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Cuesta trabajo entender a qué fueron los gobernadores del PRI, PAN y el del PRD a Palacio Nacional a la firma de lo que el presidente López Obrador llamó el Acuerdo Nacional por la Democracia. Todos los gobernadores salvo el de Jalisco, Enrique Alfaro, y Quirino Ordaz de Sinaloa, se prestaron a otro show más del presidente para firmar algo que simplemente implica cumplir con la ley y que ninguno de los presentes, ni el presidente, pretenden acatar.

De verdad que si todo lo que firman, acuerdan y convierten en ley nuestros gobernantes se cumpliera, seríamos mejor país que Dinamarca. Pero como lo que ocurre es que se firman acuerdos, leyes y pactos que al final no se respetan, pues somos lo que somos. México, el país de los políticos expertos en simular.

El presidente convocó a los gobernadores a firmar el Acuerdo Nacional por la Democracia para garantizar que ninguno de ellos interfiera en el proceso electoral en curso ni favorezca a candidatos o partidos políticos de cara a las elecciones del 6 de junio. Se sentaron a hacerle el caldo gordo en otro más de los shows del presidente. Nunca se le ocurrió a AMLO convocar un Acuerdo Nacional para lidiar con la COVID. Tampoco ha buscado trabajar en conjunto para idear el Plan Nacional de Regreso a Clases; menos aún han pensado en firmar un rescate económico de los mexicanos en tiempos de pandemia. No. Nada de eso.

La convocatoria para respetar el proceso electoral y comprometerse a no intervenir en el proceso electoral viene del presidente que cada mañana utiliza la plataforma de Palacio Nacional para auto promoverse durante al menos dos horas sin importar los tiempos electorales que impiden a los otros hacer algo similar. Lo mismo no lo puede hacer nadie más porque el megáfono de la presidencia solo lo tiene el presidente en turno.

Viene también de quien decidió inventar una figura que representa al gobierno federal en los estados, la de los Súperdelegados, que se ha dicho desde el comienzo del sexenio que no son más que aspirantes a las gubernaturas estatales. Y tan es cierto que de las 15 gubernaturas en juego el 6 de junio, 8 Súperdelegados renunciaron para poder contender.

Es el caso de Víctor Manuel Castro, candidato de Morena para Baja California Sur; Juan Carlos Loera, candidato de Morena por Chihuahua; Indira Vizcaíno, la candidata de Morena y el PANAL por Colima; Pablo Amílcar Sandoval, quien pensó que obtendría la candidatura de Guerrero pero Morena prefirió dársela al acusado de violación y acoso sexual, Feliz Salgado Macedonio; Lorena Cuéllar, la candidata de Morena en Tlaxcala; Manuel Pedraza, quien renunció para ser el candidato en Nayarit pero al final se quedó la candidatura Miguel Ángel Navarro Quintero.

Gilberto Herrera quiso ser el candidato en Querétaro y Gabino Morales en San Luis Potosí. Ambos renunciaron al puesto de Superdelegados pero se quedaron fuera de la contienda porque las candidaturas se las dio el partido a mujeres para poder cumplir con el requisito de Paridad en Gubernaturas. En el caso de Querétaro, quedó Celia Maya y en el de San Luis Potosí, Mónica Rangel.

A la firma ni siquiera fue convocado el INE, fuente constante de los ataques presidenciales a pesar de ser la institución central para el respeto al proceso electoral. Los primeros interesados en fortalecer al INE debieran ser la oposición. Pero aún así, decidieron acudir al show del presidente y darle con ello una estocada más al INE.

En lugar de pedirle al presidente que los convoque a un acuerdo que auténticamente se comprometan todos a cumplir, fueron al show de Palacio Nacional. ¿Para qué?

De verdad que la oposición nada más no entiende que no entiende.

 

Columna completa en El Universal

La metodología del subsecretario Hugo López Gatell para informar y enfrentar al COVID19 ha sido un desastre para México y los mexicanos. Pero, como dijera el presidente en una de sus mañaneras a López-Gatell: “¡No estás solo! ¡No estás solo!”. En la fila del desastre que está siendo la planeación e implementación de una estrategia para enfrentar la pandemia está también la Cofepris y su titular, José Alonso Novelo Baeza.

Y es que, al parecer, el hombre que fuera el pediatra de la familia del presidente llegó a la Cofepris sin conocer el tamaño de la institución que encabeza ni el papel de este órgano regulador. Para dimensionar, de cada peso que gastamos los mexicanos, la Cofepris regula 45 centavos. Ya sea por lo que compramos para comer; para beber; para el cuidado de la salud; cuidado personal o, para quien fuma tabaco, pues también eso. Todo es regulado por la Cofepris.

Cuando la Cofepris hace bien su trabajo, los mexicanos tenemos acceso a alimentos y medicinas a mejores precios. Cuando no, empieza el alza en los precios, la necesidad de ir al mercado internacional a conseguirlos, usualmente a precios más altos, y, en el extremo, la escasez. Esto era algo que bien sabemos ya ocurría antes de la pandemia. El mejor y más lamentable ejemplo es la situación que enfrentan los padres de los niños con cáncer por la escasez de medicamentos oncológicos. Con la llegada del COVID, la situación ha empeorado notablemente.

En lugar de que la Cofepris creara un área COVID especial para lograr que en México tuviéramos rápidamente insumos disponibles, de calidad y a buen precio para poder enfrentar la pandemia, ha ocurrido lo contrario. Por ello hace unos días se hizo viral el video del Dr. Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del hospital ABC, suplicando a la Cofepris que permitiera la liberación del medicamento tocilizumab que, siendo fundamental para el tratamiento del COVID, permanecía atorado en la aduana.

La Cofepris que encabeza el Sr. José Alonso Novelo Baeza simplemente está pasmada. Y esto está costando vidas. El domingo pasado México fue el país que más muertes registró en todo el mundo. Ya tenemos más de 20 mil mexicanos muertos. Y eso que la contabilidad no es certera porque muchos muertos por COVID no se cuentan como tal. Si no se le practicó la prueba a la persona, se le cataloga como muerte por neumonía atípica, no por COVID19.

También está costando dinero. La Cofepris regula el 10 por ciento del PIB de México. Es el regulador más poderoso dentro del gobierno por el tamaño de lo que regula y porque su titular es nombrado por el presidente sin que el legislativo participe en el proceso. Quizás por ello es al único regulador al cual el presidente no ha atacado ni descabezado. Además, no existe un Consejo que lo supervise como sí lo hay en otros reguladores autónomos.

 

Columna completa en El Universal