Tag

corrupción

Browsing

El juicio por el caso ‘Papeles de Panamá’, la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a personalidades de todo el mundo con el lavado de capitales, comenzó este lunes, ocho años después del escándalo.

Esta audiencia, a la que este lunes asistieron todos los defensores y la mayoría de los acusados, algunos de ellos vía plataformas digitales, está programada para desarrollarse hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para el juicio, que debió comenzar en el 2021.

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios fundadores del bufete, núcleo del escándalo que estalló en el 2016 al dejar al descubierto transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según el Ministerio Público de Panamá.

“No soy responsable de tales actos”, respondió Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de lavado de capitales, una interrogante que se hizo a todos los acusados presentes en la audiencia.

Fonseca Mora no se presentó en la sala ni tampoco se conectó por la vía virtual por estar hospitalizado, según explicó su defensa, que presentó un certificado médico.

No solo los socios fundadores, también están acusados antiguos empleados del bufete Mossack Fonseca, que no sobrevivió al escándalo y cerró sus puertas en marzo de 2018, tras 40 años de operaciones en las que “nunca estuvo involucrada en actos ilícitos”, como dijo en una carta pública entonces.

“Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto”, dijo Mossack a su llegada a la sede del tribunal en una muy breve declaración a los periodistas, ante los cuales dijo sentirse “muy optimista”.

Los socios y exempleados de Mossack Fonseca han sido acusados de lavado de capitales por supuestamente haber incurrido en delitos precedentes dada la vinculación de clientes suyos con el caso en Alemania y Argentina, de acuerdo con la explicación de la defensa y del Ministerio Público.

La fiscal segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto, afirmó por su parte que el Ministerio Público ha presentado “pruebas testimoniales relevantes para la teoría del caso”, cuya investigación consta de 528 tomos según los datos judiciales.

“El Ministerio Público pedirá una condena ejemplar”, afirmó Soto sin más detalles, aunque recordó que el delito de lavado de capitales tiene en Panamá una pena máxima de 12 años de prisión.

La fiscal señaló que en total fueron llamadas a juicio por el caso 32 personas, pero cuatro de ellas son extranjeros que no residen en Panamá y que fueron declarados en rebeldía, por lo que “su proceso se ha suspendido”.

Los ‘Papeles de Panamá’ representaban 11.5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

La investigación fue desarrollada por más de 400 periodistas de varios países, y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación en 76 países en abril de 2016.

Mossack y Fonseca también fueron procesado y aguardan sentencia por la trama ‘Lava Jato’ de Brasil, casos por el que esperan sentencia y que se ha acumulado en un mismo expediente con el caso ‘Papeles de Panamá’, dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.

El combate a la corrupción fue el problema número uno que prometió abatir Andrés Manuel López Obrador. Y el fracaso ha sido tan grande, que esta semana, en la presentación de su plan anticorrupción, hasta su fiel escudera, Claudia Sheinbaum, se vio obligada a reconocerlo.

“La corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes. Es un asunto que se generó durante años en gobiernos corruptos donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre”, dijo la candidata de Morena.

Así que seguimos con corrupción y seguimos con impunidad.

Enrique Peña Nieto fue el que dijo que la corrupción en México podía considerarse hasta un tema cultural. Ya estará en los sociólogos definir si esto es cierto o no. Lo que es evidente es que la fórmula mágica que vendió López Obrador para que México fuera otro país, uno mejor, simplemente no funcionó.

AMLO prometió que con acabar con la corrupción se tendría dinero suficiente para cubrir las necesidades del país para hacerlo uno mucho mejor. Y que para acabar con la corrupción simplemente había que barrer las escaleras de arriba para abajo. Es decir, que con que el presidente no fuera corrupto, se acabaría con la corrupción.

Cinco años después, la lista de corruptelas en este gobierno es larga, como también la cifra de lo defraudado a los mexicanos. La impunidad ha permanecido aunque se le ha agregado el componente de disfrazar de justicia lo que es meramente venganza.

Por ejemplo, lejos de haber señalado y procedido contra la corrupción que se dijo que había en el proyecto del NAIM (el aeropuerto en Texcoco) como razón para su cancelación, se prefirió encarcelar a una enemiga política del presidente, a Rosario Robles, y se hizo utilizando una licencia falsa. Nada se ha hecho en el mayor desfalco del sexenio, el ocurrido en Segalmex, bajo la batuta del amigo del presidente, Ignacio Ovalle.

Cuando habla Sheinbaum de gobiernos corruptos del pasado ¿con qué autoridad moral lo dice? Si, es vergonzoso pensar en los negocios de los hijos de Martha Sahagún, pero más lamentable es ver que seguimos igual, veinte años después, solo que ahora viendo los negocios y las frivolidades de los hijos del actual presidente.

En su plan habla de reforzar la política de contrataciones gubernamentales mediante licitación pública. Esto es un viraje 180o de lo que hemos visto en el gobierno de López Obrador. Primero, porque han sido reacios (por usar una palabra amable) a la transparencia que exige el INAI. Tan es así que buscan desaparecerlo. Y segundo, en lo que va del sexenio, la opacidad en la entrega de contratos gubernamentales ha llegado al extremo de declarar obras de seguridad nacional El Tren Maya, El corredor del Itsmo y el aeropuerto de Tulum, entre otros. Así, AMLO ha evitado transparencia en los contratos y gastos de estas obras. Lo mismo que hizo cuando fue Jefe de Gobierno y clasificó los documentos sobre los costos de la construcción de los segundos pisos en la CDMX.

Cuando se le ha cuestionado sobre esta opacidad, López Obrador se justifica con el clásico de que “nosotros somos distintos; somos honestos”. Esa honestidad de la que presume el presidente ha sido insuficiente para combatir la corrupción. Su receta de que barriendo las escaleras de arriba abajo se acaba con la corrupción no ha funcionado. Tan es así que la aspirante a sucederlo ha tenido que admitir que en materia de corrupción hay una tarea pendiente, si es que ella llega a ganar en junio.

Columna completa en El Universal

Solo un 36.3% de los habitantes en 2022 tenían confianza en sus gobiernos en Latinoamérica y el Caribe, una cifra en términos globales netamente inferior a la media de la OCDE, aunque con notables diferencias por países, y que más bien ha disminuido desde 2008.

Entre esos dos años, la confianza en los gobiernos ha disminuido en 3.9 puntos porcentuales en el conjunto de los 15 países considerados en el estudio de indicadores de gobernanza en Latinoamérica y el Caribe publicado este miércoles por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La situación en la región es claramente peor que en la OCDE, donde el porcentaje de población que confía en su gobierno era del 47.5% en 2022, después de mejorar 3 puntos porcentuales desde 2008.

Pero esa situación y la evolución en realidad tiene poco qué ver entre unos y otros países latinoamericanos.

Por una parte, la confianza ha sufrido una notable baja en los años considerados en el estudio en Colombia (34 puntos porcentuales, al 30%), Ecuador (30 puntos, al 21%), Chile (12 puntos al 39%) y Bolivia (11 puntos al 33%).

También ha caído, pero de forma mucho más moderada en Uruguay (7 puntos al 52%) y en la República Dominicana (2 puntos al 52%).

La evolución ha sido claramente positiva en Costa Rica, con 24 puntos porcentuales de mejora entre 2008 y 2022, cuando un 60% de los encuestados decían confiar en su Gobierno, la cifra más alta de todos los países de la muestra.

Después se encuentra México, con un 53% de personas que tenían confianza en su Gobierno, 12 puntos más que 14 años atrás.

Uno de los elementos que pesa en esa confianza es la percepción de que la corrupción está generalizada en el gobierno, una idea que suscriben un 75.5% de los latinoamericanos consultados en 2023, una cifra que ha crecido ligeramente respecto a 2013 (74.7%) y sobre todo que es muy superior a la de la media de la OCDE (53.6%).

En todos los países de la región, esa percepción de una corrupción generalizada es mayoritaria, pero es particularmente elevada en Perú (90%), Panamá (86%), Ecuador (84%), Colombia (83%), Guatemala (80%), Argentina (80%) y Bolivia (80%).

Más allá del agravamiento de la confianza, los autores del informe señalan varios retos que tienen planteadas las democracias latinoamericanas, en particular la desigualdad, la informalidad o el “espacio fiscal limitado” para afrontar problemas apremiantes como el cambio climático u otras cuestiones medioambientales.

Por lo que respecta a la desigualdad, hacen notar que ha ido a más con la espiral inflacionista durante los años 2022 y 2023, que ha afectado a los grupos que están en la parte baja de la escala social probablemente porque el aumento de precios afectó a elementos básicos como los alimentos y la energía, que constituyen una mayor parte del gasto de los más pobres.

La expresidenta de Miss Universo, la estadounidense Paula Shugart, amenazó este lunes con denunciar por difamación a la tailandesa propietaria de la marca, Anne Jakrajutatip, por insinuar que aceptó sobornos durante el certamen de belleza.

Shugart señaló, en una publicación en Instagram, que los comentarios “falsos e indignantes” proferidos supuestamente por la tailandesa le han llevado a romper su silencio, además de que ya considera emprender acciones legales en Tailandia contra Jakrajutatip.

“No puedo soportar esas afirmaciones peligrosas e imprudentes, que degradan la marca Miss Universo y sus titulares”, remarcó Shugart, quien abandonó el pasado noviembre el cargo que ocupó durante más de 20 años.

Según la expresidenta, Jakrajutatip, la empresaria que se hizo en 2022 con la marca Miss Universo, insinuó en mensajes publicados en tailandés que Shugart era “corrupta” y había recibido sobornos para asegurar puestos en el certamen de belleza.

“Jakrajutatip no sólo me difama, sino que también desacredita a las mujeres que han ganado la corona de Miss Universo al insinuar sus títulos fueron ‘comprados’ y no ganados por mérito”, señaló la estadounidense.

Shugart, quien publica los supuestos comentarios de la propietaria tailandesa en la citada red social, no indica ni la fecha ni la procedencia de esos mensajes de Jakrajutatip.

Y es que recordemos que la empresa tailandesa JKN Global Group, dirigida por la popular empresaria y activista, adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York.

Desde entonces, JKN Global Group ha sufrido problemas de liquidez y pidió el pasado noviembre al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de sus operaciones y de la deuda.

La empresaria tailandesa precisó que estos problemas financieros no iban a afectar a la organización de Miss Universo. El certamen se ha celebrado anualmente desde 1952, retransmitiéndose en más de 160 países; la próxima edición tendrá lugar en México.

Foto: X @annejknofficial

México se mantuvo por segundo año en el sitio 126 de 180 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, que publicó este martes la organización Transparencia Internacional.

Por cuarto año consecutivo, México mantuvo una calificación de 31 puntos sobre 100 en el IPC, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público, en el que 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor.

En Latinoamérica, el país comparte la misma calificación que El Salvador; apenas por encima de Bolivia (29 puntos) y por debajo de Perú (33 puntos), pese al discurso presidencial, en el que López Obrador defiende avances en la materia, indicó el reporte de Transparencia Internacional.

“En países como Brasil, México y Honduras, la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado, a menudo mediante procesos opacos y, en algunos casos, ilegales, socava la independencia del Poder Judicial”, apuntó Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas.

En la región, México está peor calificado que Uruguay (73), Chile (66) y Costa Rica (55), los únicos países latinoamericanos que aprueban. También está peor evaluado que Cuba y Trinidad y Tobago (42), Colombia (40).

En el rango de los 30 puntos también están Argentina (37) y Brasil (36), así como República Dominicana y Panamá (35) y Ecuador (34).

Transparencia Internacional recordó que los resultados de México ilustraban una tendencia positiva en 2019 y 2020, años en los que mejoró del puesto 130 al 124.

El IPC clasifica 180 países y territorios según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, medidos a través de la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios. La clasificación se da en una escala de 0 (los más corruptos) a 100 (los más limpios).

A la cabeza se sitúa Dinamarca con 90 puntos, seguido de Finlandia con 87 y Nueva Zelanda, con 85, es decir, son los países que menos corrupción presentan. Somalia (11) y Venezuela, Siria y Sudán del Sur (los tres con 13), consiguen las puntuaciones más bajas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un buen diagnóstico como candidato cuando señaló a la corrupción como el gran reto de México. Por ello debería sorprender su apoyo a Ernestina Godoy y su empeño en mantenerla cerca de su círculo político.

Ernestina Godoy no es una buena abogada. Ni siquiera debiera tener su título ya que la tesis para obtenerlo fue un plagio, como bien documentó Guillermo Sheridan. Su paso por la fiscalía ha destacado por la politización de la justicia. Desde el encarcelamiento de Alejandra Cuevas por un delito inventado con tal de darle gusto al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en su ánimo de venganza personal, hasta la total impunidad para la gente de la CDMX ante la caída de la Línea 12 de metro que dejó 26 muertos. Nadie pagó por esta tragedia, no porque no hubiera responsables, sino porque habrían sido funcionarios de gobierno de la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Con un récord tan lamentable como Fiscal de la CDMX, debería sorprender que López Obrador saliera en su defensa en la mañanera de ayer, como lo hizo: “Lo de Ernestina Godoy es una venganza, porque es una mujer íntegra, honesta, una verdadera impartidora de justicia pero como se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios del PAN en la delegación Benito Juárez y en otras partes, y se demostró que estas personas hacían negocios entregando permisos de construcción a empresas inmobiliarias, recibían moches, extorsiones, porque si hacían departamentos se quedaban con uno o dos y con dinero, y como buenos hipócritas, no perdían su respetabilidad, según ellos eran puros. Como actuó con rectitud, pues se vengaron.  Aunque obtuvo mayoría…no tuvo la calificada…Ernestina Godoy va a tener mucho apoyo, porque en el proceso de transformación se toma en cuenta a la gente honesta. Aquí tiene las puertas abiertas para lo que ella quiera, y en el futuro tendrá muchas posibilidades. Es un triunfo pírrico de los corruptos.”

Eso es una defensa a ultranza, no de la justicia, sino de una herramienta política que le es útil a un presidente que no quiere gobernar sin una fiscalía a modo. Este apoyo a Godoy es una muestra más de que la lucha en contra de la corrupción y la preocupación por un país más justo es un discurso presidencial, más no una meta de su gobierno.

Digo que debería sorprender el apoyo de AMLO a Godoy pero, al pensar en el mismo apoyo a impresentables como Bartlett; Feliz Salgado Macedonio y un largo etcétera se entiende lo que tantas veces repitió el presidente sobre sus prioridades: 100% lealtad 0% capacidad. Esa es Godoy. Ese es AMLO. Esa es Claudia. Y este tipo de apoyos a personajes que son útiles a parte de la clase política y no a México conforma parte de las características que habrá que tomar en cuenta a la hora de emitir el voto en junio próximo.

¿Queremos que sigan al mando los que politizan sin rubor la política? ¿Queremos que la justicia sea una herramienta para aplastar a adversarios y para saciar ánimos de venganza personales?

Lo que hemos visto con el empuje y apoyo a Ernestina Godoy no deja lugar a dudas de lo que significa la continuidad o el segundo piso de la 4T que ofrece Claudia Sheinbaum a los electores.

Columna completa en El Universal

El 55% de los mexicanos aprobaron la gestión del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre, último mes de 2023, según expuso este miércoles la más reciente encuesta de El Financiero.

En cambio, el 44% de los ciudadanos desaprobaron la Administración del mandatario, detalló el sondeo realizado en diciembre a 1,200 adultos vía telefónica.

Las cifras son similares a las de finales de 2022, cuando el 56% de la población aprobaba su presidencia y el 43% la desaprobaba. Además, la cifra representa una de las aprobaciones más bajas del mandatario en 2023, solo por encima de lo registrado en enero y febrero.

El rubro peor evaluado para el mandatario fue la seguridad pública, en la que el 62% de los encuestados consideró “mal” o “muy mal” su desempeño, mientras que solo 25% lo calificaron de “bien” o “muy bien”.

En economía, el 49% calificó de forma negativa su trabajo y el 37% lo valoró “bien” o “muy bien”. En temas de corrupción, la principal bandera de campaña de López Obrador, el 45% opinó que lo está abordando “mal” o “muy mal”, y el solo el 32% lo evaluó de forma positiva.

En contraste, la mejor área del presidente fue la de apoyos sociales, en la que el 56% aprobó su gestión y solo 30% lo percibió de manera negativa.

Entre los atributos de López Obrador, el 50% lo consideró honesto, el 47% reconoció su liderazgo y el 33% opinó que tiene “capacidad para dar resultados”. Los tres atributos registraron fuertes retrocesos respecto a lo reportado en noviembre.

El ejercicio del diario destacó que la aprobación del Tren Maya, cuyo primer tramo López Obrador inauguró apenas el pasado 15 de diciembre, descendió a un 44% de una valoración previa del 52%.

Información  y gráfico de El Financiero

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este martes que ya no le dará tiempo a reformar el Poder Judicial en lo que queda de su sexenio, por lo que ha emplazado a la persona que le sustituya tras a “seguir adelante” con esta tarea.

“Claro que hay que reforzar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir, va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país”, dijo el mandatario.

Y es que recordemos que López Obrador ha emprendido una batalla contra el Poder Judicial (PJ) durante los últimos años, criticando que durante el llamado “periodo neoliberal”, los integrantes del PJ fueron “los que legitimaron el saqueo y la política de pillaje”.

Pese a reconocer que no tendrá el tiempo suficiente para impulsar una reforma del Poder Judicial, López Obrador volvió a confirmar que, en aras de “limpiar” los organismos judiciales del país, enviará una iniciativa para que sea el pueblo quien elija a jueces, magistrados y ministros.

“Y ahora incluso estamos planteando y voy a enviar una iniciativa para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo”, dijo el presidente, por lo que fue cuestionado sobre cuándo presentará dicha iniciativa.

“Lo más pronto posible, este año voy a enviar la iniciativa, porque es justa y necesaria, solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial, no encuentro otro método más que el método democrático para limpiar de corrupción el Poder Judicial”, respondió.

Volvió a cuestionar que hay jueces, magistrados y ministros corruptos, que acusó, “hacen lo que les da la gana, se enriquecen”.

Dijo que estos jueces tienen la autoridad para liberar a cualquier persona, incluso “delincuentes peligrosos, de cuello blanco y de la delincuencia organizada”.

Fue en ese punto donde reveló que en torno al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se encontró con una resolución relacionada a la desaparición de los estudiantes. “El Ministerio Público los acusaba y este tribunal, estos magistrados le dijeron al Ministerio Público: ‘Nos vas a resolver en 10 días, aplicando el Protocolo de Estambul, si fueron o no torturados, y si en 10 días no me demuestras que fueron o no torturados quedan en libertad’, y los dejó en libertad. Y algunos eran inocentes, pero otros no, tengo pruebas de que sí habían participado en la desaparición de los jóvenes”, reclamó el mandatario.

Finalmente, López Obrador dijo que si los jueces, magistrados y ministros son elegidos por el pueblo, ya no podrá haber lugar a que actúen por consigna o por dinero.

Santiago Peña asumió este martes como nuevo presidente de Paraguay, con la promesa de promover la prosperidad para todos en su país y llevar al país a ser un protagonista en la escena internacional.

Peña, de 44 años, se convirtió en el mandatario más joven desde el retorno a la democracia y mantiene la continuidad en el poder del conservador Partido Colorado en Paraguay.

“El éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante”, dijo el nuevo presidente en una ceremonia en la capital paraguaya.

Al acto de investidura asistieron líderes de los países vecinos, incluidos Luis Inácio Lula da Silva, de Brasil; Alberto Fernández, de Argentina, y Gabriel Boric, de Chile, ante quienes dijo que buscará que Paraguay sea un país clave para una integración sudamericana.

A la ceremonia también acudieron el rey de España, Felipe VI, y el vicepresidente de Taiwán, William Lai, quien viajó a Paraguay como parte de una gira que también lo llevará a San Francisco y Nueva York, en un momento en que China busca incrementar el aislamiento de la isla autónoma.

Recordemos que Paraguay es la última nación sudamericana en mantener relaciones diplomáticas con Taiwán. Es uno de los 12 países que aún mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán, en su mayoría naciones pequeñas y pobres de África y el Caribe.

Sobre Taiwán, Peña dijo que su relación es una muestra de la política paraguaya de “alianzas y cooperación con una visión geoestratégica”.

“A nivel internacional tres desafíos globales generan tensiones geopolíticas: acceso al agua, seguridad alimentaria y suficiencia energética”, dijo. “Al ser Paraguay una potencia en esos tres grandes temas, estamos llamados a ser protagonistas en el concierto de las naciones”.

En el ámbito local, señaló que su compromiso es “construir una sociedad donde todos puedan prosperar”, dijo, y se comprometió a generar al menos 500,000 nuevos empleos.

Sobre la corrupción, uno de los problemas más graves que enfrenta el país, Peña dijo tener “la convicción” de que se resuelve “con una justicia independiente, imparcial y rápida, con recursos suficientes para garantizar una administración adecuada y homogénea en todo el territorio nacional”.

Y es que en los últimos meses, el tema de la corrupción en círculos de poder ha sacudido al país sudamericano. Estados Unidos acusó al expresidente Horario Cartes de corrupción y le congeló sus activos.

Cartes, considerado el “padrino” político de Peña, es dueño de un conglomerado de empresas que van del tabaco a la ganadería y grandes medios de comunicación. Ha negado los cargos.

En su discurso como nuevo presidente, Peña agradeció a Cartes, actual presidente del Partido Colorado, descartando su perseverancia “en la construcción de consensos y en la búsqueda de acuerdos por sobre las diferencias”.

Los casos de corrupción ocurridos bajo los mandatos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador apenas han avanzado un promedio del 25% en su resolución judicial, pese a acumular desvíos por 26,738 millones de pesos.

Así lo reveló este martes una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) titulada “El tablero de la impunidad”, que también señala que de las 212 personas involucradas solo se han iniciado procesos penales contra 85, lo que significa que el 60% no han sido ni investigados ni procesados.

En lo expuesto por MCC, se refiere que apenas se han realizado ocho juicios y solo el 4% han recibido una sentencia.

El estudio incluye 16 casos, nueve con López Obrador y siete con Peña Nieto, entre los que se incluyen algunos emblemáticos, como el de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, Pemex y Agronitrogenados, Odebrecht o el relativo al organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

“Aún está muy lejos que pueda decirse que se acabó la impunidad. Ni uno solo de los casos de corrupción del sexenio pasado o el actual ha quedado resuelto en su totalidad, lo que resulta inaceptable”, denunció el informe.

En promedio, los casos ocurridos bajo el Gobierno de Peña Nieto llevan una media de seis años y cuatro meses sin solución, mientras que los del sexenio de López Obrador superan los tres años sin avances significativos en las investigaciones.

“Este retraso en la justicia no se explica solamente por la complejidad de los procesos penales, sino por las deficientes actuaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación y la preparación de los casos, así como por su negativa para actuar contra todos los responsables y en el uso discrecional de sus facultades”, ahondaron los investigadores.

Casos como los desvíos en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Gobierno y los “moches” en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no han avanzado nada.

Y otros, como el uso personal de la FGR por parte del fiscal general, Alejandro Gertz, y los relacionados con los familiares de López Obrador apenas han avanzado un 3% y 4%, respectivamente.

Las que más han avanzado, en cambio, son la de la línea 12 del Metro, cuyo derrumbe el 3 de abril de 2021 causó 27 muertes y un centenar de fallecidos, con un 58%; la operación Safiro, el desfalco de millones de pesos por parte del PRI), con el 55%; y la venta de la planta de Agronitrogenados a Pemex, con un 52%.

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sancionar a quienes están saqueando a las y los mexicanos, incluidos sus hijos.

Lo anterior, luego de que Latinus diera a conocer una investigación periodística que evidenció que los amigos de Andrés Manuel López Beltrán, ‘Andy’, hijo del presidente, fueron favorecidos en el proyecto que se lleva a cabo en los terrenos que habría ocupado el aeropuerto de Texcoco, mediante concursos públicos simulados.

El diputado del PRD, Marcelino Castañeda Navarrete, acusó en la sesión de la Comisión Permanente, en el Senado de la República, “el nepotismo grotesco” en el gobierno de quien se asume como incorruptible y que, entre sus consignas están el “no robar, no mentir y no traicionar.

Acusó que en los hechos, la familia y allegados del presidente son beneficiados con negocios turbios a costa del país.

“El esquema favorito de corrupción de este gobierno de cuarta es, sin duda, los contratos mediante las Fuerzas Armadas, que van a un ‘cártel inmobiliario’ de los amigos de Andrés Manuel López Beltrán y, en este caso, lo que se supone que va a ser un Parque Ecológico en Texcoco, se ha convertido en la caja grande del hijo del presidente, junto a una red de empresas de amigos, contratos millonarios y obras de dudosa calidad”, enfatizó el diputado.

A las críticas también se suma lo que reveló Latinus y MMCI, acerca de la casa que ahora habita en México otro de los hijos del presidente.

José Ramón López Beltrán vivió en Houston en una mansión de un alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía con millonarios contratos en Pemex. Tras perder su visa de trabajo de Estados Unidos, el hijo mayor del presidente se regresó con su familia a México y ahora se sabe que vive en una casa que es propiedad de la asistente de la directora de La Jornada, medio cercano al gobierno federal y que es el que ha recibido el mayor monto de contratos en el actual sexenio.

En ese sentido, el diputado del PRD sentenció que, dada la información recién difundida, queda claro que la “Casa gris” de José Ramón López Beltrán fue pagada desde México, en compensación con las obras otorgadas a una filial de Baker Hughes.

“La hipocresía de esta mayoría es sorprendente, que suben a la agenda a un supuesto ‘cártel inmobiliario’ local (contra integrantes del opositor Partido Acción Nacional); pero haciendo oídos sordos ante la misma corrupción donde, miles de millones de pesos que este gobierno ha significado, siguen siendo parte de programas clientelares sin un padrón consolidado”, acusó.

Enfatizó que el PRD, la única y verdadera izquierda de México, no será cómplice de la corrupción, y nunca estarán del lado de los corruptos. “Entendemos que los ladrones siempre serán ladrones y la corrupción siempre será la corrupción. Si quieren ser exonerados, afíliense a la Cuarta Transformación”, remató.

En Broojula, te presentamos un resumen sobre los recientes escándalos que alcanzan a la familia presidencial.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una de las corcholatas de Morena rumbo al 2024, participó este jueves la primera Cumbre de Ciudades de las Américas, organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La mandataria capitalina indicó, en su primera participación, que cuando acabe su mandato dejará una capital con menos deuda y menos corrupción que la que se encontró cuando asumió el cargo.

Desde Denver, Colorado, Sheinbaum Pardo destacó los logros de su administración, iniciada en 2018.

“Vamos a dejar una ciudad menos endeudada de lo que recibimos y no hemos aumentado en términos reales los impuestos”, dijo Sheinbaum y destacó otros logros como las becas para estudiantes, la construcción del trolebús elevado, y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en Ciudad de México, una de las urbes más grandes del mundo.

Presumió el programa, “muy agresivo”, de electromovilidad en el transporte público; destacó la construcción de los dos teleféricos urbanos más grandes del mundo; el mejoramiento y ampliación del Sistema Metrobús y los trabajos que se realizan en el Metro.

“Invertimos 2 mil millones de dólares en la modernización del Metro”, indicó, y resaltó también los 250 kilómetros de ciclovías que se han trazado.

Se detuvo para mencionar la instalación de una planta solar de 18 megawatts en los techos de la Central de Abasto, el mercado más grande de América Latina. “Hemos alcanzado 50 mil viviendas con captación de agua de lluvia y trabajamos en manejo sustentable del agua y nuestro Programa de Calidad del Aire”.

Aseguró que la financiación de sus proyectos se ha logrado gracias a la “austeridad republicana” que instauró el presidente López Obrador y que se ha replicado en la CDMX, una política que canaliza los recursos obtenidos de la “erradicación de la corrupción”.

“Tenemos la visión de que reduciendo la corrupción y los privilegios, nos alcanza para destinar recursos”, afirmó Sheinbaum.

La jefa del Gobierno capitalino lanzó un mensaje a los jóvenes al asegurar que “no es la corrupción, la triquiñuela, el odio, el clasismo, el racismo y el tener más dinero” lo que convierte a la gente en “mejores personas”.

Sheinbaum pidió no olvidar que la lucha contra la crisis climática va ligada a la lucha por la igualdad social. “La justicia ambiental y la social siempre van de la mano”, sostuvo. Advirtió además que la “profundización de las desigualdades” en las ciudades “llevará siempre a la violencia, la degradación y a un mundo sin esperanza”.

La Cumbre de las Ciudades de las Américas es foro regional creado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante la Cumbre de las Américas de 2022 en Los Ángeles. En su primera edición, la cumbre acoge a más de 200 alcaldes del continente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este viernes que “no sirve para nada” el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), órgano autónomo que está inoperante después de que vetara los nombramientos que el Senado había hecho.

El INAI no puede sesionar desde el pasado 1 de abril porque solo tiene cuatro integrantes, uno menos que el necesario para alcanzar quórum legal.

“Los nombren o no los nombren (a los comisionados), ¿para qué sirven? No sirven para nada. Era un gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas”, afirmó López Obrador.

La polémica sobre la inoperancia del INAI creció tras un audio filtrado por el portal Latinus en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijera a senadores que AMLO consideraba “un mundo ideal” y lo que “más conviene” al gobierno que haya un periodo de impás en el Instituto.

El mandatario evadió confirmar estos dichos, pero insistió en revivir sus críticas a los órganos autónomos creados en sexenios anteriores para regular al gobierno, al señalar que tan solo el INAI cuesta 1,000 millones de pesos anuales.

“No, no, no, yo no me meto en eso (sobre lo dicho en el audio). Yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción, pero además cuesta”, insistió.

El presidente ha criticado antes la existencia de otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los órganos reguladores de energía.

El Inai, creado en 2014, ha exigido al gobierno de López Obrador revelar información de alto perfil, como los contratos del Tren Maya o los bienes decomisados al crimen por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

También ha pedido publicar el expediente sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotiznapa que el mandatario dijo haber recibido de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y documentos de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de corrupción de la brasileña Odebrecht.

En cambio, López Obrador ha acusado al INAI de ocultar información sobre presidentes anteriores e, incluso, le exigió el año pasado revelar el patrimonio del periodista Carlos Loret de Mora, crítico con su gobierno.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al presidente dejar de proteger al exdirector de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle, para que pueda ser detenido y enjuiciado.

El líder de la oposición acusó a López Obrador de no combatir la corrupción y, por el contrario, haber propiciado que florezca y se ramifique con mayor fuerza, como ocurrió en Segalmex, organismo creado bajo su mandato y el cual ha representado la burla más grande a los mexicanos.

“A López Obrador nunca le ha interesado combatir la corrupción, todo ha sido una farsa, les mintió a los mexicanos, les mintió a sus simpatizantes y le mintió al pueblo bueno, que creyó en sus falsas promesas”, acusó Cortés Mendoza.

Segalmex, dijo, es la dependencia federal que en 4 años ha presentado mayores irregularidades, 22 por la Secretaría de la Función Pública; 15 carpetas de investigación abiertas y desvíos e irregularidades por más de 15 mil millones de pesos.

Lo que significa que de 2019 a 2021 se han desviado o malversado cada día 18,804,656 pesos, cada hora 783,527 pesos y cada minuto 13,058 pesos.

Además, acusó que el gobierno prometió alcanzar la autosuficiencia alimentaria en 2021, pero en lugar de eso la importación de granos aumentó a 17 mil 700 millones de dólares en 2022, una cifra sin precedente histórico.

El panista señaló que solamente en Segalmex, los desvíos y fraudes superan por mucho al escándalo de corrupción más notable del sexenio pasado, la Estafa Maestra.

El Presidente nacional del PAN lamentó que el Presidente de la República con total cinismo solape a funcionarios corruptos como Ovalle, al cual defendió la semana pasada simplemente porque tiene una buena opinión de él al considerarlo “un hombre honesto”, pues fue su jefe cuando López Obrador era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco.

Marko Cortés exigió que no quede impune el desvío millonario y la red de corrupción en Segalmex, y demandó que metan a la cárcel a los implicados, comenzando por el exdirector de la dependencia, que hoy goza de la protección presidencial y de impunidad en Segob.

“Una vez más queda en evidencia que el discurso anticorrupción del gobierno es puro cuento. Mientras más tiempo transcurre de este gobierno se siguen acumulando sus escándalos de corrupción y no hay un sólo sentenciado”, concluyó Marko Cortés.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con  Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrupción del IMCO, sobre la corrupción millonaria en Segalmex, que ha implica desfalcos del doble del monto de la famosa Estafa Maestra, y ha derivado en 22 órdenes de aprehensión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue consultado esta mañana sobre los perfiles que integran las quintetas para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE, a quienes se acusa, de guardar cercanía con Morena y el gobierno federal.

“Pues es que van a cuestionar todo. ¿Qué les contesto? Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están”, respondió.

Ocupó el tema para criticar al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a quien señaló de haber viajado a Estados Unidos a hacer turismo político conservador, donde sostuvo encuentro con diversos líderes, a quienes tachó de “supuestamente de intelectuales independientes, internacionalistas, preocupados por la democracia, el desarrollo, el medio ambiente. Toda una gran simulación, un grupo de simuladores que no se pronuncian cuando se trata de los daños que causa la oligarquía en el mundo”.

Sobre la cercanía de algunos de los perfiles en las quintetas, López Obrador lo justificó señalando que “más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento”, por lo que dijo que todos tiene posibilidad de participar.

“Si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos si no lo prohíbe la ley, es decir, si en los requisitos no está establecido”, añadió.

Rápidamente dijo que si moralmente es válido, un planteamiento que él mismo ha hecho en otros casos. “Sí, sí es válido, porque tienen derecho, como cualquier otro ciudadano”.

Sobre si eso representaría un riesgo para garantiza la imparcialidad del INE, dijo que no, pues lo importante para el él, es que quienes lleguen al INE sean personas íntegras y honesta, aunque no tengan experiencia en la materia.

“Eso de la experiencia es… Además, se hace un examen, se hace un examen. Y por lo general, miren, de manera muy sincera y con todo respeto, los conservadores son muy hipócritas y muy corruptos. Bueno, fueron los que saquearon el país. ¿Qué más pruebas queremos? Y son los que se resisten a que haya cambios”, añadió.

El mandatario fue cuestionado sobre el perfil de Bertha María Alcalde Luján, a quien se refirió como una “muy buena abogada, joven”, quien apoyó su gobierno en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Cofepris.

Y aunque se refirió a su experiencia como abogada, AMLO defendió que sí tiene experiencia electoral.

Eso de la experiencia es muy relativo, lo que se requiere es honestidad, integridad. No, hay unos… Bueno, este que se amparó bajo la máxima de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, Edmundo Jacobo, 30 años ahí, imagínense cuánta experiencia”, lanzó el mandatario.

“Lo más importante de todo para el servicio público es la honestidad, eso es lo más importante, que la persona, hombre o mujer, sea incorruptible, no que se las sepa, de todas, todas y que sea aun corruptazo, como ha sucedido”, remató.

El Congreso peruano aprobó el viernes una denuncia constitucional contra el expresidente izquierdista Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción en su gobierno, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.

La denuncia constitucional será trasladada ahora al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.

Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron el informe, presentado
por la fiscal Patricia Benavides, que recomienda acusar al expresidente por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

“El expediente de la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la nación para que proceda conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución Política de Perú”, ha sentenciado el presidente del Congreso, José Williams.

Y es que la Fiscalía investiga una supuesta red criminal liderada por Castillo que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Juan Silva, exministro de esta cartera, con el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, así como con funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Durante el debate, el abogad de Castillo, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.

En la misma sesión, el Congreso también aprobó las denuncias contra dos exministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.

La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.