solís y el exministro Vinicio Alvarado, quienes también fueron definidos como coautores, y sentenciados a la misma condena en prisión.

El juez, Iván León señaló que la víctima del delito es el “Estado” y que el tribunal consideró, tras el análisis de la fiscalía, que se demostró la existencia de una estructura de corrupción en todos los niveles de la administración de Correa.

Rafael Correa de 57 años de edad, expresidente de Ecuador (2007-2017), se encuentra actualmente residiendo en Bélgica, en donde se asilo luego de que en julio de 2018 una jueza ecuatoriana dispuso una orden de prisión preventiva en su contra.

Tras conocerse la condena, Correa calificó a través de sus redes sociales que todo se trataba de un «caso absolutamente grotesco», y descalificó la sentencia, pues dijo que proviene de una institución de justicia tomada por poder político, toda vez que el presidente del tribunal es “encargado”

Adicional, lamentó que mientras en el país se tiene a muertos en las calles producto del Covid-19, se haya convocado a audiencia para inhabilitarlo en próximas elecciones, que es el verdadero fin de todo el caso en su contra.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval aplaudió el decreto emitido por el ´presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mediante el cual se eliminan fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que, a más tardar el 15 de abril, se reintegren a la Tesorería de la Federación todos los recursos públicos federales que formen parte de ellos y se destinen a hacer frente a la contingencia sanitaria.

Sandoval Ballesteros consideró que con la extinción de los fideicomisos se cierra una página de opacidad, oprobio y corrupción que prevaleció en gobiernos anteriores.

Expresó su compromiso por la correcta aplicación de la medida y anunció que los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal asegurarán que dichos instrumentos se extingan y los recursos con los que cuenten sean correctamente transferidos.

Y es que el decreto publicado por el Presidente establece que la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboren en la aplicación de la medida.

Recordó que desde la publicación de la Ley Federal de Austeridad Republicana, ambas dependencias iniciaron un estudio de los fideicomisos públicos federales, su normatividad, estructura, patrimonio, objeto, eficiencia y eficacia.

«La secretaria de la Función Pública espera que esta histórica acción del Presidente de la República sea emulada por las entidades federativas, por los órganos autónomos y por el Poder Judicial de la Federación», indicó la dependencia a través de un comunicado.

Tras la consulta que se realizó este fin de semana en Mexicali, Baja California, sobre la instalación de la planta de Constellation Brands, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que los dueños de esta compañía lo han buscado para dialogar.

“Me buscaron los dueños de esta empresa; quieren un acuerdo y estoy en la mejor disposición de escucharlos y que nos escuchen, la gente voto por un cambio y dijimos no al discurso demagógico, mandar obedeciendo, democracia participativa”, dijo el mandatario.

En su conferencia matutina, dijo que la decisión sobre el no instalar la cervecera en Mexicali no ahuyentará las inversiones en el país, pues aseguró, él está a favor del crecimiento del país, sin embargo, éste debe estar acompañado por el bienestar de la población.

Sostuvo que si se pone orden, si se acaba con la corrupción, se va a poder mantener un auténtico Estado de Derecho, por lo que no afectara la llegada de inversiones.

El presidente aseguró que hubo corrupción en los permisos otorgados a Constellation Brands, mismos que se dieron en el sexenio pasado.

«Claro que sí (hubo corrupción), influyentismo. Nada más es cuestión de pensar: ¿Cómo dar un permiso para construir una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua?», señaló AMLO.

Recordemos que en la consulta, el 76.1% de las personas que acudió a votar optó por no continuar con la construcción de planta, mientras que solo el 23.3% dijo que sí.

De acuerdo a la más reciente encuesta de El Universal, 84.8% de los mexicanos consideran que Enrique Peña Nieto ha sido el presidente más corrupto de la historia. En segundo lugar posicionan a Carlos Salinas de Gortari con 80.3% de las opiniones.

En tercer sitio se ubica Felipe Calderón con el 65.9% de las respuestas; Vicente Fox con 64.6% y Ernesto Zedillo con 59.9%.

La encuesta muestra qué colaborador de cada presidente es percibido como el más corrupto.

Con EPN, aparecen Rosario Robles (26.8%) y Miguel Ángel Osorio Chong (17.6%). Con Salinas son señalados Carlos Hank González con el 13.5% de las respuestas, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), y se la Secretaría de Turismo, y José Córdoba Montoya con el 9.4%. quien fungió como Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Con Felipe Calderón, son señalados Genaro García Luna (25.6%) y Ernesto Cordero (7.7%) como los más corruptos. En el caso de Vicente Fox aparecen Santiago Creel (22.2%) y Eduardo Medina Mora (9.7%). Finalmente, con Ernesto Zedillo fueron señalados Emilio Chuayffet (15.2%) y Antonio Lozano García (14.5%).

Sobre el combate a la corrupción que está haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 45.8% de los ciudadanos aprueban la labor que realiza. Sin embargo, 48.3% desaprueban su desempeño.